Los nuevos 33 magistrados se juramentaron en medio de la agudización de la violencia, que ya deja 102 muertos en 3 meses y medio de protestas.
En las últimas horas el Ministerio Público reportó cinco fallecimientos en las ciudades de Valencia y Los Teques, así como en el estado Zulia, en el marco de la huelga de 24 horas.
Maduro enfrenta una ola de protestas opositoras que exige su salida del poder y rechaza la elección, el 30 de julio, de una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna.
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Choque de poderes
En medio del recrudecimiento de la violencia en el vecino país, la mayoría opositora del Parlamento designó un tribunal supremo paralelo al actualmente en funciones.
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En una sesión celebrada en una plaza pública del este de Caracas, el presidente del Legislativo, Julio Borges, juramentó a 33 personas como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Mientras eso ocurría, en el centro de la capital el TSJ advertía que los parlamentarios deben ser encarcelados por este acto "nulo" y de "ánimo subversivo".
La corte reiteró que la cámara está en desacato y todas sus decisiones carecen de validez, por lo que la designación de jueces tipifica una "usurpación de funciones" y "traición a la patria", este último delito castigado con prisión.
Borges dijo que la nueva corte forma parte del "cambio que pronto tendrá" Venezuela, con una "justicia al servicio del pueblo y no de una parcialidad política".
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El actual tribunal fue designado a fines de 2015 por la anterior mayoría chavista en el Parlamento, días antes de que la oposición tomará el control tras una victoria aplastante en las urnas.
Desde entonces se desató un choque de poderes: en enero de 2016 el TSJ declaró en desacato al Legislativo por juramentar a tres diputados acusados de fraude electoral; en tanto, la cámara desconoce a la corte por considerar que su elección fue ilegal.
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El TSJ, además, ha emitido decenas de fallos que anularon decisiones del Congreso y recortaron sus poderes.
"Hoy nuestra justicia ha sido secuestrada, está al servicio del régimen", afirmó desde la tribuna la asambleísta opositora Sonia Medina.
Pero el TSJ reiteró su sentencia del jueves, en la que anuló el proceso para la designación de una instancia paralela, y advirtió que los parlamentarios deben ser apresados.
"Corresponde a las autoridades competentes, civiles y militares, ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional (...). Para nosotros, ya deben dictarse las medidas de coerción porque es una flagrancia permanente", declaró en rueda de prensa el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza.
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