Después adentrarse aguas adentro en río Baudó, llegó la comisión humanitaria en la que participaron las diócesis de Istmina-Tadó, Quibdó y Apartadó, en su misión de corroborar la difícil situación que viven las comunidades por el conflicto armado que está destruyendo la armonía en esta zona del país.Frente a la cámara del reportero Jesús Abad Colorado, los tres obispos de la región del Baudó plantaron su pedido, en la entrada de la iglesia de Pie de Pato, marcada por el olvido y donde se sienten los pasos de la guerra, del desplazamiento“La Iglesia del Chocó, representada en los obispos de Apartadó, Quibdó e Istmina-Tadó, une su voz a la iglesia colombiana para pedirle con claridad contundencia al gobierno nacional, que mire definitivamente a estas tierra del Chocó, específicamente esta subregión del Baudó. No podemos seguir arrastrando una historia de olvido, de desprecio que alimenta la violencia, la muerte”, manifestó el obispo de Istmina-Tadó, Mario de Jesús Álvarez.Fueron días intensos que compartieron con el pueblo Emberá, que a pesar de sufrir el confinamiento y no poder realizar su actividades diarias, acogió a la comisión compartiendo alimentos según dictan su tradiciones.Entretanto, la comunidad embera describió su tragedia a la comisión, fueron crudos relatos de cómo guerrilleros del ELN e integrantes del Clan del Golfo han apuntado sus armas para destruir sus vidas.El obispo Álvarez le hizo también un llamado a los grupos armados para que paren el sufrimiento. Por el momento, los damnificados de esta situación seguirán esperando una respuesta del Gobierno Nacional, mientras enarbolan la imagen de sus muertos.
Wálter Castro es un hombre de 53 años que se dedicaba a cuidar ganado en la zona de Los Alpes en el Meta. Un día, en medio de su trabajo, pisó una mina antipersonal que lo dejó sin el pie izquierdo.“Cuando yo caí en la mina, yo iba con un ganado, trabajando con el patrón y un animal se me salió del camino y yo bajé como a unos diez metros de la carretera hacia el monte a devolver el bicho y luego sentí el estallido de la mina”, cuenta.Desde ahí su vida cambió radicalmente, pues no ha podido volver a trabajar.“Estoy pasando una situación dura porque, ya que me falta un pie, no puedo trabajar como lo hacía antes. El pie me falla mucho”, asegura.Óscar Galindo es un joven de 25 años que también fue víctima de una mina antipersonal. Perdió la pierna derecha."Cuando me dirigía del casco urbano, del municipio de Mesetas (Meta), a la vereda Las Brisas, a recoger una motocicleta, en este trayecto me salí de la vía, me orillé mucho y allí fue cuando pisé una mina antipersonal", relata.Sin embargo, su recuperación le permite hoy ser una persona activa."Hoy en día ya cuento con mi prótesis, puedo ser independiente, trabajo, estudio", comenta.De otro lado, Noticias Caracol conoció el relato de alias ‘Manchego’, un hombre de 28 años y explosivista del ELN, quien confesó haber instalado la mina en el municipio de Bojayá, Chocó, donde falleció un médico indígena y sus dos hijos resultaron heridos."Yo soy el explosivista del ELN, en la zona de Bojayá en el Chocó, yo he instalado minas antipersonal en el resguardo indígena de Alto Río, Bojayá. Instalamos las minas para bloquearle el paso al Clan del Golfo", aseguró.Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, afirmó que "hay una coincidencia en las zonas donde hay una instalación de minas antipersonal y donde se desarrollan actividades de narcotráfico".Mientras en lo corrido del 2021 se han reportado 29 víctimas de estos artefactos en Colombia, en este momento hay 156 municipios priorizados para el desminado humanitario.
La angustia por salvarle la vida a un niño indígena de 12 años que cayó en una mina antipersonal sembrada, según las autoridades, por el ELN se sentía en toda la comunidad embera de Murindó, Antioquia.Una vez estalló el artefacto, el menor fuer cargado y llevado a pie hasta el río Atrato, desde donde lo subieron a una lancha.Un líder embera que grababa lo sucedido relató, además, la difícil situación en la que se encuentran las comunidades por cuenta de los grupos armados ilegales.“En nuestro territorio están pasando estas situaciones, duramente, fuertemente. Por ese motivo, estamos confinados dentro del territorio de la comunidad indígena”, decía.En la carrera por salvarle la vida, la comunidad llevó al pequeño hasta el centro de salud de Murindó, de donde lo trasladaron a Mutatá y de allí a la clínica Panamericana de Apartadó.Lamentablemente, el menor ya había perdido la pierna izquierda.“En la clínica Panamericana lo recibieron, de inmediato lo llevaron a cirugía, donde le hicieron todo el procedimiento de lavado y remodelación del muñón porque (la mina) le amputó todo el miembro inferior izquierdo y tiene quemaduras de segundo grado”, dijo Aracely Castro, secretaria de Salud de Apartadó, Antioquia.Además del menor de edad, las entidades de salud deben atender también a su familia.“En este momento ellos están angustiados, preocupados, dolidos. Por eso, precisamente le estamos haciendo todo ese acompañamiento desde psicología para que hagan el abordaje de esta familia”, añadió Castro.La Iglesia Católica condenó el hecho que, también, dejó a un docente herido.Según dirigentes indígenas, el ELN habría sido el responsable de minar el territorio.Aunque Murindó está en Antioquia, vive una situación de violencia similar a nueve municipios del Chocó que están confinados por las minas antipersonal.
La Iglesia católica y otras organizaciones de derechos humanos dieron a conocer la cruda radiografía que deja el conflicto armado en el Alto Baudó, en Chocó, que tiene a más del 50 por ciento de su población confinada y desplazada.Hacinamiento, hambre, miedo, zozobra y debilitamiento de los procesos organizativos, más el sentimiento de abandono y precaria atención del Estado, fue lo que halló la comisión humanitaria –compuesta por representantes de la ONU, la Iglesia y las comunidad étnicas- que recorrió 10 comunidades en el Alto y Medio Baudó durante cuatro días.¿Qué encontraron allí? Ramiro Rodríguez Padilla, asesor del foro Interétnico del Chocó, lo explica.“Control social y territorial por parte de los actores armados, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, instalación de minas antipersonales, amenazas y señalamientos a líderes y comunidades. Asesinatos selectivos”, dijo.La Mesa Indígena denunció que en los municipios de Bagadó, Medio San Juan, Juradó, Medio y Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién y Riosucio viven la misma crisis humanitaria del Alto Baudó.“Todas las comunidades del departamento del Chocó están en riesgo. Estamos atropellados psicológicamente, nuestros padres, nuestros hijos se están suicidando”, declaró Víctor Carpio, coordinador de Derechos Humanos de la Mesa Indígena del Chocó.La misión humanitaria también señaló que hay connivencia entre la fuerza pública y los grupos delincuenciales, limitando la movilidad y productividad en los territorios.“En términos de represión, ponen a la comunidad en unas condiciones de que u optan por tomar algún tipo de relación (con los armados) o de lo contrario la vida corre peligro”, denunció Rodríguez.La situación es tan grave que en lo que va del 2021, por cuenta del conflicto entre el ELN y el Clan del Golfo en Chocó, se han registrado tres asesinatos de líderes indígenas y otros cuatro, víctimas de minas antipersona.Tras su visita por la zona, monseñor Juan Carlos Barreto, el obispo de la Diócesis de Quibdó, pidió que se implemente un acuerdo humanitario que permita una salida urgente a la grave situación de violencia que tiene confinadas, sin la posibilidad de pescar, cazar y mantener sus cultivos, a las comunidades, lo que se traduce en hambre.“Tenemos que insistir en la implementación del Acuerdo de Paz, en buscar una salida negociada al conflicto, en un acuerdo humanitario ya para el Chocó, que es una respuesta inmediata y tenemos que garantizar que el Estado tenga un relacionamiento diferente con las comunidades”, dijo.Además, agregó: “Hacemos un llamado a los grupos ilegales para que reconozcan que las comunidades los perciben como un cáncer que les terminó de dañar la vida”.
Jesús -lo llamaremos así por su seguridad- durante dos años perteneció a las filas de las FARC y luego, casi el mismo tiempo, a las del ELN. Con tan solo 12 años, las extintas FARC se lo llevaron a punta de mentiras."A uno lo invitaban, lo seducían con las muchachas, le buscaban a uno diferentes estrategias para llevárselo, pero en vista de que eso no cedía empezaban a presionar con el tema de la seguridad en la vereda donde yo vivía", relata la víctima de reclutamiento forzado.Las amenazas, la situación económica y la falta de oportunidades empujaron a Jesús a empuñar las armas.“Un niño de 12 años con un fusil encima, enfrentándose al Ejército y a distintos grupos armados es cruel, ¿no? Porque uno solo piensa en jugar, en divertirse y allá con un arma, aviones, soldados; es muy duro. Eso es una de las peores cosas que tú puedes vivir”, manifiesta.Lo obligaron a dispararle a su mejor amigo, y como no pudo hacerlo, el propio comandante apretó el gatillo."Si uno no cumple con las órdenes que le dan pues acaban con la vida de uno, entonces es estar entre la espada y la pared. Es tu vida o es la del otro y las órdenes allá no se discuten, la cumples o la cumples", cuenta.Después de este episodio Jesús se enfermó, ya no era útil para la otrora guerrilla, así que lo enviaron a una casa a recuperarse y de ahí escapó. Tiempo después fue el ELN quien le ofreció seguridad.“Ellos se provechan de los niños por que los niños no tienen la capacidad de razonar, de reflexionar como un adulto y considero que es un abuso total de la niñez. Eso es un abuso por el cual deben pasar cientos y miles de niños, que en el país han vivido lo mismo que yo, niños que han sido asesinados en el monte", puntualiza Jesús.Pero esa vida no era la que quería. Jesús entregó las armas y hoy es un ciudadano más. Como él, son al menos 6.931 menores que han sido reclutados por parte de grupos armados al margen de la ley.“Si no aprendes a disparar te morís, entonces es una esclavitud. Creo que para mí el reclutamiento nos arranca todo y nos esclavizan, no tiene perdón, no lo tiene", dice entre lágrimas una mujer víctima de reclutamiento forzado.Estos testimonios hacen parte de las pruebas que aportó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ante la JEP y la Fiscalía en contra de las FARC, del ELN y de otros grupos armados por reclutamiento forzado y otros delitos.“También hay violencia sexual. Los usan, desafortunadamente, como elementos sexuales y cosas sexuales”, lamenta Lina Arbeláez, directora del ICBF.Según el ICBF, es claro que hubo reclutamiento sistemático con un modus operandi:“A través del engaño, a través de la persuasión, a través de la utilización de las condiciones de pobreza. Los ponen a empuñar armas y a cometer crímenes, como homicidios, para que se sientan culpables y que sientan que no son sujetos de derecho".El ICBF tiene bajo su protección a 204 niños víctimas de reclutamiento forzado, menores que hacen parte de los 6.931 que también esperan ser reparados.
Huyendo de las amenazas del ELN y de grupos al servicio del narcotráfico que se disputan el control del territorio, 30 familias de la vereda Alto Guapi, en la costa Pacífica del Cauca, abandonaron sus parcelas y llegaron hasta la vereda Santa Clara del municipio de Timbiquí, donde son protegidos por un consejo comunitario.“Se está obligando prácticamente al destierro de las comunidades, eso implica la destrucción de su cultura”, señala Jonathan Centeno, líder social del Cauca.Paulino Riascos, líder social de López de Micay, anota que en la zona de donde estas familias han sido desplazadas se dificulta más atención porque no están en la cabecera municipal”.“Por eso, pedimos a la Defensoría del Pueblo departamental y nacional para que, en coordinación con la Alcaldía de Timbiquí, podamos velar por estas familias que llegan hasta la población”, afirma.Entretanto, los constantes enfrentamientos que se registran en zona rural de Argelia mantienen confinadas a 135 familias de las veredas El Pinche, La Ceiba y Las Vegas.“Se han presentado confrontaciones, tenemos la presencia de actores al margen de la ley. En estas zonas se han presentado algunos temas donde la población siente vulnerabilidad, tanto de esos actores ilegales como legales. Por lo tanto, deciden resguardarse en sus terrenos sin tener que salir para poder resguardar su vida”, sostiene Dan Harry Sánchez, director de la Unidad de Víctimas del Cauca.Entretanto, organizaciones sociales, gubernamentales y productivas del Cauca, a través del Pacto por la Paz, esperan frenar la ola de violencia en esta zona de Colombia.“El Cauca no puede seguir solamente llevando una estadística de cuántos muertos, cuántas masacres, hoy creemos que el departamento es mucho más que eso y por eso llamamos al concurso de todos los sectores”, apunta Luis Cornelio Angulo, secretario de Gobierno del departamento.El próximo 13 de marzo, dirigentes instituciones, con el apoyo de organismos internacionales, llegarán hasta El Plateado, zona rural de Argelia, para atender a las familias afectadas por el conflicto armado.
Una semana después de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, en el que una joven embera, de 22 años, murió y bastantes familias resultaron desplazadas, varias comunidades indígenas siguen en medio del conflicto.Muchos integrantes de las comunidades de Mohamía, Esenada y Agidó abandonaron su hogares y emprendieron camino hacia el pueblo indígena de Miácora.“Los embera no estamos acostumbrados a escuchar sonido de balas, ni mucho menos bombas”, manifestó el gobernador indígena Miácora, Luis Mona Mecha.En el municipio de Alto Baudó, Chocó, se encuentran 65 familias desplazadas y más de 650 confinadas que necesitan ayuda. Desde hace varios días, una misión humanitaria recorre estas comunidades afectadas.De acuerdo con el personero de Alto Baudó, Heriberto Andrade, una ONG ha venido para apoyarlos, constatando la situación para ayudar a las familias del municipio que estén en crisis.La situación es complicada debido a que solo para llegar de Quibdó hasta Alto Baudó hay que conducir por cuatro otras y después viajar en lancha durante otra cuatro horas.Sin embargo, un equipo de Noticias Caracol acompañó a las autoridades para entregar las ayudas humanitarias.Llegaron a uno de los puntos de encuentro donde la alcaldía del municipio va a entregar las primera ayudas humanitarias para la comunidad afro de Cugucho, en la que hoy sus miembros están confinados y desplazados.“Se están haciendo diagnósticos y básicamente es el punto de partida. Ahora sí vamos a llevar los requerimientos de las comunidades”, declaró Ulises Palacios, alcalde de Alto Baudó.Las ayudas humanitarias consisten en alimentos no perecederos, carne y verduras, aunque se necesita con urgencia colchones, cobijas y elementos de bioseguridad.
En Ecuador, el presidente Lenín Moreno expresó su preocupación por la supuesta financiación del ELN a campañas políticas en su país. Moreno hizo eco de las denuncias que se han conocido desde Colombia en las que, aparentemente, alias ‘Uriel’, abatido líder de esa guerrilla, habría dado dineros a la campaña de Andrés Arauz.Este último es el candidato del ‘correísmo’ que lidera la intención de voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en esa nación. Tanto Arauz como el mismo ELN han negado esos vínculos. Lenín Moreno, en tanto, califica esta situación como muy grave.
Dos militares murieron y 11 más sufrieron heridas luego de que se activara un campo minado al paso de un vehículo de un convoy que iba de Cúcuta a Tibú, en Norte de Santander.En el automotor que se desplazaba por el sector El Tablazo iban 20 militares.Las víctimas mortales fueron identificadas como Danilo Andrés Osorio y Manuel Esteban Cárcamo López.El ministro de Defensa, Diego Molano, visitó a los uniformados heridos y, frente a sus familiares, se comprometió a dar con los responsables del ELN que los emboscaron.“Se le atribuye, por lo que tenemos de información de inteligencia, al ELN, específicamente a la estructura Juan Fernando Porras Martínez. Hay más tropas tratando de dar con el paradero de los bandidos”, dijo el general Marcos Pinto, comandante de la Segunda División del Ejército.“Lamentamos, condenamos, rechazamos estos hechos. Enviamos un mensaje de solidaridad a sus familiares”, manifestó Juan Felipe Corzo, secretario de Gobierno de Norte de Santander.Defensores de derechos humanos aseguran que la situación es muy delicada en la vía Cúcuta – Tibú, en donde también la población civil se ha sentido atemorizada y desplazada.“Que una comisión humanitaria pueda trasladarse a zona rural de Cúcuta - Tibú y Puerto Santander, donde se ha registrado desplazamiento y enfrentamiento entre grupos paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional”, pidió Enrique Pertuz, defensor de derechos humanos.Según el Ejército, este hecho es la respuesta a los duros golpes contra el ELN que se han dado este año: se han incautado 5,9 kilos de coca y 119 laboratorios han sido destruidos.
Un convoy militar fue víctima de una emboscada en la vía que de Cúcuta conduce a Tibú, Norte de Santander, donde dos soldados murieron y once más resultaron heridos. El ataque se produjo mediante la explosión de un artefacto y con ráfagas de fusil.“Al parecer, (fue cometido) por integrantes del grupo armado organizado ELN, mediante un artefacto explosivo improvisado que ocasionó el volcamiento del vehículo en el que se transportaba la tropa”, aseguró el general Marcos Pinto, comandante de la Segunda División del Ejército.El oficial aseguró que los heridos fueron trasladados a un centro asistencial especializado de Cúcuta y que dos de ellos presentan lesiones de consideración.“El resto del personal que venía en el vehículo sufrió contusiones y son valorados en el dispensario médico, son valorados en el dispensario médico, sin afectaciones de consideración”, anotó.Los once militares heridos reciben atención médica en el hospital Medical Duarte.
Un ciudadano murió tras atentado que se registró en una calle del barrio Porvenir, situado en Bosa, Bogotá. La persona fue auxiliada por la Policía, que lo subió a una patrulla y trasladó a un centro asistencial, donde falleció.En medio de esa labor, una moto de la institución, que hacía labores de escolta, chocó contra un bus del SITP y los dos uniformados que iban a bordo sufrieron graves heridas.Uno de los agentes se debate entre la vida y la muerte.“Se presenta un atentado contra una persona que se encontraba en vía pública, fue impactado con arma de fuego. Fue trasladado a la clínica de Occidente, donde pierde la vida”, indicó el mayor Danny Bobadilla, comandante de la estación de Policía de Bosa.La moto de la institución se estrelló en la avenida de Las Américas con transversal 86.Testigos aseguran que los uniformados se pasaron un semáforo en rojo.“Una de nuestras motorizadas sufre un accidente con un bus de servicio público. Tenemos a un policial en estado crítico”, recalcó Bobadilla.Mientras los galenos tratan de salvar la vida del uniformado, investigadores intentan determinar quién asesinó al ciudadano.
El profesor Juan José Kuhnle murió tras chocar violentamente con un vehículo que, sin saberlo, era conducido por su padre. Según medios de Argentina, donde ocurrió el hecho, el hombre de 39 años no soportó las graves heridas que le produjo el choque cuando iba a casa a almorzar. Los hechos ocurrieron este martes, cuando el profesor se movilizaba por el barrio en el que vivía y donde era vecino de su padre. Al parecer, solo tenía algunos minutos para regresar al trabajo.En contexto: Atropelló a motociclista y al bajar a auxiliarlo descubrió que era su hijo: el final fue fatalTras esta tragedia que enluta por partida doble a una familia se han conocido más detalles. Juan José Kuhnle era docente de matemáticas y llevaba 16 años en la escuela agrotécnica República de Venezuela.Curiosamente, en esa institución educativa había culminado sus estudios y, además, sus padres también se habían desempeñado como docentes.
Dos fleteros en Bogotá que acababan de robar a una mujer asesinaron al taxista Miguel Ángel Gamboa, quien se les atravesó en su fuga.Cámaras de seguridad registraron cómo ocurrió el fleteo en el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, y el posterior homicidio del conductor de servicio público.En las imágenes se ve una camioneta ingresando a un inmueble y, cuando están cerrando la puerta del garaje, aparece un sujeto que ingresa rápidamente corriendo. Diez segundos después sale con una maleta en la mano y buscando a su cómplice, que lo esperaba en una motocicleta.Otro video muestra a las víctimas del robo y varios ciudadanos persiguiendo a los fleteros para tratar de detenerlos y recuperar los elementos hurtados. Es en ese momento que aparece un taxi que choca la moto, con o sin intención, y hace que los delincuentes pierdan el control del vehículo.El parrillero, que llevaba un arma de fuego, le dispara por la ventana al conductor del vehículo de servicio público.“Este sicario, de una forma vil y cobarde, le dispara a mi familiar sin mediar palabra”, dijo el primo de Miguel Ángel, Marlon Gamboa.Los delincuentes huyeron con el botín por la avenida de Las Américas hacia el oriente, mientras que en el taxi quedó muerto el padre de dos hijos, que solo trataba de ganarse la vida honradamente.El taxista de 52 años es recordado por su familia como una persona que “siempre tenía una sonrisa en su cara”.“Era un gran padre, un gran esposo”, afirmó su primo Marlon.En febrero, 73 personas fueron asesinadas en Bogotá, entre ellas Miguel Ángel Gamboa.Los fleteros y asesinos están libres, igual que los criminales que le dispararon a Árnold Andrey Toro hace cinco meses.
La Secretaría de Seguridad de la capital del Valle del Cauca confirmó la captura de un joven de 21 años que es señalado por la muerte de Celeste, la bebé de un año que falleció en medio de enfrentamiento de hinchas del América y el Deportivo Cali.Conforme a lo revelado por el municipio, la detención se logró tras una investigación "exprés" que duró cuatro días y fue llevada a cabo por la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación.El detenido se ocultaba en una vivienda situada en el barrio La Fortaleza, oriente de la capital del Valle del Cauca. Además, la Policía indicó que durante el incidente que apagó la vida de la pequeña Celeste también resultó herido otro ciudadano. Se le imputarán los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.En su cuenta de Twitter, Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad, indicó que ese “falso hincha” será “llevado ante la autoridad”.Cabe recordar que, tras ser impactada por el proyectil, Celeste fue llevada a una clínica al sur de la capital. Luego de luchar en una unidad de cuidados intensivos, murió por la gravedad de sus heridas.
Luke Dufrene conducía por una autopista en Luisiana, Estados Unidos, cuando vio a un hombre salir de su vehículo y dejar a un bebé en un costado de la carretera.“Me detuve y puse mi camioneta frente al niño porque sabía lo peligrosa que era esta carretera”, dijo Luke Dufrene para el medio local The Houma Courier. Posteriormente, llegó la madre del menor junto con otra persona.De acuerdo con la Oficina del Alguacil de Lafourche, la madre presuntamente había sido agredida por el hombre que dejó a su hijo en la autopista.El sospechoso es Dilon Terrebonne, de 27 años y quien se marchó en la camioneta de la mujer con su bebé. Unos kilómetros más adelante se detuvo, colocó al niño en el costado de la carrera y continuó su camino.Ahora se le acusa de agresión doméstica, por estrangular y golpear a la madre del niño, poner en peligro a un menor de edad y uso no autorizado de un vehículo motorizado.Por otro lado, Luke Dufrene manifestó que no se considera un héroe, sino un buen samaritano que estaba haciendo lo correcto: “Siento que hice lo que haría cualquier ser humano”.