La ejecución de 81 presos en un solo día por parte de las autoridades de Arabia Saudita constituye una "exhibición brutal" del "gobierno autocrático" de la monarquía del país árabe, expresó en un comunicado la organización Human Rights Watch (HRW), que lamentó que esta se haya producido pese a las "recientes promesas" de Riad para limitar el uso de la pena de muerte.
Activistas saudíes citados por HRW denunciaron que 41 de los ejecutados pertenecen a la minoría chií, un grupo que sufre una discriminación histórica y violenta por parte del Gobierno de Riad.
"La ejecución de 81 hombres en Arabia Saudita este fin de semana es una demostración brutal de su régimen autocrático y de un sistema judicial que suscita dudas serias sobre la equidad, los juicios y sus condenas", dijo Michael Page, subdirector de HRW para Oriente Medio.
Indicó, además, que la "chocante insensibilidad" de Arabia Saudita en el trato a esta minoría se agrava en este caso ante el hecho de que "muchas de las familias descubrieron" la ejecución de sus seres queridos cuando ya se habían producido y a través de los medios.
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El gobierno saudí informó el pasado día 12 de estas ejecuciones, la mayoría de las cuales fueron de ciudadanos saudíes, aunque también afectó a algunos yemeníes y un sirio.
Según indicaron, las penas de muerte están relacionadas por la justicia saudí con el grupo terrorista Estado Islámico, aunque también con Al Qaeda e incluso con el movimiento chií yemení hutí, al que Arabia Saudita combate en ese país vecino y al que considera como una organización terrorista.
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Pero entre los delitos cometidos por los condenados que enumera de forma general también se encuentran los de secuestro, violación, atraco, robo a mano armada, encubrir a personas buscadas por la justicia o incitar a la sedición.
Todos los condenados, según el Ministerio de Interior, "fueron juzgados en los tribunales saudíes, en juicios supervisados por un total de 13 jueces en tres etapas distintas para cada individuo" y sus condenas fueron ratificadas por una corte de apelación.
Pero HRW informó que solo 3 de los 41 chiíes ejecutados lo fueron por delitos de asesinato, mientras que otros lo fueron por delitos como "obstrucción al arresto" o "incitar conflictos y difundir el caos".
Asimismo, la organización con sede en Nueva York denunció que en al menos cinco de los casos que pudo analizar, los juicios estuvieron marcados por violaciones al debido proceso, entre ellos el hecho de que todos los condenados ejecutados denunciaron haber sido torturados durante los interrogatorios y que sus confesiones fueron obtenidas a la fuerza.
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Al calor de estas ejecuciones, HRW también señaló que Arabia Saudita emplea una "estrategia deliberada" para lavar su imagen como un "pertinaz violador de los derechos humanos" , empleando miles de millones de dólares para organizar eventos globales con celebridades, artistas y atletas para "blanquear su pobre registro en derechos humanos y desviar los esfuerzos para que su liderazgo sea tenido como responsable de esos abusos".
"Las celebridades internacionales que buscan beneficiarse de los esfuerzos de las autoridades saudíes para lavar su sangrienta reputación, deberían considerar esta última parodia de justicia, la ejecución masiva de 81 personas y preguntarse si realmente merece la pena", indicó Page.
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En 2021, Amnistía Internacional aseguró en su informe anual que Arabia Saudita, un país musulmán ultraconservador cuya justicia se basa en el Corán y la ley islámica, ejecutó en 2020 a 27 personas, una reducción considerable respecto a las 184 del año anterior.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, condenó estas ejecuciones y denunció que muchas de las sentencias se habían dictado en juicios sin el debido proceso.
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