Esta es la carta que recibió Noticias Caracol del partido del expresidente Uribe, en donde se hacen duras críticas a los magistrados investigadores que tuvieron su caso en la Corte Suprema de Justicia.Dice que la investigación de la corte se hizo a espaldas de Álvaro Uribe y cuestiona al magistrado José Luis Barceló por negar, en su momento, que existiera una investigación en contra del exmandatario, pero que sorpresivamente lo llamó a indagatoria, sin permitirle el derecho a la versión libre.También habla de interceptaciones ilegales contra Álvaro Uribe, a pesar de que la Fiscalía había advertido que estaban escuchando al expresidente y no a Nilton Córdoba, contra quien sí existía una orden de interceptación. Asegura la carta que, pese a esa advertencia, la interceptación se mantuvo por orden del magistrado José Luis Barceló.En la carta, que también es un duro cuestionamiento al magistrado César Reyes, advierte el Centro Democrático que la corte no permitió a la defensa de Uribe contrainterrogar a los testigos claves en su contra, como el caso de Juan Carlos Sierra, alias ‘el Tuso’, sobre visitas que le habría hecho Iván Cepeda y mensajes que habría recibido del magistrado José Luis Barceló para que hablara en contra de Uribe.
La unidad investigativa de Noticias Caracol recopiló las de pruebas que hacían parte del expediente en la Corte Suprema de Justicia y que quedaron en el limbo cuando el expresidente Álvaro Uribe renunció a su curul como senador.La razón es que la competencia para revisar su caso la asumió la Fiscalía y con ello hubo un cambio de sistema de juzgamiento. Las pruebas que tomó la Corte Suprema son legales, pero las formalidades para usarlas en el nuevo sistema juzgamiento tiene a los investigadores del búnker y al alto tribunal analizando el asunto.¿Tendrán que volver a tomar todas las declaraciones de testigos esta vez en la audiencia de juicio? ¿Qué pasará con grabaciones e interceptaciones telefónicas que ordenó o avaló la Corte? Esta semana la Fiscalía y la Corte Suprema tendrán que pronunciarse y, aunque los reflectores están centrados en cuál será el futuro de caso Uribe, una decisión secundaria, pero crucial, se podría tomar alrededor de la validez de las pruebas.¿Qué está en juego?Las grabaciones de Juan Guillermo Monsalve fueron importantes para dar origen al proceso contra Uribe. El confeso paramilitar entregó chats y cintas en las que queda en evidencia cómo el abogado Diego Cadena y otros emisarios lo buscaron para que se retractara de haber dicho que el expresidente y su hermano Santiago Uribe participaron en la creación del Bloque Metro.El 22 de febrero del 2018 fue un día determinante para el caso. En el patio de visitas de la cárcel La Picota, Monsalve se reunió con el abogado Diego Cadena. A la misma hora y en el mismo lugar llegaron a una mesa contigua el abogado Jaime Lombana y María Mercedes Williamson, esta última es familiar de Enrique Pardo Hasche, el interno que compartía celda con Monsalve.Para Monsalve, lo que ocurrió ese día no fue casualidad, al contrario, evidenció las presiones que había en su contra. En poder de las autoridades están las grabaciones que Monsalve hizo con un reloj espía a Cadena, en donde el abogado manifiesta su afán por tener un documento firmado con su retractación."Lo que digo es: redactemos el #$%& documento. Si no, yo vengo mañana y mañana a primera hora presento el recurso. Eso es importante. La más importante de todas las declaraciones que hizo falta. Llevo cuatro, las tengo ahí afuera en la camioneta", le dijo Cadena a Monsalve.Estos videos fueron revelados por el periodista Daniel Coronell, junto a otros en donde se ve cómo Pardo Hasche le recomienda a Monsalve atender la solicitud de retractarse. Jaime Lombana ha señalado que fue una trampa y que acudió a La Picota en compañía de Williamson por una emergencia médica que tenía Pardo Hasche.Los pagos a alias VíctorCarlos Enrique Vélez, alias Víctor, envió una carta a la Corte Suprema de Justicia en el año 2017 incriminando al senador Iván Cepeda: “me ofreció protección, me dijo que me iban a dar lo mismo que le había ofrecido a Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, él era un comandante”.En menos de un año, este testigo se retractó y entregó una nueva versión que provocó escándalo.Alias Víctor hizo una relación de pagos por 48 millones de pesos, algunos con soporte, recibidos del abogado Diego Cadena. Según él, esta fue su recompensa por haber salpicado a Cepeda.Vélez aseguró que Cadena le entregó una carta escrita de su puño y letra y se la hizo firmar. Admitió haber firmado porque “las hermanitas de la caridad estaban dando plata”.Dice, además, que el trato con Cadena era convencer a otros exparamilitares, como alias ‘Racumín’, ‘Diana’ y ‘Fosforito’, para que declararan contra Cepeda.El abogado Cadena se defendió de los señalamientos asegurando que estos pagos correspondían a ayudas humanitarias para un hijo de Vélez. Después señaló que estaba siendo extorsionado por el exparamilitar.Las cartas de los reclusosEl abogado Diego Cadena aportó a la Corte la declaración escrita de tres internos de la cárcel de Cómbita en contra de Iván Cepeda.Llamó la atención de la Corte que la letra de la carta que llevaba la firma del interno Máximo Cuesta fuera idéntica a la de Giovanni Cadavid, otro recluso.También hubo alerta por la carta que envió el recluso Elmo Mármol, escrita por una persona y firmada por otra.¿Cómo llegaron esas declaraciones al expediente de la Corte?Fabián Rojas, exasesor de la UTL de Álvaro Uribe, aseguró haber participado, por petición del expresidente, de una reunión con el entonces director de la cárcel de Cómbita, el coronel Ricaurte, y la abogada Ángela López, su asesora.Según Rojas, producto de esa reunión, Cadena consiguió los tres manuscritos. Las contradicciones del abogado frente a este y otros temas quedaron registradas en una decisión de 1.554 páginas que cobijó a Uribe con medida de aseguramiento.En este caso particular, Cadena señaló que conoció a la abogada Ángela López a la entrada de la cárcel de Cómbita, cuando las verdaderas circunstancias de su cercanía fueron aclaradas por Fabián Rojas a la Corte."En el marco de la reunión, yo no sabía ni quién era esa señora que estaba con él. Cuando ya Diego se sentó, ella saludó a Diego, esta señora Ángela López. Entonces yo dije: ah, pero se conocen y Diego me dijo, lo que pasa es que por el ejercicio profesional hemos coincidido en algunos temas", afirmó Rojas.Cadena también admitió haber sido el autor de una de las cartas, no obstante, se defendió señalando que todo lo que está escrito fue ratificado por los mismos reclusos.Y las interceptaciones, ¿son válidas? En el debate de si las pruebas practicadas por la Corte Suprema son validadas para la Fiscalía o no, la parte más delicada son las miles de interceptaciones telefónicas que realizó el alto tribunal."Respecto de las interceptaciones, conservan su vigencia. Las practicó la Corte Suprema de Justicia y ella misma las validó, las convalidó y las estimó legales. Lo que sucede es que, al inicio del juicio oral, la defensa puede solicitar que esas pruebas no sean tenidas como tales dado que desconocerían derechos fundamentales y será el juez de conocimiento quien decida el aval de legalidad o, por el contrario, las excluye del trámite", explica Francisco Bernate, abogado penalista.Entre las interceptaciones está la que se hizo por accidente a la línea de Álvaro Uribe. Los magistrados del alto tribunal lo consideraron un hallazgo inevitable y la incorporaron al expediente, pero los abogados del expresidente siguen insistiendo en que es una chuzada y reclaman su anulación.La posibilidad de tener que arrancar desde cero con la toma de unas evidencias, cuya verificación se dio sobre la marcha, es un desafío que podría poner en jaque al sistema de justicia con el caso político más importante del país. La Fiscalía y la Corte tienen la palabra.
Esta semana se tomarán decisiones trascendentales en el proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno.¿Cómo inicia este proceso?La génesis del expediente se remonta al año 2012, cuando el expresidente Uribe denunció a Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. De hecho, lo acusó de ir a las cárceles del país buscando declaraciones en su contra.Casi dos años después, en septiembre de 2014, Cepeda hizo un debate en el Congreso y presentó el testimonio del exparamilitar del bloque metro Juan Guillermo Monsalve. Este le narró a Cepeda, y después a la justicia que en la Hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia del expresidente, se habrían promovido grupos de autodefensa a mediados de los años 90.En concreto señaló a Álvaro Uribe, a su hermano Santiago Uribe, hoy enjuiciado por el caso de los 12 apóstoles, al ganadero Juan Guillermo Villegas y a Santiago Gallón Henao de patrocinar a estos grupos ilegales.Ese mismo día Uribe se ausentó del debate y amplió su denuncia contra Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, tras seis años de investigación, en febrero de 2018, ese alto tribunal determinó que Cepeda no manipuló ningún testigo y, en cambio, sí halló evidencias de que la defensa del expresidente Uribe había recurrido a esas prácticas para enlodar a su contradictor político.Otros personajes en el casoEn el momento en que se voltea el proceso contra Uribe, el primer personaje en aparecer es el abogado Diego Cadena, quien se entrevistó en la cárcel con dos testigos estelares en este caso: los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias Víctor.Ellos declararon que Cadena les ofreció prebendas y dinero para que acusaran a Iván Cepeda. Hoy Cadena está enjuiciado por este caso.Por esas actuaciones de su abogado y otras pruebas más, Álvaro Uribe fue citado a indagatoria en octubre de 2019 y, finalmente, en agosto de 2020 la Corte Suprema le dictó medida de aseguramiento.Pocos días después, Uribe renunció a su curul en el Senado y el caso fue enviado a la Fiscalía. Desde entonces lo adelanta el coordinador de fiscales ante la Corte, Gabriel Jaimes.¿Qué define la Fiscalía esta semana?La Fiscalía debe definir si acusa a Uribe o si pide la preclusión de su caso, es decir, el archivo del expediente.En teoría, el fiscal investigador Gabriel Jaimes tiene hasta el 6 de marzo para definir cuál ruta tomará el ente acusador.Si decide acusarlo, un juez de conocimiento determinará si se cumplen con todos los requisitos o si hay que decretar nulidades. Si se pide la preclusión, el mismo juez deberá valorar la sustentación de la Fiscalía para desistir del proceso.En cualquier caso, las partes podrían apelar y el Tribunal de Bogotá tener la última palabra.
La Corte Suprema de Justicia hizo duros cuestionamientos al gobierno del presidente Iván Duque y a la firma Du Brands por elaborar un listado de influenciadores, que se conoció en septiembre de 2020, en el que supuestamente se medían las tendencias.Du Brands recogió datos de Twitter de varias personas y las calificó de negativas, positivas o neutras.Entre las personas que aparecían en la lista aparecía el abogado Elmer Montaña, quien llevó el caso ante la justicia vía tutela. La Corte Suprema le dio la razón.“Independientemente que la información del accionante en su cuenta de Twitter y trinos puedan ser consultados abiertamente por el público, la accionada no estaba facultada para hacer uso de la misma (...) pues es evidente que lo que determinó su inclusión y el calificativo de «negativo» fue precisamente su ideología política, plasmada en su interacción en la red social”, falló el alto tribunal.En la determinación se ordena retirar el nombre de jurista y cualquier calificación del listado.“Para que se pudiera hacer algún tratamiento de la información que se publica en las redes sociales se debe contar con el permiso de la persona que hace la publicación”, señaló Elver Montaña.En su momento, la Fundación para la Libertad de Prensa intervino en el caso porque varios periodistas fueron incluidos en la lista.“Ese tipo de perfilamientos, de seguimientos, de monitoreos en la redes sociales que hizo el gobierno del presidente Iván Duque ponen en riesgo y generan estigmatización a los influencia dores”, sostuvo Jonathan Bock, director de la FLIP.Concluye la Corte que un uso indebido de la información podría afectar la intimidad, generar discriminación por revelar aspectos como el origen racial o étnico, inclinación sexual, orientación política o convicción religiosa.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara a unos padres devolver a una niña adoptada legalmente, dos familias se ven envueltas en una encrucijada que tiene en medio a la pequeña de cuatro años.Ella nació en el seno de un hogar campesino hace más de tres años en Arcabuco, Boyacá. Dicen sus padres biológicos que por decisión del ICBF fue entregada en adopción."La niña nació prematura, estuvo mes y medio en incubadora en el hospital y regreso con nosotros, estaba bajita de peso y con pocas defensas, le dio una gripa y luego una varicela y llegaron a quitarle la niña a la madre supuestamente por descuido", afirma el padre biológico.Así las cosas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dio luz verde para que fuera adoptada por una familia en Tunja."La niña traía un problema de deglución, ella no pasaba, guardaba su comida en sus mejillas y eso era notable el daño en sus dientes", sostiene la madre adoptiva.El tema es aún más complejo: los padres biológicos de la niña aseguran que firmaron un documento creyendo que les iban a devolver a su hija, pero no fue así. Denuncian que fueron engañados."Firmé y ella firmó porque sabíamos que nos entregaban el proceso, mas no que estábamos firmando la cuestión de adoptabilidad, digamos que nosotros entregábamos la niña al ICBF para que la diera en adopción, nosotros en ningún momento hicimos eso", advierte el papá biológico.Sin recursos, pero con la impotencia de no volver a ver a su hija, buscaron ayuda jurídica. Luego de tres acciones de tutela, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en un fallo cuestionó lo sucedido.“Se olvidó que la declaración de adoptabilidad «no es para castigar a los papás de los niños que tienen dificultades», especialmente económicas, como era su caso", apunta el fallo. Por tanto, dejó sin efecto el proceso de adopción.Ahora, entre lágrimas, desilusión y tristeza, la familia que había adoptado a la niña hace siete meses, quien ya la había registrado y bautizado, pide más rigor de los encargados de este tipo de procesos"Pensamos más en el daño, en el daño y en el dolor que pueda llegar a sentir está pequeñita en el momento en que vuelva", dice su mamá adoptiva.En la casa donde vivió la pequeña sus primeros meses de vida, sus hermanas mayores la esperan con alegría."Es duro tanto para mí como para mí señora y mis hijas, que la recuerdan, juegan con una muñeca diciendo que es la hermanita, la alzan, la cargan para lado y lado; es duro volver a recordar esos tiempos", cuenta el papá biológico.Aunque aún no hay una fecha clara, la niña deberá ser entregada al ICBF para empezar su proceso de adaptación a su familia biológica, con quién hace más de dos años no se ve.Frente a esta situación, Lina María Arbeláez sostiene que se debe acatar la medida, pero van a darle “acompañamiento psicosocial, psicológico y emocional para garantizar a la niña que hay una estabilidad y no se genere una vulneración de los derechos a ninguna de las partes".Para el abogado de familia, Juan Enrique Medina, en este caso también existe la posibilidad de que la familia adoptante acuda a la justicia para tratar de cambiar la decisión.En el año 2020, según el ICBF, se realizaron en Colombia más de 25 mil procesos de restablecimiento de derechos a menores. Actualmente se encuentran en espera de adopción 4.199, de los cuales 3.983 están entre los 7 y 17 años, mientras que 216 son menores de 7 años.
La tutela reclamaba el resguardo de las garantías a la paz como derecho fundamental y el debido proceso constitucional, que aseguró estaban amenazados con la presencia de las tropas extranjeras que llegaron al país para cumplir un plan de cooperación con el narcotráfico.Por eso, el ciudadano había pedido que se ordenara el retiro inmediato de los militares extranjeros.En diciembre pasado, en primera instancia, el Tribunal Superior de Bogotá había rechazado las pretensiones. Este jueves la Corte Suprema, al revisar el recurso, ratificó la decisión y señaló que era improcedente.
La Corte Suprema de Justicia determinó que mantiene la competencia para investigar a Eduardo Pulgar al considerar que los presuntos ofrecimientos a un juez para desviar una indagación están relacionados con su actividad como congresista.Pulgar es investigado por el delito de tráfico influencias y violación de topes electorales.A pesar de que Pulgar renunció a su cargo para que el caso se quedara en la Fiscalía General de la Nación, con una ponencia del magistrado Misael Rodríguez, la Corte Suprema le negó la solicitud.Eduardo Pulgar es señalado de ofrecerle “200 barras" (200 millones de pesos) al juez de la República Andrés Rodríguez Cáez, en un encuentro ocurrido en el año 2017 en el apartamento del exsenador en Barranquilla, que fue grabado por el mismo jurista. A la reunión fue invitado por el alcalde de Usiacurí, Ronald Padilla, quien le dijo al juez Rodríguez que su jefe político quería conocerlo, según ha trascendido. Fue en esa reunión cuando Pulgar le puso tarifa a la propuesta, que el juez rechazó, de acuerdo con reportes periodísticos. Pulgar fue detenido en diciembre de 2020. El caso de presunta corrupción se conoció por una columna del periodista Daniel Coronell.El juez Rodríguez Cáez tuvo que salir de Colombia.
La Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para seguir conociendo del proceso contra Juan Carlos Granados Becerra, actual magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.A ese cargo llegó tras ser ternado por el presidente Iván Duque y con el apoyo del Congreso.La condición de magistrado le otorga a Granados Becerra un fuero especial, por lo que el alto tribunal dispuso su envío inmediato a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en quien recae la competencia.Al magistrado Juan Carlos Becerra se le investiga por presunto tráfico de influencias, pues habría recibido 200 millones de pesos de la multinacional Odebrecht cuando se desempeñaba como gobernador de Boyacá.
En Tunja hay una familia devastada tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia que le ordena devolver a la niña que habían adoptado. Desde hace dos años, la pequeña no ve a su famia biológica.Después de 12 años de matrimonio y tras no poder tener hijos, esta pareja abrió la puerta de la adopción en su hogar.“Hicimos un proceso de dos años y medio con el Bienestar Familiar para llegar al proceso donde nos entregan posteriormente a una niña”, dice la madre, a quien se le protege su identidad.A la familia llegó una nueva integrante que venía adaptándose a su nueva vida.Cuando todo parecía ir bien, el ICBF informó a la pareja que los padres biológicos de la niña luchan por recuperarla."Es muy difícil llegar a escuchar por noticias y por parte del ICBF esta terrible noticia que por parte de la Corte se entrega y es que nos van a retirar a la niña cuando ya es legalmente de nosotros", dice la madre adoptiva.La pequeña fue retirada de su familia biológica cuando tenía un año.Ahora, cerca de cumplir cuatro, podría regresar con sus padres, pues explica la Corte Suprema de Justicia que no podían quitársela argumentando condiciones de pobreza."Se olvidó que la declaración de adoptabilidad «no es para castigar a los papás de los niños que tienen dificultades», especialmente económicas, como era su caso", dice el fallo. Por tanto, “se deja deja sin ningún valor ni efecto el proceso de adopción de la menor de edad”.Este caso podría abrir las puertas para el retorno de menores de edad en situaciones similares.Entretanto, la mamá adoptiva dice: "Sí, pensamos en ese día, en el dolor que va a causar, pero pensamos más en el daño, en el daño y en el dolor que pueda llegar a sentir está pequeñita".Inicialmente, la niña deberá ser entregada al ICBF para empezar su proceso de adaptación a su familia biológica.
Noticias Caracol conoció los detalles de una ponencia que estudia la Corte Constitucional en la que se pide declarar el estado de las cosas inconstitucionales, es decir, aplicar la herramienta o mecanismo que protege los derechos de los campesinos en materia de acceso a la tierra en Colombia. La situación de cerca de 12 millones de labriegos del país es tan calamitosa que el alto tribunal discute caminos para intervenir en esa tragedia.Don Aquilino Yanquén Ramírez tiene 61 años. Sus manos tienen callos por arar la tierra y su alma está amarga tras el olvido en el que lo dejó el Estado.Él vive con María Noemí, su esposa, en una finca sencilla situada en la vereda Quebrada Vieja, Boyacá. En ese trozo de tierra cultivan papa y maíz. Antes de empezar la brega diaria y el ordeño, se toman un tinto bien cargado y hacen cuentas tristes: por cada litro de leche les pagan apenas 900 pesos.“El campesino es el que tiene que sufrir al sol, al agua y a toditico para que las ciudades se sostengan. Nosotros pensamos en todas las personas que tenemos en las ciudades. Una persona que no tenga un bocado de comida empieza a volverse nada y se tiene que ir a un hospital. Nosotros vivimos en nuestro campo para llevar lo mejor a la gente de las ciudades”, cuenta don Aquilino.A pesar de haber labrado su parcela desde que tiene memoria, Aquilino no tiene una escritura que le permita reclamarla. Es uno de los más de 2 millones de siervos sin tierra, como la novela de Eduardo Caballero Calderón.“Vea cuántos años llevamos luchando, cuánto tiempo lucharon nuestros papás y abuelos para tener un papel, una escritura pública, pero nunca se pudo”, narra el campesino.Lo que más le amarga es sentirse como un inquilino en su propia parcela, mientras los usurpadores multiplican sus métodos, se disfrazan de colonos, trafican influencias y se apropian de los baldíos del Estado a través de sentencias legales.“Esa gente sí tiene sus escrituras públicas y uno como campesino como no tiene los dineros porque siempre hemos vivido arruinados por el gobierno, entonces pasa y sucede que uno nunca puede”, señala.Aquí la tierra no es de los campesinos: según cifras del Dane, en Colombia hay 2.370.099 predios rurales dedicados a la actividad agropecuaria. De esa cifra, 1.669.287 tienen menos de cinco hectáreas. Esa tierra que ocupan los pequeños productores corresponde al 2% del área rural del censo agropecuario.En contraste, hay 5.842 predios de más de mil hectáreas que abarcan el 73.8% de la tierra productiva. Una radiografía apabullante de concentración de la tierra que, según el índice Gini, es de 0,86% y deja a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo. Francisco Gutiérrez Sanín, director del Observatorio de Tierras de la Universidad Nacional, tilda de “obscena” la concentración de las hectáreas productivas en Colombia.“Lo primero que habría que decir es que Colombia tiene una concentración absolutamente obscena de la tierra y es una concentración de la tierra que es una cosa que rara vez se dice. No solamente es injusta socialmente, sino que además es una lápida sobre las posibilidades de desarrollo del país. Ningún país con la estructura agraria que tiene Colombia ha salido del subdesarrollo. Es así de sencillo”, aseguró Gutiérrez.Según Gutiérrez Sanín, las abismales dificultades del campesino para acceder a las tierras y la ocupación ilegal son consecuencia de un Estado que no ha sido capaz en el último siglo de hacer un inventario serio de las hectáreas. De ese caos administrativo se aprovecharon los acaparadores para correr las cercas de sus fincas, mientras los coletazos de la guerra institucionalizaron el despojo.“Al calor del conflicto armado hubo una reconcentración de la tierra básicamente a sangre y fuego y lo vemos con las cifras: los 8 millones de desplazados. El estudio más serio que conocemos sobre pérdida de tierra que es el que hizo Garay y Asociados para la Corte Constitucional, ese análisis llega a la conclusión de que más o menos el 40% de las personas desplazadas perdieron la tierra, si estamos hablamos de 8 millones de desplazados imagínese la masa de colombianos que perdieron la tierra a punta de bala”, aseguró el director del observatorio.Es tan ruinoso el destino del campo y el robo histórico de baldíos al Estado, que muchos calculan en 1,2 millones las hectáreas que la Corte Constitucional se apresta a intervenir en ese desastre.Noticias Caracol conoció los detalles de la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo que pide declarar el estado de cosas inconstitucionales en materia de acceso a la tierra para 12 millones de campesinos.Para Lizarazo, la vulneración masiva de los derechos de los labriegos ha sido tan prolongada como la omisión de las autoridades para resolverla y que la única vía para solucionar este escenario tan calamitoso es la adopción de medidas urgentes y estructurales de forma coordinada por parte de varias entidades del Estado. Según Lizarazo, es inadmisible que el Estado hoy no sepa quién posee la tierra en Colombia, ni cuáles son los baldíos que le corresponden a la Nación y que debieron ser redistribuidos para la Reforma Agraria.Ello se debe en buena medida a que solo hay información catastral confiable del 17% de los predios del país, es decir, menos de la quinta parte del territorio colombiano.Una realidad que dificulta aún más el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz que dispuso la formalización de 7 millones de hectáreas para campesinos poseedores sin títulos, como don Aquilino, y la adjudicación de tres millones de hectáreas más en la reforma agraria.Sin rodeos, Luis Alejandro Jiménez, el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos señaló la situación de desconocimiento de los baldíos.“En Colombia no existe claridad oficial de la cantidad de baldíos, su ubicación y estado de ocupación. Podría pensarse que puede ser algo deliberado para no fijar políticas y facilitar el uso informal que hacen de ellos algunos particulares, no es que el gobierno no haya podido repartir mejor los baldíos, es que no ha querido”, dijo.Otra particularidad se suma a la situación, no son pocos los casos en los que baldíos de la nación terminan en manos de clanes políticos.El último escándalo lo protagonizó la familia del exsenador del Centro Democrático y hoy embajador en República Dominicana Daniel Cabrales. En 2009 un juez de Montería les otorgó a los Cabrales 13 fincas que reclamaban en Córdoba y que sumaban 862 hectáreas.La Agencia Nacional de Tierras interpuso una tutela y aseguró que esos predios eran de la Nación.Finalmente, la Corte Suprema determinó que había muchas dudas en ese proceso y tumbó el fallo que le había entregado esos terrenos a los Cabrales.Tras concederle una tutela a la Agencia Nacional de Tierras, la Corte Suprema determinó que las 13 fincas que reclamaban los Cabrales en Córdoba podían ser predios del Estado. El portal Verdad Abierta fue el primer medio de comunicación en publicar esta investigación.Diego Trujillo, exprocurador delegado para Asuntos Ambientales, sostuvo unas declaraciones contundentes con respecto al caso de los Cabrales y otros que se han registrado en el país.“Ya son muchos los casos en donde altos funcionarios del gobierno y congresistas han obtenido propiedad de estos baldíos utilizando la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, lo cual los jueces tienen prohibido adjudicar de esta manera, en este tipo de sentencias de propiedad pública, por ser imprescriptibles”, expuso Trujillo.Ese acaparamiento de tierras, por vía judicial, ha sido una constante en Colombia. Una investigación de Dejusticia y la Universidad Nacional documentó que entre 1991 y 2018 distintos jueces del país entregaron 12.070 baldíos de forma ilegal que corresponden a 215.457 hectáreas.“En nuestras estimaciones, el 49% de la tierra que fue entregada sobrepasó los límites de la Unidad Agrícola Familiar que es una medida creada para que la entrega de la tierra no lleve a la concentración. Eso significa que esta figura habría sido usada para acumular también tierras, no necesariamente para que campesinos pobres llegaran a la propiedad rural”, sostuvo Diana Guiza, investigadora y profesora.Para Guiza, los departamentos de Casanare, Córdoba y Cesar han concentrado el 70% de este fenómeno irregular de usurpación de tierras de la Nación. Un despojo habilitado por despachos judiciales ya identificados.“Hay unos juzgados en específico que han entregado bastantes predios en periodos cortos de años, entonces hemos identificado estos jueces en Córdoba y en Casanare, por ejemplo, que en 2 o 3 años han entregado. Y eso ya empieza a generar sospechas”, manifestó Diana Guiza.Para ponerle fin a la usurpación, el gobierno Duque emprendió la actualización de la información catastral del país, es decir, identificar quiénes son los dueños de la tierra. Hoy ese avance es del 17%, pero la meta es que se llegue al 60% en 2022 y a la totalidad del territorio nacional en 2025.Para lograrlo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi gestionó dos créditos por 150 millones de dólares con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.“Definitivamente, es una deuda histórica que tenemos en Colombia. Al principio del cuatrenio solo el 5% del territorio tenía información catastral actualizada y otro 28% nunca había sido contado con este tipo de datos. Por eso el Gobierno nacional está comprometido con el avance de la política de catastro multipropósito para saldar esta deuda”, dijo Olga Lucía Morales, directora del Agustín Codazzi.En esa misma línea, se pronunció Fernanda García, la Superintendente de Notariado y Registro. Según dijo, en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por fin se está realizando el gran inventario de propiedades del Estado y, al tiempo, se han multiplicado los controles para impedir que las mafias que rondan las oficinas de registros públicos sigan enriqueciéndose.“En la oficina de Registros Públicos de Florencia y de San Vicente del Caguán nos percatamos que había un concierto para delinquir en ese aspecto. Un grupo de profesionales conjuntamente con la registradora recibían unas dádivas a cambio de alterar el sistema de información registral que nosotros tenemos en la superintendencia. No vamos a tolerar la corrupción, ya se han proferido en menos de un mes tres fallos disciplinarios con sanciones de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos”, mencionó García.A pesar del esfuerzo institucional, de los avances en la lucha contra la corrupción o del inventario de baldíos en camino, la situación de los campesinos es catastrófica.El magistrado Antonio José Lizarazo le puso números concretos al caos: el Estado hoy tramita 37.000 procesos de clarificación, recuperación y titulación de predios que podrían tardar 40 años en resolverse y costarle a la Nación casi un billón de pesos.Por ahora, la propuesta de Lizarazo es vista con buenos ojos por al menos tres magistrados más de la Corte Constitucional, es decir, arrancaría con cuatro votos, pero se necesitan cinco como mínimo para que este proyecto se convierta en sentencia. Mientras en el Palacio de Justicia se refinan los argumentos, en la finca de don Aquilino escuchan los reclamos.
Al menos 21 muertos y 17 heridos dejó este martes un accidente en una carretera de Cochabamba, en el centro de Bolivia, al caer un autobús de pasajeros a un precipicio, informó la policía.El hecho ocurrió hacia la 01h00 de la madrugada (05h00 GMT) en una carretera que une los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz (este), cuando el autobús cayó por un precipicio de una profundidad de 150 metros.La Policía investiga las causas del accidente, el más grave de 2021, y no descarta que aumente la cifra de fallecidos.Torrico agregó que los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona y a la ciudad de Cochabamba, 400 km al este de La Paz."Yo he perdido a mi tía, mi tía era como una madre para mí", dijo una mujer a la prensa en medio del llanto en el hospital de la ciudad de Cochabamba. Contó que una prima sobrevivió y está herida.Señaló que habló telefónicamente con su prima, quien le contó que "el chofer estaba corriendo harto [mucho] y los pasajeros han gritado 'por favor baje velocidad', se han asustado, pero el chofer seguía corriendo y sintieron el golpe"."Hemos perdido a mi hermano y deja dos niños en la orfandad", dijo un hombre en el mismo hospital. La esposa y los pequeños resultaron heridos.Otro de los heridos es Erwin Tumiri, quien sobrevivió a la tragedia del Chapecoense y ahora volvió a salvarse.“Los doctores me dicen que tengo un buen ángel de la guardia”, dice Tumiri.Cuenta que iba dormido, pero al escuchar los gritos se aferró al asiento delantero.El bus de pasajeros salió de Cochabamba bajo una persistente llovizna, lo que reducía la visibilidad en la carretera, según medios locales.Rescatistas se encontraban en el lugar del accidente, pues se teme que haya otros cuerpos atrapados debajo del bus.El último incidente vial grave ocurrió en Bolivia en septiembre pasado, cuando un bus cayó por un despeñadero, con saldo de 19 muertos y 17 heridos.
Noticias Caracol habló con Eliana, la médica que grabó fiesta dentro del Hospital Santa Clara en pleno segundo pico de la pandemia del coronavirus en Bogotá.Ella recuerda que en la reunión vio a “varias personas en alto estado de alicoramiento, la gente enrumbada con licor. Yo les pido que por favor apaguen toda la celebración y les digo que salgan de la institución”.Según Eliana, denunciar esta fiesta hoy la tiene fuera de su cargo por supuestas represalias de las directivas del centro asistencial y de la Subred Centro-Oriente.Afirma que -una vez el video se hizo viral- recibió amenazas anónimas y que sin ninguna explicación fue trasladada, removida del cargo que desempeñó durante cuatro años.Además, sostiene que su salario se vio afectado, pues le quitaron las horas extras. Al final, no aceptó las nuevas condiciones y renuncióEl tema llegó al Concejo de Bogotá, donde condenaron la persecución a la médica y pidieron la renuncia de la gerente de la subred, que habría estado detrás de la presunta represalia.“No solamente no hizo nada, sino que después se encargó de perseguir a la persona que había grabado el video”, sostiene Andrés Forero, concejal del Centro Democrático.Incluso algunos cabildantes dieron a conocer una conversación telefónica que probaría que la funcionaria trató de ocultar la fiesta. Ahora la Personería investiga.
Tres golpes en un mes, dos de ellos registrados en videos, volvieron a alertar a las autoridades sobre una banda que consideraban desarticulada en Bogotá: la de Los Rolex."Es posible que hagan parte de una vieja estructura que ya fue desarticulada en el año 2019”, dice el jefe seccional de investigación criminal. Parte o no de aquella banda, aparecieron para robar relojes Rolex avaluados en 20 millones de pesos o más.“Aprovecharon esa oportunidad para intimidarme, encañonarme con la pistola y así obligarme a que les entregara el reloj", cuenta una de las víctimas.Los asaltantes operan en sectores específicos de Bogotá como la Zona T, la Zona Rosa, Quinta Camacho y el Parque de la 93.El 6 de febrero, en un café ubicado en la carrera 11 con calle 93A, un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue la víctima. Lo amenazaron con arma de fuego para que entregara su reloj de alta gama.“Se están realizando labores de vecindario, análisis de video y entrevistas a posibles testigos para lograr la individualización y la captura de estos delincuentes”, sostiene el coronel Miguel Cabrero, comandante de Seguridad Ciudadana.El 12 de febrero, Angélica Valderrama estaba en un restaurante del Parque de la 93, norte de Bogotá, cuando fue abordada dentro del establecimiento por un delincuente vestido de negro que la amenazó con arma de fuego y le quitó el reloj.El 16 de febrero, al mediodía, el blanco fue un coronel retirado del Ejército. Dos hombres en moto lo abordaron en su vehículo cuando llegaba a su residencia en la localidad de Suba. Aunque el sitio no está en la zona de acción de la banda, la modalidad fue igual."Entré en pánico porque iba en compañía de mi esposa y mi hija y con palabras soeces me obligaron a que les entregara el reloj o si no accionaban el arma de fuego", relata la víctima.La banda no solo incluye hombres armados que roban el reloj, sino que tiene un experto que les indica a quién robar."Por lo general utilizan un marcador, siendo este el encargado de ubicar a la víctima. Pasa cerca de ella y detecta que el reloj o la joya es real, luego hacen el seguimiento hasta donde la víctima es vulnerable y generan el ataque", detalla Orlando Carrillo, experto en seguridad y defensa.Con la forma de actuar, los testimonios y los videos, la Policía espera cerrar el cerco sobre la banda.
Esta semana sorprendió la declaración del presidente Iván Duque, quien dijo que si la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez renuncia, designaría como su reemplazo a una mujer.Expertos constitucionalistas y congresistas le recordaron que esa elección la hace el Congreso en forma libre y que el presidente no puede formalmente postular candidatos.El senador Roy Barreras fue más allá e incluso propuso a los Partidos Liberal y Cambio Radical que se unieran con la oposición y eligieran un vicepresidente independiente.Aunque la propuesta de Barreras es teóricamente posible, seguramente no tiene ninguna viabilidad política.Solo una vez en la historia no se ha respetado el guiño presidencial para designar su potencial reemplazo: fue en 1993, cuando Juan Manuel Santos se hizo elegir designado sin contar con el beneplácito de César Gaviria, entonces presidente.De cualquier manera, esta vez el presidente Iván Duque tendrá que hacer más trabajo político porque el Partido Conservador, con el apoyo del expresidente Uribe, ya se metió y dijo que debería ser una conservadora.Lo dicho por Uribe se entendió como una desautorización al nombre de María Paula Correa, que es la candidata que el presidente Duque quisiera.Si finalmente el pulso lo ganan los conservadores, todos los caminos conducen a Ángela Ospina de Nicholls, quien no es muy conocida pero tiene relaciones familiares que a veces en la política colombiana pesan mucho: es consuegra de Andrés Pastrana y nieta del expresidente Mariano Ospina Pérez.
Con una calle de honor, entre aplausos, globos y lágrimas, fue dada de alta Isabella, quien a sus dos años ya batalló contra los pronósticos que no le daban esperanzas de vida por una grave cardiopatía congénita terminal.“La niña empezó a ponérseme moradita en los labios, caminaba y se tocaba el corazoncito y decía ‘me pica, me pica’ y yo no sabía qué era”, cuenta Sandra Salamanca, madre de Isabela.Milena Prada, cardióloga pediatra, afirma que la pequeña “ingresó a la clínica Imbanaco en agosto del año pasado con recaídas de falla cardiaca importantes”.Isabella y su familia viven en Popayán, pero desde hace un año la vida les cambió, tuvieron que desplazarse hasta Cali para atender su enfermedad y, luego del diagnóstico, debieron someterse a la espera para lograr encontrar un donante de corazón. Después de seis meses, recibieron la noticia más anhelada.“Recibí la llamada de la doctora Milena diciéndome que tenía que venirme urgente a la clínica porque había salido un donante para Isabella”, asegura Sandra.Durante cinco horas, la pequeña fue intervenida en una cirugía a corazón abierto.“Es un procedimiento exitoso, no ha habido ninguna complicación y la niña lo ha tolerado”, señala Carlos Enrique Fragoso, médico cirujano cardiovascular.La donación de órganos en menores de 5 años es muy baja en Colombia, entre otras razones, porque las muertes violentas en ese grupo de población son muy escasas.Luego del exitoso trasplante, Isabella deberá tomar medicamentos y mantener un seguimiento ecocardiográfico. Con toda una vida por delante y llena de esperanzas, ahora esta pequeña tiene un nuevo corazón para disfrutar cada latido al lado de su familia.