Liberar presos políticos, prontas elecciones y autonomía de poderes, le exige HRW a Maduro

La ONG también ve con preocupación la idea del presidente venezolano de entregar fusiles a civiles integrantes de las milicias bolivarianas.
"En lugar de facilitar las expresiones ciudadanas perfectamente legítimas (...) el gobierno convoca a una manifestación paralela lo cual es extraordinariamente irresponsable, y también anuncia que se armará a pandillas de delincuentes", dijo el director para América de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
"Eso realmente es propio de un régimen dictatorial, no de un sistema democrático", añadió Vivanco, que también acusó al gobierno de Caracas de ser "tiranía".
El presidente Nicolás Maduro anunció la expansión de la Milicia Nacional Bolivariana, cuerpo de civiles con entrenamiento militar, durante un acto el lunes en el que recibió la promesa de "lealtad incondicional" de la Fuerza Armada, en la antesala de una gran marcha opositora el miércoles.
Creado como apoyo a la Fuerza Armada por el antecesor de Maduro, Hugo Chávez, la milicia deberá llegar a 500.000 miembros "cada uno" con su fusil "garantizado", dijo Maduro.
De su lado, la Fuerza Armada cuenta con 165.000 efectivos y 25.000 en reserva.
Para el experto, las milicias no guardan muchas diferencias con los llamados "colectivos", grupos civiles armados que apoyan al chavismo, y la decisión de expandirlas está "relacionado con las protestas pacíficas que han sido convocadas por la oposición".
Ambos fenómenos son un caso singular en la región, apuntó.
"No conocemos un ejemplo similar en América Latina donde el gobierno arme a milicias urbanas, es decir a delincuentes, a pandillas que operan con total impunidad, que amedrentan a los ciudadanos, que tienen licencia para disparar y para detener", dijo Vivanco en rueda de prensa, en Washington.
La oposición venezolana llamó para el miércoles a la "mamá de las marchas" contra el gobierno de Maduro, en la cual exigirán elecciones generales como solución a la grave crisis política y económica que atraviesa el país.
La ola de protestas, que deja cinco muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos, estalló el 1 de abril luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicara las funciones del Parlamento y levantara la inmunidad de los diputados.
El chavismo acusa a los adversarios de Maduro de propiciar violencia para precipitar un golpe de Estado.