La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Tribunal Superior de Bogotá admitir a Deyanira Gómez, en calidad de testigo, en el proceso contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez.Deyanira Gómez es expareja de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo del caso en el que se investiga a Álvaro Uribe Vélez, y había solicitado ser acreditada como víctima durante la audiencia en la que la Fiscalía pidió la preclusión de la investigación.En contexto: Deyanira Gómez y Gonzalo Guillén no fueron reconocidos como víctimas en proceso contra Álvaro UribeDe esta manera, la Corte Suprema de Justicia falló una tutela en favor de la mujer, cuyas peticiones, así como las de su abogado, deberán ser estudiadas por el Tribunal Superior de Bogotá, que está a cargo del proceso contra Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.Deyanira Gómez fue quien grabó a Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, ofreciendo beneficios jurídicos a cambio de una retractación de Juan Guillermo Monsalve.Vea también: Corte Suprema niega el traslado de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella contra Álvaro Uribe
El excongresista Eduardo Pulgar condenado a cuatro años de prisión por la Corte Suprema de Justicia fue trasladado de la cárcel La Picota en Bogotá a una cárcel militar en Malambo, Atlántico.Cabe recordar que Eduardo Pulgar fue condenado por tráfico de influencias al ofrecer 200 millones de pesos a cambio de un fallo judicial.El Inpec dijo que el traslado se dio teniendo en cuenta que la pena es baja y por su buen comportamiento, además del amparo para poder estar cerca de sus cuatro hijos, menores de edad.
Un juez de Bogotá absolvió al exsecretario de Prensa del gobierno de Álvaro Uribe, César Mauricio Velásquez, y a al exasesor jurídico Edmundo del Castillo por el escándalos de las llamadas ‘chuzadas’ del DAS.El juez 56 con funciones de conocimiento consideró que la Fiscalía no aportó pruebas que vincularan a los exfuncionarios con este delito.Las ‘chuzadas’ se dieron, entre 2007 y 2008, contra periodistas, políticos y magistrados de la Corte Suprema.Según el fallo, la Fiscalía tampoco probó que los procesados tuvieran alguna relación con grupos al margen de la ley.
Camilo Andrés Ruiz y José Reyes Rodríguez tienen las claves de un capítulo del cartel de la toga que hoy enreda al exmagistrado Gustavo Malo Fernández. Ambos declararon en el juicio contra Malo que se adelanta en la sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia.Vea también: La 'viuda de Autorroling' prende el ventilador contra exmagistrados del MetaSus testimonios bajo juramento fueron obtenidos por Noticias Caracol gracias a una tutela que falló la sala civil de la Corte Suprema, en la que reivindicó el derecho a la información y a la libertad de prensa.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó a la excongresista Aída Merlano Rebolledo por el delito de violación de topes o límites de gastos electorales en su pasada campaña al Senado de la República.En el nuevo proceso contra la prófuga excongresista, el alto tribunal encontró que se realizaron múltiples movimientos financieros cuando fue candidata y los que habría buscado dar apariencia de legalidad sin que la tuvieran.Según la investigación, estas sumas de dinero habrían terminado en la campaña de Aída Merlano, superando ampliamente los topes definidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que, en virtud de la resolución 2796 del 8 de noviembre del 2017, impone un límite de gastos de $884.131.163.La excongresista se fugó de un consultorio odontológico en Bogotá el primero de octubre de 2019, bajando por una soga.Puede ver:“Se dio un mamonazo y se subió a la moto”: paso a paso de la fuga de Aída MerlanoEstaba pagando una condena de 15 años de prisión los delitos de concierto para delinquir agravado y coautoría en corrupción al sufragante. La pena, sin embargo, fue rebajada a 11 años.Casi tres meses después, Aída Merlano fue capturada en Venezuela y desde allí dijo que el clan Char y Julio y Margarita Gerlein organizaron su fuga y que había un plan para asesinarla.En contexto:Autoridades de Venezuela confirman que Aída Merlano fue detenida en Maracaibo
En días recientes, llegó a la Corte Suprema de Justicia una denuncia contra el líder de Colombia Humana, Gustavo Petro, el senador Gustavo Bolívar y los integrantes del comité del paro por supuesto concierto para delinquir e instigación para delinquir.· Vea también: Claudia López dice que no rectifica, como solicitó Gustavo Petro, y llama a “no radicalizar”Según los denunciantes, estos líderes políticos promovieron la realización de protestas que derivaron en actos vandálicos y que además violaban las normas de sanidad por el COVID-19.El alto tribunal determinó que las denuncias eran de “carácter abstracto y sin pruebas”. De tal manera que es para la Corte imposible desarrollar una investigación, pues solo se habló del liderazgo de los funcionarios en las marchas como única razón para atribuir su responsabilidad.Ante la decisión de la Corte Suprema, Gustavo Petro se pronunció:
La Fiscalía General de la Nación pidió condenar a Cesar Mauricio Velázquez, exsecretario de Prensa de la Presidencia, y a Edmundo del Castillo, exsecretario Jurídico también de Presidencia, durante el gobierno Uribe. Para el ente investigador, hay suficientes pruebas que demostrarían que los exfuncionarios participaron en un complot, con miembros del desaparecido DAS, para desprestigiar a exmagistrados de la Corte Suprema.En dicho complot, se habrían buscado documentos que evidenciarían reuniones entre exmagistrados y paramilitares, según lo declaró Salvatore Mancusos en un juicio. Los implicados se declararon inocentes.
Marbely Sofía Jiménez tiene una historia truculenta de dinero, crimen y corrupción en la que salpica a exmagistrados del Meta. Es conocida como 'la viuda de Autorroling' porque antes de cumplir su primer aniversario de casada con un millonario empresario de autopartes de Villavicencio se puso el traje de luto.Sobre ella recae una sentencia condenatoria en firme por el asesinato de su exesposo, el hijo de su exesposo y dos empleados de la empresa, de la que se dice que podría haber heredado una fortuna. Pero los planes se vinieron abajo luego de ser sentenciada por estos crímenes junto al exparamilitar Smith Bayardo Parra Rincón, alias 'Manopicha', con quien tuvo dos hijos.Por el escabroso caso judicial, la mujer está condenada a 52 años de prisión sin ninguna posibilidad de revisión. No obstante, desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, esta semana, Marbely accedió a declarar como testigo clave en uno de los casos de corrupción judicial más vergonzosos. “Yo vengo a contar la verdad, vengo a contar lo que hice, lo que regalé y por qué motivo lo hice”, dijo.Ella firmó un principio de oportunidad que le evitará una nueva condena por cohecho. A cambio, prendió el ventilador ante la Corte Suprema de Justicia en donde se lleva a cabo el juicio contra los exmagistrados del Tribunal Superior del Meta Alcibiades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos.“Me dijeron que los magistrados estaban altamente agradecidos por la colaboración. Sumando los cheques y los eventos sociales pagué 800 millones de pesos. La totalidad de eventos sociales y familiares podrían ser otros 100 millones, podrían ser 900 millones en total”, precisó la testigo.Marbely Sofía Jiménez se declara inocente de los crímenes, pero responsable de intentarles pagar a los exmagistrados del Meta para esquivar la cárcel. Ella asegura que fue la organizadora de por lo menos dos reuniones en el hotel Palo Verde de Villavicencio, en donde se habría cerrado un trato corrupto en medio de trago y mujeres.“Llegué al hotel Palo Verde, hice la reserva de la villa, di el abono, salí después, traje unas cosas como para organizar el sitio… flores y demás. Recogimos a una de las chicas en una estación de gasolina y de ahí nos dispusimos a ir al hotel Palo Verde. Ahí las niñas se disfrazaron, estuve yo presente, hablándoles, que hicieran bien las cosas, que estuvieran contentos, que pasaran un rato agradable (…). Disfrazarse es de esos trajes eróticos, de enfermeras, de Minnie Mouse, de disfraces sexuales (…). En esta ocasión me crucé con Alcibíades Vargas Bautista”, señaló.En poder de la Fiscalía está el listado de asistentes a una de las reuniones llevada a cabo en enero de 2014 en las instalaciones del hotel. La propiedad del establecimiento estaría en cabeza de una persona de confianza de los exmagistrados del Meta. Estos documentos de los huéspedes fueron reconocidos por una recepcionista, que fue despedida de su trabajo luego de testificar.“Estaba en la villa cuando ellos llegaron, llegaron en tres carros, una Toyota, los otros dos un automóvil y un campero. Llegaban los magistrados con tres amigos. Los tres abogados de ese entonces de mi confianza Juan José Velásquez, Javier Acosta Gutiérrez y Hernán Castañeda Chaux, con Alcibíades Vargas y Joel Darío Trejos con tres amigos de ellos”, relató la mujer.Según ella, recibía asesoría de tres abogados que están en esta lista: Juan José Velásquez, Javier Acosta Gutiérrez y Hernán Castañeda. Asegura que a través de ellos intentó pagar 800 millones de pesos a los magistrados y para sustentar su dicho entregó soportes de extractos y cheques a la Fiscalía. Sin embargo, el dinero tuvo que ser devuelto luego de que se destapó el escándalo de corrupción en el tribunal.“Ellos (los magistrados) ya estaban investigados por la Fiscalía, iba a ser mucho más perjuicioso para ellos que me exoneraran porque le iba a dar pie a la Fiscalía de concluir que las pesquisas eran ciertas. El magistrado ponente, el magistrado Alcibíades Vargas Bautista, elevó mi condena 13 años. De 39 años pasó a 52 años y me sumó otros delitos. Al señor Smith Bayardo Parra Rincón le confirmó la sentencia de primera instancia y quedó en 39. Por eso, presenté el recurso extraordinario de casación en poder del doctor Mario Iguarán Arana”, testificó.En su declaración ante la Sala de Juzgamiento de primera instancia de la Corte, la mujer reveló detalles desconocidos de otros hechos de presunta corrupción en la Fiscalía: “Ellos tenían a alguien que les comentaba los pormenores del despacho octavo, que les adelantaban cómo iba la investigación, que iban a ser imputados, que el magistrado iba a sacar el fallo”.También relató cómo intentó llegar hasta la misma Sala de Casación Penal de la Corte Suprema: “Los abogados me prometieron que la casación iba a llegar al despacho del doctor magistrado Gustavo Malo Fernández y que era mi amigo del doctor Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos, creo que ellos tienen a varios familiares en cargos de la Rama judicial.El escándalo del cartel de la toga obligó que Malo dejara su despacho, por ello tampoco se concretó y la casación fue rechazada. La declaración de la 'viuda de Autorroling' en la Corte continúa y sus detalles podrían desencadenar más procesos judiciales por corrupción.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar contra el congresista Gustavo Bolívar por presunto apoyo a la primera línea de manifestantes del paro nacional.La denuncia fue interpuesta por el abogado Víctor Mosquera.Mediante una circular, el alto tribunal citó a Mosquera para una ampliación de denuncia, que se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de agosto de 2021 a las 9 de la mañana.“De manera atenta y de conformidad con lo ordenado por el honorable magistrado de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Farfán Molina, en auto de 16 de junio de 2021, dentro del proceso que adelanta en contra de Gustavo Bolívar Moreno, me permito comunicarle que por considerarse pertinente y útil se dispuso a escucharlo en aplicación de denuncia el próximo miércoles 11 de agosto de 2021, a partir de las 9 de la mañana”, dice la circular.Encargado del caso quedó el magistrado Francisco Javier Farfán Molina.El legista que interpuso la denuncia contra Gustavo Bolívar cuestiona la colecta que el senador promovió para una fundación que busca ayudar a los integrantes de la primera línea del paro nacional.
La Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Eduardo Pulgar a 4 años, 10 meses y 25 días de prisión por cohecho y tráfico de influencias en la investigación que se le adelantaba por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.El excongresista, según audios que grabó el mismo juez al que presuntamente intentó sobornar, le ofreció $200 millones para que favoreciera a su amigo y padrino político Luis Fernando Acosta Osío.“Quiero apelar a la buena relación que tienen ustedes para ver si me pueden ayudar, hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente aquí hay un negocio. Ustedes me dicen y yo voy y digo: para esta jugada vale tanto y vamos pa' lante”, se le escuchaba decir a Eduardo Pulgar.“El senador habla de la universidad y habla de que hizo una gestión. En el audio sí aparece que supuestamente había hecho una gestión ante el Ministerio (de Educación) para poner a uno de los Acosta en la universidad”, declaró el juez Andrés Rodríguez Cáez ante la justicia.Puede ver:Exjuez entregó grabación original del supuesto soborno hecho por senador Eduardo PulgarAl despacho de este togado había llegado en 2017 un pleito en el que tenía interés el empresario Luis Fernando Acosta, amigo de Eduardo Pulgar y quien desde hace años viene librando una batalla jurídica por controlar, además de la Universidad Metropolitana, la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Metropolitano.Vea también:Los escándalos del senador Eduardo Pulgar, en líos por presunto soborno
El Chocoramo triunfa en Estados Unidos. Aunque ya se conoce este ponqué cubierto de chocolate en Canadá, Australia, Costa Rica y Chile, los productos Ramo llegaron a 120 locales de las principales cadenas latinas de Florida y Nueva York. Un logró que se consigue después de 71 años de historia.Todo empezó cuando una pareja emprendedora logró hornear un gran sueño. Los boyacenses Rafael Molano y Ana Luisa Camacho le dieron vida al Chocoramo.En la oficina del fundador, que se mantiene tal cual él la dejó, su nieto Santiago sigue contando el origen de uno de los productos más queridos por los colombianos: “mi abuela preparaba los panqueques en su casa y mi abuelo los vendía en el trabajo, en las tiendas. Él mismo siempre declaró que él era el primer vendedor que tuvo la compañía”.Conozca más: Falleció don Olimpo López, pastelero creador del ChocoramoCon el objetivo de llevar este pastelito de sabor colombiano al resto del mundo, Santiago Molano logró tomarse el mercado estadounidense. Con 99 centavos, que equivalen a $3.800 pesos, se puede comprar un Chocoramo en las farmacias y mercados latinos.Sin embargo, para los mercados internacionales el Chocoramo tendrá próximamente un nuevo empaque. y se le agregó el término "chococake", para no confundir a los estadounidenses y así lograr un crecimiento del 140% para finales de 2021.
Saskia Van Erven García fue eliminada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras caer en la fase de dieciseisavos de final 15-8 frente a la rusa Adelina Zagidullina.La colombiana se vio ampliamente superara en los tres periodos de su duelo del florete y terminó su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.Saskia Van Erven García, de 33 años, tuvo su tercera participación en unos Juegos Olímpicos tras los de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.
El aspirante a la Presidencia de Nicaragua, Noel Vidaurre, fue puesto este sábado bajo arresto domiciliario, con lo que totalizan siete los dirigentes detenidos que aspiran al cargo.A tres meses de las elecciones, además de Noel Vidaurre, los otros candidatos arrestados son: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastián Chamorro -primo de Cristiana- y Medardo Mairena.El comentarista Jaime Arellano, también fue puesto bajo arresto domiciliario.Ambos fueron quedaron "bajo custodia policial" en su domicilio acusados de "menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación e incitar la intervención extranjera", según un comunicado de la Policía.Noel Vidaurre, de 66 años, competía por la candidatura de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL-derecha), una de las agrupaciones acreditadas ante el tribunal electoral para las elecciones generales del 7 de noviembre.Las postulaciones a la presidencia deben inscribirse entre el 28 de julio y el 2 de agosto.En Nicaragua, si una persona está bajo investigación de delitos o arresto no puede postularse a cargos de elección.El presidente Daniel Ortega no ha anunciado oficialmente que buscará la reelección, pero sus allegados dan por hecho que será candidato por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda).El mandatario de 75 años es un exguerrillero que gobernó entre 1979 y 1990, volvió al poder en 2007 y logró reelegirse dos veces consecutivas en medio de denuncias de fraude de la oposición. Su esposa, Rosario Murillo, es la vicepresidenta.Ante sanciones y críticas de la comunidad internacional, Ortega afirma que los detenidos no son candidatos ni opositores sino "criminales" que se organizaron con financiamiento de Estados Unidos para dar un golpe de Estado.Vidaurre y Arellano habían sido citados el sábado a la Fiscalía para ser entrevistados, sin que se les mencionará cargos de ningún tipo, según dijeron a periodistas al salir de la entidad."Yo no he hablado nunca que hay que sancionar a Nicaragua, ni cosa que se le parezca (...) no sé cuál es la razón. No me explicaron absolutamente nada", dijo Noel Vidaurre.La jefa de la diplomacia estadounidense para América Latina, Julie Chung, escribió en Twitter que: "el día que los votantes nicaragüenses confirman su inscripción (en el padrón), Ortega y Murillo arrestan a otros dos opositores políticos"."El candidato presidencial Noel Vidaurre y el periodista Jaime Arellano son sólo las últimas víctimas de una campaña despreciable para criminalizar la oposición pacífica", añadió.El proceso electoral sigueLas etapas del proceso electoral, administrado por magistrados en su mayoría del FSLN, avanzan según el calendario y al margen de la ola de detenciones de opositores.Este fin de semana el Consejo Supremo Electoral (CSE) llamó a la población a visitar los centros de votación para confirmar si sus nombres aparecen en padrón a fin de conocer dónde deberá votar el día de la elección.En un recorrido por esos centros, la magistrada Mayra Salinas manifestó que "la población está desbordada" atendiendo la convocatoria a verificarse en el padrón.Previamente, la agrupación CXL denunció que en el padrón provisional entregado por el CSE a los partidos políticos hay una reducción de más de 750.000 ciudadanos, respecto al empleado en los últimos comicios de 2016."No sabemos si son ciudadanos cedulados o si fueron eliminados del padrón ya que no hay un código que los identifique" dijo CXL tras exigir al tribunal que explique con "carácter de urgencia" como desaparecieron casi 800.000 votantes en cuatro años.La jornada de verificación comenzó temprano en la mañana en más de 3.000 centros de todo el país. En algunos sitios hubo presencia masiva, con largas filas sin observar las medidas de distanciamiento físico debido a la pandemia."Yo no confío en el Consejo Electoral, pero veo que esta es una necesidad (...) necesitamos una buena dirección en este país, un gobierno que sea de verdad, un gobierno que no sea de mentira", dijo Mario López, mientras hacía fila."Aquí lo más importante es que actualizamos el padrón electoral, la persona que quiera decir que no es así, está equivocada", manifestó de su lado Jennifer Hernández, en un barrio al oeste de Managua.La verificación, que transcurrió sin incidentes, cuenta en el respaldo de partidos de oposición con representación parlamentaria a quienes grupos que carecen de legisladores acusan de colaboracionistas con el gobierno.Entre los sectores sin representación parlamentaria, algunos piden a la población cumplir con la verificación para estar preparados ante cualquier escenario, mientras otros la rechazan al considerar que con ello avalan un proceso que califican de viciado.
Una historia macabra en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, fue el punto de partida de una modalidad criminal en el Ejército, donde se reportaron guerrilleros muertos en combate a personas que habían sido reclutadas en Cundinamarca con la falsa oferta de ir a recoger café.“A partir de diciembre del 2007 se puso en marcha un negocio criminal en el que miembros del Ejército Nacional transaron con terceros civiles para que reclutaran a jóvenes de otros municipios y ciudades del país a cambio de una remuneración económica”, aseguró Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP.La génesis de los llamados 'falsos positivos de Soacha' fue reconstruida por la Justicia Especial para la Paz, que imputó a once personas, incluyendo un general y seis oficiales del Ejército por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La base del escrito de 284 páginas se fundamenta en lo ocurrido de puertas para dentro en el único prostíbulo de El Carmen.“Dentro de mi inteligencia deducía: necesitamos información, ¿dónde hay que buscarla? A los bares a donde siempre van los bandidos y los delincuentes. Y había un solo bar y por ese lado me empecé a meter con la ayuda de una señora que tenía un bar, el único prostíbulo que había en la región”, aseguró el cabo Néstor Gutiérrez Salazar, excomandante de una escuadra de la Brigada Móvil 15.Lea aquí: El testimonio que pone en jaque a los 15 militares imputados en casos de falsos positivosAnte la justicia ordinaria y ante la JEP, el cabo Gutiérrez confesó que fue el autor de una lista con los nombres de supuestos guerrilleros a los que asesinó en completo estado de indefensión. “La hice yo con María Eugenia, la señora del bar, a la que presioné para que me diera información. Cuando hablé con ella, me dijo: yo conozco a fulano, y yo cargaba mi libreta y empezaba a anotar. Que este tiene un hermano en la guerrilla y él viene cada ocho días al bar a tomar, lo colocaba en la lista...”, relatóEl cabo Gutiérrez asegura que, con esta mujer como informante, asesinaron a casi a una decena de personas a quienes el pueblo reclamaba como campesinos. Uno de ellos, Álvaro Guerrero Melo, a quien la comunidad describió como un campesino que se dedicaba a vender chatarra y pescado y a sacar arena del río.Desde una cárcel en Norte de Santander, la mujer, a quien le protegemos su identidad por razones de seguridad, también colaboró en el caso que ya arrojó los primeros resultados en la JEP.“Cuando llegó el cabo Gutiérrez me dijo con malas palabras que me parara en el andén, que quería hablar conmigo y me echó hacia el poste. Me dijo que ellos eran los cascudos, que venían haciendo limpieza, matando a los colaboradores de la guerrilla, los que tuvieran que ver con paramilitares y expendedores de droga y viciosos. Él sabía que yo vendía droga, que yo tenía que colaborarle a él. Él tenía una lista de diferentes personas. que si no le colaboraba me mataba a mi y al niño”, relató la mujer que sirvió de informante.El cabo Gutiérrez la describió como una ficha clave para obtener la información respecto de personas que se terminaron dando de baja. “El coronel Rincón nos va a colocar las armas, así comenzamos a trabajar en el pueblo para identificar los colaboradores de la guerrilla”.Tanto la mujer como el cabo aceptaron haber hecho parte de este plan criminal a cambio de dinero y por los incentivos que ofrecía el Ejército. “Le decían a uno, cómo hijuemadres lo capturan, para qué vivo. Lo que pedían era muertes en combate. El premio para los comandantes eran candidatos para el Sinaí. Y para los soldados de la tropa era pasar diciembre en casa”, señaló.En el relato de los entrevistados, también señalaron cómo llegaron a tener a una de sus víctimas retenida dentro del prostíbulo.“Antes de ingresar a la pieza me dijo que le subiera a la música, yo le subí (...). Gutiérrez sale de la pieza y me dice venga: me senté en un borde que hay para el lado del patio. Le dijo a Chona: no se preocupe, ya ella lo vio, a usted no le va a pasar nada. Le decían que se colocara un poncho camuflado. Chona preguntó ¿para qué? para que no lo conozcan que va con nosotros”.Vea también: “Se reconoce que nuestros familiares no eran guerrilleros”: madres víctimas de falsos positivosEl reporte oficial hizo aparecer a Chona como muerto en combate a pocos kilómetros de El Carmen. Pero su único pecado fue estar en el lugar equivocado. “Salió Gutierrez. Chona iba en el medio, y los otros dos soldados. Se fueron hacia el puente”, aseguró la mujer.Los crímenes a sangre fría se volvieron tan evidentes que las organizaciones de Derechos Humanos encendieron las alarmas ante las autoridades de Ocaña en diciembre de 2007.“Durante el Consejo de Seguridad de la Alcadía de Ocaña al cual asistieron miembros del Estado Mayor del Bisan y de la Brimi 15, la Defensoría del Pueblo advirtió del asesinato de civiles para presentarlos ilegitimamente como bajas en combate”, advirtió la magistrada Díaz.A ese consejo también fue invitada la informante, quien reconoció haber hecho una intervención teatral libreteada por los mismos comandantes: “Yo tenía que decir que gracias al Ejército, cuando el señor moviera la mano, el general Coronado. Que gracias al Ejército volvía la normalidad al pueblo que ya la guerrilla se había ido, que daba la tranquilidad en el pueblo pero la realidad era otra, que no había enfrentamientos con guerrilla ni nada de eso”.A raíz de las quejas de la comunidad, los miembros del Ejército comenzaron a buscar víctimas en otras ciudades. “A raíz de esta reunión y que el Catatumbo se estaba quejando de muchas ejecuciones extrajudiciales, es que empiezan a traer gente de otros lados, traen gente de Aguachica, de Bogotá y aparece alias carretero”.La Justicia Especial de Paz documentó parcialmente los casos de 120 víctimas en Norte de Santander. El siguiente capítulo sensible, además de los crímenes, es cómo los intentaron esconder. La JEP encontró destrucción de evidencia, compra y alteración de testimonios en los procesos disciplinarios y judiciales y construcción de narrativas de falsa seguridad en los territorios.“Hubo alguien que me dijo, me aconsejó, usted tiene que aprender a poner el pecho. Mi papá me dijo: si ya la embarró dé la cara”, señaló el cabo Gutiérrez. Las declaraciones del cabo fueron de las primeras que llegaron ante un fiscal de Derechos Humanos de Cúcuta. No obstante, la presión de los mandos a través de abogados hizo que durante años las investigaciones fueran desviadas, tal y como lo describe la imputación de la JEP."Hubo un encubrimiento jurídico que giró en torno al uso de testigos falsos y a la unificación de versiones entre los miembros de la tropa. (...) Así, por ejemplo, la abogada Hilda Lorena Leal Castaño actuando en representación de los miembros del Bisan habría dado instrucciones a miembros de la tropa para coordinar una sola versión de los hechos, y habría estado presente en diligencias ante Fiscalía en la que se escucharon testimonios de personas que señalaban a las víctimas de pertenecer a grupos armados al margen de la ley, lo cual el día de hoy está plenamente controvertido y por tanto sirve de indicio para concluir que dichos testigos eran falsos", señala el documento de la Justicia Especial de Paz.La abogada Leal Castaño fue sancionada por el Consejo Superior de la Judicatura con la pérdida de su tarjeta profesional de por vida. “Leal Castaño asesoró en agosto de 2009 a testigos para que desprestigiaran al fiscal encargado del caso y pretendió introducir al expediente la falsa denuncia del suboficial como prueba en dicho proceso”, indicó la Judicatura cuando dejó en firme la sanción.La abogada fue señalada por el exparamilitar Jhon Jairo Pabón, alias 'Loquillo', así como por varios comparecientes que, incluso, estuvieron bajo su representación.“Esa reunión se hizo en Puente Aranda, donde estaban instalando las oficinas de Demil, en la parte de afuera. Esta reunión la hacía la abogada Lorena Leal, con el coronel Rincón, con el mayor Rodríguez para prepararnos porque la Fiscalía nos iba a detener (...). Ellos ya sabían que íbamos detenidos”, indicó el cabo Gutiérrez.El capitán Daladier Rivera Jácome, uno de los llamados a imputación como máximo responsable, estuvo durante un tiempo bajo la representación de Leal. “Cuando la doctora Lorena entra, ella empieza a decir: lo que tenemos que hacer acá es una estrategia de la defensa para entrar a desprestigiar al fiscal y a ese 'Loquillo' para que esto se vaya determinando y se de cuenta que el fiscal estuvo con el cabo direccionando la mayoría de las investigaciones”, dijo.Más del tema: JEP imputa a diez militares y un civil por falsos positivos en CatatumboLa abogada actualmente trabaja como contratista de la Agencia Nacional de Tierras, entidad que tiene entre sus funciones adelantar acciones para la reparación integral de víctimas del conflicto.La abogada respondió a Noticias Caracol que por este caso instauró una denuncia penal en contra del cabo Gutiérrez porque habría mentido en su declaración. Indicó que nunca fue asesora de esa Unidad Militar, que renunció a Demil desde hace diez años y que esos señalamientos obedecen a una retaliación en su contra. Producto de esta denuncia, la Fiscalía avanza en una acusación por el delito de falso testimonio contra el cabo Gutiérrez.La decisión de la Judicatura de excluirla del servicio profesional se mantiene en firme. La abogada Leal asegura que solicitó la devolución de su tarjeta profesional bajo la figura de rehabilitación, que permite la ley para quienes después de cinco años de ejecutoria de la sanción aprueben los cursos de capacitación autorizados por la Judicatura.La abogada Leal se negó a conceder una entrevista en cámara porque asegura que está en riesgo su vida y por ello pidió la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Afirmó que el auto de la JEP por los falsos positivos abre un nuevo frente en su pelea judicial y que será controvertido mediante recursos legales.
El mundo ha visto las reacciones de las manifestaciones que se presentaron en Cuba el pasado 11 de julio. El embajador de Cuba en Colombia, Luis Ponce, expone la versión de esos hechos según el régimen cubano.¿Cuál es hoy el balance que tienen ustedes de lo que pasó en las calles de La Habana y de lo que, para muchos, sigue pasando?Embajador: para muchos sigue pasando porque se trata de una operación que ha tenido su mayor manifestación en redes, o sea, su origen es redes, y que se ha dado la idea de que continúa utilizando las mismas imágenes recicladas una y otra vez. Además de eso, utilizaron incluso manifestaciones que son a favor de la Revolución, del presidente Díaz-Canel, utilizándolas y presentándolas como manifestaciones en contra. De eso hay múltiples ejemplos en las redes de todos los medios de prensa, en eso ha caído todo el mundo, todo el mundo ha utilizado ese método para tratar de amplificar este golpe contra Cuba.La libertad de prensa y la libertad de expresión hoy en día se manifiesta a través de cada individuo que tiene un celular. Sabemos que en la isla, por el sistema político, es difícil tener esa libertad de acceso abiertamente y se ha hablado mucho del apagón de internet. ¿Se está restringiendo el derecho de expresión en la isla?En estos momentos no hay apagón de internet, hay 80 medios de prensa extranjeros acreditados legalmente en Cuba y dando cobertura a lo que está pasando en el país. Hubo cobertura de lo que estuvo pasando el domingo y ha seguido dando cobertura durante toda la semana.Le puede interesar: Gobierno de Cuba le echa la culpa a Twitter de las protestas¿Por qué el gobierno cubano podría descartar que haya esa manifestación legítima por parte de la gente que quiera dar un grito de ‘basta ya, necesitamos vivir mejor’?No lo descartamos, para nada. Comprendemos que hay personas que pueden tener esa necesidad de expresarse sobre esos sentimientos porque existen problemas reales. Lo que estamos viendo todos los días lo vivimos, lo viven nuestros dirigentes con ellos allí también, son las mismas escaseces en toda la costa, pero lo que sí no es posible, lo que no se puede permitir es que sean confundidos y sean utilizados. Hay dos tipos de personas. Estuvieron ‘aleccionistas’ de siempre que la bandera de ellos no es la nuestra, es la de Estados Unidos; estuvieron personas que son vándalos, que se aprovecharon de la confusión, para robar. Sobre esto tiene que caer el peso de la ley. Y están personas que se confundieron, entre ellos, revolucionarios que están también agobiados por los problemas que crea este bloqueo (de Estados Unidos).En Cuba escasean muchas cosas en estos momentos, se crean muchas necesidades y están pidiendo que haya cambios que pudieran ayudar. Con estas personas hay que conversar y trabajar internamente. Si de verdad se quiere ayudar a Cuba, si de verdad se quiere hacer un SOS como el que salió de la maquinaria en Miami, lo que hay que hacer es quitar el bloqueo a Cuba.En contexto: Protestas en Cuba dejan un muerto y más de 100 detenidos, entre ellos una periodistaHay detenidos sobre los cuales no se tiene total información.Se ha tratado de fijar un patrón de que eran manifestaciones pacíficas. En realidad, en esas mismas imágenes que han estado circulando se pueden apreciar vándalos. De esas personas que volcaron autos, una que otra patrulla de la Policía, que lanzaron piedras y agredieron a otros ciudadanos, pues esas personas se han ido tomando prisioneras, algunas.El pueblo cubano es un pueblo que ama la paz, que disfruta su tranquilidad y ofrece incluso tranquilidad como una de las cosas que tú puedes percibir al hacer turismo allí. No podemos permitir que esas personas sigan haciendo disturbios que rompan con la paz.¿Qué marca lo que pasó el 11 de junio? ¿Qué significa para el momento cubano hoy y lo que pueda venir en el futuro?Significa que tenemos que trabajar juntos, significa que tenemos que buscar rescatar las mismas vías de conversación de trabajo comunitario que habíamos perdido o que no se había hecho suficiente. Significa que tenemos que escuchar y en eso estamos ya convencidos de que tenemos que escuchar y trabajar más. Pero también significa que no vamos a permitir bajo ningún concepto que desde el exterior se nos imponga a nosotros lo que tenemos que hacer.
