“Recibí varias llamadas y mensajes de texto a mi celular de un sujeto haciendo exigencias de una suma de dinero, de 3 millones de pesos”, señaló la víctima, que reside en Pradera, Valle.El dinero era supuestamente para no publicar imágenes íntimas de la víctima con mujeres y hombres en las redes sociales ni entregárselas a su familia.“Dure cinco días consecutivos día y noche tolerando este tipo de amenazas y de exigencias por parte de este sujeto, que igual manifestaba que conocía perfectamente a mi familia y me puso un plazo”, explica el hombre.El ultimátum quedó registrado en una llamada telefónica."Quinientos antes del mediodía y lo dejo sano, yo lo dejo sano. Se lo digo porque en este momento usted tiene una reputación en Pradera. Yo sé que vos tenés muchas influencias aquí, pero te daño tu reputación, te daño tu reputación bien feo".Insistió en que sólo el dinero le podía evitar esa vergüenza."Así le llamen extorsión a lo que sea, todo se arregla con plata en esta vida menos la muerte. De resto todo se arregla con plata".La pesadilla que estaba viviendo el hombre la denunció ante el Gaula de la Policía, que descubrió que el extorsionista era un vecino que vivía en la casa de al lado de la víctima.“Los investigadores se dan cuenta de que este supuesto hacker es un vecino que, aprovechando el contacto telefónico, utilizó imágenes que se publican en los estados del teléfono. Esa imagen la descargó e hizo un montaje con otras personas y otras mujeres”, indicó la mayor Nelva Gómez, del grupo de investigaciones del Gaula de la Policía.Acusan a hombre de abuso sexual a su hijastra, una menor que presenta discapacidad mental y físicaEntonces los investigadores del Gaula planearon una entrega controlada en la que la víctima lo esperó en un parque del municipio. El vecino extorsionista llegó en bicicleta incluso a saludar a su víctima chocando los puños.Apenas el señalado delincuente recibió el dinero e intentó huir en la bicicleta fue capturado. El Gaula asegura que el detenido habría realizado la misma extorsión con otros vecinos.“Nos damos cuenta que es un vecino que ya tiene antecedentes de trabajar con ese tipo de situaciones y aprovecharse de lo que las personas publican en redes sociales”, indicó la mayor Gómez.En lo corrido del año han sido capturados en todo el país 27 extorsionistas como este, aseguró el Gaula de la Policía.
Las autoridades de Bucaramanga aprehendieron a una menor de 15 años que exigía gruesas sumas de dinero a varios adultos. Según efectivos del Gaula, los buscaba por las redes sociales, se ganaba su confianza y se hacía pasar por universitaria.Luego de encontrarse con ellos, les revelaba que era menor de edad y pedía plata o ropa a cambio de no denunciarlos ante la Policía.Los uniformados grabaron a la menor cuando sostenía una reunión con un sujeto de 52 años que sería una de sus víctimas. El encuentro se llevó a cabo en una calle de la ciudad.“Contacta un hombre por redes sociales manifestando su interés de tener una relación con él. Ella le dice que es una chica universitaria que está a punto de cumplir 18 años de edad”, afirmó la mayor Nelva Gómez Sánchez, jefe de investigaciones del Gaula.Se conoció que la menor de edad y el sujeto arreglaron, vía chat, varios encuentros.Luego de verse en repetidas ocasiones, la adolescente inició sus exigencias. Cuando él se negó, empezaron las amenazas.“Lo espero el domingo 11 de la mañana en mi casa con la plata y más le vale que me la de porque no tendría piedad demandándolo por violación, eres un violador”, escribió en un mensaje la menor.“Al cabo de dos meses la chica le manifiesta al señor que ella es menor de edad y que va a denunciar. Sumado a eso, le exige 500 mil pesos para no sacar a la luz la información que ella tenía como imágenes y videos”, recalcó la mayor Gómez.Para aumentar la presión, la menor hizo un montaje con las fotos del hombre y las publicó en las redes sociales.Ante la situación, él decidió denunciarla ante el Gaula de Santander.Tras seguirla, los uniformados lograron aprehenderla mientras recibía dinero.“La invitación es a que desconfíen y denuncien ante el Gaula de la Policía por intermedio de su grupo de prevención y la línea 165”, concluyó la uniformada.Los investigadores revelaron que la menor hacía firmar a sus víctimas una especie de acuerdo para no volverlos a extorsionar luego de que le entregaban las sumas de dinero.
Tres capturas, traslados de fiscales de alto rango, cuatro funcionarios imputados y cerca del 60% de fiscales seccionales bajo indagación, ese es el balance inicial de un caso que deja al descubierto cómo -con ayuda de agentes del Estado- las mafias realizaron ajustes de cuentas, secuestros y hasta asesinatos.“Hemos detectado una red de corrupción al interior de la Fiscalía Seccional de Cali. Hace pocos minutos, investigadores del CTI de la Fiscalía capturaron a un fiscal investigador, que, al parecer, recibió dinero para interceder de manera ilegal en un proceso por secuestro y homicidio”, dijo Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, el 12 de marzo de 2021.El testigo estrella del escándalo es Juan David Rengifo, expolicía y confeso secuestrador al servicio de poderosos capos. Detrás de sus presuntas acciones delincuenciales estarían tres criminales de vieja data: alias ‘06’, ‘Guacamayo’ y ‘Mueble Fino’. Todos estuvieron presos en Estados Unidos y volvieron a Colombia, al parecer, para seguir en el mundo del crimen.Noticias Caracol conoció las declaraciones con las que Rengifo prendió el ventilador en los últimos cinco años. En ellas, salpica a funcionarios, confiesa crímenes, cambia de versión y se retracta.Aunque las versiones de este testigo han sido confusas, queda claro que varios crímenes en la capital del Valle del Cauca no habrían ocurrido sin la participación de algunos agentes del Estado.La primera vez que Rengifo cayó preso fue el 3 de noviembre de 2016.Fue capturado por el secuestro extorsivo de Juan Víctor Franklin Monsalve. El comerciante fue detenido en la carretera que va de Cali a Dapa, cuando recogía a su hijo en el colegio.Vehículos oficiales del CTI y de la Policía participaron de un rapto extorsivo que tuvo como anzuelo una falsa orden de captura.“Los policías salen detrás del carro, paran el carro donde iba el señor, el señor se baja, yo me bajo, le digo: ‘¿usted es el señor Juan Víctor Franklin?, acompáñenos que usted tiene una orden de captura’”, dijo Rengifo el 3 de noviembre de 2016.Dos meses duró en cautiverio hasta que el Gaula militar realizó un rescate de película en una finca en Dagua.El rescate fue dirigido por la fiscal del Gaula Militar Silvana Uribe López, paralelamente, se inició un proceso judicial por el secuestro, el cual fue asumido por Ana Victoria Nieto, una fiscal del Gaula de la Policía que consiguió desmantelar gran parte de la banda.En Cali, este secuestro se convirtió en el detonante de una guerra judicial entre fiscales asignados al Gaula Policía y fiscales asignados al Gaula del Ejército. Dicha guerra está siendo atizada por las declaraciones de Rengifo."La liberación la efectuó el Gaula del Ejército. Trabaja una fiscal de nombre Silvana, es muy amiga de Cristian. No te preocupes que voy a manejar la situación. Cristian se va donde la fiscal del Gaula y le pregunta por el caso y ella muestra la carpeta de todo lo que está sucediendo", señaló Rengifo el 3 de noviembre del 2016.(Otras noticias: Tenebrosa red no solo falsificaba documentos de extranjeros sino que explotaba sexualmente a mujeres)Esta declaración hace referencia a la supuesta cercanía de Silvana Uribe con Cristian Paul González Valencia, un exagente del CTI que resultó condenado a 28 años por este secuestro.En poder de las autoridades hay un video en el que se observa a la fiscal Uribe junto al exagente el día de su captura. Según ella, fue un encuentro incidental, pero, de acuerdo con fiscales del Gaula de la Policía, es la prueba reina de la alianza entre la funcionaria y el exagente.Esta es una de las varias evidencias incluidas en una denuncia contra la fiscal Silvana Uribe. También aparecen interceptaciones telefónicas que evidenciarían cómo información privilegiada del proceso terminó en manos de la banda criminal.Decenas de pruebas, incluido el audio de la declaración que rindió el secuestrado después de su rescate, terminaron en su poder.“Todos encapuchados, en ningún momento se dejaron ver la cara”, se escucha en un audio de Juan Víctor Franklin.El testigo Rengifo, incluso, llega a afirmar que la fiscal del Gaula del Ejército mandó a hacer un atentado contra la fiscal del Gaula de la Policía."La fiscal le manifiesta a Cristian que su oficina queda dentro de las instalaciones de la Policía. Me refiero a usted, la fiscal de Gaula Policía. También, dice que usted anda en un vehículo blanco. Ahí es cuando ‘Jota’, organizador del secuestro, dice ‘ah, bueno’. Como usted está metiendo mucha presión, entonces pongamos patines, para seguirla y hacerle un atentado a ella, a la fiscal del Gaula Policía”, aseguró Rengifo el 3 de noviembre de 2016.Por el secuestro de Víctor Franklin Monsalve van seis condenados. En cuanto a Rengifo, este aceptó el delito de hurto calificado y agravado, y buscó un principio de oportunidad por el delito de secuestro agravado con la fiscal Ana Victoria Nieto.La negociación hasta ahora no se ha podido concretar, aun así, Rengifo fue beneficiado con casa por cárcel.Un nuevo secuestroLa segunda parte de esta truculenta historia continúa el 26 de noviembre de 2019, cuando Rengifo participa de otro secuestro.La víctima fue Mauricio Guerrero Rivera, un hombre que fue raptado por una patrulla de la Policía en una panadería en Jamundí, Valle del Cauca. Cinco días después apareció muerto. Su cuerpo tenía signos de tortura y desmembramiento.Las autoridades no tardaron en identificar en los videos de la panadería el rostro de Rengifo, quien fue recapturado por el crimen y, para conseguir beneficios, volvió a prender el ventilador. Comenzó por relatar cómo ocurrió el secuestro.“Nos vamos en el carro de la Policía, es un carro grande (...) Veo que llega un Mazda 2 y veo que se baja un muchacho como gordo. Se viene caminando, cuando el del casco me da la señal. Me llama ‘Mueble Fino’ al avantel y me dice ‘ese es’. Entonces, le escribo a Mancilla, se viene con la patrullera a identificarlo. Cojo, me voy hacia la panel, me pongo un chaleco antibalas y una gorra. Me pongo el chaleco, la gorra, cuando vengo llegando, Mancilla me dice ‘acompáñeme’. El muchacho de una vez se paró y nos montamos al carro”, sostuvo Rengifo el 14 de enero de 2020.También reveló quién estuvo detrás del asesinato y por qué.“Esa reunión era para ajustar cuentas y saber quién le había hecho el atentado al ‘Gitano’. Estuvieron ‘Guacamayo’, ‘06’, Jorge Suárez, ‘Mueble Fino’, otras tres personas que no puedo identificar (...) Hay que recoger a una persona, esa persona fue el que llevó a otros tres sicarios a hacerle el atentado al Gitano”, anotó.Rengifo confesó a las autoridades cómo 24 horas antes de dar esta declaración se logró volar de una celda en la estación de Policía del barrio La Rivera, en Cali, con las llaves de la celda en mano."Yo me asomo a la reja y llega un señor Jorge Suárez, me lleva unas cosas, me dice ‘no se preocupe por nada que ya ‘el Viejo’ me dio la orden de sacarlo de aquí’ (...) Jorge Suárez le maneja todo lo económico a ‘Mueble Fino’, es como decir su mano derecha”, dijo.Y aseguró que, para evadir la persecución de las autoridades, sus socios sostuvieron una comunicación con el abogado Diego Cadena, actualmente en juicio por la supuesta manipulación de testigos en el caso de Álvaro Uribe y quien ha afirmado que no conoce a ‘Mueble Fino’.“Hubo otro abogado en la mesa y me dice que (esté) tranquilo, que si esto no lo podemos cuadrar por aquí lo podemos cuadrar por Bogotá. Y llaman al abogado Diego Cadena, que es el abogado de Uribe. Escucho cuando le preguntan cómo está, Diego Cadena dice que ha escuchado de mí. ‘Es para un favor mío y del señor’ (...) ‘¿Usted cómo está, tiene todos los poderes?’ Y él dice ‘sí’, como con los dientes apretados, ‘lo que necesite’. ‘Tranquilo que si eso no lo cuadra el coronel, lo cuadramos por arriba’, dije ‘bueno, señor’", comentó Rengifo el 14 de enero de 2020.(Otras noticias: Atentan contra sede administrativa del Deportes Quindío: sujetos en moto lanzaron explosivo)Pero la parte más llamativa de la nueva versión de Rengifo salió a la luz en mayo de 2020, cuando en el afán de ganar puntos con la Fiscalía dio una voltereta frente a muchos de sus señalamientos iniciales.“Eso de atentar contra la doctora Ana Victoria Nieto Salazar es totalmente falso, eso nunca se planeó y nunca ningún miembro de la organización planeó atentado contra la doctora (...) Eso me obligó a decirlo el doctor Aguirre y la doctora Ana Victoria Nieto Salazar, que me colaboraban con el principio de oportunidad (...) Ella siempre me usó para meter personas inocentes a la cárcel que no tenían nada que ver".Por cuenta de la versión de Rengifo, los fiscales Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, excoordinador de fiscalías ante jueces especializados de Cali, pasaron de investigadores a investigados.Aunque este testigo ha salpicado a poderosos funcionarios en Cali, hasta ahora solo ha entregado una grabación que sirvió para soportar la captura de un fiscal seccional, registrada el 12 de marzo de 2021. Se trata de Jorge Iván Ríos, quien habría recibido 100 millones de pesos para evitar la captura de Rengifo.“Fueron 50 millones que se le dieron frente al Palacio de Justicia para que cuadrara a Iván Aguirre y que no me capture. ¿Los recibió directamente el fiscal Ríos? Los recibió la doctora Yensy, pero él estaba ahí en un bar, el doctor Ríos", dijo Rengifo en junio de 2020.Hasta ahora, la Fiscalía ha intentado dos principios de oportunidad con Rengifo a cambio de inmunidad. Lo exótico es que estas negociaciones llegaron a estar para la firma del fiscal general, simultáneamente, a pesar de que estaban basadas en declaraciones que eran contradictorias entre sí. Ahora, los fiscales se alistan para ofrecer una tercera negociación al testigo.En medio de este escándalo, imperan las dudas sobre cómo un testigo de alta peligrosidad ha logrado esquivar la justicia durante años.¿Por qué se le concedió detención domiciliaria?, ¿cómo logró fugarse con las llaves de la celda en la mano?, ¿qué de todo lo que ha dicho contra altos funcionarios es verdad y qué es mentira?, ¿por qué a los capos mencionados por Rengifo no les ha pasado nada? Preguntas aún sin resolver.
La sexta división del Ejército, el Gaula y la Fuerza Aérea fueron los encargados de llevar a cabo una operación en la que descubrieron cómo algunas personas le entregaban información privada de la Policía a disidencias de las FARC.(Puede leer: Encuentran muerto a funcionario del CTI secuestrado por disidencias de las FARC en Cauca)“En esta ocasión, en varios allanamientos en el departamento del Caquetá, se logra la captura de tres hombres y una mujer integrantes de las redes de apoyo a estas estructuras residuales. En el municipio de Solita se logra la captura de alias El Indio, un bandido encarado de desarrollar actividades de extorsión”, explicó el general Jorge Hernando Herrera, comandante de la sexta división del Ejército Nacional.En el operativo, a las autoridades les sorprendió la participación de una mujer que por su relación con un policía obtenía información reservada.Detuvieron a “una mujer, en el casco urbano de Florencia, dedicada también a la parte logística y de estar dando información a qué personas pueden estar extorsionando. Este es un fuerte golpe también que se le propina a la estructura Miller Perdomo”, aseguró el general Herrera.Los operativos se realizaron en los municipios de Solita, Valparaíso y Florencia, en Caquetá. Las autoridades aseguran que otras capturas están listas para ser ejecutadas.
El Gaula de la Policía desarticuló una red de extorsionistas del ELN que tenía intimidados a comerciantes, campesinos y ganaderos del Magdalena Medio antioqueño.“A mí, como a otros vecinos, nos estaban pidiendo 3 millones de pesos para dejarnos trabajar tranquilamente”, manifestó una de sus víctimas.Conforme a los investigadores, el cabecilla de la red llegó a una finca, retuvo al mayordomo y desde allí llamó al dueño del inmueble para extorsionarlo: “Nosotros somos del Ejército de Liberación Nacional. Si usted y yo en esta llamada no llegamos a algún acuerdo, yo le voy a quemar la casa", le dijo el delincuente al dueño de la finca.“Usted tiene que ponerse en mi lugar, usted vio el ranchito que yo tengo. Yo para sacar 2 o 3 millones de pesos, no es así no más", le respondió la víctima.“El viernes de todas maneras me tiene que pagar, pero yo esta casa se la quemó para que todos los que están por aquí, y que se las quieren picar de berracos sepan, nos tengan respeto”, sentenció el criminal. Y así como advirtió en la llamada, el criminal le quemó la casa al campesino.De acuerdo con el director del Gaula de la Policía, el general Fabián Cárdenas, este grupo delincuencial recibía en promedio 50 millones de pesos mensuales producto de sus acciones criminales.Después de recibir las denuncias y tras varios meses de seguimientos, los agentes del Gaula lograron capturar a Mauricio Ávila Salamanca, alias 'Katin', cabecilla de esta red de apoyo al terrorismo del ELN.Otras cinco personas pertenecientes a esta grupo criminal fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía por los delitos de extorsión y concierto para delinquir.
En un operativo, con el apoyo del Gaula de la Policía de Colombia, las autoridades panameñas frustraron el secuestro del hermano del presidente Laurentino Cortizo, que se iba a perpetrar hace una semana.La noticia se dio a conocer durante el Segundo Encuentro Internacional de directores Antisecuestro y Antiextorsión que se realizó en Bogotá y donde el mayor Víctor Alexander Barba, jefe de la División de Delitos contra la Libertad Individual de la Policía de Panamá, reveló los detalles de la operación que se realizó con el apoyo de autoridades colombianas.“Hace una semana, gracias a esa coordinación de información, pudimos, no prevenirlo, sino evitar que se cometiera un secuestro en perjuicio del hermano del señor presidente de la República de Panamá, logrando la captura de cinco ciudadanos que se mantienen ahora a órdenes de las autoridades competentes”.El general Fabián Cárdenas, director del Gaula de la Policía, precisó que se brindó “intercambio de información, asistencia técnica, apoyo permanente”.En el mismo evento, en el que participaron autoridades de 20 países, se analizó cómo delinquen los criminales en la pospandemia, lo que ha prendido las alertas en todo el mundo.Tomás González de Oliva, representante de la Secretaría Ejecutiva Sipse, señala que los delincuentes aprovechan para “extorsionar a aquellas personas que se conectan a determinadas páginas sexuales y les amenazan pues con difundir sus datos, mostrándoles armas, amenazándoles con secuestros de familia, daños a sus familias o a sus personas, entonces de esta modalidad delictiva lo que realmente nos preocupa es que es trasnacional, porque sí se ejecuta aquí en España, pero los autores están fuera de nuestro país”.Víctor Hugo Enríquez, director nacional de Antisecuestro de México, coincidió en que en su país “el tema que más nos preocupa en México es precisamente el de la extorsión, que ha ido incrementando, y el de los delitos cibernéticos que van muy ligados”.En el encuentro, las autoridades se comprometieron a unir fuerzas para combatir a los cibercriminales, que aprovechan la “vulnerabilidad creciente, especialmente de los jóvenes, niños y adolescentes”, según el general colombiano Fabián Cárdenas.“Es una gran preocupación, se convierte en una oportunidad y un reto para nuestras policías en la lucha contra los criminales”, agregó.
Recientemente, la JEP dio a conocer la aterradora cifra de que en Colombia hay por lo menos 6.402 víctimas de falsos positivos, es decir, tres veces más de lo que se había reportado en la justicia ordinaria.Hay ciertas zonas que son consideradas críticas y que fueron priorizadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para investigar estos casos. Una de ellas es el Caribe, entre el norte del Cesar y el sur de La Guajira.En esta zona se tiene documentado que el 7,3% de las víctimas provienen del departamento de Cesar, es decir, más de 460 personas hacían parte de esta región en donde operaba, principalmente, el Batallón de Artillería N.2 La Popa.La ejecución de los falsos positivos en esta zona del país se caracterizó por las alianzas entre miembros del Ejército y paramilitares.Los horrores del Batallón La Popa en el conflicto“El batallón era una máquina de guerra y por lo tanto tenían que verse los resultados operacionales”, así describe un mayor retirado del Ejército, quien comparece ante la JEP, los horrores cometidos por algunos miembros del Batallón de Artillería N. 2 La Popa.El alto oficial, al igual que muchos otros, a quienes protegemos su identidad por razones de seguridad, decidieron contar una década después lo que pasó y quiénes pueden estar detrás de estos graves hechos.“El discurso del señor coronel Mejía fue muy convincente, llegó con unas metas claras y él sabía que en ese posicionamiento, indudablemente, uno de los pilares era los resultados operacionales”, dice.Y fue esa presión por resultados operacionales lo que habría llevado a que se creara una alianza de la muerte con el paramilitarismo.“El comandante de La Popa, el coronel Mejía, era determinante en estos resultados operacionales. Él, con alias ‘39’, era quien coordinaba estas situaciones”, sostiene el mayor retirado.Pero no era lo único ilegal que se movía con tal de sumar números y obtener resultados. Otro teniente retirado, también investigado, cuenta cómo se pagaban importantes sumas de dinero a los soldados por cada supuesto muerto en combate:“Yo escuché a mi coronel decir que 500.000 (pesos) por arma corta y un millón (de pesos) por arma larga”.La víctima podía ser cualquier persona, desde un campesino de la región o cualquiera que, como ellos mismos dicen, "oliera a guerrillero".Se hacia el respectivo montaje del combate y se procedía a asesinar a quien fuera el próximo resultado operacional, tal como lo cuenta un cabo retirado:“En el momento cuando ya tenían una operación planeada, él ya nos daba las instrucciones específicas, tan específicas como: ‘está un soldado trayendo a una o dos personas, se va a ir a tal sitio y se va a simular un combate’”.“Es decir, ¿desde la planeación de las operaciones ya sabían que el combate iba a ser simulado?”, le preguntan desde la JEP. A lo que responde el cabo retirado: “Sí señor, desde que arrancábamos a la operación ya sabía o sabíamos que se iba a quitarle la vida a una persona simulando un combate”.Según los uniformados de menor rango, cuando los superiores daban una orden, no había posibilidad de incumplirla. Era la vida de la víctima o era la vida del soldado.“Cuando me le acerco al teniente le pregunto para qué me manda llamar y él me específica, me muestra a las dos personas que estaban separadas, y me dice: ‘vea que son guerrilleros, vaya mátelos’”, recuerda un soldado retirado adscrito a La Popa.Aunque estas personas ya no hacen parte del Ejército y comparecen ante la JEP, aseguran que las presiones por cambiar la verdad no han cesado.“La mayoría de soldados que están en estos procesos recibían mucha presión, su señoría. Como le digo, a mí lo primero que me dijo el abogado que me recomendó mi coronel Mejía fue: ‘ojo, no vaya a decir que Hugo existe’”, dice el teniente retirado.Campesinos, pobladores de cascos urbanos, habitantes de calle y hasta población indígena del norte del país: esas fueron algunas de las víctimas de ese horror conocido como falsos positivos. Precisamente, el dato sobre población indígena es grave, pues para la JEP representa el 2% de los casos.El crudo panorama de Antioquia y Norte de SantanderEl capítulo de Antioquia de los falsos positivos es el más escabroso de todos. Un capitán, miembro de la Cuarta Brigada del Ejército, a la que se le adjudican el 73% de los falsos positivos entre 2000 y 2013, cuenta descarnadamente lo que allí no debió suceder:“Yo tenía soldados que eran de Medellín, soldados regulares, y a esos soldados yo los enviaba para que reclutaran víctimas y los trajeran mediante engaños y tácticas para las áreas de Medellín a Cocorná. Se determinó que debía ser población que fuera de la calle, ¿por qué? Porque era gente que estaba totalmente vulnerable. Eso era más o menos las indicaciones que yo le daba al reclutador”.Para los militares, la elección de las víctimas tenía que ser minuciosa.“Las instrucciones que yo le daba al soldado es que no fuera fácil de reconocer y que no fuera de esta región, para poderla presentar como muerto en combate, esa fue la instrucción que yo le di. Igualmente le decía que tuviera cuidado, que no se metiera en determinados sitios para que no resultara de pronto él con alguna situación especial o que de pronto resultara por allá cogido por la Policía”, detalla un capitán retirado de la Cuarta Brigada.Aquí no hubo reclutadores externos, como fue el caso de Soacha, sino que esta tarea era asignada a un soldado de la brigada, quien recibía una pequeña remuneración.“Le entrego entre 100.000 y 200.000 pesos al soldado para que hiciera ese reclutamiento”, precisa el alto oficial.Sin embargo, la estrategia sí era la misma en la mayoría de los casos: engañarlos con falsas promesas de trabajo para después asesinarlos.“La persona llegaba, se le hacía el lugar donde iba a dormir, se le daba comida y se le decía que al otro día teníamos que movernos para ir al sitio donde iba a ir a trabajar”, cuenta el capitán retirado.Norte de Santander también fue una zona donde la práctica del horror se hizo evidente y en donde la orden también fue la misma: litros de sangre.“Escuchaban los programas donde decían al Ejército: ‘los estamos midiendo por litros de sangre y carrotanques’ y pues los litros de sangre y los carrotanques los daban son los muertos, no los capturados”, expone un capitán retirado de la Brigada Móvil 15 en Norte de Santander.“¿Quién lo decía y usted dónde oyó mencionar esto de los resultados del Ejército?”, le preguntan desde la JEP al oficial, quien responde: “En los programas, su señoría. En los programas que hacía el comandante del Ejército, que era mi general Montoya. Solamente programas en escucha, nosotros no podíamos interrumpir esos programas”.Las remuneraciones llegaron a ser tan atractivas, que hasta contemplaban viajes al exterior.“La presión nos lleva a eso. Si yo daba una baja tenía cinco días acumulados para salir a permiso, si llevaba una baja me podía candidatizar a un viaje a San Andrés o al exterior”, sostiene el capitán retirado.Estos militares también experimentan, en parte, las consecuencias de lo que sucedió.“Todo esto es lo que me decepciona de mí mismo, que a ni a mi familia he sido capaz de manifestarle la verdad. Ahorita, por ejemplo, mi señora tampoco tiene conocimiento de qué es lo que estoy diciendo acá realmente; vivo decepcionado”, comenta entre lágrimas un soldado de la Brigada Móvil 15 en Norte de Santander.Muchos de los uniformados sostienen que por miedo a sus superiores ocultaron la verdad de lo que pasó, pero que están dispuestos a responder ante la justicia y a resarcir lo sucedido.Los falsos positivos en el Casanare“Desde que yo llegue allá al Gaula eso era mejor dicho, por así decirlo, el pan de cada día. Las bajas se veían ya como costumbre”, así narra un alto exoficial del Gaula en Casanare la "naturalidad" con la que se cometían las ejecuciones extrajudiciales.“Eso no es un secreto, ya todos sabían cómo se realizaba esas operaciones y cómo lo instigaban a uno a presentar resultados”, añade el mayor retirado.Y fue esa instigación la que también llevó a crear una alianza criminal en esta zona del país para obtener resultados en combate, pero esta vez no fue con ningún grupo ilegal.“Voy a referirme primero al director de la seccional Casanare, doctor Orlando Ríos Escobar. Cuando llegué al Gaula ellos convencían a denunciantes de las extorsiones para que colocaran la denuncia directamente con ellos, luego cuadran todo con el director del DAS, doctor Ríos, para realizar la operación sin poner el denuncio ante la Fiscalía Quinta Delegada. El objetivo era adelantar esa misión y dar con la muerte de esa persona”, narra el exoficial del Gaula.Según el mayor retirado, era el DAS Casanare el encargado de los pagos a colaboradores que reclutaban a las víctimas y del suministro de armas.Incluso otro integrante del Gaula Casanare cuenta cómo en algunas oportunidades hasta llegaron a secuestrar a las víctimas.“Legítimamente la retención del hombre no es legal porque realmente es casi un secuestro, diría yo, porque no había una orden donde me digan a mí que ese muchacho puede ser detenido”, reconoce un teniente retirado.Este horroroso crimen no solo se habría usado para dar resultados operacionales, también, según algunos uniformados, se habría utilizado como favores políticos.“Recuerdo una vez que nos envió mi coronel Torres a seguir a unos sujetos. Fuimos, hicimos el seguimiento, llegamos al sitio, capturamos a los tipos y la orden, por el teléfono, fue ‘mátenlos’, entonces nos tocó matarlos, quemar el carro y al otro día aparecieron los muertos. Ya después de todo eso nos enteramos que eran del pueblo de Aguazul, pero que estaban en una disputa con los políticos de la época, que después estuvieron aquí presos; a uno que le decían ‘Patón’ que fue alcalde de Aguazul”, revela un soldado retirado del Gaula Casanare.El general retirado Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16, ha aceptado su responsabilidad en estos hechos, pero por omisión. Así como lo reveló Noticias Caracol.“Acepto mi responsabilidad y las consecuencias que dicho reconocimiento se derivan en los dolorosos sucesos que lamento profundamente e insisto: no debieron ocurrir”, dijo en julio de 2020 el investigado por falsos positivos.En el caso Casanare, además de gente inocente, que no tenía ningún tipo de deuda con la justicia, o de ser muchachos y pobladores de la región, otros de los predilectos eran desmovilizados o personas con antecedentes judiciales, ya que según los militares era fácil legalizarlos.Pero no solo hay batallones implicados, también hay responsabilidad de altos mandos del Ejército. Entre los más cuestionados están los generales retirados Mario Montoya y Henry Torres Escalante, ambos ya han rendido versión voluntaria ante la JEP.Lo que viene es aún más grande, la próxima imputación que realizará la Jurisdicción Especial para la Paz es por el caso de los falsos positivos y se espera que sea antes de mitad de año.
Hay preocupación en la familia de Michel Roberto Correa, presidente de una firma que se dedica a la compra de cartera de empresas muy importantes del país.El hombre salió de su apartamento en el norte de Bogotá hacia las dos de la tarde del lunes 22 de febrero para retirar dinero que un amigo le había pedido prestado. Desde ese momento no hay noticias de su paradero.“Él salió de aquí de la casa, se despidió y me dijo ‘voy al banco a sacar un dinero para prestarle a un amigo socio de una compañía’, entonces yo le dije que cuánto dinero y me dijo una cifra sencilla, dos millones de pesos. No me preocupé”, relató Natalia Villalva, su esposa.Michel Roberto Correa, dicen familia y conocidos, se caracteriza por su rectitud y puntualidad.“Me llama el amigo y me dice que si sé de él porque no contesta el celular y habían quedado en verse y pues que es muy extraño porque él jamás incumple una cita, y si no contesta el celular, contesta el WhatsApp diciendo ‘ya me comunico o no puedo ir’”, añadió su esposa.Autoridades indagan con cámaras y testimonio qué ocurrió con Michel Roberto Correa, cuánto dinero retiró, si alcanzó a llegar al centro comercial, si se encontró con alguna otra persona en el camino y otras pistas clave para dar con su paradero.Si alguien tiene noticias de él, comunicarse al 3014403891 - 3115611038. Información publicada por solicitud de la familia.
Según las autoridades de Bogotá, en los últimos meses al menos 20 mujeres vivieron un infierno al tomar un servicio de taxi en las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.Con las denuncias de las valientes víctimas, iniciaron hace cuatro meses las investigaciones.“Obligaban a las víctimas a entregar las tarjetas de crédito con sus claves intimidándolas con armas blancas, descargas eléctricas y hasta con lanzarles ácido en sus rostros”, contó el general Fabián Laurence Cárdenas, director del Gaula de la Policía.Fueron cuatro los integrantes de ‘Los pikachú’ capturados, entre ellos alias ‘Gafas’, al que señalan ser el más sádico y agresivo de los criminales.También fue detenido alias ‘Lucho’, el jefe de la banda y quien era el encargado de hacer inteligencia días antes a sus víctimas para luego secuestrarlas y convertirles en víctimas del secuestro express.¿Cómo robaban ‘Los pikachú’?En un video de seguridad se puede observar el momento en que una mujer, que salía de trabajar hacia las 9:00 p.m. en la avenida Primero de Mayo, sur de Bogotá, se sube a un taxi al que metros más adelante le ocurre algo inesperado.Así narró la última víctima de la banda cómo eran los tenebrosos momentos que pasaban las usuarias:“Me dijo que se estaba quedando sin clutch, yo le dije que yo me bajo, yo cojo un taxi, no hay problema. Él me dijo que no, que esperara”.En ese momento, dos cómplices, que llegaron a bordo de otro vehículo, se subieron al que supuestamente estaba fallando.“Uno me tapó los ojos, el otro me abrazó y me despojaron de mis pertenencias. Ellos me decían que me quedara callada, que no gritara, que no hiciera nada porque o si no me dañaban la cara y comenzaron a tocarme mis partes íntimas”.Esto ocurría mientras seguían dándole vueltas en el taxi por un sector bancario.“Comenzaron a decirme que les diera las claves de las tarjetas o si no me quemaban la cara, de un momento a otro se bajó uno con las tarjetas y fue a un cajero”.A través de sus teléfonos celulares, los delincuentes coordinaban cómo sacarían el dinero de los cajeros. El Gaula recuperó esas llamadas.Y luego del terrorífico recorrido, antes de dejarla ir, le hicieron una advertencia.“Cuando me bajaron me dijeron que no fuera decir nada porque ellos sabían dónde vivía y sabían todo de mi vida, dónde trabajaba y a qué hora salía”.
Después de 26 años, la Fiscalía General logró la extinción de dominio de 17 bienes que estaban a nombre de testaferros de los responsables del asalto al Banco de la República en Valledupar, conocido como ‘el robo del siglo’, “un tema que se ha llevado a ciencia ficción, a películas, precisamente por la connotación del hecho”, dijo el mayor general Fernando Murillo, director del Gaula.En octubre de 1994, siendo casi invisibles y sin usar una sola bala y ningún tipo de violencia, fue que Hernán Jaramillo y su sobrino Jaime Eduardo Gómez Jaramillo, en compañía de otros 12 ladrones, irrumpieron en la sede del Emisor cesarense y hurtaron 24.072 millones de pesos en efectivo.Pero las fechorías de los Jaramillo no pararon ahí y casi dos décadas después se evidenció que estos dos hombres volvieron a delinquir, ahora en una banda dedicada a la extorsión y el secuestro conocida como La Riviera y apodada así por secuestrar al gerente financiero de esa compañía de perfumes en julio de 2016.“Estas dos personas traen un prontuario de estafas, de hurtos a joyerías, el mismo hurto al Banco de la República y actualmente terminan involucrados en un hecho de secuestro extorsivo. Hernán Jaramillo ya falleció, producto de un cáncer, pero seguía hasta última hora generando actividades criminales”, detalló el oficial Murillo.Jaime Eduardo Gómez Jaramillo fue capturado en octubre de 2019 por el secuestro al gerente de La Riviera y tiene casa por cárcel, desde donde al parecer seguía delinquiendo.Ahora, 26 años después, las autoridades ocuparon 17 bienes con fines de extinción de dominio que habrían sido adquiridos de manera ilegal y que están avaluados en más de 20.000 millones de pesos.El proceso se dio en el marco de un trabajo entre la Fiscalía y el Gaula denominado Operación prolíficos, en la que además capturaron a 70 personas en 27 departamentos.
Rigoberto Urán fue octavo en el ciclismo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, prueba en la que el ecuatoriano Richard Carapaz ganó el oro. La plata fue para el belga Wout Van Aert y el bronce se lo quedó el esloveno Tadej Pogacar.Información en desarrollo.
Alejandra Valencia y Luis Álvarez dieron este sábado a México la primera medalla que gana Latinoamérica en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, al salir airosos en el juego por el bronce de la prueba de equipos mixtos del tiro con arco.Valencia y Álvarez dominaron 6-2 al dueto de Turquía, Yasemin Anagoz-Mete Gazoz, para conseguir un lugar en el podio en Yumenoshima Park.México consiguió así la medalla olímpica número 70 de su historia y la tercera en el tiro con arco, después de la plata de Aída Román y el bronce de Mariana Avitia en Londres-2012, ambas en la prueba individual.En Rio-2016 el balance mexicano fue de cinco metales (tres platas, dos bronces). El último oro olímpico para el país fue el conseguido por la selección masculina de fútbol en Londres-2012.Valencia, una sargento del Ejército mexicano de 26 años, llegó a Tokio como una de las esperanzas de medalla de su país e intentará aumentar su cuenta el domingo en la competencia de equipos femeninos y el próximo jueves en el cuadro individual.Álvarez, de 30 años, también irá al individual masculino el miércoles.La prueba de equipos mixtos en tiro con arco es una novedad en el programa olímpico.
La china Hou Zhihui se llevó el primer oro en levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la categoría de los 49 kg. La deportista levantó un total de 210 kg, en sus tres intentos, por ello se aseguró la medalla dorada y un récord olímpico. También hizo otro récord en la modalidad de dos tiempos, al levantar 116 kg. En segundo puesto quedó Chanu Saikhom Mirabai, de India, tras lograr levantar 202 kg y la medalla de bronce fue para Windy Cantika Aisah, de Indonesia, quien levantó un total de 194 kg. Algo muy llamativo es que en la categoría de los 49 kg se consiguió un podio absolutamente asiático.
Javad Foroughi ganó la medalla de oro en la prueba de pistola de aire comprimido 10 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras mandar en la final.Javad Foroughi, de 41 años, logró una puntuación de 244.8, nuevo récord olímpico, en el duelo por el oro en los Juegos Olímpicos frente al serbio Damir Mikec, que firmó 237.9 puntos.La medalla de bronce fue para el chino Wei Pang tras acumular 217.6 puntos.
Un tifón, cuya llegada se espera en Tokio en el inicio de la nueva semana, perturba la organización de ciertas pruebas de los Juegos Olímpicos, especialmente las de remo, que ha tenido que reprogramar "como medida de precaución" sus pruebas del lunes.Según la Agencia Meteorológica Japonesa, el tifón Nepartak, cuyas ráfagas pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, se encontraba este sábado a unos 1.800 kilómetros al sur de Tokio pero está en dirección hacia la ciudad anfitriona de los Juegos, donde llegará antes del martes.Los organizadores de las pruebas de remo, previstas hasta el 30 de julio, habían cambiado su programación, añadiendo las competiciones previstas el lunes al programa del fin de semana, en previsión de "vientos fuertes y borrascas", sin hablar todavía de tifón.La Federación Internacional de Vela (World Sailing), que por el momento mantuvo todas sus regatas, que deben comenzar el domingo, avisó que "las pruebas del 26 al 28 de julio podrían estar afectadas" por ese tifón, clasificado el viernes de nivel 8."Al contrario que un sismo, podemos adivinar la trayectoria de un tifón, lo que nos permite prepararnos con antelación", declaró Masa Takaya, portavoz de Tokio-2020, añadiendo que los Juegos Olímpicos "tomarán medidas responsables".La temporada de tifones en Japón se extiende de mayo a octubre aproximadamente, con su pico en agosto y septiembre.En el pasado, estas violentas tormentas ya perturbaron eventos deportivos en el país, como ocurrió en 2019, cuando el tifón Hagibis golpeó mientras Japón acogía el Mundial de rugby. Mató a más de 100 personas y obligó a los organizadores del Mundial a cancelar tres partidos de la fase de grupos.
