El Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (DAPRE) informó que Andrés Mayorquín ya fue notificado con pliego de cargos a raíz del escándalo por los múltiples contratos que su esposa obtuvo con el Estado cuando él se desempeñaba como asesor de la Presidencia.“En un tiempo prudente de dos meses se adelantó la indagación preliminar, hoy, 21 de enero de 2022, la Oficina de Control Interno Disciplinario dictó pliego de cargos, citando a audiencia pública al señor Andrés Mayorquín Bocanegra”, dijo Víctor Muñoz, director del DAPRE.En contexto: “De pronto yo sí cometí error”: Andrés Mayorquín habla de millonarios contratos de su esposaAgregó que están “indagándole de manera provisional dos cargos en su contra por la presunta comisión de faltas disciplinarias, calificadas como gravísimas, de acuerdo a lo establecido en el Código Único Disciplinario”.La audiencia a la que deberá asistir Andrés Mayorquín está prevista para el próximo 3 de febrero. Este exasesor de la Presidencia de Colombia podría ser sancionado con una inhabilidad de 10 a 20 años para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado.Más del caso: En más de 12 contratos, esposa de exasesor de Presidencia afirmó que no tenía conflicto de intereses
Este 19 de enero fue presentado ante un juez el preacuerdo realizado entre la Fiscalía y Carlos Mattos para lograr una reducción en la pena dentro del proceso que se adelanta por el ofrecimiento ilegal de dinero a una juez para favorecerlo en el caso Hyundai.En el documento se establece que el empresario pagaría 32 meses de cárcel, una multa de 30 millones de pesos y una suma de 1 millón de dólares por daños y perjuicios y para reparar a las víctimas.Adicional, Carlos Mattos se compromete a no acogerse a los términos de extradición bilateral con España, sino que se someterá sin condicionamiento a la justicia colombiana.Carlos Mattos llegó a Colombia extraditado desde España: “Me quieren matar”Finalmente, quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 53 meses.Álvaro Betancourt, fiscal delegado, detalló que el empresario "aceptará en virtud del presente preacuerdo el cargo señalado al momento de la imputación recibiendo como contraprestación a su renuncia voluntaria de la presunción de inocencia la reducción de pena prevista en el segundo inciso del artículo 352 de la Ley 906 de 2004, esto es, una reducción de la tercera parte de la pena imponible".El juez 11 penal del circuito le explicó en audiencia a Carlos Mattos, recluido en la cárcel La Picota y quien hizo presencia a través de videollamada, lo que implica el hecho de aceptar o no una culpabilidad:El próximo 24 de marzo, el togado definirá si avala o no el preacuerdo hecho entre la Fiscalía y Carlos Mattos.Duro regaño a la Fiscalía por dinero del soborno en caso Hyundai
La circular 001 de 2022 firmada por el presidente Iván Duque estableció siete directrices para la contratación estatal, tras los dos escándalos en los que se vieron involucrados el exasesor de Presidencia Andrés Mayorquín y su esposa, Karen Vaquiro, y el secretario jurídico de la Presidencia, Germán Quintero, con su pareja, Claudia Montealegre.En el primer caso, la esposa de Mayorquín obtuvo 24 contratos con el Estado por más de 1.200 millones y, en el segundo, a la pareja de Quintero le adjudicaron 9 por más de 600 millones, según explicó la representante a la Cámara Katherine Miranda.“De pronto yo sí cometí error”: Andrés Mayorquín habla de millonarios contratos de su esposaAnte estos hechos, el Gobierno emitió una directiva presidencial en la que fija siete lineamientos que se deben cumplir en la contratación estatal.Primero, antes de suscribir cualquier contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, se deberá apoyar en el SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) y verificar si el interesado tiene compromisos con cualquier entidad del Estado.“Todas las entidades están obligadas, durante los procesos de contratación, a verificar el número de contratos y los objetos de contratos que tienen las personas en ese momento y que se encuentran vigentes”, precisó Víctor Muñoz, director del DAPRE, sobre este punto.Asimismo, las entidades nacionales y territoriales deben garantizar que la plataforma SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) permita el diligenciamiento integral de los campos obligatorios que se encuentran establecidos por la normativa.En más de 12 contratos, esposa de exasesor de Presidencia afirmó que no tenía conflicto de interesesTodas las entidades estatales están obligadas a publicar en el SECOP la información oficial de la contratación que realicen, como los documentos pre, post y contractuales.Entretanto, el Departamento Administrativo de la Función Pública habilitará en el plazo de un mes, en el SIGEP, el reporte donde conste si el servidor público tiene familiares, hasta segundo grado de afinidad y segundo de consanguinidad, con contratos de prestación de servicios profesionales.Allí se debe declarar, “hasta segundo grado de consanguinidad, los nombres de todos los familiares para poder garantizar que no se está presentando esa situación” irregular de contratación estatal, dijo Muñoz.Si la entidad identifica inconsistencias en el proceso, deberá reportar la información a las autoridades competentes.Abren investigación de oficio contra exasesor de Presidencia y su esposa por millonarios contratos
El exasesor de la Presidencia Andrés Mayorquín habló con Noticias Caracol en medio del escándalo por los 24 contratos que obtuvo su esposa Karen Vaquiro con el Estado, dos de ellos con el Ejecutivo, algo que estaba prohibido porque su pareja trabajaba ahí.Abren investigación de oficio contra exasesor de Presidencia y su esposa por millonarios contratosEl exfuncionario comenzó "pidiéndole perdón al señor presidente Iván Duque, a la jefe María Paula Correa, al doctor Víctor Muñoz por ponerlos en este merecumbé"."No está bien que una persona tenga que salir a pedir excusas o a decir que me asaltaron en la buena fe porque un funcionario estuvo haciendo algo que tiene una tacha de duda", añadió.Escándalo en Presidencia: María Paula Correa dice que fue “asaltada en su buena fe”Andrés Mayorquín, a quien la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria, manifestó que debía evaluar su comportamiento y el de Karen Vaquiro ya que "de pronto yo sí cometí error y creo que uno tiene que ser responsable"."Debí como medir el ritmo político de esto y ser más consciente de la posición que tenía en ese momento y decirle a mi esposa ‘espera un momento y dame una oportunidad de desarrollarme un poco y tener más posibilidades de no poner en riesgo a terceros’", dijo en su defensa el abogado, que habría incurrido en presunto “tráfico de influencias, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, al otorgar millonarios contratos a su esposa Karen Vaquiro, en distintas entidades estatales”, según la Procuraduría.Nuevo escándalo en Presidencia: otra pareja estaría involucrada en hechos de tráfico de influenciasNo obstante, Andrés Mayorquín dijo que sí la recomendó, aunque antes de ser asesor de la Presidencia."Mi esposa es la luz de mis ojos y yo la recomiendo en todo lado, antes la movía mucho, la trataba de ubicar, en tanto no era funcionario, pero después no, ella poco a poco ha venido creciendo", afirmó.Y negó que ella se haya convertido en “megacontratista” por el trabajo que él desempeñaba: "Ella ya venía trabajando, lo que pasa es que es muy buena y hace las cosas muy bien, es muy disciplinada y empieza a sacar sus cosas adelante".Al ser preguntada sobre si había conflicto de intereses de su trabajo con el de su esposo, Karen Vaquiro dijo que "la única información que se compartía era la pública y era frente a lo que ocurría en las sesiones que se desarrollaban en el Congreso de la República. Información confidencial de Andrés Mauricio Mayorquín yo jamás la llegué a saber".Versión que desvirtúa la representante Katherine Miranda, quien afirmó que el exasesor “era el enlace de Presidencia” y se encargaba de “mover el Congreso de la República para que los proyectos de ley que quería el Gobierno pasaran”.El objeto de los contratos de Karen Vaquiro, dijo la parlamentaria, tenían “la misma función de Mayorquín, decirles a diferentes entidades cómo se está votando, qué está pasando al interior del Congreso, la señora prácticamente cobraba por el trabajo que estaba haciendo Mayorquín al interior del Congreso”.¿Por qué Karen Vaquiro no dijo que estaba casada con Andrés Mayorquín?Según ella, esto ocurrió "por error, por desconocimiento de la plataforma, tal vez, pero tampoco me quiero justificar, no tengo tan claro si desafortunadamente no puse que estaba casada y eso ha suscitado en que hoy en día se haya armado todo este rollo y que sea la situación mediática más importante de este país. Ahora bien, si decidí voluntariamente no hacerlo seguramente es para no usar el nombre de Andrés".Pero la representante Miranda cuestionó esta versión y aseguró que ella “incurrió en falsedad de documento público, lo que implica prisión entre 4 y 9 años, cuando no aceptó que estaba casada en el documento de la función pública”, lo que también le acarrearía una inhabilidad de 20 años para contratar con el Estado.Asimismo, la parlamentaria puso en la lupa los 24 contratos que consiguió la esposa de Andrés Mayorquín en solo 19 meses por 1.245 millones de pesos, 16 con el Gobierno nacional y 2 de ellos directamente con Presidencia.“Acá se genera una inhabilidad gravísima (…) Ella no podía contratar en la misma dependencia donde trabajaba su esposo, eso por Ley 80 está prohibido”, recalcó.Si la Procuraduría encuentra responsabilidad de Andrés Mayorquín en tráfico de influencias, el exasesor quedaría inhabilitado por 12 años para contratar con el Estado.El Ministerio Público, sin embargo, dijo que no podía investigar a Karen Vaquino “por no ser sujeto disciplinable. Sin embargo, si en el transcurso de la investigación se evidencia que asumió funciones públicas, la entidad procederá con su vinculación formal”.¿Por qué megacontratista siguió firmando con entidades, pese a sospechas que ya tenía Presidencia?
Andrés Mayorquín, exasesor político de la jefe de gabinete de la Presidencia de Colombia, Maria Paula Correa, continúa en el ojo del huracán por cuenta de los más de 20 millonarios contratos que su esposa obtuvo con entidades del Estado mientras él ejercía sus labores.Abren investigación de oficio contra exasesor de Presidencia y su esposa por millonarios contratosDesde la Procuraduría y la Fiscalía están solicitando que el Congreso de la República realice un debate de control político para que la jefa de gabinete, María Paula Correa, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Víctor Muñoz, entreguen sus explicaciones sobre el caso.En declaraciones anteriores Correa afirmó que se abusó de su “buena fe” y que desconocía, hasta el mes de noviembre, los contratos que vinculan a la esposa de Mayorquín.Mayorquín llegó a la Casa de Nariño en 2019, desde ese entonces la esposa del exasesor político consiguió 26 contratos con el Estado por un valor cercano a los 1.200 millones de pesos.Noticias Caracol tuvo acceso a más de 12 declaraciones diligencias por Vaquiro en las que la mujer admite tener pareja sentimental, sin revelar el nombre, pero niega que un posible conflicto de intereses para su contratación.
En las últimas horas, se destapó un nuevo escándalo relacionado con otra pareja en la Presidencia de Colombia que estaría involucrada en tráfico de influencias e irregularidades en contratación.Los implicados serían German Quintero, secretario jurídico de la Presidencia, y su esposa, Claudia Montealegre, quien, según un investigador de Caracol Radio, desde 2020, habría logrado adjudicarse al menos 16 contratos con entidades del Estado.Puede ver: Abren investigación de oficio contra exasesor de Presidencia y su esposa por millonarios contratosVíctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de La Presidencia De La República (Dapre), aseguró que esta mujer logró adjudicarse estos contratos mucho antes de que Quintero se posesionara en su cargo y, además, Montealegre logró acreditar una amplia experiencia laboral.“Empezó a trabajar desde el año 2020, mucho antes que el señor Quintero fuera designado como secretario jurídico de la Presidencia. Los contratos suscritos en el 2021, en términos generales, son renovaciones de contratos del 2020”, indicó el director del Dapre.Cabe señalar que Claudia Montealegre logró contratar con entidades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Armenia.Otras noticias: Buscan a conductor que causó accidente en el que murió querido médico del CaucaInterpol emitió una nueva circular roja contra Luis Carlos Restrepo, excomisionado de PazPartido MIRA se suma al Equipo por Colombia con Aydeé Lizarazo, su precandidata presidencial
Mientras la Fiscalía anunció una investigación preliminar por el escándalo de contratos entregados a la esposa de un asesor de la Presidencia de la República, se siguen conociendo nuevos detalles de lo que apunta a ser un gran escándalo de corrupción y tráfico de influencias.A la pareja conformada por Andrés Mauricio Mayorquín y Karen Liseth Vaquiro Cuéllar le siguen apareciendo datos escandalosos.Andrés Mauricio Mayorquín, que hasta hace dos días era asesor del despacho de la jefa de gabinete del presidente de la República, María Paula Correa, deberá explicar, tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía, por qué nunca contó en los documentos que presentó para el cargo que estaba casado con la economista.Escándalo en Presidencia: María Paula Correa dice que fue “asaltada en su buena fe”Karen Liseth Vaquiro también deberá explicar por qué nunca tampoco contó que estaba casada con un funcionario que tenía acceso al despacho de la jefa de gabinete del presidente Iván Duque.Esta mujer logró en los últimos meses hacerse con decenas de contratos millonarios en varias entidades del Estado, tal y como lo reveló Blu Radio.Lizeth Vaquiro obtuvo contratos en al menos 15 entidades.Noticias Caracol obtuvo documentos que demuestran que Karen Lizeth Vaquiro recibió contratos también en entidades como el Ministerio de Ciencia, el de Justicia, el de Deporte, la Agencia Nacional de Tierras, la Registraduría, la Superintendencia de Vigilancia y hasta en la Alcaldía de Bogotá.Lo que más llama la atención es que, al parecer, algunos de esos contratos están vigentes, según documentos conocidos por este noticiero.Incluso, hay registro de la firma de un contrato el tres de enero de este año, cuando ya en Presidencia se investigaba la relación entre Karen Vaquiro y su esposo, Andrés Mayorquín.Director de Restitución de Tierras en Magdalena renunció tras denuncias de corrupciónTodos estos elementos harán parte de una investigación que comenzó la Fiscalía para determinar si hubo delitos como falsedad por parte de los involucrados, al no contar que eran marido y mujer.También, si hubo o no tráfico de influencias y si alguien en Presidencia sabía de esa relación y, aun así, permitieron que le entregaran contratos al asesor de la jefa de gabinete.
Tras el escándalo desatado al conocerse que Karen Liseth Vaquiro, esposa del exasesor presidencial Andrés Mayorquín, ha logrado adjudicarse contratos públicos por 1.245 millones de pesos, la jefa de gabinete, María Paula Correa, y el director del Dapre, Víctor Muñoz, se pronunciaron.En contexto: Escándalo por millonarios contratos que esposa de un asesor de la Presidencia logró con el EstadoCorrea manifestó que fue “asaltada en su buena fe”, al referirse al escándalo que ocasionó la salida de Mayorquín. “No la conocía, no sabía de los contratos. Me siento asaltada en mi buena fe, pero ya serán las autoridades las que determinen la conducta”.A pesar del escándalo, desde el Gobierno aseguraron que la hoja de vida del implicado es “suficientemente robusta” para el cargo, sin embargo, se cuestiona la experiencia de su esposa para adjudicarse los contratos.El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, se refirió a los contratos afirmando que “pertenecen al rango de prestaciones de servicio y que en términos económicos obedecen a personas que tienen especializaciones y experiencia entre dos y tres años”.Según los funcionarios de Presidencia, la señora Karen Liseth Vaquiro manifestó estar soltera al momento de aceptar los contratos, una afirmación que se hace bajo la gravedad de juramento, pues es indispensable no tener ninguna inhabilidad para acceder a ellos.Frente al estado de los contratos, tanto Muñoz como Correa aseguraron que uno de ellos se ejecutó a cabalidad mientras que el otro, avalado en 44 millones de pesos, terminó en mutuo acuerdo.
Andrés Mauricio Mayorquín fue hasta este martes asesor de la Presidencia de Colombia y está en el ojo del huracán por cuenta de varios contratos con entidades del Estado, que habría obtenido su esposa, según reveló Blu Radio.La esposa de Mayorquín, Karen Liseth Vaquiro, es una economista cuya experiencia laboral no es muy amplia. Sin embargo, tras la llegada de su esposo como asesor de la Presidencia, se convirtió en contratista de al menos 15 entidades estatales.Le puede interesar: Perrita corrió desesperada tras carro que la habría abandonado: lo alcanzó, pero no la recogieronSon 24 contratos que sumarían 1.245 millones de pesos y cuyo objeto en la mayoría de ellos se relaciona con el Congreso, donde su esposo cumplía funciones para el Gobierno.Luego de la denuncia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (Dapre) anunció, a través de un comunicado, la desvinculación de Andrés Mayorquín y reveló que desde el 12 de noviembre hay una investigación disciplinaria en su contra por estos hechos.Asimismo, señaló que los contratos con la esposa de Mayorquín terminaron en diciembre porque eran de prestación de servicios.Este es el comunicado completo:Bogotá, 11 de enero de 2022.El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) informa que a partir del día 11 de enero de 2022, el señor Andrés Mayorquín ya no se desempeña como asesor de la Presidencia de la República. Resolución 0029 del 11 de enero de 2022.Desde el 12 de noviembre, la Oficina de Control Disciplinario de la Presidencia de la República inició una investigación contra el señor Andrés Mayorquín, servidor del Dapre.La investigación se encuentra en etapa probatoria, con el radicado número 1949-2021; el investigado fue notificado en su momento y se encuentra actuando dentro de la investigación, de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002.Se reitera que ni la Jefe de Gabinete, María Paula Correa, ni funcionarios de Presidencia tenían conocimiento de los contratos con entidades públicas que tenía la esposa del señor Mayorquín.(Fin)Otras noticias: Vacuna contra el COVID-19: mayores de 18 años ya podrán recibir dosis de refuerzo a los 4 meses
“Realmente da miedo tener que enfrentarse a gente tan poderosa como es nuestro caso”, así de contundente es Claudia Yaneth Toledo en diálogo con Noticias Caracol. Ella y su esposo, Lennin Darío Pardo han sido los testigos estelares contra los excongresistas Richard Aguilar y Edwin Ballesteros, investigados por corrupción. Las confesiones de testigos que destaparon la olla podrida en SantanderPor cuenta de sus confesiones sobre millonarios contratos presuntamente amañados durante la gobernación de Richard Aguilar en Santander y el pago de coimas al por mayor y al detal por más de 10 mil millones de pesos entre 2012 y 2015, hoy el excongresista está tras las rejas y ad portas de un juicio ante la Corte Suprema de Justicia.Por su parte Edwin Ballesteros, exgerente de la Empresa de Servicios Públicos del departamento en esa época, entre lágrimas y alegando falta de garantías, renunció a su curul en la Cámara de Representantes en septiembre pasado cuando fue llamado a indagatoria por ese alto tribunal.Hoy Toledo y Pardo sufren el calvario de ser testigos en Colombia. El pasado 6 de diciembre Toledo recibió la intimidación. Se trata de la última amenaza que la exsecretaria de Infraestructura de Santander y su esposo han recibido en los últimos años.“Es muy angustiante, muy preocupante, todo lo que nos hemos tenido que enfrentar y que prácticamente estamos solos ante esto. Mi esposo y yo estamos en detención domiciliaria y no tenemos ningún tipo de seguridad. Ser testigo en Colombia no es fácil, mucho menos estar uno enfrentando a gente tan poderosa, porque aquí no solamente hay aforados sino también funcionarios públicos, exfuncionarios, contratistas”, agrega Toledo.Todo empezó desde que decidieron colaborar con la justicia para narrar con todo detalle cómo, según ellos, el exgobernador Richard Aguilar y varios de sus alfiles políticos y contratistas se aliaron para darle un zarpazo a los recursos públicos de Santander.Las pruebas que salpican a Richard Aguilar y Edwin Ballesteros en presunta red de corrupciónLa acusación de la Fiscalía contra Aguilar, de octubre pasado, es así de contundente: “Richard Alfonso Aguilar Villa, en su condición de gobernador de Santander, incurrió en la conducta punible de concierto para delinquir agravado en calidad de autor porque conjuntamente con otros servidores públicos y particulares, en un acto de corrupción administrativa, se concertaron en una empresa criminal con el fin de direccionar la contratación del ente territorial”.Lennin Darío Pardo aseguro al respecto: “Llevamos tres años en este proceso. Es agotante tanto física como emocionalmente: las presiones son muchísimas, las angustias son muchísimas, el tema de la seguridad no es de ahora, es un tema que viene desde hace rato. Ser testigo de por sí ya es difícil, sea lo que sea, ahora ser testigo en un proceso de estos es mucho más difícil”.A pesar de las pruebas, tanto Aguilar como Ballesteros han señalado que son inocentes y que así lo probarán al final del día.Mientras sus expedientes avanzan, Noticias Caracol conoció la última versión que le dio a la Fiscalía un protagonista clave en este caso. Se trata de Andrés Mauricio Díaz, interventor del contrato de remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga, un negocio que terminó costando 22 mil millones de pesos. Por dicha obra, según los testigos, se repartieron más de 2.300 millones de pesos en sobornos. El interventor Díaz, que debía vigilar al contratista Octavio Reyes, también se benefició de este esquema ilegal.Vea también: Los audios que enredan a un abogadoEn su relato a la Fiscalía, Díaz advirtió: "Fui testigo y partícipe de la relación que sostenían Octavio Reyes Sarmiento con el entonces gerente de la Esant Edwin Ballesteros. En diferentes ocasiones acompañé al señor Reyes Sarmiento al despacho del gerente de la Esant de la época entre los años 2015 y 2016, en donde se acordaban coimas que serían entregadas por parte de Octavio Reyes Sarmiento el señor Edwin Ballesteros”.Según Díaz, quien busca un principio de oportunidad, uno de los negocios que se pactaron en esa época fue un contrato por 470 millones de pesos para la construcción de una planta para la potabilización de agua del municipio de Enciso, en Santander.Hace exactamente un año, cuando este noticiero empezó a publicar las revelaciones más escandalosas de este expediente, consultamos al entonces congresista Edwin Ballesteros, quien sostuvo que confiaba en la justicia y que estaba tranquilo con sus actuaciones del pasado.Más allá de lo que resuelva la justicia en estos casos, los testigos Claudia Toledo y Lennin Pardo están asustados. “Yo creo que es un amedrantamiento emocional, es un tema que quieren hacer para que nos callemos”, concluye Pardo. Cómo no tener miedo si estamos en Colombia, dicen apesadumbrados.
La Gobernación de Antioquia decretó a partir de este miércoles, y por tiempo indefinido, la alerta roja hospitalaria hasta que la ocupación de UCI baje del 90%. Actualmente se encuentra en el 92%.“La medida de alerta roja se toma desde hoy hasta el momento en que lo requiera la ocupación de unidades de cuidados intensivo”, indicó el gobernador Aníbal Gaviria.Otras noticias: Policía mató a joven que intentó huir de una requisa, en MedellínDicha alerta no restringe, como las anteriores, los procedimientos quirúrgicos que requieran de una unidad de cuidado intensivo.Hoy el departamento tiene 80 camas disponibles y Medellín, la ciudad con mayor capacidad instalada, tiene solo 29. El objetivo es ampliar el número de camas a las 1.200, pero también preocupa que en el último reporte de COVID-19, los fallecidos subieron a 51 en el departamento, la mayoría sin vacuna.“Si, definitivamente, vemos una proporción bastante importante de personas que o no tenían el esquema completo, o no habían llegado a la tercera dosis, o no estaban vacunadas. Esto remarca la importancia de esa tercera dosis para disminuir la posibilidad los cuadros graves”, señaló Yéssica Giraldo, epidemióloga.Vea también: Se encontró factura de servicios con más de 400 mil pesos y buscó al dueño de la plataDurante el pico más alto del COVID-19, Antioquia logró ampliar su capacidad a 1.474 camas de cuidado crítico.
Más de cinco millones y medio de dosis de la vacuna de Janssen contra el COVID han sido aplicadas en Colombia. Por eso, a quienes recibieron esta dosis única, también se les recomienda recibir un refuerzo o, en este caso, segunda dosis. • Le puede interesar: Lo que usted debe saber sobre la oximetría“La aplicación de un refuerzo logra aumentar de manera significativa nuevamente los anticuerpos y mejorar mucho la protección contra la enfermedad sintomática, y de una forma excelente para enfermedad grave por COVID-19”, explica María Angélica Maya, infectóloga del capítulo Antioquia de ACIN.En cuanto a cuál puede ser esa dosis de refuerzo, literalmente, la que esté disponible.“Es supremamente importante que todas las personas de Colombia y del mundo que se aplicaron una dosis de Janssen comprendan que ante el escenario de ómicron se deben poner un refuerzo. Puede ser la misma vacuna Janssen o recurrir a otras vacunas que están disponibles en su territorio y que pueden mezclarse con esta vacuna de Janssen sin ningún problema”, dice la doctora Maya.Vea también: Pfizer y BioNTech comienzan ensayo clínico de la vacuna contra ómicronAsí que puede aplicarse como refuerzo una dosis de la misma de Janssen o una de Moderna, Pfizer o AstraZeneca.“En Colombia, por resolución del Ministerio de Salud, esa dosis de refuerzo se debe aplicar a los 4 meses de esa primera dosis o única de Janssen”, agrega la experta.Una vez tenga esa segunda dosis, por lo pronto, no se necesita una tercera.
La Armada Nacional informó que fueron rescatados cerca de Cartagena cuatro pescadores que se habían extraviado en altamar, luego de salir de la isla de Barú a primera hora del martes.Los hombres estaban en una lancha, que presentó un problema técnico, y quedaron varados en el mar.Otras noticias: Restaurante en Barranquilla que simuló atracó para “entrenar” a meseros fue multadoUnidades de guardacostas los lograron ubicar en la mañana de este miércoles.Los pescadores tuvieron que soportar fuertes vientos y olas de entre 2 y 4 metros.Vea también: Doloroso relato de abuelo de niña asesinada en Tolú: “Tenía muchos golpes”
El expresidente Andrés Pastrana calificó a tres exmandatarios de Colombia y un candidato presidencial como los directos culpables del narcotráfico en Colombia. Aseguró que se disfrazan con piel de oveja."Juan Manuel Santos, Ernesto Samper, César Gaviria y Gustavo Petro celebran lo que llaman el fracaso de una guerra contra las drogas para justificar políticas que legalizan la producción y el tráfico de estupefacientes”, dijo Pastrana. • Le puede interesar: Conversaciones de País con Íngrid Betancourt y Sergio Fajardo, de la Coalición Centro EsperanzaAndrés Pastrana esbozó en su discurso cuáles son los principales problemas del país: el narcotráfico y la justicia.En su mensaje a las bases conservadoras planteó quién es el rival a vencer en las presidenciales."La campaña presidencial comprada por el contratista de Odebrecht, el asalto de Gustavo Petro a los colombianos con sus coordinados bloqueos y vandalismo durante la pandemia y la fuga de su socio, el infame contratista Juan Carlos Montes, quién sabe con cuántos secretos de corrupción”, dijo.Incluso lanzó fuertes calificativos contra la Corte Constitucional.“El logro mas grande de Juan Manuel Santos tras su proyecto de paz fue desequilibrar la Corte Constitucional a su favor con los oficios de los amigotes suyos para blindar la inviolabilidad de los cultivos del narcotráfico”, añadió el expresidente.Andres Pastrana lanzó sus críticas desde el salón rojo del Hotel Tequendama, que se vistió de azul durante la convención del Partido Conservador y en la que el movimiento dio su apoyo a David Barguil para la Presidencia.Y mientras a unos le llueven aplausos, a otros les llueven críticas.A Óscar Iván Zuluaga le han dicho de todo por ir a un debate y luego contar que estaba contagiado con COVID."A mí me tocó estar al lado de él, por fortuna estamos vacunados contra el uribismo, y el COVID también”, dijo Camilo Romero, precandidato presidencial.“Muy irresponsable no haber informado a sus compañeros de panel de ese riesgo para que ellos tomaran la decisión de si lo aceptaban o no en el debate”, le dijo por su parte Jorge Enrique Robledo.Desde el Centro Democrático se conoció una circular en la que le piden a los miembros del movimiento que en estas elecciones no voten por los candidatos a la Presidencia y Congreso de otros partidos o consultas.
El castigo por uso de armas de fuego o contundentes ha sido endurecido en la ley de seguridad ciudadana recién sancionada. A partir de ahora se considera delito el porte de armas cortopunzantes en eventos masivos o donde haya alta afluencia de personas.¿Cuándo se puede usar legítima defensa? Esto dice la nueva ley de seguridad ciudadanaDesde ahora están prohibidos en estos escenarios los puñales, puñaletas, cuchillos, patecabras, navajas u otros elementos que se le parezcan.“Una muy buena parte de los homicidios se presentan con arma blanca”, recalcó el presidente Duque sobre estos elementos y la orden de considerar delito portarlas.El uso de armas en delitos también son un agravante y automáticamente dan medida de aseguramiento intramural. “El que comete esos crímenes no va a estar después con detención domiciliaria, va a estar en un centro de reclusión”, enfatizó el mandatario sobre los delincuentes que las usen para sus fechorías.Ley de seguridad ciudadana: ¿endurecerán las penas a los reincidentes?A esos delincuentes no se les considerará aptos para medida de aseguramiento en casa por cárcel, pues inmediatamente pasan a ser un peligro para la sociedad.
