El Tribunal Superior de Bogotá anuló la condena contra el empresario Carlos Mattos, quien fue sentenciado por la Fiscalía a nueve años de prisión el pasado 9 de mayo.Capturan a cinco personas por el asesinato del fiscal Marcelo PecciUn juez consideró que el ente debe determinar la totalidad del incremento patrimonial del empresario y advertirle que solo obtendrá rebaja de pena al reintegrar la totalidad de esa cantidad.“Carlos José Mattos Barrero pudo haber obtenido un incremento patrimonial como consecuencia de la medida cautelar decretada por el juez corrupto, porque así mantuvo la exclusividad en la comercialización de los vehículos de la casa automotriz Hyundai”, señala la decisión.En ese sentido, “la sala comparte el criterio expresado por el delegado del Ministerio Público cuando señaló que no basta que el delegado de la Fiscalía o la defensa del procesado manifiesten que no existe evidencia de un incremento patrimonial producto de los ilícitos, sin que el órgano investigador haya realizado algún acto investigativo con esa finalidad”.Esposo la dejó cuadripléjica y hoy lucha por volver a caminar: “Dios me tiene parada por algo”Condena de Carlos MattosAdemás de ser sentenciado a 9 años, 5 meses y 10 días de prisión, también se le había condenado a pagar una multa de 701 salarios mínimos legales vigentes y fue inhabilitado por 8 años para ejercer cargos públicos. El empresario estuvo tres años en España, hasta que el 18 de noviembre de 2021 fue extraditado a Colombia.Tres meses después obtuvo un preacuerdo en el que se declaraba culpable y pagaba una indemnización de un millón de dólares a cambio de una rebaja de pena de 5 a 8 años de cárcel.Sin embargo, este preacuerdo se cayó cuando la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló cómo Carlos Mattos salía de la cárcel La Picota sin los permisos necesarios y hacía visitas a su oficina de manera irregular, lo que desató un escándalo a nivel nacional.
Un juez condenó a 9 años, 5 meses y 10 días de cárcel al empresario Carlos Mattos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático agravado, en el caso conocido como Hyundai.En contexto: Carlos Mattos acepta cargos por soborno de $100 millones a juezaAsimismo, Carlos Mattos deberá pagar una multa de 701 salarios mínimos legales vigentes y fue inhabilitado por 8 años para ejercer cargos públicos. “No tengo palabras para ver la injusticia con que se me está juzgando señor”, dijo Mattos al final de la audiencia.¿Por qué fue condenado el empresario Carlos Mattos?Carlos Mattos, quien fuera uno de los empresarios más prestigiosos del país al tener hasta hace unos años la representación de Hyundai en Colombia, escuchó en una habitación ubicada en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita lo que sería su condena.La investigación en su contra inició por la sospecha de pago de millonarios sobornos a varios funcionarios judiciales para el redireccionamiento de una demanda contra la multinacional Hyundai, que en 2015 decidió quitarle la representación, y por lo cual Mattos pedía la imposición de medidas cautelares para revertir la decisión.La demanda quedó en manos del juez sexto civil, Reinaldo Huertas, quien también está siendo investigado por estos hechos. El segundo caso tiene que ver con un supuesto pago de otra millonaria suma de dinero a la juez Ligia del Carmen Hernández para favorecer al empresario en dicho proceso civil.En otras noticias: Exfuncionario dice que Trump propuso bombardear México: “Nadie va a saber que fuimos nosotros”Lo que se vino después fue toda una persecución judicial, ya que el empresario estuvo tres años en España, hasta que el 18 de noviembre del año pasado fue extraditado a nuestro país.Durante su audiencia de legalización de captura, alegó graves problemas de salud, incluso se desmayó en la misma. En febrero de este año, el polémico empresario logró un preacuerdo con la Fiscalía en el que se declaraba culpable y pagaba una indemnización de un millón de dólares a cambio de una rebaja de pena de 5 a 8 años de cárcel.Dicho preacuerdo se cayó cuando la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló cómo Carlos Mattos salía de la cárcel sin los permisos necesarios y hacía visitas a su oficina de manera irregular, lo que ocasionó su traslado a la cárcel de Cómbita y la pérdida de dicho beneficio.Carlos Mattos se evade de la cárcel: así se mueve libremente un preso por BogotáEscándalo de Carlos Mattos: Duque remueve de sus cargos a directores del Inpec y cárcel La Picota
Carlos Mattos aceptó este jueves cargos por el delito de cohecho en relación con el soborno de $100 millones que le hizo a la otrora jueza Ligia del Carmen Hernández, quien en 2019 reconoció haberlo favorecido en el proceso del caso Hyundai.Juez avala retirar preacuerdo entre Carlos Mattos y FiscalíaLa Fiscalía General, por su parte, solicitó una pena de 63 meses de prisión (5 años y 3 meses) contra el detenido empresario.El pasado 7 de abril, Mattos aceptó dos de los cuatro cargos imputados en un principio, lo que significaría una rebaja de hasta una sexta parte de su condena, por lo que pasaría entre 5 y 8 años en la cárcel.Carlos Mattos aceptó dos cargos y podría recibir rebaja de penaEl empresario se encuentra recluido en la penitenciaría de Cómbita, en Boyacá, a donde fue trasladado tras develarse, en un informe de Noticias Caracol, cómo se movía sin problema por Bogotá pese a estar preso en La Picota.
Durante una audiencia, el empresario automotriz Carlos Mattos aceptó dos de los cuatro cargos imputados en un principio, esto debido a que en la extradición de España hacia Colombia solo se autorizaron dos delitos, uno por soborno a jueces y otro por daños informáticos.En contexto: Lo que viene para Carlos Mattos ante la justiciaLa aceptación de Carlos Mattos en estos delitos le significa una rebaja de hasta una sexta parte de la condena, por lo que pasaría entre 5 y 8 años en prisión.El empresario responde actualmente por el delito de sobornos a funcionarios judiciales que buscaban favorecimiento propio durante el pleito legal que sostenía en la representación de Hyundai en Colombia.En el desarrollo de la audiencia se espera que Carlos Mattos ofrezca excusas públicas al país por beneficiarse durante una batalla legal. Además: Carlos Mattos se evade de la cárcel: así se mueve libremente un preso por Bogotá
Un juez de conocimiento aceptó la solicitud de la Fiscalía de retirar el preacuerdo entre el detenido empresario Carlos Mattos y el ente investigador. En una de las negociaciones se pactó una condena de 32 meses de cárcel, el pago de una multa de 30 millones de pesos y un millón de dólares como reparación a las víctimas. Todo esto a cambio de la aceptación de delitos como cohecho por dar u ofrecer y delitos informáticos; sin embargo, el juez ordenó que se inicien lo más pronto posible las audiencias preparatorias y posteriormente el juicio. Una vez culmine esta etapa se definirá si se absuelve o se condena al detenido empresario.En contexto: Juez avala retirar preacuerdo entre Carlos Mattos y Fiscalía“Al estar dentro de esa oportunidad, dentro de ese escenario procesal de encontrarse habilitada la declinación por alguna de las partes, lo que corresponde al despacho es acceder a la misma como quiera que ya fue traído a colación por parte de la defensa de víctimas, que en efecto y así obedece a un acuerdo, a una negociación, aumentar cambio de voluntades para llegar a un consenso. Pero frente a la declinación de uno de ellos, se queda sin piso y sin cimiento dicho acuerdo”, aseguró el juez de conocimiento al anunciar su determinación.En el marco de esa misma audiencia, el juez afirmó que no había posibilidad a tal negociación por la declinación de la Fiscalía, que a su vez retiró dicho preacuerdo señalando que hay graves señalamientos de un supuesto soborno para dar trámite a esa negociación. Denuncias que han sido elevadas por el periodista Gonzalo Guillén. El fiscal del caso pidió que se investiguen esos presuntos actos de corrupción.“Sería inaceptable que la Fiscalía General de la Nación convalidara o siguiera convalidando un preacuerdo del cual, según uno de los defensores señor juez, se han cometido tales irregularidades, tales ilegalidades. Otro punto, que puede ser el menos importante, es que la defensa técnica manifiesta que él considera que bajo la teoría del caso que ellos pueden presentar de la conspiración, pueden lograr derrumbar la tesis delictiva de la Fiscalía General de la Nación. Como le manifesté al inicio, la Fiscalía no buscó este preacuerdo”, aseveró el fiscal Daniel Hernández durante la audiencia.Las investigaciones contra Carlos MattosAhora lo que se viene es el inicio de las audiencias preparatorias que serían la antesala para empezar el juicio contra Mattos. El detenido empresario tiene dos investigaciones en su contra. La primera tiene que ver con el pago de un millonario soborno al juez sexto civil, Reinaldo Huertas, y a otros funcionarios judiciales para manipular el sistema de reparto y lograr que la demanda que él impulsaba quedara en manos del juez Huertas. La demanda era contra la multinacional Hyundai porque le había quitado la representación en nuestro país.El segundo proceso es por un millonario pago que habría realizado a la juez Ligia del Carmen Hernández, juez 16 civil municipal de Bogotá, quien reconoció que favoreció al empresario en un proceso judicial. Así las cosas y de acuerdo con expertos consultados por Noticias Caracol, al estar investigado por dos delitos de cohecho por dar u ofrecer y delitos informáticos, de ser hallado culpable, Carlos Mattos podría enfrentarse a una pena de 48 a 96 meses de cárcel, es decir, de cuatro a ocho años de cárcel sin ningún tipo de beneficio.
Un juez avaló el retiro del preacuerdo entre la Fiscalía y Carlos Mattos, tras los videos revelados por Noticias Caracol en los que se evidencia cómo el detenido empresario salía de la cárcel La Picota y hacía visitas a sus oficinas en el norte de Bogotá. Oficial que firmó autorización para salida de Carlos Mattos quedó como director (e) del InpecDe acuerdo con el juez, no se puede adelantar ningún tipo de negociación, ya que el ente declinó su decisión de realizar un acuerdo con Carlos Mattos. Incluso, el fiscal del caso pidió que se investiguen las supuestas denuncias de millonarios pagos para adelantar este preacuerdo que fueron realizadas por el periodista Gonzalo Guillén.Así las cosas, el juez ordenó que se inicie lo más pronto posible la audiencia preparatoria del juicio contra Carlos Mattos por los presuntos sobornos a funcionarios judiciales.Otras noticias: ¿Choque en la Policía Nacional? Piden renuncia a uno de los generales más importantesCabe recordar que luego de las revelaciones hechas por Noticias Caracol, Carlos Mattos fue trasladado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá.
Luego del escándalo que reveló Noticias Caracol sobre las salidas de la cárcel La Picota de Carlos Mattos a su oficina en el norte de Bogotá, el Inpec, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, entidad que tiene a cargo su custodia y vigilancia, ha recibido múltiples críticas por los señalamientos de corrupción de algunos de sus funcionarios.Vea también:Nos acostumbramos a la corrupción: Transparencia por Colombia ante escándalo de Carlos MattosEn Noticias Caracol Ahora, Daniela Cardona, del grupo jurídico del Movimiento Cárceles al Desnudo, explicó que este caso de Carlos Mattos es evidencia de las irregularidades que hay en el Inpec.“Se han denunciado esto, especialmente lo que pasa en La Picota. Estas personas con poder adquisitivo tienen acceso a beneficios y es una diferencia con las demás personas privadas de la libertad”, dijo.Cardona también afirmó que a las cárceles en Colombia no solo las afecta la corrupción, sino el hacinamiento que supera el 100%.Encuentre más detalles del tema en esta entrevista de Noticias Caracol Ahora.Otros temas de su interés:Así viven los ucranianos residentes en Colombia el conflicto entre su país y Rusia¿Qué contempla la ley frente a la legítima defensa?
Carlos Mattos es un detenido que desde su llegada al país, tras ser extraditado de España, recibió varios beneficios polémicos en la cárcel La Picota, su primer sitio de reclusión. Tal vez uno de los primeros se dio con uno resolución del 24 de noviembre del año pasado en donde se ordenó el cambió de patio que Mattos solicitó por ostentar una condición de excongresista. El empresario fue trasladado de un patio con presos por delitos comunes al patio para funcionarios públicos.Vea también: Carlos Mattos se evade de la cárcel: así se mueve libremente un preso por BogotáEn cuanto a las salidas de la cárcel, Mattos recibió seis autorizaciones, cinco para citas médicas y una para presentarse ante un juez. Uno de los permisos médicos se dio mediante una resolución, fechada el 18 de febrero de este año, para el desplazamiento el 21 del mismo mes a la clínica Palermo. La resolución fue firmada por el entonces director de custodia y vigilancia del Inpec, teniente coronel Joaquín Darío Medrano. La misma dice:“Ordenar la remisión médica de la persona privada de la libertad antes mencionada, del complejo carcelario y penitenciario (ERE sur) hasta el centro médico señalado... El privado de la libertad deberá ser regresado en forma inmediata a su lugar de origen, una vez culmine los procedimientos y valoraciones médicas anotadas”.A pesar de autorizar esta salida, que Carlos Mattos utilizó para ir a su oficina privada, y de estar en la mira de la Fiscalía por las irregularidades en ese traslado, el teniente coronel Joaquín Medrano fue designado en las últimas horas como director encargado del Inpec.En contexto: Carlos Mattos dijo estar "enfermo" antes de ser trasladado a CómbitaSegún el Ministerio de Justicia, este nombramiento se da ya que Medrano se desempeñaba como subdirector encargado, cumplía los requisitos para el cargo y se encontraba en el rango necesario, aclarando que esta decisión es temporal hasta que el presidente de la república nombre un nuevo director en propiedad.En la compulsa de copias que hace la Fiscalía, se pide que también investigue qué responsabilidad tiene Medrano en estos hechos.
Tras el informe de Noticias Caracol sobre Carlos Mattos, en el que se veía cómo salía de la cárcel La Picota de Bogotá para tener reuniones clandestinas en una oficina del norte de la ciudad, el Ministerio de Justicia y el Inpec ordenaron el traslado de seis detenidos.Carlos Mattos salió 12 veces de prisión para, supuestamente, ir al médicoEl primero es Eduardo Enrique Pulgar Daza, que sale del batallón de Malambo, en Atlántico, hacia el ERE sur de La Picota.También se ordenó el traslado de Juan José Valencia, alias ‘Falcon’, que pasa de la Unidad de Medidas Especiales de esta cárcel capitalina al pabellón de extraditables.Emilio Tapia Aldana será sacado de La Picota para llevarlo al penal de Picaleña, en Ibagué.Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, también recluido en el penal capitalino, pasa al pabellón de alta seguridad de Palogordo en Girón, Santander.El exgobernador de Arauca José Facundo Castillo será trasladado de La Picota a Popayán y Leonardo Muñoz Martínez, integrante de la banda La Oficina, a la cárcel de Ibagué.Carlos Mattos dijo estar "enfermo" antes de ser trasladado a Cómbita
El Inpec profirió por lo menos 14 resoluciones que tienen que ver con Carlos Mattos, 12 de ellas para que pudiera salir de la cárcel a presuntas citas médicas. La primera se produjo 6 días después de su llegada a Colombia.Nos acostumbramos a la corrupción: Transparencia por Colombia ante escándalo de Carlos MattosEn ese entonces, su abogado defensor, Iván Cancino, solicitó el cambio de patio o de torre invocando su condición de excongresista.Entonces empezaron las autorizaciones para ir al médico, solicitadas por el coronel Wilmer Valencia Ladrón de Guevara y una médica y firmadas por el teniente coronel Joaquín Darío Medrano Muñoz.Director saliente del Inpec se pronunció ante escándalo por salidas de MattosLa primera se suscribió el 13 de diciembre y se ejecutó el día 14 para que Carlos Mattos asistiera al servicio de neurología en la Asociación Médica de Los Andes. Salió a las once de la mañana y tenía que regresar a más tardar a las dos de la tarde.Cuatro días después, el 17 de diciembre, se expidió una nueva boleta, esta vez para salidas el 21 y 30 de ese mes, también a neurología y medicina interna.El 21 y 29 de diciembre se expidieron dos órdenes más y el 6 de enero se firmó la primera del 2022, para que el 11 fuera a un examen de laboratorio.El 21 de enero va a La Samaritana a una urgencia y el 10 de febrero le retiran unos puntos. El 11 vuelve a salir.El 18 de febrero, el coronel Valencia firma otra salida para que Carlos Mattos vaya a exámenes de laboratorio el día 21, en la Clínica Palermo.Esta es una de las citas donde el empresario y sus guardias se desviaron de camino y terminaron en una oficina del norte de Bogotá, tal como lo reveló el informe de Noticias Caracol.La última resolución médica fue el 23 de febrero, para ir al servicio de oftalmología en la calle 50 con carrera 13, muy lejos de donde se le vio en citas personales en la oficina allanada por la Fiscalía este 2 de marzo.En total, Carlos Mattos salió 12 veces de prisión para, supuestamente, ir al médico.Carlos Mattos fue trasladado de La Picota a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita
La primera persona a la que el Estado peruano le aprobó la eutanasia, Ana Estrada (47 años), quien padecía una enfermedad degenerativa progresiva, murió el domingo mediante este procedimiento médico, informó este lunes su abogada en un comunicado.Martha Sepúlveda recibió la eutanasia tras meses de espera"El domingo 21 de abril de 2024, Ana Estrada ejerció su derecho fundamental a una muerte digna y accedió al procedimiento médico de eutanasia. Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final", indicó la abogada Josefina Miró Quesada.El comunicado detalló que el procedimiento médico se realizó conforme al Plan y Protocolo de Muerte Digna aplicable a Estrada, que fue aprobado por el seguro social estatal EsSalud "en el marco de la histórica sentencia a su favor, emitida el 23 de febrero de 2021 y ratificada por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio de 2022".Ana Estrada sufría desde los 12 años polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita los músculos y que la mantuvo conectada a un respirador artificial.En los últimos años, fue el símbolo de la eutanasia en Perú, puesto que fue de las primeras personas en abrir su debate en la sociedad."Ana partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía", compartió la familia en la información al agregar que agradeció a los funcionarios públicos que integraron en su momento la Defensoría del Pueblo y la defendieron.Recordó que su caso permitió que la justicia peruana reconociera por primera vez en su historia "que todos tenemos derecho a morir con dignidad", tras una batalla legal que empezó en 2019."La lucha de Ana por su derecho a una muerte digna ha permitido visibilizar y sensibilizar a miles de peruanos y peruanas sobre la importancia de defender este derechos. Su lucha ha trascendido las fronteras de nuestro país y ha marcado un hito en la región", señaló.Añadió que Ana Estrada, psicóloga de profesión, "se convirtió en el rostro de esta justa causa que se propone defender la dignidad de principio a fin y la libertad de decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos"."El legado de Ana vivirá en la mente y el corazón de muchas personas y en la historia de nuestro país. Sus familiares y seres queridos celebramos su vida, y agradecemos las muestras de solidaridad, apoyo y comprensión hacia la lucha de Ana", concluyó el comunicado.El 22 de enero pasado, Ana Estrada se mostró satisfecha de poder elegir al médico que la asistiera cuando decidiera someterse a la eutanasia, tras la resolución de las observaciones que hizo al protocolo del procedimiento el seguro social."Esto es para mí, exactamente, como me lo propuse desde el primer día… Yo sabía que esto era una garantía para mi vida. Yo necesitaba esta carta verde para que yo pueda vivir con plenitud en esta última etapa, que no sea dolorosa, ni con angustias de qué es lo que va a pasar", dijo entonces la paciente.Joven decide practicarse la eutanasia debido a graves problemas de salud mental
Un juez decidió enviar a la cárcel a un extranjero en Medellín que habría ofrecido dinero a una menor de 17 años para tener relaciones sexuales en un apartamento del barrio El Poblado.La razón por la que dejaron libre a ciudadano chino hallado en Medellín con menor de edad"De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), la noche del pasado 18 de abril, el extranjero habría llevado con engaños, hasta su apartamento del barrio El Poblado de Medellín, a la adolescente", señaló la Fiscalía en un comunicado.La menor se negó a las pretensiones del hombre de 57 años y denunció el hecho ante las autoridades, por lo que posteriormente el sujeto fue capturado."Ante la negativa de la víctima, el hombre, al parecer, la empujó y la saco del inmueble. La menor fue auxiliada por los vigilantes del edificio y, luego de poner el caso en conocimiento de las autoridades, el extranjero fue capturado", anotó el ente investigador.Este extranjero en Medellín fue imputado por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y, según la Fiscalía, el hombre no se allanó a los cargos.Robaron un Rolex en Medellín y pidieron $75 millones para devolvérselo al dueño, pero los atraparon
El Sena lanzó una convocatoria del Fondo Emprender por 45.000 millones de pesos para financiar proyectos campesinos en todo Colombia.Más de 500 mujeres emprendedoras podrán recibir hasta $100 millones: ¿cómo postularse?Jorge Londoño, director del Sena, estuvo en Signo Pasos para explicar detalles de dicha convocatoria y cómo los interesados pueden acceder a estos recursos.Sena le certificará gratis habilidades en construcción, diseño y más: hay 5 mil cupos
El domingo 21 de abril de 2024, en varias ciudades de Colombia se registraron multitudinarias marchas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien, lejos de escuchar el clamor de muchos ciudadanos, se ha dedicado a minimizar las movilizaciones.Iván Name le hizo una petición al presidente Petro tras las movilizaciones: “No invente problemas”Para analizar el impacto de estas marchas, a Juan Esteban Lewin, jefe de redacción del diario español El País en Colombia, y Pedro Medellín, profesor de la Universidad Nacional, estuvieron en Sala de Prensa.Andrés Calle sostuvo que las marchas del domingo “son un acto para reflexionar y llegar a acuerdos”
Después de más de cuatro décadas, aún no se sabe con certeza qué paso con un grupo de estudiantes víctimas de desaparición forzada a finales de los años 70 y principios de los 80.Alejandro Arias, presunto homicida del veedor Jaime Vásquez, fue enviado a la cárcelHoy los que piden justicia son los hijos, los hermanos y los nietos de ocho estudiantes de la Universidad Nacional detenidos, desaparecidos y torturados por lo que en su momento se conoció como una alianza criminal entre el Movimiento Muerte a Secuestradores, en cabeza del narcotráfico, y el F2, la Policía secreta.“Fueron en su mayoría personas jóvenes, estigmatizadas por agentes e instituciones formalmente representantes de un Estado de derecho, pero que jamás se ciñeron al derecho. Si privaron de la libertad, si fingieron que investigaban delitos, si engañaban con falsificadas protecciones de la ley o de las víctimas, ninguna de sus diligencias siguió trámites legales”, expresó en un discurso Javier Giraldo, defensor de derechos humanos.Como un acto de justicia y una medida de un poco de reparación, por primera vez la Universidad Nacional de Colombia otorgó ocho grados honoríficos y simbólicos a estudiantes víctimas de desaparición forzada.Teresa San Juan, hermana de Alfredo y Humberto San Juan, desaparecidos el 8 de marzo de 1982, y algunos de quienes dibujaron la emblemática imagen de Ernesto Che Guevara en el campus universitario, esperó por este tipo de reparación 42 años.“Cuarenta años de lucha, 40 años de búsqueda, 40 años recorriendo los periódicos, 40 años recorriendo las calles con carteles”, recordó Teresa San Juan.Carlos Armando Joya, hermano de Edilbrando, estudiante y cerrajero desaparecido el 13 de siempre de 1982, dice que su hermano tenía que presentar un examen, pero nunca llegó.“Yo vine a preguntar con los compañeros y los profesores qué había sucedido y empecé a enterarme de cosas que no tenía idea. Ya había algunos estudiantes desaparecidos, otros mismos de los que estamos aquí nombrando, el caso Colectivo 82, y Edilbrando fue el último de los estudiantes”, contó Joya.Cuarenta años de una escandalosa impunidad, dicen las familias. Padres que se cansaron de recorrer las calles pidiendo justicia. Sin embardo, hoy ninguno está vivo para recibir este reconocimiento.“Yo aspiro a no morirme sin conocer la verdad, yo quiero la verdad y quiero justicia”, dice Nancy García Villamizar, hermana de estudiante desaparecido.“Llegaron al taller, entraron y se identificaron como miembros del F2 y dijeron que lo iban a llevar para una investigación. Mis primos trabajaban con mi papá e intentaron detenerlo porque lo llevaban hombres fuertemente armados y se lo llevaron, lo subieron a una camioneta panel ese día y de ahí no hemos vuelto a saber nada de él”, recordó Martha Ospina, hija de uno de los estudiantes desaparecidos.Hace 30 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado responsable de estas desapariciones y hace dos años fueron declarados crímenes de lesa humanidad. Todo esto ocurrió en el marco del Estatuto de Seguridad, entre 1978 y 1982.Rafael Barrios, cofundado del Cajar, asegura que “son agentes del Estado los que perpetraron está desaparición forzada”.Estas son algunas de las familias de lo que se conoce como el Colectivo 82, quizás el primer caso de desaparición forzada colectiva de la que se tiene registro en Colombia, los mismos que encabezaron las marchas de los claveles blancos.“La gente salía consternada viéndonos a nosotros haciendo esto porque decían: ‘¿Pero si en Colombia no hay desaparecidos? ¿Cómo así?’. Y nosotros le decíamos: ‘Sí hay desaparecidos. Mírelos, aquí están, son ellos, son mis hermanos, mírelos’”, manifiesta Carlos Armando Joya.Un precedente para la historia, una herida que no se cierra, un grado que solo será póstumo cuando las familias reciban los cuerpos de sus seres queridos.Caen señalados traficantes que estarían enviando armas a disidencias de las FARC