En Florencia, Caquetá, fue asesinado Fernando Vela, médico y líder ambiental. Al parecer, sicarios le dispararon cuando se movilizaba en su camioneta. Los presuntos responsables del crimen quedaron grabados en cámaras de seguridad.Fernando Vela era reumatólogo y promovía iniciativas en defensa del medio ambiente.“Ante estos hechos debo informar a los habitantes de Florencia que se ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien nos brinde información que nos permita el esclarecimiento de los hechos”, indicó Antonio Ruiz Cicery, alcalde de Florencia.El gremio médico de Caquetá exigió justicia por la muerte de Fernando Vela.“Un saludo de condolencia para toda su familia. Pedimos a las autoridades del Caquetá que nos ayuden a dar con los responsables del vil asesinato”, indicó Evaristo Cano, médico.“Tenía una visión más altruista en cuanto a ser una persona social y pensar en el otro. Lamentamos esto”, complementó Darío Méndez, otro galeno.La Policía Nacional avanza en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.
Jhon Favier Garatejo, el joven sometido violentamente por un grupo de policías en Florencia, Caquetá, reveló qué estaba haciendo cuando se produjo el polémico procedimiento de los agentes que hizo temer lo peor.(En contexto: Policías que sometieron por la fuerza a un hombre hasta que se desmayó fueron apartados del cargo)“Soy la persona que aparece en el video el cual dicen que estoy muerto y que estoy desaparecido, pero no estoy desaparecido, ni tampoco muerto, ni tampoco soy manifestante”, recalcó.Según la víctima, todo ocurrió luego de que estuviera con unos amigos “y en ese momento se presentó una riña y llegaron los policías a hacer el procedimiento. Entonces llegaron y me agarraron a la fuerza, me esposaron y me dejaron caer”.El coronel Óscar Andrés Lamprea, comandante de Policía en Caquetá, detalló que en medio de la gresca uno de los involucrados al parecer tenía un arma blanca, por lo que sus hombres tuvieron “que usar la fuerza”.En las imágenes que circularon en redes sociales se evidenció la agresividad con la que los uniformados lo inmovilizaron, sin que él opusiera resistencia, y cuando ya estaba inconsciente lo soltaron sobre el empedrado.El coronel Lamprea sostuvo que luego el joven fue conducido “al comando del departamento donde se le realizan dos medidas preventivas, se apertura la investigación disciplinaria y son apartados del cargo los funcionarios”.(Vea también: Policías en descanso fueron retenidos y torturados en bloqueo cerca a Cali)
En un video quedó registrado la forma en que dos policías someten a un hombre hasta desmayarlo en Florencia, Caquetá.El hecho se desarrolló este miércoles en el barrio El Minuto y, de acuerdo con información de la Policía, en este sitio había un grupo de personas departiendo y se generó una riña. Por esta razón, los uniformados intervinieron.Las autoridades investigan si en el hecho se presentaron excesos por parte de los uniformados, que ya fueron separados del cargo.“Son varias personas que, al parecer, están en estado de embriaguez y dos de ellas estaban peleando entre sí. Al parecer, una de ellas tenía un arma blanca y es así que son abordados estos sujetos por los funcionarios de Policía, donde se tiene que utilizar la fuerza”, expresó el coronel Óscar Andrés Lamprea, comandante de la Policía de Caquetá.Justamente el coronel Lamprea se reunió con la persona víctima, John Gárabas, un individuo que trabaja en una empresa de seguridad. El hombre dijo que está bien y que no estaba desparecido como se informó por las redes sociales.Las autoridades avanzan en la investigación por este hecho y la persona que fue víctima del presunto abuso aclaró que no se encontraba en una manifestación y que es un hecho aislado del paro nacional.
Edwin Silva estaba con su esposa en un cajero de Florencia, Caquetá, cuando ambos encontraron una billetera con documentos y la suma de $1.400.000.El honesto hombre emprendió, entonces, una cruzada para devolver la billetera, por lo que publicó un mensaje en redes sociales. Algo que inicialmente no fue la mejor idea.“No debimos publicar el dinero porque mucha gente lo reclamó, pero nadie supo decirme que más había en la billetera o identificarse como el dueño”, dijo Silva a Blu Radio.Finalmente, un comerciante, identificado como Yohan Bustamante, logró demostrar que era el dueño.“El dueño sí nos dijo cuánto había, qué había y tenía como identificarlo", corroboró Silva.Una amiga de Bustamante vio la publicación en redes sociales, por lo que le avisó inmediatamente. Edwin sostuvo en Blu Radio que siempre pensó en todo lo que sufre una persona que pierde la billetera."Es que todo el esfuerzo de uno es para ganar dinero y solo pensé en que si a uno se le pierde, qué se pone a hacer. La pandemia fue dura para todos, tanto para mí como para la persona que perdió su dinero", sostuvo.Yohan Bustamante recibió todas sus pertenencias, mientras que Edwin dejó una gran lección de honestidad.
Este lunes 22 de febrero inició en Quibdó, Villavicencio, Florencia, Arauca y Mocoa la vacunación contra el COVID. Auxiliares de enfermería, internistas y trabajadores de servicios generales que laboran en las unidades de cuidados intensivos fueron los primeros en ser inmunizados.En Quibdó, el primero en recibir la vacuna contra COVID-19 fue el auxiliar de enfermería Javier Álvarez Villa, de 44 años. Él es trabajador de la UCI de hospital San Francisco de Asís.“Esta vacuna no es el último paso para la pandemia, es un paso muy importante, sí, pero debemos seguir con los protocolos de bioseguridad: el lavado correcto de manos, el tapabocas siempre, el distanciamiento social y seguir las normatividades que dan las autoridades”, dijo.En el Caquetá, la vacunación arrancó en dos puntos: el Hospital María Inmaculada y la clínica Mediláser. La primera persona en ser vacunada es Ángela Constanza Amórtegui, que trabaja como auxiliar de servicios.“Este mensaje va para toda la comunidad caqueteña: (la vacuna) es excelente, no se siente ningún dolor, ninguna alergia, no se siente nada, es algo muy bueno para la comunidad, esencial para que cada día sigamos adelante”, manifestó.En Arauca, el primer vacunado contra COVID-19 fue el médico internista Antonio Rafael Castillo. En ese departamento, la jornada inició con 120 dosis.“Pensé que iba a doler más, pero no, la verdad el dolor fue leve y estaba tranquilo porque había leído bastante sobre la vacuna y la seguridad que ella tiene”, indicó.En Mocoa también se inició con la vacunación contra COVID-19 para 186 trabajadores del área de la salud.Los biológicos fueron trasladados en un vuelo privado directamente desde Bogotá.Los 186 trabajadores de la salud que recibirán la vacuna contra COVID-19 en el Putumayo laboran en el hospital María Hernández. El médico Jacinto Duarte será el primer vacunado. El gobierno nacional destinó para esta región del país 220 mil vacunas, de las cuales solo han llegado 186.Y en Villavicencio inició la inmunización en el Hospital Departamental y en tres clínicas más.El lote de las 960 vacunas será para los trabajadores de la salud. El primero en recibir la dosis fue el neumólogo Félix Anaya, que lleva más de 30 años de servicio a la comunidad.“(No tuve) absolutamente ningún efecto secundario. La molestia sencillita, el pinchazo, pero por demás, no. Realmente pienso que el principal mensaje es que le tengan más miedo al virus, es un virus muy traicionero, muy variable, se comporta de una manera muy distinta en las personas”, manifestó Anaya.En el departamento del Meta se estima que cerca de 5.800 trabajadores de la salud sean inmunizados en lo corrido de los próximos 15 días.La próxima ciudad en dar inicio a la vacunación es Yopal, Casanare.
Noticias Caracol conoció los detalles de una ponencia que estudia la Corte Constitucional en la que se pide declarar el estado de las cosas inconstitucionales, es decir, aplicar la herramienta o mecanismo que protege los derechos de los campesinos en materia de acceso a la tierra en Colombia. La situación de cerca de 12 millones de labriegos del país es tan calamitosa que el alto tribunal discute caminos para intervenir en esa tragedia.Don Aquilino Yanquén Ramírez tiene 61 años. Sus manos tienen callos por arar la tierra y su alma está amarga tras el olvido en el que lo dejó el Estado.Él vive con María Noemí, su esposa, en una finca sencilla situada en la vereda Quebrada Vieja, Boyacá. En ese trozo de tierra cultivan papa y maíz. Antes de empezar la brega diaria y el ordeño, se toman un tinto bien cargado y hacen cuentas tristes: por cada litro de leche les pagan apenas 900 pesos.“El campesino es el que tiene que sufrir al sol, al agua y a toditico para que las ciudades se sostengan. Nosotros pensamos en todas las personas que tenemos en las ciudades. Una persona que no tenga un bocado de comida empieza a volverse nada y se tiene que ir a un hospital. Nosotros vivimos en nuestro campo para llevar lo mejor a la gente de las ciudades”, cuenta don Aquilino.A pesar de haber labrado su parcela desde que tiene memoria, Aquilino no tiene una escritura que le permita reclamarla. Es uno de los más de 2 millones de siervos sin tierra, como la novela de Eduardo Caballero Calderón.“Vea cuántos años llevamos luchando, cuánto tiempo lucharon nuestros papás y abuelos para tener un papel, una escritura pública, pero nunca se pudo”, narra el campesino.Lo que más le amarga es sentirse como un inquilino en su propia parcela, mientras los usurpadores multiplican sus métodos, se disfrazan de colonos, trafican influencias y se apropian de los baldíos del Estado a través de sentencias legales.“Esa gente sí tiene sus escrituras públicas y uno como campesino como no tiene los dineros porque siempre hemos vivido arruinados por el gobierno, entonces pasa y sucede que uno nunca puede”, señala.Aquí la tierra no es de los campesinos: según cifras del Dane, en Colombia hay 2.370.099 predios rurales dedicados a la actividad agropecuaria. De esa cifra, 1.669.287 tienen menos de cinco hectáreas. Esa tierra que ocupan los pequeños productores corresponde al 2% del área rural del censo agropecuario.En contraste, hay 5.842 predios de más de mil hectáreas que abarcan el 73.8% de la tierra productiva. Una radiografía apabullante de concentración de la tierra que, según el índice Gini, es de 0,86% y deja a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo. Francisco Gutiérrez Sanín, director del Observatorio de Tierras de la Universidad Nacional, tilda de “obscena” la concentración de las hectáreas productivas en Colombia.“Lo primero que habría que decir es que Colombia tiene una concentración absolutamente obscena de la tierra y es una concentración de la tierra que es una cosa que rara vez se dice. No solamente es injusta socialmente, sino que además es una lápida sobre las posibilidades de desarrollo del país. Ningún país con la estructura agraria que tiene Colombia ha salido del subdesarrollo. Es así de sencillo”, aseguró Gutiérrez.Según Gutiérrez Sanín, las abismales dificultades del campesino para acceder a las tierras y la ocupación ilegal son consecuencia de un Estado que no ha sido capaz en el último siglo de hacer un inventario serio de las hectáreas. De ese caos administrativo se aprovecharon los acaparadores para correr las cercas de sus fincas, mientras los coletazos de la guerra institucionalizaron el despojo.“Al calor del conflicto armado hubo una reconcentración de la tierra básicamente a sangre y fuego y lo vemos con las cifras: los 8 millones de desplazados. El estudio más serio que conocemos sobre pérdida de tierra que es el que hizo Garay y Asociados para la Corte Constitucional, ese análisis llega a la conclusión de que más o menos el 40% de las personas desplazadas perdieron la tierra, si estamos hablamos de 8 millones de desplazados imagínese la masa de colombianos que perdieron la tierra a punta de bala”, aseguró el director del observatorio.Es tan ruinoso el destino del campo y el robo histórico de baldíos al Estado, que muchos calculan en 1,2 millones las hectáreas que la Corte Constitucional se apresta a intervenir en ese desastre.Noticias Caracol conoció los detalles de la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo que pide declarar el estado de cosas inconstitucionales en materia de acceso a la tierra para 12 millones de campesinos.Para Lizarazo, la vulneración masiva de los derechos de los labriegos ha sido tan prolongada como la omisión de las autoridades para resolverla y que la única vía para solucionar este escenario tan calamitoso es la adopción de medidas urgentes y estructurales de forma coordinada por parte de varias entidades del Estado. Según Lizarazo, es inadmisible que el Estado hoy no sepa quién posee la tierra en Colombia, ni cuáles son los baldíos que le corresponden a la Nación y que debieron ser redistribuidos para la Reforma Agraria.Ello se debe en buena medida a que solo hay información catastral confiable del 17% de los predios del país, es decir, menos de la quinta parte del territorio colombiano.Una realidad que dificulta aún más el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz que dispuso la formalización de 7 millones de hectáreas para campesinos poseedores sin títulos, como don Aquilino, y la adjudicación de tres millones de hectáreas más en la reforma agraria.Sin rodeos, Luis Alejandro Jiménez, el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos señaló la situación de desconocimiento de los baldíos.“En Colombia no existe claridad oficial de la cantidad de baldíos, su ubicación y estado de ocupación. Podría pensarse que puede ser algo deliberado para no fijar políticas y facilitar el uso informal que hacen de ellos algunos particulares, no es que el gobierno no haya podido repartir mejor los baldíos, es que no ha querido”, dijo.Otra particularidad se suma a la situación, no son pocos los casos en los que baldíos de la nación terminan en manos de clanes políticos.El último escándalo lo protagonizó la familia del exsenador del Centro Democrático y hoy embajador en República Dominicana Daniel Cabrales. En 2009 un juez de Montería les otorgó a los Cabrales 13 fincas que reclamaban en Córdoba y que sumaban 862 hectáreas.La Agencia Nacional de Tierras interpuso una tutela y aseguró que esos predios eran de la Nación.Finalmente, la Corte Suprema determinó que había muchas dudas en ese proceso y tumbó el fallo que le había entregado esos terrenos a los Cabrales.Tras concederle una tutela a la Agencia Nacional de Tierras, la Corte Suprema determinó que las 13 fincas que reclamaban los Cabrales en Córdoba podían ser predios del Estado. El portal Verdad Abierta fue el primer medio de comunicación en publicar esta investigación.Diego Trujillo, exprocurador delegado para Asuntos Ambientales, sostuvo unas declaraciones contundentes con respecto al caso de los Cabrales y otros que se han registrado en el país.“Ya son muchos los casos en donde altos funcionarios del gobierno y congresistas han obtenido propiedad de estos baldíos utilizando la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, lo cual los jueces tienen prohibido adjudicar de esta manera, en este tipo de sentencias de propiedad pública, por ser imprescriptibles”, expuso Trujillo.Ese acaparamiento de tierras, por vía judicial, ha sido una constante en Colombia. Una investigación de Dejusticia y la Universidad Nacional documentó que entre 1991 y 2018 distintos jueces del país entregaron 12.070 baldíos de forma ilegal que corresponden a 215.457 hectáreas.“En nuestras estimaciones, el 49% de la tierra que fue entregada sobrepasó los límites de la Unidad Agrícola Familiar que es una medida creada para que la entrega de la tierra no lleve a la concentración. Eso significa que esta figura habría sido usada para acumular también tierras, no necesariamente para que campesinos pobres llegaran a la propiedad rural”, sostuvo Diana Guiza, investigadora y profesora.Para Guiza, los departamentos de Casanare, Córdoba y Cesar han concentrado el 70% de este fenómeno irregular de usurpación de tierras de la Nación. Un despojo habilitado por despachos judiciales ya identificados.“Hay unos juzgados en específico que han entregado bastantes predios en periodos cortos de años, entonces hemos identificado estos jueces en Córdoba y en Casanare, por ejemplo, que en 2 o 3 años han entregado. Y eso ya empieza a generar sospechas”, manifestó Diana Guiza.Para ponerle fin a la usurpación, el gobierno Duque emprendió la actualización de la información catastral del país, es decir, identificar quiénes son los dueños de la tierra. Hoy ese avance es del 17%, pero la meta es que se llegue al 60% en 2022 y a la totalidad del territorio nacional en 2025.Para lograrlo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi gestionó dos créditos por 150 millones de dólares con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.“Definitivamente, es una deuda histórica que tenemos en Colombia. Al principio del cuatrenio solo el 5% del territorio tenía información catastral actualizada y otro 28% nunca había sido contado con este tipo de datos. Por eso el Gobierno nacional está comprometido con el avance de la política de catastro multipropósito para saldar esta deuda”, dijo Olga Lucía Morales, directora del Agustín Codazzi.En esa misma línea, se pronunció Fernanda García, la Superintendente de Notariado y Registro. Según dijo, en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por fin se está realizando el gran inventario de propiedades del Estado y, al tiempo, se han multiplicado los controles para impedir que las mafias que rondan las oficinas de registros públicos sigan enriqueciéndose.“En la oficina de Registros Públicos de Florencia y de San Vicente del Caguán nos percatamos que había un concierto para delinquir en ese aspecto. Un grupo de profesionales conjuntamente con la registradora recibían unas dádivas a cambio de alterar el sistema de información registral que nosotros tenemos en la superintendencia. No vamos a tolerar la corrupción, ya se han proferido en menos de un mes tres fallos disciplinarios con sanciones de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos”, mencionó García.A pesar del esfuerzo institucional, de los avances en la lucha contra la corrupción o del inventario de baldíos en camino, la situación de los campesinos es catastrófica.El magistrado Antonio José Lizarazo le puso números concretos al caos: el Estado hoy tramita 37.000 procesos de clarificación, recuperación y titulación de predios que podrían tardar 40 años en resolverse y costarle a la Nación casi un billón de pesos.Por ahora, la propuesta de Lizarazo es vista con buenos ojos por al menos tres magistrados más de la Corte Constitucional, es decir, arrancaría con cuatro votos, pero se necesitan cinco como mínimo para que este proyecto se convierta en sentencia. Mientras en el Palacio de Justicia se refinan los argumentos, en la finca de don Aquilino escuchan los reclamos.
Un fuerte aguacero en Florencia, Caquetá, cobró la vida de una mujer. Carmenza Cabrera iba en moto, pero el agua la arrastró y terminó en una alcantarilla.Autoridades hallaron el cuerpo y determinaron que la mujer era una psicóloga que trabajaba con niños en un municipio de Belén de los Andaquíes.En el mismo lugar, en circunstancias similares, hace siete años perdió la vida un adolescente.
Una persona muerta y siete heridos es el saldo que dejó el accidente de un bus interdepartamental que cubría la ruta Florencia - Bogotá.Se registró en el sector conocido como Los Antares, en jurisdicción del municipio de Gigante, departamento del Huila. Según las investigaciones, el conductor habría perdido el control del automotor, situación que provocó el incidente vial.La víctima mortal fue identificada como Jerley Rodríguez, una abogada de 24 años de edad, oriunda de Puerto Rico, Caquetá.
En Florencia, Caquetá, fue condenado a 35 años de prisión el expatrullero de la Policía Johan Alberto Ossa por el delito de feminicidio.Según la Fiscalía, el 29 de febrero de 2020, el uniformado ingresó al apartamento de su excompañera sentimental, la atacó en varias oportunidades y aprovechando sus conocimientos en criminalística quiso borrar la evidencia que lo vinculaba con el crimen.“El expatrullero, quien estaba adscrito a la Sijín para la época de los hechos, fue sentenciado además por los hechos de hurto calificado y agravado, violación a habitación ajena y acceso abusivo a un sistema informático como autor y a título de dolo, pues extrajo varios elementos de su vivienda y de su carro tales como un portátil y su celular, el cual estuvo manipulando previo al crimen”, indicó Luis Alexander Bermeo Barrera, director seccional de fiscalías en Caquetá.Bermeo señaló que el CTI “logró determinar que el hombre aprovechó sus conocimientos en criminalística para tratar de eliminar la evidencia”.Los investigadores reconstruyeron la trayectoria del indiciado tras la revisión de 200 horas de grabación de por lo menos 20 videos.El hombre fue enviado a un centro carcelario de Florencia.
Hay consternación en Florencia, Caquetá, luego de que profanaran la tumba del cantante popular Anthony Zambrano, quien falleció hace tres años en un accidente de tránsito.El cuerpo fue sacado de la bóveda y los familiares no se explican por qué lo hicieron.“Para nosotros es una situación bien triste por la profanación de la tumba de mi sobrino Anthony. Realmente son hechos dolorosos para la familia, para Colombia entera”, dice James Andrade.Agregan que no es la primera vez que sucede.“No sabemos si es fanatismo o qué propósito tienen esas personas que quieren hacer daño”, agrega Andrade.El cementerio anunció que incrementará la seguridad.
Las declaraciones de Jenny Arias a Ricardo Orrego, enviado especial de Caracol Sports, relacionadas con la decepción que sintió al ser eliminada de los Juegos Olímpicos y no poder cumplir con ayudarle a pagar un tratamiento médico a Luis Alberto, su padre, conmovió a propios y extraños en Colombia.Vea acá: EN VIVO Y EN EXCLUSIVA los Juegos Olímpicos en Caracol SportsPero en cuestión de horas apareció para decir presente la Clínica Rosales que se ofreció a atender al progenitor de la destacada deportista, que salió de las justas tras perder con la filipina Nesthy Petecio, en la modalidad de los 57 kilos.Al respecto se pronunció Jhon Quevedo, gerente del complejo clínico, quien habló hace pocas horas con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. "Muchas gracias a ustedes por dar a conocer esas noticias, la idea nuestra es ser solidarios, apoyar nuestra comunidad, poder ayudar a Jenny. Nuestro equipo ya se encuentra a disposición de ver qué podíamos hacer, hablamos con Milton, el hermano de Jenny, y queremos ayudar a Luis Alberto", dijo el funcionario.
Vacunarse contra el COVID-19 no solo impacta su salud al disminuir la probabilidad de tener síntomas severos. Cada vacunado suma y eso impacta de manera muy positiva, por ejemplo, en el sistema y el talento en salud.“Se ven unas diferencias importantes en mortalidad y admitidos en las UCI. Para EE. UU., con el inicio de la vacunación observamos que el comportamiento se invirtió y en este momento la pandemia está focalizada en los grupos más jóvenes y sin vacunas. Es por esto que hemos denominado el momento actual como la pandemia de los no vacunados”, dice Andrea Ramírez, médica epidemióloga y salubrista de la Universidad de los Andes.Igual pasa en Colombia, en donde la mortalidad en los mayores de 70 años ha disminuido y ahora se concentró en los menores de 69 sin vacunar.Si aún hay dudas hay que revisar estos datos contundentes del Reino Unido.“Se estima que desde que se inició la vacunación hasta finales de marzo de 2021 se salvaron 10.400 personas, se evitaron 10.400 muertes en personas de 60 años o más, y esto refleja un impacto real de vacunación en un país con más de 129 mil muertos y que hoy reporta menos de 15 muertos diarios”, indica la doctora Ramírez.Son vidas que se salvan, familias que permanecen unidas y menos ocupación en hospitales para poder atender todas las necesidades de una población. Pero ahí no termina el impacto positivo de la vacunación, múltiples estudios, y lo que pasa en varios países, evidencian por ejemplo el efecto en la propagación del virus.“La vacunación se convierte en la estrategia más poderosa para poder evitar la propagación del virus. En países donde la variante delta es dominante y han tenido que regresar al uso de tapabocas ha sido por personas que decidieron no vacunarse. Es el problema actualmente en EE. UU.; hay vacunas disponibles pero la gente no se está vacunando”, señaló Juan David Ramírez, director del centro de investigación microbiológica de la Universidad del Rosario.Le puede interesar:· ¿Se está perdiendo el control del coronavirus en Estados Unidos? Esto dicen expertosNo se puede olvidar que entre menos se propague el virus, menos opción se le da a que aparezcan nuevas variantes de importancia, nuevos picos e incluso impactaría en la necesidad de actualizar o no las vacunas.En resumen, cada esquema de vacunación que se completa y cada persona protegida es un paso adelante en la salida a esta crisis.
La Policía colombiana detuvo en una vivienda de Montería, capital del departamento de Córdoba, a Juan Carlos Cuesta Córdoba, alias ‘Gordo Rufla’. Según las autoridades, es un "nuevo capo excéntrico" del narcotráfico del Clan del Golfo solicitado en extradición por Estados Unidos por tráfico de drogas.Cuesta Córdoba fue detenido en una operación conjunta de la Policía y la Fiscalía colombiana y el FBI en un sector exclusivo de la ciudad de Montería y será trasladado a Bogotá a la espera del trámite de extradición a Estados Unidos.Conocido como "Gordo Rufla", el detenido, de 29 años, era objetivo prioritario para el FBI porque se encargaba de coordinar el envío de cocaína desde varias regiones colombianas hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.En otros temas: Las evidencias del presunto entramado de corrupción que condujeron a la captura de Richard AguilarLa Policía detalló que Juan Carlos Cuesta tenía orden de captura con fines de extradición solicitada por la Corte Distrital para el Estado Medio de la Florida por los delitos de "tráfico de narcóticos y concierto para distribuir cocaína".Según las investigaciones policiales, el detenido tenía nexos con organizaciones de narcotráfico de Honduras, Costa Rica, Panamá y México y contaba con capacidad para enviar hasta 10 toneladas mensuales de cocaína en lanchas rápidas.Cuesta Córdoba era uno de los hombres de mayor confianza de Dairo Antonio Úsuga David, alias "Otoniel", jefe máximo del Clan del Golfo, considerada la mayor organización criminal del país.Vea también: Cayó alias 'César', traficante de motos y armas buscado en Colombia y EE. UU.Excentricidades del ‘Gordo Rufla’El "Gordo Rufla" se movía en los departamentos de Antioquia, Atlántico y Córdoba, en los que tenía apartamentos, casas, camionetas lujosas, motocicletas de alto cilindraje, empresas de insumos agrícolas y fincas ganaderas a nombre de testaferros.Varias de estas inversiones, adquiridas con dineros del narcotráfico y a las que se suman licorerías, ferreterías, restaurantes, entre otros negocios, eran utilizadas supuestamente para blanquear capitales.Lo invitamos a leer: Rentaron finca de inocente mujer y montaron enorme laboratorio de cocaína: producía 150 kilos al díaUna de las excentricidades de 'Gordo Rufla' era que el narcotraficante practicaba rituales de santería junto con los demás integrantes de su estructura criminal para, supuestamente, evitar que las autoridades pudieran capturarlos, dijo el director de la Policía colombiana, el general Jorge Luis Vargas.El capturado también organizaba fiestas para lo cual contrataba artistas reconocidos. Igualmente compraba joyas que ostentaba en videos y tenía una gran afición por las lociones y ropa de exclusivas marcas.Se calcula que semanalmente gastaba hasta 127.000 dólares para satisfacer sus gustos personales.
Ituango vive de éxodo en éxodo. Los violentos someten a los campesinos a un constante ir y venir dependiendo del control sobre sus tierras y de su reacomodamiento armado.Cuantas veces más, más resistimos y nos fortalecemos, así responden los ituanguinos, con dignidad, mientras soportan los coletazos de los violentos, que los obligaron nuevamente al desplazamiento.En contexto: Claman ayudas para miles de desplazados en Ituango: hasta 5 personas duermen en una colchoneta “Nos tocó dejar los animales por allá, las gallinas, los pavos, pollos pequeños, cerdos por ahí”, dice un campesino desplazado.La orden de desplazarse por segunda vez en este año llego en forma de mensaje de voz a los celulares de los presidentes de las juntas de acción comunal y se regó como pólvora por las veredas y el pueblo.“Hágame el favor y se cuadra con el presidente y usted listo para que me les pase esta ordencita”, fue el aviso del comandante de las disidencias de las FARC, alias ‘Camilo’, quien además hace seguimiento a las comunidades desplazadas, envía instrucciones diarias y también va a decidir cuándo deben retornar bajo amenaza.“Estaremos dando otra orden a ver cuándo toman retornos, que si siguen así voy a mandar cerrar el pueblo, listo”, fue el otro mensaje de alias ‘Camilo’.“Ahí hay un corredor estratégico muy importante, está el tema de cultivos de uso ilícito, el tema de minería, platino, oro, plata, el tema para el paso de la droga y todo eso y hay una disputa abierta entre disidencias 18 y posiblemente el 36 contra las Autodefensas Gaitanistas”, explica Fernando Quijano, analista en seguridad. Para el analista en conflicto, la estrategia de seguridad no está funcionando. “Eso allá se lo tomaron los criminales. Aquí es donde podemos decir arrinconan al Estado, a la institucionalidad y en medio de ese arrinconamiento a la institucionalidad está arrinconada la comunidad”, dice. Vea también: "Es vital un corredor humanitario para la población de Ituango"Es el mayor desplazamiento forzado que registra Antioquia, son más de 4 mil campesinos de 31 veredas que están soportando este destierro y que se está extendiendo a municipios vecinos como Pequé. Muchos de ellos son los mismos rostros que en febrero ocuparon los mismos puestos de las chivas, obligados a retornar a sus parcelas. “A la gente la hicieron poner en un estado de zozobra que se regresó sin garantías reales. Hoy estamos en un desplazamiento que podría decirse que es la continuidad del de febrero que estuvo suspendido un tiempo”, señala Quijano. Este desplazamiento llegó anunciado con el peor de los infortunios, un vendaval que se llevó por delante casas, techos, destruyó la carretera principal, y terminó de borrar las carreteras terciarias que precariamente comunicaban algunas veredas obligando a los campesinos a salir en largas jornadas a pie limpio. La comunidad insiste en pedir una asistencia aérea inmediata y frecuente pare evitar que escaseen los víveres. “No tenemos gas natural, no tenemos gas de pipetas o sea que no hay modo de consumir los alimentos y adicional a eso tampoco tenemos combustible, ya las bombas están desabastecidas y el poco combustible que está lo debemos priorizar principalmente en la maquinaria para abrir la vía”, dice Stivenson Arenas, comerciante de Ituango. Los ituanguinos aprendieron a resistir, y es que no hay ninguno de ellos que no haya sido tocado por la violencia, por el desplazamiento y el abandono del Estado. “Es un pueblo muy cercano, muy solidario, muy noble, entonces allá todos padecemos el mismo dolor”, dice Isabel Cristina Palacio, activista de Ituango. Palacio es una joven de 28 años que vivió hasta los 17 en el pueblo. Su familia ha pasado por todos los tipos de violencia. En Ituango están sus padres, y hoy está haciendo desde Medellín hasta lo imposible por ayudarlos. “Hice un live en mis redes sociales y le conté a la gente lo que quería hacer, porque lo quería hacer y se fueron uniendo y al día de hoy hemos recaudado alrededor de 20 millones de pesos que se están invirtiendo en ayudas en el municipio, mi padre es el encargado de entregar como todas las cosas, verificar que las ayudas lleguen a la gente”, cuenta. Sin vías de acceso y una comunicación precaria, Isabel y don Luis han movido cielo y tierra para generar su propio puente humanitario. Ella, que es antropóloga, explica qué puede sacar a Ituango del éxodo eterno.“La presencia del Estado, es un Estado ausente que durante décadas ha utilizado a Ituango solo como plataforma política, solo para vender un megaproyecto al mundo, solo para mostrar unas cosas y hacerse ciego para otras, entonces necesitamos una presencia de un Estado, que no ha estado”, subraya.
El arribo de deportistas de Colombia a Tokio no para. Ahora las que dijeron presente en la sede de los Juegos Olímpicos fueron Estefanía Álvarez y Mónica Arango, la dupla de natación artística que entrará en competencia el próximo lunes 2 de agosto y que adelantó una exigente preparación en las últimas semanas.Vea acá: EN VIVO Y EN EXCLUSIVA los Juegos Olímpicos en Caracol SportsLas nadadoras dejaron algunas pistas de lo que van a mostrar en Tokio, cuando les llegue el momento de hacer su aparición y luchar por estar en el podio."Aprovechamos muchísimo este tiempo para hacer cambios en las rutinas, para trabajar de manera fuerte", aseguró Estefanía.Mientras tanto, Mónica se sumó y advirtió que "realizamos correcciones, de los que nos han pedido y pueden estar seguros que vamos a darlo todo en la piscina".Este año ha sido especial para las dos. Recordemos que tanto Estefanía como Mónica fueron piezas clave en el título que Colombia consiguió, tras 80 años, en el Suramericano 2021 y ahora esperan destacarse en los Juegos Olímpicos de Tokio.
