Una juez de Río de Janeiro ordenó a Facebook y Twitter quitar las publicaciones en las que algunos usuarios exhiben la cabeza de la concejala brasileña Marielle Franco, cuyo asesinato en 2018 tuvo gran repercusión internacional.
La titular del juzgado 49 civil de Río, Renata Gomes Casanova, estableció un plazo de 48 horas para que las publicaciones sean retiradas de las redes sociales bajo la pena de imponerle una multa a cada una de las plataformas de 10.000 reales (1.851 dólares) diarios, hasta un máximo de 500.000 reales (unos 92.592 dólares).
La decisión atendió de forma cautelar una petición de la familia de la concejala en un proceso instaurado contra las dos empresas, informó el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro en un comunicado.
Las publicaciones retratan montajes en que imágenes de los usuarios de las redes sociales son exhibidos agarrando por del pelo la cabeza decapitada y ensangrentada de Marielle Franco en la que aparecen marcas de tiros.
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En su sentencia, la jueza alegó que la imagen supera la simple crítica política y la libertad de manifestación de pensamiento, ya que el contenido "exalta la ocurrencia de un crimen bárbaro mediante la exposición de la cabeza de la víctima como una especie de trofeo".
"Tales manifestaciones revelan escarnecimiento con el asesinato de un ser humano y constituyen agresión al dolor de la familia, en un acto de verdadero bullying virtual", afirma la sentencia.
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De acuerdo con el Tribunal de Justicia, "el uso de la imagen de Marielle Franco en este contexto sería una respuesta de simpatizantes políticos de derecha a una publicación anterior, hecha por una tercera persona no identificada, a un montaje semejante hecho con la cabeza del presidente de la República", Jair Bolsonaro.
Imagen de Marielle ya ha sido atacada por la ultraderecha
Algunos simpatizantes del líder ultraderechista ya han sido investigados por otras manifestaciones de ataque a la imagen de Franco, concejala izquierdista que despuntó como defensora de los derechos humanos, especialmente por su condición de mujer, afrodescendiente, lesbiana y procedente de una favela de Río de Janeiro.
La jueza también determinó que Facebook archive en sus procesadores, pero sin exhibición pública, los registros de acceso y todos los datos de los usuarios referentes a las 12 publicaciones denunciadas.
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La sentencia establece lo mismo para Twitter en el caso de una publicación.
Tales informaciones tendrán que permanecer archivadas hasta que el juicio sea concluido.
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En su denuncia contra las dos empresas, los familiares de Franco piden, entre otras cosas, la identificación de los responsables por cada publicación y otras informaciones relativas a los mensajes, con el fin de poder tomar medidas judiciales adicionales, entre las cuales el derecho de respuesta.
La hermana de la concejala asesinada, Anielle Franco, afirmó que sus familiares han tenido que hacer grandes esfuerzos para luchar contra las falsas noticias y los discursos de odio en las redes sociales asociados a la líder política.
"Nuestra mayor lucha desde el 14 de marzo de 2018 (fecha del crimen) es por justicia. Justicia no solo para que se responsabilice a los ejecutores del crimen y quienes lo ordenaron sino también frente a la avalancha de falsas noticias y discursos de odio que enfrentamos", afirmó.
En agosto pasado otra decisión judicial de un tribunal de segunda instancia ordenó que Google les entregue a las autoridades todas las informaciones que puedan ayudar a esclarecer el crimen.
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Ello debido a que Google se negaba a ofrecer algunos datos de geolocalización de personas investigadas con el alegato de que la medida violaba la privacidad de sus usuarios.
Marielle Franco fue asesinada a tiros cuando transitaba en un auto por el centro de Río de Janeiro, tras participar en un acto político. El conductor del vehículo en el que se trasladaba, Anderson Gomes, también fue asesinado.
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Las investigaciones del doble homicidio continúan abiertas más de dos años después.
Hasta el momento han sido detenidos los dos supuestos autores materiales (los expolicías Elcio Queiroz y Ronnie Lessa), pero aún falta determinar quién fue el autor intelectual, pues la Fiscalía sospecha que fue un asesinato por encargo.
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