El proyecto de ley que busca reglamentar la práctica de la eutanasia en Colombia será presentado, de nuevo, en el Congreso de la Republica.Tras un primer intento que se hundió por tan solo tres votos, partidarios de esta iniciativa volverán a intentarlo. Noticias Caracol conoció la historias de personas que están a favor y en contra.Una de ellas es la de Víctor Escobar, un hombre que ha sufrido dos accidentes cerebro vasculares y quien padece un Epoc pulmonar. Además, hipertensión, diabetes y su movilidad está muy limitada.Estas condiciones han deteriorado su salud hasta el punto que solicitó que le practicaran la eutanasia, sin tener una respuesta positiva.“Los médicos dijeron que yo no era un paciente terminal, por eso no la aprobaron, pero ellos no vieron el sufrimiento de la persona y el sufrimiento de la familia”, manifestó Víctor Escobar.Por otro lado, esta Julián Quiceno, un joven quien padece de un cáncer avanzado que le causa un dolor intenso en varias partes de su cuerpo, aún así, no ha considerado practicarse ningún procedimiento para morir.“Sería pensar muy egoístamente. Mi decir es que siempre voy a luchar hasta el final, hasta que las fuerzas me den y hasta que Dios lo permita”, expresó Julián Quiceno.Hoy en Colombia la eutanasia es una práctica despenalizada, sin embargo, aunque la Corte Constitucional exhortó al Congreso a legislar sobre este tema, esto aún no está reglamentada por la ley.“Porque nos va a dar un mayor marco normativo y jurídico que va a poder respaldar todo el contexto de eutanasia. Por otro lado, le va a dar una mayor tranquilidad a los prestadores de salud y va a reconocer que este es un derecho” , declaró Mónica Giraldo Castaño, directora de la Fundación Derecho a Morir Dignamente.Algunos congresistas cree que hay otras salidas. La representante a la Cámara Ángela Sánchez, del partido Cambio Radical, indica que "la eliminación del dolor de estos pacientes debe ser por cuidados paliativos" y debe haber un reforzamiento del acceso al sistema de salud y medicamentos.Los autores de esta iniciativa aseguran que en julio volverán a presentar proyecto de ley.“Este proyecto pretende garantizar el derecho a todos los colombianos a decidir con autonomía sobre la propia vida, a decidir con autonomía el destino de su propia existencia. En julio vamos a volver a insistir, vamos a volver a presentar este proyecto", dijo el representante a la Cámara, Juan Fernando Reyes, del Partido Liberal. Entre tanto, la directora de la Fundación del Derecho a Morir Dignamente sugirió una salida jurídica a este tema.“Primero, que la persona tenga un diagnóstico de enfermedad terminal. Segundo, que la solicitud sea realizada por el mismo paciente, esta puede ser anticipadamente medio de un documento de voluntad anticipada y, tercero, que el procedimiento sea realizado por un médico”, sostuvo Mónica Giraldo CastañoEn 2015, el Ministerio de Salud estableció cómo una persona podría someterse a una eutanasia, desde entonces, a la fecha se han practicado 123 procedimientos a pacientes con enfermedades terminales.
Fauna, flora y agua son la riqueza del páramo de Santurbán, cuyo mayor atractivo son sus 57 lagunas. Por eso, desde el 2017, la Corte Constitucional ordenó rediseñar la delimitación de esta reserva natural frente a actividades económicas, y sobre todo mineras, que pudieran ponerla en peligro.El caso regresó a la Corte porque aún no se ha cumplido el fallo, debido a que falta la consulta a las comunidades.“Para la delimitación del Páramo de Santurbán en esa sentencia se ordenaron las realizaciones de mesas para efectos de la concertación con la comunidad y por esto de la pandemia se autorizaron reuniones virtuales, pero no cayeron en cuenta de que para la comunidad, principalmente la que se ubica en zonas de páramo, no hay acceso a internet. Por esa razón consideramos que este es un caso novedoso, pero también es importante establecer si aquí necesitamos materializar un enfoque diferencial en esta decisión que se vaya proferir”, señaló la magistrada Gloria Ortiz.Es decir, los directamente afectados no podrían participar en la nueva delimitación por no tener internet.“Se demuestra una disparidad en el acceso a la conectividad y elementos tics entre la población urbana y rural dispersa en el departamento de Santander”, dice Camilo Mayorga, del comité de defensa del agua en el páramo de Santurbán.Para los defensores de Santurbán, la antigua delimitación no contrarrestaba la actividad minera.“En teoría, la delimitación de los ecosistemas vitales y estratégicos de un país sería importante para poner un límite a la intervención humana con sus actividades económicas, con miras a proteger y conservar dichos ecosistemas. Sin embargo, en nuestro país los páramos, como es el caso de Santurbán, es delimitado con una visión minera para legalizar a las empresas mineras y a sus proyectos mineros en la zona”, señala Erwin Rodríguez, líder defensor del páramo.El Ministerio del Medio Ambiente venía cumpliendo con el fallo, antes de la pandemia, que los obligó a organizar audiencias virtuales.La última palabra la tendrá la Corte Constitucional.
Desde la ONU se había hecho un vehemente llamado al Gobierno Nacional para no reanudar la fumigación aérea a cultivos ilícitos con glifosato en el país. Según el organismo internacional, no se están cumpliendo las instrucciones de la Corte Constitucional y se podrían violar los mandatos internacionales, además de pasar por encima del acuerdo de paz.En una carta, que fue redactada por siete relatores de las Naciones Unidas, se expresa al presidente Iván Duque la preocupación por el retorno de la aspersión aérea.Este lunes se conoció que la viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Adriana Mejía, respondió en una carta.En esta, la funcionaria señaló: “En nombre del gobierno colombiano me veo en la obligación de rechazar el llamamiento urgente que hacen los procedimientos especiales, dado que no cumple con los requisitos en el código de conducta que rige el desempeño de su mandato”.“Por otra parte, los procedimientos especiales prejuzgan sin una base cierta para ello cuando afirman que cualquier decisión del gobierno de Colombia sobre este tema no cumpliría con las condiciones establecidas por la Corte Constitucional”.No es la primera vez que se da un choque de este gobierno con los relatores especiales de las Naciones Unidas.
La Corte Constitucional tumbó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tras estudiar la demanda que pedía derogar la ley con la que se creó dicho gabinete.El fallo, sin embargo, señala que como es un problema de trámite se da el plazo de dos legislaturas a la cartera para corregir esos errores, es decir, hasta el 20 de julio de 2023.Durante ese tiempo, el Ministerio de Ciencia podrá seguir funcionando.
La Corte Constitucional está por decidir si se despenaliza o no totalmente el aborto en Colombia, un debate que pasa por lo político, lo legal, lo social y la salud pública.Quienes promueven la causa aseguran que al año se producen entre 100 mil y 400 abortos clandestinos, con un alto número de muertes.Al respecto, la Procuraduría emitió un concepto en el que asegura que quien debe decidir es el Congreso y no la Corte.Mientras esto se decide, vale la pena hablar de que ya hay una sentencia de 2006 que avala la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres condiciones: que la vida de la mamá esté en peligro, que el feto presente malformaciones o que el embarazo sea producto de una violación.Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos y del movimiento Causa Justa, que apoya la despenalización, y Juana Acosta, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad de la Sabana, que asegura que no se debe despenalizar, hablaron en Noticias Caracol.“Creemos que la Corte tiene plenas facultades para pronunciarse en el asunto, pues si bien tiene plena libertad de decidir qué se penaliza y qué no, esta no es absoluta. El movimiento muestra que la penalización del aborto viola los derechos fundamentales de las mujeres: siguen ocurriendo, pone en grave riesgo la salud de las mujeres y se sigue criminalizando, lo que significa que el Estado falló y sigue criminalizando”, dijo Rosero.Pero Acosta considera que esto debe pasar a manos del Congreso: “el concepto (de que el Congreso es quien debe decidir) no es solo de la procuradora (Margarita) Cabello, sino que su antecesor, (Fernando) Carrillo, también piensa que el Congreso es el foro de deliberación, ahí se decide qué es y qué no un delito”.¿Qué hay detrás de la demanda del Movimiento Causa Justa?“La Corte debe revisar. Después de 15 años de intentar implementar las tres causales avaladas, el estigma y las barreras creadas como resultado de la penalización que persiste por fuera de esas tres condiciones, hacen imposible que las mujeres más vulnerables puedan acceder de manera segura al procedimiento. Viola el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, porque hace difícil el acceso; viola el derecho a la salud y a la igualdad, porque pone más vulnerables a mujeres como las migrantes, y viola la libertad de profesión de los que tienen que proveer el servicio, pues tienen una amenaza constante de ser penalizados o criminalizados si se equivocan en presentar los casos o evaluar los casos”, explicó Rosero.Acosta, sin embargo, asegura que todos los argumentos se basan en una premisa falsa y es que la sentencia que permitió el aborto en las tres causales lo declaró un derecho fundamental.“Es falso, está absolutamente probado. No es cierto que haya sentencia que haya creado un derecho fundamental al aborto”.La abogada Rosero cree lo contrario y dice que es un hecho que es un derecho fundamental. El debate, definitivamente, está abierto.
Por orden de la Corte Constitucional, los colegios deberán garantizar espacios de inclusión a estudiantes que estén en proceso de reafirmación de su identidad de género.Esto luego de estudiar el caso de un estudiante del colegio José Feliz Restrepo Vélez del municipio de Sabaneta, Antioquia, que fue obligado a no compartir con sus compañeros en la hora de descanso.“En el caso concreto, un joven, que desde el 2018 inició su transición a hombre trans, presentó acción de tutela contra un colegio de Sabaneta (Antioquia). Manifestó que recibió tratos discriminatorios por parte de algunos profesores, quienes se negaron a reconocer su proceso de reafirmación de identidad de género. Y afirmó que las directivas rechazaron su solicitud de ser llamado por su nombre identitario hasta tanto el estudiante no cambiara su documento de identidad. El trato discriminatorio llevó al estudiante a sufrir diferentes episodios de depresión que lo llevaron a intentar suicidarse en el 2019, motivo por el que estuvo hospitalizado varios días”, dice el alto tribunal.Por tanto, la Corte sostiene que se “evidenció que el colegio fue permisivo con la generación de un escenario de discriminación”.Además, concluyó que concluyó que “la institución educativa debió implementar cuatro acciones de acompañamiento al estudiante: (i) prestar el apoyo que el joven requería durante su proceso de reafirmación de género sin imponer barreras administrativas durante su transición; (ii) promover formas acertadas de tratar la diversidad; (iii) resolver cualquier conflicto en la interacción docente-estudiante de manera imparcial y (iv) ejercer prácticas y talleres dentro y fuera del aula que le permitieran al accionante volverse a sentir parte de la comunidad educativa como igual”.Finalmente, la Corte Constitucional recalcó que las instituciones educativas deben propiciar la integración del alumno con la comunidad educativa y no apartarlo para que sus clases fueran individuales o sin contacto alguno con sus compañeros.
Una verdadera batalla judicial se inició en la Corte Constitucional por el estudio del código electoral, recientemente aprobado en el Congreso de la República. Colombia Humana presentó un documento para que se tumbe uno de sus apartes que le impide al congresista Gustavo Petro lanzarse a nombre de ese partido político.“En razón al principio democrático y al respeto de todas las garantías que tenemos los electores, se pronuncie sobre esa omisión legislativa en que incurrió el Congreso de la República al negarle a Colombia Humana la posibilidad de postular candidatos al Congreso de la República ”, aseguró Luis Parra.Una de las consecuencias del código electoral si es aprobado por la Corte Constitucional es que Gustavo Petro no podrá ser candidato con su partido Colombia Humana y en igual condición quedaría Sergio Fajardo con Compromiso Ciudadano; Clara López por Todos Somos Colombia, y Jorge Robledo del movimiento Dignidad, entre otros.Para la representante a la Cámara María José Pizarro, “viola el principio de igualdad para los partidos, para los movimientos significativos de ciudadanos. Establece claramente el Código Electoral que solo podrán inscribir candidatos en coalición los partidos políticos con personería jurídica lo que deja por fuera a los movimientos significativos de ciudadanos”.En otro escrito, la congresista Pizarro advirtió también que se viola el derecho al trabajo de 1.115 registradores municipales que podrán ser removidos de sus cargos.
Las empresas deberán suprimir la lista de actividades que no pueden ejercer las mujeres, así lo determinó un fallo judicial que elimina un artículo del Código Sustantivo del Trabajo.La determinación de la Corte Constitucional señala que se deben acabar las prácticas discriminatorias dentro de las corporaciones.Daniel Felipe Cubides, joven estudiante de derecho de 19 años, fue quien logró salir vencedor en el litigio.“En virtud de la dignidad humana, cada persona debe tener la capacidad de autodeterminarse según sus habilidades y talentos. En ese orden de ideas, considero una decisión adecuada ya que esto, en el futuro, podría ser fundamento para acciones de tutela que logren transformar reglamentos internos con el objetivo de dejarlo libre de discriminación”, explicó el estudiante.Y es que la Corte señala que ese aparte del Código Sustantivo del Trabajo vulnera y viola los derechos a la igualdad entre los trabajadores.El género no define las capacidades laboralesSol América Jaramillo es una mujer pionera en el manejo de máquinas pesadas en el sector minero. Ella cuenta que venció los estereotipos del trabajo al manejar un equipo capaz de transportar 240 toneladas de material.“Me desempeño como operadora de camabajas, una profesión muy tradicional de hombres, pero que, gracias a los conocimientos, las habilidades, las destrezas y la responsabilidad que hemos demostrado las mujeres hemos podido lograr incursionar en estos trabajos que siempre han sido ejecutados por hombres”, contó Sol.“Se tiene paradigma de que no sabemos manejar o que nosotras las que estamos trabajando en esta labor somos lesbianas o no les dices que son ‘machorras’. Se han creado tantos mitos y prejuicios “, agregó la trabajadora.¿Qué dicen los hombres?Un empleado de una empresa de gasolina comentó que hay trabajos que una mujer no puede realizar, pero no por un tema de discriminación, sino por un aspecto de protección."No es discriminación, debemos cuidarlas porque a veces ellas no pueden hacer el trabajo forzado de un hombre”, expresó.Para la Corte esta y otras normas se deben suspender para lograr la ansiada equidad laboral.
Tras la publicación del borrador de decreto que busca reanudar la erradicación aérea de cultivos ilícitos con glifosato, el gobierno salió en su defensa alegando que cumple con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional.“Cumple con las características de ser una regulación imparcial enfocada en los riesgos contra la salud y el ambiente. Contiene las disposiciones relativas a la evaluación continua del riesgo en un proceso participativo y técnicamente fundado a la revisión automática de las decisiones, la investigación científica con rigor, calidad, imparcialidad y procedimientos de que queja comprensivos”, señaló el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.Sin embargo, para quienes siguen el proceso, no están dadas las condiciones exigidas.“El borrador que conocemos continúa ignorando el proceso de sustitución y el acuerdo de paz. Simplemente citan el decreto ley 896 del 2017, que creó el programa, pero no consideran el auto 387”, refuta Luis Felipe Cruz, investigador Dejusticia.El gobierno considera que el decreto cumple con preceptos como la consulta previa cuando el programa pueda afectar a las comunidades y, además, contempla un sistema de quejas.Desde agosto del año pasado el gobierno tiene listo el plan de aspersión con aeronaves de precisión con el que busca evitar efectos colaterales en el medio ambiente, para ello adquirió un sistema tecnológico de cuarta generación de origen estadounidense.Además, la Policía Antinarcóticos ya tiene listo el mapa de las zonas que serán asperjadas y que tendrá su primera fase en Meta, Guaviare, Vichada y otras seis regiones.Pero la contraparte en el proceso señala que hay omisiones en el decreto y rechaza la valoración de daños que pueda dejar a aspersión.“Ni siquiera se menciona la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. No está claro a la fecha si ante la evidencia de daños que puedan causar las aspersiones las poblaciones afectadas tendrán mecanismos para que el consejo estupefaciente suspenda el uso de glifosato como lo estableció la Corte Constitucional”, comenta Cruz.El gobierno espera las observaciones al borrador del plan, definir el texto final y reanudar la aspersión.
Los papás o mamás que no cumplan con las obligaciones del pago de alimentos a sus hijos entrarán en una especie de Datacrédito, en el que quedarán reportados cuando se atrasen con tres o más cuotas de lo que les corresponde dar.“Este reporte les va a conllevar serias consecuencias: no van a poder contratar con el Estado, no van a poder salir del país, no van a poder adelantar trámites de escrituras públicas o de registro de compraventa de bienes e inmuebles ni tampoco podrán recibir subsidios del Estado”, explica Maritza Martínez, congresista autora de la ley.¿Qué pasará con la acumulación de cuotas si el hijo supera la mayoría de edad?“Aquellos hijos que ya cumplieron la mayoría de edad, pero cuyos padres le generaron una deuda de cuotas alimentarias, van a poder cobrar retroactivamente todos esos recursos que les adeudan”, detalla la congresista Martínez.Para los ciudadanos es una medida necesaria ante la evasión para el sustento de los hijos.“Yo estoy de acuerdo, para que cumplan su obligación. ¿Cómo le van a negar los alimentos a sus propios hijos?”, se pregunta Teresa Serrano, ciudadana.“Lo importante es que paguen y respondan por esas cuotas, porque el reporte ahí queda”, comenta Miriam López, madre de familia.El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) se hará a través de un juez, luego de generar un reporte a una central de información pública. Todo esto se pondrá en funcionamiento tan pronto el presidente Duque firme esta ley.
Con acabados, enormes ventanales, escaleras seguras y pisos en porcelanato tenían que ser entregados los apartamentos en Yopal. Pero la realidad fue otra.“El proyecto se miraba con buenos ojos, en año y medio tendríamos 400 apartamentos para 400 familias”, dice Luis Eduardo Salcedo Montoya, presidente de la Asociación de Beneficiarios de Torres del Silencio.Diez años después, el concreto y acero estaban siendo consumidos por el agua y el sol y se convirtió en amenaza en ruinas. Los beneficiarios decidieron invadir.“Han pasado más de 8 alcaldes y más de 10 gobernadores, los cuales no han tenido voluntad política para terminar este proyecto”, explica Carlos Julio Vivas, líder de Torres del Silencio.“Decidimos entrarnos sabiendo que ya teníamos una resolución y que nos pertenecía”, explica Gregorio Rincón, uno de los beneficiarios.El contralor dice que hay detrimento por más de 12 mil millones de pesos.“Aquí tenemos un gran elefante blanco, un mamut de la corrupción (…) se abrirá un proceso por alrededor de los 12 mil millones de pesos”, señaló Carlos Felipe Córdoba.El problema son meras diferencias políticas.“Tanto Gobernación como Alcaldía no hay afinidad política. Se empezó a investigar a los beneficiarios de ese proyecto, se empezó a poner ciertas talanqueras”, indica Robert Heredia, defensa judicial del departamento.“Cerca de 4 mil millones de pesos están en una fiducia, esperando que resolvamos todo este tema”, asegura Ricardo Corso, director de vivienda departamental.Por su parte, el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, indicó: “Yo no tengo ningún problema en dar los dos pasos, uno declarar la calamidad pública y otro la titularidad”.El exgobernador Marco Tulio Ruiz dejó vencer las pólizas de cumplimiento y Alirio Barrera, las de calidad, lo que quiere decir que el proyecto deberá ser liquidado por orden judicial.
Este viernes se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, una fecha para reconocer el espíritu emprendedor y fomentar el desarrollo de las ideas de negocios que en tiempos de pandemia han tomado gran relevancia.Todo comienza por una idea de negocio que, con el tiempo, puede fortalecerse o morir en el intento.Lo cierto, es que cada vez más hay quienes deciden darle vida a un sueño. Para los emprendedores, esto implica ser “todoterreno” porque tienen que ser multifuncionales y hay riesgos, pero ellos son perseverantes, valientes y le apuestan incluso a cambiar el mundo a través de sus negocios.Para emprender no hay edad ni capital definidos. Hay ganas y, eso sí, mucho trabajo para lograr que un negocio sea rentable y genere alto impacto.En Colombia, esta comunidad crece. Según Confecámaras, en el 2020 se crearon 280.615 empresas.Este es un día para valorar el esfuerzo de quienes, en su trayectoria empresarial, han ganado la batalla más difícil que han tenido que enfrentar: la pandemia.“Los pequeños empresarios y lo emprendedores hemos tenido que salir con nuevas maneras de vender”, dice Edgar Felipe Arcila, presidente ejecutivo de Appce.Emprendedores, felicidades en sus días. Gracias por inspirar, por ser héroes y no tirar la toalla en los momentos más retadores.
La Casa Blanca nuevamente presionó al Congreso de Estados Unidos para que apruebe leyes que restrinjan el acceso a las armas luego del tiroteo en Indianápolis que dejó ocho víctimas fatales.Como si fuera una costumbre, se izó la bandera a media asta por la masacre en las instalaciones de la empresa Fedex. El sospechoso, aparentemente, se quitó la vida justo después del tiroteo.“Fue identificado como Brandon Hole, de 19 años; funcionarios de Fedex confirmaron que fue empleado en esas instalaciones”, dijo Craig Mccartt, subjefe de la Policía de Indianápolis.Las víctimas no fueron identificadas inmediatamente; una de las complicaciones es que Fedex no permite el ingreso de trabajadores con teléfonos celulares a sus instalaciones, lo que llenó de angustia a familiares de los empleados que querían saber si entre las víctimas estaban sus seres queridos.Los móviles de Hole no han sido establecidos, lo que se sabe es que utilizó un rifle, despertando la condena y el llamado del presidente Joe Biden al Congreso para que legisle.“Insto encarecidamente a mis amigos republicanos que se negaron a aprobar el proyecto de ley aprobado por la Cámara para que lo planteen ahora, esto tiene que terminar, es una vergüenza nacional”, dijo el presidente de Estados Unidos.Para aprobar mayores restricciones al acceso a armas, los demócratas requieren por lo menos 10 votos republicanos, algo que parece improbable.
Hoy se conoció que el presidente le solicitó al Congreso que tramitara con mensaje de urgencia un proyecto de ley que está presentando la procuradora general, Margarita Cabello, que busca devolverle el poder que le quitaron a la Procuraduría.Recordemos que el año pasado la corte IDH le quitó a esa entidad la competencia para inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente. Lo hizo mediante el famoso fallo en favor del senador Gustavo Petro en el caso contra el Estado colombiano por violentar las normas internacionales, dijo la CIDH, aun cuando la Constitución Política colombiana así lo permitiera.Ante ese fallo, la Procuraduría quedó prácticamente inservible para ejercer el control disciplinario frente a servidores elegidos popularmente a pesar de que muchos de los casos de corrupción involucran precisamente servidores públicos de elección popular.Por eso, el enorme malestar del entonces procurador Carrillo y de la ahora procuradora Cabello.Sin embargo, parece difícil que en el Congreso los legisladores aprueben ese proyecto que le devuelva los dientes a la Procuraduría, por varias razones.Primero, es muy difícil desde el punto de vista político pues es precisamente a ellos a quien favorece que ese ente de control no los pueda inhabilitar.Dos, con reforma tributaria encima, por más mensaje de urgencia que lleve este proyecto, parece difícil que en el Congreso lo vayan a aprobar.Tres, porque no son pocas las voces jurídicas que advierten que con base en una decisión de la CIDH de esa naturaleza es imposible que cualquiera de los estados signatarios pueda adoptar este tipo de medidas.En otras palabras, donde manda CIDH no manda Estado colombiano.
Desde el Congreso, y algunas organizaciones independientes, reclaman austeridad al gobierno de Iván Duque y le recuerdan episodios y contratos que celebró en medio de la pandemia del COVID-19 que no serían coherentes con la cascada de impuestos que quieren imponerles a los colombianos en la nueva reforma tributaria.El senador Wilson Arias, del Polo Democrático, hace cuentas de los gastos que a su juicio han sido innecesarios en el año de pandemia por la Presidencia de la República.“A inicio de la pandemia y al presidente le dio por estrenar 23 camionetas blindadas para su esquema de protección; en abril 2020 se gastó 9.600 millones de pesos con ese destino. Días antes, en marzo, había comprado 18 tanquetas por 12.000 millones de pesos en momentos de pandemia”, dijo el senador Arias.A los gastos, considerados innecesarios por congresistas y Transparencia por Colombia, se suman 3.500 millones para la estrategia digital de la Presidencia en el 2020 y recientemente 898 millones de pesos para comunicaciones por parte del Ministerio de Defensa.“Invertir en imagen de sus funcionarios o gastos que también podrían ser innecesarios, en compra de vehículos y equipos cuando estamos atendiendo una pandemia tan complicada, e incluso uso de bienes públicos de manera cuestionada, como le fue en su momento el tema del avión presidencial”, recordó Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.Las críticas también corren por cuenta de la compra de aviones F16 para la Fuerza Aérea.“La cereza del pastel: 14 billones de pesos en 24 aviones de guerra”, recalcó el senador Arias.Al gobierno le piden ser consecuente con el gasto y propuestas que están incluidas en la reforma, como la de las facultades para suprimir entidades, pero que al tiempo crea en la misma reforma el fondo de cambio climático con patrimonio autónomo, un director y un consejo directivo.“Definitivamente, la desconexión del gobierno con la realidad social llega a su máxima expresión con esta reforma tributaria”, dijo José Daniel López, representante a la Cámara.En la Cámara de Representantes también hay un cuestionado contrato de 2.600 millones de pesos para divulgación de sus acciones.El gobierno expidió el 8 de abril el plan de austeridad que incluye reducción en viáticos, viajes, gastos de publicidad, prohibir condecoraciones y para el desarrollo de eventos privilegiar la virtualidad, aunque para los críticos, estos planes son un saludo a la bandera.