Chavistas y opositores están en alerta por la aprobación de la ley antibloqueo. Un exministro de Finanzas de Hugo Chávez advierte que ese instrumento otorga a Nicolás Maduro poderes sin control para privatizar y hacer negocios en secreto.
Rodrigo Cabezas afirma que el artículo 26 de la ley esconde un proceso de privatización al entregar al ejecutivo nacional la facultad para modificar la constitución y administración de las empresas públicas o mixtas.
“Vender puertos, aeropuertos, minas. Esta es una oligarquía corrupta que quiere intentar tener un espacio ‘legal’ para raspar la olla, secuestrando algunos bienes de la República sin ningún control”, señala el exfuncionario.
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Por su parte, el diputado opositor Alfonso Marquina, asegura que el instrumento jurídico viola la Constitución de Venezuela, que prohíbe a gobiernos extranjeros participar en la exploración y explotación del petróleo.
Según Marquina, se complace “a los socios internacionales de la dictadura de Nicolás Maduro, otorgándole el control de nuestra industria petrolera”.
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Desde ya, el gobierno anunció ante el cuerpo diplomático la creación de un centro internacional de inversión.
Un grupo de constituyentes del partido de gobierno salvaron su voto y denunciaron el carácter secreto que tendrán todos los negocios que realice el ejecutivo.
El artículo 39 "otorga carácter reservado, confidencial y de divulgación limitada a cualquier expediente o documento y quienes revelen los contenidos de los acuerdos serán objeto de sanciones”.
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A su vez, la Asamblea Nacional declaró la inconstitucionalidad de la ley antibloqueo. Alegan que también permite a Nicolás Maduro endeudar a la Nación sin la supervisión del parlamento y usar los recursos obtenidos a discreción del ejecutivo.
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