La condena fue el resultado de una demanda presentada por el ganadero Ismael Díaz Gaitán, quien argumentó que la guerrilla robó 3.282 reses que tenía en la llamada zona de distensión, que comprendía además los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, según reseñan hoy medios de prensa locales.
La sentencia del Consejo de Estado, máximo tribunal de la justicia contencioso administrativa de Colombia, señala que "en la zona de despeje el Estado colombiano bajó la guardia y los delitos que se cometieron fueron por omisión del Estado".
El fallo argumenta que se vulneraron los derechos a la población por los abusos cometidos por las FARC, precisamente por la ausencia del Estado.
El alto tribunal con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz, indica que la ausencia del Estado a nivel administrativo, judicial y militar en la zona en donde predominaba el control de las FARC, impidió que se abrieran investigaciones judiciales por crímenes cometidos en la zona.
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Por esta razón la Nación tendrá que hacer mejoras estructurales en reparación al daño que se permitió durante el despeje.
En la providencia, el Consejo de Estado destaca que será el Tribunal Administrativo de Caquetá el que determine cuánto debe pagar la Nación a los afectados por el despeje del Caguán.
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