El Gobierno nacional reconoció que ELN, disidencias de las FARC y Clan del Golfo están creciendo en combatientes en medio de los diálogos de paz. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, hizo estas declaraciones en medio de una rueda de prensa. Allí él explicó cuáles son las zonas de Colombia más afectadas por estos grupos armados ilegales y dio a conocer el cartel de los más buscados por asesinato de líderes sociales y firmantes.Frente Comuneros del Sur del ELN anunció que se suma a diálogos de paz regionales con el Gobierno"No tengo a mano las cifras, pero sí puedo decir que efectivamente ha habido un incremento tanto en el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como en el Estado Mayor Central (disidencias de las FARC), como en el Clan del Golfo", indicó el ministro Velásquez.Este es el cartel de los más buscados por asesinato de líderes sociales y firmantes de pazEl Gobierno también presentó este 14 de marzo una nueva estrategia para fortalecer la cooperación entre las Fuerzas Militares y la Policía con el fin de detener a las 481 personas buscadas por los homicidios de líderes sociales y firmantes de paz en Colombia desde que se concertó el acuerdo de paz con las FARC en 2016.Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Defensa, desde la firma de la paz con las FARC han sido asesinadas 387 personas en proceso de reincorporación (excombatientes) y 950 defensores de derechos humanos, un número muy inferior a los 1.461 líderes contabilizados como asesinados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).Gobierno exige a Antonio García, jefe del ELN, que respete a Gustavo Petro y la delegación de pazPara agilizar el trabajo de detención de las 481 personas que están en búsqueda y captura se publicó el cartel de los más buscados para que la ciudadanía coopere en su información, ofreciendo recompensas de más de 3.300 millones de pesos (más de 800.000 dólares)."Se han tenido estos resultados investigativos, que estamos seguros van a recibir un fortalecimiento mayor ahora con la gestión de la doctora Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general, dado que la doctora Camargo ha estado en investigaciones para ONG relacionadas justamente con los homicidios de personas en proceso de reincorporación y también personas defensoras", subrayó el ministro de Defensa.Entre las órdenes de captura hay 50 integrantes del ELN; 71 del Clan del Golfo; 134 de las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central (EMC) y 41 de la otra disidencia de las FARC llamada Segunda Marquetalia, explicó el director de la Policía, el general William René Salamanca.Velásquez recordó que estos crímenes muestran que el accionar de grupos rebeldes como el ELN, EMC, la Segunda Marquetalia o el Clan del Golfo son realmente acciones contra las comunidades.Masacre en Lloró, Chocó: tres personas aparecen muertas tras escucharse varios disparosAsí, grupos como el EMC presionan a organizaciones de base de comunidades para que "sirvan de apoyo en sus acciones delictivas", señaló el ministro, y los firmantes de paz o líderes sociales que se resisten a esa presión acaban muertos "por no plegarse a sus exigencias".
Salvatore Mancuso, cuando regrese a Colombia, tendrá que ser recluido en un centro penitenciario por los procesos que hay en su contra. Así lo afirmó el ministro de Defensa, Iván Velásquez.Petrismo defiende decisión de la JEP sobre Mancuso: "Armó masacres en compañía de la fuerza pública"“Cuando una persona es deportada, lo primero en Migración es verificar si tiene requerimientos judiciales. Entiendo que Salvatore Mancuso efectivamente tiene unos requerimientos judiciales, que hay unas condenas en su contra, que hay investigaciones, que hay medidas de aseguramiento en su contra, lo cual significa que al llegar al país, verificada esta situación, entonces debe ser dejado a disposición de esa autoridad judicial y recluido en algún centro de detención mientras la autoridad judicial resuelve su situación”, detalló.No obstante, recordó que “hay un compromiso naturalmente del gobierno” con el exparamilitar.“Consideramos que hay que proteger la vida de Salvatore Mancuso. Los anuncios de sus aportes, lo que se ha generado en torno a él, a la posibilidad de contribuir en mayor medida a la verdad en el país, pues es un hecho objetivo que probablemente incrementa bastante su riesgo en el país, y el gobierno tiene que garantizar esa seguridad”, precisó Velásquez.Mancuso se encuentra en Estados Unidos, país a donde fue extraditado y cumplió 15 años de prisión por tráfico de estupefacientes. Se espera que regrese a Colombia como gestor de paz designado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.Puede ver: Mancuso se pronunció sobre hornos usados por paramilitares para incinerar a víctimas
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, en una rueda de prensa en la que hablaba de las operaciones militares contra el Clan del Golfo, dijo que se pueden bombardear campamentos de grupos ilegales siempre y cuando no haya menores de edad.Se recrudece conflicto armado entre ELN y Clan del Golfo en Chocó: "Tenemos hambre y miedo""Sobre esto hay algo que ha sido claro en el planteamiento del gobierno y es la afectación a los menores que se encuentran en campamentos de las organizaciones ilegales: no se puede bombardear si hay presencia de menores. Si la inteligencia acredita que no existe menores, esa restricción no existe”, declaró el alto funcionario.Agregó que "uno piensa en sus propios nietos que son llevados a la fuerza o engañados y que se vinculan a estas organizaciones, y que después no se les da la opción de esconderse frente a lo que significa el aterrador bombardeo para la vida de esos niños. De manera que, insisto, no es la prohibición del bombardeo en absoluto, es una operación que es admitida y así se transmitió desde el principio de este gobierno".El Clan del Golfo es señalado del asesinato de cuatro militares en Segovia, Antioquia, durante combates con el Ejército, en los que fue abatido un miembro del grupo criminal, además de la muerte de otro soldado que cayó en un campo minado.Celular le salvó la vida a un militar que fue emboscado en Segovia: "Dios está conmigo”De origen paramilitar, el Clan del Golfo es también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el nombre que reivindican sus más de 4.000 combatientes, según datos de la inteligencia militar.Además de traficar cocaína hacia Centro y Norteamérica, controlan el paso terrestre hacia Panamá a través de la peligrosa selva del Tapón del Darién, epicentro de la migración irregular hacia Estados Unidos.Dairo Úsuga, alias Otoniel, otrora máximo líder del Clan del Golfo, purga una pena de 45 años por narcotráfico en Estados Unidos, adonde fue extraditado en 2022.Más de 800 habitantes de Segovia están confinados por combates con Clan del Golfo: "Tenemos miedo"
Hace 5 años, el ELN activó un carrobomba en la Escuela General Santander, donde 22 cadetes fueron asesinados y cerca de un centenar de personas resultaron heridas. Este miércoles, 17 de enero de 2024, en dicho lugar de formación de oficiales de la Policía hubo un sentido homenaje a la memoria de las víctimas y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hizo una promesa a las familias.Familiares de cadetes asesinados en Escuela General Santander claman justicia: “Volvemos al dolor”“Una reclamación porque la Unidad de Víctimas todavía no les ha entregado la indemnización. Quedamos entonces que vamos a tener una reunión, a la que asistiré yo, antes del 15 de febrero, con las familias, con el Ministerio de Defensa, con la Policía Nacional, con la Unidad de Víctimas y que vamos a examinar cada una de las solicitudes, ver la viabilidad legal”, aseguró el ministro.Los familiares de las víctimas del atentado en la Escuela General Santander y los heridos manifestaron que no han sido reparadas por este vil crimen. Ellos aseguran que han recibido más homenajes y ofrendas florales que justicia.“Nos ha pasado que dejaron libres a 5 presuntos terroristas que tuvieron que ver con la muerte de nuestros 22 muchachos, los dejaron libres por vencimiento de términos. Nos revictimiza y volvemos al dolor como aquel fatídico día”, manifestó César Augusto Ojeda, padre de subteniente asesinado.Tras una eucaristía y el homenaje, las familias de las víctimas se reunieron a puerta cerrada con el ministro Iván Velásquez. También con el senador Iván Cepeda y Vera Grabe, dos negociadores en el proceso de paz que se adelanta con el ELN.Cinco años del atentado a Escuela General Santander: familias de 22 muertos aún esperan justicia“Aquí luchando como corresponde para ver si algún día tenemos justicia por la muerte de nuestros hijos. Ese es mi pedido, que nos den la justicia que nos merecemos, ya han pasado 5 años”, sostuvo Roberto Chico, papá de la cadete ecuatoriana asesinada.“Para los que estamos aquí es como si fuera el primer día. Es mentira que el tiempo va curándonos. Más los recordamos, más pensamos cómo estarían, cómo serían hoy 5 años, dónde los tendrías, si estuvieran casados y con hijos”, agregó Claudia Peláez, mamá de uno de los cadetes asesinados.Luego de escuchar a las familias en esa reunión privada, las autoridades manifestaron que aceptan con abnegación las quejas y que no se pueden ser pequeños como Estado ante la responsabilidad y que seguirán buscando una ruta de reparación efectiva.ELN le estaría “comprando” secuestrados a la delincuencia común: fiscal Carlos Roberto Izquierdo
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, una vez más dijo que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, está empeñado en hacer campaña política a costa de criticar al Gobierno Petro. Incluso, afirmó que el funcionario abandonó su deber constitucional de cooperación y colaboración.Francisco Barbosa critica cambios en Policía: “Cómo es posible que vamos en coroneles de directores de Dijín”El ministro llamó la atención sobre las críticas del fiscal al Gobierno Nacional en materia de orden público, principalmente.Iván Velásquez sostuvo que a Francisco Barbosa se le invitó a todos los consejos de seguridad que se realizaron en el país y no asistió a ninguno. Sin embargo, sí hizo presencia en el último, que se llevó a cabo en Medellín, y en este lanzó dardos a cerca de las personas que no han sido capturadas en la capital de Antioquia.El ministro cuestionó que, si el fiscal tiene 8.000 efectivos del CTI para que lleven a cabo las órdenes de detención, por qué no lo ha hecho.“Desde hace tiempo, el fiscal general abandonó su deber de cooperación y colaboración que es, además, un mandato constitucional con las demás ramas del poder público. Va a Medellín, señala que hay 174 delincuentes en las calles y que la Policía Nacional no ejecuta ninguna de esas órdenes de captura. Pues, si yo soy un fiscal comprometido con el país y la seguridad, dispongo como fiscal general, porque tengo la autoridad, una comisión especial del CTI”, manifestó el ministro de Defensa."Victimarios no están por encima de víctimas": fiscal Barbosa, tras fallo de Corte sobre paz totalIván Velásquez aseguró que esto hace parte de una campaña política que está haciendo Francisco Barbosa a poco tiempo de dejar su cargo.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que las Fuerzas Militares y Policía Nacional han perdido control territorial tras la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Agregó también que se activará un plan para mejorar sus capacidades.¿Quiénes son las tres personas a las que disidencias de las FARC piden levantar órdenes de captura?El escenario fue la base militar de Tolemaida. Frente a la tropa, el ministro Iván Velásquez agradeció e hizo una pausa para hacer, lo que llamó, una reflexión. Sin embargo, fueron varias.La primera fue sobre la pérdida de control territorial en varias zonas de Colombia.“Antes y después del proceso de paz del 2016 hemos venido en situaciones reales del deterioro en el control de los territorios que tiene que estar a cargo de la fuerza pública”, indicó Velásquez. Para los analistas reconocer lo que sucede es un paso importante para enfrentar la realidad del país.“En primer lugar, reconoce que Colombia enfrenta un desafío que sobrepasa las capacidades actuales de la fuerza pública y, en segundo lugar, es importante porque reconoce que debe haber un incremento en ese pie de fuerza y que esa fuerza pública debe copar todo el territorio”, señaló el analista Mauricio Jaramillo. Reclamo al gobierno por asesinato de líder social Phanor Guazaquillo: “Le rogué que lo cuidáramos”La otra reflexión del ministro de Defensa fue sobre el fortalecimiento de la fuerza pública. “Nos encontramos además con una fuerza pública disminuida por muchas circunstancias y entonces empezamos a definir cómo incrementamos la capacidad de la fuerza pública”, acotó.Iván Velásquez anunció que el próximo año 2024 habrá 16.000 soldados y 20.000 policías en los territorios. “Se abre la puerta a una reconfiguración o al planteamiento de una nueva estrategia militar en Colombia producto de los fracasados intentos de acercamiento o negociaciones de paz con el ELN y las disidencias de las FARC”, indicó Carlos Charry, profesor de la Universidad del Rosario. El ministro de Defensa también dijo este jueves, 7 de diciembre de 2023, que el ELN tiene en su poder a cerca de 38 secuestrados y categóricamente aseguró que ese delito hay que llamarlo por su nombre porque no son retenciones.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene al menos 38 personas secuestradas en Colombia, según cifras reveladas este jueves 7 de diciembre por el ministro de Defensa, Iván Velásquez.Otty Patiño rechazó declaraciones de Antonio García, máximo cabecilla del ELN: "Es secuestro, punto""Todas estas personas que están en poder del Ejército de Liberación Nacional y por cuya libertad se exige una recompensa están secuestradas", dijo el alto funcionario a periodistas.Esta declaración se conoce un día después de que el máximo comandante de esa guerrilla, Antonio García, asegurara que "el ELN no hace secuestros", lo que desató una polémica en medio de las negociaciones de paz con el Gobierno que parecen estar estancadas."Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El ELN solo hace prisioneros y retenidos", afirmó el jefe guerrillero en la red social X.Al respecto, Velásquez manifestó que cuando una "retención se está haciendo con fines económicos extorsivos, como los que realiza el ELN, esa retención se llama secuestro y está dentro de la definición del secuestro extorsivo".Para el Derecho Internacional Humanitario (DIH), según los Convenios de Ginebra, la toma de rehenes -en los que figura cualquier civil sin ningún papel en el conflicto o cuando se pide dinero a cambio- es un crimen de guerra.El Gobierno y el ELN anunciaron el lunes 4 de diciembre el inicio del quinto ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz en Ciudad de México, en medio de la crisis que atraviesa el proceso por los secuestros cometidos por ese grupo armado ilegal.La guerrilla afirmó en dos cartas publicadas la semana pasada que la mesa de negociaciones vive un momento "crítico" que "impacta la implementación de los acuerdos parcialmente suscritos hasta ahora, así como el desarrollo de la agenda de negociaciones".Eso provocó el aplazamiento en varias ocasiones del inicio de esta nueva ronda en México.Por otro lado, el ministro Velásquez reconoció que en este momento el control territorial está deteriorado en Colombia “por unas circunstancias especiales antes y después del proceso de paz del 2016”.“Hemos venido en situaciones reales de deterioro en el control de los territorios, que tiene que estar a cargo de la fuerza pública, (…) pero nos encontramos además con una fuerza pública disminuida por muchas circunstancias”, explicó.Gobierno de EE.UU. califica al ELN como el principal grupo terrorista de Colombia y Venezuela¿Por qué el ministro de Defensa dice que las comunidades, en su mayoría, están instrumentalizadas por grupos ilegales?“Se traduce por ejemplo en las asonadas que hemos visto, se traduce en que -y esto está suficientemente comprobado- organizaciones ilegales presionan a juntas de acción comunal para que en un determinado territorio cada familia envíe un proceso de contención del Ejército, especialmente, o de la Policía, y entonces los obliga a salir”, expresó Velásquez.En Algeciras, Huila, campesinos denuncian que disidencias los amenazan para que saquen al Ejército
Se conoció una carta de la vicepresidenta Francia Márquez dirigida al ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la que solicitó que su jefe de seguridad se mantenga en el cargo hasta tanto no se encuentre su reemplazo. Así mismo, hizo “responsable” al jefe de la cartera “de cualquier suceso que ponga en riesgo mi vida e integridad”.¿Mensaje de Francia Márquez muestra desconexión entre política de seguridad y proyecto de paz total?En la misiva, la alta funcionaria manifestó haberse enterado a través del teniente coronel Jorge Enrique Hurtado Bermúdez, coordinador de protección vicepresidencial, “que le fue notificado el llamamiento a calificar servicios mediante correo electrónico, situación que debió ser manifestada previamente a la suscrita a través de su despacho, con el fin de prever su relevo”.Es por eso que Francia Márquez le solicitó al ministro Velásquez “disponer con quien corresponda mantener en el ejercicio de sus funciones al señor teniente coronel, previo del cumplimiento de los actos administrativos a que haya lugar, hasta que se surta el reemplazo por un funcionario de mi entera confianza”.La vicepresidenta le exigió al jefe de la cartera de Defensa “que se me informe con anticipación las decisiones que afecten mi seguridad y la de mi familia, en este sentido lo hago responsable de cualquier suceso que ponga en riesgo mi vida e integridad”.Según se ha establecido, el teniente coronel Hurtado fue llamado a calificar servicios porque al parecer el oficial está siendo indagado por un presunto incremento patrimonial injustificado.Francia Márquez hizo duro llamado a Fuerzas Militares y Policía: "Tienen que asumir su tarea"
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció sobre lo ocurrido en Tierralta, Córdoba, donde militares intimidaron a la población de la vereda El Manso, entre la que había madres con bebés en brazos y niños, hechos que fueron captados en video.Las tres pistas por las que se cree que habitantes de Tierralta fueron intimidados por militares“Lo sucedido en Tierralta, Córdoba, es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades sino a las propias Fuerzas Militares”, expresó el funcionario a través de su cuenta de X (antiguo Twitter).La Fiscalía General de la Nación también se pronunció y dijo que “a raíz de los videos que están circulando por redes sociales en los que se ve a hombres armados intimidando a la población civil, en un caserío en Tierralta, Córdoba, se conformó un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio”.El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, señaló en entrevista con Noticias Caracol que los hombres armados “hasta la tarde de ayer (martes) se autodenominaron como disidencias de las FARC, pero la hipótesis que cobró fuerza la noche anterior y confirmada hasta ahora por el comunicado de la séptima división manifiesta que posiblemente son miembros del Ejército, lo cual genera muchas más dudas que respuestas”.Según información del Ejército Nacional, los responsables de estos hechos violentos estarían adscritos al batallón de infantería no. 33 Batalla de Junín, por lo que anunció una investigación para corroborar la identidad de los hombres e iniciar las acciones disciplinarias si es el caso.“Este Comando rechaza este tipo de comportamiento, el cual es claramente incorrecto y no representa los principios y valores enseñados en las escuelas de formación del Ejército Nacional, donde siempre se resalta el respeto absoluto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, señaló la institución.El procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, rechazó "el accionar de estos bandidos" que produjo "terror y zozobra en esta población que está protegida por el Derecho Internacional Humanitario".En este sentido, exigió al Gobierno nacional "medidas y acciones urgentes" para garantizar la vida e integridad de estas personas.El departamento de Córdoba, en el norte de Colombia, ha sido escenario del accionar del Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y también del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En la noche de este miércoles, 2 de agosto de 2023, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, se pronunció sobre el asesinato de la patrullera de la Policía Paula Cristina Ortega Córdoba en Neiva, capital del departamento del Huila.De acuerdo con lo manifestado por el funcionario, los homicidas son miembros del Estado Mayor Central, disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco.Vea también: Patrullera de Policía asesinada en Neiva deja una niña de 8 años: ¿hay un plan pistola?“Mi solidaridad con la familia de la patrullera Paula Cristina Ortega, asesinada hoy en Neiva. La rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura de los 2 homicidas, miembros del EMC”, escribió el ministro de Defensa a través de su cuenta en Twitter.El funcionario puntualizó que los sujetos capturados “tenían en su poder el arma de dotación que le hurtaron a la patrullera”.La patrullera de la Policía Paula Cristina Ortega Córdoba fue asesinada cuando se encontraba a bordo de una motocicleta y esperando el cambio de luz en un semáforo.El crimen fue captado en video por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran el momento en que la patrullera de la Policía está en el semáforo y por detrás llega una moto con dos sujetos, uno de los cuales se baja del vehículo y, por la espalda, le dispara a la uniformada.Segundos después, la víctima cae al suelo, el criminal se agacha para arrebatarle el arma y luego emprende la huida a bordo de la motocicleta junto con su cómplice.A raíz del asesinato de la uniformada, las autoridades activaron un plan candado y fue así como lograron ubicar rápidamente a los señalados asesinos.Este crimen atribuido a miembros de Estado Mayor Central se produce apenas unos días después de que la Fiscalía General de la Nación, a través de una resolución con fecha del 27 de julio de 2023, ordenara la suspensión temporal de las órdenes de captura de los negociadores de las disidencias de las FARC en el marco de los diálogos del Gobierno justamente con el grupo al mando de alias Iván Mordisco.
La primera persona a la que el Estado peruano le aprobó la eutanasia, Ana Estrada (47 años), quien padecía una enfermedad degenerativa progresiva, murió el domingo mediante este procedimiento médico, informó este lunes su abogada en un comunicado.Martha Sepúlveda recibió la eutanasia tras meses de espera"El domingo 21 de abril de 2024, Ana Estrada ejerció su derecho fundamental a una muerte digna y accedió al procedimiento médico de eutanasia. Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final", indicó la abogada Josefina Miró Quesada.El comunicado detalló que el procedimiento médico se realizó conforme al Plan y Protocolo de Muerte Digna aplicable a Estrada, que fue aprobado por el seguro social estatal EsSalud "en el marco de la histórica sentencia a su favor, emitida el 23 de febrero de 2021 y ratificada por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio de 2022".Ana Estrada sufría desde los 12 años polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita los músculos y que la mantuvo conectada a un respirador artificial.En los últimos años, fue el símbolo de la eutanasia en Perú, puesto que fue de las primeras personas en abrir su debate en la sociedad."Ana partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía", compartió la familia en la información al agregar que agradeció a los funcionarios públicos que integraron en su momento la Defensoría del Pueblo y la defendieron.Recordó que su caso permitió que la justicia peruana reconociera por primera vez en su historia "que todos tenemos derecho a morir con dignidad", tras una batalla legal que empezó en 2019."La lucha de Ana por su derecho a una muerte digna ha permitido visibilizar y sensibilizar a miles de peruanos y peruanas sobre la importancia de defender este derechos. Su lucha ha trascendido las fronteras de nuestro país y ha marcado un hito en la región", señaló.Añadió que Ana Estrada, psicóloga de profesión, "se convirtió en el rostro de esta justa causa que se propone defender la dignidad de principio a fin y la libertad de decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos"."El legado de Ana vivirá en la mente y el corazón de muchas personas y en la historia de nuestro país. Sus familiares y seres queridos celebramos su vida, y agradecemos las muestras de solidaridad, apoyo y comprensión hacia la lucha de Ana", concluyó el comunicado.El 22 de enero pasado, Ana Estrada se mostró satisfecha de poder elegir al médico que la asistiera cuando decidiera someterse a la eutanasia, tras la resolución de las observaciones que hizo al protocolo del procedimiento el seguro social."Esto es para mí, exactamente, como me lo propuse desde el primer día… Yo sabía que esto era una garantía para mi vida. Yo necesitaba esta carta verde para que yo pueda vivir con plenitud en esta última etapa, que no sea dolorosa, ni con angustias de qué es lo que va a pasar", dijo entonces la paciente.Joven decide practicarse la eutanasia debido a graves problemas de salud mental
Un juez decidió enviar a la cárcel a un extranjero en Medellín que habría ofrecido dinero a una menor de 17 años para tener relaciones sexuales en un apartamento del barrio El Poblado.La razón por la que dejaron libre a ciudadano chino hallado en Medellín con menor de edad"De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), la noche del pasado 18 de abril, el extranjero habría llevado con engaños, hasta su apartamento del barrio El Poblado de Medellín, a la adolescente", señaló la Fiscalía en un comunicado.La menor se negó a las pretensiones del hombre de 57 años y denunció el hecho ante las autoridades, por lo que posteriormente el sujeto fue capturado."Ante la negativa de la víctima, el hombre, al parecer, la empujó y la saco del inmueble. La menor fue auxiliada por los vigilantes del edificio y, luego de poner el caso en conocimiento de las autoridades, el extranjero fue capturado", anotó el ente investigador.Este extranjero en Medellín fue imputado por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y, según la Fiscalía, el hombre no se allanó a los cargos.Robaron un Rolex en Medellín y pidieron $75 millones para devolvérselo al dueño, pero los atraparon
El Sena lanzó una convocatoria del Fondo Emprender por 45.000 millones de pesos para financiar proyectos campesinos en todo Colombia.Más de 500 mujeres emprendedoras podrán recibir hasta $100 millones: ¿cómo postularse?Jorge Londoño, director del Sena, estuvo en Signo Pasos para explicar detalles de dicha convocatoria y cómo los interesados pueden acceder a estos recursos.Sena le certificará gratis habilidades en construcción, diseño y más: hay 5 mil cupos
El domingo 21 de abril de 2024, en varias ciudades de Colombia se registraron multitudinarias marchas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien, lejos de escuchar el clamor de muchos ciudadanos, se ha dedicado a minimizar las movilizaciones.Iván Name le hizo una petición al presidente Petro tras las movilizaciones: “No invente problemas”Para analizar el impacto de estas marchas, a Juan Esteban Lewin, jefe de redacción del diario español El País en Colombia, y Pedro Medellín, profesor de la Universidad Nacional, estuvieron en Sala de Prensa.Andrés Calle sostuvo que las marchas del domingo “son un acto para reflexionar y llegar a acuerdos”
Después de más de cuatro décadas, aún no se sabe con certeza qué paso con un grupo de estudiantes víctimas de desaparición forzada a finales de los años 70 y principios de los 80.Alejandro Arias, presunto homicida del veedor Jaime Vásquez, fue enviado a la cárcelHoy los que piden justicia son los hijos, los hermanos y los nietos de ocho estudiantes de la Universidad Nacional detenidos, desaparecidos y torturados por lo que en su momento se conoció como una alianza criminal entre el Movimiento Muerte a Secuestradores, en cabeza del narcotráfico, y el F2, la Policía secreta.“Fueron en su mayoría personas jóvenes, estigmatizadas por agentes e instituciones formalmente representantes de un Estado de derecho, pero que jamás se ciñeron al derecho. Si privaron de la libertad, si fingieron que investigaban delitos, si engañaban con falsificadas protecciones de la ley o de las víctimas, ninguna de sus diligencias siguió trámites legales”, expresó en un discurso Javier Giraldo, defensor de derechos humanos.Como un acto de justicia y una medida de un poco de reparación, por primera vez la Universidad Nacional de Colombia otorgó ocho grados honoríficos y simbólicos a estudiantes víctimas de desaparición forzada.Teresa San Juan, hermana de Alfredo y Humberto San Juan, desaparecidos el 8 de marzo de 1982, y algunos de quienes dibujaron la emblemática imagen de Ernesto Che Guevara en el campus universitario, esperó por este tipo de reparación 42 años.“Cuarenta años de lucha, 40 años de búsqueda, 40 años recorriendo los periódicos, 40 años recorriendo las calles con carteles”, recordó Teresa San Juan.Carlos Armando Joya, hermano de Edilbrando, estudiante y cerrajero desaparecido el 13 de siempre de 1982, dice que su hermano tenía que presentar un examen, pero nunca llegó.“Yo vine a preguntar con los compañeros y los profesores qué había sucedido y empecé a enterarme de cosas que no tenía idea. Ya había algunos estudiantes desaparecidos, otros mismos de los que estamos aquí nombrando, el caso Colectivo 82, y Edilbrando fue el último de los estudiantes”, contó Joya.Cuarenta años de una escandalosa impunidad, dicen las familias. Padres que se cansaron de recorrer las calles pidiendo justicia. Sin embardo, hoy ninguno está vivo para recibir este reconocimiento.“Yo aspiro a no morirme sin conocer la verdad, yo quiero la verdad y quiero justicia”, dice Nancy García Villamizar, hermana de estudiante desaparecido.“Llegaron al taller, entraron y se identificaron como miembros del F2 y dijeron que lo iban a llevar para una investigación. Mis primos trabajaban con mi papá e intentaron detenerlo porque lo llevaban hombres fuertemente armados y se lo llevaron, lo subieron a una camioneta panel ese día y de ahí no hemos vuelto a saber nada de él”, recordó Martha Ospina, hija de uno de los estudiantes desaparecidos.Hace 30 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado responsable de estas desapariciones y hace dos años fueron declarados crímenes de lesa humanidad. Todo esto ocurrió en el marco del Estatuto de Seguridad, entre 1978 y 1982.Rafael Barrios, cofundado del Cajar, asegura que “son agentes del Estado los que perpetraron está desaparición forzada”.Estas son algunas de las familias de lo que se conoce como el Colectivo 82, quizás el primer caso de desaparición forzada colectiva de la que se tiene registro en Colombia, los mismos que encabezaron las marchas de los claveles blancos.“La gente salía consternada viéndonos a nosotros haciendo esto porque decían: ‘¿Pero si en Colombia no hay desaparecidos? ¿Cómo así?’. Y nosotros le decíamos: ‘Sí hay desaparecidos. Mírelos, aquí están, son ellos, son mis hermanos, mírelos’”, manifiesta Carlos Armando Joya.Un precedente para la historia, una herida que no se cierra, un grado que solo será póstumo cuando las familias reciban los cuerpos de sus seres queridos.Caen señalados traficantes que estarían enviando armas a disidencias de las FARC