El anuncio del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de autorizar la tenencia y porte de armas de uso civilpara defensa personal bajo estrictos requisitos, entre otras medidas para combatir la inseguridad, ha desatado la polémica en ese país, donde se suman las voces a favor y en contra de la disposición.
El anuncio se realizó en momentos en que se han incrementado los hechos violentos en el país, que incluyen asesinatos, sicariatos, el abandono de una cabeza humana en un parque y numerosos robos, incluyendo un asalto a una entidad bancaria en un concurrido centro comercial a plena luz del día en la ciudad costera de Guayaquil.
En esa misma ciudad, delincuentes secuestraron esta misma semana a un sujeto y horas después lo dejaron con un artefacto explosivo adherido a su cuerpo.
Al personal antibombas le tomó más de tres horas desactivar el artefacto que estaba pegado con cinta de embalaje al pecho del ciudadano, así como a su pierna izquierda, una escena nunca antes vista en Ecuador.
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Requisitos
El decreto suscrito para la tenencia y porte de armas especifica entre los requisitos el haber cumplido al menos 25 años de edad, tener un certificado de la prueba psicológica y otro de haber superado el examen toxicológico, que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica, ambos emitidos por Ministerio de Salud Pública.
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De igual manera, un certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional.
Asimismo, no tener sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito, no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, reza el decreto que apunta como requisitos "los demás que establezca el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para el efecto".
Polémica
La Universidad de Cuenca rechazó en un comunicado la decisión del Ejecutivo pues considera que esta medida "transfiere a los ciudadanos la responsabilidad estatal de seguridad y protección".
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Además -apuntó- "estudios demuestran que el uso de armas de fuego incrementa los homicidios, femicidios, suicidios y la violencia social", lo que perjudicará a los ecuatorianos especialmente "a los más vulnerables que sufren los efectos de la exacerbación de la violencia".
Por las serias implicaciones de la medida, la Universidad pide a Lasso "corregir inmediatamente este grave error y asumir su deber de formular verdaderas políticas públicas para la prevención de la violencia, promoción de la justicia social, la inclusión y la convivencia armónica".
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De su lado, la bancada del conservador Partido Social Cristiano señaló que lleva "dos años pidiendo que se haga, ya que dependía exclusivamente del Ejecutivo".
"Están bien las intenciones, las declaraciones, la teoría y las propias leyes, pero estas no solucionarán nada si no se aplican las acciones pertinentes, que deben ser inmediatas, permanentes, financiadas y coordinadas", indicó en un comunicado de la lista 6 y sus aliados.
Por su parte, la Universidad Politécnica Salesiana formuló un llamamiento a la paz y al diálogo para resolver cualquier conflicto y consideró que el libre porte de armas "solo agudizará los conflictos y la violencia, ocasionando graves consecuencias para la ciudadanía y para un vivir armónico" en la sociedad.
"Nunca hasta la presente, se ha demostrado que un mayor uso de armas se corresponda con un más alto grado de paz pública", añadió mientras que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, consideró que el libre porte de armas "fomentará la aparición de grupos paramilitares".
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También el expresidente Rafael Correa (2007-2017) ha rechazado el anuncio: "No permitamos que la ineptitud nos mate. Con la prohibición de porte de armas, convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Destrozaron todo y ahora nos venden sus torpes soluciones", escribió en Twitter.
La polémica se desató también en las redes sociales, inundada de argumentos ciudadanos sobre el acierto/error del decreto de Lasso, quien también declaró el estado de excepción en varias zonas azotadas por el narcotráfico y la criminalidad como el puerto de Guayaquil.
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¿Juicio político?
Las medidas también llegan mientras Lasso se prepara para enfrentar un posible juicio político en su contra tras ser acusado de malversación de fondos públicos. El mandatario aseguró que no recurrirá a la denominada muerte cruzada, la facultad presidencial de disolver la Asamblea Nacional para dar paso a elecciones generales anticipadas.
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