Dos trabajadores del área de la salud –un enfermero y un conductor de una ambulancia- que se disponían a realizar una misión médica en Cuturú, un corregimiento del municipio de Caucasia, fueron secuestrados por hombres armados el viernes 19 de febrero en horas de la mañana, informó la Fiscalía.Los captores se identificaron como miembros de la banda criminal Los Caparros y exigían una millonaria suma para dejar a sus víctimas en libertad.Sin embargo, “varias horas después y gracias a la presión de la comisión judicial, los secuestrados fueron dejados en libertad. La Fiscalía adelanta las pesquisas para individualizar, capturar y judicializar a los responsables del hecho”, comunicó el ente acusador.Los Caparros son una de las bandas criminales con presencia en el Bajo Cauca antioqueño, responsables, según las autoridades, de masacres, desplazamiento forzado y homicidios selectivos para el control de las rutas del narcotráfico.
Julio César Ávila de la Vega y Luwding Pacheco Perneth fueron enviados a prisión por ser los presuntos responsables del asesinato del policía Edison Ferney Parra Cadavid, de 35 años. Los hechos ocurrieron el domingo 14 de febrero en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.De acuerdo con la Fiscalía, los señalados asesinos fueron capturados en flagrancia, cuando dispararon contra Parra Cadavid y su compañero Elkin Darío Heredia, quienes realizaban labores de patrullaje en el barrio Pueblo Nuevo.A los detenidos se les incautaron dos armas de fuego y una motocicleta, en la que se movilizaban cuando perpetraron el crimen.“Se investiga si el atentado criminal fue ordenado por el GAO Clan del Golfo que delinque en el Bajo Cauca antioqueño, como retaliación por la neutralización de uno de sus cabecillas conocido con el alias de ‘Marihuano’”, indicó el ente acusador en un comunicado.Ávila de la Vega y Pacheco Perneth son señalados de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado, cargos a los que no se allanaron.
Es compleja la situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño. En las últimas horas se registró un desplazamiento masivo en la vereda Río Man, del municipio de Cáceres. Un rumor sobre supuestas amenazas a la población provocó que la comunidad decidiera dejar sus viviendas y emprender camino a un lugar seguro.Al menos 15 familias, unas 45 personas, se trasladaron al casco urbano del municipio de Caucasia. “Estamos haciéndole todo el censo, hemos activado toda la ruta desde la administración municipal para las ayudas humanitarias pertinentes y también ya tenemos el apoyo de la Unidad de Reparación de Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría delegada para los derechos humanos y la Gobernación de Antioquia”, señaló Félix Olmedo Arango, alcalde de Caucasia.De acuerdo con las autoridades locales, Los Caparros podrían estar detrás de las supuestas amenazas.En la zona habitan unas 400 personas, la gran mayoría ha salido hacia los coliseos de municipios vecinos y hasta Medellín.La región del Bajo Cauca antioqueño concentra el 90 por ciento de los cultivos ilícitos del departamento. Cabe recordar que hace menos de un mes, en el corregimiento Guarumo de Cáceres fue asesinada una lideresa social y excandidata al Concejo del municipio.
María Liliana Loaiza Vera, de 38 años, hermana de la esposa del Secretario de Gobierno de Tarazá, Antioquia, fue asesinada en la tarde del pasado martes.De acuerdo con la comunidad, un hombre armado llegó hasta la vivienda y sin mediar palabra disparó contra ella causándole la muerte.El hecho ha causado conmoción en el municipio, ya que la víctima era cuñada de Deivisón Montero, secretario de Gobierno y quien ha denunciado amenazas en su contra.Montero manifestó que la mujer estaba a cargo del cuidado de sus dos hijas, quienes al momento del ataque no se encontraban con ella.Solo hace una semana se registró una masacre en zona rural de Tarazá y también en la región del Bajo Cauca antioqueño fue asesinada una lideresa social.La Policía de Antioquia anunció que está adelantando los actos correspondientes para dar con el responsable de asesinar a la señora María Liliana Loaiza, quien deja dos hijos, una joven y un menor de edad.
Hombres armados y encapuchados quemaron cuatro vehículos cerca de la medianoche del martes en la vía Medellín-Costa Atlántica.El hecho se registró en el sector conocido como La Paulina, entre los municipios de Tarazá y Valdivia, Bajo Cauca antioqueño.Invías reportó el cierre total de la troncal debido a problemas de seguridad.Entre los vehículos afectados se encuentran una tractomula, un camión y dos furgones.El Ejército señala a disidencias de las FARC por el ataque.
Tres personas fueron asesinadas mientras trabajaban en una finca de la vereda La Uribe, en Caucasia (Antioquia). Los homicidas habrían llegado por el río Nechí hasta la zona.“Desconocidos llegaron en una lancha a su parcela. Estas personas se encontraban sacrificando un cerdo, al parecer, esa era su actividad económica. Les dejaron un letrero que decía: ‘Caparros’”, indicó el alcalde Félix Arango.Es la tercera masacre en el Bajo Cauca antioqueño en menos de cinco días. El viernes 11 de diciembre en El Bagre, el domingo 13 en Cuturú, Caucasia; y este viernes y en La Uribe. Diez personas murieron violentamente en estos hechos.“Es el narcotráfico, es lo que está sucediendo allá entre grupos criminales, entre el Clan del Golfo y Los Caparros. El pasado domingo estuve allá, se analizó la situación, se tomaron decisiones adicionales, ahora el nuevo comandante de la Séptima División del Ejército viaja a la zona para fortalecer la presencia de la fuerza pública”, sostuvo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.El panorama para Antioquia no es nada alentador: se han registrado 23 masacres en lo que va del 2020; 12 de ellas en el Bajo Cauca, 8 en el Suroeste y de a una en el nordeste, norte y Valle de Aburrá.Defensores de derechos humanos siguen haciendo un llamado al gobierno para no desproteger a las comunidades rurales.“Esta situación obedece a que el Estado permite que los grupos paramilitares sigan movilizándose con gran facilidad. Grandes ejércitos, como el que perpetró la masacre de Cuturú, se están movilizando hacia territorios urbanos y rurales”, denunció Yesid Zapata, vocero de Proceso Social de Garantías para Defensores de DD. HH.El ministro de Defensa confirmó el envío de refuerzos a la vereda La Uribe. Se investiga si fue perpetrado por Los Caparros en retaliación a la masacre ocurrida en Cuturú, el pasado domingo.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, confirmó una nueva masacre en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.Según información preliminar, tres personas fueron asesinadas en las parcelas La Uribe, zona rural de este municipio. Al parecer, las victimas les dejaron un letrero.El ministro de Defensa sostuvo que este crimen obedece a disputas por narcotráfico entre el Clan del Golfo y Los Caparros.“El nuevo comandante de la Séptima División del Ejército viajará a Caucasia para fortalecer la presencia de la fuerza pública. Yo hago un llamado: esto tiene que ser una cruzada nacional contra el narcotráfico que altera los elementos de tranquilidad en esas zonas”, expuso Holmes Trujillo.De acuerdo con la Policía, los cuerpos fueron hallados a las 9:00 de la mañana de este martes y las identidades están por establecerse.Entretanto, el CTI adelanta la inspección técnica de los cadáveres.
Tirados en el piso y cubiertos por la maleza, varios campesinos de la vereda Oco Bajo, de Tarazá, grabaron el momento en el que, según ellos, soldados de la Séptima División del Ejército les dispararon en medio de operaciones de erradicación de cultivos ilícitos.“Ellos empezaron a disparar, toditos empezaron a disparar y uno le disparó a mi compañero en la cabeza. Él estaba de espalda y le dispararon. Él siempre ayudaba, les llevó fresco a los campesinos, a los soldados les dio gaseosa y uno nos dijo que si a él le daba la gana nos disparaba a todos”, denunció Luz Mariana Hernández, esposa de Jaider Luis Díaz, campesino muerto.Doña Luz Mariana reconoce que varios de los campesinos sí cultivan ilícitos, ante lo que ella denomina el abandono del Estado.“Es con lo que el campesino se rebusca la comidita, mantiene los hijos, hay mucha pobreza no hay ayuda del gobierno, no hay nada”, lamentó.La mujer pidió justicia por la muerte de su esposo.“Que le den castigo al que mató a mi compañero, que lo castiguen y que no quede impune porque ellos están para cuidar al campesino más no para matarlo”, dijo Luz Mariana visiblemente afectada.El comandante de la Séptima División, el general Juan Carlos Ramírez, aseguró que sus hombres cumplían con labores de erradicación y fueron agredidos por los campesinos.“Por parte de campesinos instrumentalizados por los grupos armados organizados, como el Clan del Golfo y Los Caparros, hacen una asonada contra esta unidad militar. Esta asonada es violenta, esta asonada es con elementos y vías de hecho hacia los soldados”, indicó el alto oficial.Ante el hecho, los campesinos bloquearon la vía a la costa Caribe por varias horas con vehículos atravesados.La alcaldesa de Valdivia aseguró que la comunidad necesita el apoyo del gobierno para vivir de proyectos productivos y dejar de lado los cultivos ilícitos.
Autoridades investigan la muerte de un civil tras una asonada contra el Ejército en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño.De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron la tarde del lunes 23 de noviembre cuando militares adelantaban labores de erradicación de cultivos ilícitos.“Unos individuos entran en confrontación con las tropas, donde resulta herida una persona, los pobladores lo sacan del sector y según sus versiones, al parecer fallece”, indicó la Séptima División del Ejército en un comunicado.La muerte del civil generó más alteraciones de orden público en Tarazá y bloqueos en la vía que conduce a la costa Caribe, la cual fue cerrada de forma preventiva, según informó Invías.El Ejército señaló que inició una indagación disciplinaria interna para esclarecer lo sucedido.
Tras el operativo de la fuerza pública en el que fue dado de baja alias ‘Caín’, señalado cabecilla de Los Caparros, este grupo criminal estaría intimidando a la población civil del Bajo Cauca antioqueño.Un panfleto que ha circulado en redes sociales y aplicaciones como WhatsApp anuncia un supuesto toque de queda ordenado por esta organización para el fin de semana.“No queremos ver negocios abiertos, ni vehículos circulando por las vías”, se lee en el volante.Por su parte, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, señaló: “Ante información sobre amenazas de un grupo armado organizado a la población del Bajo Cauca antioqueño; tropas del Ejército adelantan operaciones militares y policiales en el área para proteger a la población”.De otro lado, unos 70 campesinos se desplazaron de la vereda Buenos Aires del municipio de Cáceres, ante intimidaciones de hombres armados.De acuerdo con Blu radio, estas personas recibieron atención por parte de la Alcaldía de Caucasia y el general Ramírez dijo que se activó un plan de acompañamiento y refuerzo de seguridad con la Policía.Precisamente, este viernes en un conversatorio de la Comisión de la Verdad y Colombia 2020 de El Espectador, líderes y autoridades analizaron el panorama de seguridad en esta subregión de Antioquia, donde pese a la firma del proceso de paz, se registra un recrudecimiento de la violencia por cuenta de la acción de diferentes actores armados que buscan hacerse con el control del narcotráfico y la minería ilegal. Emiliano Alcides Osorio, alias ‘Caín’, era uno de los delincuentes más buscados por las autoridades.“Tenía su accionar criminal en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba, en actividades de narcotráfico que se disputaba con los criminales del Clan del Golfo; extorsiones en contra de finqueros; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, entre otros”, dijo el presidente Iván Duque al anunciar que había sido dado de baja en Tarazá.
En una funeraria en el sur de Bogotá fue velado el hombre de 33 años que apareció muerto en una caneca de basura de un conjunto residencial del norte de la capital.(En contexto: Hallan cadáver en shut de basuras de un conjunto en Bogotá)Las autoridades lo identificaron como Jaime Alejandro Zamora, un economista que trabajaba en el área de importaciones y exportaciones de una aerolínea.El cadáver fue hallado por personal de aseo que hacía su ronda de limpieza en la torre dos del edificio en Teusaquillo. Según la Policía, el hombre se encontraba departiendo con unos amigos y, al parecer, salió del apartamento para recibir una llamada, pero no regresó.El dictamen de Medicina Legal arrojó que el cuerpo de Zamora, quien estaba casado y tenía dos hijas, no presenta signos de violencia.
El gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, lanzó este lunes la nueva versión del programa Estado Joven, el cual busca facilitarle a miles de jóvenes su ingreso al mercado laboral.De las 6.200 entidades que hay en la administración pública, unas 488 están ofertando, desde este primero de marzo hasta y el 19 de marzo, las vacantes que tienen disponibles para que los jóvenes sin experiencia puedan hacer sus prácticas en organismos del Estado y, por esa vía, incursionar más fácilmente en el mercado laboral.“¿Cómo le exigen a una persona que está estudiando experiencia laboral? No la puede tener y por esa razón hemos hecho la tarea para quitar esa talanquera”, explicó Fernando Grillo, director del Departamento Administrativo de la Función Pública.El registro y postulación de las vacantes se realizará a través del sistema de información del Servicio Público de Empleo con apoyo de las agencias de gestión y colocación de empleo de las cajas de compensación familiar.“Cada vez que sale un reporte del DANE mirando el desempleo, automáticamente salen dos poblaciones muy fuertes: mujeres y jóvenes”, indicó Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo.Las alcaldías de los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial podrán participar.“Conseguimos 6 mil millones de pesos, que aparentemente no es mucha plata, pero nos da la pauta, la ruta para empezar a volver a trabajar en el programa Estado Joven”, dijo Cabrera.El programa está dirigido a jóvenes entre los 15 y 28 años de edad con formación en los distintos niveles educativos.Las prácticas laborales tendrán una duración máxima de cinco meses con una intensidad horaria de 38 horas a la semana y los estudiantes seleccionados recibirán el pago de un auxilio de práctica mensual, que equivale a un salario mínimo mensual legal vigente de 908.526 pesos.Para el sector privado, promete el Ministerio del Trabajo, se está impulsando un beneficio de deducción tributaria para aquellas empresas que contraten a jóvenes de 18 a 24 años de edad en su primer empleo.“Por cada cien pesos que paguen por estos muchachos, que contraten a esto jóvenes, ellos pueden deducir de su impuesto de renta el 120 por ciento”, aseguró el ministro.Para el segundo semestre del 2021, el programa Estado Joven cuenta con recursos para financiar a un poco más de mil practicantes en todo el país.Además, diferentes empresas del sector privado abrieron oportunidades para emplear a jóvenes de perfiles muy variados.Por ejemplo, la agencia de empleo de Compensar tiene registradas oportunidades laborales en diferentes empresas y para todos los perfiles.Vacunación: 40 vacantesCall Center: 80Ventas: 40Post cosecha: 30Hidrocarburos: 10“Estamos buscando auxiliares de enfermería para que adelanten todo el proceso de vacunación del COVID, asimismo, tenemos vacantes para asesores comerciales con experiencia en ventas, agentes de ‘call center’ bilingües con experiencia en servicio al cliente y operarios de post cosecha para trabajar en el sector floricultor. Por último tenemos vacantes para operarios en el sector hidrocarburos”, manifestó Karen Johana Garzón, coordinadora de Empleo y Capacitación de Compensar.También, al estar en auge los servicios de tecnología y telecomunicaciones, empresas como Óptima abrieron una convocatoria.“Se hace necesario que el ingeniero o la ingeniera, el tecnólogo, el técnico o quizás ese estudiante del Sena o de últimos años de carrera, cuente con Óptima como una opción: necesitamos 20 personas aproximadamente”, anunció Andrés Aparicio, directivo de esa compañía.Y algunas multinacionales norteamericanas les apuestan a jóvenes que buscan su primer trabajo.“En este momento tenemos más de 400 vacantes a nivel nacional en el área de ventas, estamos buscando los mejores vendedores de toda Colombia con experiencia y sin experiencia”, señaló Karen Parrado, reclutadora de ‘Home Territory’.Los emprendimientos también buscan talento joven. ‘Wakea’ es una empresa antioqueña que busca innovar con un kit para cultivar hongos comestibles.“Acá buscamos jóvenes que no les guste la empresa tradicional (...), donde no tienen mucho espacio para opinar, donde están con un guion, con el manual a toda hora (...), nos gustan jóvenes que vengan a proponer, proactivos que no les de miedo metérsela toda”, dijo Raúl Hoyos Arango, gerente del emprendimiento ‘Wakea’.Según este emprendedor, la curiosidad, el inglés y la disposición para aprender son las competencias más importantes para encontrar trabajo.
La Iglesia católica y otras organizaciones de derechos humanos dieron a conocer la cruda radiografía que deja el conflicto armado en el Alto Baudó, en Chocó, que tiene a más del 50 por ciento de su población confinada y desplazada.Hacinamiento, hambre, miedo, zozobra y debilitamiento de los procesos organizativos, más el sentimiento de abandono y precaria atención del Estado, fue lo que halló la comisión humanitaria –compuesta por representantes de la ONU, la Iglesia y las comunidad étnicas- que recorrió 10 comunidades en el Alto y Medio Baudó durante cuatro días.¿Qué encontraron allí? Ramiro Rodríguez Padilla, asesor del foro Interétnico del Chocó, lo explica.“Control social y territorial por parte de los actores armados, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, instalación de minas antipersonales, amenazas y señalamientos a líderes y comunidades. Asesinatos selectivos”, dijo.La Mesa Indígena denunció que en los municipios de Bagadó, Medio San Juan, Juradó, Medio y Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién y Riosucio viven la misma crisis humanitaria del Alto Baudó.“Todas las comunidades del departamento del Chocó están en riesgo. Estamos atropellados psicológicamente, nuestros padres, nuestros hijos se están suicidando”, declaró Víctor Carpio, coordinador de Derechos Humanos de la Mesa Indígena del Chocó.La misión humanitaria también señaló que hay connivencia entre la fuerza pública y los grupos delincuenciales, limitando la movilidad y productividad en los territorios.“En términos de represión, ponen a la comunidad en unas condiciones de que u optan por tomar algún tipo de relación (con los armados) o de lo contrario la vida corre peligro”, denunció Rodríguez.La situación es tan grave que en lo que va del 2021, por cuenta del conflicto entre el ELN y el Clan del Golfo en Chocó, se han registrado tres asesinatos de líderes indígenas y otros cuatro, víctimas de minas antipersona.Tras su visita por la zona, monseñor Juan Carlos Barreto, el obispo de la Diócesis de Quibdó, pidió que se implemente un acuerdo humanitario que permita una salida urgente a la grave situación de violencia que tiene confinadas, sin la posibilidad de pescar, cazar y mantener sus cultivos, a las comunidades, lo que se traduce en hambre.“Tenemos que insistir en la implementación del Acuerdo de Paz, en buscar una salida negociada al conflicto, en un acuerdo humanitario ya para el Chocó, que es una respuesta inmediata y tenemos que garantizar que el Estado tenga un relacionamiento diferente con las comunidades”, dijo.Además, agregó: “Hacemos un llamado a los grupos ilegales para que reconozcan que las comunidades los perciben como un cáncer que les terminó de dañar la vida”.
El velocista jamaiquino Yohan Blake, cuádruple medallista olímpico, afirmó que preferiría perderse los Juegos Olímpicos de Tokio que ponerse la vacuna contra el COVID-19."Me mantengo igual, no quiero la vacuna", dijo Yohan Blake al diario 'Jamaica Gleaner' tras competir el sábado en unas pruebas clasificatorias por la Asociación Administrativa Atlética de Jamaica celebradas en el estadio nacional de Jamaica."Prefiero perderme los Juegos Olímpicos que ponerme la vacuna. Yo estoy feliz", reafirmó el medallista de oro en relevos 4x100 metros en Río 2016 al citado medio, pero sin explicar el motivo."No quiero entrar en eso ahora, pero tengo mis razones", enfatizó Yohan Blake, de 31 años y quien arribó tercero en su prueba del sábado en los 200 metros lisos.A James Rodríguez y a Gareth Bale les va bien en Inglaterra y de una le dan palo al Real MadridLa organización de Tokio 2020 ya advirtió que no va a obligar a los países a que sus deportistas vayan vacunados a los Juegos Olímpicos, pero algunos Comités Olímpicos ya han empezado a poner las primeras dosis, como Lituania, Hungría, Serbia, Israel y Singapur.Alemania, Canadá, Gran Bretaña e Italia ya han confirmado que no pedirán prioridad para los suyos.Yohan Blake ya se había pronunciado en contra de la vacunación a principios de febrero.El evento deportivo llevado a cabo el sábado fue uno de los ocho celebrados en Jamaica, marcando el regreso atlético de mayor escala en el país caribeño desde que se supo del primer caso de COVID-19 en dicho territorio.Yohan Blake aún se mantiene como el segundo velocista más rápido en la historia en las pruebas de 100 y 200 metros lisos, al marcar 9.69 y 19.29 segundos, respectivamente.Yohan Blake, campeón mundial en los 100 metros lisos en 2011 y subcampeón olímpico en los 100 metros lisos en Londres 2012, detrás de su compatriota Usain Bolt, dijo además que espera competir a nivel internacional en mayo próximo.⚽ Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.
Esta es la carta que recibió Noticias Caracol del partido del expresidente Uribe, en donde se hacen duras críticas a los magistrados investigadores que tuvieron su caso en la Corte Suprema de Justicia.Dice que la investigación de la corte se hizo a espaldas de Álvaro Uribe y cuestiona al magistrado José Luis Barceló por negar, en su momento, que existiera una investigación en contra del exmandatario, pero que sorpresivamente lo llamó a indagatoria, sin permitirle el derecho a la versión libre.También habla de interceptaciones ilegales contra Álvaro Uribe, a pesar de que la Fiscalía había advertido que estaban escuchando al expresidente y no a Nilton Córdoba, contra quien sí existía una orden de interceptación. Asegura la carta que, pese a esa advertencia, la interceptación se mantuvo por orden del magistrado José Luis Barceló.En la carta, que también es un duro cuestionamiento al magistrado César Reyes, advierte el Centro Democrático que la corte no permitió a la defensa de Uribe contrainterrogar a los testigos claves en su contra, como el caso de Juan Carlos Sierra, alias ‘el Tuso’, sobre visitas que le habría hecho Iván Cepeda y mensajes que habría recibido del magistrado José Luis Barceló para que hablara en contra de Uribe.