Empresas Públicas de Medellín informó este miércoles que presentó formalmente dos demandas en relación con la contingencia de Hidroituango, ocurrida en abril de 2018.“El martes 12 de enero se presentaron las demandas, dentro de la oportunidad legal, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. En el caso de los consorcios (constructores) por $9,9 billones de pesos, y ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín, partiendo de la cláusula compromisoria establecida en el contrato de seguros, por un monto de $5,5 billones de pesos”, indicó la empresa en un comunicado.EPM explicó que, “en ambos escenarios judiciales, se contemplan ejercicios de conciliación, que nos brindan una nueva oportunidad para buscar una solución integral a las diferencias derivadas de la contingencia”.AntecedenteLa empresa detalló que tras la emergencia que se registró el 28 de abril de 2018, “el Grupo EPM tenía la obligación de promover las acciones legales o solicitar la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación dentro de los de los 2 años siguientes a la fecha citada, para obtener el resarcimiento de los perjuicios. Este plazo fue extendido por normas de la emergencia económica hasta el 12 de agosto de 2020”.EPM optó por el camino de la “conciliación prejudicial por tratarse de una institución que permite resolver de manera concertada, y no litigiosa, las diferencias suscitadas con la contingencia en mención, llamando a todas las partes involucradas en el proyecto, incluidas las compañías de seguros: Suramericana, Chubb Seguros y Mapfre”, aseguró la compañía.Sin embargo, al concluir el plazo improrrogable de los cinco meses otorgados por la ley “para la ocurrencia de la conciliación prejudicial, se declaró surtida la misma sin obtener el resarcimiento esperado, especialmente de la compañía Mapfre”.Aunque de acuerdo con la empresa dicha aseguradora ha reconocido la cobertura del evento y lo “ha ratificado en el marco de las audiencias de conciliación”, aún se encuentran trabajando en la determinación de los montos indemnizables “a los ojos de las condiciones del seguro, partiendo del hecho que el presente siniestro es el más grande a nivel mundial en materia de Todo Riesgo Construcción y Montajes, y por tanto es objeto de estudio y revisión por todo el mercado asegurador”, agregó el Grupo EPM.La compañía explicó que por esa razón no se logró llegar a una cifra que permitiera dar por terminado “satisfactoriamente” el proceso.Este proceso ha sido acompañado por la Procuraduría, la Contraloría y el Gobierno Nacional, “buscando siempre garantizar la finalización del proyecto hidroeléctrico, por ser de interés nacional, que representa el 17% de la generación de energía del país”.
La conciliación con la que EPM buscaba recuperar los 9,9 billones de pesos que le reclama a la brasilera Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa-Ramón H, Integral-Solingral e Ingetec-Sedic por las fallas de construcción en Hidroituango fracasó.Así lo informó el alcalde de Medellín, y presidente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero.“Tenemos dos propósitos fundamentales, sacar el proyecto adelante, que no haya más retrasos, que no haya más problemas (…), el segundo es recuperar los recursos públicos involucrados en todos los problemas previos”, dijo Quintero.Pero en ese camino ya recibió el primer revés: la búsqueda de un acuerdo para que las firmas implicadas respondiera por esa billonaria suma terminó sin éxito.“Se pretendía que de forma amistosa se llegara a un acuerdo, ese proceso acaba de terminar lamentablemente sin éxito, por lo que EPM iniciará un proceso de demanda contra Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa-Ramón H, Integral-Solingral e Ingetec-Sedic”, manifestó el mandatario.Desde agosto de 2020, EPM había interpuesto la demanda de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.Hidroituango es el proyecto energético más ambicioso de Colombia, que planea generar el 17 por ciento de la energía demandada por el país.En 2018, la obra entró en emergencia por errores de construcción que obligaron a evacuar miles de familias aledañas al río Cauca por temor al colapso de la estructura.
Imágenes recientes dan cuenta del avance de obras en Hidroituango como el vertedero y la presa, que ya están listos y estables.Ahora los trabajos se concentran en la casa de máquinas donde más de 5.200 personas avanzan en la recuperación de este lugar que es el corazón del proyecto y que durante la emergencia tuvo que ser inundado para evitar una afectación mayor.En la casa de máquinas ya se están instalando dos de las ocho turbinas del proyecto, que ahora cuenta con otra garantía: la prórroga del contrato de construcción que concluía el 31 de diciembre.“Lo que son las AMB, lo que son unas modificaciones a los contratos para permitir que lleguen hasta diciembre de 2021 con cláusula de que una vez que tramitemos las vigencias futuras se extenderá hasta finalizar el proyecto”, explicó Álvaro Guillermo Rendón, gerente de EPM.Los representantes de los consorcios que participan en Hidroituango reiteraron su compromiso con la terminación de las obras.“Esto es una muestra de compromiso con este proyecto y estamos convencidos que el equipo que hay hoy de constructores, interventoría, asesores de diseño y el equipo de EPM somos suficientes para sacar adelante el proyecto y todos los retos que tenemos que enfrentar”, manifestó Juan Luis Aristizábal, presidente de la constructora Conconcreto.“Nosotros como asesores y diseñadores, tenemos un compromiso de décadas y lo seguiremos teniendo, hemos venido trabajando duro con la gerencia de EPM, con los colegas contratistas”, señaló Carlos Eduardo Isaza, presidente del grupo empresarial Integral.Desde el gobierno nacional, celebraron la decisión.“El proyecto está muy avanzado, está ya en un porcentaje que supera el 80 por ciento y la idea es terminar las obra”, dijo Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.Se espera que una vez en operación, Hidroituango genere más del 17 por ciento de la energía del país. Por ahora, en el lugar se mantienen los trabajos bajo condiciones normales.
EPM (Empresas Públicas de Medellín) logró un acuerdo con los subcontratistas de Hidroituango para continuar con los trabajos de la obra.El 4 de diciembre pasado, la junta de EPM le pidió a la gerencia que el proyecto sea terminado en el plazo establecido, pese al proceso conciliatorio que se adelanta con el constructor.Esto para no poner en riesgo la generación del 17% de la energía del país.EPM, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia esperan terminar Hidroituango en 15 meses.Entretanto, recientemente se conoció la decisión de la Contraloría General de imputar cargos por presunto detrimento patrimonial a 28 personas naturales y jurídicas, en relación con las fallas de Hidroituango.
En el marco de medidas cautelares en el área de influencia de Hidroituango, la Jurisdicción Especial para la Paz señaló este lunes que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada.“La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ha determinado que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia”, indicó la jurisdicción en un comunicado.Sobre esa cifra, el tribunal concluye que “en esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente, al mismo tiempo que, sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades”.Para consolidar los datos se requirió información de seis fuentes: el Centro Nacional de Memoria Histórica; Fiscalía General de la Nación y sus respectivos sistemas de información SIJUF, SIJYP y SPOA; la Unidad de Atención a Víctimas UARIV; y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), indicó la jurisdicción.“Las desapariciones forzadas habrían sido ejecutadas principalmente por grupos paramilitares, Bloque Mineros y Bloque Metro, los frentes 18, 36 y 5 de las FARC, y por unidades de la fuerza pública”, agregó.El tribunal indicó que los datos “permiten constatar que este grave crimen tuvo un incremento inusitado a partir del primer semestre de 1996 con la irrupción de las AUC en Antioquia, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50 por ciento de las víctimas); que su máxima expresión se dio durante los años 2001 y 2002, periodo en el que fueron desaparecidos 358 ciudadanos, y que el número de desapariciones se reduce de manera consistente a partir del año 2010”.A los recientes hallazgos de la JEP se suma el de ocho cuerpos con signos de muerte violenta de personas no identificadas y posibles víctimas de desaparición forzada, “provenientes del Cementerio de Orobajo, municipio de Sabanalarga, zona inundada por la represa, que se encontraban en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia”.“En la última inspección forense fueron hallados cinco nuevos cuerpos que se suman a los tres encontrados durante el primer semestre de 2020. La JEP investiga posibles irregularidades en su traslado y manejo”, subrayó.Finalmente, esta jurisdicción detalló que en ese caso “las víctimas presentan heridas con arma de fuego como posible causa de muerte, disparos en el cráneo compatibles con ejecución sumaria y en estado de indefensión”.Los ocho cuerpos se suman a los 176 exhumados a lo largo de los últimos años por la Fiscalía en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico.
Luego de conocerse la decisión de la Contraloría General de la República de imputar cargos por presunto detrimento patrimonial en contra de 28 personas naturales y jurídicas, en relación con las fallas de Hidrotiauango, se llevó a cabo una junta extraordinaria de directivos en EPM.En un comunicado de cuatro puntos se mostraron de acuerdo con la decisión del ente de control.“La junta directiva de EPM guarda total respeto, acatamiento y colaboración a las decisiones de los entes de control e investigación del estado, entre ellas, las emitidas recientemente por la Contraloría”, dice el pronunciamiento.Los integrantes de la junta pidieron a la gerencia general de la empresa terminar la obra en el plazo establecido, pese al proceso conciliatorio que se adelanta con el constructor para no poner en riesgo la generación del 17 por ciento de la energía del país.“Consolidar todos los esfuerzos organizacionales para la culminación exitosa del proyecto hidroeléctrico Ituango, con el fin de entrar en operación en el primer semestre del 2022, fecha prevista para tal propósito, toda vez que los compromisos técnicos y el ánimo para la ejecución del proyecto siguen intactos”, agregó la información.En este sentido, EPM dio a conocer el avance de la instalación de nueva maquinaria en el proyecto.Se trata de las primeras 10 virolas de acero que serán cambiadas dentro de la casa de máquinas del proyecto. Una maniobra compleja por el tamaño de los elementos.“Empezamos a ingresar ya equipos a la planta, vamos a entrar unas vitolas que son unas partes de los equipos especiales que van a ir alojados en la base de la planta”, señaló William Giraldo, vicepresidente de generación de energía de EPM.La Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y EPM esperan terminar Hidroituango en 15 meses. Entretanto, avanza el proceso conciliatorio con las constructoras.Por su parte, este viernes siguieron conociéndose reacciones sobre la imputación de la Contraloría. CCC Ituango, principal consorcio constructor, aseguró en un comunicado que continuará aportando la información necesaria para aclarar las nuevas imputaciones del ente de control.
Luego de la imputación de cargos emitida por la Contraloría General de la República a 28 personas naturales y jurídicas por las fallas que ha tenido Hidroituango, se pronunciaron el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; este último es uno de los vinculados a la investigación fiscal. La emergencia en 2018 que develó las fallas en el proyecto hidroeléctrico también encendió las alarmas de la Contraloría por las posibles responsabilidades fiscales tras los sobrecostos que estarían cercanos a los cuatro billones de pesos.Dos años después, se conoció un listado de imputados, que de nuevo ponen los ojos del país en este proyecto, entre ellos los del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.“Lo importante es que las investigaciones avancen y se sepa la verdad y que finalmente se recupere esa plata, es que esos recursos son los recursos de la educación, de la salud, del progreso de Medellín, Antioquia y Colombia”, indicó.El mandatario desmintió rumores y aseguró que seguirán trabajando para poner en funcionamiento el proyecto hidroeléctrico.“Tenemos planes A, B, C, D, F, en caso de que algo llegue a pasar, hemos estado juiciosos con el tema financiero. Queremos terminar en los próximos 15 meses Hidroituango, es nuestra misión”, manifestó.Por su parte el gobernador Aníbal Gaviria, uno de los imputados, señaló a través de un comunicado que es respetuoso de las instituciones y defendió el proceso de construcción del proyecto.“También tengo la convicción de que todas estas personas, instituciones y empresas han actuado basados en estudios, con criterios científicos y técnicos, y que la gravísima contingencia que afronta el proyecto fue producto de una situación que no tuvo origen ni en dolo o mala intención de alguno de los actores” señaló.El ente de control determinó que las acciones u omisiones que presuntamente generaron el daño patrimonial, se originaron entre 2008 y 2015, siendo a su vez una cadena de errores desde su planeación, diseño, ejecución y control.
Solo a través de comunicados o en redes sociales reaccionaron la mayoría de los imputados en el proceso fiscal que adelanta la Contraloría por Hidroituango.El exgobernador Luis Alfredo Ramos, por ejemplo, dijo: “Siempre he estado listo a responder, con total claridad y transparencia, los requerimientos de la Contraloría General de la Nación sobre Hidroituango (...) precisando que nunca fui miembro de la junta directiva de esa sociedad, ni participé en las decisiones de planeación y ejecución de la obra”.Por su parte, la Asamblea Departamental, entidad que vigila los comportamientos de la Sociedad como accionista mayoritario del proyecto, también se refirió al respecto.“Las investigaciones fiscales que adelanta la Contraloría afectan a nuestro departamento y no solamente a nuestro gobernador Aníbal Gaviria, quien seguramente responderá antes las autoridades, sino también a otros actores políticos del departamento de Antioquia”, manifestó Rubén Callejas, presidente de esta corporación.Ríos Vivos, veeduría ciudadana que hizo seguimiento a las actuaciones en Hidroituango, fue más allá e hizo fuertes señalamientos.“Se quedaron por fuera Federico Gutiérrez, él es uno de los responsables de cómo se atendió de manera desastrosa la emergencia, en contra de las comunidades. También se quedó por fuera el exgobernador que estuvo a cargo de la emergencia”, lamentó Isabel Zuleta, vocera del movimiento.Este viernes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y la junta directiva de EPM realizarán una reunión extraordinaria para analizar los pasos a seguir con el proyecto.A la investigación fueron vinculadas 19 personas naturales y nueve jurídicas. La Contraloría deberá determinar el grado de responsabilidad teniendo en cuenta los 4,1 billones que suman el descalabro y que están en el limbo.
La decisión de la Contraloría de imputar cargos por presunto detrimento patrimonial contra 28 personas afecta a exgobernadores, exalcaldes y a directivos de varias empresas involucradas en la obra. Pero el nombre que más llama la atención es el de Sergio Fajardo, por tratarse de un personaje con aspiraciones presidenciales.Sobre esto, el político antioqueño habló con Noticias Caracol. Aseguró que va a responder ante las autoridades y que no le sorprenden las acusaciones del senador Gustavo Petro.Noticias Caracol: Sin duda, todos los ojos del país, o gran parte del país, están sobre usted por ser uno de los candidatos que se perfila para llegar a la Casa de Nariño, ¿cómo recibe la notificación de la Contraloría?Sergio Fajardo: “A mí lo que me están señalando es la forma como hice control y seguimiento a las personas, al equipo que tenía delegado ante la junta directiva de Hidroituango. Un grupo con las mejores condiciones, con conocimiento, experiencia y mi confianza".NC: Uno de los puntos que la Contraloría le cuestiona es ese hito que se rompió entre 2013 y 2015, que fue la desviación del río Cauca, el segundo más importante del país, que por poco termina en tragedia y que desencadenó la contingencia del 2018.SF: "Eso se hizo y se discutió, repito, EPM respondió a lo que tenía que responder. En el contrato especial, que es difícil de explicar, EPM tiene que operar, mantener y hacer todo el procedimiento para que eso funcione y eso les correspondía a ellos, la parte técnica, sobre qué hacer ante esa circunstancia a la que estaban enfrentados. Eso es perfectamente conocido y no tiene ningún misterio”.NC: El misterio lo pone la Contraloría porque dice que el punto de quiebre es ese, la desviación del río, porque allí comienzan todos los problemas y usted estaba en ese momento en la Gobernación de Antioquia.SF: “El río se demoró un año para ser desviado y a EPM le correspondía atender esa dificultad, asociada con un proyecto de ingeniería y eso fue lo que hicieron”.NC: ¿Pero usted pertenecía a la junta?SF: “Sí, pero esas son las decisiones que no corresponden como miembro de junta. Repito, la junta directiva estaba representada por las personas que tenían las condiciones para entender la naturaleza del proyecto".NC: ¿Fallaron las personas que usted recomendó, que usted que delegó?SF: “No, yo no creo que haya ninguna falla, la discusión acá es cómo hice el seguimiento a lo que estaba pasando y yo creo que lo hicimos bien, hicimos un seguimiento riguroso”.NC: La Contraloría habla de una cadena de errores que, si lo miramos en perspectiva, a 2020 no tenemos energía, energía que se había prometido tendríamos desde 2018.SF: “Sí y hubo una contingencia y por eso estamos en esta entrevista”.MCO: Tal vez uno de los señalamientos de la Procuraduría, que retumba luego de escuchar al contralor Carlos Felipe Córdoba, es que usted sería el responsable de la pérdida del valor neto de este proyecto que es tan importante para el país.SF: "Por supuesto que no y repito, si tengo que responder así lo haré”.NC: ¿Usted cree que es algo político?SF: "Mire, yo escucho muchos ruidos y se dicen muchas cosas. Voy a asumir que todo esto es de buena fe y de esa manera voy a responder. Si hay otro trasfondo, no me corresponde a mí".NC: Se lo pregunto porque en la más reciente encuesta Invamer usted en intención de voto aparece como segundo, después del senador Gustavo Petro, que, entre otras, salió a decir que usted es responsable por la pérdida de 9 billones de pesos.SF: "Eso no me sorprende para nada, ya estoy acostumbrado en el mundo de la política a responder por mis actos y a escuchar ese tipo de afirmaciones falsas".NC: ¿Usted es consciente que si llegara a ser sancionado fiscalmente, no podría aspirar a ese cargo?SF: "Soy consciente desde que asumo la función pública de toda la responsabilidad que tengo, siempre la he tenido clara. Tengo multitud de investigaciones y todas las he respondido en este mismo tono, con la misma serenidad y convicción".
¿Qué alcance puede llegar a tener la imputación de cargos fiscales que la Contraloría General realizó contra Sergio Fajardo por el presunto detrimento patrimonial en Hidroituango?Álvaro Forero, analista de Blu Radio habló al respecto, pues Fajardo está en carrera por la Presidencia de la República y lidera encuestas.Además del exgobernador de Antioquia, también fueron imputadas otras 27 personas, entre ellas, Aníbal Gaviria, el actual gobernador de Antioquia, y Luis Alfredo Ramos, otro exmandatario departamental.De otro lado, lejos de los cargos fiscales, está Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín que también busca llegar a la Presidencia de la República.Él presidía la junta directiva de EPM cuando estalló la emergencia en Hidroituango.¿Cómo se vería afectada la aspiración presidencial de Fajardo con esta decisión de la Contraloría? Vea el análisis de Álvaro Forero.
Una vieja vivienda allanada por las autoridades se había convertido en una de las más tenebrosas y peligrosas ‘ollas’ que tiene el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá.Según el relato del fiscal, la niña Lynda Michelle había sido llevada hasta allí para golpearla y robarle sus pertenencias por el simple hecho de estar en ese sector preguntando por una persona."Esto levantó sospecha y además de eso hizo que se diera la orden de darle una golpiza”, dijo el fiscal del caso.(Vea aquí: ¿Cómo llegó Lynda Michelle hasta la peligrosa 'olla' de Bogotá donde fue asesinada?)Según la investigación, los seis capturados son directamente responsables de las torturas y la muerte de la menor de 15 años, cuya madre se infiltró en el barrio San Bernardo para tener noticias de ella.“Usted, ciudadano Edison Cervera Guarnizo, les ordena a Chepe y a Andrés robarle todo a la menor”, añade el fiscal.En medio de la investigación por este horrendo crimen se reveló lo que hizo la red criminal conocida como la banda de Tasmania:La Fiscalía imputó cargos de tortura y homicidio agravados. Pedirá que los seis presuntos homicidas sean enviados a la cárcel mientras buscan en el sector a otros dos cómplices del asesinato de la adolescente.Cinco de los capturados aceptaron tráfico de estupefacientes, tortura y homicidio agravado.
La Presidencia de la República emitió un parte sobre la salud del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.Sobre el funcionario se manifestó que “continúa hospitalizado en el área de cuidado crítico, recibiendo atención médica permanente por parte del grupo multidisciplinario correspondiente, debido a la actual infección respiratoria aguda, secundaria a neumonía viral por SARS COV-2”.Por su condición, “se reporta que se mantiene monitoreo estricto de su condición clínica y cuidados médicos” por profesionales del Hospital Militar, en Bogotá.Mientras avanza en su recuperación, será el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, quien asuma como ministro de la Defensa encargado.
Los mineros atrapados bajo tierra desde hace una semana en China pudieron entregar un mensaje escrito a mano a los socorristas, en el que señalaron que estaban agotados y necesitaban medicamentos, dijeron las autoridades este lunes.Una explosión se produjo el 10 de enero en Qixia, en una mina de oro de la provincia de Shandong, lo que dejó atrapadas a 22 personas a más de 600 metros de la entrada del pozo.La explosión causó importantes daños en la escalera por la que se accede al fondo de la mina y los cables de comunicación. Sin embargo, los socorristas consiguieron perforar un canal y este fin de semana escucharon golpes, lo que equivale a señales de vida.Gracias a un cable enviado por los socorristas, los mineros pudieron enviar un mensaje escrito a mano que indica que al menos 12 de ellos están vivos, informaron el lunes las autoridades locales.El autor del mensaje también escribe que los mineros están rodeados de mucha agua y que cuatro están heridos."No conocemos la situación de las otras 10 personas" atrapadas, señala. "Mientras el rescate continúe, seguiremos teniendo esperanza. ¡Gracias!"La televisión pública CCTV transmitió imágenes de socorristas haciendo bajar por un conducto comida mediante un cable metálico que luego subieron con el mensaje de los mineros.La esperanza de un rescate milagroso alimentaba las discusiones en internet en China. La etiqueta #Accidente en la mina de oro de Qixia tuvo 140 millones de vistas el lunes en la red social Weibo, el equivalente chino de Twitter."Vi el mensaje de los mineros esta mañana cuando estaba viendo las noticias y me hizo llorar", dijo un usuario.Los socorristas están perforando varios túneles pare traer a los mineros a la superficie sanos y salvos, dijo CCTV.Algunos socorristas llevaban sombreros de piel para protegerse del frío y otros estaban cubiertos de suciedad por las operaciones de rescate, según las imágenes de la televisión pública.Dos altos cargos de la mina fueron despedidos después de la explosión.Los accidentes en minas son frecuentes en China, donde este sector sufre de seguridad deficiente y rara vez se cumplen los reglamentos.En diciembre, 23 mineros perdieron la vida en una mina de carbón en Chongqing, en el suroeste del país.
Mientras la mayoría de ciudadanos estaban cumpliendo el toque queda, la ley seca y el confinamiento total en Bogotá este fin de semana, en el sector de la Primero de Mayo vecinos oyeron ruidos en un negocio y llamaron a la Policía.Para sorpresa de las autoridades el local estaba lleno. Había 65 personas en plena rumba y al pedir documentos vino la segunda sorpresa: todos eran ciudadanos venezolanos.Ante esta situación, Migración Colombia ya tomó medidas.“Respecto al caso de los 65 migrantes de nacionalidad venezolana, 23 mujeres y 42 hombres, que fueron detectados por la Policía Nacional al sur de la ciudad en una fiesta clandestina, estamos coordinando que están personas sean puestas a disposición de la autoridad migratoria para iniciar un proceso administrativo sancionatorio que pueda resultar en una deportación o una expulsión del territorio nacional”, explicó Henry Corredor, director de la regional Andina de Migración Colombia.Estas personas se encontraban incumpliendo las restricciones impuestas para contrarrestar el pico de la pandemia que atraviesa la capital.“Migración Colombia no va a permitir que extranjero alguno afecte la seguridad sanitaria y por ende la seguridad nacional”, subrayó Corredor.El llamado de las autoridades es a respetar las medidas.Según información de Saludata, en Bogotá, en la última semana, se murieron diariamente 97 personas como consecuencia del COVID-19.
Decenas de personas con cero distanciamiento físico, esperando poder subir a un bus de Transmilenio es la imagen con la que amaneció Tunjuelito. Esto preocupa a las autoridades, porque esta localidad tiene hoy más de 639 casos de COVID-19 activos y está en cuarentena estricta.La preocupación es porque, además, lo mismo ocurrió en algunos barrios de Ciudad Bolívar, donde los ciudadanos se aglomeran en los paraderos de los buses.Pese a que esta zona de la ciudad está en un estricto confinamiento, por tener más de 1.500 casos positivos, el impresionante trancón parece demostrar lo contrario.También entraron en confinamiento hasta el 28 de enero Bosa, San Cristóbal, Rafael Uribe, Puente Aranda y Usme, todas en el sur de Bogotá.Precisamente, esta última tiene más de 900 casos activos de COVID-19 y allí se vieron filas de personas en entidades estatales o bancarias, sobretodo de quienes buscan ayudas económicas para afrontar la cuarentena que inició hoy.“Estamos desde las cinco de la mañana haciendo la fila aquí para (recibir) la renta básica. Deberían de organizarlo mejor porque estamos en cuarentena y mire esto como está", pidió Araminta Alfonso, una habitante de Usme.En Bosa también se apreció durante la mañana bastante gente en las calles, ríos de personas en bicicleta y muchos ciudadanos tomando transporte. Incluso, algunos con el tapabocas en el cuello, a pesar de la cantidad de gente.Los vendedores informales trataron de trabajar en la madrugada, para evadir los controles de la policía y levantaron sus puestos apenas salió el sol.“Yo trabajo de tres de la mañana a seis de la mañana, no trabajo más. Pero, ¿qué hacemos si no tenemos otro sustento? Yo aquí llevo 24 años y la verdad no tengo otra (manera) de dónde sostenerme”, dijo una vendedora informal.En Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, dos localidades del sur oriente de Bogotá, la situación estaba más controlada; las calles lucían vacías y con poco tráfico vehicular.En Puente Aranda, que es la novena localidad con más casos activos del coronavirus, también hubo poca afluencia de personas y aglomeraciones.Todas estas localidades suman más de 8.500 casos activos de COVID-19 y reúnen alrededor de 2.800.000 habitantes de Bogotá.