Procuraduría pidió que se investigue al presidente Santos

A través de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, el Ministerio Público anunció hoy las acciones disciplinarias que adelanta frente a las recientes y numerosas quejas presentadas por diferentes actores sobre presuntas irregularidades relacionadas con la actual contienda electoral por la presidencia de la República.
Según explicó el organismo, las quejas se refieren a tres casos específicos:
"1. Presuntamente favorecer su campaña electoral con motivo de sus desplazamientos como candidato a la reelección presidencial, de manera directa o a través de funcionarios de su gobierno, utilizando su condición de mandatario para reunirse con autoridades locales y departamentales (alcaldes, secretarios de despacho), al parecer con el fin de capitalizarlos y asegurar el apoyo a su campaña a cambio de partidas presupuestales para el desarrollo regional.
2. Presunto manejo irregular del presupuesto y utilización de la nómina oficial de entidades del orden central y descentralizado, con el fin de favorecer su campaña reeleccionista a la Presidencia de la República.
3. Presunto tráfico de influencias y desvío de poder en diversos nombramientos efectuados durante los años 2010 y 2011 en entidades del orden nacional y descentralizado", explica el comunicado de la Procuraduría.
El Ministerio Público también abrió investigaciones contra congresistas por presuntamente influir en el manejo irregular del presupuesto y la contratación de la nómina oficial, en apoyo a la candidata presidencial. De igual forma investigará al gobernador del Arauca, José Facundo Castillo, y a varios alcaldes locales por intervención en política.
El procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, ordenó a las Procuradurías Delegadas para la Economía y Hacienda Pública, Contratación Estatal y la Auxiliar Disciplinaria evaluar las denuncias y realizar averiguaciones con el fin de abrir, eventualmente, las investigaciones que correspondan contra autoridades del orden nacional, miembros del Congreso de la República, gobernadores y alcaldes para determinar si han existido irregularidades tanto en la asignación como en la ejecución de las partidas presupuestales para el desarrollo regional.