Exponiendo su vida, empleados de la empresa de energía del Magdalena descubrieron a un hombre que estaba reconectando el servicio a su vivienda. En 2020, esta práctica dejó dos muertos en el departamento.A plena luz del día y frente a sus vecinos, el ciudadano, quien aparece registrado como deudor moroso ante la empresa de energía Air-e, fue grabado manipulando la red eléctrica.“Se encontraba haciendo manipulación de la red al intentar reconectar un inmueble que se encontraba con una deuda de más de 20 millones de pesos. Gracias a la Policía Nacional juntamente con operarios de la empresa se pudo hacer la captura”, manifestó Zoe Ditta, gerente de la empresa Air-e.Este tipo de prácticas son repetitivas en Magdalena. En Ciénaga quedó registrado en video un caso similar de un hombre que, con escalera incluida, se trepó a un poste para manipular los cables de la energía.Ambos sujetos fueron detenidos y serán imputados por defraudación de fluidos.“Los clientes no pueden hacer la manipulación de la red, todo tiene que ser autorizado por la empresa. Normalmente se presentan este tipo de situaciones en varios barrios y queremos que la comunidad haga denuncias”, señaló Ditta.La conexión irregular al sistema eléctrico genera fallas en el servicio a los demás vecinos.“Ese tipo de prácticas son las que afectan el servicio a la comunidad, pues la manipulación indebida de las redes afecta la calidad de la energía”, explicó Nayib Tuirán, ingeniero responsable de los proyectos de redes de Air-e Magdalena.Desde la Personería de Santa Marta le hacen un llamado a la comunidad a denunciar estos hurtos.“Desde la Personería hacemos un llamado para que no se repitan estas acciones en donde los usuarios están manipulando las redes eléctricas, colocando en riesgo sus vidas y la de toda una comunidad”, indicó Edward Orozco, personero de Santa Marta.Este tipo de delitos de hurto de energía eléctrica podría generar entre dos y cuatro años de cárcel y una multa significativa de hasta dos mil salarios legales vigentes.
En Puerto Carreño, capital del Vichada, se acabaron los racionamientos de energía. Lo que para muchas personas en el mundo se da por sentado es, desde ahora, un sueño cumplido para los habitantes de esta zona de el país, que volvieron a disfrutar de un servicio básico y vital de manera continua.“Doce horas sin luz, con una temperatura que podemos tener de 35 grados; la nevera descongelada, no hay ventilador, el viento no está porque está empezando el verano. Es muy difícil, ya gracias a Dios salió el sol para nosotros”, dice Lucy López, habitante de Puerto Carreño.En la vereda El Merey, a 7 km de la ciudad, se alza el complejo eléctrico Refoenergy Bita, doce hectáreas donde funcionan plantas encargadas ahora de suministrar la totalidad de la energía eléctrica de la capital del Vichada, que por años dependió de la electricidad que venía desde Venezuela.“Es tener autosuficiencia energética. No tener que depender nunca más de la interconexión con Venezuela, que era una energía de mala calidad, que no era constante y había muchas interrupciones”, señaló Diego Mesa, ministro de Energía.El gobernador de Vichada, Ángela Léon, asegura que “la firma de este acuerdo entre Refoenergy y Electrovichada nos permite dar la tranquilidad de suministrarle el servicio a la población. Es nuestra obligación hacerlo”.“Básicamente lo que se hace acá es la integración de las dos fuentes de energía que tenemos: biomasa y diésel, se hace en estas celdas y se despacha a Puerto Carreño”, señala Juan Pablo Heleno, ingeniero residente.Un sistema complejo pero cada vez más rápido que permite duplicar la capacidad de producción de energía. Esta planta de diésel genera 4,5 megavatios hora y la ciudad, que tiene alrededor de 18 mil habitantes, consume 3,3 megavatios.“En estas regiones esto es muy importante porque se hacen convenios con la institucionalidad para poder capacitar personas que sean capaces de manejar este tipo de plantas nuevas en Colombia”, añade Javier Fuentes, gerente general de Refoenergy Bita.En paralelo, se está instalando esta otra planta de biomasa forestal de energías renovables, que estará lista a comienzos del otro año. La energía eléctrica se produce a partir de las astillas de los árboles, que se plantan en bosques destinados a este fin.“Llevarlos a un proceso de combustión donde vamos a generar vapor, ese vapor genera energía y la energía es la que vamos a llevar al pueblo básicamente”, explica Javier Fuentes.Para producir un megavatio de energía se necesitan en promedio 250 hectáreas de bosque. Esta planta de biomasa va a producir 4,5 megavatios.Un proceso más limpio y más eficiente, que no incrementará los costos en la tarifa de energía pues rondará los mil pesos.Las inversiones en estas plantas de energía ascienden a los 22 millones de dólares. Refoenergy Bita pertenece al mismo grupo empresarial al que pertenece Caracol Televisión.
Bajo la lupa de la Superintendencia de Servicios Públicos están 20 empresas por presuntas alteraciones en la facturación. También se indaga posibles irregularidades en las tarifas.Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, aseguró, durante un debate de control político, que ya son 11 empresas de acueducto y alcantarillado, a nivel nacional, a las que se le viene adelantando investigaciones con pliego de cargos por presuntas irregularidades en la facturación.“Hemos iniciado durante este periodo de aislamiento preventivo obligatorio y de pandemia 41 averiguaciones preliminares, en 19 departamentos del país, para establecer si hubo efectivamente irregularidades en materia de medición de consumo y de facturación”, señaló Avendaño.Y agregó que “estas investigaciones nos van a permitir determinar causales de incumplimiento”. También adelantan indagaciones a 17 empresas de energía y gas.Según los citantes al debate en el Congreso, en época de pandemia y durante la cuarentena el costo de los servicios públicos se incrementó.Por su parte, el ministro de Minas y Energía aseguró que el gobierno nacional ha venido haciendo grandes esfuerzos para garantizar los servicios públicos a los colombianos.En el debate quedó sobre la mesa la necesidad de radicar un proyecto que le dé herramientas a la Superintendencia de Servicios Públicos para sancionar ejemplarmente a las empresas que abusen del cobro en los servicios.
Luego de casi tres años desde la intervención de Electricaribe por parte del Gobierno Nacional, sus casi 10 millones de usuarios esperan que la situación cambie con los nuevos operadores, Caribe Mar y Caribe Sol, que tienen una larga lista de problemas a resolver a partir de ahora."Desgracias, dolores, lágrimas, ineficacia, ineficiencia, inoportunidades, demandas malvadas, etcétera" es la estela que deja la saliente empresa de servicios públicos, afirma el representante a la Cámara César Lorduy.Y es que el rescate de Electricaribe le costó millones al Ministerio de Hacienda y a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 de todo el país, que en las facturas de energía debían pagar una sobretasa de 4 pesos por kilovatio/hora consumido para sacar a la compañía de una profunda crisis financiera.Javier Lastra, exagente interventor de la empresa, reveló que encontró "unas deudas importantísimas del orden de los 2,4 billones de pesos con los bancos, con los generadores de energía, con los proveedores de bienes y servicios, pero también una deuda importante con el Gobierno nacional por el orden de los 4,4 billones de pesos".Y pese a la inyección de recursos, las quejas no cesaron contra Electricaribe, a quien responsabilizaron de la muerte de una joven madre que recibió una descarga de un cable que, según denuncias, la compañía no quiso arreglar.Pero esta no fue la única tragedia que habría provocado la empresa, pues un médico que necesitaba respirador oficial murió luego de que operadores le cortaran la energía a su casa, pese a las súplicas de la familia.Electricaribe, además, deja un evidente atraso tecnológico.El interventor Lastra reiteró que "comienza ahora una etapa de inversiones en la infraestructura para mejorar la calidad por los dos nuevos operadores, con una cifra cercana a los 10 billones de pesos por los próximos diez años".Algo que contradice Electricaribe, al decir que tras la intervención de la Superservicios en 2016 hasta ahora se modernizó y fortaleció la infraestructura en la región Caribe por más 1,1 billones de pesos.La empresa, incluso, pretendía demandar a Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Valledupar y Montería por el servicio que presto.Lo cierto es que de la mano en la mejora de las redes eléctricas vendrá un aumento en las facturas."Para garantizar calidad y continuidad en el servicio y eso tiene un impacto tarifario. Y, además, esta zona del país llevaba más de diez años sin hacer las inversiones requeridas, entonces el impacto va a ser un aumento de las inversiones, va a generar un aumento paulatino en la tarifa", explicó la superintendente de Servicios, Natasha Avendaño.
Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía, habló de la llegada de Afinia, del grupo EPM, y de Aire, del Consorcio Energético de la Costa, para reemplazar a Electricaribe, que a dos días de dejar de prestar servicio le cobró a una de sus clientes $15.249.150.La insólita factura fue emitida en el barrio José Antonio Galán, a María Teresa de la Hoz, que es de estrato 2.Según ella, la irregularidad se habría dado porque no permitió entrar a su casa a operarios de Electricaribe, que instalaron afuera un nuevo contador.Le dijeron que “iban a hacer la revisión desde el poste porque no los dejé ingresar (…) No sé cómo tomaron mi lectura, por qué contador lo tomaron”, sostuvo.La mujer, además, colocó un derecho de petición que Electricaribe no quiso responder y, para rematar, tuvo que ir a la empresa para reclamar el recibo porque, por primera vez, no llegó a su casa.Al conocer la denuncia, el ministro de Minas le pidió a María Teresa que se acerque a Aire, del Consorcio de Energía de la Costa, para poner la queja, así como ante la Superintendencia de Servicios Públicos, pues su caso es “insólito”.Sobre el inicio de operaciones de Caribe Mar y Caribe Sol, Mesa Puyo recalcó que las dos empresas “tienen compromisos contractuales para mejorar la infraestructura en los próximos 10 años”, para lo que harán una inversión de $8,7 billones.Respecto al aumento de tarifas, aseguró que se congeló “el precio de kilovatio hora por todo el 2020”. Sin embargo, el próximo año sí habrá un aumento en el servicio.No obstante, aclaró, este tendrá que ir de la mano de mejoras que, como lo dijo la superintendente Natasha Avendaño, será gradual y no inmediato.Los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar recibirán el servicio a través de Caribe Mar-Aifidia, del grupo EPM, mientras que Atlántico, Magdalena y La Guajira lo harán por parte de Caribe Sol-Aire, del Consorcio de Energía de la Costa.
Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, explicó qué sucederá en la costa Atlántica tras la salida de Electricaribe, a partir del primero de octubre.Los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar recibirán el servicio a través de Caribe Mar, de EPM, que invertirá $3,2 billones en los próximos cinco años.En Atlántico, Magdalena y La Guajira el servicio será ofrecido por Caribe Sol, del Consorcio de Energía de la Costa, con una inversión de $2,6 billones en el mismo periodo.Durante ese lustro, la tarifa de pago subirá entre el 15% y 17%, añadió la superintendente.La funcionaria señaló que el monto mínimo de inversión anunciado por las empresas era uno de los dos no negociables pactados con el Gobierno Nacional.El otro es la sustitución patronal, es decir, que ningún empleado de Electricaribe será despedido y pasarán a las nuevas empresas.Según ella, el aumento en la tarifa de pago será paulatino “porque las empresas saben que tienen la obligación de mejorar la prestación del servicio antes de poder tener unos incrementos”.“Es un proceso que toma tiempo, sabemos que los habitantes de la costa han sido muy pacientes, pero sabemos que va a llegar alguien con la capacidad financiera y operativa para hacer que el cambio sea de verdad duradero y no volvamos a la situación de los últimos 10 años”, recalcó la superintendente Avendaño.Aclaró que las tarifas actuales “no van a bajar y el servicio va a mejorar”.“Al haber mejor servicio, menores pérdidas, esto ayuda a que el incremento no sea tan alto”, remató.
Electricaribe demandó a Barranquilla por $45.000 millones por el servicio que prestó a barrios subnormales durante los últimos tres años y ahora pretende emprender las mismas acciones contra otros departamentos.Las demandas serían a Santa Marta por $80 mil millones de pesos, a Cartagena por $48 mil millones, a Valledupar por $20 mil millones y a Montería por $3.500 millones."Facturan de más a barrios que no tienen como pagarles. Al no recibir el pago, ahora se los quieren cobrar a la ciudad, es decir, mandan cáscara", dijo Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, al rechazar la posición de Electricaribe.Y aseguró que llegará "hasta las instancias legales que nos toque, pero estamos tranquilos de que los jueces en derecho fallarán, ojalá en primera instancia, dándonos la razón al Distrito".Otros alcaldes como el de Cartagena, William Dau, afirmó que es una “‘sirvengüenzura’ la que está haciendo ya faltándole pocos días para irse de la costa".Virna Johnson, mandataria de Santa Marta, expresó “una voz de rechazo y de protesta por esta clase de acciones y le pido a la Superintendencia de Servicios Públicos que investigue a fondo".Entretanto, la bancada Caribe en el Congreso también se manifestó contra las millonarias demandas de Electricaribe.“Es un despropósito completo, su servicio ha sido paupérrimo, malo, insignificante, indignante”, dijo el senador Armando Benedetti.Su colega Marta Villalba precisó que “en debates de control político demostramos que no presentó nunca un servicio eficiente, un servicio oportuno y, sobre todo, un servicio que generara satisfacción”.Es por esto que anunciaron un debate de control político, ya que “son más de 100 mil millones de pesos en que tiene demandados a los entes territoriales de la costa, 100 mil millones que en época de pandemia son absolutamente cruciales”, indicó el senador Efraín Cepeda.Los ciudadanos de distintas ciudades tampoco aguantan más precario servicio de energía que aseguran les ofrece Electricaribe.Y es que además de las cientos de quejas que reciben las autoridades departamentales, se suman los accidentes mortales con el cableado eléctrico, como el que ocurrió en Barranquilla, donde una joven madre murió frente a su familia por un daño que se reportó en más de una ocasión a la empresa.También se denunció que un médico con respirador artificial murió en su casa Santa Marta porque Electricaribe le cortó la energía.Un caso similar se registró en la misma ciudad, pero el adulto mayor, que adeuda $5 millones a la empresa, fue auxiliado por un vecino.Y es que ante la amenaza de un inminente apagón, el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios asumió el control de Electricaribe con el fin de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en 7 departamentos de la costa Atlántica.Javer Lastra, exagente interventor de Electricaribe, precisó que todo comenzó "por la falta de inversiones que en su momento el dueño de la compañía no hizo a la infraestructura de la empresa y esto deteriora los indicadores de calidad, se aumentan las interrupciones, se baja el recaudo y ahora estamos ad portas de que se entregue a dos nuevos operadores".La empresa enfrentaba deudas superiores a los $2,4 billones, quejas recurrentes por parte de los usuarios y grandes alteraciones de orden público.Luego de la intervención del gobierno los indicadores empezaron a mejorar hasta que, en 2018, se tomó la decisión de dividir en dos el mercado, surgiendo Caribe Mar, por parte de EPM, y Caribe Sol, por el Consorcio de Energía de la Costa.Si estas dos empresas entraran en operación prestarían el servicio así:Caribe Mar en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre con 1,5 millones de clientes.Caribe Sol en La Guajira, Magdalena y Atlántico con 1,2 millones de usuarios.Sin embargo, esta decisión está en vilo pues el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM aseguró que dentro del contrato quedó estipulada una cláusula de "efecto material adverso", que quiere decir que si la empresa se deteriora por efectos de la pandemia podrían retractarse de su decisión y es la razón por la que actualmente se encuentran en negociaciones con el gobierno nacional.Sin embargo, las juntas directivas han dicho estar en firme con la decisión de recibir las llaves el 1 de octubre.La Superintendencia de Servicios Públicos, a través de múltiples consultorías, calculó que las inversiones para garantizar el funcionamiento ascienden a los $9 billones por los próximos 10 años.
Luego de la denuncia de que un médico falleció después de que Electricaribe le quitara el servicio de energía en Santa Marta, se conoció la historia de un adulto mayor a quien le sucedió algo similar: no puede poner a funcionar su respirador electrónico.La vida de Carlos Infante depende de una bala de oxígeno que funciona con electricidad, por lo que el corte de este servicio en su vivienda lo dejó sin la máquina vital.“Estos son mis pulmones y, sin embargo, no tuvieron consideración y me la suspendieron. Gracias a Dios conté con la ayuda de un vecino que me permitió reconectarme de su local para poder seguir respirando porque no tenía otra posibilidad”, contó Infante.Quienes conocen a don Carlos saben de las necesidades que pasa. Es por eso que uno de sus vecinos no dudó en ayudarle a reconectar el respirador.Alfredo Elías, otro habitante del sector, aseguró que el vecino lo hizo “de buen corazón” y que “lo seguirá haciendo las veces que él lo necesite”.Carlos Infante asegura que, pese a la ayuda, “tengo bastante temor a morir, quiero mucho a la vida y quiero vivir. Quiero disfrutar un poco más de la vida que me queda, ver a mi hija y tener de nuevo a una familia”.El valor de la última factura de corte en el servicio de energía en la casa de Carlos José es de 237 mil pesos y eso que sólo utiliza un respirador artificial, un ventilador y un televisor. La deuda asciende a los 5 millones de pesos.Por su parte, la empresa Electricaribe informó que revisará el caso de don Carlos y que resolverá su situación.Vea, además:
Johanna Montañez de la Cruz, de 27 años, falleció frente a su hija y su esposo cuando caminaba por una calle del barrio Carlos Meisel, en el suroccidente de Barranquilla, por el daño de unas guayas que, afirman ciudadanos, Electricaribe no arregló pese al llamado de la comunidad.“Fue una cosa espantosa, porque nosotros no esperábamos que esa guaya le fuera a caer encima como le cayó, habiendo uno advertido a Electricaribe lo que se estaba pensando, que no remendaran, que pusieran guayas enteras y no es posible que una empresa inoperante haya hecho que se anunciara esta muerte, porque ya se los veníamos diciendo, hasta que no haya un muerto ustedes no vienen a arreglar esto”, comentó Elvira Cano, que fue testigo de la tragedia.El hecho se registró el lunes en la noche, cuando Johanna y su familia caminaban por una calle.Un cable cayó sobre la mujer y su esposo apartó de inmediato a la niña. Con un palo intentó desprender a su esposa de la descarga eléctrica.La mujer llegó sin vida a la clínica.Sulia de la Cruz, madre de la víctima, afirmó que esa “era una tragedia anunciada, de esto se venía hablando y se llamaba a Electricaribe que vinieran a arreglar la guaya. ‘Ya vamos, ya vamos’, y nunca venían. Cuando pasaba el camión los vecinos le decían ‘mire que esta guaya está dañada, es un peligro, hasta que no haya un muerto’”.La empresa, que demandó a Barranquilla por una millonaria suma, no se ha pronunciado.
En Santa Marta, familiares del médico José Miguel Dau denuncian que un operario de Electricaribe les cortó la energía, pese a advertirle que el doctor estaba enfermo y necesitaba la asistencia de un respirador artificial.“Que no me cortaran la luz, que entraran, que yo los autorizaba para que entraran, que yo le tomaba una foto a él para que ellos vieran. Pero la orden era quitar la luz", recuerda Luz Marina Crespo, esposa del médico fallecido, sobre lo sucedido.El paciente sufría de una deficiencia pulmonar y renal. Su estado empeoró con el calor y la falta de su válvula de oxígeno.“Mis hijos lo entraron y le echaron agua para refrescarlo, pero no, ya se le había ido todo”, dice Crespo.Hoy el sentimiento en esta familia no solo es de dolor, sino de indignación.“Que pasen estas cosas da impotencia. Uno no vale nada para esta empresa", dice Lorena Dau, hija del médico.Noticias caracol intentó conseguir la reacción de Electricaribe, pero sus directivas se negaron a entregar declaraciones a los medios de comunicación.
Tanques de guerra que ondeaban banderas peruanas recorrieron las calles de Tumbes, en Perú, anunciando su llegada a la frontera norte, límites con Ecuador.Ministros de Estado a bordo de dos helicópteros sobrevolaron la ciudad para monitorear el recorrido de las tropas.Más de 1.200 efectivos fueron desplazados con la misión de resguardar la zona limítrofe con Ecuador y frenar el paso a los extranjeros indocumentados.El despliegue operacional, que busca tomar control de los puntos críticos identificados a lo largo de los 158 kilómetros de línea de frontera y 36 kilómetros del canal internacional de la provincia de Zarumilla, fue una decisión concertada con Ecuador.La ministra de Defensa Nuria Esparsh garantizó que se harán respetar las disposiciones sobre el cierre de fronteras, pero se respetará también la integridad de los seres humanos.“Esto no es un tema únicamente de contrabando, o de un ilícito. Aquí hay personas. Tenemos que garantizar los derechos y la vida de todas las personas involucradas”, dijo Esparsh.Por su parte, el ministro del Interior de Perú José Elice Navarro aseguró que la operación servirá para poner en jaque a las mafias que se lucran del tráfico de migrantes.“Se les está ubicando, pero impidiendo el paso, pues se anulan esos negocios irregulares. Las mismas medidas se están tomando para todos los puntos de la frontera”, aseguró.Y aunque los pasos oficiales están cerrados, las autoridades han documentado el tránsito continuo de camiones que trasladan a decenas de personas, la mayoría de nacionalidad venezolana.Se estima que a diario intentan ingresar aproximadamente por lo menos 300 extranjeros indocumentados.
La encuesta Invamer fue realizada en cinco ciudades, con 1.200 personas, entre el 17 al 23 de enero. Estos son los principales resultados.Presidente Iván DuqueA la pregunta ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Iván Duque se está desempeñando como presidente de Colombia?Los encuestados respondieron:Aprueba 36%Desaprueba 59%En octubre, los resultados habían sido:Aprueba 31%Desaprueba 61%Con respecto a la encuesta anterior, el presidente Iván Duque subió cinco puntos de aprobación en su desempeño.Alcaldes de las principales ciudades del país:Alcaldesa de Bogotá, Claudia López:Aprueba 61%Desaprueba 37%En octubre, los resultados fueronAprueba 71%Desaprueba 24%La alcaldesa perdió 10 puntos de aprobación.Alcalde de Medellín, Daniel Quintero:Aprueba 55%Desaprueba 42%En octubre, los resultados fueron:Aprueba 67%Desaprueba 27%El alcalde perdió 12 puntos de aprobación.Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina:Aprueba 38%Desaprueba 60%En octubre, los resultados fueron:Aprueba 65%Desaprueba 31%El alcalde perdió 27 puntos de aprobación.Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo:Aprueba 73%Desaprueba 24%En octubre, los resultados fueron:Aprueba 69%Desaprueba 29%El alcalde subió cuatro puntos en aprobación.Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas:Aprueba 53%Desaprueba 39%El alcalde se mantiene con relación a la encuesta de octubre.También se preguntó a los colombianos sobre su percepción en temas como desempleo, corrupción, inseguridad y costo de vida, entre otros.Llama la atención que en prácticamente todos los segmentos, las personas indagadas consideraron que las cosas van peor.Para un 75% de quienes contestaron la encuesta, las cosas han empeorado en el país.Vea aquí la encuesta completa de Invamer de enero de 2021:
A pesar de que el fallecimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, es muy reciente, ya suenan nombres para sustituirlo.Desde el Palacio de Nariño empezaron a surgir los posibles candidatos. En este momento la cartera está a cargo del general Luis Fernando Navarro, el comandante de las Fuerzas Militares. Este tema se había contemplado antes, teniendo en cuenta que Trujillo iba a renunciar por sus conocidas aspiraciones a la Presidencia de la República.Entre los nombres que se están considerando son los del actual consejero de seguridad nacional, Rafael Guarín, y Miguel Ceballos, consejero de paz. El sonajero también ha zumbado con la designación de Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores.Sin embargo, el más opcionado es Rafael Guarín, en vista de que fue viceministro de Defensa durante el gobierno Uribe y es del primer anillo de asesores del presidente Duque. Además, lleva tiempo haciendo fila para ser ministro.La baraja de nombres seguirá moviéndose a pesar de que el presiente Duque no quiera nombrar un sucesor por el momento para respetar el luto del fallecido Holmes Trujillo.
En Valledupar fue asesinado Yobani Carranza Castillo, exconcejal del municipio de Chiriguaná, Cesar. Primeras versiones apuntan a que sicarios en moto le dispararon a la víctima cuando reparaba su vehículo en un taller.El hombre de 45 años fue asesinado en un establecimiento ubicado en el barrio 12 de Octubre de la capital del Cesar.“La víctima se encontraba reparando su vehículo cuando dos sujetos en motos llegan y lo impactan en repetidas ocasiones. La persona queda en el lugar. Hasta el momento se están valorando todas las cámaras de seguridad del sector”, manifestó el coronel Jesús de los Reyes, comandante de la Policía del Cesar.Carranza Castillo lideraba procesos comunitarios en defensa del medio ambiente en el sector conocido como Rincón Hondo, jurisdicción de Chiriguaná.“No sabemos en este momento el motivo de lo que pasó, eso solo lo sabe Dios y el sicario que mató a mi hermano. Él nunca nos manifestó de amenazas en su contra, nada de eso”, indicó Dioselina Jiménez, hermana de la víctima.Con la muerte del exconcejal, se han registrado ocho homicidios en la capital del Cesar en lo que va de 2021.
Un fuerte despliegue militar ocurrido en Venezuela en mayo de 2020 fue el momento en que las fuerzas de Nicolás Maduro frustraron la llamada operación Gedeón, un quijotesco plan con el cual militares venezolanos buscaban lo que llamaron la liberación de Venezuela.La reacción de las fuerzas venezolanas dejó entre 8 y 12 personas muertas.En Colombia, la Fiscalía adelantó una investigación contra cuatro personas porque presuntamente participaron en este plan que se habría gestado, en parte, en el país.“Se adelantó la operación Santa Ana, en donde fueron capturados delincuentes en nuestro país que estaban tratando de estructurar operaciones de desestabilización, personas provenientes de Venezuela, promovidas y financiadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, dijo el presidente Iván Duque, en septiembre pasado.Entre las capturadas estaba Yacsy Alexándra Álvarez Mirabal, a quien la Fiscalía acusa de haber apoyado al general en retiro venezolano Cliver Alcalá en el entrenamiento y financiación del grupo de exmilitares y expolicías de ese país.Es señalada también de ser la pieza clave en el transporte de armas incautadas en Colombia y que harían parte de la operación.Desde la cárcel de La Picaleña, Yacsi Alexandra habló con Noticias Caracol para defenderse y cuestionar el papel de la inteligencia colombiana en esta operación pues, asegura, tanto ella como el general Alcalá sostuvieron una constante comunicación con esa entidad que, afirma, siempre estuvo al tanto de la operación.Yacsi Álvarez identifica a Franklin Sánchez como un funcionario de la DNI -Dirección Nacional de Inteligencia- que le daba indicaciones constantemente para cuidar su seguridad.Sin embargo, fue la misma persona que le puso una cita que terminó con su captura.Para soportar su versión, la defensa de Yacsi Álvarez tiene un documento enviado el seis de agosto del 2020 -un mes antes de la captura- al fiscal del caso Carlos Roberto Izquierdo Ortegón. La comunicación está firmada por el director de inteligencia y contrainteligencia de la DNI Jorge Miguel Padilla Ruiz, solicitando seguridad para ella.Al tiempo que la DNI solicitaba estas medidas a la Fiscalía, mantenía contacto con Yacsy Alexandra, según su relato.“Ellos mismos me vuelven a confirmar que el FAES me estaba buscando. Cuando me reúno con ellos, me mostraron dos fotos de las personas que me estaban buscando. Él mismo me dijo, cambia la sim card, no estés llamando constantemente, cuídate. Si sales, está pendiente de las esquinas. Eso es lo que yo no entiendo, si me están protegiendo, ¿cómo me van a mandar a la cárcel con unos cargos ilógicos?”, se pregunta la mujer, clave en la operación Gedeón.Yacsy Alexandra asegura que la conexión con la DNI fue constante, no solo con ella sino con el general en retiro venezolano Cliver Alcalá, quien lideró la famosa operación Gedeón.Venezuela y Rusia cuestionaron en su momento el papel de Colombia en el fallido golpe a Nicolás Maduro ante el pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.“Nos gustaría cuestionar el rol que tuvo Colombia. Es difícil imaginar que esta operación clandestina, originada desde su suelo, haya sido conducida sin ningún conocimiento sobre ella”, sostuvo Dmitry Polyanskiy, embajador de Rusia ante la ONU.Ante el señalamiento, Colombia contestó por intermedio de su embajador ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto: “Permítanme expresar claramente nuestro rechazo enérgico a cualquier acusación que pretenda vincular a mi gobierno con acciones en contra del derecho internacional”.Las investigaciones en Colombia avanzaron esta tarde con una diligencia judicial contra Rayder Russo Márquez y contra los hermanos Juvenal y José Sequea Torres, los otros detenidos, por su supuesta participación en el entrenamiento de grupos armados.Estas tres personas, representadas por el abogado y exdirigente político de oposición en Venezuela Eduardo Céspedes, avanzan en un preacuerdo con la justicia colombiana.Por este caso, Colombia también tiene orden de captura en contra del general Alcalá, expedida con posterioridad a su confesión pública de ser el líder de la operación para derrocar a Maduro y de entregarse a Estados Unidos.Además contra Jordan Goudreau, el gerente de Sivercorp, la organización estadounidense que iba a ejecutar la operación.Agencias de inteligencia le aseguraron a Noticias Caracol que tuvieron a Yacsi Álvarez ubicada dado que después de la incautación de armas en el mes de marzo se adelantaban investigaciones en su contra. Según afirmaron, no tenían conocimiento de la operación Gedeón que se estaba desarrollando en Colombia, entre otras cosas, porque estas personas no tenían armamento y manejaron siempre una fachada de albergues venezolanos.