El río Pauto era un caudaloso e imponente cordón hídrico de Casanare que albergaba vida en abundancia, pero fue entregado en concesión. Ahora solo es un árido río, con corrientes de arena movidas por la brisa.“Aquí se acabó la pesca, se acabó el agua y, así como vamos, nos vamos a acabar hasta nosotros mismos”, dice el pescador Alciviades Arciniegas.El finquero Hugo Díaz afirma que no hay agua ni para las gallinas.El río fue intervenido para conducir el agua a los cultivos agroindustriales, mientras pueblos enteros padecen por el agua que Corporinoquia entregó en concesión.Según Jaime Leonardo Montaña, secretario de Gobierno de Pore, Casanare, “se ha gestionado un carrotanque para llevar este líquido preciado a esas familias que están padeciendo esta problemática, están padeciendo literalmente sed por la captación ilegal que se ha hecho por parte de esta asociación”.Corporinoquia inició en 2019 un proceso sancionatorio contra Asopauto que días después fue suspendido; un juez de tutela le ordenó a la corporación continuar el proceso y tomar medidas de fondo.
Todos los años una nube de polvo avanza desde el Sahara, en África, por América y Europa, pero no siempre se presenta con la misma intensidad.El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señala que el fenómeno ocurre, por lo general, a finales de la primavera, es decir, en los meses de febrero, marzo y abril, y durante el verano, en junio y julio.Y, aunque se espera que el impacto para este año en Colombia sea mínimo, podrían presentarse algunos efectos como la reducción de visibilidad, con lo que se vería afectado el tráfico aéreo, y el aumento de temperaturas.“Se prevé para esta semana concentraciones másicas, entre leves y moderadas, de polvo Sahariano, principalmente en los departamentos de Arauca y Casanare”, según un boletín del Ideam.Sin embargo, se mantiene en revisión la calidad del aire en ciudades como Medellín y Bogotá. “Cuando tenemos estos fenómenos se afecta la calidad del aire en Bogotá y, de acuerdo con nuestros modelos, este fenómeno duraría muy poco tiempo y no sería necesario declarar alguna alerta”, aseguró la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.Las partículas provenientes de Medio Oriente tienen un tamaño de entre 2,5 y 10 micras, es decir, son muy pequeñas y pueden entrar por la nariz y la boca de quienes las respiran.Por ello, entre las recomendaciones de los expertos están evitar la exposición a grandes cantidades de este material y que las personas con enfermedades respiratorias extremen cuidados. Vea en El Espectador: ¿Cuáles son los efectos en la salud del polvo del Sahara?Además, cerrar las puertas y ventanas en caso de observar aumento considerable de partículas y cubrir fuentes de agua como pozos y recipientes de almacenamiento para evitar su contaminación.
Ángel es un niño de 6 años que vive en zona rural del municipio de Aguazul, Casanare. Aunque no sabe montar bicicleta, tenía una a la que le faltaban los neumáticos y en la que montaba impulsándose con los pies."Mi hijo ha aspirado en ser ciclista y por ahí se topó una bicicleta botada que la habían dejado otros niños cuando vivían acá, pues él se apegó de esa bicicleta y por ahí anda pa’ arriba y pa’ abajo en esa bicicleta", contó José Ángel Vargas, el padre.En esos ires y venires, sobre su averiada bicicleta, Ángel se encontró con los soldados del batallón de ingenieros de desminado humanitario del Ejército Nacional.“Al ver a Ángel es inevitable no recordar a mis hijos, y pensar que muchas veces no somos agradecidos con todo aquello que la vida nos da", reflexionó el sargento Alexánder Barbosa, líder de la compañía.Estos hombres, que se juegan la vida liberando de minas antipersonal a diferentes territorios del país, sumaron esfuerzos y le regalaron una bicicleta nueva al pequeño que andaba en los rines.Ahora sí, Ángel podrá aprender a montar bicicleta, para seguir soñando con convertirse en un deportista profesional.
La menor de edad fue sorprendida por un extrabajador de la familia, en una finca de Paz de Ariporo -Casanare- que ingresó a su cuarto con un machete amenazándola con matarla si no consentía un encuentro sexual.“Como ella no se dejó acceder le causa unas heridas bastante traumáticas, le causa la amputación del 90% del dedo índice de la mano izquierda”, explicó la madre de la menor atacada.La pequeña valiente se defendió como pudo, pero recibió varias heridas que hoy la tienen en un hospital de Yopal.“Es valorada por personal médico, pediatría y de la especialidad de ortopedia, cirugía plástica y un manejo interdisciplinario por trabajo social y psicología”, indicó Hernán Darío Santacoloma, director de urgencias del hospital regional.A Sonia Bernal, defensora del pueblo, le preocupa la poca efectividad de las autoridades.“No son lesiones personales sino es una violencia de género, es una violencia que sucede a la niña por el interés de ser violentada o abusada sexualmente”, indicó la funcionaria.El agresor fue detenido por la Policía, pero luego fue dejado en libertad.“Esa persona, como no fue capturada en flagrancia, se hace la individualización, se presenta el informe a la Fiscalía, se habla con el fiscal y nos manifiesta que con esto no se podría iniciar la investigación ya que no hubo una línea de tiempo permanente en los hechos”, señaló el coronel José Rafael Miranda, comandante de Policía de Casanare.Noticias Caracol quiso conocer directamente desde la fuente la posición que asumiría el ICBF para proteger los derechos de la menor que fue brutalmente agredida. Sin embargo, a pesar de la insistencia, la institución no quiso dar declaraciones.
Noticias Caracol conoció los detalles de una ponencia que estudia la Corte Constitucional en la que se pide declarar el estado de las cosas inconstitucionales, es decir, aplicar la herramienta o mecanismo que protege los derechos de los campesinos en materia de acceso a la tierra en Colombia. La situación de cerca de 12 millones de labriegos del país es tan calamitosa que el alto tribunal discute caminos para intervenir en esa tragedia.Don Aquilino Yanquén Ramírez tiene 61 años. Sus manos tienen callos por arar la tierra y su alma está amarga tras el olvido en el que lo dejó el Estado.Él vive con María Noemí, su esposa, en una finca sencilla situada en la vereda Quebrada Vieja, Boyacá. En ese trozo de tierra cultivan papa y maíz. Antes de empezar la brega diaria y el ordeño, se toman un tinto bien cargado y hacen cuentas tristes: por cada litro de leche les pagan apenas 900 pesos.“El campesino es el que tiene que sufrir al sol, al agua y a toditico para que las ciudades se sostengan. Nosotros pensamos en todas las personas que tenemos en las ciudades. Una persona que no tenga un bocado de comida empieza a volverse nada y se tiene que ir a un hospital. Nosotros vivimos en nuestro campo para llevar lo mejor a la gente de las ciudades”, cuenta don Aquilino.A pesar de haber labrado su parcela desde que tiene memoria, Aquilino no tiene una escritura que le permita reclamarla. Es uno de los más de 2 millones de siervos sin tierra, como la novela de Eduardo Caballero Calderón.“Vea cuántos años llevamos luchando, cuánto tiempo lucharon nuestros papás y abuelos para tener un papel, una escritura pública, pero nunca se pudo”, narra el campesino.Lo que más le amarga es sentirse como un inquilino en su propia parcela, mientras los usurpadores multiplican sus métodos, se disfrazan de colonos, trafican influencias y se apropian de los baldíos del Estado a través de sentencias legales.“Esa gente sí tiene sus escrituras públicas y uno como campesino como no tiene los dineros porque siempre hemos vivido arruinados por el gobierno, entonces pasa y sucede que uno nunca puede”, señala.Aquí la tierra no es de los campesinos: según cifras del Dane, en Colombia hay 2.370.099 predios rurales dedicados a la actividad agropecuaria. De esa cifra, 1.669.287 tienen menos de cinco hectáreas. Esa tierra que ocupan los pequeños productores corresponde al 2% del área rural del censo agropecuario.En contraste, hay 5.842 predios de más de mil hectáreas que abarcan el 73.8% de la tierra productiva. Una radiografía apabullante de concentración de la tierra que, según el índice Gini, es de 0,86% y deja a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo. Francisco Gutiérrez Sanín, director del Observatorio de Tierras de la Universidad Nacional, tilda de “obscena” la concentración de las hectáreas productivas en Colombia.“Lo primero que habría que decir es que Colombia tiene una concentración absolutamente obscena de la tierra y es una concentración de la tierra que es una cosa que rara vez se dice. No solamente es injusta socialmente, sino que además es una lápida sobre las posibilidades de desarrollo del país. Ningún país con la estructura agraria que tiene Colombia ha salido del subdesarrollo. Es así de sencillo”, aseguró Gutiérrez.Según Gutiérrez Sanín, las abismales dificultades del campesino para acceder a las tierras y la ocupación ilegal son consecuencia de un Estado que no ha sido capaz en el último siglo de hacer un inventario serio de las hectáreas. De ese caos administrativo se aprovecharon los acaparadores para correr las cercas de sus fincas, mientras los coletazos de la guerra institucionalizaron el despojo.“Al calor del conflicto armado hubo una reconcentración de la tierra básicamente a sangre y fuego y lo vemos con las cifras: los 8 millones de desplazados. El estudio más serio que conocemos sobre pérdida de tierra que es el que hizo Garay y Asociados para la Corte Constitucional, ese análisis llega a la conclusión de que más o menos el 40% de las personas desplazadas perdieron la tierra, si estamos hablamos de 8 millones de desplazados imagínese la masa de colombianos que perdieron la tierra a punta de bala”, aseguró el director del observatorio.Es tan ruinoso el destino del campo y el robo histórico de baldíos al Estado, que muchos calculan en 1,2 millones las hectáreas que la Corte Constitucional se apresta a intervenir en ese desastre.Noticias Caracol conoció los detalles de la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo que pide declarar el estado de cosas inconstitucionales en materia de acceso a la tierra para 12 millones de campesinos.Para Lizarazo, la vulneración masiva de los derechos de los labriegos ha sido tan prolongada como la omisión de las autoridades para resolverla y que la única vía para solucionar este escenario tan calamitoso es la adopción de medidas urgentes y estructurales de forma coordinada por parte de varias entidades del Estado. Según Lizarazo, es inadmisible que el Estado hoy no sepa quién posee la tierra en Colombia, ni cuáles son los baldíos que le corresponden a la Nación y que debieron ser redistribuidos para la Reforma Agraria.Ello se debe en buena medida a que solo hay información catastral confiable del 17% de los predios del país, es decir, menos de la quinta parte del territorio colombiano.Una realidad que dificulta aún más el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz que dispuso la formalización de 7 millones de hectáreas para campesinos poseedores sin títulos, como don Aquilino, y la adjudicación de tres millones de hectáreas más en la reforma agraria.Sin rodeos, Luis Alejandro Jiménez, el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos señaló la situación de desconocimiento de los baldíos.“En Colombia no existe claridad oficial de la cantidad de baldíos, su ubicación y estado de ocupación. Podría pensarse que puede ser algo deliberado para no fijar políticas y facilitar el uso informal que hacen de ellos algunos particulares, no es que el gobierno no haya podido repartir mejor los baldíos, es que no ha querido”, dijo.Otra particularidad se suma a la situación, no son pocos los casos en los que baldíos de la nación terminan en manos de clanes políticos.El último escándalo lo protagonizó la familia del exsenador del Centro Democrático y hoy embajador en República Dominicana Daniel Cabrales. En 2009 un juez de Montería les otorgó a los Cabrales 13 fincas que reclamaban en Córdoba y que sumaban 862 hectáreas.La Agencia Nacional de Tierras interpuso una tutela y aseguró que esos predios eran de la Nación.Finalmente, la Corte Suprema determinó que había muchas dudas en ese proceso y tumbó el fallo que le había entregado esos terrenos a los Cabrales.Tras concederle una tutela a la Agencia Nacional de Tierras, la Corte Suprema determinó que las 13 fincas que reclamaban los Cabrales en Córdoba podían ser predios del Estado. El portal Verdad Abierta fue el primer medio de comunicación en publicar esta investigación.Diego Trujillo, exprocurador delegado para Asuntos Ambientales, sostuvo unas declaraciones contundentes con respecto al caso de los Cabrales y otros que se han registrado en el país.“Ya son muchos los casos en donde altos funcionarios del gobierno y congresistas han obtenido propiedad de estos baldíos utilizando la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, lo cual los jueces tienen prohibido adjudicar de esta manera, en este tipo de sentencias de propiedad pública, por ser imprescriptibles”, expuso Trujillo.Ese acaparamiento de tierras, por vía judicial, ha sido una constante en Colombia. Una investigación de Dejusticia y la Universidad Nacional documentó que entre 1991 y 2018 distintos jueces del país entregaron 12.070 baldíos de forma ilegal que corresponden a 215.457 hectáreas.“En nuestras estimaciones, el 49% de la tierra que fue entregada sobrepasó los límites de la Unidad Agrícola Familiar que es una medida creada para que la entrega de la tierra no lleve a la concentración. Eso significa que esta figura habría sido usada para acumular también tierras, no necesariamente para que campesinos pobres llegaran a la propiedad rural”, sostuvo Diana Guiza, investigadora y profesora.Para Guiza, los departamentos de Casanare, Córdoba y Cesar han concentrado el 70% de este fenómeno irregular de usurpación de tierras de la Nación. Un despojo habilitado por despachos judiciales ya identificados.“Hay unos juzgados en específico que han entregado bastantes predios en periodos cortos de años, entonces hemos identificado estos jueces en Córdoba y en Casanare, por ejemplo, que en 2 o 3 años han entregado. Y eso ya empieza a generar sospechas”, manifestó Diana Guiza.Para ponerle fin a la usurpación, el gobierno Duque emprendió la actualización de la información catastral del país, es decir, identificar quiénes son los dueños de la tierra. Hoy ese avance es del 17%, pero la meta es que se llegue al 60% en 2022 y a la totalidad del territorio nacional en 2025.Para lograrlo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi gestionó dos créditos por 150 millones de dólares con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.“Definitivamente, es una deuda histórica que tenemos en Colombia. Al principio del cuatrenio solo el 5% del territorio tenía información catastral actualizada y otro 28% nunca había sido contado con este tipo de datos. Por eso el Gobierno nacional está comprometido con el avance de la política de catastro multipropósito para saldar esta deuda”, dijo Olga Lucía Morales, directora del Agustín Codazzi.En esa misma línea, se pronunció Fernanda García, la Superintendente de Notariado y Registro. Según dijo, en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por fin se está realizando el gran inventario de propiedades del Estado y, al tiempo, se han multiplicado los controles para impedir que las mafias que rondan las oficinas de registros públicos sigan enriqueciéndose.“En la oficina de Registros Públicos de Florencia y de San Vicente del Caguán nos percatamos que había un concierto para delinquir en ese aspecto. Un grupo de profesionales conjuntamente con la registradora recibían unas dádivas a cambio de alterar el sistema de información registral que nosotros tenemos en la superintendencia. No vamos a tolerar la corrupción, ya se han proferido en menos de un mes tres fallos disciplinarios con sanciones de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos”, mencionó García.A pesar del esfuerzo institucional, de los avances en la lucha contra la corrupción o del inventario de baldíos en camino, la situación de los campesinos es catastrófica.El magistrado Antonio José Lizarazo le puso números concretos al caos: el Estado hoy tramita 37.000 procesos de clarificación, recuperación y titulación de predios que podrían tardar 40 años en resolverse y costarle a la Nación casi un billón de pesos.Por ahora, la propuesta de Lizarazo es vista con buenos ojos por al menos tres magistrados más de la Corte Constitucional, es decir, arrancaría con cuatro votos, pero se necesitan cinco como mínimo para que este proyecto se convierta en sentencia. Mientras en el Palacio de Justicia se refinan los argumentos, en la finca de don Aquilino escuchan los reclamos.
En Tauramena, Casanare, fue adjudicado en 2017 un contrato por más de 14 mil millones para la construcción de un puente que comunicara a este municipio con Aguazul. Se suponía que en 2018 estaría listo, pero la obra nunca se realizó y lo que quedó es vergonzoso. A esta situación se suma que para salir al casco urbano a comercializar productos, los habitantes de nueve veredas deben arriesgar sus vidas cruzando el río Cusiana. Reconocen que en más de una ocasión han temido ahogarse. Su impotencia es más grande cuando al salir del río se encuentran con el inicio de una obra civil que fue abandonada. “Tristes por esa obra botada que no se ha concluido, todos los días arriesgamos la vida de nuestros hijos”, dice John Fredy Gamba Padilla, habitante del sector. Lo que se ven ahora son las bases de un puente que supuestamente iba a tener 125 metros de extensión y conectaría a Tauramena con Aguazul. Se estima que la inversión fue de 14.900 millones. El estado de ejecución de la obra es 25% aproximadamente. ¿El contratista? No aparece. El veedor ciudadano Samuel Moreno dice que los recursos se van a perder: “Se tiran la pelotita el uno al otro: la gobernación al municipio, el municipio a la gobernación”. En dos meses se vencerán las pólizas. Noticias Caracol intentó comunicarse con Albert Ortiz, del consorcio Río Cusiana 2017, pero ni mensajes ni llamadas permitieron conocer razones del incumplimiento.
Un duro golpe sufrió en las últimas horas el ELN en el Casanare. Según el Gaula de la Policía, se trata de la captura de Julio César Carache, alias ‘el Flaco’, un señalado criminal que había sembrado el terror en el oriente y sur del país.Fue detenido cuando recibía el último pago de una extorsión en una finca de Paz de Ariporo. Sin embargo, no es el único caso que le atribuyen, pues lo sindican de un centenar de extorsiones en ese departamento y otras zonas del país.También lo sindican de ejecutar varios atentados terroristas contra la fuerza pública.“Realizaba actividades de inteligencia para generar luego acciones contra la fuerza pública, además le suministraba material logístico al frente Oriental”, dijo sobre ‘el Flaco’ el coronel Carlos Téllez, jefe operativo del Gaula de la Policía.Aseguró el Gaula que este hombre tiene información clave que sirve a los investigadores para llegar al escondite de alias ‘Pablito’, uno de los jefes del ELN.
Yurly Fernanda Aguilera es una joven de 17 años, de Paz de Ariporo, Casanare, que está luchando por sobrevivir contra una extraña enfermedad, de la cual se sospecha puede ser autoinmune y que requiere un tratamiento especial, pero que en la clínica donde se encuentra no está disponible.“Se trata de una paciente de 17 años con un cuadro acelerado de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, le afectó sus riñones”, explicó Javier Humberto Correa, director científico de Medicenter.“Nosotros vivimos en Paz de Ariporo, Casanare, y nos trasladaron de allí por urgencias para acá para el Horo (Hospital Regional de la Orinoquía), y después me la trasladaron para esta clínica”, manifestó Fanny Urrego, mamá de Yurly.Los primeros síntomas aparecieron el 27 de enero y en tan solo diez días su salud empeoró. Su madre clama por ayuda, porque a pesar de contar con la remisión a un hospital para tratar su condición, ningún centro médico ha querido recibirla, ya que la mayoría están ocupados con pacientes con COVID-19.“Pido a la Clínica Shaio, a la Clínica Cardio Infantil, a la Clínica San José o las demás clínicas que haya que por favor me le den una cama en la unidad de cuidado intensivo”, dijo Urrego.“Hemos presentado a la niña en el Hospital la Misericordia, en el Instituto Nacional Cancerológico, en la Clínica Oncolife de Bogotá, la Clínica San Diego de Bogotá, que son instituciones especializadas en el manejo de este tipo de patología”, indicó Albert Uriel Gallego, subdirector de servicios de Capresoca EPS.Los familiares de Yurly Fernanda Aguilera han tocado puertas a la Capresoca EPS, también ha solicitado a la Fuerza Aérea un vuelo humanitario; pero por la falta de camas UCI, la menor no ha podido ser trasladada.“Hemos estado tocando todas las puertas posibles, nos hemos comunicado con Capresoca, nos dicen que ellos se han tratado de comunicar con los hospitales con quien tienen convenio, pero que no hay camillas en UCI disponibles”, señaló Ginna Martínez Urrego, familiar de Yuly.“Su traslado debe realizarse por un equipo altamente capacitado, debido a la severidad de su condición clínica”, subrayó Javier Humberto Correa, director científico Medicenter.Los familiares de la menor no pierden las esperanzas que de que un centro médico se ofrezca a brindar una cama UCI para que pueda ser tratada lo más pronto posible.
María Lucrecia González tiene 75 años, vive en zona rural a 6 kilómetros de Yopal (Casanare), no sabe escribir y asegura que jamás ha tenido en sus manos un teléfono celular y tampoco conoce ninguna plataforma o aplicación para servicios en línea. Por ello, pide ayuda al Gobierno para recibir la vacuna COVID-19.Además de la plataforma Mi Vacuna, que ya funciona en gran parte de Colombia e indica el día en que una persona podrá ser vacunada, María Lucrecia piensa que se deberían buscar otras alternativas para quienes, como ella, no podrán consultar ni la fecha ni el puesto de vacunación.“Aquí en la casa no tengo ni un computador ni celular, ni sé leer, y vivo asustada por la pandemia, pues uno no puede salir”, dice.Yolman Estepa, líder social de Casanare, afirma que “el Gobierno debe pensar en todos” porque la mayor parte de la población es rural y es “gente que nunca estuvo en el desarrollo de la tecnología y muchos no tienen televisión, no conocen un teléfono inteligente”.Ante esta situación, la Secretaría de Salud de Casanare señala que ya tienen lista una ruta de atención para vacunar a los ciudadanos.“Se ha revisado que se cuente con la red de fríos y se tiene el inventario de los vacunadores, así mismo, con la fuerza pública, que garantice la seguridad, y con las Juntas de Acción Comunal, que verifiquen que las cosas se hagan de la mejor manera”, dijo Constanza Vega Orduz, directora técnica de Salud Pública de Casanare.Las autoridades de salud de Casanare aseguraron las primeras 60.000 vacunas que estarían llegando entre el 27 de febrero y 3 de marzo, pero en total serían 260.000 mil dosis del medicamento dispuesto para inmunizar a la población priorizada.Situación similar en BoyacáRamiro Barragán, gobernador de Boyacá, aseguró que "en la parte rural es donde hay más adultos mayores que no tienen ningún acceso ni conocimiento a las tecnologías”.“Por eso, el llamado es a que los líderes municipales, alcaldes, personeros, presidentes de Juntas de Acción Comunal tengan la posibilidad de mirar los listados", afirmó.Boyacá ya cuenta con un centro de almacenamiento especial para la vacuna contra el coronavirus y de ahí realizar su respectiva distribución en la región."Una vez llegue la vacuna al territorio se pueda realizar vacunación de dos tipos: intramural en los centros de salud, vacunando a las personas con agendamiento, con citas, y extramural, llevando a nuestras promotoras y gestores de salud con vacunas a las veredas, a las casas", dijo Jairo Santoyo, secretario de Salud de Boyacá.En la primera etapa de vacunación, en Boyacá se espera lograr la aplicación de más de 30.000 dosis.
Una carretera en Casanare es el monumento a la desidia. Se trata de la vía Orocué - Yopal, cuya historia está llena de promesas incumplidas y plata embolatada.Un informe de la Contraloría General reveló serios hallazgos fiscales que sobrepasan los 35 mil millones de pesos. Noticias Caracol había encendido las alarmas sobre el destino de esos recursos públicos en octubre de 2019.La historia de la vía Yopal - Orocué, en los llanos del Casanare, es una larga cadena de promesas y decepciones.Realmente son dos vías. Una que llaman El Cacho, son 90 kilómetros de carretera destapada, y la otra llamada Guanapalo, tiene 60 kilómetros de trocha. Las dos son intransitables.Hace más de un año Noticias Caracol estuvo allí y conoció de cerca las dificultades que padecen sus habitantes.“Hay veces que uno llama la ambulancia, por lo pésima que es la vía ellos van llegando cuando ya casi está agonizando la persona”, dice Susana Sarapo, gobernadora indígena de la comunidad sáliba.No se salvan ni los transportadores de las petroleras, que generan suficientes regalías para haberla construido hace años.“Llevo andando casi siete, ocho horas…en un recorrido que puede ser de dos horas. Está muy berraca la carretera”, dice el conductor Euclides Calderón.Ya se sospechaba que había venas rotas en los recursos que durante años las distintas administraciones destinaban en la construcción de las vías. Así lo creía Aída Avella, senadora que le ha seguido la pista al problema.“Algo está pasando allí muy extraño, muy raro, y hemos pedido ya a la Contraloría General y a la Procuraduría que se investigue”, señalaba Avella en 2019.La respuesta tardó pero por fin, un año después, llegó. Luego de una cuidadosa investigación, la Contraloría General encontró irregularidades en la ejecución de los recursos.La Contraloría revisó cinco proyectos que comprometen recursos del sistema general de regalías y encontró que hay embolatados casi 36 mil millones de pesos en las obras que han realizado las últimas tres administraciones.Las autoridades le daban la razón a Aída Avella.“Son sobreprecios especialmente en transporte, son muchos valores pagados a compradores sin causa justa. También hay una situación bien delicada que son los costos por acarreos, más veces de lo que se necesitaba”, explicó la senadora Avella.Pero como lo muestra un documento, no solo hay sobrecostos en los valores pagados a los contratistas: también hay obras mal hechas.“El pavimento presenta agrietamientos de forma transversal y longitudinal, en ambos carriles y por el eje de la vía, desgaste prematuro en algunos tramos”, reporta la Contraloría General.Para los líderes sociales de la región esta es la evidencia de lo que ellos venían denunciando desde años atrás.Así lo confirma Fernando Guío, líder social de la región: “Hace un año atrás lo decía con alguna duda, que la plata se estaba perdiendo. Pero hoy en día nos damos cuenta de que la plata en realidad se estaba yendo para los bolsillos de los que la usan para pagar campañas, para quedarse en el poder”.Y mientras tanto, la gente de la región es la que sufre las consecuencias.“En este caso se trata de campesinos, de gente que sufre, se trata de las mujeres que vienen a dar a luz a Yopal y no pueden hacerlo en el tiempo debido. Se trata de los enfermos, pero también se trata del ciudadano común al cual se le tiene que respetar”, se lamenta Aída Avella.Los orocueceños se acostumbraron a ver la maquinaria en la vía, pero también a ver una obra que parece no tener fin.“Los gobernantes se dedicaron a decirle al pueblo ‘nosotros vamos a arreglar la vía’, y arreglar la vía es sacar una jugosa suma de dinero y lo único que hacen es rasparla”, dice Fernando Guío.Noticias Caracol buscó la respuesta del actual alcalde de Orocué, Monchy Moreno.“Toca tener en cuenta también que estas obras son recursos de la Gobernación de Casanare y son contratados con los precios de la Gobernación de Casanare y con los precios de Invías a nivel nacional. Entonces le pedimos ayuda a la Contraloría General de la República que termine la investigación y sean los que digan quién es culpable”, expresa Moreno.En la gobernación sostienen que los materiales deben ser llevados desde Yopal y, según ellos, esto hace más costosa la obra.“De esos 150 kilómetros de vía, cerca de 55 kilómetros están en destapado. Eso implica que desde aquí se tenga que llevar todo el material que dé cumplimiento técnico a la estructura que se requiera hacer en este municipio”, asegura Óscar Eduardo García, secretario de Obras y Transporte de la Gobernación de Casanare.El secretario dice además que hacen un riguroso control de los dineros que gastan en la carretera.Los hechos hablan por sí solos: una vía en construcción por más de 25 años. Corresponde a la Fiscalía y a la nueva procuraduría tomar cartas en el asunto.Dice la senadora Avella que desde Orocué, más que responsabilidades fiscales, lo que piden es que por fin alguien construya la vía que tanto necesitan.
Un ciudadano murió tras atentado que se registró en una calle del barrio Porvenir, situado en Bosa, Bogotá. La persona fue auxiliada por la Policía, que lo subió a una patrulla y trasladó a un centro asistencial, donde falleció.En medio de esa labor, una moto de la institución, que hacía labores de escolta, chocó contra un bus del SITP y los dos uniformados que iban a bordo sufrieron graves heridas.Uno de los agentes se debate entre la vida y la muerte.“Se presenta un atentado contra una persona que se encontraba en vía pública, fue impactado con arma de fuego. Fue trasladado a la clínica de Occidente, donde pierde la vida”, indicó el mayor Danny Bobadilla, comandante de la estación de Policía de Bosa.La moto de la institución se estrelló en la avenida de Las Américas con transversal 86.Testigos aseguran que los uniformados se pasaron un semáforo en rojo.“Una de nuestras motorizadas sufre un accidente con un bus de servicio público. Tenemos a un policial en estado crítico”, recalcó Bobadilla.Mientras los galenos tratan de salvar la vida del uniformado, investigadores intentan determinar quién asesinó al ciudadano.
El profesor Juan José Kuhnle murió tras chocar violentamente con un vehículo que, sin saberlo, era conducido por su padre. Según medios de Argentina, donde ocurrió el hecho, el hombre de 39 años no soportó las graves heridas que le produjo el choque cuando iba a casa a almorzar. Los hechos ocurrieron este martes, cuando el profesor se movilizaba por el barrio en el que vivía y donde era vecino de su padre. Al parecer, solo tenía algunos minutos para regresar al trabajo.En contexto: Atropelló a motociclista y al bajar a auxiliarlo descubrió que era su hijo: el final fue fatalTras esta tragedia que enluta por partida doble a una familia se han conocido más detalles. Juan José Kuhnle era docente de matemáticas y llevaba 16 años en la escuela agrotécnica República de Venezuela.Curiosamente, en esa institución educativa había culminado sus estudios y, además, sus padres también se habían desempeñado como docentes.
Dos fleteros en Bogotá que acababan de robar a una mujer asesinaron al taxista Miguel Ángel Gamboa, quien se les atravesó en su fuga.Cámaras de seguridad registraron cómo ocurrió el fleteo en el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, y el posterior homicidio del conductor de servicio público.En las imágenes se ve una camioneta ingresando a un inmueble y, cuando están cerrando la puerta del garaje, aparece un sujeto que ingresa rápidamente corriendo. Diez segundos después sale con una maleta en la mano y buscando a su cómplice, que lo esperaba en una motocicleta.Otro video muestra a las víctimas del robo y varios ciudadanos persiguiendo a los fleteros para tratar de detenerlos y recuperar los elementos hurtados. Es en ese momento que aparece un taxi que choca la moto, con o sin intención, y hace que los delincuentes pierdan el control del vehículo.El parrillero, que llevaba un arma de fuego, le dispara por la ventana al conductor del vehículo de servicio público.“Este sicario, de una forma vil y cobarde, le dispara a mi familiar sin mediar palabra”, dijo el primo de Miguel Ángel, Marlon Gamboa.Los delincuentes huyeron con el botín por la avenida de Las Américas hacia el oriente, mientras que en el taxi quedó muerto el padre de dos hijos, que solo trataba de ganarse la vida honradamente.El taxista de 52 años es recordado por su familia como una persona que “siempre tenía una sonrisa en su cara”.“Era un gran padre, un gran esposo”, afirmó su primo Marlon.En febrero, 73 personas fueron asesinadas en Bogotá, entre ellas Miguel Ángel Gamboa.Los fleteros y asesinos están libres, igual que los criminales que le dispararon a Árnold Andrey Toro hace cinco meses.
La Secretaría de Seguridad de la capital del Valle del Cauca confirmó la captura de un joven de 21 años que es señalado por la muerte de Celeste, la bebé de un año que falleció en medio de enfrentamiento de hinchas del América y el Deportivo Cali.Conforme a lo revelado por el municipio, la detención se logró tras una investigación "exprés" que duró cuatro días y fue llevada a cabo por la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación.El detenido se ocultaba en una vivienda situada en el barrio La Fortaleza, oriente de la capital del Valle del Cauca. Además, la Policía indicó que durante el incidente que apagó la vida de la pequeña Celeste también resultó herido otro ciudadano. Se le imputarán los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.En su cuenta de Twitter, Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad, indicó que ese “falso hincha” será “llevado ante la autoridad”.Cabe recordar que, tras ser impactada por el proyectil, Celeste fue llevada a una clínica al sur de la capital. Luego de luchar en una unidad de cuidados intensivos, murió por la gravedad de sus heridas.
Luke Dufrene conducía por una autopista en Luisiana, Estados Unidos, cuando vio a un hombre salir de su vehículo y dejar a un bebé en un costado de la carretera.“Me detuve y puse mi camioneta frente al niño porque sabía lo peligrosa que era esta carretera”, dijo Luke Dufrene para el medio local The Houma Courier. Posteriormente, llegó la madre del menor junto con otra persona.De acuerdo con la Oficina del Alguacil de Lafourche, la madre presuntamente había sido agredida por el hombre que dejó a su hijo en la autopista.El sospechoso es Dilon Terrebonne, de 27 años y quien se marchó en la camioneta de la mujer con su bebé. Unos kilómetros más adelante se detuvo, colocó al niño en el costado de la carrera y continuó su camino.Ahora se le acusa de agresión doméstica, por estrangular y golpear a la madre del niño, poner en peligro a un menor de edad y uso no autorizado de un vehículo motorizado.Por otro lado, Luke Dufrene manifestó que no se considera un héroe, sino un buen samaritano que estaba haciendo lo correcto: “Siento que hice lo que haría cualquier ser humano”.