Familiares de las víctimas, como líderes sociales, políticos o ciudadanos asesinados por un celular, le preguntaron al fiscal general, Francisco Barbosa, por qué se resolvió de manera tan diligente el homicidio de Mauricio Leal y su mamá, pero ellos aún esperan por justicia.Condena de Yhonier Leal por matar a su hermano y su mamá: vea cuánto le podrían rebajar la penaEn la rueda de prensa donde se daban detalles del homicidio del estilista, el fiscal Francisco Barbosa se molestó porque le preguntaron sobre los crímenes sin resolver y citó procesos que se aclararon en cuestión de días.“Samaniego, resolvimos el caso en 60 días; Buenos Aires, Cauca, resolvimos el caso en 30 días; Llanoverde, en Cali, con una investigación impresionante, con perfiladores, con un trabajo muy bien hecho, resolvimos en 30 días; el caso de Juana María Perea, resolvimos el caso con sentencia anticipada en mes y medio (…) Puedo quedarme 3 o 4 horas hablando de memoria de los casos, pido responsabilidad a los medios de comunicación”, expresó.Pero la respuesta del fiscal Francisco Barbosa no tranquilizó a familiares de otras víctimas, que siguen preguntándose por qué los responsables de matar a sus seres queridos no han recibido castigo.El mismo defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que en 2021 se registraron 145 homicidios contra líderes sociales y defensores de DD. HH., aunque la cifra de Indepaz es superior.En Colombia fueron asesinados 171 líderes sociales durante el 2021, según IndepazAntioquia, Cauca, Valle, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Putumayo son los departamentos con más homicidios y muchos de esos crímenes siguen impunes.Las víctimas de los casos que no se han resuelto le enviaron un mensaje a la Fiscalía General y a quien la dirige, Francisco Barbosa, porque pese a las pruebas de videos y testimonios no ha pasado nada.Sidssy Vásquez, hermana de Lucas VillaMuy bacano que el fiscal Barbosa haya resuelto de manera diligente el caso de Mauricio Leal, pero dónde están los casos de los muchachos asesinados dentro del paro nacional, como mi hermano Lucas Villa. Llevamos más de 9 meses donde la familia ha proporcionado material balístico, material probatorio, testigos y testimonios. Hay entes investigadores que dieron a la opinión pública videos donde se ve la trayectoria del asesino, donde se ve a la Policía en clara omisión de sus deberes de protección. Alrededor del lugar de los hechos, 200 metros a la redonda, hay 5 CAI donde ningún policía intervino. ¿Por qué no ha llamado a declarar la Fiscalía a Carlos Maya y a los políticos que se reunieron con los empresarios de la ciudad días antes de sacar las declaraciones de pedir frentes comunes en la ciudad, dos días antes de que asesinaran a mi hermano? Lo que podemos ver es que la Fiscalía tiene las capacidades para resolver los casos, pero no hay voluntad. Lo que nos está demostrando el fiscal Barbosa es que hay una discriminación de clase donde los privilegiados tienen justicia y las personas de clase media baja lo único que tenemos es impunidad.Hermana de Lucas Villa cuestiona a la Fiscalía: "¿Para cuándo el caso de él?Patricia Vega, esposa del asesinado alcalde electo de Sutatausa José Humberto Rodríguez¿Cómo es posible que el caso del asesinato de mi esposo lleva un proceso de más de dos años y no se ha resuelto y el caso de esta celebridad se haya resuelto en tan poco tiempo? ¿Por qué la Fiscalía es tan diligente en unos pocos casos y no en todos los que se presentan a diario en este país? En el caso del asesinato de mi esposo, José Humberto Rodríguez, llevamos más de un año intentando terminar la audiencia preparatoria y no se ha logrado. La Fiscalía ha demorado mucho este proceso y es por eso que el presunto determinador de este asesinato se encuentra libre por vencimiento de términos, no es justo.Video del asesinato del alcalde de Sutatausa fue clave para capturar a cuatro implicadosNelson Castillo, padre de Natalia Castillo, la periodista asesinada por un celularSe siente impotencia al ver que no hay pronunciamiento de las autoridades y que lo último que supimos fue lo mencionado por el general Vargas en diciembre, que ya estaban trabajando con el análisis de más de 30 cámaras y algunos testigos, ¿qué ha pasado con esos análisis? ¿Cuál fue el resultado? No hemos recibido ni una sola llamada informando sobre los avances del caso hasta el momento. Y es donde se cuestiona, ¿por qué hay casos que se resuelven en tiempo récord y el nuestro no? Cuando hay tantas herramientas que tienen para analizar. Pero ya ha pasado un mes y se ve como un caso más que ha pasado al olvido. Solo quiero pedirles a la Fiscalía y a la Policía que se pronuncien, que los padres de Natalia Castillo estamos esperando una llamada para que nos digan qué está pasando, que la muerte de nuestra niña no quedará impune y que no habrá más homicidios por parte de esa gente desalmada para quitarle la vida a una persona por algo tan insignificante como lo es un celular y que sigan destruyendo tantas familias.Caso Natalia Castillo: Policía revela que un testigo asegura conocer a uno de los asesinos
En medio del dolor por el asesinato de su hijo de 14 años, tras un ataque de las disidencias de las FARC el pasado 14 de enero, la familia de Bréiner Cucuñame abandonó su resguardo por amenazas de muerte.“Era cuidador de la madre tierra y eso es lo que duele de verdad que en esta guerra, que no es nuestra, tengan que pagar los niños con la vida. Esa lucha que se está dando de que los territorios deben ser cuidados y protegidos”, manifestó Jairo Narváez, guardia indígena.La destrucción que causó carro bomba en Saravena, culpan a las disidencias de las FARCLa familia de Bréiner Cucuñame, también dedicada al cuidado del medio ambiente y otras actividades propias de su resguardo, tuvo que salir del territorio.“También su familia ha salido desplazada de emergencia por situaciones de inseguridad, que los llevan a moverse a otros espacios, lo que preocupa, por lo que rechazamos rotundamente esta acción de los grupos armados del territorio”, señaló Juan Manuel Camayo, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.Las comunidades indígenas culpan al narcotráfico de la situación de violencia que los viene afectando.“Donde está este flagelo del narcotráfico, pues se permite que se pisotee el territorio y desafortunadamente quien está en contra de eso, lo asesinan, lo matan”, expresó Jairo Narváez, guardia indígena.Asimismo, hablan con pesimismo sobre lo que pasa en la zona.Rechazo en comunidades indígenas del Cauca tras asesinato de niño ambientalista“Matar la gente para ellos no es problema, asesinan a quien se atraviese, a quien esté poniéndose en el camino de ellos lo asesinan, es un estorbo y lo quitan a punta de tiros”, dijo Narváez.A pesar de estos asesinatos, las amenazas e intimidaciones, la guardia asegura que continuará con la defensa y el control en sus territorios defendiéndolo de todos los ataques armados que llegan a desarmonizarlo.
Hay preocupación en el departamento de Putumayo por los hechos violentos entre disidencias de las FARC, pues, en las últimas horas, familias salieron desplazadas tras el crimen de tres personas.Puede leer: Gobierno insiste en que ELN salió a posar para las fotos de sus supuestos patrullajes en AraucaEn el municipio de Curillo, Caquetá, son atendidas las familias que salieron de la vereda Cerritos tras la incursión armada en la que fallecieron estas tres personas, entre ellas, un líder social.“Al municipio de Curillo llegaron tres cuerpos sin vida, provenientes de un hecho victimizante que se presentó, donde desafortunadamente uno de ellos, era presidente de junta de acción comunal”, indicó el personero de Curillo, Dayro Alexánder Sánchez.Por la cercanía de la vereda con el departamento del Caquetá, las familias pidieron ayuda en el municipio de Curillo, dónde las instituciones activaron la ruta de atención.También lea: Soldado de 19 años fue asesinado en base militar de Yondó, al parecer, por un compañero“Con estos hechos victimizantes también fueron desplazadas varias familias por el temor a la zozobra que se presenta en la zona, dónde cómo Personería municipal se brindó el apoyo respectivo el día de ayer, recepcionando la declaración y brindando todas las ayudas necesarias”, añadió el personero Sánchez.Las autoridades judiciales trabajan en la investigación de los hechos, pero por ahora, no se pronunciarán ante lo ocurrido.Otras noticias del día: Revelan identidad del asesino de niño ambientalista indígenaPolicía de Tránsito se llevó su carro con un rasguño y se lo devuelven completamente destruido¿Cómo Yhonier Leal planeó el asesinato de su hermano y su madre? Esto reveló la Fiscalía
Tras un año en el que las protestas tomaron durante meses las calles de Colombia y dejaron 84 muertos, de los cuales 25 fueron por la acción policial, Human Rights Watch (HRW) cuestionó en su informe anual que el Gobierno "aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial".ONU atribuye 28 muertes del paro nacional a la fuerza pública“Estamos hablando de abusos que son parte de un sistema sistemático, no son incidentes aislados, lo vimos en 2019, 2020, 2021, y te diría que esto tiene que ver en parte con el hecho de que Colombia es el único país de la región donde la Policía depende del Ministerio de Defensa”, aseguró Tamara Taraciuk, directora (e) para las Américas del organismo.En las protestas que comenzaron el 28 de abril y se extendieron hasta junio, donde decenas de miles de personas mostraron su malestar social en las ciudades del país, los "oficiales de Policía repetidamente y arbitrariamente dispersaron las manifestaciones pacíficas y usaron una fuerza excesiva y a menudo brutal, incluyendo munición real y violencia de género", señala el informe publicado este 13 de enero de 2022.Además, se produjeron arrestos arbitrarios, varios casos de violaciones, decenas de lesiones oculares y reportes de torturas y malos tratos, dice el informe, en hechos que tanto HRW como organismos internacionales vienen denunciando desde hace meses.Tras las protestas, el Gobierno anunció una reforma de la Policía, algo que la oposición tildó de cosmético.Reforma del Estatuto Disciplinario de la Policía: ¿se quedaron por fuera temas cruciales?HRW asegura ahora que, más de medio año después de las protestas, el Gobierno "aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial".Tampoco hay, afirma, "un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de derechos humanos".Líderes sociales siguen desprotegidos, recalca HRWEn el informe, HRW asegura que, a pesar de la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, "la violencia relacionada con el conflicto ha tomado nuevas formas y los abusos de grupos armados, incluidos asesinatos, masacres y desplazamiento forzado masivo, se han incrementado en áreas remotas de Colombia en 2021".Según cifras de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, 2020 fue el año con más masacres (76) desde 2014, y entre enero y septiembre de 2021 se habían producido 82, aunque, según Indepaz, la cifra llegó a 92 el año pasado.La ONU señala que más de 500 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016 y al menos 290 firmantes del acuerdo también han perdido la vida.En Colombia fueron asesinados 171 líderes sociales durante el 2021, según Indepaz"El Gobierno ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para protegerlos", considera la organización de derechos humanos."(La guerrilla del) ELN en 2021 ha seguido cometiendo crímenes de guerra y otros abusos contra civiles", así como las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, quienes son responsables de muchos de estos asesinatos, desplazamientos y masacres.HRW también recoge denuncias de amenazas a la independencia de la justicia, sobre todo en el caso del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), ya que "el presidente Iván Duque y otros líderes del partido (gobernante) Centro Democrático han hecho declaraciones que aparentemente tratan de difamar o intimidar a la corte y minar la legitimidad de su decisión".No obstante, en el informe se alaba los progresos realizados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional surgida del acuerdo de paz, para investigar los crímenes de guerra del conflicto y sus primeras decisiones que imputan a antiguos altos cargos de las FARC por delitos de secuestro y a exmilitares por ejecuciones extrajudiciales.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó en las últimas horas que durante el 2021 fueron asesinados 171 líderes sociales en todo el país.Disidencias: las enemigas del proceso de paz La última víctima del año fue María del Carmen Molina Imbachi, de 31 años, quien en la noche del 31 de diciembre fue sacada a la fuerza de su casa por un grupo armado que le disparó frente a su familia en el municipio de San Pedro, Valle del Cauca.Los criminales de este atroz hecho huyeron de la escena. Con esta muerte son 1.286 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, reveló Indepaz.Comunidades piden al Gobierno brindar una mayor protección a los líderes sociales del país. Mientras tanto, las autoridades afirman que no tenían denuncias por amenazas contra María del Carmen Molina Imbachi.
En Colombia, 168 líderes sociales han sido asesinados en el 2021, según cifras de Indepaz. En comparación con el año 2020, en donde 310 personas fueron masacradas por sus labores sociales, en el país hubo una reducción considerable en este tipo de muertes. También hay preocupantes cifras de masacres. Otras noticias: Director de emisora, lideresa indígena y un menor, entre víctimas fatales de accidente en CaucaLas regiones con más índices de asesinatos fueron Cauca con 31 casos, Antioquia con 23, Nariño con 16, Valle del Cauca con 15, y Chocó con 13.“Los líderes sociales que han asesinado son en su mayoría indígenas y campesinos. En primer lugar, indígenas: 55 este año y los campesinos 51. Son cifras del horror, son disputas del territorio de esas comunidades”, comentó Camilo González, director de IndepazLos asesinatos más recientes de líderes sociales son el de Freddy Pestana Herrera, presidente del Consejo Comunitario de Acandí, Chocó, y el de Cristina Cantillo, una reconocida defensora de derechos de las comunidades LGTBI en Santa Marta.Masacres en ColombiaPara Indepaz, Colombia también cierra el año con 92 masacres que dejaron 326 víctimas.Cauca reportó 14 masacres y 46 muertos; Antioquia, 14 masacres y 52 muertos; Valle del Cauca 12 masacres y 47 muertos.“Esta acción busca intimidar a la población, pero también son acciones de venganza, justicia a mano propia. Está muy asociado a estructuras de criminalidad común, al tráfico de armas, de cocaína y de los negocios de explotación de oro”, puntualizó González.Pero, ¿por qué el Cauca sigue encabezando las cifras de asesinatos de líderes sociales y masacres?Es “un departamento que cuenta con 20 mil hectáreas de coca y una producción anual de 954 toneladas, un factor que ha permitido que hay disputas entre grupos armados organizados por el control territorial”, Esteban Salazar, subdirector de Pares.En cuanto a los firmantes del acuerdo de paz, 48 han sido asesinados, entre ellos, cuatro mujeres.La paz en Urabá es la suma de tropiezos y esfuerzos
Un lamentable hecho de violencia se registró la noche del 23 de diciembre en zona rural de Andes, suroeste de Antioquia, cuando sicarios asesinaron a un líder en medio de una novena.La víctima fue identificada como Gustavo de Jesús Orozco Ramírez, de 58 años, que se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Perucho.Niño de 4 años murió en Medellín víctima de una golpiza: su tío fue capturadoLos hechos se registraron pasadas las siete de la noche en el corregimiento Chaparrala, según el reporte de la Policía de Antioquia.“Se adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos, diligencias dejadas a disposición a la Fiscalía 8 Especializado Unidad de Vida Antioquia”, informaron las autoridades.Lo acusan de apuñalar 11 veces a su jefe porque lo despidióDe acuerdo con cifras de Indepaz, en lo corrido de 2021 han sido asesinados 168 líderes sociales en Colombia.
El líder social Freddy Pestana Herrera, presidente del Consejo Comunitario del Norte, fue asesinado en Acandí, Chocó. Este hombre de 53 años se destacó por la defensa de los derechos de su comunidad y la restitución de tierras.También lea: Asesinan en Santa Marta a Cristina Cantillo, lideresa de la comunidad LGBTI“Recuperación del territorio, recuperación de nuestra cultura, recuperación de nuestro ambiente territorial porque la gran mayoría de nuestra población es una población desplazada”, pedía Freddy Pestana Herrera el pasado 9 de febrero.Ante la crisis migratoria de Acandí, Freddy Pestana guiaba a los extranjeros que cruzaban el Tapón del Darién hacia Panamá. Emigdio Pertuz denunció que el Estado no le prestó la suficiente protección.“Solicitamos reiteradamente a la UNP un esquema de seguridad para Freddy, para él y otros compañeros, y reforzar el esquema mío, y eso no se ha cumplido”, dijo Emigdio Pertuz.El llamado a las autoridades es a hacer presencia en la zona, pues la ausencia de la fuerza pública y la disputa por los territorios están agudizando la crisis humanitaria en el Chocó.“Es también por falta de presencia del Estado y de las instituciones en estas crisis humanitarias que provocan muerte, provocan un dolor continuo y van haciendo desaparecer estas comunidades”, declaró el obispo de la Diócesis de Istmina Tadó, monseñor Mario de Jesús Álvarez.Las organizaciones étnico territoriales exigen que se implemente el acuerdo humanitario de inmediato para el Chocó y el capítulo étnico del acuerdo de paz para frenar la vulneración de los derechos humanos.“Se hace necesario frenar el conflicto para que no haya confrontación en el territorio, que no haya reclutamiento, que no haya confinamiento, que no haya minado y que cesen los cultivos ilícitos”, expresó el coordinador del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Abid Manuel Romaña.Con Freddy Pestana, van 10 líderes sociales asesinados en el Chocó en lo que va del 2021 y a eso se suman 4 firmantes del acuerdo de paz.Podría leer: Defensores ambientales que ponen en peligro sus vidas claman por el Acuerdo de Escazú
Cristina Cantillo, de 34 años y defensora de los derechos de la comunidad LGBTI, fue asesinada en Santa Marta, en la puerta de su casa, por dos hombres que se movilizaban en moto. Alcaldesa Virna Johnson ofreció $80 millones para hallar a los responsables del crimen.Líder comunal de Córdoba murió tras ser golpeado y herido con arma cortopunzante cerca de su casaLa lideresa, que dirigía la ONG Calidad Humana, denunció en los últimos meses amenazas de muerte y había sido víctima de atentados, uno de ellos en abril de 2020, donde su hermano resultó herido con arma de fuego.Hace 3 meses, la Policía le retiró a la lideresa el esquema de seguridad ya que tenía dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección.“Esperamos que las investigaciones sean rápidas, que esto no se quede en palabra como lamentablemente se quedan la mayoría de los casos. Era una lideresa social, una líder de la población LGBTI y esa población debe saber que tiene un gobierno que seguirá garantizando sus derechos y estará muy pendiente de esa investigación para que puedan tener los resultados que todos esperamos sin impunidad”, manifestó la alcaldesa Johnson al condenar el asesinato de Cristina Cantillo.Según la Red Comunitaria Trans, tres personas trans fueron asesinadas en Colombia en solo un día, incluida Cristina. Las víctimas, en lo corrido del año, ya son 35.Asesinan a líder indígena de la etnia Misak en Morales, Cauca
Cinco años pasaron ya desde la histórica firma del acuerdo de paz que prometía poner fin a la sangría del conflicto en Colombia. Pero de aquellos aplausos rabiosos por la esperanza de un porvenir distinto, pasamos muy pronto al conteo incesante de reincorporados asesinados: 326, según las cuentas crudas del monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y el Cauca, con 58 homicidios, es la región con más muertos. Como arena entre los dedos esa anhelada paz territorial se nos escapa de las manos.“Cada vez que salimos de nuestras casas nos despedimos como si fuera la última vez, les damos el abrazo y el beso a nuestra familia, a nuestra compañera, a nuestros hijos, como si nunca más volviéramos a llegar a la casa, porque es la realidad que vivimos, porque tenemos el miedo de que alguien llegue y nos mate”.Lo dice Norbey Rodríguez, firmante del proceso y uno de los hombres más amenazados del Cauca. Según él, la implementación del acuerdo se ha venido enfrentando no solo a las burocracias estatales de siempre, tan propias de este país santanderista, sino a los nuevos actores violentos cuyas mafias siembran el pánico desde estas montañas.El rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago Franco, es así de contundente en su diagnóstico: “Si yo fuera un excombatiente de las FARC me sentiría frustrado porque todos esos muchachos que le apostaron al proceso de paz no han logrado lo que en principio esperaban. Han sido perseguidos, han sido amenazados, han sido asesinados y algunos han vuelto a engrosar las filas de las disidencias”.Un equipo periodístico de Noticias Caracol recorrió la región para desentrañar las causas de la violencia homicida contra los reincorporados. Más de la sexta parte de todos los muertos del proceso los ha puesto el Cauca. En total 55 hombres y 3 mujeres, discriminados así: 4 en 2017, 16 en 2018, 19 en 2019, 10 en 2020 y 9 en 2021. Argelia, Buenos Aires, Caloto y Santander de Quilichao son los municipios que más víctimas mortales cuentan.Giancarlo Moreno Flórez, líder del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo, que concentra a casi 2.000 excombatientes, dice apesadumbrado: “La mayoría de asesinatos en el Cauca, el 56% en específico, están vinculados a la implementación de proyectos productivos de reincorporación. Esto ya nos muestra que desarrollar una reincorporación productiva en el departamento es una amenaza en términos generales para la población. Y cada muerto es una herida abierta”.Caldono, uno de los municipios más hostigados por las antiguas FARC en su momento, vive hoy los coletazos del nuevo conflicto. Muchos de sus jóvenes, atenazados por las nuevas dinámicas territoriales, se han movido a zonas cocaleras del Cauca como Argelia, El Tambo o Buenos Aires.Carolina Buitrago Ávila, del colectivo Juntos por Caldono, señala: “Hemos identificado que precisamente por la falta de oportunidades los jóvenes están volviendo a participar laboralmente de economías ilegales y nos hemos dado cuenta de que han asesinado en este año a más de 40 jóvenes del territorio”.Paulo Germán Porras, secretario de gobierno de Caldono, añade sin anestesia: “Nosotros llevamos una gran cantidad de asesinatos en lo corrido de este año, desde el 28 de febrero, de jóvenes que rondan entre los 14 y los 22 años. Cuando hay una genética violenta, y yo diría que eso es toda Latinoamérica y especialmente Colombia y acá en el Cauca, hay que trabajar mucho. Yo creo que van a pasar varias generaciones para cambiar todo esto”.La radiografía es desalentadora: las disidencias se expanden, el narcotráfico campea y los nuevos ricos emergen.Juan Manuel Tamayo, coordinador de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, dice que, tras la firma de la paz, el territorio solo tuvo seis meses de calma chicha. “¿Cuántos indígenas han sido asesinados este año?”, le pregunto. “Sesenta y un indígenas asesinados, unos en calidad de masacre, otros en calidad de homicidio, pero lo que más preocupa es que vemos que se han atentado contra los niveles de liderazgo como autoridades indígenas y periodistas por hacer acciones territoriales, por defender la vida y el territorio”.Frente a su familia, asesinan a tiros a dirigente indígena de la etnia yanacona en CaucaEn la tras escena de este polvorín, claro, está el narcotráfico. La alcaldesa de Santander de Quilichao lo resume así: “Hoy los cultivos ilícitos significan un problema muy delicado para nuestra gente y detrás de ellos están llegando grupos armados a nuestros territorios y, al parecer, están empezando a generar reclutamiento de menores”.Asesinan en Cauca a Yorbis Valencia, excombatiente de las FARCParece la reedición de la guerra de antes que el acuerdo de paz quiso dejar en el pasado. Arnoldo Medina es uno de los últimos reincorporados asesinados en la región. Ocurrió en abril pasado, de madrugada, en este predio ubicado en el corazón del Cauca, donde una cooperativa de excombatientes intenta desarrollar su proyecto productivo. “Interrumpieron en su hogar y entraron hombres armados y lo sacaron frente a su familia. Habiendo niños lo sacaron y se lo llevaron”.Lo dice Hernando —así, a secas, sin apellidos por seguridad—, compañero y amigo de Medina. Durante la entrevista con Noticias Caracol no se quitó su tapabocas. La bioseguridad era lo de menos. En realidad, teme que el siguiente en esta lista pueda ser él.“La paz es lo que queremos para la nueva generación y seguiremos insistiendo a pesar de lo que venga sucediendo. Nosotros soñamos con un país en paz”, cuenta.La desconfianza que produce entre los firmantes esta matazón a destiempo parece un precipicio sin fondo. Y, sin embargo, el 90% de ellos resiste la embestida de los criminales y continúa honrando el acuerdo de paz.A pesar de la difícil situación, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, es optimista. Pero, dice, todavía hay mucho por corregir. “Un solo muerto es algo inaceptable y algo que lastima el proceso de paz. Desafortunadamente ya llegamos a los 300 excombatientes asesinados, también a centenares de líderes sociales y en general a una situación en las comunidades históricamente afectadas por el conflicto en el cual el tema de seguridad continúa siendo nuestra mayor preocupación”.Y agrega: “Tenemos 10 años más y estamos convencidos de que Colombia será una historia de éxito al final de estos 10 años”.El país ha transitado apenas los primeros 5 años de los 15 que se fijaron para implementar completamente el acuerdo. Y aunque podrían hacerse noticieros enteros sobre las bondades del proceso, que las hay y son muchísimas, si no se garantiza la vida de los excombatientes será muy difícil que Colombia pueda pasar la página.Luis Salamanca, un joven rapero caucano, protesta a su manera por lo que pasa:
Mientras Egan Bernal está en la UCI recuperándose de la última cirugía de su columna, se siguen esclareciendo detalles sobre el accidente acontecido la última mañana del lunes.En el lugar del siniestro, el equipo de Noticias Caracol habló con el coronel de la Policía Nacional Juan Carlos Castro, de la Dirección de Tránsito y Transporte, y el oficial reveló más detalles de su choque con un bus intermunicipal."Egan Bernal se encontraba realizando un entrenamiento de contrarreloj, que es distinto a lo habitual. Es una posición aerodinámica y su cabeza va en dirección hacia el manubrio, tratando de cortar el viento", explicó el uniformado.Sobre la posición del vehículo automotor, el oficial de la Policía argumentó que el conductor había estacionado sobre la berma correctamente, con las estacionarias y en el lugar correcto de la carretera.Por lo pronto, el ciclista cundinamarqués continuará en la Unidad de Cuidados Intensivos en la Clínica de la Sabana donde está siendo monitoreado constantemente sobre sus delicadas cirugías.
Un hombre de apellido Saborío enfrentará un juicio en Costa Rica imputado por el delito de crueldad y muerte animal luego de que lanzó a un gato de un sexto piso, informaron fuentes del proceso.Una segunda oportunidad para Katira, la perrita que fue sometida a un brutal maltrato en BogotáEn la audiencia preliminar, un tribunal de San José determinó que el caso debe elevarse a juicio en una fecha por definir, proceso en el que el sospechoso se expone a una pena máxima de dos años de prisión, de acuerdo con la Ley contra el Maltrato Animal vigente desde 2017.La Federación Canina de Costa Rica, que interpuso la acción penal contra el sospechoso, expresó su satisfacción por la decisión de efectuar un juicio y su confianza en que el responsable será sancionado.El caso se remonta a noviembre de 2019 cuando Saborío, de 30 años, al parecer lanzó a un gato de un sexto piso de un edificio de apartamentos en Curridabat, San José, lo cual habría quedado grabado en un video que circuló por las redes sociales.Tras conocerse el video, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó en 2020 entrevistas que le permitieron obtener información acerca del sospechoso, además de testimonios de personas que le brindaron ayuda al animal.Dado que ninguno de los residentes en los apartamentos reclamó a la mascota, las personas decidieron enterrarla en uno de los senderos que rodea el complejo.Los investigadores reconstruyeron el suceso y extrajeron el cadáver del animal para obtener pruebas para el caso, según informó el OIJ en agosto de 2020.La investigación determinó que el hombre lanzó a un gato de un sexto piso, desde una altura de unos 28 metros y, tras caer en un arbusto, se levantó por instinto de supervivencia y caminó casi la misma distancia de la que cayó antes de morir.Adolescentes obligaron a un perro a tomar licor
Lina Tejeiro compartió con sus seguidores una foto de cómo se ve hoy su cola y la cicatriz que le quedó tras la cirugía de extracción de biopolímeros.La actriz se sometió al procedimiento en 2020 debido a que esta sustancia estaba afectando su salud.Lina Tejeiro protagoniza ‘Un rabón con corazón’, la nueva película de Dago García ProduccionesEn una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, a través de Instagram, uno de ellos le preguntó por la cicatriz, la cual ella mostró sin tapujo alguno. También le preguntaron si era posible borrarla un poco más, a lo que ella respondió:“Hace unos meses me había hecho una sesión de láser fraccionado y eso me ayudó un montón a desvanecerla, pero no volví, no he estado juiciosa, si estuviera juiciosa ya no se notaría. Tampoco he tenido el afán de querer borrarla porque no me molesta”.Otras noticias: Hugo Gómez, actor de 'Nuevo rico, nuevo pobre', sufrió un infartoAsimismo, sus seguidores le consultaron si en su momento le retiraron todos los biopolímeros.“Sacar el 100% de los biopolímeros es casi imposible, pero mi cirujano me sacó prácticamente yo creo que un 90% y no necesito más cirugías, ya con la que tuve hace dos años es suficiente”, aseguró Lina Tejeiro.Esta es la foto que compartió la actriz. Advertencia imágenes sensibles.
Al menos 18 personas murieron tras un enfrentamiento entre dos grupos locales que desató un incendio en una discoteca en Sorong, en la provincia indonesia de Papúa Occidental, informó la Policía el martes."El enfrentamiento ocurrió anoche (lunes) a las 23:00, hora local. Fue un conflicto que se prolongó de un enfrentamiento el sábado", dijo en un comunicado Ary Nyoto Setiawan, jefe de la Policía de Sorong.Una de las víctimas fue apuñalada y las otras 17 murieron en el incendio de la discoteca Double O."Encontramos 17 cuerpos en la Double O, estaban en el segundo piso. Trasladamos los cuerpos al hospital", indicó Edward Panjaitan, de la división de salud de la policía de Sorong.La Policía investiga la causa del incendio, que destruyó gran parte del inmueble rojo y blanco. Un vehículo quemado se observó frente a la entrada ennegrecida del sitio."El club se incendió desde el primer piso. Intentamos evacuar a tantas personas como fuera posible pero luego de que los bomberos apagaron el incendio encontramos algunos cuerpos", señaló el jefe policial.La Policía indicó que el enfrentamiento se produjo entre dos grupos étnicos."Comenzó con un desencuentro entre dos miembros de cada grupo, señaló Setiawan."Intentamos mediar entre los grupos y llamamos a sus dirigentes antes del conflicto de la noche", agregó.Sorong es el punto de acceso a las islas Raja Ampat, ricas en corales, y es la mayor ciudad en la provincia de Papúa Occidental y sede de un puerto importante.Es relativamente tranquila comparada con otras regiones de la provincia, que han sufrido enfrentamientos de una insurgencia entre separatistas papuanos y las fuerzas indonesias.Los rebeldes recientemente escalaron su lucha, atacando construcciones de carreteras, así como escuelas y hospitales que dicen tener vínculos con los militares.En respuesta, las autoridades han reforzado la presencia de militares y policías.En otros temas: El madrazo de Joe Biden a periodista de Fox News: “Estúpido hijo de p…”La provincia es fronteriza con Papúa Nueva Guinea en la isla de Nueva Guinea, al norte de Australia.Papúa, una excolonia holandesa, es rica en minerales y declaró su independencia en 1961, pero Indonesia tomó control del territorio dos años después con la promesa de celebrar un referendo independentista.La votación subsecuente en favor de permanecer como parte de Indonesia fue considerada fraudulenta por muchos pobladores.La población melanesia de Papúa, en su mayoría cristiana, comparte pocos vínculos culturales con el resto de Indonesia, el mayor país musulmán del mundo.
El escaso castigo impuesto a un hombre en China que fue grabado golpeando a su esposa y el hecho de que la Policía culpó en parte a la víctima causaron indignación.Joven vendido por sus padres cuando era bebé los encuentra y ellos vuelven a rechazarloLos hechos ocurrieron la semana pasada durante el confinamiento por el coronavirus en la ciudad norteña de Xi'an, en la que un hombre fue grabado por las cámaras de seguridad de su casa golpeando repetidamente a su esposa frente a su hijo.La Policía comunicó que el sujeto quedaría en custodia cinco días y luego sería liberado, encendiendo nuevamente el debate sobre el inefectivo sistema de penalización de la violencia de género en China.La indignación fue a más tras una comunicación policial en la que explicaban que la pelea se produjo debido a "las palabras y acciones extremas" de la mujer y que, desde entonces, esta ya había sido "criticada y educada"."Los abusadores domésticos solo son castigados con cinco días de detención, y luego se preguntan por qué las mujeres chinas no quieren casarse ni tener hijos", decía un comentario en Weibo, la red social china.Insultó, golpeó y abusó sexualmente de su pareja, pero un juez le dio casa por cárcel"No sirve de nada confiar en la ley para obtener protección ante la violencia doméstica cuando todo lo que hacen es criticar a la víctima", comentó otro usuario.El ataque provocó "heridas en el tejido blando" de la mujer, indicó la Policía sin dar más detalles.La ley de violencia doméstica de China aprobada en 2016 castiga a los agresores con solo un máximo de 20 días en detención policial.Solo se contemplan penas mayores si hay heridas graves y se demuestra la intención criminal.Líneas de atención de violencia contra la mujerSi usted es víctima u observa alguna situación de riesgo o de vulneración de derechos contra las mujeres o la población infantil en Colombia, comuníquese a las siguientes líneas de atención:Línea 155 de la Policía Nacional de orientación a mujeres víctimas de violencia. Página web: https://caivirtual.policia.gov.co/Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137. WhatsApp: 3007551846. Correo electrónico: lpurpura@sdmujer.gov.coLínea 123 Agencia Mujer en Medellín (24 horas). Línea de Atención Psicojurídica para mujeres víctimas o en riesgo de violencia 604 385 55 51. WhatsApp: 3214677071 o 30053192872. Correo electrónico: atencionviolencias.mujeres@medellin.gov.coLínea 122 para interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación
