Desde Monterrey, Casanare, ciudadanía denuncia la aparición de desechos biológicos que fueron arrojados muy cerca de un parque al que van a jugar los niños. Jeringas y muestras de sangre quedaron esparcidas por el terreno generando un grave peligro.Vea también: Perrita murió electrocutada en Bogotá: la sacaron a pasear y recibió una descarga en un poste“Hay algún laboratorio que está botando las cosas de muestras de sangre y los señores que están reciclando vienen y dejan ese reguero en un lugar que es totalmente peligroso para nuestra comunidad, lo están dejando botado al lado de la cancha, donde nuestros niños juegan, el único punto de recreación que tenemos y vienen a contaminarnos con estos residuos peligrosos. Queremos hacer un llamado a la persona encargada, que, por favor, se apersonen para que tomen control y hagan las respectivas verificaciones” manifestó Fidel Castro, denunciante.La comunidad pide una pronta solución respecto a la aparición de estos desechos biológicos.Más denuncias En Aracataca, Magdalena, los habitantes del barrio Villa del Río, etapa 1, llevan tres meses atrapados en sus casas por cuenta de las obras de pavimentación que quedaron estancadas.El escalafón del nuevo Sisbén, en Soledad, Atlántico, tiene inconformes a decenas de personas que quedaron por fuera de los beneficios al ser estratificados en niveles más altos. Ellos piden ser escuchados para que se atiendan sus casos.
Desde la vereda La Turua, en Aguazul, Casanare, denuncian el abandono en el que quedó la construcción de una escuela.“Desde hace unos años iniciaron esta obra y hasta el momento solo es maleza y un techo, el cual no terminaron. Se olvidaron de la escuela. Ha estado así desde hace seis años, nada que lo arreglan y no le prestan atención”, dijo Carlos García, habitante de Aguazul.Desde el 2009, esta construcción es la representación de otro elefante blanco, uno más de los miles que hay en Colombia.
Este jueves, 18 de marzo de 2021, se adelantaron labores con maquinaria pesada para recuperar el cauce del río Pauto, en Casanare, que estaba convertido en un desierto de arena.Esta problemática con el afluente tiene que ver con el negocio tras las concesiones que otorga Corporinoquía para captar la cantidad de agua permitida por la norma, pero que resulta en excesos por parte de dueños de cultivos.“Se paga el servicio del recurso hídrico a Corporinoquía, de eso tengo pleno conocimiento”, dijo Eduardo Alfonso Pérez, miembro del canal de captación Asopauto.La denuncia de Noticias Caracol prendió las alarmas y la autoridad ambiental cerró el chorro a los canales que secan el río y destruyó los trinchos y barreras que construyen los industriales por fuera de lo permitido.“Derribamos todas estas obras que estaban ocasionando que no fluyera el agua del río Pauto normalmente”, afirmó Héctor Miguel González, subdirector de Corporinoquía.“Si nosotros tenemos que pagársela al Estado, se la pagamos y ni pagándosela nos la dejan”, señaló Edilberto goyeneche, de la asociación de usuarios de canal de agua Asotascosa.La maquinaria regresó el cordón hídrico a su cauce y la Policía incautó varias motobombas.“Dentro de esta pandemia (en la que) que estamos acabados con necesidades, hambre, le hemos producido los alimentos al pueblo y hoy día no sé qué entidad nos manda a quitar el agua”, sostuvo Guillermo Cruz Moreno, dueño de un canal de captación.“Estaremos atentos a aquellas personas que estén infringiendo todo lo que compete a delitos ambientales”, puntualizó el subdirector de Corporinoquía.En otros ríos del Casanare ocurre lo mismo, algunos arroceros y palmeros abusan de las licencias otorgadas y captan más del caudal permitido sin importar que sea verano.
Los estudiantes del colegio Jorge Eliecer Gaitán del municipio de La Salina, en Casanare, no podrán regresar a las aulas, en alternancia escolar, debido a una falla geológica que destruyó las vigas, paredes, pisos, puertas y ventanas.La institución se convirtió en un peligro inminente. El alcalde de La salina, Octavio Salamanca Moreno, ni siquiera sabe cómo brindarle educación cerca de 200 estudiantes.“El colegio se me viene abajo, se está derrumbando, tengo más de 200 niños que estarían por fuera de la clase entonces. ¿Qué voy hacer con esos niños?”, declaró el alcalde Octavio Salamanca Moreno.Los padres de familia no piensan arriesgar a sus hijos si las aulas de clase se están cayendo.El terreno donde fue construida la institución educativa presenta una filtración, está construido en una zona de recarga hídrica y, de acuerdo a un estudio, hay amenaza de deslizamientos en masa.“En 2019 se hizo una consultoría, la cual tuvo una justificación en que se presentaron unas grietas muy visibles en la institución educativa, debido a que en la montaña se presenta una fuerte saturación y hay un peligro de remoción en masa”, manifestó el director de Gestión del Riesgo en Casanare, Guillermo Pérez.La secretaria de Educación de Casanare, la licenciada Elizabeth Ojeda, anunció una solución al requerir al alcalde de La salina un nuevo terreno para construir otro colegio “que disponga en lo posible de los servicios básicos”.Las autoridades municipales deberán implementar una estrategia que permita a los alumnos continuar con su plan de estudios mientras se construye la nueva institución educativa.
El periodista Óscar Medina, quien es contratista del Hospital Regional de Yopal, institución que le aplicó el biológico, publicó en sus redes sociales fotografías del momento en que estaba siendo vacunado. Esta fue su explicación de por qué recibió la vacuna.“A Óscar Medina, el Ministerio de Salud no lo priorizó para ser vacunado por ser periodista, lo priorizó porque Óscar Medina tiene un taller oficina de equipos biomédicos dentro del Hospital Regional de la Orinoquía y todos los días estoy dentro de la oficina con mis técnicos monitoreando toda la labor que se hace y pendiente de esos equipos que están en las salas COVID”, detalló Medina.Entretanto, la Secretaría de Salud de Casanare emitió una circular estableciendo reglas para la aplicación de la vacuna y señaló que ya hay una investigación por este caso.“Hay sanciones disciplinarias, hasta sanciones penales que pueden llegar a solicitarse de las personas que se pasen en la fase de priorización de este plan de vacunación contra el COVID-19”, señaló Yenny Fernanda Díaz, secretaria de Salud de Casanare.Entre el comunicador y el hospital existe un contrato firmado el primero de marzo de 2021 por valor de 435 millones de pesos. Sin embargo, la gerente indicó que se vacunó por estar en la lista de los priorizados por el ministerio.“Creemos en que la información que está reportada por cada una de las empresas contratistas es verídica, y pues obviamente nuestro deber está en vacunar a todas las personas que aparezcan en esta base de datos del ministerio”, aseguró Arledy Alvarado Patiño, gerente del Hospital Regional de Yopal.La comunidad pide priorizar al personal de salud y a los adultos mayores para la vacunación contra el COVID e investigar y sancionar a quienes se saltan los turnos.
El río Pauto era un caudaloso e imponente cordón hídrico de Casanare que albergaba vida en abundancia, pero fue entregado en concesión. Ahora solo es un árido río, con corrientes de arena movidas por la brisa.“Aquí se acabó la pesca, se acabó el agua y, así como vamos, nos vamos a acabar hasta nosotros mismos”, dice el pescador Alciviades Arciniegas.El finquero Hugo Díaz afirma que no hay agua ni para las gallinas.El río fue intervenido para conducir el agua a los cultivos agroindustriales, mientras pueblos enteros padecen por el agua que Corporinoquia entregó en concesión.Según Jaime Leonardo Montaña, secretario de Gobierno de Pore, Casanare, “se ha gestionado un carrotanque para llevar este líquido preciado a esas familias que están padeciendo esta problemática, están padeciendo literalmente sed por la captación ilegal que se ha hecho por parte de esta asociación”.Corporinoquia inició en 2019 un proceso sancionatorio contra Asopauto que días después fue suspendido; un juez de tutela le ordenó a la corporación continuar el proceso y tomar medidas de fondo.
Todos los años una nube de polvo avanza desde el Sahara, en África, por América y Europa, pero no siempre se presenta con la misma intensidad.El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señala que el fenómeno ocurre, por lo general, a finales de la primavera, es decir, en los meses de febrero, marzo y abril, y durante el verano, en junio y julio.Y, aunque se espera que el impacto para este año en Colombia sea mínimo, podrían presentarse algunos efectos como la reducción de visibilidad, con lo que se vería afectado el tráfico aéreo, y el aumento de temperaturas.“Se prevé para esta semana concentraciones másicas, entre leves y moderadas, de polvo Sahariano, principalmente en los departamentos de Arauca y Casanare”, según un boletín del Ideam.Sin embargo, se mantiene en revisión la calidad del aire en ciudades como Medellín y Bogotá. “Cuando tenemos estos fenómenos se afecta la calidad del aire en Bogotá y, de acuerdo con nuestros modelos, este fenómeno duraría muy poco tiempo y no sería necesario declarar alguna alerta”, aseguró la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.Las partículas provenientes de Medio Oriente tienen un tamaño de entre 2,5 y 10 micras, es decir, son muy pequeñas y pueden entrar por la nariz y la boca de quienes las respiran.Por ello, entre las recomendaciones de los expertos están evitar la exposición a grandes cantidades de este material y que las personas con enfermedades respiratorias extremen cuidados. Vea en El Espectador: ¿Cuáles son los efectos en la salud del polvo del Sahara?Además, cerrar las puertas y ventanas en caso de observar aumento considerable de partículas y cubrir fuentes de agua como pozos y recipientes de almacenamiento para evitar su contaminación.
Ángel es un niño de 6 años que vive en zona rural del municipio de Aguazul, Casanare. Aunque no sabe montar bicicleta, tenía una a la que le faltaban los neumáticos y en la que montaba impulsándose con los pies."Mi hijo ha aspirado en ser ciclista y por ahí se topó una bicicleta botada que la habían dejado otros niños cuando vivían acá, pues él se apegó de esa bicicleta y por ahí anda pa’ arriba y pa’ abajo en esa bicicleta", contó José Ángel Vargas, el padre.En esos ires y venires, sobre su averiada bicicleta, Ángel se encontró con los soldados del batallón de ingenieros de desminado humanitario del Ejército Nacional.“Al ver a Ángel es inevitable no recordar a mis hijos, y pensar que muchas veces no somos agradecidos con todo aquello que la vida nos da", reflexionó el sargento Alexánder Barbosa, líder de la compañía.Estos hombres, que se juegan la vida liberando de minas antipersonal a diferentes territorios del país, sumaron esfuerzos y le regalaron una bicicleta nueva al pequeño que andaba en los rines.Ahora sí, Ángel podrá aprender a montar bicicleta, para seguir soñando con convertirse en un deportista profesional.
La menor de edad fue sorprendida por un extrabajador de la familia, en una finca de Paz de Ariporo -Casanare- que ingresó a su cuarto con un machete amenazándola con matarla si no consentía un encuentro sexual.“Como ella no se dejó acceder le causa unas heridas bastante traumáticas, le causa la amputación del 90% del dedo índice de la mano izquierda”, explicó la madre de la menor atacada.La pequeña valiente se defendió como pudo, pero recibió varias heridas que hoy la tienen en un hospital de Yopal.“Es valorada por personal médico, pediatría y de la especialidad de ortopedia, cirugía plástica y un manejo interdisciplinario por trabajo social y psicología”, indicó Hernán Darío Santacoloma, director de urgencias del hospital regional.A Sonia Bernal, defensora del pueblo, le preocupa la poca efectividad de las autoridades.“No son lesiones personales sino es una violencia de género, es una violencia que sucede a la niña por el interés de ser violentada o abusada sexualmente”, indicó la funcionaria.El agresor fue detenido por la Policía, pero luego fue dejado en libertad.“Esa persona, como no fue capturada en flagrancia, se hace la individualización, se presenta el informe a la Fiscalía, se habla con el fiscal y nos manifiesta que con esto no se podría iniciar la investigación ya que no hubo una línea de tiempo permanente en los hechos”, señaló el coronel José Rafael Miranda, comandante de Policía de Casanare.Noticias Caracol quiso conocer directamente desde la fuente la posición que asumiría el ICBF para proteger los derechos de la menor que fue brutalmente agredida. Sin embargo, a pesar de la insistencia, la institución no quiso dar declaraciones.
Noticias Caracol conoció los detalles de una ponencia que estudia la Corte Constitucional en la que se pide declarar el estado de las cosas inconstitucionales, es decir, aplicar la herramienta o mecanismo que protege los derechos de los campesinos en materia de acceso a la tierra en Colombia. La situación de cerca de 12 millones de labriegos del país es tan calamitosa que el alto tribunal discute caminos para intervenir en esa tragedia.Don Aquilino Yanquén Ramírez tiene 61 años. Sus manos tienen callos por arar la tierra y su alma está amarga tras el olvido en el que lo dejó el Estado.Él vive con María Noemí, su esposa, en una finca sencilla situada en la vereda Quebrada Vieja, Boyacá. En ese trozo de tierra cultivan papa y maíz. Antes de empezar la brega diaria y el ordeño, se toman un tinto bien cargado y hacen cuentas tristes: por cada litro de leche les pagan apenas 900 pesos.“El campesino es el que tiene que sufrir al sol, al agua y a toditico para que las ciudades se sostengan. Nosotros pensamos en todas las personas que tenemos en las ciudades. Una persona que no tenga un bocado de comida empieza a volverse nada y se tiene que ir a un hospital. Nosotros vivimos en nuestro campo para llevar lo mejor a la gente de las ciudades”, cuenta don Aquilino.A pesar de haber labrado su parcela desde que tiene memoria, Aquilino no tiene una escritura que le permita reclamarla. Es uno de los más de 2 millones de siervos sin tierra, como la novela de Eduardo Caballero Calderón.“Vea cuántos años llevamos luchando, cuánto tiempo lucharon nuestros papás y abuelos para tener un papel, una escritura pública, pero nunca se pudo”, narra el campesino.Lo que más le amarga es sentirse como un inquilino en su propia parcela, mientras los usurpadores multiplican sus métodos, se disfrazan de colonos, trafican influencias y se apropian de los baldíos del Estado a través de sentencias legales.“Esa gente sí tiene sus escrituras públicas y uno como campesino como no tiene los dineros porque siempre hemos vivido arruinados por el gobierno, entonces pasa y sucede que uno nunca puede”, señala.Aquí la tierra no es de los campesinos: según cifras del Dane, en Colombia hay 2.370.099 predios rurales dedicados a la actividad agropecuaria. De esa cifra, 1.669.287 tienen menos de cinco hectáreas. Esa tierra que ocupan los pequeños productores corresponde al 2% del área rural del censo agropecuario.En contraste, hay 5.842 predios de más de mil hectáreas que abarcan el 73.8% de la tierra productiva. Una radiografía apabullante de concentración de la tierra que, según el índice Gini, es de 0,86% y deja a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo. Francisco Gutiérrez Sanín, director del Observatorio de Tierras de la Universidad Nacional, tilda de “obscena” la concentración de las hectáreas productivas en Colombia.“Lo primero que habría que decir es que Colombia tiene una concentración absolutamente obscena de la tierra y es una concentración de la tierra que es una cosa que rara vez se dice. No solamente es injusta socialmente, sino que además es una lápida sobre las posibilidades de desarrollo del país. Ningún país con la estructura agraria que tiene Colombia ha salido del subdesarrollo. Es así de sencillo”, aseguró Gutiérrez.Según Gutiérrez Sanín, las abismales dificultades del campesino para acceder a las tierras y la ocupación ilegal son consecuencia de un Estado que no ha sido capaz en el último siglo de hacer un inventario serio de las hectáreas. De ese caos administrativo se aprovecharon los acaparadores para correr las cercas de sus fincas, mientras los coletazos de la guerra institucionalizaron el despojo.“Al calor del conflicto armado hubo una reconcentración de la tierra básicamente a sangre y fuego y lo vemos con las cifras: los 8 millones de desplazados. El estudio más serio que conocemos sobre pérdida de tierra que es el que hizo Garay y Asociados para la Corte Constitucional, ese análisis llega a la conclusión de que más o menos el 40% de las personas desplazadas perdieron la tierra, si estamos hablamos de 8 millones de desplazados imagínese la masa de colombianos que perdieron la tierra a punta de bala”, aseguró el director del observatorio.Es tan ruinoso el destino del campo y el robo histórico de baldíos al Estado, que muchos calculan en 1,2 millones las hectáreas que la Corte Constitucional se apresta a intervenir en ese desastre.Noticias Caracol conoció los detalles de la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo que pide declarar el estado de cosas inconstitucionales en materia de acceso a la tierra para 12 millones de campesinos.Para Lizarazo, la vulneración masiva de los derechos de los labriegos ha sido tan prolongada como la omisión de las autoridades para resolverla y que la única vía para solucionar este escenario tan calamitoso es la adopción de medidas urgentes y estructurales de forma coordinada por parte de varias entidades del Estado. Según Lizarazo, es inadmisible que el Estado hoy no sepa quién posee la tierra en Colombia, ni cuáles son los baldíos que le corresponden a la Nación y que debieron ser redistribuidos para la Reforma Agraria.Ello se debe en buena medida a que solo hay información catastral confiable del 17% de los predios del país, es decir, menos de la quinta parte del territorio colombiano.Una realidad que dificulta aún más el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz que dispuso la formalización de 7 millones de hectáreas para campesinos poseedores sin títulos, como don Aquilino, y la adjudicación de tres millones de hectáreas más en la reforma agraria.Sin rodeos, Luis Alejandro Jiménez, el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos señaló la situación de desconocimiento de los baldíos.“En Colombia no existe claridad oficial de la cantidad de baldíos, su ubicación y estado de ocupación. Podría pensarse que puede ser algo deliberado para no fijar políticas y facilitar el uso informal que hacen de ellos algunos particulares, no es que el gobierno no haya podido repartir mejor los baldíos, es que no ha querido”, dijo.Otra particularidad se suma a la situación, no son pocos los casos en los que baldíos de la nación terminan en manos de clanes políticos.El último escándalo lo protagonizó la familia del exsenador del Centro Democrático y hoy embajador en República Dominicana Daniel Cabrales. En 2009 un juez de Montería les otorgó a los Cabrales 13 fincas que reclamaban en Córdoba y que sumaban 862 hectáreas.La Agencia Nacional de Tierras interpuso una tutela y aseguró que esos predios eran de la Nación.Finalmente, la Corte Suprema determinó que había muchas dudas en ese proceso y tumbó el fallo que le había entregado esos terrenos a los Cabrales.Tras concederle una tutela a la Agencia Nacional de Tierras, la Corte Suprema determinó que las 13 fincas que reclamaban los Cabrales en Córdoba podían ser predios del Estado. El portal Verdad Abierta fue el primer medio de comunicación en publicar esta investigación.Diego Trujillo, exprocurador delegado para Asuntos Ambientales, sostuvo unas declaraciones contundentes con respecto al caso de los Cabrales y otros que se han registrado en el país.“Ya son muchos los casos en donde altos funcionarios del gobierno y congresistas han obtenido propiedad de estos baldíos utilizando la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, lo cual los jueces tienen prohibido adjudicar de esta manera, en este tipo de sentencias de propiedad pública, por ser imprescriptibles”, expuso Trujillo.Ese acaparamiento de tierras, por vía judicial, ha sido una constante en Colombia. Una investigación de Dejusticia y la Universidad Nacional documentó que entre 1991 y 2018 distintos jueces del país entregaron 12.070 baldíos de forma ilegal que corresponden a 215.457 hectáreas.“En nuestras estimaciones, el 49% de la tierra que fue entregada sobrepasó los límites de la Unidad Agrícola Familiar que es una medida creada para que la entrega de la tierra no lleve a la concentración. Eso significa que esta figura habría sido usada para acumular también tierras, no necesariamente para que campesinos pobres llegaran a la propiedad rural”, sostuvo Diana Guiza, investigadora y profesora.Para Guiza, los departamentos de Casanare, Córdoba y Cesar han concentrado el 70% de este fenómeno irregular de usurpación de tierras de la Nación. Un despojo habilitado por despachos judiciales ya identificados.“Hay unos juzgados en específico que han entregado bastantes predios en periodos cortos de años, entonces hemos identificado estos jueces en Córdoba y en Casanare, por ejemplo, que en 2 o 3 años han entregado. Y eso ya empieza a generar sospechas”, manifestó Diana Guiza.Para ponerle fin a la usurpación, el gobierno Duque emprendió la actualización de la información catastral del país, es decir, identificar quiénes son los dueños de la tierra. Hoy ese avance es del 17%, pero la meta es que se llegue al 60% en 2022 y a la totalidad del territorio nacional en 2025.Para lograrlo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi gestionó dos créditos por 150 millones de dólares con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.“Definitivamente, es una deuda histórica que tenemos en Colombia. Al principio del cuatrenio solo el 5% del territorio tenía información catastral actualizada y otro 28% nunca había sido contado con este tipo de datos. Por eso el Gobierno nacional está comprometido con el avance de la política de catastro multipropósito para saldar esta deuda”, dijo Olga Lucía Morales, directora del Agustín Codazzi.En esa misma línea, se pronunció Fernanda García, la Superintendente de Notariado y Registro. Según dijo, en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por fin se está realizando el gran inventario de propiedades del Estado y, al tiempo, se han multiplicado los controles para impedir que las mafias que rondan las oficinas de registros públicos sigan enriqueciéndose.“En la oficina de Registros Públicos de Florencia y de San Vicente del Caguán nos percatamos que había un concierto para delinquir en ese aspecto. Un grupo de profesionales conjuntamente con la registradora recibían unas dádivas a cambio de alterar el sistema de información registral que nosotros tenemos en la superintendencia. No vamos a tolerar la corrupción, ya se han proferido en menos de un mes tres fallos disciplinarios con sanciones de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos”, mencionó García.A pesar del esfuerzo institucional, de los avances en la lucha contra la corrupción o del inventario de baldíos en camino, la situación de los campesinos es catastrófica.El magistrado Antonio José Lizarazo le puso números concretos al caos: el Estado hoy tramita 37.000 procesos de clarificación, recuperación y titulación de predios que podrían tardar 40 años en resolverse y costarle a la Nación casi un billón de pesos.Por ahora, la propuesta de Lizarazo es vista con buenos ojos por al menos tres magistrados más de la Corte Constitucional, es decir, arrancaría con cuatro votos, pero se necesitan cinco como mínimo para que este proyecto se convierta en sentencia. Mientras en el Palacio de Justicia se refinan los argumentos, en la finca de don Aquilino escuchan los reclamos.
En un bloqueo en Palmira, Valle del Cauca, ladrones dispararon con un arma traumática a la cara de un manifestante cuando huían de un robo.Las cámaras de un establecimiento aparentemente de comidas, ubicado en zona comercial de ese municipio, captaron el momento del hurto a varios comensales.Otras noticias: Reportan un muerto tras nuevos enfrentamientos en Puerto Resistencia: sería miembro de primera líneaTras cometer el robo los delincuentes escaparon en una moto, pero en el camino se encontraron con un bloqueo.En el acto, uno de los ladrones sacó un arma traumática y disparó a la cara de uno de los jóvenes, que intentó impedir su huida del lugar.Al final, los sujetos fueron capturados para responder por hurto calificado y tentativa de homicidio.
Consuelo Martínez Yusti tiene 73 años y luego de una cirugía se contagió de COVID-19 en Valle del Cauca. Desde hace tres días sus familiares buscan una unidad de cuidados intensivos. Según su hija, Maribel Marín, su estado de salud es grave."Nos dicen que desafortunadamente necesitamos que alguien se muera para poder darle el cupo a ella, no hemos podido conseguir en ninguna clínica de Cali un espacio”, aseguró.Desespero e incertidumbre son los sentimos de la familia de Carlos Herminio Lancheros. Una neumonía crónica derivada del COVID-19 lo tiene en grave estado de salud. Luego de 8 días de búsqueda, sus familiares tampoco han logrado ubicar una cama en una unidad de cuidados intensivos.“Entró con una saturación bajita, en estos momentos tiene máscara de no reinhalación, tiene 15 litros de oxígeno, los gases arteriales bajitos”, aseguró su hija Milena.La situación es muy compleja. Los servicios en varias clínicas de la ciudad, debido al COVID-19 en Valle del Cauca, están a tope. El personal de la salud insiste en el autocuidado y la vacunación.“Actualmente en Cali y en la Fundación Valle del Lili, el número de pacientes con COVID-19 es muy elevado. Tenemos áreas designadas para atender los pacientes con síntomas respiratorios y diagnóstico confirmado de COVID-19. Sin embargo, es fundamental que la comunidad atienda los llamados a vacunarse, que use de manera permanente el tapabocas, que evite las aglomeraciones, que guarde la distancia”, dijo el médico Sergio Morales, jefe de Urgencias de la Fundación Valle del Lili.Desde la Secretaría de Salud del Departamento señalan que el pasado lunes, 21 de junio de 2021, se reportaron 59 muertes por COVID-19 en Valle del Cauca y se registraron 2.054 nuevos contagios, 1.635 de ellos corresponden solo a Cali.Según la dependencia, hasta el 20 de junio, más de un millón de personas se habían vacunado en el Valle del Cauca contra el coronavirus COVID-19.
Tras superar las 100 mil muertes por el COVID-19 en Colombia y mientras más aumentan los contagios, médicos insisten en que el Gobierno debe suspender el decreto 777 de apertura económica porque el sistema de salud está colapsado. Entre tanto, los promotores del paro señalan que la administración Duque le ha dado un mal manejo a la pandemia. El ministro de Salud defiende la norma.“Es triste decirlo, pero más de 10 mil muertes se hubieran podido prevenir si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas 6 o 7 semanas”, dijo el lunes el presidente Iván Duque, una expresión que para los promotores de las movilizaciones es estigmatizante y carece de evidencia científica.“Yo creo que el Gobierno tiene que responder y tiene que asumir esa responsabilidad porque desde mayo del año pasado empezó a abrir la economía y entre más aumentan los contagios más la ha ido abriendo y el mejor ejemplo está en este mes de junio”, sostuvo Diógenes Orjuela, vocero de la CUT.Le puede interesar: Pfizer recomienda que tiempo entre primera y segunda dosis sea de 21 díasEpidemiólogos como Diego Rosselli señalan que atribuir lo que sucede solo a las manifestaciones es apresurado, pues también estaría relacionado con “las variantes del virus, es algo que no se ha descartado, el agotamiento de la gente ante tantos meses de restricción, la apertura de la economía”.Médicos y académicos también creen que el Gobierno se equivocó y no es tiempo de una apertura total, cuando la meta de alcanzar la inmunidad de rebaño está lejos, el sistema de salud está colapsado y aumentan los contagios.“Debe darse un viraje, corregir los errores y orientar una estrategia hacia la eliminación de la circulación del virus para salvar vidas”, consideró Román Vega, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana.Sin embargo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, defendió la medida de apertura al señalar que es controlada.Según él, “en este momento no tendría sentido, por ejemplo, hacer una cuarentena general cuando ya los efectos del pico están absolutamente generados y eso es claro de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo del manejo de la pandemia. Lo que sí toca es tener todas las medidas de control”.Con el decreto 777, el Gobierno permitió la apertura de todos los sectores con excepción de discotecas y lugares de baile en las ciudades donde la ocupación UCI esté por encima del 85%.Puede ver: Escasean vacunas Pfizer en Bogotá: después de horas de fila, centenares se quedaron sin inmunización
En Medicina Legal permanece el cadáver de Jaime Alonso Fandiño, el joven muerto en Usme durante disturbios entre manifestantes y efectivos del Esmad.A sus 32 años, se ganaba la vida como ayudante de camiones que prestan el servicio de acarreos en el barrio Monteblanco, en el sur de Bogotá.Edwin Ariza, un primo, lo describió como un “chino humilde, ayudante mío”. Indicó que no sabe si ese día Jaime estaba o no participando de las protestas.Según versiones, Fandiño perdió la vida durante los choques entre manifestantes y el Esmad de la Policía, en el sector de Yomasa, donde se han presentado bloqueos y manifestaciones por el paro nacional.(Le puede interesar: Aumentan casos de extorsión por secuestro de mascotas: así operan los delincuentes)Varias personas que se encontraban en el lugar trasladaron a Fandiño a un centro asistencial en un taxi. Allí “se estableció que Jaime recibió un impacto en el pecho por un objeto contundente, muy probablemente a muy corta distancia”, dijo el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.Algunos familiares aseguraron que el joven muerto en Usme precisamente acababa de llegar a ese sitio después salir a buscar trabajo.“La muerte nos impactó mucho porque él precisamente ayer estaba pasando hojas de vida a ver si le salía trabajo”, explicó una allegada.La Policía también está investigando y puso a disposición de la Fiscalía toda la colaboración para poder esclarecer el caso del joven muerto en Usme.
Una de las aplicaciones de mensajería más usadas a nivel mundial sigue trabajando en desarrollos para sorprender a sus usuarios, el WhatsApp multidispositivo podría ser uno de los más importantes de este 2021. ¿Cómo usar el filtro para volverse dibujo animado en WhatsApp?Fueron Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, y Will Cathcart, jefe de WhatsApp, los que entregaron detalles sobre la función multidispositivo en el medio especializado WABETAinfo."Ha sido un gran desafío técnico sincronizar todos sus mensajes y contenido", pero pronto se implementará, comentó Zuckerberg.¿Qué significaría el WhatsApp multidispositivo?La principal ventaja de esta función es la de permitir que el usuario tenga su cuenta abierta desde varios dispositivos, como el computador de escritorio o portátil, celular y tablet, a la vez. Máximo 4.Según la información entregada, no sería necesario que el dispositivo en el que inicialmente se abrió la aplicación tenga conexión a internet, contrario a lo que sucede ahora con el WhatsApp Web.WhatsApp Web: qué hacer cuando aparece el mensaje ‘teléfono sin conexión’Además, se podría hacer llamadas, videollamadas y, por supuesto, enviar audios. Sobre las preguntas de la sincronización del historial de chats: sería oportuna en todas las conexiones, han aseverado. Con esta función, WhatsApp se acerca a las utilidades de su competidora Telegram.En uno o dos meses el multidispositivo de WhatsApp estaría disponible en su versión beta, según Cathcart.
