Después de que Noticias Caracol revelara que está en curso una orden de captura en contra de Paul Naranjo, dentro del proceso por la muerte de Ana María Castro ocurrida el año pasado, cuando al parecer fue lanzada de un vehículo en movimiento, su abogado defensor se notificó y admitió su comparecencia. “Va a hacer presencia ante el búnker, el CTI o la autoridad competente que lo está requiriendo, En su defecto el señor Paul Naranjo ha tenido comunicación conmigo por medio de terceros el cual no se ha entregado, no se ha querido presentar porque ha tenido amenazas”, dijo Carlos Rivera.Precisamente Paul Naranjo había hablado con el programa Séptimo Día de Caracol TV sobre lo que pasó la madrugada del 5 de marzo del 2020. “Yo le dije a Julián: ‘Julián, Ana María yo creo que está tomada, dígale que la llevamos a la casa'. Él se bajó del carro y fue y le dijo a ella que la íbamos a acercar; ella se vino con Mateo, entonces ella se subió al carro y cuando Mateo se iba a subir yo le dije: ‘a él no lo llevo porque a él no lo conozco’. Y ella me dijo: ‘sin él, yo no me voy’”, manifestó Naranjo. Nidia Romero, madre de Ana María, afirmó que no cree en la versión del joven. El segundo vinculado al proceso con orden de captura es Julián Ortegón, cuya judicialización se hizo el sábado pasado. En la misma investigación revelada por Séptimo Día se conoció que la joven había salido de su casa sobre las 4 de la tarde y, siendo las 9 de la noche, su madre Nidia Romero le había escrito vía WhatsApp varias veces. Lo único que volvió a saber de ella fue un mensaje en la mañana de que su hija estaba en el hospital, donde murió.Este martes se reanudará la audiencia en contra de Julián Valente Ortegón, de 29 años, donde la Fiscalía solicita medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de feminicidio agravado.
Por el presunto direccionamiento de contratos y entrega de sobornos, los congresistas Richard Aguilar y Edwin Ballesteros están siendo investigados por la Corte Suprema justicia. Dos testigos los señalan como beneficiarios de una supuesta red de corrupción en Santander cuando Aguilar oficiaba como gobernador y Ballesteros como gerente de la empresa de servicios públicos. Los parlamentarios se defienden. La exsecretaria de infraestructura de Santander, Claudia Yaneth Toledo, y su esposo, Lenin Darío Pardo, dicen tener las pruebas de una organización criminal que amañó contratos de infraestructura a su antojo y recibió millonarias coimas durante la gobernación de Aguilar entre 2012 y 2015. “Ellos declaran que existía una oficina paralela donde se estructuraban los pliegos, donde se elaboraban los pliegos, muy a la medida de la necesidad del respectivo contratista y de eso se derivaba una serie de coimas y de pagos y de comisiones que estaban regulados de una manera muy sofisticada, muy perfeccionada y, pues desgraciadamente, mi representada ha admitido que ella hizo parte de esa trama”, detalla Jaime Lombana, abogado de los testigos.Toledo y su esposo le han venido relatando a la Fiscalía y a la Corte Suprema cómo operó ese esquema de corrupción en contratos que sumarían más de 500 mil millones de pesos. “Bueno, estamos hablando de la contratación de todo un periodo constitucional en relación con la gobernación de Santander, estamos hablando de varios institutos y cómo esos pliegos se armaban precisamente a la medida, pliegos de licitación hechos a la medida y cómo el gobernador designaba a dedo quién debía ganar un contrato determinado y cuáles eran los montos a repartir”, asegura Lombana. Claudia Toledo y Lenin pardo hoy están enjuiciados por corrupción. La Fiscalía los acusó de haber recibido un soborno de casi 3.000 millones de pesos para entregar a dedo el contrato para la remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga, una obra que aún no se termina y que tuvo un costo de 22 mil millones de pesos. Esa fue la génesis de este escándalo, pero, al decir de los testigos, apenas es la punta del iceberg. Las pruebas contra dos congresistas En busca de una negociación con la justicia, desde junio de 2020 los esposos Pardo Toledo le entregaron a la Fiscalía y a la Corte Suprema videos, audios, chats y documentos que salpican al exgobernador Aguilar, a varios de sus hombres de confianza y al representante a la Cámara Edwin Ballesteros, exgerente de la empresa de servicios públicos de Santander. Noticias Caracol obtuvo esas evidencias. Para empezar, un video de 30 minutos del 2018 en donde aparece hablando Lenin Pardo con Julián Libardo Jaramillo, exdirector de proyectos de la secretaria de infraestructura y persona de toda confianza de Richard Aguilar. “Está muy preocupada porque nunca le pagaron, que la cuenta nunca le llegó a manos de ella”, dice Julián Jaramillo. Según Lenin Pardo, allí se habló de varios contratistas vinculados a este cartel y, en particular, del negocio del acueducto del municipio de Landázuri, por el cual hoy es investigado el congresista Edwin Ballesteros. Claudia Toledo y su esposo también aportaron el audio de otra reunión que sostuvieron en marzo de 2019 con Julián Libardo Jaramillo, esta vez en su casa. Aquí la charla es mucho más explícita, pues la exsecretaria de infraestructura Claudia Toledo y su esposo ya estaban en prisión domiciliaria y estaban evaluando un acuerdo con la justicia. Claudia Yaneth Toledo: “Por eso, no, usted no me ha contestado, Julián, no ha contestado. La plata, usted viene aquí de emisario de los Aguilar a decir que la plata está”.Julián Libardo Jaramillo: “Toda, toda, sí”. Claudia Yaneth Toledo: “¿Toda, indexada y toda?”.Julián Libardo Jaramillo: “Sí”. En ese momento Toledo y Pardo estudiaban si iban a aceptar los cargos imputados por la Fiscalía sin necesidad de delatar a nadie más. Ese era el plan. Sin embargo, para eso tenían que devolver los 3.000 millones de pesos del soborno. Por eso es por lo que Jaramillo les dice que si el lío es la plata, esa se consigue. Julián Libardo Jaramillo: “Entonces yo no vengo a cuestionarlos a ustedes ni a pedirles explicaciones. Vengo a decirles que, si ustedes siguen con el tema de lo que hemos hablado del preacuerdo, valga lo que valga se va hacer (…) porque la idea es que ni ustedes ni nosotros ni todo el equipo que está afuera se vayan a meter en problemas (…) porque el tema afuera es muy desgastante. Lenin y Claudia, es supremamente desgastante, supremamente duro”. Allí es donde Jaramillo les explica cómo sería el proceso del preacuerdo con la Fiscalía, los tranquiliza diciéndoles que seguramente les darán la domiciliaria si los condenan y les insiste que los 3.000 millones de pesos que deben devolver los puede conseguir esa semana. Julián Libardo Jaramillo: “Un preacuerdo es que ustedes dicen vamos a preacordar con el fiscal Jorge Villamizar, deja una cifra con indexación, tiene rebaja, no tiene rebaja, tal. El man le presenta eso al juez, ahí se negocia el subrogado que es la medida que se deja en domiciliaria, debe ir ahí, por lo general va ahí (…) Entonces, todo es voluntad tanto de ustedes como del abogado (…) O sea que no sea la excusa la plata porque si son 3.000, 3.000 están el viernes, entonces la excusa no es la plata”.Claudia Yaneth Toledo: “Sí, pero es que no es solamente la plata, es ¿qué garantías nosotros tenemos de un preacuerdo?”. Julián Libardo Jaramillo: “Eso lo negocian con el fiscal. El fiscal coloca en el subrogado”. Claudia Yaneth Toledo: “Por eso, o sea, es a la suerte. ¿Y como a cambio de qué?”. Julián Libardo Jaramillo: “Pues, sea clara en las cosas Claudia, en qué están ustedes, qué quieren, qué están esperando como para saber qué hacer, porque es que no solamente soy yo, hay mucha gente afuera que están perjudicados”. Claudia Yaneth Toledo: “Uff, eso lo sabemos desde un comienzo”. Más adelante se menciona a los congresistas Edwin Ballesteros y Richard Aguilar, quienes, al parecer, estarían detrás de conseguir los 3.000 millones de pesos para garantizar el silencio de los testigos. Lenin Darío Pardo: “¿Edwin apareció?”.Julián Libardo Jaramillo: “Si quieren saber la verdad, él tiene que aportar y le vamos a pedir, si quiere saber la verdad, eso sí me ha estado llamando muchísimas veces. Uno que sí está como una ladilla es Richard, eso sí, mañana, tarde y noche, total, o sea, tin, tin, tin, tin, encima”. Claudia Yaneth Toledo: “¿Pero Richard qué? Ahora solo habla de la plata, de que la plata y preocupado porque la plata la reúnan para traérnosla, ¿y el resto, o sea, y nosotros qué?”. Julián Libardo Jaramillo: “Incluso yo con ustedes voy a ser sincero, se habla de que ellos deben recibir algo mensual, que había unos compromisos como una manutención mensual por el tiempo que ustedes vivan la situación, eso también se ha hablado, está sobre el tintero”. Es decir, al final la propuesta de Jaramillo como supuesto emisario de Richard Aguilar era que la organización estaba dispuesta a pagarles un dinero mensual mientras resolvían su situación judicial. Los chats que salpican a Ballesteros Lenin Pardo, esposo de Claudia Toledo, también le entregó a la justicia varias conversaciones con el hoy congresista Edwin Ballesteros. En ellas, según el testigo, se pactó la entrega de un soborno. La Corte Suprema de Justicia investiga el contexto de estos chats de WhatsApp entre Lenin Pardo con Edwin Ballesteros. Se dieron entre julio y septiembre de 2015, cuando la empresa de servicios públicos de Santander, entonces gerenciada por Ballesteros, adelantaba la licitación de un contrato por 4.346 millones de pesos para la construcción del acueducto del municipio Landázuri. Según Pardo, Richard Aguilar le dio la orden a Ballesteros de que le diera ese negocio a él a cambio de un 15% de comisión, es decir, unos 650 millones de pesos. El cruce de los mensajes más sustanciosos empieza el 28 de agosto de 2015.Ballesteros: “Ya arrancamos. Te quería pedir que nos ayudaras. De acuerdo a lo que habíamos hablado”. Cuando Ballesteros habla de "pedir que nos ayudaras" significaba, según Pardo, la solicitud de Ballesteros de que le empezara a pagar el dinero de la supuesta comisión. El 2 de septiembre de 2015 la conversación fue esta: Ballesteros: “Inge, buena tarde. Buen día”. Ballesteros: “No me olvides, porfa. Mil gracias”. Ballesteros: “Inge. Inge”. Pardo: “Hola”Pardo. Estaba en una reunión”. Pardo: “Esta tarde se hace efectivo lo que estaba esperando”. Pardo: “Mañana en la mañana ya puedo ir”. Pardo: “Se demoró un día más”. Ballesteros: “¿Inge, a qué horas crees y cuántas personas?”. Pardo: “Sobre las 10 y más o menos 100 personas". Pardo: “¿Vale? Ballesteros, ¿puedes convocar unas 150?”. Ballesteros: “Súper”. Pardo: “No creo alcanzar”. Pardo: “Nos toca con 100”. Ballesteros: “Dios”. De acuerdo con Pardo, cuando Ballesteros habla de convocar 100 o 150 personas, en realidad está hablando de millones de pesos. De hecho, el 3 de septiembre, cuando según Pardo ya le había abonado 100 millones de pesos, Ballesteros le volvió a insistir por 50 millones de pesos más. Ballesteros: “Inge. Hermano mío”. Pardo: “Señor”. Ballesteros: “Ayúdame con una reunión de 50”. Ballesteros: “Personas, porfa”. Ballesteros: “Ayúdame”. Ballesteros: “Help me”. Pardo: “Ay Dios”. Pardo: “Dame tiempo para gestionar”. Al final, según Pardo, solo se le entregaron esos 100 millones de pesos a Ballesteros. El abogado Jaime Lombana se refiere así a estos chats.“Sí, sí es verdad, dice claramente que le hicieran una reunión de 100, de 50, pero lo que estaba pidiendo era el saldo de una coima”, señala Lombana. ¿Qué responden los involucrados? Los congresistas Richard Aguilar y Edwin Ballesteros negaron todas y cada una de las acusaciones de los esposos Pardo Toledo. Sin entrar en los detalles del expediente, recalcaron su inocencia. El primero en hacerlo fue Aguilar a través de su abogado Iván Cancino. “La Corte Suprema de Justicia nos prohibió a todas las partes referirnos al tema. Lo que sí le puedo decir es que nos opondremos con fiereza a cualquier principio de oportunidad que involucre declarar en contra del exgobernador Aguilar porque es una persona que obró dentro de los parámetros de la ley y que su confianza fue asaltada por otras personas que sí pudieron contrariar la ley. Todas las acciones legales que tengamos que hacer para atacar a los mentirosos y proteger la inocencia y el buen obrar del exgobernador, lo haremos”, subraya Cancino. Noticias Caracol obtuvo el documento con el cual la defensa del exgobernador Aguilar le pidió a la Fiscalía que no le otorgue un principio de oportunidad a Claudia Toledo y Lenin Pardo. Según la petición, sus acusaciones son un sartal de mentiras y un mar de contradicciones.Por su parte, Edwin Ballesteros advierte que jamás ha burlado la ley, que nunca ha recibido un soborno y que aquí está dándole la cara al país. “Siempre se ha actuado con apego a la ley, siempre cada una de las actuaciones se ha demostrado, se han entregado las pruebas, las evidencias que todo estaba en el marco de la ley. Desde luego que se trata de tergiversar, desinformar y me imagino que estarán buscando la forma como tratan de enlodarnos para buscar un beneficio adicional a los que tengo entendido ya les han negado”, asevera el representante a la Cámara. Y añade con vehemencia: “Esos chats lo que manifiesta el señor Lenin no son ciertos, y por supuesto que eso lo demostraremos en el momento en el que acudamos y seamos llamados por parte de la honorable Corte Suprema”, afirma. El representante a la Cámara dice que no conoce los audios del exasesor Julián Libardo Jaramillo y que no entiende por qué resultó mencionado allí. “’¿Está usted tranquilo?’ Sí, claro que sí, claro que sí, confiamos en la justicia, hemos estado atentos, prestos, siempre atentos a cualquier llamado, a cualquier requerimiento, a cualquier solicitud”, apunta. Sobre quién miente, Ballesteros responde: “No, yo no estoy mintiendo, no he mentido, no lo he hecho, no lo voy a hacer ni lo haré, vuelvo y lo repito, estamos diligentes a cualquier llamado por parte de la Corte Suprema de Justicia y claramente acá lo que se está buscando es tratar de enlodar o ver cómo me vinculan en un proceso donde todo lo que están diciendo no es cierto”, agrega. Por último, el corresponsal de Noticias Caracol en Santander, Nixon Uribe, contactó a Julian Libardo Jaramillo, protagonista de los audios revelados por este noticiero. Según él, la Corte le prohibió dar cualquier declaración, pero advirtió que aquí lo que se busca es enlodar a personas inocentes. Todas estas pruebas son valoradas por la justicia. En junio pasado, la propia Corte suprema le envió estas evidencias al fiscal Francisco Barbosa con el fin de que revisara la posibilidad de otorgarles un principio de oportunidad a los testigos Claudia Toledo y Lenin Pardo para que sigan prendiendo su ventilador. Más de seis meses después, el fiscal todavía no resuelve si les otorga ese beneficio procesal.
La Fiscalía presentó ante un juez de garantías a Julián Valente Ortegón Mosquera sindicado del crimen de la joven de 21 años Ana María Castro, en hechos ocurridos el pasado 5 de marzo de 2020 en Bogotá. Un caso que llamó la atención de los investigadores porque fue lanzada desde un vehículo en movimiento luego de una noche de fiesta. El capturado enfrenta el delito de feminicidio agravado. El fiscal del caso sostuvo que se realizaron actos urgentes, informe de arraigo del capturado y la forma como se realizó el procedimiento de captura. “Se abstiene de ir a Medicinal Legal indicando que no recibió ningún maltrato”, manifestó el fiscal Gerardo Ariza. En la audiencia, el abogado defensor dijo que el fiscal no hizo una sustentación jurídica sobre la forma cómo se hizo la captura. “No fue capturada en flagrancia, luego entonces es deber del funcionario delegado de la Fiscalía ser coherente con su petición, ser coherente con lo fáctico y lo jurídico. Aquí no existe esa coherencia”, indicó Rafael Gómez, abogado defensor. La Fiscalía había ordenado realizar algunas diligencias judiciales, como una inspección en el lugar de los hechos, un levantamiento de cadáver, entrevistas para determinar el tiempo modo y lugar de cómo había sido la muerte de la joven Ana María que al principio se quiso pasar como accidente. “No hay evidencia que se hayan extralimitado o hayan ejercido de manera arbitraria el uso de la fuerza para la aprehensión, por el contrario se tiene que el trato dado fue acorde a la dignidad humana de la persona capturada y esas condicionales viene en legalidad”, señaló la jueza. La jueza legalizó la captura del sindicado, quien no aceptó los cargos, y dio por terminada la audiencia. El próximo martes a las seis de la mañana la Fiscalía solicitará la medida de aseguramiento al capturado en centro carcelario. ¿Accidente o asesinato? La mañana del 5 de marzo Ana María Castro, de 21 años, salió de un bar en el norte de la capital en compañía del hoy capturado Julián Valente Ortegón Mosquera y dos jóvenes más, con quienes al parecer sostenía una amistad, según lo establecieron las autoridades. “El cuerpo técnico de la Fiscalía hizo efectiva la orden de captura en contra de uno de los responsables de la muerte de la joven Ana María Castro Romero, que generó una zozobra en la sociedad colombiana”, anunció el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Luego de salir del lugar, de acuerdo con la investigación, las cuatro personas se subieron a un vehículo con destino a un apartamento en el barrio Pontevedra, localidad de Suba. Ana María iba en la parte trasera del carro. Allí, habría sido golpeada en el rostro y luego lanzada del vehículo en movimiento. “Esta joven fue lanzada de un vehículo en la calle 80 en la ciudad de Bogotá, la caída del vehículo le causó lesiones, entre ellos un trauma craneoencefálico que le causó la muerte”, aseguró Barbosa. Su madre había hecho un llamado a las autoridades el pasado 12 de marzo de 2020 para esclarecer lo sucedido. “Que me ayuden a aclarar la muerte de mi hija, porque mi hija, ni ningún ser humano merece morir como murió ella. Que hablen, necesito saber que paso con mi hija para poder estar más tranquila”, reclamó Nidia Romero, madre de Ana María.La víctima fue registrada en los centros asistenciales como desconocida, debido a la falta de documentos de identificación. Tiempo después, fue su madre la encargada de reconocerla.
Un presunto hecho de corrupción sacude a la Procuraduría General. Jesús Alejandro Garzón, funcionario del ministerio público, le habría exigido millonarias sumas de dinero al senador Richard Aguilar a cambio de resolver a su favor un proceso disciplinario.El integrante de la Procuraduría fue capturado en las últimas horas y relacionado con su trabajo en el despacho del exprocurador Fernando Carrillo.“Se desempeñaba como sustanciador adscrito al despacho del procurador general de la nación, doctor Fernando Carrillo Flores, en el año 2019. En el mes de diciembre, de ese mismo año, habría exigido la suma de 300 millones de pesos a un senador de la república”, indicó Eduar Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción.Fue el propio senador Aguilar, quien denunció estos hechos ante la Procuraduría y los puso en conocimiento de la fiscal 106 seccional Bogotá.“Desde un principio y de tajo rechacé la extorsión de este funcionario. A través de mi abogado hice la denuncia ante el despacho del doctor procurador”, dijo el congresista.Pero esto no es todo, Alejandro Garzón es investigado por otros presuntos actos de corrupción.“Además, la investigación estableció que esta persona, con particulares, asesoraba para obtener tutelas en contra de la Procuraduría General de la Nación”, manifestó Calderón.¿Qué responde el exprocurador Carrillo?El exprocurador Fernando Carrillo emitió un comunicado señalando que, contrario a lo que dice la Fiscalía, Jesús Alejandro Garzón no fue nombrado por él en su administración y no era de su confianza, ya que pertenecía a la planta de la entidad.“La denuncia se presentó de forma oficial en mi administración, en diciembre de 2019. Una vez se tuvo conocimiento de la denuncia, el funcionario fue trasladado a otra dependencia con el fin de mantener la investigación y las pesquisas bajo plena reserva”, señaló el comunicado.Según el exprocurador, ya se había pedido capturar a este funcionario. “Solicitamos varias veces la captura a la Fiscalía General de la Nación y a la Dijín en los últimos meses”.Noticias Caracol conoció un documento con la orden de captura autorizada por el juez 3 penal municipal con función de garantías y con fecha 24 de noviembre año pasado, es decir, hace un mes y nueve días.En un comunicado la actual procuradora general de la nación, Margarita Cabello, se pronunció.“Producto de estas investigaciones, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de un asesor que por dos años trabajó en el despacho del exprocurador y que el pasado 15 de enero fue suspendido provisionalmente de la entidad”.Según la Fiscalía, este funcionario será judicializado en las próximas horas por el delito de concusión.
Un juez penal de control de garantías del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, envió a la cárcel a dos jóvenes que fueron sorprendidos en la calle portando armas de grueso calibre.Según un informe de la Fiscalía General de la Nación, los hombres se encontraban en el barrio Cascajal, comuna 11 de Buenaventura, y en su poder tenían una subametralladora Mini Uzi y un fusil AK - 47 Kalashnikov.Además, se conoció que los jóvenes contaban con la munición de las dos armas y tenían balas para una pistola de nueve milímetros.Los agentes del Gaula de la Policía les exigieron documentación para acreditar el legal porte de esas armas de fuego, pero los capturados no contaban con la misma.El juez penal que lleva el caso emitió una orden de encarcelamiento para que los dos jóvenes sean recluidos en el penal distrital de Buenaventura.Entretanto, las autoridades realizan análisis balísticos a las armas que fueron decomisadas para establecer si fueron utilizados en algún crimen perpetrado en el puerto.
En imágenes quedó registrado el impresionante momento en el que un hombre, en su afán de escapar del búnker de la Fiscalía, en el barrio Caribe, en Medellín, se lanzó al vacío desde un tercer piso.El detenido, que estaba sin esposas y corría desesperadamente, cayó al lado de un guarda de seguridad de esa entidad.Al funcionario no le sucedió nada, pero el privado de la libertad tuvo que ser socorrido y trasladado a un centro médico.
Juan Carlos Galvis, hombre detenido por el rapto y muerte de la niña María Ángel Molina, de 4 años, aceptó este martes el delito de feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía.Esta persona, señalada del rapto y muerte de la niña en hechos ocurridos en Aguadas, Caldas, ya había aceptado otros dos delitos: tentativa de homicidio y secuestro simple.“Nos espera entonces que el juez de conocimiento haga una individualización y verificación de la pena para que tengamos una sentencia lo más pronto posible. Por lo menos en un mes esperamos que la condena y la sentencia sea de un valor significativo y un acto demostrativo para que estos hechos no vuelvan a ocurrir ni en Caldas, ni en Colombia”, manifestó el secretario de Gobierno de Caldas, Jhon Jairo Castaño.El funcionario calificó el hecho de aberrante, pues el hombre de 21 años y desertor del Ejército citó a la mamá de la niña para entregarle unos supuestos regalos a ella y su hermanita de 18 meses.Sin embargo, atacó brutalmente a la mujer y raptó a las dos niñas, pero luego fue capturado solamente con la bebé en su poder.Tras una ardua búsqueda, el cuerpo de María Ángel, de solo 4 años, fue encontrado en un sector de la desembocadura del río Arma, en el departamento de Caldas.
Vladimir Daza Hernández, hasta hace unos días juez promiscuo de La Guajira, habría favorecido a los investigados con sus fallos judiciales, en por lo menos cinco casos.Una de las beneficiadas con sus decisiones, según la Fiscalía, fue Nini Johana Úsuga, hermana de uno de los hombres más buscados del país, Darío Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’. Ella fue condenada a nueve años y dos meses de cárcel por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y fabricación y porte de arma de fuego, entre otros.A la mujer, que tenía antecedentes de fuga de presos y que alegaba que había cumplido con los requisitos para obtener la libertad condicional, otros jueces le habían negado en dos oportunidades la excarcelación. En un comunicado de la Fiscalía queda en evidencia esa anomalía.“En contravía a la ley habría asumido competencia para dejar sin efectos el fallo de tutela de un juzgado en Medellín y otro en Bogotá que negaron la libertad condicional para una mujer vinculada con organizaciones criminales. Con su decisión ordenó su libertad”, asegura el ente.Esta decisión del juez promiscuo de La Guajira obligó a que la togada de ejecución de penas, es decir, la que tenía el encargo de vigilar la condena de Nini Johana Úsuga y que se había negado a darle la libertad por considerar que podría fugarse, impugnara el fallo y denunciara a su colega por faltarle a la administración de justicia. Un anónimo en poder de la Fiscalía dice que Daza Hernández recibió cerca de 500 millones pesos para conceder esa libertad.Desde la clandestinidad, el juez investigado se presentó a la más reciente audiencia donde la Fiscalía le formuló cargos por presunta corrupción judicial.“Él sabía de su orden de captura, y no hizo por presentarse. Se hicieron las labores investigativas para la captura y no fue posible y no fue posible porque estaba laborando desde la clandestinidad”, señala el fiscal del caso.Incluso un hermano suyo aseguró que se entregaría.“Un hermano de Vladimir Daza Hernández dijo que tenía la voluntad de entregarse, pero no lo hizo porque la orden de captura data de noviembre de 2020, por lo que se ve el desinterés de él de someterse a la administración de justicia”, manifiesta.Tres meses antes de conceder la libertad a la hermana de alias ‘Otoniel’, el juez Daza revocó en enero del año pasado la medida de aseguramiento de cuatro personas en un proceso que era llevado en San Andrés, y en una audiencia en la que no estuvo la Fiscalía.El nombre del juez Daza sonó el año pasado por cuenta de un capítulo similar al del cartel de la toga, en un caso de presunta asesoría ilegal, y al parecer entrega, a particulares, de información privilegiada y reservada de su despacho como juez.Desde 2018, este juez tenía antecedentes penales también por corrupción, que llevaron a la justicia a imponerle una medida restrictiva de su movilidad.
Una vieja vivienda allanada por las autoridades se había convertido en una de las más tenebrosas y peligrosas ‘ollas’ que tiene el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá.Según el relato del fiscal, la niña Lynda Michelle había sido llevada hasta allí para golpearla y robarle sus pertenencias por el simple hecho de estar en ese sector preguntando por una persona."Esto levantó sospecha y además de eso hizo que se diera la orden de darle una golpiza”, dijo el fiscal del caso.(Vea aquí: ¿Cómo llegó Lynda Michelle hasta la peligrosa 'olla' de Bogotá donde fue asesinada?)Según la investigación, los seis capturados son directamente responsables de las torturas y la muerte de la menor de 15 años, cuya madre se infiltró en el barrio San Bernardo para tener noticias de ella.“Usted, ciudadano Edison Cervera Guarnizo, les ordena a Chepe y a Andrés robarle todo a la menor”, añade el fiscal.En medio de la investigación por este horrendo crimen se reveló lo que hizo la red criminal conocida como la banda de Tasmania:La Fiscalía imputó cargos de tortura y homicidio agravados. Los seis presuntos homicidas fueron enviados a la cárcel, mientras otros dos cómplices del asesinato de la adolescente son buscados en el sector.Cinco de los capturados aceptaron tráfico de estupefacientes, tortura y homicidio agravado.
Una circular roja de la Interpol permitió a las autoridades de Cartagena capturar a un ciudadano noruego, quien era requerido en su país para pagar una condena por delitos sexuales contra su hija.“Por solicitud del tribunal de apelación de Borganding en Noruega, que lo condenó en el 2019 a 11 años y seis meses de prisión, la citada sentencia señala que este hombre ejerció conductas de tipo sexual con menor de edad”, declaró el director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, Alejandro Jiménez.El extranjero quedó a disposición del despacho del fiscal General de la Nación. El ente acusador señaló que el hombre abusó de la menor de edad desde el 2011 y continuó haciéndolo durante 6 años, hasta junio del 2016.Además de esto, determinaron que los abusos fueron cometidos en distintos países europeos, como Suecia, Noruega y España, entre otros.“La dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación por conducto al Ministerio de Relaciones exteriores, informó de dicha retención a la embajada del Reino Noruega, para que se presente la solicitud de captura con fines de extradición”, añadió Jiménez.Las autoridades nacionales, en un trabajo en conjunto con la Interpol, continuarán con los controles para evitar que el país se convierta en el escondite de extranjeros que tiene cuentas pendientes con la justicia de sus países.
En el municipio de Argelia, sur del departamento del Cauca, doce concejales salieron desplazados luego de recibir amenazas de muerte.La Defensoría del Pueblo lamentó que -a pesar de las alertas tempranas- se registre esta situación y pidió protección para los afectados, así como sus familias.Estos hechos se registran luego del secuestro y posible asesinato del concejal Fermiliano Meneses Hoyos, en la vereda El Pinche, corregimiento de El Plateado. Su cuerpo no ha sido encontrado.
Las playas de Necoclí, un atractivo turístico de Antioquia, no están llenas de turistas sino de migrantes. Son cerca de mil personas, entre ellas muchos niños, que duermen hacinadas en pequeñas carpas y la gran mayoría no cuenta con medidas de bioseguridad para hacerle frente al COVID-19.Son migrantes de Cuba, Haití, Jamaica y México que llevan 20 días varados en esta región del Urabá antioqueño y pretenden cruzar el Darién.Carlos Guevara es uno de ellos. Es cubano y asegura que salió de su país en busca del sueño americano, pues su esposa e hijo de 5 años están enfermos.En cocinas improvisadas y precarias condiciones, las familias preparan sus alimentos. Le piden al gobierno local que los deje seguir su camino.Lázaro Fundichelli, un migrante cubano, aseguró: “Todos los que estamos acá somos migrantes, lo que queremos es pasar únicamente, seguir nuestro camino, nosotros no queremos en ningún momento quedarnos acá”.Esperan partir de Necoclí en lanchas hacia Acandí, Chocó, para poder llegar a Panamá. Sin embargo, dicen que no les quieren vender los tiquetes.“No nos venden el tiquete porque las fronteras están cerradas supuestamente para nosotros, los migrantes, y están saliendo las lanchas ilegales”, denunció Ailen Campos, una migrante cubana.Ante la situación, las autoridades locales piden ayuda urgente al gobierno nacional.“Hago un llamado al gobierno nacional y departamental que nos ayuden porque la verdad es que estamos desbordados”, manifestó el alcalde de Necoclí, Jorge Tobón.Urabá se ha convertido en el paso obligatorio para los migrantes que año tras año quedan varados en alguno de sus municipios.En el año 2020 se aglomeraron en el municipio de Necoclí 300 migrantes, esta vez hay más de 1.000 migrantes y el alcalde teme una emergencia sanitaria.
El fallecimiento de Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores, provocó una cascada de reconocimientos. El dirigente sindical fue conocido como un hombre diplomático y versado en los temas laborales.En la tarde del martes, el cuerpo de Gómez fue cremado."Mi papito venía en un proceso de evolución realmente lento, aunque llevaba casi un mes en la unidad de cuidados intensivos, al lado de un equipo médico maravilloso, y en sus dos últimos días -donde ya tenía una sedación más suave, menos profunda- podemos tener la opción de saludarlo, que él nos reconozca", contó Carolina Gómez, hija de Julio Roberto.Percy Oyola, presidente (e) de la CGT, expresó “enorme gratitud por el amor y la entrega permanente de Julio para servir a los intereses de los trabajadores".Otros resaltaron que siempre batalló contra políticos y empresarios con el objetivo de mejorar los derechos de los trabajadores, los salarios, las pensiones o las condiciones de empleo para las mujeres.Tras una reunión en la tarde, el comité de la CGT creó la condecoración Julio Roberto Gómez para las personas que lleven toda una vida dedicada al sindicalismo y decretó el 25 de enero como el Día de los Derechos Sindicales.
Carlos Holmes Trujillo fue uno de los hombres con más recorrido y experiencia en la política colombiana; uno de sus papeles más destacados lo tuvo en la Constituyente del 91.¿Qué papel jugó en el escenario del que salió la Constitución del 91, que hoy nos rige?Héctor Riveros: Él representó al Partido Liberal y defendió muchas de las propuestas que presentó el gobierno de ese entonces a la Corte Constitucional. Su principal aporte fue en el tema territorial, fue el que puso el voto programático, es decir, que los alcaldes y gobernadores tenían que inscribir un programa previo en el momento de su elección y como consecuencia de eso se pudiera desatar la revocatoria del mandato.¿Cómo define su papel en el gobierno actual de Iván Duque?H.R: Él fue canciller y ministro de Defensa, pero especialmente era el gran escudero político del presidente Duque. Los ministros del gabinete del gobierno actual no tienen mucha experiencia política, en cambio, él era el decano en esas materias. Cada vez que había alguna controversia, alguna explicación para dar y cuando tocaba dar la cara en el Congreso, sin duda él se destacaba. La pérdida para el gobierno desde esa perspectiva es muy grande. Él era el gran zorro político del gobierno.Carlos Holmes Trujillo fue alcalde de Cali y heredero de una casta política en el Valle del Cauca, su padre consolidó un poder local que se volvió nacional.¿Cuál fue el papel del ministro en su departamento y que fuerza política hereda ese poder?H.R: "Es grande, fue el primer alcalde de Cali por elección popular y él heredó una fogosidad enorme de su padre, que era su referente. Su papá era un hombre muy liberal , muy progresista e incluso socialista. Fue precandidato presidencial en 1978, pero ellos abandonaron un poco esa causa política. Hoy prácticamente ya no la tienen, a pesar de que hay el rumor en Cali de que José Renán Trujillo, su hermano, probablemente sea candidato a la Alcaldía de Cali en el próximo periodo”.¿Qué pierde el uribismo y el Centro Democrático con el fallecimiento del ministro?H.R: “Evidentemente era un precandidato presidencial, era evidente que iba a renunciar próximamente para lanzarse a la campaña presidencial. Era claramente el que más experiencia tenía, pero también tenía una gran ventaja, como lo hemos visto con las reacciones de su muerte, que incluso entre las personas que podemos ser contradictorias del uribismo tenía mucho afecto y mucho reconocimiento por su forma y manera. Porque no era una persona radical, sino bastante moderada. Eso le ayudaba mucho al Centro Democrático y eso pierde esa organización política”.Sin lugar a dudas, será recordado como uno de los políticos más reputados de Colombia, su legado siempre estará presente por todos su aportes al país.
Este martes, la Fiscalía reveló una prueba que confirmaría que la joven Ana María Castro sí habría sido lanzada desde un vehículo, la madrugada del 5 de marzo de 2020, tras departir con algunos amigos en una fiesta.Se trata del testimonio de un conductor de una plataforma de transporte que pasaba en el momento justo en que Castro habría sido lanzada de una camioneta en movimiento. Esta fue la llamada que el testigo hizo esa noche al 123.“Lo que pasa es que acá, sobre la (calle) 80, antes de llegar a la Boyacá, botaron a una chica de un carro y estaba botando mucha sangre. Está acostada, ella se encuentra de oriente a occidente indicando que el carro había salido a toda y botaron a la vieja; un man está ayudándola supuestamente, indicando que al parecer la mujer está agonizando”, dijo el testigo.Otro de los elementos importantes en la investigación es un video de una cámara de seguridad de una discoteca en Bogotá. En este se ve el momento en que Ana María Castro habría salido con ayuda de dos de los presuntos implicados en el caso debido a su alto grado de alicoramiento.Hasta el momento, el único que se encuentra detenido en esta investigación es Julián Ortegón, quien ha señalado que es inocente y que solo se encontraba acompañando a su amigo Paul Naranjo.Sin embargo, en su contra surgieron nuevas pruebas que lo sindican de ser violento con sus exparejas.Para la defensa de Ortegón, esto no se trata de un caso de feminicidio y aún falta atar muchos cabos sueltos.“Cómo las dos personas en la parte de adelante, en vehículo en movimiento, lanzan a la fuerza a una persona que va en la parte de atrás; no es lógico, hagamos el movimiento, los invito a que hagamos el movimiento, a la señora juez que me diga cómo puede uno hacer la fuerza para tirar a una persona”, sostuvo el abogado defensor Rafael Antonio Gómez.