Entre cepillos, espejos y polvos, estas mujeres, pacientes de cáncer y sobrevivientes del COVID-19, inauguraron su salón de belleza y aunque apenas les han llegado las primeras clientas, ellas ya están alerta.Fue al barrio Belén - San Bernardo, en el sur de Medellín, al que este grupo de mujeres llegó a cumplir sus sueños.Sandra Gómez, una de las ejemplares emprendedoras, le agradece a Dios la mala memoria. Desde hace seis años padece cáncer cerebral y cuando le dio coronavirus, en un abrir y cerrar de ojos, se le olvidó. El problema fue que los síntomas sí tuvieron buena retentiva. Sin embargo, hoy que está sana, tiene todas las ganas de hacer lo que más ama.“Fui diagnosticada con cáncer cerebral grado 4, es el cáncer más agresivo que hay, estuve en tratamiento, en un sin número de terapias, 45 quimioterapias. A mí me va mal en las quimioterapias porque me ponen… perdí la memoria, entonces perdí la memoria”, recuerda.A pesar de que ha padecido de múltiples síntomas a causa del cáncer y del COVID-19, ella sigue campante y feliz.“Yo maquillo y me olvido del mundo, hasta me olvido de mi diagnóstico y me encanta maquillar. Me encanta ver a las mujeres que se miren el espejo y vean reflejada la belleza a través del maquillaje. Con el maquillaje nos podemos sentir más lindas”, dice.A punta de rifas y préstamos, lograron construir su negocio y por nada del mundo se piensan ir.“Somos muy luchadoras, somos personas muy guerreras, nosotros tenemos el grupo que incluso se llama Guerreras al Aire. Alexandra, la líder, a todos nos ayuda y a todos nos impulsa. Ella trabaja demasiado por la fundación. En base a eso se construyó este sueño, de a poquitos”, narra Natalia Rojas, una maquilladora que también es paciente con cáncer.Durante los últimos meses, estas mujeres han tenido que vivir el golpe del desempleo, fue por eso que se vieron obligadas a montar su propio negocio.“La mayoría de chicas son maquilladoras que hemos capacitado, ya que una de las mayores dificultades cuando nos encontramos en tratamiento es que nos den empleo, por eso, la corporación y sus empresas aliadas las capacitamos para que se vuelvan maquilladoras profesional y tengan mejor calidad de vida”, explica Alexandra Parra.A ellas, que el COVID-19 se las pinte como quiera y no es que lo estén retando, pero tienen la valentía suficiente para superarlo. Comprendieron que las batallas se ganan con una buena dosis de esperanza y, para eso, no se necesita mucho pelo.
“Unos presos que estaban ahí se robaron un carro de la Policía… Se fueron en él”, dice con sorpresa la voz de una mujer.El audio circula con fuerza en redes sociales y se refiere al intento de fuga de 173 personas de la estación de Policía de Belén, esa que en las últimas semanas ha protagonizados otros escapes y algunos escándalos por uniformados que han protagonizado presuntos hechos de corrupción.El coronel Daniel Mazo, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Medellín, confirmó el intento de fuga, pero aseguró que todos los detenidos están en manos de las autoridades.Además, indicó que en esos hechos, ocurridos hacia las 3:00 p.m. del sábado, los delincuentes “dañaron unas rejas, el sistema de agua y sistema de energía”.Además, provocaron lesiones en tres uniformados.El alboroto fue tal que los vecinos de ese lugar, en la comuna 16 Belén, en el occidente de Medellín, grabaron el movimiento de policías tratando de controlar a los detenidos en fuga. El Ejército, el Esmad y la Personería hicieron presencia, unos para ayudar a controlar la situación y otros para tratar de que los derechos de los detenidos no fueran vulnerados.Finalmente, Mazo dijo que ese lugar está acondicionado para apenas entre 30 y 40 detenidos, pero alberga 173 que “a diario están buscando cómo fugarse. En este momento intentaron ingresar una comida que llevaba unos estupefacientes”, señaló.
Como si estuvieran siguiendo el guion de una película de Hollywood, ocho ladrones presuntamente engañaron a un hombre que tenía en arriendo su casa, lo amordazaron, lo encerraron en el baño de la vivienda y luego ingresaron a otra para llevarse un codiciado botín: 2.300 millones de pesos.El hecho sucedió en la mañana del jueves en el sector de Belén La Mota, en el occidente de Medellín.Según explicó el coronel Daniel Mazo, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, a eso de las 12:30 del día sus hombres recibieron la llamada de una persona que denunciaba un hurto en una urbanización del barrio Belén La Mota.“Al llegar allí se verifica, es un hecho de mucha preocupación para nosotros. Una persona que va a ofrecer en arriendo una vivienda, permite el ingreso de ocho personas”, manifestó el oficial.Luego, esos ocho hombres amordazaron al arrendatario, lo metieron en un baño y saltaron a través de un patio a una casa vecina que está en mantenimiento.De allí, pasaron a la vivienda donde estaba su objetivo. “Allá amordazan a dos señoras mientras cometían el hurto”, relató Mazo.El oficial confirmó que el hurto asciende a 2.300 millones de pesos, monto que estaba en cajas fuertes a las que tuvieron acceso los delincuentes, que posteriormente huyeron.Mazo indicó que los hechos son materia de investigación y llamó la atención no solo sobre el proceder de los ladrones, también de los vecinos que “no tienen un frente de seguridad consolidado para saber que algo extraño está pasando. Si van hacia una casa a mirarla, no tienen por qué entrar a otra”, reflexionó.Sobre la víctima del hurto en esa casa del barrio Belén La Mota, Mazo dijo que es un abogado litigante que, además, tiene un negocio en el centro de Medellín.
Una investigación que empezó en octubre del 2019 en la estación de Policía de la comuna 16, de Belén, en el occidente de Medellín, permitió dejar en evidencia a 22 uniformados que estarían recibiendo dinero de bandas delincuenciales para omitir sus funciones.La Fiscalía y la misma Policía lograron infiltrar a dos uniformados en la presunta red de corrupción.Los dos encubiertos grabaron durante once meses la forma en la que los 22 de sus compañeros recibieron supuestos sobornos, vendían información clasificada y realizaban procedimientos extrajudiciales.Noticias Caracol obtuvo algunas de las grabaciones de esos hechos ilegales.En una de ellas, se ve cuando un uniformado recibe un paquete con el presunto pago de una extorsión en una supuesta plaza de venta de estupefacientes en el Barrio Antioquia.Según la investigación de la Dirección Nacional de Fiscalías contra el Crimen Organizado, entre los uniformados existía un acuerdo para ejecutar falsos procedimientos a cambio de no capturar a los responsables, cobraban vacunas; los fraudulentos recaudos ascendían a los 100 millones de pesos.“Eso se estaba volviendo un negocio redondo, captúrame y yo te suelto, pero te doy tanto, entonces las capturas se estaban volviendo parte de ese negocio, parecido al del carrusel de las recompensas”, dijo Luis Fernando Quijano, analista de conflicto urbano.Según las averiguaciones de la Fiscalía, los uniformados pertenecían a una nómina alterna de al menos siete combos delincuenciales del Barrio Antioquia y el barrio Santa fe, en las comunas 15 y 16 de la capital de Antioquia.Entre todos reunían cerca de 30 millones de pesos al mes para pagar a los policías. Otra grabación muestra el supuesto pago de uno de los alias vinculados a la investigación a los funcionarios.“Por ahí nace la investigación contra una organización criminal que en este sector de la ciudad está realizando tráfico de estupefacientes y dentro de esa misma investigación evidencian que algunos miembros de la institución omiten sus funciones y permiten que estas personas realicen la comercialización”, dijo sobre el operativo el general Eliécer Camacho, entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y ahora designado comandante de la Regional 6 de la Policía.Entre la evidencia presentada al juez de garantías se encuentran videos en los que luego de hacer falsos allanamientos, los uniformados, al parecer, se quedaban con la droga o armas incautadas para venderlas.Otras imágenes muestran a los policías contando dinero, supuestamente recibido, a cambio de no cumplir con sus funciones en dichos sectores. Ninguno de los 22 imputados aceptó cargos.“Es una decisión demasiado garantista, ajustada a derecho de parte del juez, pero también no implica que porque estas personas estén en detención ya sea intramural o domiciliaria ya sean tenidos como culpables”, manifestó Yeison Torres, abogado defensor de algunos de los implicados.Las audiencias preliminares duraron 24 días, 16 uniformados fueron enviados a la cárcel de Itagüí, otros seis cobijados con medida domiciliaria. Otras nueve personas, supuestos integrantes de combos delincuenciales, también fueron imputados.
Entre los presuntos hechos de corrupción que la Fiscalía les atribuye a 22 policías de la estación de Belén, en Medellín, está recibir dineros de parte de ilegales a quienes dejaban en libertad luego de montar falsos operativos para capturarlos.“El material probatorio da cuenta de que los uniformados, muchos de ellos subintendentes y patrulleros, no ejercían su deber ni actuaban contra las personas que harían parte de por lo menos 13 redes delincuenciales y, supuestamente, les permitían la venta de drogas y otras conductas ilícitas. A cambio, los cabecillas de estas organizaciones presuntamente realizaban pagos mensuales de hasta 25 millones de pesos, explicó la Fiscalía por medio de un comunicado.Además, según el ente acusador, “se estableció que en algunas oportunidades los funcionarios, adscritos a la estación Belén, habrían ingresado sin orden judicial a viviendas en las que encontraron drogas y armas. Se presume que exigieron diferentes sumas de dinero para devolver los elementos y no presentar ante las autoridades judiciales a los responsables de los mismos”, aseguró la Fiscalía.Sus investigadores lograron acreditar ante la justicia 40 eventos delictivos en los que los policías, supuestamente, participaron. “En dos de estos, al parecer, recibieron 45 y 40 millones de pesos, respectivamente, para no capturar”, indicó la fuente.Los 22 uniformados fueron imputados con los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio, concusión, cohecho por dar y ofrecer, prevaricato por omisión, tráfico de estupefacientes, y porte de arma de fuego tanto de defensa personal como de uso privativo.A 16 de ellos, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento intramural y los otros seis fueron cobijados con detención en sus lugares de residencia.En los mismos operativos fueron detenidos 13 civiles, los cuales fueron imputados por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de estupefacientes, y porte de arma de defensa personal y uso privativo.“A nueve de los procesados les impusieron medida privativa de la libertad en centro carcelario, entre ellos, alias Cortico, quien estaba entre los delincuentes más buscados en el Valle de Aburrá.El día de las capturas, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional incautaron en Medellín 48 kilogramos de marihuana, 45 celulares, una pistola traumática con tres proveedores y 95 cartuchos para la misma, 100 gomas con alucinógenos, 200 papeletas de tucibí o cocaína rosada y 150 papeletas de base de coca, entre otros elementos.
Nuevamente un grupo de policías de la estación la comuna de Belén en Medellín está inmerso en un escándalo de corrupción.En esta ocasión fueron detenidos por la misma Dirección de Investigación Criminal (Dijín) varios uniformados de esa y otras dependencias de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señalados de nexos con bandas del barrio Antioquia como Alexpin, La cueva, El coco, El triángulo, Santa Fe, San Bernardo, La 24, Miami, Maema y Sanchoco.Los 22 funcionarios detenidos, sobre quienes pesaban órdenes de captura, deberán responder por omitir sus funciones en el control al microtráfico de estructuras ilegales del occidente de Medellín; lo cual tiene que ver con delitos como concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y delitos contra la administración pública; cohecho por dar u ofrecer y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.Otro uniformado fue detenido en flagrancia. Ellos, junto a otras 12 personas que fueron capturadas en la redada, serán trasladados al edificio José Félix de Restrepo para realizar las audiencias de solicitud de legalización de capturas, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.Entre las otras personas detenidas por la Dijín están alias el ‘Cortico’, uno de los presuntos delincuentes más buscados del Valle de Aburrá.“Según las investigaciones, los uniformados que prestaban sus servicios en varias estaciones, habrían faltado a su deber constitucional incurriendo en la omisión de sus funciones lo cual favorecía el actuar delincuencial”, dijo sobre el operativo el brigadier general Luis Enrique Méndez Reina, comandante de la región de Policía número 6.El oficial, además, destacó que fue una investigación liderada por la misma institución para retirar del cargo a aquellos funcionarios que se alejan de sus deberes.En los 24 allanamientos hallaron una pistola traumática con tres proveedores y 95 cartuchos para la misma, 100 gomas con alucinógenos para inducción de menores a la drogadicción, 200 papeletas cocaína rosada o ‘tuci’ y 150 papeletas de base de coca.Las autoridades estiman que las bandas de la zona del barrio Antioquia pueden lograr entre 5 mil y 6 mil millones de pesos mensuales en la venta de estupefacientes.Además, establecieron que algunos de los policías recibían entre 3 y 30 millones de pesos mensuales para no obstruir las acciones de las bandas de esa zona de Medellín.Esta no es la primera vez que policiales de esa estación se ven inmersos en escándalos. Recientemente, las mismas autoridades abrieron investigaciones para establecer las causas que permitieron la fuga de medio centenar de detenidos que estaban en ese lugar.Y en 2012, varios uniformados, entre ellos un capitán en curso de ascenso a mayor, fueron capturados por nexos con bandas de Belén, algunos señalados de facilitar asesinatos y crear falsas escenas de hallazgo de armas para enlodar a personas que nada tenían que ver en los hechos.
En Medellín fueron capturados dos policías señalados de extorsionar a un hombre, quien denunció el caso ante las autoridades.La misma institución le hizo seguimiento al hecho y sorprendió en flagrancia a los dos uniformados, quienes habrían exigido al ciudadano una suma de dinero.La víctima acudió a una panadería para encontrarse con los policías, pero en realidad era un señuelo, mientras hombres del Gaula grababan toda la acción como material probatorio.“Exigían un dinero por omitir sus funciones. La Policía Nacional se compromete nuevamente con erradicar de sus filas aquellas personas que no cumplan con la normatividad penal, estamos para servir a la gente”, dijo el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.Los uniformados habrían cobrado la suma de 500 mil pesos al ciudadano por realizar una construcción de un inmueble sin la respectiva documentación.Los hechos ocurrieron en el barrio Belén La Gloria, occidente de la capital antioqueña.
Un video que circula en redes sociales, en el que se ve cuando un hombre descarga su ira contra un niño, ha causado indignación en Medellín y Antioquia.En las imágenes se observa cuando el sujeto golpea al menor, quien a los gritos le pide cesar las agresiones y clama por ayuda.“Deja de estar grabando tú, vieja”, le reclama el individuo a una mujer que capta con su teléfono móvil lo sucedido.En ese momento, el hombre monta su bicicleta, intenta hacer lo mismo con el niño y lo lanza al suelo.Noticias Caracol habló con la mujer que no solo fue testigo de la agresión al menor, sino que también grabó lo ocurrido, lo que a la postre permitió que el hombre no siguiera maltratando al pequeño.“Estábamos mi esposo, mi hija y yo, y vimos a una persona, que estaba acompañada de otras, que regañaba a un niño, le decía que por perezoso no tenía derecho a comer, que se fuera de ahí y lo ultrajaba y el niño lloraba con hambre y ellos comían pastel de pollo con gaseosa”, recuerda la testigo.El agresor, ante la presencia de la familia, le pidió al niño que se marchara, argumentando que era su papá, lo que según la denunciante fue desmentido por el menor.Según la mujer, el hombre le tumbó al pequeño una presa de pollo que le había sido regalada y trató de llevárselo en una bicicleta, ante lo que el niño suplicaba ayuda.La Policía Metropolitana le confirmó a Noticias Caracol que el hecho ocurrió en inmediaciones de la avenida 80 con la calle 35, pero que se está tratando de establecer qué hay de fondo.
Las ganas de fiesta pudieron más que el miedo al contagio para cerca de 100 adolescentes que, sin tapabocas y aglomerados, esperaban pacientes por el ingreso a la celebración. Vecinos del barrio Belén Aliadas, en Medellín, observaban atónitos cómo los menores por montón ocupaban las escaleras de los tres niveles de la vivienda.“Es muy triste uno ver que no están yendo a los colegios por lo mismo, por cuidarse y ver qué hay mamás que ni se dan cuenta dónde están sus hijos”, expresó Nancy Zapata.Se trataba de un cumpleaños que fue convocado por uno de los menores de edad, a través de un mensaje en WhatsApp.La mamá del cumpleañero confirmó que ella misma llamó a la Policía porque en la puerta de su casa ya estaban cobrando hasta ‘cover’ para el ingreso a una improvisada ‘chiquiteca’.“Quien hizo la llamada fue su madre. Ella preocupada por la seguridad y la salud de estos jóvenes nos informa”, indicó el coronel Daniel Mazo, comandante operativo de la Policía del Valle de Aburrá.La indisciplina de adultos y menores de edad sigue cobrándole cuentas al departamento que, en el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, registró 2.750 nuevos contagios. La alerta sigue siendo máxima.“No es tiempo de divertirnos. Por favor, si usted tiene alguna sintomatología respiratoria o gastrointestinal que es compatible con el coronavirus, llame a su EPS”, manifestó Martha Lodoño, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Antioquia.Con la llegada de las patrullas, los menores de edad corrieron y se dispersaron en la calle. No hubo aprehensiones, según las autoridades, pero sí intervenciones en por lo menos otras cuatro fiestas clandestinas.
Pese a la alerta de las autoridades por la ocupación UCI y el aumento de casos de coronavirus, en Medellín se sigue evidenciando el mal comportamiento ciudadano, por parte de quienes insisten en hacer fiestas y reuniones, donde hay presencia incluso de adolescentes sin ninguna protección.En el barrio Belén Aliadas, suroccidente de la capital antioqueña, la Policía intervino una ‘chiquiteca’ que se celebraba en una casa de tres pisos, donde había menores de edad sin respetar el distanciamiento social, ni las medidas de prevención como el tapabocas.Los jóvenes, al ver a las autoridades, salieron a correr por las calles del barrio ante la mirada de los vecinos. Algunos de ellos grabaron con sus celulares lo sucedido.Antioquia sigue en alerta roja hospitalaria por ocupación UCI que es de 80.3 por ciento y el domingo se registraron 2.750 contagios nuevos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exsenador colombiano Álvaro Alfonso García Romero, condenado por la justicia ordinaria a una pena de 40 años de prisión por su participación en la masacre paramilitar de MacayepoGarcía Romero, quien cumple su sentencia en la cárcel La Picota de Bogotá, recibió una de las sanciones más altas contra los congresistas que tuvieron nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y participaron de sus crímenes.El exsenador fue aceptado en la Jurisdicción como "Agente de Estado no integrante de la Fuerza Pública" y se ofreció a aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria sobre crímenes perpetrados por los paramilitares principalmente en el norte del país."La JEP busca esclarecer y conocer a fondo en qué consistió la promoción, auspicio y colaboración de dirigentes políticos con grupos paramilitares", consideró la jurisdicción al estimar que los aportes del exsenador permitirán "desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo".El exsenador, oriundo del departamento de Sucre, fue condenado en 2010 por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple en calidad de determinador y desplazamiento forzado entre 1997 a 2000.La JEP tuvo en cuenta que, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, García Romero se valió de su condición de senador para consolidar el proyecto de las AUC en el ámbito nacional y aunque como paramilitar no participó en las hostilidades de ese grupo, "desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal".Específicamente, García se comprometió a aportar en la JEP verdad sobre las "reuniones en donde se creó el bloque Montes de María de las AUC y de las reuniones de Ralito y Chibolo", un pacto secreto entre grupos paramilitares y políticos colombianos, así como "sobre su participación en la masacre de Macayepo", perpetrada en el 2000 en el departamento caribeño de Bolívar.El exsenador, que permanecerá en prisión, además entregará su versión sobre el contrato de la Guaripa que sirvió como financiación de la creación del nuevo grupo de las AUC; la muerte de Georgina Narváez, una testigo electoral asesinada en 1997, y su vínculo con el paramilitar Salvador Arana, quien como gobernador de Sucre entre 2001 y 2003 impulsó a las Autodefensas."García Romero está en condición de entregar verdad sobre los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular, el nombramiento de miembros de las AUC en la administración pública, la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos", detalló la JEP.
El gobierno de Iván Duque prolongó hasta el 31 de mayo la emergencia sanitaria y el aislamiento selectivo para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Entre las medidas destaca que se autoriza la venta y consumo de licor en restaurantes a partir del primero de marzo.“Se hace una excepción, los restaurantes no requieren ningún tipo de piloto. Quedan autorizados para expedir licor y consumir en los restaurantes”, explicó Daniel Palacios, ministro del Interior.Además, la administración de Iván Duque determinó que se podrán adelantar pilotos para eventos masivos, pero cumpliendo ciertos requisitos que estarán dispuestos en el decreto.Por último, se prohíbe que mandatarios locales modifiquen el plan nacional de vacunación.
La laguna de Suesca es la historia de un muelle que se quedó esperando el agua y los veleros, es también la de una laguna que empezó a morir cuando el hombre y la naturaleza unieron fuerzas para acabarla.Uno de los sectores más críticos hace parte de la cuenca alta del río Bogotá… irremediablemente se seca con el paso de los días.“Ese es un proceso natural que no se puede detener. Pero en el caso de la laguna de Suesca es un proceso que se ha venido observando desde hace más de 30 años. Yo lo he venido observando con las visitas que hago desde los años 90”, explica Alfonso Pérez, ingeniero geógrafo y exdirector de la CAR.Sin embargo, los expertos van más allá: desde 1940 se insinuaba el trabajo de los humanos y los impactos que tendría en un futuro la agricultura.En los años 60, una aerofotografía muestra que la laguna mantuvo su forma, pero en el 2003 el agua en el costado sur comenzó a desaparecer. En 2016, la parte central cambió radicalmente.Recientemente, los satélites de Google Earth registraron que todavía había agua, pero se sigue secando irremediablemente, convirtiéndose en un desierto que solo produce tristeza.“Eso que queda, a la velocidad en que vamos, en dos meses ya no habrá nada, absolutamente nada de agua en la laguna”, dice Hernán Sandino, ingeniero civil propietario de uno de los predios más afectados por la sequía.Él habla con la nostalgia de la época en que el muelle era un bello lugar rodeado de agua y donde cientos de aves migratorias llegaban a descansar.Además, es consciente de que el cambio climático y las escasas lluvias de los últimos años han contribuido al frenético cambio en el paisaje. También habla de la negligencia de las autoridades ambientales.“Ha habido negligencia en ayudarle a la laguna a que se llene, tenemos una carretera que la circunda y esa carretera en muchos puntos hace que el agua llegue hasta ella, anegue los potreros vecinos y no pase a la laguna”, dice.Según Sandino, actúa como un cinturón que no permite que fluya el agua que baja por la pequeña cuenca hacia la laguna para contribuir a las lluvias. Según la CAR, la única fuente con que cuenta el cuerpo de agua.Alfonso Pérez, exdirector de la CAR, no descarta que el uso del agua, escasa en la zona, sea otra de las causas del desecamiento de la laguna.“Hay gente que tiene su cabañita, necesita agua para sus necesidades. Hay otra gente que riega sus pastos o sus cultivos con agua que sacan de la laguna o de los arroyos que la alimentan”, afirma Pérez, quien también es ingeniero geógrafo.En medio del crítico panorama, campesinos, expertos y autoridades ambientales tienen puestas sus esperanzas en que venga un periodo de lluvias que permita a laguna recuperarse y ser lo que era antes.Asimismo, la CAR sostiene que trabaja en un plan de reforestación en la parte alta de la cuenca del río Bogotá.Si la naturaleza y los humanos se lo proponen, tal vez algún día se vuelva a ver a la laguna de Suesca… ya no sólo en fotografías.
Claudia López se retractó sobre unas declaraciones en las que mencionaba a Enrique Peñalosa y decía que “a él le importaba el negocio de sus buses, sus troncales de diésel”, durante un debate acerca de Transmilenio por la Séptima. Un juez le diera 48 horas para rectificar.“A los jueces hay que hacerles caso y lo vamos a hacer”, comentó la alcaldesa de Bogotá quien, antes de la rectificación, sostuvo que su comentario no pretendía señalar a Enrique Peñalosa de tener un negocio con los buses de TM.“Quiero decirle, y Enrique lo sabe, que no estoy sugiriendo que sea corrupto ni sea bandido o que se embolsille una plata de unos buses que él vende”, afirmó.No obstante, agregó que “la discusión es otra, es si ese modelo de Transmilenio, de troncales como la Caracas, es el modelo que tiene que seguir teniendo Bogotá o si lo que tenemos es que seguir expandiendo la red de metro”.
Una semana después de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, en el que una joven embera, de 22 años, murió y bastantes familias resultaron desplazadas, varias comunidades indígenas siguen en medio del conflicto.Muchos integrantes de las comunidades de Mohamía, Esenada y Agidó abandonaron su hogares y emprendieron camino hacia el pueblo indígena de Miácora.“Los embera no estamos acostumbrados a escuchar sonido de balas, ni mucho menos bombas”, manifestó el gobernador indígena Miácora, Luis Mona Mecha.En el municipio de Alto Baudó, Chocó, se encuentran 65 familias desplazadas y más de 650 confinadas que necesitan ayuda. Desde hace varios días, una misión humanitaria recorre estas comunidades afectadas.De acuerdo con el personero de Alto Baudó, Heriberto Andrade, una ONG ha venido para apoyarlos, constatando la situación para ayudar a las familias del municipio que estén en crisis.La situación es complicada debido a que solo para llegar de Quibdó hasta Alto Baudó hay que conducir por cuatro otras y después viajar en lancha durante otra cuatro horas.Sin embargo, un equipo de Noticias Caracol acompañó a las autoridades para entregar las ayudas humanitarias.Llegaron a uno de los puntos de encuentro donde la alcaldía del municipio va a entregar las primera ayudas humanitarias para la comunidad afro de Cugucho, en la que hoy sus miembros están confinados y desplazados.“Se están haciendo diagnósticos y básicamente es el punto de partida. Ahora sí vamos a llevar los requerimientos de las comunidades”, declaró Ulises Palacios, alcalde de Alto Baudó.Las ayudas humanitarias consisten en alimentos no perecederos, carne y verduras, aunque se necesita con urgencia colchones, cobijas y elementos de bioseguridad.