Luego de las críticas que lanzara Juan Manuel Santos contra la implementación de los acuerdos de paz, señalando falta de liderazgo y voluntad política por parte del Gobierno Duque, el consejero presidencial, Emilio Archila, se pronunció."Creo que es una carta que parece el ropaje de una oveja para un mensaje de un lobo". Con ese tono, el funcionario defendió la gestión del actual mandatario.Desde Arauca, donde pasa revista a los planes de desarrollo con enfoque territorial, el encargado de la implementación señaló que “en esta administración se han tomado por lo menos 56 medidas que no se habían tomado antes de que nosotros llegáramos al gobierno para proteger a excombatientes”.Dice, inclusive, que la carta del expresidente Santos no se compadece con la realidad de lo que están haciendo versus lo encontrado al inicio del gobierno: “Lo que nosotros hemos logrado en implementación es 100, 200, 300 y, en algunos frentes, 500% más de lo que él mismo logró en el mismo periodo después de haber firmado los acuerdos”.En la carta, el exmandatario y nobel de Paz le escribe a Rodrigo Londoño que ve difícil un encuentro con el actual el presidente de Colombia por esta razón: “mis relaciones con el presidente Duque no son las mejores. Se ha dedicado a gobernar con un espejo retrovisor, pero un espejo de esos que distorsionan la imagen, de los que hacen ver a los flacos gordos y a los gordos flacos, y ha optado, extrañamente, por no mencionar mi nombre”.(Vea aquí: Timochenko le pide a Santos ayuda para gestionar encuentro con Duque y "salvar el acuerdo de Paz")A propósito de la paz, durante un acto por el Día Internacional de las Manos Rojas contra el Reclutamiento de Menores, Iván Duque volvió a pedir sanciones ejemplares contra los que han cometido estos delitos.
El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes sigue siendo una de las prácticas más utilizadas por los grupos ilegales, incluso después de la firma de los acuerdos de paz, según Nancy Patricia Gutiérrez, alta consejera para los derechos humanos.“Desde los años 60 apareció el fenómeno, los principales reclutadores y quienes han usado a los niños, niñas y adolescentes fueron primero las FARC. Luego del proceso de La Habana, el fenómeno continuó, por los registros del ICBF, los que reclutan hoy son de ELN y las disidencias”, señaló la funcionaria.Los registros del gobierno nacional dan cuenta que en los últimos tres años han reclutado un poco más de 280 niños en todo el país.En Antioquia se registra el mayor número con 70 casos, seguido de Cauca con 41, Chocó con 33, Norte de Santander con 24, Caquetá con 16, Putumayo con 13, Córdoba con 10, Meta con 6, Amazonas con 3, y Huila, Risaralda y Tolima con 2 casos cada uno.“Están cumpliendo roles diferentes: son combatientes, por supuesto, son cocineros, son informantes, hacen mandados y por supuesto en muchos casos son esclavos sexuales”, dijo Pedro Rojas, experto en seguridad y defensa.Los principales reclutadores siguen siendo los grupos armados ilegales que se encuentran en proceso de expansión y fortalecimiento militar, entre ellos, las disidencias de las FARC.“¿Quién está reclutando? Todo el mundo: las disidencias, el ELN, el Clan del Golfo, porque hay una guerra en muchas regiones y hay mucho dinero circulante debido a las economías ilegales, tanto la minería ilegal, la coca y la trata de personas”, explicó el analista Ariel Ávila, quien es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.Para Indepaz, este fenómeno ha ido creciendo ante las necesidades económicas de campesinos y personas en condición de vulnerabilidad.“Es una agresión muy grande a la juventud y a la adolescencia que está sometida a todas las dificultades en medio de una pandemia, desescolarizados, con familias empobrecidas y es aprovechado para reclutamiento de todo índole por parte de estos grupos armados”, manifestó Camilo González Posso.Según la Defensoría del Pueblo, las edades de las víctimas de reclutamiento oscilan entre los 11 y 18 años, de ellos el 30 por ciento tiene 14 años.
Hay preocupación en Medellín por dos excombatientes de las FARC y firmantes de paz que ajustan cinco días desaparecidos.De acuerdo con el partido Comunes en Antioquia, se trata de John Jairo Quiceno Carmona y Óscar Javier Cuadro Zea, quien se desempeña como coordinador del proyecto Miel de la Montaña.“Estamos angustiados y con mucha zozobra. Dos exguerrilleros firmantes del acuerdo de paz e integrantes de nuestra cooperativa Voluntad de Paz se encuentran desaparecidos en Medellín desde el 6 de febrero. Agradecemos cualquier información”, denunciaron también desde Miel de la Montaña.Allegados y compañeros de los firmantes de paz desaparecidos hacen un llamado a la comunidad en la capital antioqueña ante cualquier pista que pueda llevar a su paradero.
The Economist, un reconocido semanario británico, le hizo un reconocimiento a la Justicia Especial para la Paz (JEP) luego de que acusara de crímenes de lesa humanidad y de guerra a ocho exintegrantes del secretariado de las FARC.En el artículo cita al Centro Democrático al afirmar que la JEP le demostró a quienes decían que los delitos de las FARC iban a ser impunes que no estaban en lo cierto.“El 28 de enero, la JEP demostró que los críticos estaban equivocados. En su primer fallo desde su fundación, hace cuatro años, acusó a ocho líderes de las FARC por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, señala la publicación.Desde el Centro Democrático defendieron su posición frente a la Justicia Especial de Paz; declaraciones que no cayeron bien para la oposición.“A la revista de The Economist le falta la otra cara de la moneda y mirar cuáles son las fuentes. Nosotros lo que queremos para Colombia es verdad, justicia y reparación, para que no vuelva a ver más repetición” declaró Edward Rodríguez, representante a la Cámara del Centro Democrático. “De tal manera que nosotros estaremos vigilando para que la Jurisdicción Especial para la Paz le cumpla a las víctimas”, agregó.Por otro lado, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda defendió a la JEP describiéndola como una “institución rigurosa cuya preocupación, como lo dice el acuerdo de paz, es poner en el centro el derecho de las víctimas, a pesar del hostigamiento del uribismo”.Juan Carlos Henao, asesor jurídico en los Acuerdos de Paz, celebró el pronunciamiento del medio internacional sobre el trabajo que viene adelantando la justicia transicional.“Vendrán falsos positivos, reclutamiento de menores, violencia sistemática en el Urabá y en otras regiones. Este trabajo que está haciendo la JEP nos plantea una disyuntiva: enfrentamos la dura realidad y tratamos de entenderla o la borramos del todo” afirmó Juan Carlos Henao.The Economist destacó que entre los acusados está quien fuera el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, y otros dos congresistas de ese grupo.
La implementación del acuerdo de paz con las FARC será una de las prioridades en la agenda entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos con el presidente Joe Biden a la cabeza, según el embajador de ese país en Colombia, Philip Goldberg, se realizarían más acciones para el cumplimiento del acuerdo. “Hemos contribuido con un billón de dólares durante los últimos años, desde la firma del acuerdo, y creo que vamos a hacer aún más bajo el presidente Biden para ayudar ese proceso de paz”, manifestó Goldberg. Recientemente el movimiento Defendamos la Paz le envió una carta al presidente Joe Biden en la que le manifestaron la necesidad de su apoyo en la implementación del acuerdo de paz, pues, según ellos, su ejecución ha encontrado numerosos obstáculos con el presidente Duque y el expresidente Trump. “Gran parte de lo pactado no se ha implementado, mientras que la puesta en obra de otros aspectos se está llevando a cabo con lentitud, pocos recursos, o incluso en medio de objeciones presidenciales”, subrayó el movimiento.Por otro lado, desde el Consejo de Seguridad de la ONU le pidieron a Colombia reforzar la seguridad de los líderes sociales y los excombatientes de las FARC. “Sigue siendo la amenaza más grave para la construcción de paz en Colombia. Si bien se han tomado múltiples medidas para tratar de abordar esta violencia, cada asesinato es un golpe trágico a la paz”, indicó Carlos Ruiz Massieu, jefe misión de verificación de la ONU.La canciller Claudia Blum respondió. “Grupos armados ilegales que persisten en varias zonas del territorio y otros que han surgido exacerbados todos por el narcotráfico y otras economías ilegales son una amenaza contra la seguridad de los colombianos”, señaló. El consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, aseguró que el Gobierno Nacional ve con optimismo que Estados Unidos siga avanzado en el apoyo con recursos, asistencia técnica y orientación para la implementación del acuerdo.
El compromiso de las FARC con el gobierno era entregar un billón de pesos en joyas, dólares, inmuebles y vehículos para la reparación de las víctimas. Dentro de ese billón, las FARC sumaron 500 mil millones de pesos en vías, escuelas y puentes que no se pueden monetizar para reparar a las víctimas.A las doce de la noche vence el plazo para que las FARC entreguen los bienes prometidos, pero el gobierno asegura que esto no se producirá y por ello anuncia acciones jurídicas.“Debemos presentar un informe a la Fiscalía y a la JEP para que se establezca si hay responsabilidades individuales”, indicó Emilio Archila, alto consejero para la estabilización.Pero además llevarán el tema a otros organismos, algunos de ellos internacionales.“Debemos poner en conocimiento de Naciones Unidas, del Instituto Krok, del Cinep, de Cerac para la correspondiente responsabilidad colectiva de las FARC”, explicó Archila.En lo que si cumplieron las FARC fue en la entrega de los dólares: ofrecieron 450.000, que en pesos superan los 1.400 millones, y los entregaron.Ahora el Gobierno trabaja en la identificación de los bienes que no fueron incluidos por las FARC en su inventario para expropiarlos y sumarlos a los recursos para la reparación de las víctimas.
El alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, ve como un fracaso el balance de la entrega de bienes de las FARC para reparar a las víctimas.“Lo que señalaron las FARC, en su propio inventario, eran bienes por alrededor de un billón de pesos. Más o menos la mitad de ese billón de pesos, 500.000 millones de pesos, nunca podrían ser utilizados en favor de las víctimas porque se trataba de vías, campañas de vacunación, cosas por ese estilo. Nos quedaban entonces 500.000 millones de pesos y en este momento lo que se ha podido monetizar es un poco más de 45.000 millones de pesos”, indicó Archila.Cuatro años después de la firma del acuerdo de paz, y a dos días de vencerse el plazo pactado para la entrega de bienes, lo prometido está lejos de la realidad.Las FARC se comprometieron a entregar:Dinero: 12.070.000.000 millones de pesos y entregaron 2.114 millones de dinero en efectivo (falta 82,48%).Oro: 440.020 gramos y entregaron 252.500 gramos (falta el 42,62%).Semovientes: 24.456 unidades y han entregado 229 unidades (falta el 99,07%).Inmuebles: 722, de los cuales se han entregado 8 (falta el 98.9%)Vehículos: 319 vehículos y han entregado solo 4 (falta el 98,7%).En lo que si cumplieron fue en los dólares. Ofrecieron 450.000 dólares, que en pesos superan los 1.400 millones, y entregaron 450.000 dólares (100% entregado).“Ellos han manifestado que en algunos casos los bienes fueron capturados por parte de disidencias y de algunos otros hampones, y que en otras circunstancias han entrado en deterioro algunos de los bienes inmuebles. Han señalado, o pretendido señalar, que se trata de bienes que ellos tenían pero que no estaban a nombre de ellos. Obviamente lo que nosotros estaríamos esperando es que esas excusas o esos argumentos, de ser válidos, no pueden ser en abstracto”, agregó el alto consejero.Pastor Alape, representante del partido FARC, aseguró que el gobierno no ha querido tener en cuenta las carreteras y las obras de infraestructura construidas por la exguerrilla en zonas alejadas.“Nosotros tenemos una visión más allá del sistema financiero y por eso no podemos monetizar todo, porque hay unas acciones concretas en el territorio del acompañamiento social que están en las carreteras, en los centros de salud, en los hospitales, en las escuelas, en los acueductos que construimos, en los puentes que construimos. Eso está ahí al servicio de la comunidad. La visión no puede ser exclusivamente desde lo que favorezca al sistema financiero, en cuanto al manejo de una fiducia y sus intereses”, señaló Alape.Adicionalmente, sostuvo Alape, la falta de garantías de seguridad para los excombatientes ha dificultado la entrega de estos bienes.Hasta el momento, el gobierno no contempla la ampliación del plazo, lo que significaría sanciones a las FARC por incumplimiento.Sobre esto, el alto funcionario agregó: “Lo que puede corresponder a las responsabilidades individuales, eso no le corresponde señalarlo al gobierno. En el decreto está previsto un informe para presentárselo a la Fiscalía y a la JEP”.Noticias Caracol pudo conocer el informe entregado por la Fiscalía a la JEP en el que se hace un recuento de los métodos de financiación de la guerrilla de las FARC durante el conflicto.Dicho informe asegura que 7 bloques alcanzaron, entre 1993 y 2016, ingresos superiores a los 2 billones de pesos, sin contar el dinero en moneda extranjera.En solo caletas, el valor habría superado los 45 mil millones de pesos.
En un debate en el Senado, el exfiscal Néstor Humberto Martínez fue señalado de orquestar, junto a la DEA, un plan para afectar el proceso de paz con las FARC.Congresistas de la oposición responsabilizaron al exjefe del ente investigador de haber ordenado interceptaciones contra los negociadores de paz para buscar nexos con el narcotráfico.También denunciaron que en el caso de Jesús Santrich desde la Fiscalía se montó un plan para presentarlo como narcotraficante.Por su parte, el exfiscal Martínez dijo que pocos días después de la firma del acuerdo de paz se supo que exguerrilleros seguían traficando y que es falso que la Fiscalía hubiera entregado cinco kilos de cocaína en una operación controlada para involucrar a Santrich con el envío de 10 toneladas de droga a los Estados Unidos.
Por primera vez en la historia del país, una exguerrillera, la hoy senadora Sandra Ramírez, actuará como presidenta de la plenaria en el debate de control político a los ministros del Interior y Defensa sobre los avances en el cumplimiento del acuerdo de paz.“Firmamos un acuerdo para parar la guerra, para que no haya ni un solo muerto más, pero desafortunadamente hoy estamos viendo un recrudecimiento de la violencia en nuestro país”, dijo la congresista al cuestionar los retrasos en la implementación de lo pactado.En el mismo sentido habló el también senador de la FARC Carlos Antonio Lozada, quien sostuvo que no “se ha cumplido a los campesinos que firmaron los acuerdos sobre sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito; no hay garantías de seguridad, 242 exguerrilleros asesinados y más de 76 masacres en el presente año así lo testifican. No hay una política institucional para desmantelar el paramilitarismo”.El Instituto Kroc, en su más reciente informe sobre la implementación de los acuerdos de paz, reconoce avances para el acceso de la justicia y la tierra para la mujer en estos cuatro años, pero señala que hay “rezagos significativos en la implementación de programas clave y en los programas de reforma rural integral, que pueden causar un efecto dominó negativo en el futuro”.Sin embargo, el expresidente Juan Manuel Santos destacó los avances en estos cuatro años de la firma.“Gracias al acuerdo se han salvado miles y miles de vidas y los indicadores de homicidios y ataques terroristas, de secuestros, todos, han descendido en forma muy importante. (…) Gracias al acuerdo podemos llevar el desarrollo a zonas olvidadas por mucho tiempo, que habían estado en medio del conflicto”, manifestó.Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, aprovechó las palabras del exmandatario para rechazar las críticas.“Es el propio expresidente Santos quien reconoce que a través de la implementación que está haciendo nuestro gobierno hay menos inseguridad en regiones, hay menos actos terroristas, hay menos secuestros, pero también hay más presencia del Estado”, expresó.
La fundación Ideas para la Paz presentó un preocupante balance sobre el posconflicto que indica que las acciones violentas aumentaron hasta en un 65% en Colombia, tras la firma del acuerdo de paz.Según el informe, en los 170 municipios donde se desarrollan los programas de desarrollo con enfoque territorial conocidos como PDET se incrementaron estos hechos.“Estamos como a 10 puntos de tener la misma tasa de homicidios que teníamos en el 2012, que era de 63 homicidios por 100.000 habitantes en estos municipios y hoy en día estamos en 54. El año pasado cerramos con 54 homicidios por 100.000 habitantes”, detalló María Victoria Llorente, directora de la fundación.En estas zonas se han incrementado las acciones violentas de los distintos grupos ilegales que llegaron a tomar el control territorial luego de la salida de las FARC.Llorente cuestionó que “desde que se desmovilizaron las FARC la única estrategia que hemos tenido como Estado es la de copar las zonas con presencia militar”.El informe, además, reveló que las acciones de los grupos armados aumentaron en un 65% y entre octubre de 2019 y septiembre de 2020 se registraron 318 acciones criminales.En el mismo periodo aumentó en cuatro veces el número de víctimas en masacres.“Pasamos de tener 50 víctimas contabilizadas en el primer año después de la firma del acuerdo, a tener en el último año, después de la firma, 126 víctimas de masacres”.El gobierno se defiende e insiste en que el combustible de esta violencia es el narcotráfico.“Todos estos asesinatos, todas las masacres, todos los homicidios colectivos que se vienen presentando tienen una característica común y es que siempre se ataca a líderes que están comprometidos con la sustitución de los cultivos”, sostuvo Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz.El informe de la fundación Ideas para la Paz agrega que el asesinato de líderes sociales no cede y en el último año han sido asesinados 128, a lo que se suma el homicidio de 233 excombatientes de las FARC.
Mauricio Gómez, La Liendra, publicó un video en redes sociales en el que enseña su lujoso convertible y se ufana de haberlo llevado al límite tras conducir a 200 kilómetros por hora en un tramo de la vía entre Guarne y Rionegro, al oriente de Medellín.Muchos en redes sociales lo felicitaron, no solo por el vehículo, si no por el riesgo asumido.Sin embargo, no a todos les gustó la gracia.Germán Vélez, el gerente de Devimed, la concesión que administra la vía, no solo lo cuestionó, además pidió que se le suspenda la licencia de conducción y que se le imponga una multa de tránsito por varias razones.“La vía Aeropuerto – Hipódromo es de muy buenas especificaciones, tiene una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, pero el hecho de que esté bien diseñada, que sea recta, que sea ancha, no quiere decir que la gente pueda abusar de la velocidad”, dijo Vélez.De hecho, Devimed dijo que el tramo por donde La Liendra se grabó conduciendo a 200 kilómetros por hora es “la vía Guarne-Llanogrande, en una zona escolar -donde el límite de velocidad es de 30 kilómetros por hora y además hay señalizaciones de obra”.“Hay que cumplir las normas, las señales de tránsito. Para eso (conducir a alta velocidad) hay pistas, en la vía no se puede hacer eso por la peligrosidad que representa”, pidió el gerente de Devimed.“Desde Devimed invitamos a los influenciadores a que afecten a sus seguidores positivamente, y no con hechos que pongan en peligro la vida propia y la de los demás”, comunicó Devimed por medio de un escrito.
WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas del mundo, por lo que no es extraño que haya introducido su función de videollamadas a la versión web, sobre todo en momentos en el que la humanidad se comunica más de forma virtual por la pandemia.“A lo largo de este último año, notamos un aumento significativo en el número de llamadas realizadas en WhatsApp, a menudo de conversaciones de larga duración. Durante la pasada víspera de Año Nuevo, rompimos nuestro récord de llamadas realizadas durante un solo día, con 1.400 millones de llamadas y videollamadas.Con la gran cantidad de personas que siguen separadas de sus allegados y se están adaptando a las nuevas formas de trabajar, queremos que las conversaciones en WhatsApp se sientan lo más parecido posible a las que tienes en persona, sin importar en qué parte del mundo estés o qué dispositivo utilices”, indicó la compañía en su blog.Los requerimientos técnicos para hacer las videollamadas desde el computador son las siguientes:Windows 10 de 64 bits, versión 1903 y posteriorMacOS 10.13 y posteriorPara poder hacer o recibir llamadas en WhatsApp Escritorio se necesita:· Un dispositivo de salida de audio y un micrófono para las llamadas y videollamadas.· Una cámara para las videollamadas.· Una conexión a internet activa en el computador y el teléfono. Si bien la llamada no se hace a través del teléfono, es necesario que esté en línea para establecer la llamada.· Otorgar permiso a WhatsApp para acceder al micrófono y la cámara de la computadora. WhatsApp necesita tener acceso al micrófono del micrófono para las llamadas y a la cámara para las videollamadas.Y ante la eterna pregunta de la protección a la privacidad y la información personal, WhatsApp agrega:“Las llamadas y videollamadas de WhatsApp están cifradas de extremo a extremo, por lo que WhatsApp no puede verlas ni escucharlas, independientemente de si llamas desde el teléfono o la computadora. Para asegurarnos de que disfrutes de una experiencia confiable y de alta calidad, lanzamos primero las llamadas individuales en la aplicación WhatsApp Escritorio. Próximamente ampliaremos esta función para incluir llamadas y videollamadas grupales”.
Gina es una gata de año y medio que se ha vuelto viral en redes sociales luego de que la encontraran atrapada en una pared, en Ciudad del Cabo, Suráfrica.Todo comenzó cuando los dueños de la casa -Sunnel y Gerrit Moss- decidieron hacer unas reparaciones de tubería, para lo que tuvieron que romper la pared.Gina solía hacerse en el sofá, según sus propietarios, pero un día no la volvieron a ver.Entretanto, los plomeros terminaron su trabajo, taparon el hueco que habían hecho y dejaron la casa... lejos de imaginarse que la gata se había metido allí. Así terminó atrapada en la pared.El animal pudo morir. No obstante, su familia decidió jugarse su última carta tras dos días buscándola: hacer silencio completo en la casa y llamarla una vez más, casi como la última esperanza que le quedaba. De esta manera la escucharon llorar: estaba entre el cemento.Se pusieron manos a la obra, rompieron la pared y la rescataron.Final feliz para una curiosa historia que deja muchas enseñanzas a quienes tienen gatos.
El Ministerio de Salud indicó que del total de 2.269.582 con COVID-19 en Colombia, hay 33.950 casos activos.Este viernes 5 de marzo se reportaron 3.371 contagios nuevos de coronavirus.Bogotá (709), Antioquia (486), Valle del Cauca (293) y Barranquilla (181) son los lugares con más casos recientes.Según cifras de la Universidad Johns Hopkins, Colombia está en el puesto 11 de países con más casos, por debajo de Estados Unidos, India, Brasil, Reino Unido, Rusia, Francia, España, Italia, Turquía y Alemania. Ocupa, además, el puesto 12 en el número de muertes en el mundo.El número de muertes por COVID-19 en Colombia subió a 60.300.Reporte de fallecidos 5 de marzo (111):Bogotá (20), Antioquia (13) y Valle del Cauca (10) encabezaron la lista de decesos.Según el informe del Instituto Nacional de Salud, 19 de los fallecidos corresponden a las últimas horas y los otros 92 a días anteriores. De ellos, 57 no tenían comorbilidades.Hoy se procesaron 40.990 pruebas: 23.855 PCR y 17.135 antígenos.El número de recuperados es de 2.168.149.Departamentos con coronavirus en Colombia:Ante el descenso de contagios y muertes debido al coronavirus, alcaldes locales han relajado las medidas para evitar la propagación del COVID-19. No obstante, autoridades insisten en practicar un adecuado lavado de manos, usar tapabocas, mantener distancia social, utilizar geles antibacteriales, cuidar a la población vulnerable y respetar las medidas de aislamiento preventivo de cada ciudad.#EstáEnTusManos
La Federación Francesa de Tenis (FFT) anunció este viernes que el torneo de Roland Garros se jugará en las fechas previstas -del 17 de mayo al 6 de junio- "con el mayor aforo posible", según expresó la nueva directora general del organismo, Amélie Oudéa-Castéra.En una rueda de prensa, Oudéa-Castéra presentó los retos que la FFT tiene por delante tras asumir el cargo de directora, entre ellos la organización de grandes eventos, "en un contexto todavía incierto" por la pandemia, como es el caso de Roland Garros.Tadej Pogacar va con todo: quiere repetir el Tour de Francia y el oro en los OlímpicosOudéa-Castéra, que fue nombrada a propuesta del presidente de la FFT, Gilles Moretton, reconoció a los periodistas que su voluntad es poder celebrar el torneo de Roland-Garros "con la aplicación ambiciosa y rigurosa de un protocolo sanitario"."Nos estamos organizando para intentar asegurar que el torneo se desarrolle en las mejores condiciones posibles y con el mayor aforo posible", dijo Oudéa-Castéra.En su presentación como directora general de la FFT, en la que repasó su trayectoria profesional como tenista, reconoció sentirse "muy orgullosa" al convertirse en una mujer nombrada al frente de una organización que conoce bien.Egan Bernal, entre las figuras para seguir este sábado en Strade Bianche