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“Deben pagar por estos delitos de lesa humanidad” dijo la exfiscal al presentar archivos con mil piezas de evidencia.
Ortega, de 59 años, salió clandestinamente de Venezuela a fines de agosto alegando ser víctima de una persecución política, y está bajo protección del gobierno colombiano, que le ofreció asilo.
Delante de la sede de la CPI, bajo la lluvia, luego de entregar los legajos a la oficina del fiscal general de la CPI, Ortega insistió en que Maduro y su gobierno "deben pagar por el hambre, la miseria, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela".
Ortega dijo que la policía y los militares mataron a unas 1.767 personas en 2015. El año pasado hubo 4.677 muertes, y 1.846 fueron asesinadas en los primeros seis meses de 2017.
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Su expediente incluye testigos oculares, así como entrevistas con expertos y médicos, que detallan presuntos "crímenes, asesinatos, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil".
Ortega dijo que empezó a recabar informaciones sobre esos crímenes cuando estaba al frente de la fiscalía general en 2015. También denunció al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al de
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Justicia, Néstor Reverol, o al director del Sebin, Gustavo Gonzales Lopez, entre otros responsables del gobierno.
"También incluimos en la denuncia más de 17.000 detenciones arbitrarias, (...) la militarización de la Seguridad ciudadana (...) que permitió el uso de las armas de fuego en manifestaciones", agregó.
"Nos vimos en la necesidad de recurrir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia", añadió.
Desde que huyó inicialmente a Colombia, la jurista ha hecho un periplo por distintos países de la región para presentar pruebas de abusos del gobierno de Maduro y buscar apoyo para restaurar el orden democrático en su país.
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Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis económica, política y humanitaria que derivó en manifestaciones callejeras que dejaron 125 muertos entre abril y julio.
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) impusieron sanciones al país.
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Venezuela ratificó el estatuto de Roma que dio creación a la CPI, por lo que en teoría la fiscal general de la organización, Fatou Bensouda, tiene jurisdicción para investigar alegaciones de crímenes de lesa humanidad en ese país.
Desde que se creó la CPI en 2002, la fiscalía recibió unas 10.000 denuncias de grupos, de particulares o de países, para que investigue supuestos crímenes.
Sólo este año, militantes desde México a Filipinas pasando por los Territorios Palestinos presentaron denuncias para obtener una investigación de la CPI.
Hay actualmente 10 investigaciones preliminares en la CPI y 11 investigaciones en curso. La mayoría de las investigaciones estuvieron hasta ahora concentradas en casos de países africanos.
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