Un fallo de la justicia defiende a las víctimas de la violencia que padecen mutilaciones y que pierden la capacidad laboral por cuenta del conflicto armado. La Corte Suprema señaló que sí tienen derecho a la pensión por este concepto.Cuando solo tenía 15 años y estaba en sus labores de campo, Eider Villada sufrió los rigores del conflicto armado, pues activó una mina antipersonal que le causó daños físicos de consideración.Aprobado en primer debate el cambio de sistema de elección del fiscal general en el Senado“Este artefacto me amputó nueve dedos y me dejó pérdida total de la visión. La Unidad de Víctimas me certificó como víctima del conflicto armado”, contó Eider.“Esta persona tiene derecho a acceder a esta prestación periódica, pero las entidades que estaban a cargo de esta prestación la niegan porque se había interpretado que la vigencia de la prestación periódica de las víctimas del conflicto armado solamente iba hasta el año 2006, desconociendo que el conflicto armado aún persistía”, explicó Juan Diego Sánchez, abogado.Eider acudió a la Unidad de Víctimas, pero allí no se acreditó su condición por considerar que los hechos fueron en el 2011, cinco años después de la ley que concedía la pensión para víctimas del conflicto armado. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que señaló que en el 2006 no se terminó el conflicto armado y este tipo de víctimas sí tienen derecho.“La pensión especial otorgada a víctimas de la violencia no desapareció nunca del ordenamiento jurídico y, por tanto, se causa en el momento en que una persona por un acto derivado del conflicto pierde su capacidad laboral en más del 50% de acuerdo con el manual de calificación de invalidez”, anotó Fernando Castillo, magistrado de la Sala Laboral de la Corte.Para Eider este fallo es una garantía que les permite llevar una vida digna.“Es un sueldo que yo recibo mes a mes, que ha significado mucho en mi vida. Tengo mi esposa, tengo una niña, tengo mi obligación y entonces con eso suplo muchas necesidades de mi hogar”, comentó Villegas.CNE reconoció la personería jurídica de Colombia Humana“Esta sentencia, al reconocer la vigencia del conflicto colombiano, les otorga a las víctimas de dicho conflicto la certeza, la tranquilidad de que pueden acceder a una prestación de carácter periódica”, recalcó Castillo.Para la Corte Suprema, el Estado debe cumplir con las víctimas del conflicto armado en el área económica, política y social siempre que acrediten su condición.
Dos proyectos cambiarían el sistema de elección del fiscal general de la nación y a su juez natural, que ya no sería la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, ya fueron aprobados, en primer debate, en el Senado la República.Propone que la Corte Suprema de Justicia envíe la terna al presidente de la República y éste lo elija. Hoy es el presidente quien envía la terna y la corte escoge.En cuanto al juzgamiento del fiscal, la iniciativa, a la que le faltan siete debates, se lo quita a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes."Va a correr, desde el principio, por la Corte Suprema de Justicia y no por el Congreso porque, actualmente, los fiscales no tienen quien los investiga, caso Néstor Humberto Martínez que tuvo que ver con absolutamente todo con Odebrecht y nunca se le pudo investigar porque era el Congreso el que lo investigaba”, afirmó Armando Benedetti, ponente del proyecto del juzgamiento del fiscal.La bancada de gobierno dice que es un error que la Corte Suprema investigue al fiscal porque acumula la investigación, la acusación y el juzgamiento, rompiendo los principios del derecho y advierte intereses políticos de los ponentes.“Cómo es que después de que el senador más votado, por falta de garantías en la Corte Suprema de Justicia, tuvo que renunciar para poder buscar un juicio más justo en la Fiscalía. Ahora nos dicen que la Fiscalía va a ser también dependiente de la Corte Suprema de justicia”, manifestó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.Puede ver: María del Pilar Hurtado pide perdón por chuzadas: “Nace de mi convicción de ayudar a reconciliar”En Cámara, la bancada de gobierno advierte que si la iniciativa llega a esa instancia tendrá su rechazo.“La Comisión de Acusación es el investigador del fiscal general de la nación porque tienen el mismo nivel jerárquico, así que creo totalmente improcedente una iniciativa de este tipo.”, manifestó Juan Carlos Wills, vocero del Partido Conservador.El polémico proyecto va a pasar a plenaria de Senado en la próxima semana
Este jueves, 7 de octubre de 2021, María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS condenada por las chuzadas, pidió perdón a las víctimas reconocidas en el caso por la Corte Suprema de Justicia.A través de una carta, María del Pilar Hurtado ofreció excusas públicas a los magistrados del alto tribunal para el periodo comprendido del 30 de agosto de 2007 al 22 de octubre de 2008, así como a Piedad Córdoba, Ramiro Bejarano, César Julio Valencia Copete, Gustavo Petro y Daniel Coronell.“De la oficina de Víctor Mosquera, abogado de Álvaro Uribe, me llega esta carta de María del Pilar Hurtado. Valoro el gesto, pero sus excusas solo serán sinceras cuando revele quién le dio la orden para hacernos seguimientos e interceptaciones ilegales”, señaló el periodista Daniel Coronell, a través de su cuenta en Twitter.La exdirectora del DAS aseguró que estas excusas públicas nacen de su “convicción de contribuir humildemente al proceso de reconciliación nacional”.Asimismo, reiteró su intención de continuar con su resocialización, que se inició el 31 de enero de 2015 con su captura y que no solo se ha limitado a cumplir la pena de 14 de años de prisión.Sostuvo que durante su reclusión ha tomado parte activa en la reparación de daños pagando la totalidad de multas que le fueron impuestas, haciendo trabajo penitenciario para redención, realizando cursos certificados y con la petición de disculpas públicas a las víctimas.Vea también:Duque a quienes usan la paz como discurso electoral: “Pretenden decir que no se ha hecho nada”Curules para la paz: ¿quiénes y cómo podrán participar para representar a las víctimas?
¿Ha sido víctima de fraude y el banco no responde? De acuerdo con información de expertos, las entidades financieras han incrementado la inversión en seguridad digital. Durante 2018 fue de 88.000 millones de pesos, mientras que a lo largo de 2020 fue de 315.000 millones de pesos, un valor que se ha mantenido en 2021.Sin embargo, cabe destacar que cada vez son más los usuarios que han sido victimas de fraude, y lo peor, el banco no responde.Una de las formas más comunes de robo son las técnicas de suplantación de identidad tales como las aplicaciones falsificadas, la suplantación de identidad, las tarjetas de crédito falsas, etc.Por esta razón, es importante que conozca cuáles son los pasos que debe seguir en caso de sufrir estos tipos de robo y no tenga ninguna solución por parte del banco.Estos consejos pueden ayudarle a no caer en las redes de los ciberdelincuentesLa Sala Civil de la Corte Suprema se pronunció a inicios del 2021 para corroborar la responsabilidad que tenían todas las entidades financieras de proteger el dinero de sus clientes, en casos de fraude, es decir, cuando un tercero se filtra en los protocolos de seguridad.No obstante, la corte también resaltó que los bancos no pueden justificarse simplemente con afirmar que obraron de manera rápida y activa después del fraude.Asobancaria compartió unas estadísticas en las que resalta que durante el 2019 y 2020 las denuncias por delitos informáticos incrementaron en un 70% y la tasa promedio anual de crecimiento desde el año 2010 ha sido del 21,45%, una cifra totalmente alarmante.¿Cuáles son las recomendaciones que debe seguir si el banco no responde?El primer paso es presentar la reclamación ante la Superintendencia Financiera. Ellos deberán tramitar la queja y determinar el grado de responsabilidad del banco.Si finalmente ellos no dan al usuario una respuesta oportuna, es necesario que el ciudadano proceda a acudir a las vías legales, es decir, presente una demanda.“Para apuntalar la confianza de los cuentahabientes, el ordenamiento reclama que el ejercicio de la actividad bancaria atienda rigurosos parámetros de capital, apalancamiento, liquidez, gobierno corporativo, riesgo de crédito y composición patrimonial, por citar algunas variables”, señaló la Corte Suprema.Descubren 'los libretos' con que presos de La Picota engañaban a víctimas de extorsionesEl presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, comentó que “el país requiere la construcción de un entorno digital seguro, confiable y acorde con la dinámica y necesidades de los usuarios”,El funcionario también resaltó las millonarias inversiones de las entidades financieras a la seguridad digital, sin embargo, no han dado los resultados esperados, pues las víctimas de fraude cada vez aumentan más.
Con una votación unánime, la sala cuarta especial de decisión del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo, determinó la perdida de la investidura o la muerte política para el exsenador Eduardo Pulgar Daza tras hallarlo responsable de tráfico de influencias.Eduardo Pulgar Daza fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 4 años y 10 meses de cárcel por haber intentado sobornar al juez promiscuo municipal Andrés Fernando Rodríguez, para favorecer a un tercero.Vea también: Exsenador Eduardo Pulgar colaborará con la justicia y pide sentencia anticipadaEn este caso hay que señalar que el exsenador Eduardo Pulgar se defendió a sí mismo y, si así lo considera, puede apelar esta determinación ante la sala plena del Consejo de Estado.
Con los testimonios de seis exparamilitares, la Corte Suprema de Justicia logró demostrar que Luis Alfredo Ramos se reunió en varias oportunidades con miembros de las autodefensas, sin autorización del Gobierno nacional, con el fin de lograr acuerdos ilegales para beneficiar su carrera política.El alto tribunal le dio credibilidad al testimonio del exparamilitar José Raúl Mira, quien dijo que, entre el 2000 y el 2003, Luis Alfredo Ramos tuvo vínculos con el Bloque Metro de las autodefensas y con el ‘cartel de la gasolina’ y se comprometió a permitir que esos grupos delinquieran de manera organizada en Medellín y Bello, sin oposición de la fuerza pública, a cambio de que le consiguieran votos y financiaran sus campañas.Otro testigo clave de la Corte fue Carlos Enrique Areiza, asesinado en 2018, quien aseguró que presenció una reunión en el 2005 en la finca Bellanita, donde el sanguinario exjefe paramilitar Vicente Castaño le entregó 800 millones de pesos a Luis Alfredo Ramos para que financiara su campaña a la Gobernación de Antioquia.Areiza también relató ante la Corte Suprema de Justicia otros encuentros de Ramos con los exjefes paramilitares Ernesto Báez y Julián Bolívar y con políticos como Óscar Suárez Mira y Mauricio Parodi, a comienzos de 2006.El exjefe paramilitar Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra también declaró ante la justicia que entre 1999 y 2000 hizo un aporte a Luis Alfredo Ramos de 10 millones de pesos, por medio de un amigo suyo que tenía una oficina en el centro comercial Oviedo.Vea también: ¿Qué piensan precandidatos de la propuesta de Fenalco sobre contratación por horas?En la sentencia, la Corte cita otros testimonios que demostrarían que las autodefensas consideraban al exgobernador de Antioquia como uno de sus aliados en el Congreso, incluso para favorecerlos en el trámite de la ley de justicia y paz, que fue el marco jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares.La Corte concluyó la sentencia contra Ramos señalando que “como senador tenía el deber legal de proteger a los habitantes de los grupos armados ilegales y no terminar consintiendo reglas de los violentos”.Esta decisión de primera instancia fue respaldada por los magistrados Ariel Torres y Blanca Nélida Barreto y tuvo el voto en contra del magistrado Jorge Emilio Caldas, quien explicó que, en su opinión, Ramos debió ser absuelto porque los testimonios en su contra son de oídas y no se ordenaron pruebas para confirmar o desvirtuar las acusaciones en su contra.En la tarde de este viernes, 1 de octubre de 2021, el exgobernador Luis Alfredo Ramos se pronunció a través de sus redes sociales.“Continuaré dando la cara a la justicia, confiando en que se reconozca mi inocencia en la segunda instancia. Estuve injustamente privado de mi libertad por 3 años y 3 meses. Por mi esposa, María Eugenia, por mis 2 hijos, mis 5 nietos, seguiré dando esta batalla contra esta infamia hasta el último día de mi vida”, aseguró el también exsenador.Luis Alfredo Ramos anunció que apelará la condena proferida en su contra.Le puede interesar: Corte Constitucional alargó, por siete meses, el periodo de Comisión de la Verdad
El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos fue condenado a 7 años y 11 meses de cárcel por nexos con grupos paramilitares.La sentencia contra Luis Alfredo Ramos fue emitida por la Corte Suprema de Justicia, después de un proceso que tardó diez años.La condena contra Luis Alfredo Ramos se produjo por alianzas que hizo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 2001 y 2007.Se estableció que Luis Alfredo Ramos tuvo vínculos con los bloques Metro y Centauros, además de los hermanos Carlos y Vicente Castaño.De acuerdo con la sentencia, el también excongresista recibió dinero y apoyo político por parte de dichos grupos.Luis Alfredo Ramos fue precandidato presidencial del Centro Democrático en 2018 y también pasó por partidos como el Conservador y Alas Equipo Colombia.Vea también:Cambios en el SOAT: aquí todo lo que debe saberCaracol Televisión firmó pacto por la equidad de género, de cara a elecciones presidenciales
La Corte Suprema de Justicia profirió una ejemplarizante condena contra el exgobernador del Putumayo Jimmy Harold Díaz por contaminación ambiental. Fue sentenciado a prisión por su complicidad en los daños ambientales a los ríos Putumayo y Caquetá y por vínculos con la minería ilegal de oro.El Putumayo, uno de los departamentos más ricos en recursos naturales, pero a la vez de los más golpeados por la minería ilegal y otras prácticas que deterioran el medio ambiente, celebró hoy esta importante decisión de la justicia.La justicia comprobó que el exgobernador del Putumayo y exrepresentante a la Cámara mantuvo una relación comercial y convino con esa organización ilegal dedicada a la explotación de yacimientos de oro en los ríos Caquetá y Putumayo, que afectó el medio ambiente y los recursos naturales.Una Sala Especial de la Corte Suprema, en fallo de primera instancia, califica esa práctica de suma gravedad por sus implicaciones medioambientales, por eso, lo condenó a 9 años y 11 meses de prisión, además, de inhabilitarlo de por vida para ocupar cargos públicos.“Se alió con el jefe de una organización criminal dedicada a la minería ilegal de oro para brindarles protección, patrocinio, asegurar parte de sus réditos financieros, adquirir sus productos y lucrarse de su actividad ilegal”, dice un aparte de la sentencia.Esa práctica, a juicio de los ambientalistas, es bastante lesiva para los afluentes del departamento.El exgobernador del Putumayo fue procesado y condenado por concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y receptación. También como cómplice de contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero.Lea además: Corte Constitucional ratificó actividades agropecuarias de bajo impacto en los páramos de Colombia
Tres de los cuatro senadores a quienes la Corte Suprema de Justicia les abrió indagación preliminar por su presunta relación con el caso de Centros Poblados se pronunciaron sobre la decisión. Uno de ellos fue Antonio Zabaraín.Procuraduría pide revocarle la casa por cárcel a Emilio TapiaEl senador por el partido Cambio Radical afirma que “jamás llamé a la ministra ni me reuní con la ministra para solicitarle que no caducara el contrato Centros Poblados, eso es falso de toda falsedad”.Sobre los rumores “de que algunos congresistas se reunieron con unos señores de Centros Poblados, que le estaban haciendo algún lobby a Centros Poblados, pues yo ni me he reunido con ningún integrante de la unión temporal Centros Poblados”, agregó.Pese a verse involucrado en el escándalo, el senador Zabaraín defendió a la exministra de las TIC.“Siempre he dicho una y mil veces que es una mujer honesta, honorable, transparente, decente y que desafortunadamente la asaltaron en su buena fe y terminó en todo este problema, de verdad lamentable”, expresó.Armando Benedetti, senador que hace unos meses anunció que dejaba el partido de La U, también ha negado haber hablado con Karen Abudinen sobre Centros Poblados.Armando Benedetti dice que advirtió al Gobierno sobre “chanchullo” en contrato de MinTic“Es una paradoja que ella haga una acusación en un twitter sin ninguna prueba y además sin poner ninguna denuncia”, manifestó.Entretanto, Mauricio Gómez Amín, senador del partido Liberal a quien también le abrieron una indagación preliminar, emitió un comunicado en donde aseguró que todo “se trata de un lamentable caso de homónimos donde aparece un Mauricio que no soy yo, un Gómez que es un delator y un Amín que hace parte como señalado de esa investigación”.La única que aún no se ha pronunciado por el caso de Centros Poblados es la congresista Daira de Jesús Galvis Méndez, del partido Cambio Radical.Crece escándalo: ¿por cuánta plata se habrían vendido funcionarios de MinTic y congresistas?Por ahora, los magistrados se aprestan a ordenar una serie de pruebas para determinar si hay responsabilidad penal de los cuatro congresistas mencionados en el escándalo del MinTic.Pacho Santos dice que llamó a Karen Abudinen para darle un "consejo" y por "pensar en Colombia"
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra los senadores Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amin por su presunta intervención para que no caducara el contrato del MinTic con Centros Poblados.La Corte indicó que recibió dos denuncias, una de ellas de la Red Nacional de Veedurías Ciudadana Bien Común, presidida por Henry Antonio Anay, y otra de Pablo Bustos, de la Red de Veedurías de Colombia RED VER, en las que pedían investigar a los senadores. De acuerdo con las denuncias, Benedetti y Gómez Amin habrían llamado a la exministra TIC, Karen Abudinen, para que intercediera a favor o en contra de la empresa contratistas Centro Poblados.En contexto: Armando Benedetti dice que advirtió al Gobierno sobre “chanchullo” en contrato de MinTicEsto desembocó en un rifirrafe entre Benedetti y Abudinen, pues el senador afirma que la llamó para advertirle de las irregularidades, mientras que la exministra indicó que el propósito de la llamada fue una sugerencia para cederle el contrato a una firma norteamericana.La Corte Suprema se une a la Fiscalía y la Procuraduría para determinar qué fue lo que ocurrió con el contrato que pretendía llevar internet a miles de niños en las zonas rurales de Colombia, del cual se hizo un anticipo de 70 mil millones de pesos.Por ahora, continua este escándalo de corrupción en el que los únicos perjudicados son los niños de Colombia.
Comienzan a ultimarse detalles de cara al partido preparatorio que la Selección Colombia Femenina tendrá frente a Chile, el próximo sábado 23 de octubre, en el estadio Pascual Guerrero.Allí, se contará con un aforo del 75%, aproximadamente 28.000 personas, en lo que será el primer encuentro oficial con público de la 'tricolor', dirigida por el director técnico Nelson Abadía.Este lunes llegaron las jugadoras de la liga local, que fueron convocadas. Primero lo hicieron las de Cali y después las de Bogotá. Después fue el turno de las futbolistas que militan en el exterior.Por eso, nuestra periodista Clara Bonilla habló con Daniela Montoya, referente del equipo. "Necesitamos de este tipo de partidos y rivales, aprovechar los días para trabajar más y mejorar detalles", afirmó.Pero no fue la única que pasó por los micrófonos de 'Noticias Caracol'. Angie Vega, asistente técnica, expresó que "Chile viene haciendo un proceso importante. Recientemente, fueron al Mundial y a los Olímpicos".Así las cosas, estos días serán fundamentales para corregir ciertos errores que, tal vez, se pudieron haber cometido en el pasado compromiso preparatorio, donde el combinado patrio perdió 2-0 frente a México.
En la noche del lunes 18 de octubre se registró un ataque con explosivos en Hacarí, Norte de Santander. La detonación del artefacto dejó tres civiles heridos que se encontraban cerca de un establecimiento comercial.Las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital del municipio de Hacarí.Ataque con granada contra una IPS dejó un muerto y un herido en Ocaña, Norte de SantanderCabe destacar que en esta zona hacen presencia el ELN y las disidencias de las FARC.
Después de la hegemonía liberal que duró 16 años, llegó el desquite conservador. Mariano Ospina Pérez llega al poder en 1946 y se inició una persecución a los liberales en muchas regiones del país, especialmente rurales, en un momento de la historia de Colombia conocido como la época de la Violencia.Siervo Joya, liberal como Eduardo Caballero Calderón, sufrió en carne propia los rigores de la persecución, pero nunca renunció al sueño de hacerse poseedor de un pedazo de tierra. Su condición de campesino pobre le costó cárcel y exclusión social.La muerte de Jorge Eliecer Gaitán y la presión de los políticos sobre el campesinado en busca de su voto convirtieron esos tiempos en una lucha constante por sobrevivir.
La actriz Marta Liliana Ruiz se ha convertido en inspiración. Este año la vida le puso una dura prueba, pero también le ha regalado una nueva de oportunidad. Poco a poco se recupera de su cirugía en la lengua y con fortaleza está lista para más proyectos.“Cuando yo supe que tenía cáncer mi vida cambió. Empecé a sentir de manera diferente y comencé a entender las personas que en algún momento habían tenido esta enfermedad”, comentó.Muere el actor Abel Rodríguez a los 50 añosMarta Liliana Ruiz asegura que este obstáculo de vida la hizo hablar desde el corazón y con una nueva voz, su libro.“Con un proyecto que saldrá en noviembre, que es mi libro; se llama ‘Conviviendo con Ackerman’. Es contar la vida de una actriz, que el cáncer la tiene sentenciada a cambiar de vida, pero la fe la saca adelante”, agregó la actriz.Su recuperación avanza satisfactoriamente. Marta Liliana Ruiz es una mujer fuerte, luchadora, que siempre tuvo claro que callada no se podía quedar.“Estoy queriendo compartir, sabiendo que tengo una misión. Porque mi cáncer no era un cáncer muy conocido, pues yo jamás había oído hablar de cáncer de lengua, y me comenzó a escribir gente como ‘mira tengo esta lesión’, a todos les recomiendo mi médico.", concluyó.Natalia Durán reapareció en redes con emotivo video junto a su hija y desde la clínicaConviviendo con Ackerman, un libro con el que Marta Liliana Ruiz le cuenta al mundo su batalla y las enseñanzas que la han convertido en una mujer más fuerte.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió un proceso disciplinario en contra del magistrado Jorge Eliécer Mola, tras recibir una queja de la Superintendencia de Salud.Dicen de este organismo que en contra de Jorge Eliécer Mola también cursan investigaciones por presuntamente haber emitido decisiones contrarias a la ley.La decisión del magistrado “me dice a mí: ‘Suspenda los efectos de su fallo y no solo suspenda, sino que devuelva a su estado natural a la EPS, devuelva a los usuarios, devuelva la UPC’. ¿Cómo no voy a preferir irme para la cárcel? Me va a tener que meter preso, porque ese fallo es incumplible”, comentó Fabio Aristizábal, Superintendente Nacional de Salud, en diálogo con Noticias Caracol.La Comisión de Disciplina Judicial es la última instancia que investiga disciplinariamente a jueces, magistrados, abogados y funcionarios de la rama judicial. Es decir, las decisiones disciplinarias de esta entidad quedan en firme.Supersalud pide explicaciones a EPS por cancelación de eutanasia a Martha SepúlvedaPor otro lado, la Comisión tiene a varios funcionarios en “la lupa” por supuestos saqueos a los recursos de la salud que se han dado en Atlántico, La Guajira y toda la zona norte del país.
