La Corte Suprema de Justicia le dio luz verde a la
solicitud de los Estados Unidos y se espera la firma del presidente de la
República.
La Sala Penal avaló la solicitud de extradición presentada por una Corte de Estados Unidos en contra de siete personas que participaron en los hechos que rodearon el asesinato del agente de la DEA, James Terry Watson, registrado el 21 de junio del año pasado.
La medida afecta a Andrés Álvaro Oviedo García, Héctor Leonardo López, Julio Stiven García Ramírez, Édgar Javier Bello Murillo, Wilson Daniel Peralt Bocachica, Ómar Fabián Valdés Gualtero y Edwin Gerardo Figueroa Sepúlveda, todos ellos colombianos.
El presidente de la Sala Penal, el magistrado Fernando Castro, afirmó que los extraditados deben responder por sus delitos en Estados Unidos al considerar que la víctima era una persona protegida en ese país.
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Asimismo, advirtió que los siete acusados por la muerte de Watson no pueden ser juzgados por hechos distintos ni castigados con la pena de muerte o la cadena perpetua, ambas prohibidas en Colombia, al tiempo que se les deberán descontar los días que han permanecido en prisión preventiva en su país de origen.
"En caso de acceder a la extradición se debe condicionar al país demandante para que los extraditados tengan contacto regular con sus familiares, puesto que la familia es núcleo central de la sociedad", anotó Castro.
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Watson fue asesinado el 20 de junio del año pasado en una zona de ocio del norte de Bogotá por una banda dedicada a la modalidad del "paseo millonario", que consiste en obligar a la víctima a sacar dinero de cajeros electrónicos.
El agente de la DEA tomó un taxi después de salir de un restaurante y enseguida miembros de la banda intentaron robarle, pero Watson se resistió y fue apuñalado.
Según reconoció después Bello Murillo, alias "Payaso", durante el forcejeo le causó heridas con choques eléctricos y varias puñaladas.
La víctima logró salir del taxi, pero murió al cabo de unas horas en una clínica bogotana.
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Los miembros de la banda fueron identificados y arrestados días después en Bogotá y otros lugares del país por la Policía que puso en marcha una amplia operación para dar con su paradero.
Un jurado federal del estado de Virginia acusó el pasado 18 de julio a los siete implicados por los delitos de homicidio en segundo grado, secuestro y conspiración para secuestrar.
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De acuerdo con la normativa colombiana, la última palabra en una extradición le corresponde al presidente, en este caso a Juan Manuel Santos.
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