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Familiares de diputados del Valle asesinados: con el dolor y sin la indemnización del Estado

Luego del secuestro y ejecución de sus seres queridos por las FARC, un fallo les garantizó $23.000 millones que la Policía y Mindefensa se resisten a pagar.

El 11 de abril del 2002, hacia las 10:00 a.m., en una escena casi de película, guerrilleros de las FARC se tomaron el edificio de la Asamblea Departamental y, vestidos de soldados, secuestraron a 12 diputados del Valle.

Cinco años después, el 18 de junio de 2007, el país despertó con la trágica noticia del asesinato de 11 de ellos a manos de sus captores.

El único sobreviviente fue Sigifredo López quien, tras 7 años de secuestro, en el 2009, recobró la libertad y le contó al país el horror que vivió en la selva.

"Malos tratos permanentes, sin duda alguna eso es humillante, degradante y causa un dolor en el corazón muy grande. Fue muy duro no poder ver a la familia y recibir maltrato todos los días, muchas veces era encadenado por reclamar. Además de la tortura psicológica, de poder morir en un intento de rescate, como ocurrió con mis compañeros que fueron asesinados", relata López.

Los familiares de los diputados emprendieron una titánica batalla jurídica, buscando que la justicia los reconociera como víctimas del conflicto armado con las FARC . Una batalla que el Consejo de Estado dirimió en septiembre del año pasado, condenando a la nación por el secuestro y la muerte en cautiverio a manos de las FARC de los 11 diputados.

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El Estado fue sentenciado a pagarle una millonaria suma a las familias, que probaron que dependían económicamente de los fallecidos, además de los perjuicios morales.

"Después de 13 años del secuestro de estas personas, se condenó al Estado a pagar indemnizaciones por 23 mil millones de pesos a todos los familiares de los diputados", explica Héctor Carvajal, representante de las víctimas.

Sin embargo, la pelea jurídica entre las víctimas del secuestro y el Estado colombiano parece no acabar con esta sentencia. La nación se resiste a pagar por un secuestro y ejecución perpetrada por las FARC, que logró vulnerar uno de los sitios que se consideraba más seguro en la capital del Valle.

La Policía y el Ministerio de Defensa consideran que hacerlo representa un daño a la nación.

"Además dicen que se acumularon las indemnizaciones por el secuestro y la muerte de forma exagerada y que desborda los límites de la jurisprudencia, cuando no es cierto. Toda vez que si sumó dos demandas naturalmente me va a dar un exceso, pero si la tomo por separado no va a haber tal exceso que plantean", responde el abogado Carvajal.

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Las víctimas, que rechazaron la negativa a reconocer económicamente el daño que les causaron, le piden al Gobierno que retire una tutela con la cual busca desconocer la sentencia.

“Me parece el colmo que la Policía haya apelado y que hablen de detrimento patrimonial; las víctimas, el propio sufrimiento, la vida de los seres queridos, nuestro dolor durante siete años, las familias -mi mamá sufrió dos infartos después de esto, se le cayeron los párpados de tanto llorar, los hijos de mis compañeros no pudieron abrazarlos y recibirlos-. Después de una lucha jurídica y larguísimos años donde nos les reconocen absolutamente nada, cuando les reconocen les vienen a hablar de esto. En cambio, a los victimarios en el Congreso, gozando de beneficios. Cuenten los miles de millones que han recibido las FARC para proyectos productivos y para su reincorporación a la vida social y ahí sí nadie dice nada”, dice Sigifredo López.

Los familiares de los diputados dicen que no encontraron antecedentes en el país, ni fuera de él, de una negativa de un Estado a reconocer económicamente una masacre, en este caso de 11 diputados que fueron sacados de su sitio de trabajo.

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