La iniciativa busca que municipios y departamentos construyan o adapten centros carcelarios para las personas que tengan detención preventiva. Esto reduciría el hacinamiento en el país.
Además quedó planteado que las personas condenadas por primera vez a una pena menor a tres años inmediatamente queden en libertad, beneficio que no aplicaría en caso de delitos graves.
Según Ruth Stella Correa, ministra de Justicia, quienes sean condenados a 5 años o menos de prisión, y no sean reincidentes, podrán tener prisión domiciliaria.
Además, el no pago de las multas no podrá impedir la libertad.
Con respecto a las Unidades de Reacción Inmediata (URI), el proyecto contempla que las personas no podrán permanecer allí más de 36 horas para evitar congestiones y hacinamientos.
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