Continúa la preocupación de muchos usuarios de la EPS Sanitas, pues denuncian que no ven ningún avance frente a la agilidad o respuesta en la prestación de los servicios médicos, luego del hackeo que afectó los sistemas de la entidad hace más de un mes, y que aún no ha sido superado.Puede leer: Usuarios de EPS Sanitas siguen sufriendo consecuencias de hackeo: “No contestan ni el teléfono”Paola y su hija Lorena son usuarias de la EPS Sanitas. Lorena tiene 18 años y desde los 8 meses de edad ha tenido quebrantos de salud que han dejado como resultado diagnósticos muy complejos.“Lorena, de base, tiene una epilepsia focal refractaria catastrófica, tiene un tumor maligno en la hipófisis y tiene cáncer de ovario con metástasis. Incluso, ahorita para el 11 de febrero, está programada para una histerectomía total”, expresó Paola Molano, acudiente de la paciente oncológica.Asimismo, la usuaria de la EPS Sanitas agregó que: “Digamos, sé que ella en cualquier momento se va a ir, no sé si tenga la fuerza o no, pero lo único que quiero es disfrutar con ella. Ya no quiero estar más pensando en que voy a ir a reclamar el medicamento y no lo hay”.El panorama por naturaleza no ha sido nada favorable para esta madre cabeza de hogar y su hija.La atención por parte de la EPS Sanitas ya venía presentando barreras y con el hackeo que sufrió la entidad desde hace más de mes y medio, las puertas parecen haberse cerrado aún más para ambas usuarias.Paola fue operada recientemente de la columna, y su hija Lorena sigue en la lucha para recibir tratamientos médicos que le permitan tener una mejor calidad de vida.“Difícil, completamente difícil, todo es un problema, toca con derechos de petición. Todo toca con quejas, todo es un problema, absolutamente todo, para medicación, para citas médicas”, resaltó Molano.Le puede interesar: Cuidado con la automedicación: el remedio podría ser peor que la enfermedadUna realidad que están viviendo muchos otros usuarios de Sanitas: el descontento y expectativa que se vive también en las largas filas de los puntos de atención y hasta en las redes sociales.Por su parte, Marina Clavijo, también usuaria de la EPS, puntualizó que “esto nunca era así, ¿cuándo van a solucionar esto? Porque los pacientes necesitamos ser atendidos, es decir, que no hay respuesta hasta el momento, no, lo único es una circular para todos diciendo que tengamos paciencia, que hubo un hackeo, pero no vemos que hayan resuelto nada".“Esto está terrible, no hay sistema, cerraron todo lo que es el sistema. Hay un bloqueo total y le escriben a uno todo a mano”, puntualizó Yaneth Arango, usuaria de la EPS.Y aunque hace una semana la EPS informó sobre el restablecimiento de ciertos servicios virtuales, persisten los contratiempos.Según la Superintendencia Nacional de Salud, se han registrado cerca de 1.300 peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios contra EPS Sanitas. La entidad respondió sobre el avance en la recuperación de la información y las alternativas que tienen los usuarios.La petición que expresa Paola es la misma que una y otra vez manifiestan los usuarios: soluciones inmediatas.“Nosotros como usuarios no tenemos la culpa el hackeo y si estamos pagando, porque yo pago como particular y así fuera Sisbén, no soy solo yo, muchas personas estamos sufriendo. Respeten nuestro derecho a la salud”, manifestó Paola Molano.
El sistema de la EPS Sanitas y Colsanitas, que pertenecen al grupo Keralty, está restableciendo el servicio para parte de los usuarios. Se estima que 500.000 afiliados a la medicina prepagada ya tienen habilitada la oficina virtual.En relación: Hackeo a Sanitas: sí se robaron información de usuariosNada más que estarán obligados a cambiar su contraseña, pero se reforzará en las medidas de seguridad informática, ya que los pacientes deberán tramitar una segunda clave que llegará a través de sus celulares o por el correo electrónico acreditado.Ya dentro de la oficina virtual se evidencia que se pueden agendar citas, realizar pagos, vales, solicitar certificados y descargar resultados médicos, tras la recuperación de los datos a la página de Sanitas.Podría ver: Cuidado con la automedicación: el remedio podría ser peor que la enfermedadEn cuánto a la EPS Colsanitas, no se ha restablecido la oficina virtual, ya que se trata de 5 millones de usuarios cuyos datos deben ser restaurados y, por lo tanto, en este momento la entidad trabaja para resolverlo lo más pronto posible.Otras noticias del día: Feminicidio de Yamileth Brito: este fue el recorrido que hizo Darío Aguirre para entregarseEste es el presunto homicida de Damián Rodríguez, hombre asesinado en Transmilenio: ¿lo ha visto?WhatsApp: estos celulares se quedarían sin la aplicación desde el 31 de enero
Trabajaba en la Clínica Universitaria Colombia. “Su memoria perdurará, con enorme gratitud, en todas las vidas que contribuyó a salvar”, aseguró Minsalud. Colsanitas, a cargo del centro médico, expidió un comunicado confirmando el fallecimiento de uno de sus profesionales a causa del coronavirus. “El primer objetivo de nuestro plan COVID-19 es cuidar de nuestros profesionales. Así hemos trabajado hasta el día de hoy y así seguiremos comprometidos con todos y cada uno de los que formamos partes de la organización”, expresó Colsanitas. Asimismo, agregó: “Se ha ido uno de nuestros héroes. Que su recuerdo nos llene de fuerza para continuar y para seguir firmes en nuestro propósito de cuidado a todos los colombianos”. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, también lamentó la noticia. La Clínica Universitaria Colombia está ubicada en la calle 23B 66-46, sector de El Salitre en Bogotá. Vea, además: Salió de la cárcel y seis días después murió por coronavirus en hospital de Villavicencio
La jefe de gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, será citada a un debate de control político en el Congreso de la República, luego de que fuera revelado un supuesto abuso en contra de su exniñera.Le puede interesar: Rifirrafe entre Petro y Barbosa por detenidos de primera líneaAún no hay fecha, pero la solicitud la hizo el representante a la Cámara Óscar Villamizar, del Centro Democrático.Y es que toda la polémica se desató luego de que la exniñera de Laura Sarabia denunciara en la revista Semana que fue sometida al polígrafo y que habría sido tachada de “ladrona y mentirosa”, cuando en enero de 2023, en la vivienda de la mano derecha del presidente Gustavo Petro, se perdió un maletín con cerca de 7.000 dólares en efectivo.“Estoy citando a debate en plenaria de la Cámara para saber por qué realizaron estas acciones y se tomen medidas disciplinarias y penales, si hay lugar a ellas”, señaló el congresista Óscar Villamizar.Al respecto, la propia Jefatura para la Protección Presidencial de la República de Colombia respondió con un comunicado en el que asegura que todos los procedimientos se hicieron de acuerdo a la ley y que fue necesario porque un tema así de delicado puede poner en riesgo incluso la seguridad nacional o información clasificada.Gustavo Petro advirtió deslealtad de funcionarios en elección de gerente de Federación de Cafeteros“De acuerdo con la arquitectura legal que rige la seguridad de altos funcionarios del Estado colombiano, establecida en el Decreto 2647 de 2022, cuando se presentan incidentes que vulneren su seguridad y la de su entorno, de inmediato se activan todas las acciones previstas en el Decreto 1066 de 2015”, apuntó.El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, afirmó que ya hay una investigación y que la Fiscalía le otorgó medidas de protección a la exniñera, aclaró que la prueba de polígrafo no fue autorizada por la entidad, que es la única autorizada para adelantar procesos de investigación.Noticias Caracol conoció un documento en el que la jefe del gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, se dirige al fiscal y dice textualmente que “tanto al esquema de seguridad como a la señora (la exniñera) se les practicaron pruebas de polígrafo, previo consentimiento informado y autorización voluntaria de su práctica”, además de agregar que hay pruebas de audio y video sobre ello, pero que aún no son públicas.En su comunicado, la Jefatura para la Protección Presidencial de la República de Colombia precisó que “la jefa de despacho presidencial fue víctima de un hurto en su residencia en enero de 2023” y que “el día 29 de ese mismo mes fue formulada la respectiva denuncia penal ante las autoridades competentes”.
El 20 de enero fue viernes y Pablo Angulo Cortés había pasado todos los días de esa semana por el mismo camino para trabajar en un cultivo de cacao, en la vereda pital, en Tumaco. Aunque pisaba el suelo del Alto Mira, la que puede ser la región más minada de Colombia, tenía la confianza de que ese camino, tan conocido por él, era seguro. Pero tal certeza se esfumó violentamente cuando escuchó un estruendo y sintió que su cuerpo era lanzado por el aire.En el corazón de la operación Esperanza: detalles inéditos de búsqueda de niños perdidos en Guaviare“Me sube para arriba y cuando bajo ya quedo es como loco, y cuando vengo a darme cuenta estaba todo esto desbaratado. Esta pierna estaba partida”, cuenta. Pablo Angulo, un campesino de 63 años, que desde niño ha trabajado la tierra, quedó tirado en el suelo, abatido por el dolor. Y allí estuvo, pidiendo auxilio a gritos, durante más de una hora. Segundo Serafín Landázuri, el dueño del cultivo donde trabajaba Pablo, fue uno de los primero que llegó a ayudarlo.“Cuando llegamos estaba aquí del golpe salió y quedó bien patas arriba, quejándose, decía que no quería vivir más, que lo mataran. De ahí lo recogimos con miedo”, cuenta. Desde ese día, hace ya cuatro meses, ni don Segundo ni nadie se había atrevido a pisar el cultivo de cacao donde cayó Pablo. Esta vez lo hizo solo para acompañar al equipo de Noticias Caracol que llegó al lugar. La sospecha es que los bordes del camino que recorrimos junto a él están minados.“Está abandonado, yo no había entrado a mi finca porque a uno le da miedo que haya más, se está perdiendo la cosecha”, dice. Ese miedo que siente don Segundo cuando pisa su propia tierra es el mismo que se siente en gran parte de en el Alto Mira y Frontera, un territorio al sur de Tumaco, con 17.000 habitantes, que colinda con Ecuador y está lleno de cacao, palma, también de coca, y ahora, desde el último año, de minas antipersonal. “Aproximadamente 40 personas afectadas por este tema de minas en lo que va de corrido del año”, dice Martín Cabezas. Ese registro haría de esta zona la más afectada del país por esos explosivos. “Es una desgracia de la que no se libra ni siquiera él, el presidente del consejo comunitario del Alto Mira y Frontera. “La finca mía tiene minas, hace como 20 días el Ejército sacó dos, pero las otras están ahí”, cuenta el líder.Preocupación por amenazas de disidencias de las FARC contra candidatos a elecciones regionalesLa región terminó plagada de minas porque desde el año pasado acá empezó una guerra brutal entre dos disidencias de las FARC: los Guachos, asociados a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, y la columna Urias Rondón, aliados de las guerrillas de Iván Mordisco. En medio de los enfrentamientos, y de los choques con el Ejército, esos grupos minaron el territorio.“Cuando estos combatientes de estos grupos salen, ellos no se van a poner a recoger las minas, las minas quedan sembradas y, a quiénes nos afectan, a nosotros como comunidad”, dice Cabezas. Las edificaciones de la vereda Mata de Plátano son la evidencia clara de esa guerra.El centro de salud fue baleado durante los enfrentamientos del año pasado. La caseta que sirve de salón social, los postes de luz y hasta la escuela a la que asisten decenas de niños también recibieron impactos de fusil. Algo parecido padecen en la vereda vecina de Vayanviendo. “Aquí fue un lugar donde cayó un artefacto explosivo. Eso fue en momentos de combate, cayó aquí. Eso fue en diciembre. Esto es al lado de la escuela, por ahí a doce metros de la escuela”, cuenta Diego Cortés, el presidente de la junta de esa vereda que se está convirtiendo en un pueblo fantasma.De los 240 habitantes que tenía a finales del año pasado, dice que ya solo quedan alrededor de cien. El resto se han ido por el miedo a los combates y las minas, dice Cortés. “El conflicto ha sido mucho más fuerte y eso trae que aquellos artefactos vayan siendo sembrados sin saber quién. Lo que sabemos es que tenemos muchas fincas que están abandonadas por eso”.Tragedia en Bajo Baudó por muerte de niños asociada aparentemente a desnutrición y una infecciónDos mujeres perdieron sus piernas este año al caer en minas sembradas a menos de 300 metros del casco urbano de Vayanviendo, una de ellas apenas tiene 15 años. “En ese momento estaban en combate, entonces ella queriendo escapar por un camino donde había sido puesto aquel artefacto y cayó en ese artefacto. Escuchamos la explosión de la niña, pero no pudimos ayudarla porque estaban en combate”, cuenta Cortés.Los niños de estas veredas han sido confinados a pequeños espacios. Son cosas difíciles para nuestros niños porque antes no había esa dificultad para andar, ahora solamente los podemos tener aquí dentro del corredor escolar, no los podemos dejar salir”, dice Cortés.Los pobladores del Alto Mira no se atreven a meterse a los ríos ni a caminar entre el monte. Hasta las labores más cotidianas quedaron suspendidas. “Están jugando, se les va el balón fuera del área del juego y ellos les da el miedo y ese balón se queda allá, no van por el balón”, cuenta un poblador que prefiere reservarse su identidad.Lo más grave es que cientos de personas están pasando hambre porque tuvieron que abandonar sus cultivos, por miedo a que estén infectados de minas. “El grupo que le tocó limpiar un filo de la vía se encontró con una poma de explosivos, una caneca, más o menos 7 u 8 kilos de explosivos, tenía un cable largo. Para nosotros fue algo terrible. Ya la gente quería sembrar esta tierra, pero por eso esto está así porque no se sabe si puede haber o no”, cuenta Robinson Zapata, un agricultor de cacao de la zona.Providencia lanza SOS por incendio forestal que ha arrasado más de 10 hectáreas de bosque“Un cultivo en estas condiciones ya no es garantía para entrar porque si hay una mina, fácilmente cae. Nadie quiere entrar aquí. Al no entrar nadie a cultivar, el dueño de qué va a vivir, se pierde la finca, y es posible que el dueño tenga que salir a aguantar hambre”, dice Martín Cabezas.Don Segundo, el dueño del cultivo donde cayó Pablo Angulo, hoy tiene que resignarse a ver cómo sus seis hectáreas de cacao se pudren, consumidas por la maleza, pues nadie se atreve a trabajarlas. “Este cultivo ya tiene siete años que estoy volteando aquí para tenerlo así, y ahora verlo todo perdido”, dice.En la vereda vecina de La Onda, Diego cortés Landázuri, un campesino de 39 años que se dedicó al trabajo del campo desde los 13, sufre porque no pudo volver a sus cultivos. “Yo soy una persona que desde pequeño siempre me ha gustado ponerle la mano a la tierra”. El 26 de enero cayó en una mina. “Yo me fui en la mañana como siempre a mi trabajo, y venía volviendo acá a la casa. Y ya había pasado, ese es el camino de rutina que uno tiene. Y al volver por el mismo camino cuando ya me encuentro con el aparato ese. En ese momento, cuando escuché el sonido, me volteé a ver y el pie no estaba. Me tiró por allá, en ese momento no sabía qué hacer, quedé aturdido, me mandé la mano a la vista y la vista reventada”.Diego Cortés perdió la pierna izquierda y el ojo derecho. “Ya de verme así yo pensaba era en morirme. Porque una persona que he sido muy trabajador y en verme así decía para qué sigo más. Hasta que me traían cargado por acá decía no me saquen más, déjenme porque yo ya para qué sirvo”, cuenta.Ese mismo día, Alberto Ortiz, de 33 años y con tres hijos, amigo de la infancia de Diego, pisó una mina cerca de allí, y también perdió una pierna. “Ahora somos como hermanos. Es una cosa increíble, caer el mismo día. Lo que a él le pasa y los trámites de él los sé yo, y lo mío lo sabe él”, cuenta Diego, quien hoy trata de reponerse de los dolores del cuerpo. “Esa pierna la tengo toda perdida pero usted siente como si la tuviera ahí. Eso se siente, le pica a uno debajo de la planta del pie, como si la tuviera ahí, eso no me deja dormir, es una cosa fea”.Sobre todo, trata de reponerse de la tristeza de ver sus anhelos desmoronados. En el campo, donde todo se gana con el esfuerzo del cuerpo, perder una extremidad significa quedar inhabilitado para casi cualquier actividad de subsistencia. Diego quería juntar recursos para irse a vivir a una ciudad, en calma, con sus tres hijos. Por eso trabajaba duro en los cultivos y había montado esta gallera en su casa, que hoy está abandonada.Los accidentes de estos hombres han causado un gran impacto emocional en el territorio. “A cualquiera se le arruga el corazón y se le salen las lágrimas, por lo menos con el compañero Diego, de La Onda. Hemos jugado fútbol, él en su vereda y yo en la mía. De pronto no me atrevo ni a ir a verlo, porque verlo que hace unos 8 meses jugamos fútbol, nos tomamos una cerveza, y ya hoy verlo que perdió una vista, a punto casi de perder las dos piernas. Es muy impactante. El territorio del Alto Mira en el tema de las minas está abrumado”, dice Carlos Angulo, de la vereda El Restrepo.Hace más de 10 años, el Alto Mira vivió una situación similar, un pico de accidentes con minas que dejó mutilados por toda la región. En ese tiempo, las Farc controlaban el territorio. Stalin Buila vivió para contarlo: “Estábamos trabajando con un primo y ya íbamos saliendo para la casa como a las 3. Yo me resbalo con la raíz de un árbol, a orillita de camino, la bota me resbala así, y justo cae, la han tenido metido en medio de dos raíces, entonces yo me resbalo cuando siento ese boom, ya la pierna desbaratada ya, mochada, el hueso astillado, ya no había pie”.La nueva guerra entre los grupos residuales del desarme de las FARC revivió ese calvario para los habitantes del Alto Mira. “Yo estoy parado aquí dando esta entrevista y no creas que no tengo miedo, el miedo aquí lo tenemos todos porque si el Estado que es Estado no ha podido controlar a esta gente en su accionar de guerra, mucho menos nosotros los civiles. Nosotros estamos a merced de que nos consideren o nos quiten la vida”, dice Martín Cabezas.En medio de todas las carencias de este territorio, de la falta de vías y de agua potable, de la ausencia de un hospital para atender incluso a quienes pisan las minas, hoy hacen una petición urgente. “Lo único que estamos pidiendo es que el Estado, el gobierno de Gustavo Petro, habilite un equipo de desminado para que nos haga ese seguimiento de desminado y no tengamos que seguir sacrificando vidas en nuestro territorio”, dice Cabezas, el presidente del consejo comunitario.Pablo Angulo y Diego Cortés tratan de recuperarse de sus heridas recientes para empezar a reconstruir sus vidas. “Me siento bastante incómodo porque es que verme, un tipo que he sido de mi trabajo, y verme de esta manera, me siento mal, mal”, dice Pablo. “Que no nos den la espalda, porque así como uno está ahorita uno no puede hacer nada, eso es lo que yo pido, que no se olviden de uno”, concluye Diego.Mientras su suelo siga infestado con esa plaga, los habitantes del Alto Mira permanecerán privados de los más esencial para un campesino: su estrecha y libre relación con la tierra.
La desmovilización de las AUC en los Montes de María, Bolívar, supuestamente traería días de calma para sus habitantes, pero la realidad es que los grupos armados, hoy bajo otro nombre, siguen en los territorios y su control es total. A cinco meses de las elecciones regionales hay preocupación en la zona.Preocupación por amenazas de disidencias de las FARC contra candidatos a elecciones regionalesEl corregimiento de Las Palmas, en San Jacinto, es un pueblo que está proceso de reparación colectiva por las masacres que perpetraron las AUC a finales de 1999, allí poco ha cambiado pues ahora están las autodefensas gaitanistas.En el Carmen de Bolívar la cosa no es distinta. En esta zona existe un temor bien fundado entre su gente, saben que los vigilan. El campanero puede ser cualquiera, no se fían de nadie, saben que los observan, tienen claro que las paredes escuchan y que cada esquina tiene su dueño.“En el día a día es un poco difícil porque las personas temen ir a la finca a trabajar porque no saben con quiénes se van a encontrar allí y en las comunidades, los pueblos, tampoco. Es un poco difícil porque están controlando el tiempo, la hora en que las personas tienen que dormir, ponen horario en la noche para que a partir de tal hora no continúen en las calles”, comenta una lideresa zenú.Dicen las comunidades de los Montes de María que ni siquiera esperan un desplazamiento masivo porque se sienten confinados en su propia tierra.Informe revela cómo grupos armados ilegales imponen normas en zonas donde delinquen: ¿cuáles son?“Muchas comunidades han intentado salir y estos grupos lo que han dicho es: no se vayan porque los necesitamos aquí, como escudo, ósea, un desplazamiento masivo como tal ellos no lo van a permitir, pero sí hay un confinamiento y es vivir dentro de la zozobra y mezclados con los grupos armados a la fuerza porque nosotros somos sociedad civil”, resalta la lideresa de los Montes de María.En un panfleto que ha hecho circular este nuevo grupo armado, que se presenta como un reencauche de los antiguos rastrojos costeños, se declara enemigo del Clan del Golfo y el ELN, su presencia hace más compleja la situación porque es un nuevo actor en la confrontación armada.Desde el 1 de enero de 2021 y hasta el 5 de abril de 2023 se han registrado 18 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, ocho municipios de la subregión fueron afectados por violencias selectivas y, según Indepaz, en lo corrido del año han sido asesinados tres líderes sociales en la zona. La Defensoría del Pueblo advierte que las AGC se perfilan como las presuntas responsables.
Hay rechazo por la amenaza que lanzó en las últimas horas el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC contra los candidatos que hagan política en zonas de Colombia donde fue levantado el cese al fuego por la masacre de los cuatro niños indígenas.Informe revela cómo grupos armados ilegales imponen normas en zonas donde delinquen: ¿cuáles son?En cuatro párrafos, las disidencias de las FARC hacen una dura advertencia a los partidos políticos tradicionales de cara a la próximas elecciones de octubre, señalando que los políticos deberán desistir de hacer su trabajo y evitar la compra de votos donde estos grupos criminales hacen presencia. Agregan que no son bienvenidos en esos territorios y serán devueltos al llegar a los puestos de control de este grupo armado ilegal.El Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, le reprocha al Gobierno nacional el levantamiento del cese al fuego asegurando que no se asumen rupturas apresuradas.Para expertos en conflicto, este grupo tiene antecedentes en estos actos criminales.“En 2022, después de las elecciones de Congreso, el Estado Mayor Central asesinó al exalcalde de López de Micay, acusándolo de haber manejado una red de compra de votos. Entonces, esto lo que muestra es que estas amenazas el Estado Mayor Central sí está dispuesto a hacerlas cumplir”, dice Kyle Johnson, investigador en conflicto de Conflict Responses."Frente Carolina Ramírez es uno de los que más está reclutando menores": fundación ParesAdemás, dicen que las intimidaciones son un golpe a la democracia.“Si vamos a negociar una paz, yo creo que hay condiciones que deberíamos aplicar, no necesariamente para abrir la conversación, pero deben ser la prioridad: apenas que haya esa conversación, tenemos que mejorar la situación humanitaria y obviamente las elecciones hacen parte de este proceso”, señala Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia en Crisis Group.Según las autoridades, hay garantías para el desarrollo de las elecciones regionales.“Se han dado instrucciones precisas, en estos momentos, para los 12.929 puestos de votación a nivel país que ya se tienen coordinados, hay una planificación, una logística y pueden estar seguros de que sus Fuerzas Militares y la Policía Nacional están trabajando en ello”, enfatiza el general Tito Castellanos, subdirector de la Policía Nacional.Desde los partidos políticos hay rechazo y preocupación. Juan Espinal, vocero del Centro Democrático, solicitó a “la Unidad Nacional de Protección para que entreguen todas las garantías tanto físicas como jurídicas a los candidatos”.A su vez, Carlos Amaya, copresidente del Partido Alianza Verde, indicó que este “es un ataque grave a la democracia y debe ser enfrentado con toda contundencia por parte del Estado, el Gobierno debe garantizar la seguridad de todos y cada uno de los candidatos”.La solución, a juicio de expertos, de cara a los próximos diálogos con el Estado Mayor Central será poner reglas y condiciones claras con este grupo armado ilegal.
Con drones y visores nocturnos comandos de las fuerzas especiales de las Fuerzas Militares y los indígenas buscan a los cuatro niños perdidos en selva entre Caquetá y Guaviare tras el accidente de la avioneta en la que iban junto con su mamá y dos personas más. Un equipo de Noticias Caracol se metió en el corazón de la operación Esperanza y conoció detalles inéditos de cómo trabajan los rescatistas.Papá de niños perdidos en la selva no pierde esperanza de encontrarlos: “Los tendremos con vida”Los zapaticos rosados de la niña de cuatro años permanecen intactos en el sitio de la tragedia. Están en medio de las latas del avión del que, aseguran, los cuatro niños salieron con vida.A pesar del cansancio que muchos dicen sentir, esos zapaticos son la esperanza para los más de 200 indígenas y militares rescatistas que buscan en medio de la selva la fuerza para no desfallecer.Un equipo de Noticias Caracol abordó el helicóptero en Calama, Guaviare, y acompañó a uno de los grupos especiales durante el arduo trabajo.Después de sobrevolar por casi 40 minutos la selva del Guaviare y pasando el río Apaporis, uno de los afluentes por donde se intensifica la búsqueda, la aeronave aterrizó en un improvisado helipuerto construido por los indígenas y los militares.Tras la salida de la aeronave del sitio, cayó un impresionante aguacero. El mal estado del tiempo no frena la misión.Ya en la noche, mientras que algunos comandos toman el turno para seguir la búsqueda de los niños perdidos en Guaviare, otros que caminaron la selva por horas y varios kilómetros más adelante eligen un sitio para armar sus cambuches.Los escogidos para descansar esa noche son cuidados por turnos de dos horas por parte de sus compañeros, ya que en esta zona hay una fuerte presencia de las disidencias de las FARC, grupo armado ilegal con el que hay una ruptura total del cese al fuego. Por eso, extreman todas las medidas.“Acá llevamos 15 días como tal seguido, hay mucho insecto en la montaña, también es bastante espesa”, comenta uno de los comandos de operaciones especiales de las Fuerzas Militares, en voz baja.Señala que hablan de esa manera en la noche “para no ser detectados por el enemigo” y tampoco se encienden luces.Por la improvisada trocha entre la selva que abrieron los indígenas y los militares para llegar al sitio de la tragedia se ven pasar frecuentemente indígenas cargando los alimentos que envía el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a todos los rescatistas, que están selva adentro.A búsqueda de cuatro niños perdidos en Caquetá se sumó la ONUCon drones, los comandos de operaciones especiales buscan a los niños en varios puntos y también vigilan a los grupos mixtos de rescatistas en tierra.“Con el refuerzo de los indígenas y la persistencia de los hombres de fuerzas especiales, tenemos la esperanza de poder encontrar a los niños en los próximos días”, manifestó el mayor Armando Guerrero, integrante del comando de operaciones especiales.Mientras que 16 indígenas y un soldado han tenido que abandonar la selva por problemas de salud, los que se quedan en medio de las más difíciles condiciones aseguran que su misión termina hasta regresar los niños perdidos en la selva a los brazos de su padre y su familia.
