Un duro y desalentador balance presentó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) sobre el gobierno saliente, el del presidente Iván Duque, en materia de derechos humanos.Iván Duque hace su balance y defiende sus logros: "Yo no le allané el camino a Gustavo Petro"“Indica puntos críticos especialmente en lo que tiene que ver, uno, con la implementación del acuerdo de paz y, dos, en lo que se relaciona con la respuesta a la protesta social. En relación al acuerdo de paz, la débil implementación, las fallas en muchos puntos, se tradujo en debilidad de la presencia del Estado en regiones para responder a la recomposición de violencias”, explicó Camilo González Poso, director de Indepaz.Según el informe, entre el 7 de agosto de 2018 y el primero de agosto de este año se registraron:957 asesinatos de líderes sociales545 casos de desplazamiento forzado261 asesinatos de excombatientes555 secuestros, entre otrosEl balance en rojo que deja el gobierno Duque, según los expertos, tampoco mejoró con los resultados operaciones como la muerte de importantes cabecillas de las disidencias o capturas relevantes como la del exjefe del Clan del Golfo, alias ‘Otoniel’.“Estas masacres, asesinatos y desplazamiento forzado tienen unos autores materiales donde sobresalen en primer lugar los grupos narcoparamilitares, como el Clan del Golfo y otros, las disidencias o grupos residuales de las FARC; también el ELN y actores de la fuerza pública. Y, como autores intelectuales, están por supuesto quienes se han beneficiado, quienes hacen los negocios”, agrega González.Ministra de Cultura le dice al gobierno Petro que "sería un error acabar" la economía naranjaEl reto para el gobierno de Gustavo Petro, según señalan los expertos, es recobrar la confianza y seguridad en los territorios.“El gobierno de Gustavo Petro deberá acompañar su política de paz total de una política de seguridad, que en realidad logre transformar los territorios, que no renuncie al uso de la fuerza o la disuasión de los grupos armados y que sea capaz de contener la violencia”, recalca Jorge Mantilla, director de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz.Estos expertos también destacan que, a pesar de los resultados operacionales presentados por el gobierno Duque, no hubo mejoras en materia de seguridad y, por el contrario, este aspecto empeoró.
Juan Manuel Santos se ganó muchos aplaudos en las redes sociales después de que compartió el simbólico regalo que le dio a Richard Branson, multimillonario empresario. Aunque no se trata de un lujoso obsequio, una vez más recordó la importancia del acuerdo de paz con las FARC.Puede leer: Juan Manuel Santos dice que apoya a Petro en sus esfuerzos por la pazSe trata de un morral hecho por 'La Montaña', empresa conformada por excombatientes de la extinta guerrilla. "El regalo de cumpleaños para @richardbranson. Es un morral de @VoluntadLa hecho por excombatientes que le apostaron a la paz y a la reconciliación. Cambiaron los fusiles por máquinas de confección", escribió Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter. "De lo mejor que pudiste haber hecho, Nobel", "Cuántas muertes se evitaron con el acuerdo de paz. Ese es el camino" y "No sabíamos lo que teníamos hasta que lo perdimos, gracias Santos por el proceso de paz", fueron algunas reacciones.Vea, también: Las verdades que desentrañó la Comisión de la Verdad
La Justicia Especial para la Paz (JEP) abrió un nuevo macrocaso contra las antiguas FARC por cerca de 170 mil delitos no amnistiables contra el derecho internacional humanitario, es decir que no tienen perdón social, cometidos por la extinta guerrilla. Aún no se define qué exmiembros del grupo serán llamados a declarar.Víctima de FARC vio cómo guerrilleros “gozaban desmembrando a un militar y terminaron quemándolo"Belkis Izquierdo, magistrada de la JEP, explicó que “la guerrilla aumentó y diversificó su arsenal incluyendo armas no convencionales y de uso indiscriminado, cuya utilización debe ser examinada por la sala para determinar los casos en que se presentaron grandes infracciones al DIH”.“Por ejemplo, algunos informes reportan el uso de minas antipersonal y artefactos explosivos artesanales contra poblaciones civiles, así como métodos de combate prohibidos; ello incluye reportes de ataques contra objetivos que no eran militares o no representaban ventaja militar, la utilización de escudos humanos y los ataques contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”, detalló.Los delitos no amnistiables son diferentes a los secuestros, macrocaso 01 que abrió la JEP, y agrupa crímenes como homicidios (con 48.000 víctimas por lo menos), desplazamiento forzado (54.000 víctimas), tomas guerrilleras y utilización de métodos ilícitos de guerra, e incluye el uso de minas antipersona.El entrañable abrazo de dos víctimas del secuestro que exigen saber dónde están sus seres queridos
El último corte de cuentas del Congreso de Colombia sobre la implementación del acuerdo de paz por parte del actual Gobierno deja un saldo en rojo para víctimas y excombatientes, sobre todo por la violencia.Vea también: Impuesto a planes de celular que propuso mincultura de Petro afectaría a los más pobres: Asomóvil“El homicidio creció en un 38%, crecimientos de masacres, desplazamientos, víctimas de minas e incluso crecimiento de homicidios de miembros de fuerza pública”, indicó Juanita Goebertus, representante a la Cámara por el Partido Verde.Según el informe, las cifras del Gobierno no reflejan la realidad sobre la implementación. Justamente Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, mismo partido del presidente Iván Duque, es uno de los que suscribió el documento.“Lo que nosotros pudimos ver de primera persona en los territorios, es muy pobre el resultado en materia de inversión regional”, afirmó.El seguimiento de los congresistas señala que de los 5,3 billones de pesos que se debían destinar al año para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) solo se ejecutó un poco más del 3%.“A pesar de que se ha hecho todo desde el ente territorial y de las comunidades para poder lograr acceder a esos recursos en su momento del OCAD Paz, no fue posible. Hoy ya nos damos cuenta de todo lo que ocurrió en el marco del OCAD Paz”, dijo Wisne Hinestroza, líder social de zona PDET Pacífico.Le puede interesar: Gobierno de Estados Unidos se reunirá con Gustavo Petro en ColombiaOrganizaciones sociales que también han hecho reparos al actual proceso de implementación hablan de los retos para el nuevo gobierno en materia de paz.“Como recibe esta situación tan crítica, este déficit de paz, le toca relanzar el acuerdo y buscar horizontes más grandes… Eso comienza por recursos que tendrá que introducir del presupuesto”, aseguró Camilo González Posso, director de Indepaz.El gobierno Duque respondió citando un informe de Naciones Unidas sobre la ejecución del proceso: “En su más reciente informe, la Misión de Verificación de la ONU destacó los avances de la implementación precisamente en PDET, en reincorporación y en sustitución de cultivos ilícitos”.El consejero de estabilización viajará en las próximas horas para la presentación del informe de la Misión de Verificación de la ONU ante el Consejo de Seguridad.Otras noticias: Apareció Sofía Morón, joven que le dejó extraña carta a su papá diciendo que “no vale la pena vivir”
Casi dos semanas después de las denuncias en Blu Radio sobre presunta corrupción en el manejo de millonarios recursos para municipios golpeados por el conflicto armado se conocen las primeras pistas sobre responsabilidades.Vea también: Gustavo Petro envió mensaje a quienes están comprando dólares en Colombia: “No pierdan sus dineros”La Fiscalía aseguró que ha conformado un grupo de fiscales especializados e investigadores de policía judicial para adelantar una fase de indagación a numerosos contratos relacionados con proyectos OCAD Paz en varios departamentos de Colombia. Dicen desde la Fiscalía que efectivamente revisaron las denuncias y encontraron varias noticias criminales.La investigación de Blu Radio señala que los contralores delegados Juan Carlos Gualdrón y Aníbal Quiroz habrían hecho parte de esta red, a lo que el ente de control responde que la vigilancia a regalías y al OCAD Paz se ha realizado con total transparencia y que originó nueve actuaciones de responsabilidad fiscal por más de $66.000 millones y que entre los presuntos responsables aparecen nueve alcaldes de los departamentos de La Guajira y Cesar.“Acá se unieron Contraloría, contratistas, lobistas, Planeación Nacional, pues, no sé, un cuarto del Estado. Entonces, si uno jala la pita, pues hay mucha basura por debajo. Entenderán que los recursos que tenemos son los que son, no tenemos un equipo de investigación de 20 personas y a mí me gustaría que el Estado y otros colegas se animen a ayudarnos para que se sepan más cosas”, dijo Sebastián Nohra, periodista de Blu Radio.Según la investigación de Blu Radio, se habrían asignado estos proyectos cobrando coimas a los alcaldes de diferentes municipios que sumarían más de 500.000 millones de pesos.Transparencia por Colombia se sumó a estas denuncias, asegurando que desde hace varios años ha llamado la atención de las autoridades responsables de liderar la implementación de los acuerdos de paz sobre estos riesgos de corrupción, relacionados con la falta de información sobre la contratación y las limitaciones para el control ciudadano de los recursos destinados a consolidar la paz en los territorios.Le puede interesar: Razones de Fiscalía para archivar investigación contra María Claudia Daza por Ñeñepolítica“Con fecha de corte al 15 de junio de 2022, vemos que el 65% de los recursos del acuerdo de paz que se han implementado en los municipios PDET se ha celebrado mediante contratos directos”, dijo Sandra Martínez, de Transparencia por Colombia.Y agregó que han “observado una alta discrecionalidad en la destinación de estos recursos y en la adjudicación de los contratos, lo que abre la puerta para que intereses particulares incidan en la adjudicación de los contratos o incluso para que se entreguen a contratistas que no cumplen con todas las características necesarias de idoneidad”.La Procuraduría aseguró que adelanta 24 actuaciones disciplinarias por las presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de estos proyectos a través del OCAD Paz.Se están verificando las presuntas actuaciones de funcionarios que habrían comprometido $250.000 millones del Sistema General de Regalías en 13 departamentos.Otras noticias: Fiscalía no ha probado que cantante Freddy Burbano excediera la velocidad o fuera tomado: abogado
La Fiscalía citó al exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación Emilio Archila para que "entregue la información que tenga al respecto" de la presunta corrupción denunciada en el manejo de los fondos para la implementación del acuerdo de paz.Asesinan a Ronald Rojas, firmante de paz y líder de excombatientes en HuilaLa semana pasada, una investigación periodística denunció que funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de la Contraloría y varios congresistas crearon un entramado para supuestamente quedarse con más del 10 % de los recursos de un fondo destinado a proyectos de paz.Según la investigación, Emilio Archila, que entonces presidía el OCAD Paz en su rol de consejero presidencial, había recibido correos que denunciaban dicho entramado y que los involucrados estaban "extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que (...) les den el ok".En ese sentido, este martes la Fiscalía informó que ha revisado las "denuncias relacionadas con el tema" y ha encontrado varias "noticias criminales" al respecto."Sobre estas noticias se vienen realizando acciones de policía judicial y de recolección de material probatorio, evidenciando dificultades porque ninguna persona ha dado testimonio directo sobre las presuntas irregularidades", dijo el ente en un comunicado, donde aseguró que el caso recibirá "una asignación especial" y se le dará agilidad a la investigación.La Fiscalía también tomó nota de que Archila "señaló que había remitido la denuncia de un subalterno suyo acerca de las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos para la paz" y por ello lo citó a declarar "el próximo viernes 8 de julio para que entregue la información que tenga al respecto".Fuentes de inteligencia confirman la muerte de 'Iván Márquez' en VenezuelaLa denunciaEn el centro de la supuesta trama está el OCAD Paz, un organismo del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos a ser desarrollados en los que el actual Gobierno denominó Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que conforman los 170 municipios más pobres y más afectados por el conflicto.Según una investigación de Blu radio, "solo entre junio y diciembre de 2021, cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos (más de 121 millones de dólares)".El OCAD Paz no tenía un máximo de proyectos para asignar a cada territorio, a pesar de que debía "distribuir los recursos con equidad" y los proyectos que los alcaldes les presentaban para su financiación deberían contar con la aprobación del DNP, además de otros organismos como la Contraloría y la Agencia de Renovación del Territorio.En la investigación se señala directamente, por haber decidido sobre los proyectos que se financiaron en 2021, a Archila, a varios alcaldes, a miembros de la Contraloría y a varios congresistas del Partido Conservador, así como un exgobernador que hoy está imputado.También se apunta al entonces director del Sistema General de Regalías, Álvaro Ávila, que "elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones" y no lo hacía por orden de inscripción, sino que, según relatos recabados, para que priorizara un proyecto, el alcalde necesitaba "tener un padrino y, por tanto, pagar entre 6 % y 15 % de dádivas".
El más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia que le sigue la pista a la implementación del acuerdo de paz dice que de los 12.800 excombatientes que firmaron la negociación, 10.500 viven por fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y 2.300 siguen allí.Vea también: Comisión de la Verdad presenta informe final sobre el conflicto armado colombianoEn materia de garantías de seguridad, desde la firma del acuerdo de paz hasta la fecha han sido asesinados 327 firmantes, 11 de los cuales son mujeres. Entretanto, 93 excombatientes han denunciado tentativas de homicidio y 27 han desaparecido.Pero sin duda, otro tema que tiene encendidas las alarmas es el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desde la firma del acuerdo, según la ONU, 541 han muerto.En 2022, los departamentos donde más se han presentado estos crímenes son Antioquia, Arauca, Bolívar, Cesar, Putumayo, Valle del Cauca y Bogotá.Esta semana, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recibió el informe de la Misión de Verificación de la ONU para el acuerdo de paz con las FARC. La presentación la hizo el delegado del organismo en Colombia para este proceso, Carlos Ruiz Massieu.“Es un informe que también coincide con el fin de la administración Duque. Ahí se muestran avances en reincorporación, algunos avances en materia de inversión en los territorios, las preocupaciones que se han mantenido, que son los temas de seguridad de excombatientes, de líderes sociales, de comunidades, y la necesidad de tomar medidas adicionales para mejorar la seguridad en los territorios”, dijo.Le puede interesar: Padre mató a su hija luego de que ella conociera a un joven: "Solo quería asustarla"En el informe ante el Consejo de Seguridad, la misión asegura que los logros de la paz están en peligro, ¿por qué?"La falta de ausencia del Estado ha sido aprovechada por otros grupos que han llenado esos espacios, que se han fortalecido, y que en muchos casos luchan entre ellos por control territorial y eso afecta a las comunidades", señaló Ruiz.Otro de los problemas que ustedes ponen en este ejercicio en este informe final es el tema del confinamiento y el desplazamiento, ¿qué tanto aumentado?El delegado precisó que "nuestra agencia de temas humanitarios, OCHA, reporta que en lo que va del año van más de 60.000 civiles confinados y más de 30.000 desplazados de manera forzosa. Son cifras que nos preocupan mucho".Ustedes ya se reunieron con el presidente electo, Gustavo Petro. ¿De qué se habló y cómo ve que va a quedar todo este proceso del acuerdo de paz?"Hablamos de sus propuestas de paz, su compromiso reiterado por la implementación integral del acuerdo de paz, por buscar estos espacios de posibles diálogos con grupos como el ELN", detalló.Añadió que la ONU reitera "como siempre nuestra voluntad, que estamos listos para apoyarlo en esos esfuerzos en la medida que se nos requiera".A pesar de las preocupaciones, el delegado de la ONU destacó que este acuerdo haya llegado a su sexto año, cuando en el mundo el 60% de los acuerdos de paz no supera los cinco de existencia.Otras noticias: Mamá con aparente trastorno mental mató a su bebé por "sacarle el diablo"
Además de presentar su informe final sobre más de 50 años de conflicto armado en Colombia, la Comisión de la Verdad explicó el método al que recurrió para realizar su trabajo y también hizo una serie de peticiones.Vea también: Comisión de la Verdad quería que Duque fuera el primero en recibir el informe, “pero salió del país”“Para avanzar tuvimos miles de horas de análisis de discusión y tuvimos que sopesar un contexto en el que todo ocurrió en un entramado de intereses políticos, institucionales, económicos, culturales, militares y de narcotráfico. Donde las responsabilidades son distintas para quienes ejercían el poder del Estado y lo defendían, debiendo respetar las leyes, y para quienes se levantaron en armas y negaron la legitimidad del Estado”, dijo el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.Apuntó que hicieron “una narrativa seria que no pretende ser la historia de Colombia, sino la entrada a una conversación sin miedo sobre la nación que somos y el Estado que hemos venido construyendo desde nuestra profundidad humana y política”.Indicó que, “comparados con el resto de países del continente, Colombia se destaca por el alto nivel y persistencia de las armas en la política hasta prolongarse en el conflicto de más de medio siglo que no acaba de acabarse”.“Y donde las ideas del enemigo interno, de lado y lado, se atraviesan para impedirnos construir el nosotros, nosotras, de una nación”, agregó.“Comprendimos que sí hemos pasado por una guerra espantosa, que tuvo sus momentos máximos entre 1995 y el 2005, donde el 75% de las víctimas de medio siglo se vieron y donde la inmensa mayoría de las víctimas fueron civiles no combatientes. Y vimos llegar el acuerdo que terminó esa guerra”, anotó.Por lo tanto, resaltó “el valor político y ético-político del proceso de paz llevado adelante en La Habana y que dio lugar al acuerdo firmado entre el Estado colombiano, representado por el presidente Juan Manuel Santos, y las FARC-EP, representadas por Rodrigo Londoño”.Le puede interesar: Petro: “Lo que sigue a la verdad, y depende de las víctimas, es la posibilidad del perdón social"Como resultado del diálogo social y de la investigación de diez volúmenes, la Comisión presentó el texto de hallazgos del que se siguen las recomendaciones y en ese sentido hizo las siguientes peticiones:A los colombianos y colombianas sin distinción, acoger las verdades de la tragedia de la destrucción de la vida entre nosotros y a tomar la determinación de no matar por ningún motivo a nadie.Reconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencias, y a comprometernos con la reparación integral.Mirar críticamente la historia e incorporar la memoria del sufrimiento y la lucha por la paz para hacer posible la no repetición y el nunca más.Pedimos a los jóvenes, encarar la verdad y construir la nación nueva que está en sus manos. Y a no colaborar en nada que profundice la muerte y el odio y la desesperanza.A la sociedad y el Estado, implementar de manera integral el Acuerdo Final de Paz.Al Estado, tomar la iniciativa para la paz con el ELN y los otros grupos armados.Y a las organizaciones que no aceptan la legitimidad del Estado, ELN, disidencias y demás insurgentes en la guerra, escuchar el clamor de del pueblo que pide "parar la guerra ya desde todos los lados" y ponerse en la ruta del diálogo desde la diversidad de metodologías y situaciones regionales.A todos los estamentos sociales y políticos, profundizar la democracia mediante la exclusión definitiva de las armas del escenario de lo público, y la participación incluyente y deliberativa y el respeto a la movilización como expresión de derechos.A los estamentos de justicia, frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado, garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento; proteger a las víctimas y jueces que participan en los procesos.Al Gobierno, la fuerza pública, los partidos políticos, los empresarios, las Iglesias, los educadores y demás decisores en Colombia, reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la economía y encararlo como nación. Desarrollar el instrumento de investigación para enfrentar al sistema de alianzas e intereses involucrados. Cambiar la política de guerra que ataca en el campesino al eslabón más débil. Resaltar la dimensión de derechos humanos y salud pública para buscar soluciones éticas, educativas, y económicas, y poner en marcha una estrategia de regulación donde Colombia, por la historia sufrida, puede tomar liderazgo.Al Estado y la sociedad, establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de paz, centrado en las personas y la protección de los seres humanos y la naturaleza sobre la base de confiar en el pueblo y para un ejército que ponga el honor en la paz y una policía ciudadana al lado de los ciudadanos. Donde las medallas de orden público no sean por entregar cadáveres sino vivos, culpables o inocentes, para la justicia restaurativa.A la burocracia estatal y administradores públicos y privados, rechazar y acabar con la corrupción en los distintos niveles, romper hábitos y complicidades gracias al control de la sociedad y la sanción eficaz para detenerla.Al estado y particularmente al empresariado de los grandes proyectos industriales y financieros, dar prioridad a garantizar las condiciones de bienestar y vida digna de las personas y las comunidades sin exclusiones, desde una visión compartida de futuro para superar las desigualdades estructurales que hacen de este país uno de los más inequitativos del mundo en la concentración de los ingresos, la riqueza y la tierra.A todos los colombianos, dar a los campesinos el lugar que tienen para la vida de Colombia, asegurarles la redistribución equitativa de la tierra, la prevención y reversión del despojo y las condiciones acordadas en la reforma rural integral.A la nación, superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión injusta e inmensamente torpe que se ha dado a indígenas, afrocolombianos, raizales y pueblos rom, golpeados de manera desproporcionada por la guerra, y a hacer de sus culturas parte sustantiva de la identidad de nosotros y nosotras como colombianos.A todas y todos, respetar en igualdad de dignidad, las diferencias de mujeres, personas LGBTIQ+, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas en situación de discapacidad para incluirnos en un nosotros colectivo en la diversidad.A las naciones amigas, a quienes agradecimos la compañía en la solidaridad con las víctimas y en la negociación de paz, pedimos ayudarnos a hacer de Colombia un ejemplo mundial de reconciliación. Dejar de vernos como país en conflicto que necesita instrumentos para sobrevivir en el conflicto. Hemos sufrido sesenta años de guerra. No nos den nada para la guerra. No la queremos. No queremos guerra en ninguna parte del mundo. Pedimos apoyarnos en todo lo que hace florecer la vida y la confianza. Apóyennos en la amistad de las naciones en una comunidad internacional que comparte la casa común del planeta.Pedimos a la sociedad asumir el compromiso de un cambio profundo en los elementos culturales que nos llevaron hasta la incapacidad de reconocer al otro y a la otra como seres humanos de igual dignidad. Pedimos emprender el dialogo para construir desde las diferencias y tradiciones espirituales y concepciones de vida, una ética pública, basada en la dignidad igual de todos y todas.A los líderes religiosos reflexionar sobre el vacío y perplejidad espiritual de un pueblo de tradiciones de fe, sumido en una crisis humanitaria de desconfianzas y muerte y atrapado en los comportamientos de la guerra. Y a tomar con decisión la misión de reconciliación de la Iglesia católica con las demás iglesias y con los sabios y ancianos hombres y mujeres de las tradiciones indígenas, afrocolombianas y campesinas.El reto de la reconciliaciónAsimismo, la Comisión de la Verdad señaló que "la paz que hicieron los ejércitos en La Habana dejó sin embargo la fractura que sigue en la sociedad" y que, por eso, ha "recibido un mensaje que no tuvieron las otras comisiones de la verdad en el mundo".Dicho mensaje, destacó, fue solicitado por las víctimas, los firmantes del acuerdo del Teatro Colón, los garantes, la Iglesia católica y las demás Iglesias cristianas y los sabedores y mamos indígenas y mayores afros y los jóvenes: “Que la verdad fuerte y audaz que ustedes entregan nos lleven a la reconciliación”.Más del tema: “Nos tomaría 17 años darle un minuto a cada una de las víctimas para honrarlas”: Francisco de Roux
En el segundo día de audiencias de reconocimiento de la extinta FARC-EP por secuestro una de las víctimas de estos hechos, Héctor Angulo, denunció que sus padres fueron retenidos y asesinados por este grupo en el año 2000, pero que hasta el año pasado logró hallar los restos de su madre.Coronel Raimundo Malagón, exsecuestrado de las FARC, recordó las torturas: “Sentía la muerte”“Oyendo sus comentarios esta mañana me han hecho cambiar dos veces el texto que tenía acá”, así inició Angulo su relato. “Sus formas en que dicen sentir el error que cometieron con estos secuestroa, realmente no lo siento, realmente, de corazón o arrepentimiento”, continuó.Expresó que no los puede perdonar porque siente que el extinto grupo “nos siguen tomando el pelo (a las víctimas)”.Ante la intervención de Angulo, Jaime Alberto Botero Parra, alias ‘El médico’, leyó un texto, argumentando que no recordaba parte de la historia por el accidente que sufrió. En este aceptó que “las FARC-EP fuimos responsables de estos hechos (secuestros) y por tanto el sufrimiento generado por ellos”. Además, concluyó expresando que “este fue un crimen despreciable y hoy lo condeno públicamente ante ustedes”.En esta misma audiencia, Milton de Jesús Toncel se pronunció y reconoció que a pesar de que algunos secuestrados fallecían en cautiverio, ellos seguían cobrando sus rescates.Víctima a exjefes de FARC: "No se sigan burlando, digan la verdad, para eso les dieron privilegios"“Hubo muchos casos que a los familiares se les seguía cobrando, cuando la actitud más lógica, sensata y humana, era comunicarle a la familia y regresar el cadáver”, explicó.En la misma audiencia de reconocimiento declaró el exintegrante de las FARC-EP Rodrigo Granda, quien era llamado ‘El canciller’. En su mediación rechazó el accionar del grupo y sentenció que “el secuestro fue la degradación moral de esta organización”.Granda dijo: “¿El fin justifica los medios, cierto? Yo creo que ahí nosotros caemos en esa degradación moral. Estoy diciendo lo que nosotros en los idearios teníamos, pero la prolongación del conflicto, la barbarie que después íbamos a cometer no estaba en los cálculos iniciales”.Pastor Alape también reconoció el dolor causado por este atroz crimen y lo calificó como cruel. En su participación mencionó que el secuestro no solo hizo a las víctimas rehenes, sino también a sus familias.“Asumir la crueldad que implicó este crimen, este grave crimen porque fue hacer a rehenes a todas las familias (...). Pegar las relaciones que se afectaron, los hijos e hija que crecieron sin el calor del padre, de la madre; la incertidumbre si la persona iba a volver viva o no”.Los 7 cargos que la JEP imputó a excabecillas de las FARC por secuestrosRespecto a lo que pudieron padecer los secuestrados, manifestó: “La incertidumbre y el dolor de quien estaba cautivo en cautiverio. De cómo estaría su familia, de cómo llevarle una nota de aliento, de no tener comunicación de los traumas psicológicos que se generaron”.La petición de las familias ante los relatos de los exintegrantes de la organización es que los restos de sus seres queridos sean ubicados.
En las Conversaciones de País de Noticias Caracol, el exministro de Defensa Gabriel Silva Luján explicó cuáles son los principales retos del próximo gobierno de Colombia en materia de seguridad ciudadana y territorial.Le puede interesar: Demandan a hospital tras hacerle una vasectomía a niño de 4 años“La situación de orden público yo la llamaría crítica… El 30% del territorio nacional no tiene presencia permanente y activa del Estado colombiano… Y sobre todo las partes más sensibles, las fronteras colombianas, están tomadas por las guerrillas, las organizaciones criminales, el narcotráfico y las bandas, y obviamente con conexiones internacionales”, indicó.En ese sentido, Silva considera que la doctrina vigente en materia de seguridad nacional y territorial tiene que cambiar.“Esa estrategia de ir por los que se llaman objetivos de alto valor… se agotó, es que son reemplazables. Hay que hacer un trabajo muchísimo más profundo de presencia permanente, sobre todo de inteligencia, y desentrabar los hilos del negocio, que siguen intactos, del narcotráfico, de las rentas ilegales del oro, de las tierras, de los bosques, de la exportación ilegal de maderas, de minerales. No hay una política de control integral”, afirmó.En cuanto a sustitución cultivos ilícitos, señaló que a las comunidades involucradas en el negocio de la coca se les debe subsidiar por un periodo consistente de 5 a 10 años mientras hacen la transición a otros productos. Asimismo, se refirió a un aumento de pie de fuerza.“Creo que el Ejército colombiano debería tener una presencia quizá del doble de tamaño”, sostuvo Luján, al anotar los recursos para ello podrían salir de “un impuesto de paz”.Respecto al acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC, el exministro expresó que a los desmovilizados, que pudieron haber sido los mejores aliados para controlar los territorios, se les siguió considerando como enemigos y eso provocó que se perdiera mucha inteligencia, apoyo a la fuerza pública y a la capacidad de presencia del Estado.“Se despreció a esos desmovilizados y hemos perdido un recurso importante que se puede recuperar”, anotó.¿Qué hacer con la seguridad ciudadana?Silva Luján puntualizó que “la Policía debe concentrarse en recuperar la confianza de la ciudadanía e involucrarla”“El problema es que hay una ruptura entre la Policía y la ciudadanía… porque, primero, hubo acciones contra los derechos humanos, contra la vida, contra los ciudadanos, que generaron una impresión muy negativa”, dijo.También, agregó, que hay unos elementos de corrupción entre algunos miembros de la institución que “es necesario erradicar”.Frente a la delincuencia, el exministro expresó que hace falta muchísima inteligencia en las ciudades y también uso de la tecnología, pues ya hay algunas que “permiten casi que predecir los lugares, las horas, los momentos y de dónde provienen los ataques del crimen organizado”.Las propuestas de los candidatos sobre seguridad“Hay una cosa que me alienta de los dos y es que van a respetar los acuerdos de paz y que van a buscar posibilidades de negociación con el ELN, pero ya en materia de política de seguridad nacional, de seguridad ciudadana, la verdad es que los veo muy pobres a ambos”, apuntó.Vea también: ¿Cuáles son los retos del próximo gobierno en materia de economía?
Los turistas de las playas ubicadas en la localidad balnearia Villa del Mar (México), se llevaron tremendo susto al presenciar una tromba marina que, al hacer contacto con la superficie terrestre, se convirtió en un fuerte tornado.Le puede interesar: Mujer murió atravesada por una sombrilla cuando estaba en la playaLa tromba marina es un fenómeno meteorológico que contiene intensos vórtices o torbellinos sobre un cuerpo de agua.Algunos turistas que se encontraban en el lugar lograron captar en video el atemorizante momento. En un principio, se puede observar como este fenómeno inicia en el agua y de repente comienza a desplazarse hasta la costa.Cuando la tromba marina toca la superficie se convierte en un tornado y arrasa con todos los objetos que se encontraban sobre la arena, entre estos las pertenencias de muchos bañistas que disfrutaban de un día soleado.Afortunadamente, la tromba marina se debilitó cuando se aproximaba a rutas y avenidas costeras. No dejó heridos ni afectados tras su paso, informaron los medios de comunicación.Los turistas que arriesgaron sus vidas para registrar el hecho decidieron compartir las imágenes del suceso en las redes sociales.
El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez llegó a su fin. En la clausura del evento, cuatro agrupaciones se llevaron el Bombo Golpeador, premio entregado en el certamen.Vea, también: Salsa caleña es declarada patrimonio cultural inmaterial de ColombiaLa vicepresidenta de la República, Francia Márquez, hizo presencia en el lugar, en donde habló de su compromiso y la búsqueda de paz en el Litoral Pacífico. Asimismo, recordó que formó parte de anteriores ediciones del festival y deslumbró a los presentes entonando una canción.Francia Márquez le entregó el Bombo Golpeador a la agrupación La Jagua en la modalidad de categoría libre. De igual forma hizo entrega del galardon a el proyecto Uramba, en Violín caucano; agrupación Herencia de los Ríos, en Marimba y cantos tradicionales; agrupación Son Bacosó, en la categoría de Chirimía, flauta y clarinete.Las agrupaciones galardonadas realizaron expresiones culturales en el Petronio Álvarez, representando la alegría y esperanza de la región, con cantos dedicados a sus ancestros y letras que rechazan el secuestro y asesinato de líderes sociales.
En Estados Unidos, un país en el que hay más armas que habitantes, Arkansas es el estado en el que hubo más incidentes en los que se han involucrado armas de fuego este fin de semana, pues en solo en las últimas 26 horas se registraron 11 tiroteos en distintos lugares del condado Pulaski que dejan hasta el momento 4 muertos y 3 heridos.Puede leer: Hombre se suicidó tras estrellarse y disparar cerca del Capitolio de Estados Unidos, según PolicíaY no es el único, puesto que en cuanto a tiroteos masivos registrados en todo el país en este fin de semana la cifra va en 8. En Phoenix, Arizona, una persona murió y 4 más resultaron heridas en la madrugada de este domingo luego de un altercado durante una fiesta.En Carolina del Norte, Maryland y Chicago (Illinois) también se reportaron tiroteos masivos.Mientras gran parte de la comunidad exige un mayor control de armas, otra parte pide más presencia policial“Tenemos muchos turistas que nos vienen a visitar ¿Por qué no tenemos agentes en el área? ¿Por qué no tenemos policías caminando haciendo presencia?”, declaró el habitante de Chicago Samuel Willis.Lea, además: Muere hombre tras beber misterioso líquido al ser declarado culpable de abuso sexual infantilEn una nación en la que se registra más violencia con armas de fuego que en cualquier otro país desarrollado, se vive una situación particular porque aunque la mayoría de la población apoya reformas para aumentar las regulaciones sobre la venta de armas, las acciones de los legisladores son limitadas.Recientemente la Cámara de Representantes aprobó la prohibición de fusiles de asalto. Sin embargo, debido a la resistencia de la mayoría republicana, se espera que el proyecto se estanque en el Senado.
Hay polémica en el municipio de San Antonio, en Tolima, luego de que, según el alcalde de ese municipio, el cantante Jessi Uribe no se quiso presentar en la plaza de toros porque "se embarraba los zapatos".Hecho de intolerancia dejó a un profesor sin su más valioso sentido, la visiónUn aguacero inundó una parte del escenario, pero el aguacero pasó y, según el alcalde Jorge Iván Velásquez, había condiciones para la presentación.“Quiero que me entiendan, que no es culpa del empresario, que no es culpa de la alcaldía, que no es culpa mía. Jessi Uribe aquí no quiere cantar porque se embarra los zapatos, eso es lo qué pasa”, dijo el mandatario.El drama de la familia de un colombiano que murió en extrañas circunstancias en EspañaPara evitar que se presentaran problemas que alteraran el orden público, los empresarios decidieron devolver el dinero y el mandatario local dijo que iniciarán acciones legales contra el cantante y su equipo de producción, a quienes llamó “faltones”.Esta fue la respuesta de Jessi Uribe y su equipo.
Fabio Guerrero era un colombiano de 40 años que viajó a Madrid, España, en busca de nuevas oportunidades, pero falleció en extrañas circunstancias y ahora su familia lucha por la repatriación del cuerpo.Puede leer: “Exijo una orden de captura”: papá de joven asesinado en Sucre sobre el coronel señalado de disparar“Él viaja a España a conseguir un mayor ingreso económico, él intenta tener un mayor ingreso y mayor entrada”, afirmó su amigo Carlos Montaña Osorio.Sin embargo, el pasado jueves, 11 de agosto, Fabio salió a departir un rato y cayó desde un tercer piso de un edificio ubicado a 20 minutos de Madrid, mientras se encontraba con otras tres personas, hechos que generan muchas dudas entre sus familiares.Este colombiano era amante del fútbol, auxiliar de vuelo, había trabajado en un call center y para su viaje había vendido un carro para reunir fondos. Hoy su familia exige respuestas.“Lo más duro es tenerlo en un país tan lejano y estando uno aquí impotente; no poder hacer nada”, manifestó su padre, también llamado Fabio.También vea: Hecho de intolerancia dejó a un profesor sin su más valioso sentido, la visiónSus allegados buscan ayuda, colectas y diferentes estrategias para poder repatriar el cuerpo.“La repatriación de este cuerpo tiene un costo aproximado de 27 millones de pesos. La familia hasta ahora ha logrado con mucho esfuerzo recaudar cerca de 15 millones de pesos. Nosotros desde la Red Vuelve de la Cancillería estamos apoyando a esta familia para que pueda acabar con este proceso y darle el último adiós a su familiar”, declaró el funcionario de la Cancillería de Colombia Jairo Correa.Mientras tanto, las autoridades en Colombia y en España investigan qué hay detrás de esta muerte.Podría ser de su interés: Español que es habitante de calle en Colombia pide ayuda para ser repatriado
