Lima,Perú, se prepara para una nueva manifestación contra la presidenta Dina Boluarte este lunes cuando miles de manifestantes comenzaron a movilizarse en la capital luego de semanas de disturbios mortales.
Manifestantes de todo el país comenzaron a dirigirse a Lima durante el fin de semana en un intento por mantener la presión sobre las autoridades.
Al menos 42 personas han muerto, según la Defensoría del Pueblo de Perú, en cinco semanas de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Los partidarios del derrocado presidente Pedro Castillo, quien fue arrestado y acusado de rebelión, entre otros delitos, luego de intentar el mes pasado disolver el parlamento y gobernar por decreto, han establecido barricadas, intentando asaltar aeropuertos y organizado manifestaciones masivas.
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Exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones.
"Hemos decidido ir a Lima", dijo a la AFP Julio Vilca, un líder de la protesta de la provincia sureña de Ilave, mientras los manifestantes desafiaban el estado de emergencia en la capital.
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El domingo, unos 3.000 manifestantes en Andahuaylas, en el sureste de Perú, comenzaron a abordar camiones y autobuses con destino a la manifestación en Lima, informó la radio RPP.
El gobierno extendió por 30 días el estado de emergencia a partir de la medianoche del sábado para Lima, Cusco, Callao y Puno, autorizando a los militares a respaldar las acciones policiales para restablecer el orden público.
El estado de emergencia también suspendió derechos constitucionales como la libertad de circulación y reunión, según un decreto publicado en el diario oficial.
En Puno, epicentro de la protesta, el gobierno declaró un nuevo toque de queda nocturno por 10 días, de 8:00 pm a 4:00 am.
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Decenas de manifestantes llegaron al distrito de Miraflores de Lima el sábado por la noche como parte de una movilización por lo que llamaron una "toma de la ciudad".
Casi 100 tramos de carretera permanecieron bloqueados el domingo en 10 de las 25 regiones de Perú, un récord, según un alto funcionario de transporte terrestre.
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Castillo, exmaestro de escuela rural y líder sindical, enfrentó una vehemente oposición del Congreso durante sus 18 meses en el cargo y es objeto de numerosas investigaciones penales por denuncias de corrupción generalizada.
Su derrocamiento provocó protestas inmediatas en todo el país, principalmente entre los pobres de las zonas rurales, que se extinguieron durante el período de vacaciones, pero se reanudaron el 4 de enero.
'Terribles crueldades'
En el período previo a las manifestaciones del lunes, las actitudes tanto de los manifestantes como de los funcionarios del gobierno parecieron endurecerse.
"Pedimos que Dina Boluarte renuncie a la presidencia y que se cierre el Congreso. No queremos más muertos", dijo a la AFP Jasmin Reinoso, una enfermera ayacuchana de 25 años.
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El primer ministro, Alberto Otarola, llamó a los manifestantes a "cambiar radicalmente" sus tácticas y optar por el diálogo.
“Hay un grupito organizado y pagado por el narcotráfico y la minería ilegal que quiere tomar el poder por la fuerza”, dijo Otarola en la televisión local.
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Una encuesta de Ipsos publicada el domingo dijo que Boluarte tenía un índice de desaprobación del 71 por ciento.
Los disturbios se han concentrado en gran medida en el sur de los Andes, donde viven las comunidades quechua y aymara.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que para salir de la crisis, estos grupos deben integrarse mejor a la sociedad peruana.
José Muro, viceministro de Gobernanza Territorial, dijo a TV Perú el domingo que el gobierno crearía "espacios de diálogo" en todo el país para discutir las demandas sociales sin respuesta.
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¿Grupos radicales?
Perú ha sido políticamente inestable durante años, con Boluarte, de 60 años, como el sexto presidente del país en cinco años.
Castillo ha estado en prisión preventiva durante 18 meses, acusado de rebelión y otros delitos.
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Las autoridades insisten en que los grupos radicales están detrás de las protestas, incluidos los remanentes del grupo guerrillero comunista Sendero Luminoso.
Como prueba han presentado la captura esta semana de una ex integrante de esa organización, Rocío Leandro, a quien la policía acusa de haber financiado parte de los disturbios.
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