El ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió a la ONU, que aseguró en su informe que Colombia es uno de los países con mayor presencia de cultivos ilícitos. El funcionario señaló que el éxito de la lucha antidrogas del gobierno de Gustavo Petro no puede ser medido por el número de hectáreas erradicadas.Reforma laboral: ¿cómo se pagarían las horas extras y dominicales si la aprueban como está?"Precisamente para la identificación que conduzca a la incautación de bienes y recursos ilícitos que se han obtenido a través de esta actividad. Si se comprendiera plenamente esa política del Gobierno nacional, creo que el tema de la erradicación de cultivos no se debería tener y no se tendría como el indicador principal de la lucha exitosa contra el narcotráfico", sostuvo el ministro de Defensa, Iván Velásquez.Descontento en Washington por cifras de erradicación de cultivos ilícitos en gobierno PetroEn Estados Unidos no están a gusto con las cifras de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia, particularmente con la cifra de cero hectáreas erradicadas durante el mes de enero.El malestar y los reclamos marcaron el tono del republicano de mayor rango en el comité de relaciones exteriores del Senado, Jim Risch, al destacar que Colombia no erradicó ni una sola hectárea de hoja de coca durante el mes de enero y que las incautaciones durante el gobierno del presidente Gustavo Petro también han reducido.“A mí me parece que es muy difícil argumentar que no hay un retroceso. Con eso tan claro y sencillo que estaban haciendo para erradicar. Seguro que parece que hay un retroceso”, señaló el senador Risch.Un reclamo que elevó ante el subsecretario para el hemisferio occidental, Brian Nichols, quien fue más diplomático, pero dejó clara la resistencia de la administración de Joe Biden frente a los cambios de Petro.“El presidente Gustavo Petro ha dicho que desea reevaluar las políticas antinarcóticos de los gobiernos anteriores y, como parte de esa reevaluación, quería tener una política de erradicación puramente voluntaria. Esas discusiones sobre cómo funcionaría eso están en curso y creemos que es muy difícil tener éxito si no hay presión a la baja sobre el cultivo y particularmente antes de que un programa de erradicación voluntaria esté en marcha", indicó Brian Nichols.Gobierno avanza en reforma rural integral: ¿cuántas hectáreas de tierra se han adquirido?
En la noche de este jueves, dos de marzo de 2023, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, condenó el homicidio de un policía cometido en San Vicente del Caguán, Caquetá, en medio de enfrentamientos con campesinos.Policía muerto por puñalada y campesino asesinado por disparo: el panorama en San Vicente del Caguán"El homicidio del subintendente Ricardo Arley Monroy, a quien dieron muerte sin compasión cuando se hallaba indefenso en poder de sus captores, merece el repudio general", aseguró el ministro a través de su cuenta en Twitter.En ese sentido, Iván Velásquez agregó que "nada, nada, justifica este hecho cometido hoy en San Vicente del Caguán. Mi solidaridad con su familia".Los enfrentamientos en San Vicente del Caguán se presentaron en horas de la mañana, luego de que miembros de las comunidades indígenas y campesinos entraran a las instalaciones de la empresa china Emerald Energy. Además de la muerte del uniformado por herida con arma cortopunzante, un civil también perdió la vida tras recibir un disparo.Los manifestantes han venido protestando desde hace tres semanas en los alrededores del pozo petrolero de Campo Capella y, ante la difícil situación en la región, precisamente Emerald Energy sacó a los empleados.Los campesinos esperaban reunirse el pasado martes, 28 de febrero, con la viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, Lilia Clemencia Solano, pero no se presentó. Esta sería la razón por la que los campesinos e indígenas se tomaron Campo Capella en San Vicente del Caguán.En total, 78 policías y nueve trabajadores de la petrolera Emerald Energy fueron, según las autoridades, secuestrados por la guardia indígena. El cuerpo del policía permaneció por más de cuatro horas en el mismo salón en el que sus compañeros estaban retenidos. Solo una intervención de la Iglesia hizo posible la entrega del cadáver.“Desconcierta la manera salvaje con la que acabaron la vida del señor subintendente cuando protegía a personas atemorizadas por la arremetida de una jauría que privilegió el caos sobre el diálogo”, manifestó el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional.Angustioso audio de policía en San Vicente del Caguán: “Ya tenemos dos compañeros muertos”
El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, le pidió a Danilo Rueda, comisionado de paz, que las disidencias de las FARC definan ante el Gobierno nacional cuáles son aquellas estructuras que están comprometidas a una eventual negociación.¿Quién es ‘Jhon Mechas’ y por qué solicitud de suspender su orden de captura genera polémica?Iván Velásquez aseguró que dentro del estado mayor de las disidencias de las FARC existe una ruptura y fue evidenciada por los constantes ataques a las Fuerzas Militares y la Policía.“Mientras hay expresiones de acuerdo con las conversaciones que el alto comisionado sostiene con facilitadores o con miembros del estado mayor central, parece que no existiera una unidad real y que estas estructuras estuvieran actuando por su cuenta sin acatar un mando central”, puntualizó el ministro de Defensa.Siga en noticiascaracol.comLuego de que la Fiscalía General de la Nación pidiera claridad al gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el listado de disidentes de las FARC a los que solicitaron levantar las órdenes de captura para una eventual mesa de negociación, en el marco de la llamada paz total, Noticias Caracol revela quiénes son y cuál es su prontuario criminal.El listado lo encabeza Javier Alonso Veloza, alias ‘Jhon Mechas’, líder del frente 33 y quien delinque en el Catatumbo. En 2021 la Interpol le abrió una circular.Para las autoridades, ‘Jhon Mechas’ es el autor intelectual del atentado contra la Brigada 30 del Ejército, ubicada en Cúcuta, ocurrido el 15 de junio del 2021, y también del ataque contra el helicóptero en el que se desplazaba el entonces presidente Iván Duque.Igualmente, es señalado como responsable del atentado contra el CAI de Arborizadora Alta, en Bogotá, el 26 de marzo del 2022, en el cual murieron dos niños.Otros en la lista-Édgar de Jesús Orrego Arango, alias ‘Leo’ o alias ‘Firú’, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las FARC, a quien la Unidad Nacional de Protección le asignó esquema de seguridad hasta el año 2020 porque era firmante del acuerdo.Farby Edisson Parra Parra, alias ‘Brayan’, antiguo integrante de las FARC, acusado de liderar acciones de extorsión en el Meta y Cundinamarca. Este disidente aparece en los registros de indulto de la justicia transicional.“Alias ‘John Mechas’ asesinó a Salomé y a Daniel”: Claudia López rechaza solicitud del Gobierno-Robinson de Jesús Gonzalez, alias ‘Caicedo’, de 63 años de edad. Fue condenado a 45 años de prisión en 1997 y actualmente paga una condena por rebelión en la cárcel Picaleña de Ibagué.-Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho’ u ‘Olmedo’, cabecilla del frente 33 de las disidencias de las FARC. Estaría vinculado con la retención de 180 soldados en octubre 2021 en zona del Catatumbo, cuando las víctimas hacían labores de erradicación de cultivos ilícitos.-Carlos Eduardo García Téllez, alias ‘Andrei’. Es el segundo cabecilla del frente 33 de las disidencias de las FARC, grupo delincuencial que opera en norte de Santander. Él, junto con dos miembros del bloque Magdalena Medio, sostuvieron una reunión secreta el pasado 7 enero con representantes del Gobierno para concertar protocolos para un cese bilateral al fuego.-Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon’, integrante de la columna móvil Jaime Martín, se le acusa de liderar el ataque en el que murieron 6 soldados en Buenos Aires, Cauca, en 2022. También es buscado por crímenes contra miembros de las FARC en Cauca, Nariño y Antioquia.-Deison Rodrigo Ortiz Camallo, alias ‘Esteban González’, aparece en los registros como parte de la justicia transicional.-Wilmar Pasu Rivera, alias ‘Davo’ o ‘Chilonga’, es integrante de la columna móvil Dagoberto Ramos, la cual delinque en norte y oriente del Cauca. Está acusado de reclutamiento forzado, además de innumerables extorsiones, intimidaciones, homicidios de indígenas y desplazamientos forzosos.-Óscar Eduardo Sandoval Noscue, alias ‘el Mocho’. Está señalado de ser líder del Comando Coordinador de Occidente tras la muerte de alias ‘Mayimbú’. Formó parte del anillo de seguridad de Manuel Marulanda Vélez. Está considerando por las autoridades como uno de los disidentes más sanguinarios. Participó en las negociaciones del Caguán en el año 2002 y se negó a ir a los recientes diálogos de paz.Ley de sometimiento: estas serían las modificaciones para que la Fiscalía acompañe el proyecto
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, hizo un llamado al comisionado de Paz, Danilo Rueda, por las constantes acciones violentas de las disidencias de las FARC en varias zonas del país.Ley de sometimiento: ¿qué beneficios ofrece a las bandas criminales?Según lo manifestado por Velásquez, todo indica que al interior del estado mayor central hay una ruptura y que esto está demostrado en los ataques terroristas contra la fuerza pública.“Por los hechos, como se han venido presentando, particularmente de estructuras que operan en el occidente del país, parece que no existiera una unidad real y que estas estructuras estuvieran actuando por su cuenta sin acatar un mando central”, señaló el jefe de la cartera.Debido a esto, el ministro le ha pedido al comisionado Danilo Rueda, como único intermediario con el grupo armado, que definan cuáles son las estructuras que sí acatarán los acuerdos que se hacen con el gobierno del presidente Gustavo Petro.El ministro también hizo una observación sobre el tema de la verificación. Dice que no hay una claridad y tampoco hay agilidad para saber si existe o no violación de cese al fuego bilateral.Polémica por solicitud de levantar órdenes de captura a 20 disidentesEl Gobierno nacional pidió levantar la orden de captura de alias ‘Jhon Mechas’, disidente del frente 33 de las FARC y señalado de atentar contra el expresidente Iván Duque en 2021.Otros 19 miembros de las disidencias de las FARC estarían en un listado enviado por el alto comisionado de paz, que busca acercamientos con sus estructuras.Sin embargo, en una carta del 16 de febrero, días antes del encuentro entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro, la Fiscalía pidió claridad al Gobierno sobre si estas personas hacen parte de un grupo armado organizado y qué rol cumplirían en los diálogos de paz.Daño por derrame de petróleo que causaron disidencias en Nariño tardaría 30 años en repararseLa alcaldesa Claudia López recordó este miércoles que alias ‘John Mechas’ está vinculado al atentado contra el CAI Arborizadora Alta, perpetrado en el sur de Bogotá el 26 de marzo de 2022 y que dejó el triste saldo de dos niños muertos.La mandataria, a través de un trino en el que muestra los rostros de Salomé Rangel, de 5 años, y Daniel Duque, de 12, dijo que ‘John Mechas’ "pretendía matar a muchos más con dos atentados terroristas con bombas en Ciudad Bolívar el año pasado en Bogotá. En vez de justicia le ofrecen Impunidad”.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, al término de un consejo de seguridad en Cali, les advirtió este sábado a las disidencias de las FARC que deben cumplir con el cese al fuego o el gobierno del presidente Gustavo Petro suspenderá dicha decisión.En contexto: balance agridulce sobre el cese al fuego en Colombia“O todas sus estructuras acatan el cese bilateral que se ha acordado, o el Gobierno no podrá continuar sosteniendo ese cese. Porque con el pretexto de ser solo una parte del Estado Mayor Central (de las disidencias) no se puede tolerar que continúen realizando las actividades, como ya ha quedado evidenciado”, recalcó el ministro de Defensa. Velásquez insistió en que el cese al fuego bilateral no significa la parálisis de las Fuerzas Militares y la Policía, o la suspensión de las acciones que las autoridades deben cumplir en apego a la Constitución de Colombia y la ley. “Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional deben continuar cumpliendo su obligación constitucional, controlando el territorio, protegiendo a las comunidades y afectando las actividades ilícitas que esas organizaciones desarrollan”, dijo el ministro de Defensa.Asimismo, subrayó la necesidad de continuar desarrollando actividades contra el narcotráfico y el contrabando. “Hemos definido que con todo esto, las acciones de Fuerzas Militares y de Policía tienen que profundizarse en el departamento y hay que tomar unas acciones concretas en los sentidos que he señalado para controlar las actividades ilícitas y poder generar espacios de tranquilidad y seguridad a la población”.Por último, Velásquez se refirió al ataque ejecutado en una comunidad indígena del Cauca por las disidencias de las FARC, donde cuatro indígenas fueron heridos, entre ellos una menor de 13 años. Informó que ya las autoridades hacen presencia en la zona, “se ha tenido ahora un control del territorio y se están desarrollando las acciones propias de las Fuerzas Militares para impedir que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse”.Otra vez, las disidencias de las FARC se pasean por un pueblo del Cauca
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este viernes que la justicia de su país respetará la inmunidad diplomática del ministro de Defensa de Colombia, Iván Velasquez, investigado por supuestas irregularidades cuando fungió como jefe de una misión antimafias de la ONU en el país centroamericano.Los dardos del presidente de Guatemala a Gustavo Petro: “Siga cometiendo el error de un guerrillero”Este anuncio se da luego de que tanto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como el de Guatemala, llamaran a consultas a sus embajadores por una orden de un fiscal guatemalteco para adelantar "acciones legales" contra el ministro Iván Velásquez, quien goza de inmunidad diplomática por haber dirigido entre 2013 y 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU que reveló varios escándalos de corrupción."Así haya cometido un delito el señor no se le podrá procesar, pero hay que investigarlo (...) no podrá ser juzgado, pero investigado sí", dijo Giammattei en entrevista con la emisora W Radio.El mandatario, quien llamó a consultas a su representante en Bogotá en reciprocidad, se declaró "respetuoso de todos los convenios y tratados" de Naciones Unidas que otorgan inmunidad perpetua al hoy ministro de Defensa de Colombia.Según la Fiscalía de Guatemala, Velásquez habría avalado de manera irregular los acuerdos de "colaborador eficaz" (testigo protegido) de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en ese país.Iván Velásquez dice que “no le atemoriza” anuncio de la Fiscalía de GuatemalaEl ministro niega estas acusaciones. Estados Unidos y la ONU han expresado "preocupación" por las acciones legales contra Velásquez y otras figuras destacadas en la lucha anticorrupción en Guatemala.La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, era un ente adscrito a la ONU que, junto a la Fiscalía, develaron varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.El caso de mayor impacto fue el que involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.De la mano de la fiscal general Thelma Aldana, Iván Velásquez adelantó la investigación conocida como 'La línea', que desmanteló una red de evasión de impuestos y aduanas que en 2015 terminó con decenas de detenidos, incluso la vicepresidenta Roxana Baldetti y, tras un gran movimiento social, el presidente Otto Pérez Molina renunció y terminó tras las rejas.
Desde hace varios años, el Departamento de Estado de Estados Unidos viene viendo con preocupación el deterioro en la Fiscalía de Guatemala, por cuenta de actores señalados como corruptos, quienes son los encargados de impartir justicia en el país.Las investigaciones de Iván Velásquez en Guatemala que llevaron a varios poderosos tras las rejasFrente a la más reciente decisión del Ministerio Público, el subsecretario del Departamento de Estado para el hemisferio occidental escribió en su cuenta de Twitter que estaba "preocupado por las órdenes de captura contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht y que tales acciones debilitan el estado de derecho".Uno de los protagonistas es Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía especial contra la impunidad FECI, y quien hoy lidera la investigación contra el ministro Iván Velásquez. Fue incluido en la llamada lista Engel, en el 2021, por "obstruir investigaciones de actos de corrupción".Adam Isacson, director de Veeduría en defensa de WOLA, explica que Rafael Curruchiche, junto a otros fiscales, están adelantando una persecución contra antiguos miembros de la comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala, Cicig."Están haciendo venganza, primero contra antiguos fiscales y ahora contra el antiguo jefe del Cicig, Iván Velásquez", dice Isacson.Para otras organizaciones como Human Rights Watch, la investigación contra Iván Velásquez hace parte de un patrón espurio del Ministerio Público de Guatemala."Yo creo que no tiene mayor sentido tomar en serio esta investigación penal que se ha anunciado ayer en Guatemala. Estamos hablando de un Ministerio Público que ha sido cooptado por actores que buscan permitir la corrupción en lugar de investigarla", agregó Juan Pappier, subdirector encargado para las Américas en HRW.No solo es Curruchiche el incluido en la lista Engel de individuos corruptos, también la fiscal general Consuelo Porras, su jefa.Guatemala le responde a Colombia y llama a consultas a su embajadoraSi bien la designación no significa procesos judiciales, si implica como primera sanción la revocación de las visas y prohibición de entrada al país, y posibilidad de bloquearles sus bienes en Guatemala. La situación viene empeorándose.“Guatemala va en camino a convertirse en una dictadura, la corrupción está arrasando con todo, arrasando con las garantías más básicas de los derechos humanos, está arrasando con las libertades de prensa y puede arrasar con la democracia en el país", añadió Pappier.Y a mediados del 2021, Estados Unidos había cuestionado la designación de Curruchiche como fiscal, considerando que no daba garantías de independencia.
El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, es recordado en Guatemala porque dirigió la Comisión Internacional contra la Impunidad en 2013. Un organismo creado a instancias de Naciones Unidas y del Gobierno guatemalteco para luchar contra la corrupción.Iván Velásquez dice que “no le atemoriza” anuncio de la Fiscalía de GuatemalaEl trabajo de Velásquez terminó llevando al propio presidente y a la vicepresidenta a prisión.Con esa premisa trabajó Iván Velásquez en Guatemala a partir del 2013, luego de un acuerdo entre Naciones Unidas y ese país de establecer la Comisión internacional contra la impunidad de la cual fue fiscal.Al inicio fue bien recibido por el mismo presidente Otto Pérez, pero todo cambió cuando empezaron a caer redes de corrupción conectadas con la cúpula del poder político.De la mano de la fiscal general Thelma Aldana, Velásquez adelantó la investigación conocida como 'La línea', que desmanteló una red de evasión de impuestos y aduanas que en 2015 terminó con decenas de detenidos, incluso la vicepresidenta Roxana Baldetti y, tras un gran movimiento social, el presidente Otto Pérez Molina renunció y terminó tras las rejas.Esto dijo Velásquez a Noticias Caracol sobre el proceso en 2015:Noticias Caracol: ¿qué tan contundentes son las pruebas contra el expresidente otto Pérez?Iván Velásquez: En el caso del expresidente Pérez Molina hay efectivamente prueba sólida.NC: ¿Usted está convencido de que el expresidente Pérez va a terminar condenado?IV: Yo creo que sí va a terminar condenado.En ese momento narró a Noticias Caracol que el presidente y su vicepresidenta recibían el 50% de todo el ilícito y que tenían pruebas sólidas de cómo en una semana cobraban cerca de 400mil dólares. Las revelaciones generaron un movimiento social sin antecedentes que llevó la indignación a las calles.Guatemala le responde a Colombia y llama a consultas a su embajadoraMás adelante, durante el gobierno de Jimmy Morales, la Fiscalía General y la comisión solicitaron un antejuicio contra el mandatario por financiamiento ilegal de su campaña, alegando que su partido, Frente de Convergencia Nacional, no reportó 6,7 millones de quetzales, unos US$920.000 a la fecha ante el Tribunal Supremo Electoral.Otto Morales vio también como su hijo y hermano eran procesados por fraude. En medio de ese proceso, el expresidente Morales declaró persona non grata a Iván Velásquez y ordenó su expulsión del país.Decisión que generó más protestas hasta que la Corte Constitucional de Guatemala anuló la medida permitiendo la continuidad de Velásquez, incluso la fiscal general Thelma Aldana advirtió que renunciaría si prosperaba la intención del presidente para expulsar a Velásquez.Hombres armados quemaron vivo a un sacerdote católico y le dispararon a otroLa ONU siempre respaldó a Iván Velásquez y lo que aseguran varios sectores es que la decisión de la Fiscalía de Guatemala hoy es el efecto de haber incomodado a poderosos en el pasado.
Este martes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió al Gobierno de Guatemala luego de que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) anunciara que emprenderá acciones legales contra él por su desempeño frente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).Guatemala le responde a Colombia y llama a consultas a su embajadoraEl señalamiento contra el ministro Velásquez lo hizo el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche dentro del caso de corrupción que vincula a la constructora brasileña Odebrecht, por el cual hoy fueron solicitadas tres nuevas órdenes de captura contra exfuncionarios de la Fiscalía y de la Cicig.Velásquez señaló en un trino que “conoce al monstruo” y no le atemoriza. También agradeció al presidente Petro por su apoyo.Crisis diplomática entre Colombia y GuatemalaEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este martes que las relaciones con Guatemala se verán afectadas si la Fiscalía de ese país insiste en emprender acciones contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, por el caso de corrupción de Odebrecht cuando fue jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) en ese país centroamericano.Petro, que la noche del lunes ya había salido en defensa de Velásquez tras conocer los señalamientos que hizo en su contra el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, volvió a defender ese martes a su ministro a su llegada a Suiza, donde participará en el Foro de Davos."Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro y si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala", manifestó el presidente a medios colombianos a su llegada a Zúrich.Al referirse a las acusaciones contra Velásquez, Petro afirmó que "los criminales reaccionan" y dijo que en su Gobierno no permitirá que el hoy ministro de Defensa sea involucrado en acusaciones de ilícitos cuando fue jefe de la Cicig, entre 2013 y 2017.Presidente de Guatemala dice que “no caerá en el juego de Petro”El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llamó este martes a la cordura a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y le aclaró de que el Ministerio Publico de su país está investigando al ministro de Defensa y en ningún caso se trata de una "persecución penal".Petro llamó a consultas hoy a su embajadora en Guatemala después de que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) del país centroamericano advirtiera que pretende procesar a Velásquez por su papel al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entre 2013 y 2017.Guatemala le responde a Colombia y llama a consultas a su embajadora"Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir", dijo Giammattei en una entrevista con EFE en Madrid.El presidente de Guatemala incidió en no "caer en el juego de Petro", por varias razones. La primera es que "a diferencia de allá (Colombia), hasta donde sé, y no me meto en los asuntos internos de los países, están dejando libres a narcotraficantes, a personas que asesinaron gente durante el conflicto armado, allá ellos y su Justicia, en mi país si algo hemos procurado es la independencia de los poderes del Estado".Y "dentro de esos -los poderes del Estado-, la total y absoluta independencia y respeto total a las decisiones de los jueces y magistrados"."Que puedo estar o no de acuerdo, es otro tema, pero mi obligación como ciudadano es respetar lo que los jueces y los tribunales dictan", añadió.
El Gobierno de Guatemala informó este martes que decidió llamar a consultas a la embajadora del país centroamericano en Colombia, Reagan Vega, en "reciprocidad" a la decisión del presidente Gustavo Petro.Petro dice que, si Guatemala procesa a ministro Iván Velásquez, "no hay nada que hacer con ese país"La decisión fue divulgada por el Gobierno del mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, mediante un comunicado de prensa en el que "rechaza el exabrupto" de Colombia.El llamado de Petro a consultas a su embajadora en Guatemala tuvo lugar este lunes después de que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) del país centroamericano advirtiera que pretende procesar al ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, por su papel al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entre 2013 y 2017.Guatemala adelantará acciones legales contra ministro de Defensa de Colombia, Iván VelásquezEste es el comunicado del Gobierno de Guatemala:El Ministerio de Relaciones Exteriores, en atención a los casi 200 años de una fraternal relación entre Colombia y Guatemala, rechaza el exabrupto del Gobierno de Colombia hacia la Justicia guatemalteca.El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes.En ese sentido, hemos decidido por reciprocidad llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia a consultas.El Ministerio de Relaciones Exteriores, al día de hoy, no ha recibido ninguna nota del Ministerio Público al respecto.Guatemala reitera el respeto de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho y de la separación de poderes, y hace un llamado para que el asunto se resuelva por la vía diplomática y el diálogo.
Mediante un comunicado, la aerolínea Ultra Air anunció la suspensión de sus operaciones a partir del 30 de marzo de 2023. Según la compañía, esta decisión se tomó por situaciones macroeconómicas adversas y por incremento en el costo del combustible y la tasa de cambio.Ultra Air suspende venta de tiquetes por crisis: ¿hasta cuándo?“Lamentamos profundamente informar a todos nuestros clientes, proveedores y autoridades que, a partir de hoy en la noche a las 12:00 a. m., se suspende la operación de la aerolínea Ultra Air en Colombia, por lo cual no volará en ninguna de sus rutas programadas a partir del 30 de marzo”, dice el comunicado.Además, la compañía aseguró que esta situación se debe a diferentes factores que afectaron directamente.“Situaciones macroeconómicas adversas para la industria como el incremento en el costo del combustible y la tasa de cambio generaron un alza sustancial de costos para las aerolíneas, lo que conllevó operar deficitariamente durante los últimos meses”, recalcaron.Según Ultra Air, la crisis en la que se vio envuelta Viva Air “puso en alerta a los proveedores de la industria y a los arrendadores de aeronaves, quienes empezaron a exigir pagos inmediatos e incluso prepagos de los insumos y servicios necesarios para la operación, lo cual no es usual en esta industria”.“Ultra Air se ve imposibilitada para continuar operando y ofrece excusas a los empleados, clientes, proveedores, y demás grupos de interés que resulten afectados por esta situación y reitera su compromiso de trabajar hasta el último momento por minimizar el impacto en las personas que confiaron en este proyecto”, concluyó.La compañía manifestó que los viajeros afectados se pueden comunicar al correo servicioalcliente@ultraair.com.Ultra Air inició operaciones en el país hace un año. Durante ese tiempo, según sus cifras, transportaron a más de dos millones de personas.En su cuenta de Twitter, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, manifestó que las aerolíneas que anuncian suspensión de actividades deben “cumplir el RAC y plan de contingencia presentado a la Superintendencia de Transporte”."Las aerolíneas frente a ceses de operación deben cumplir el RAC y plan de contingencia presentado a la @Supertransporte, caso contrario se tipifican conductas penales y serán denunciados, tal como se hizo con Viva Air, a representante legal, junta directiva y socios", aseguró el funcionario.El Ministerio de Transporte autorizó la integración entre Viva Air y Avianca
El proceso para juzgar a cargos políticos se ejecuta de forma exprés en Venezuela, donde una reciente investigación por corrupción en Pdvsa ha dejado un saldo de 25 detenidos -14 de ellos funcionarios del Estado- ya imputados en un procedimiento que avanza más rápido de lo habitual, y que, según expertos, representa una "purga" del chavismo.La Fiscalía confirmó que un diputado, el jefe del ente público de criptoactivos, un alcalde, cinco miembros de una vicepresidencia de la estatal petrolera Pdvsa y tres jueces están entre los implicados en las tramas de corrupción y serán juzgados por el delito de "traición a la patria", entre otros.Ahora, el caso está en manos de la Justicia, a la que le corresponde juzgar a los imputados, para los que la Fiscalía pidió "máxima pena".El abogado constitucionalista y profesor universitario Leonel Ferrer explicó a EFE que la fórmula "no tiene nada que ver con el Estado de derecho, es un asunto que está relacionado con una purga interna en el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) por razones de poder, no solo político, de poder económico".Ley para funcionariosEn el país, el proceso para juzgar a altos funcionarios por delitos relacionados con la administración de recursos del Estado debe incluir, en primer lugar, un procedimiento a cargo de la Contraloría General, en el que se determinan las posibles responsabilidades administrativas.Al respecto, Ferrer apuntó que esta primera etapa podría conllevar la destitución o suspensión del funcionario, anulación de su salario y una posible inhabilitación para desempeñar cargos públicos.Cumplido este paso, si la Contraloría considera que podría haber responsabilidad penal, remite el expediente a tribunales con competencia en esa materia, momento a partir del cual la Fiscalía conoce del caso y podría emitir una acusación para que el funcionario sea juzgado.El experto explicó que la Constitución establece el antejuicio de mérito, una prerrogativa por la que "no pueden ser juzgados ni procesados (los altos funcionarios) si previamente la Sala Plena de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha declarado, a solicitud del Ministerio Público, el mérito para el enjuiciamiento".Esto ofrece una protección especial a altos funcionarios como el jefe de Estado, los miembros del Parlamento o del Supremo, el vicepresidente ejecutivo, el fiscal, el contralor o el defensor del Pueblo, los ministros, gobernadores, alcaldes y militares de alto rango.No obstante, el abogado aclaró que algunos delitos comunes como los de corrupción, implican la no procedencia del antejuicio de mérito y permiten que el funcionario que los cometa sea "absolutamente despojado de la prerrogativa y pueda ser, como cualquier ciudadano, objeto de un juicio por un tribunal".Proceso exprésEl pasado 21 de marzo, el Legislativo, de contundente mayoría oficialista, levantó la inmunidad parlamentaria al diputado chavista Hugbel Roa, acusado de estar implicado en la trama de corrupción dentro de la industria petrolera.En un procedimiento exprés, las dos terceras partes del Parlamento aprobaron el levantamiento para que el legislador pueda ser sometido a juicio en tribunales ordinarios.La medida respondió a una comunicación del TSJ en la que aclaró que hay hechos que señalan a Roa "de haber concurrido de manera flagrante en delitos de corrupción", por lo que "no procede el antejuicio de mérito".En este sentido, Ferrer recordó que los parlamentarios no administran presupuesto, por lo que podría ser el "tráfico de influencias" el delito en el que presuntamente incurrió Roa, para ser juzgado de esta forma.Para el jurista, la forma en la que se avanza en los procesos muestra una "judicialización de la política"."Cuando se habla de la judicialización de la política no es solamente el instrumento, (no es solo) utilizar la administración de justicia para perseguir opositores, que lo hacen, sino, internamente, para purgar y tomar el poder dentro de la disidencia interna que tienen", subrayó.Ferrer subrayó que es responsabilidad de las autoridades "concluir con la verdad" y, en caso de que no se pruebe culpabilidad, los funcionarios serán declarados inocentes y podrían volver a sus cargos, pero si se demuestra su responsabilidad, deben afrontar cargos, que van desde multas en el ámbito administrativo, hasta privativa de libertad.El plazo para conocer las conclusiones debe ser, según el experto, de "siete y ocho meses", teniendo en cuenta que "las garantías constitucionales deben estar presentes".
Luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara la protesta que hicieron los domiciliarios de Rappi en contra de la reforma laboral, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hizo un fuerte anuncio también.“Si la reforma laboral se aprobara tal cual está, sería como retroceder 15 años”: gerente de RappiLa ministra llegó a la comisión séptima de la Cámara de Representantes para dialogar con los miembros de esta sobre la reforma laboral. Allí cuestionó fuertemente al CEO de Rappi, Simón Borrero, quien ha dicho que la compañía no es rentable.La titular de la cartera de Trabajo se sumó al cuestionamiento que en las últimas horas hizo el presidente Gustavo Petro sobre la protesta de rappitenderos, que llegó el pasado martes, 28 de marzo de 2023, hasta el Congreso de la República.Gloría Inés Ramírez le pidió a Borrero que respete la mesa técnica o ellos irán también a las calles.“También yo quiero decirles que con la violencia no van a cambiar el país, lo que necesitamos es que haya diálogos, diálogo responsable y llamo al CEO de Rappi para una mesa técnica que tiene con el Ministerio o acabamos esa mesa técnica y nos vamos, como él quiere, a las calles”, indicó la ministra Ramírez.Y agregó: "Pero yo sí quiero decirle que una empresa que tiene un capital de más de 1.000 millones de dólares me parece injusto que no tenga cómo darle garantías a los trabajadores y trabajadoras"."Y como son independientes, yo lo que simplemente voy a hacer es ir a corroborar que son independientes. En Colombia todo trabajador independiente tiene que llenar un PILA, quien lo contrata tiene que dar la cuenta del PILA, vamos a ver si eso se cumple en el país", apuntó.La compañía Rappi ha asegurado que si el texto de la reforma laboral pasa tal cual como está, el 90% del total de los domiciliarios se quedarían por fuera de la compañía.Por reforma laboral, temen sobrecostos para empresas y pérdida de empleos: "Restará oportunidades"La ministra de Trabajo no se reunió finalmente este miércoles con los representantes de la comisión séptima y la próxima semana se definirían los ponentes.Los rappitenderos le respondieron a la ministra de TrabajoLos rappitenderos que se manifestaron el martes y los directivos de Rappi se refirieron a las declaraciones de la ministra de Trabajo.En la protesta de este martes participaron cerca de 2.000 domiciliarios de Rappi, quienes señalan que no se presentaron hechos violentos, como lo asegura la ministra, y que fue una marcha pacífica.“Yo le quiero preguntar a la señora ministra de qué clase de violencia está hablando, la manifestación que se presentó ayer 28 fue una manifestación pacífica y ejemplar porque no hubo desmanes de ningún tipo, no se a qué tipo de violencia se estará refiriendo ella, porque las anteriores convocatorias que se hicieron a nivel nacional las hizo fue un sindicato. Entonces no sé a qué clase de manifestaciones estará refiriendo porque la de ayer fue impecable y fue completamente transparente”, expresó Álvaro Velasco, representante de los domiciliarios de plataformas digitales.Reforma a la salud: ¿a qué acuerdo llegaron partidos y gobierno Petro?
Noticias Caracol conoció relatos angustiantes de trabajadores de la bodega que fue víctima de hurto el pasado fin de semana en Bogotá. Alrededor de 15 delincuentes participaron en el cinematográfico robo y aún es materia de investigación si hay o no policías involucrados.¿Policías participaron en tremendo robo a bodega en Bogotá? Estos videos levantan sospechasUno de los empleados presentes en la madrugada del sábado 25 de marzo de 2023 en la bodega de Puente Aranda relató que los sujetos llegaron apuntándole con un arma y lo obligaron a tirarse al suelo: “Nos vuelven a acostar apuntándonos y pues en ese momento nos dicen ‘no nos mire la cara’. En ese momento, me entran más los nervios”.Una mujer que se encontraba trabajando a esa hora en el segundo piso de esta bodega, la cual suministra alimentos y medicamentos a los tenderos en Bogotá, también relato lo que ocurrió:“Él me entró y me dijo ‘Policía Nacional’. Abrió la puerta, me apuntó, pero yo lo vi de civil y le dije usted no es la Policía. Él me dijo ‘¿se va a hacer matar?’, yo ya dije 'me van a matar aquí'”.A la mujer la obligan a bajar y junto con ella los retienen durante tres horas. A un montacarguista lo hacen bajar la mercancía para introducirla a los camiones.Según el propietario de la bodega, uno de los vigilantes reconoció a dos sujetos de los que habrían participado en el asalto. Esta persona hizo la identificación a partir de fotografías que le mostraron en la Sipol.Las investigaciones sobre el cinematográfico robo a la bodega llevaron a las autoridades hasta un parqueadero en la localidad de Fontibón. Allí encontraron todas las cajas que los delincuentes se habían llevado de la bodega en Puente Aranda.Sin embargo, no se tiene conocimiento del paradero de los delincuentes que participaron en el hurto, así como tampoco se ha determinado si hay policías implicados o si se trató de sujetos que usaron prendas alusivas a la institución como parte del plan.También hay sospechas de que esa banda estuvo cometiendo un hurto en circunstancias parecidas perpetrado en la zona donde hallaron la mercancía de la bodega afectada.Otros hechos de Bogotá:Llevan a conductores de aplicaciones hasta esta calle de Bogotá y, tras robarlos, los tiran heridosCon equipos de soldadura, ladrones desocuparon un cajero: insólito robo en Bogotá
Los medios colombianos rechazaron la amenaza de la que fueron víctimas periodistas de El Heraldo este lunes 27 de marzo, cuando hombres armados, que se identificaron como miembros de la banda Los Costeños, ingresaron a sus instalaciones en Barranquilla para exigir que publicaran una entrevista hecha por ellos a su líder, Digno Palomino.Alerta en Barranquilla: criminales entraron a un medio de comunicación y exigieron una entrevistaEse día, seis hombres armados llegaron a la sede del diario y dos de ellos ingresaron al edificio y exigieron hablar con la directora del medio, Erika Fontalvo, quien no estaba disponible.Los delincuentes fueron recibidos por tres periodistas, a los que les dijeron que tenían un mensaje de Digno Palomino y pidieron que se publicara una entrevista hecha por ellos.Palomino es uno de los jefes de la estructura criminal Los Costeños, que delinque en Barranquilla y a quien las autoridades atribuyen un enfrentamiento con la facción que lidera Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’.El Heraldo se pronunció por medio de una publicación en su portal de internet:Y reveló que, en los últimos días, “hemos venido siendo objeto de presiones e intimidaciones de actores armados ilegales, que por distintos medios intentan divulgar sus mensajes, exigen entrevistas o buscan hacer llegar contenidos a través de terceros con propósitos que desconocemos”.Desalmados abandonaron en una isla desierta a 5 migrantes, entre ellos a una mujer embarazadaMedios colombianos reaccionan contra amenazas contra El Heraldo“Mi total rechazo a un acto tan abominable de tratar de interceder por el poder de las armas, por el poder violento, en lo que deba o no decir un medio de comunicación”, expresó Fidel Cano, director de El Espectador.El director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, condenó que estos grupos ilegales “quieren llegar a los medios y quieren presionar a los medios para que entrevisten a los delincuentes que hoy están llenando de sangre, de muerte y de dolor los hogares barranquilleros y eso no solo es inaceptable, sino que no va a pasar, no va a ocurrir porque ahí siempre hay una talanquera ética de los periodistas y cuentan con nuestro apoyo desde todo el país”.Alfonso Ospina, director del servicio informativo de Caracol Radio, dijo que lo ocurrido en El Heraldo “es inaceptable, es un llamado para todas las autoridades militares, de Policía, civiles y también para los periodistas del país, para que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo en un momento tan importante como el que vive Colombia”.Colombia rechaza brutal ataque del ELN contra jóvenes que prestaban servicio militarAmenazas contra Zona CeroHoras antes, el editor del portal Zona Cero había denunciado amenazas a través de redes sociales.Recibieron un mensaje en el que se leía: “Malditos, se van a pudrir de bombas en sus instalaciones cuando no las crean”.“Esto nosotros lo consideramos asociado a la petición que hizo un delincuente preso en una celda especial en donde exige una entrevista”, reveló Laurian Puerta, editor de Zona Cero.La Policía, que custodia las dos casas periodísticas, informó que en el caso de El Heraldo ya identificaron a uno de los hombres que ingresó a la fuerza al medio de comunicación."La divulgación por la fuerza de mensajes representa una violación a la libertad de prensa y a la seguridad de los periodistas y medios de comunicación", dijo el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, al condenar "las graves amenazas contra El Heraldo y otros medios colombianos".Cocaleros colombianos se declaran en crisis económica por sobreproducción y hechos de violencia
