Este martes, la Fiscalía General vinculó formalmente al patrullero de la Policía Jorge Andrés Lasso por su presunta participación en la muerte de la joven Angie Paola Baquero -de 29 años- en las protestas del pasado 9 de septiembre en Bogotá.Con videos de cámaras de seguridad y otras pruebas, el ente investigador le imputó el delito de homicidio al uniformado.La fiscal del caso repasó lo sucedido el 9 de septiembre en manifestaciones que tuvieron lugar tras la muerte de Javier Ordóñez.“Cuando (Angie) se encontraba participando, cantando las arengas que los manifestantes también cantaban, observa que la gente comienza a dispersarse pues, al parecer, desde los árboles, policías estaban disparando a los manifestantes. En ese momento -aproximadamente sobre las 9:17 p.m.- es que la ahora occisa recibe un impacto del proyectil de arma de fuego a la altura del abdomen”, señaló.Tras varios análisis de balística, la Fiscalía determinó que la bala provenía del arma del patrullero Lasso.“Realizando correlación con la información plasmada en el informe investigador de campo del día 17 de septiembre de 2020 se determina que está asignada al funcionario Lasso Valencia Jorge”, explicó.Para el ente investigador, el patrullero usó su arma de forma descuidada, a pesar de estar capacitado.“Ese comportamiento le es atribuible a título de entender y saber que un arma de fuego debe ser utilizada con todo el cuidado y su obligación”, agregó la fiscal.El patrullero Lasso no aceptó el delito imputado y se declaró inocente.
Los patrulleros de la Policía Andrés Eduardo Díaz Mercado y Jhon Antonio Gutiérrez están en la mira de la Fiscalía por su presunta participación en los hechos que causaron terror el pasado 9 de septiembre en la capital del país.Esa noche todo se salió de control tras conocerse la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, en un procedimiento policial en el CAI Villaluz. Trece civiles fallecieron en distintos lugares de Bogotá y Soacha, presuntamente, por balas disparadas por la Policía en medio de los disturbios.Fiscalía, Policía y Procuraduría iniciaron las investigaciones que hoy dan los primeros indicios de lo que ocurrió esa noche de horror en Bogotá. Por esa razón, la Fiscalía llamó a imputación de cargos a los patrulleros Díaz y Gutiérrez por la muerte de Andrés Felipe Rodríguez, Jaider Fonseca Castillo, Angie Paola Baquero y Germán Puentes Valero. En diálogo con Noticias Caracol, sus abogados aseguran que lo que ocurrió esa noche se ha querido ocultar a nivel institucional.“Pues se les manifiesta que antes de llegar a este se quiten sus chaquetas, cubran sus identificaciones y que 'no se boleteen' expresamente porque existen muchas personas grabando el operativo”, señaló María Alejandra Garzón Mora, abogada de las víctimas.Una de las partes más relevantes de este expediente, que hasta ahora inicia, es el testimonio de uno de los policías que estuvo esa noche en el Verbenal y que admitió que recibió la orden de quitarse su chaqueta por parte de sus superiores.Durante las audiencias de este lunes, en donde se les imputaría el delito de homicidio, los abogados de los uniformados aseguraron que la Fiscalía no tenía competencia en el caso y que, por el contrario, debe ser Justicia Penal Militar la que asuma la investigación. Fiscalía, Procuraduría y los representantes de víctimas se opusieron a esta petición.“Para este delegado del ministerio público aquí se desbordó la función policial, pues esa función policial tiene unos límites respecto a la aplicación del uso de la fuerza y en especial respecto al uso de armas”, manifestó Juan López, representante de la Procuraduría.Las audiencias continuarán el próximo 21 de enero, para el caso del patrullero Gutiérrez, y el 28 de enero la del patrullero Díaz Mercado.
Las imágenes de una noche de caos y terror en el barrio Verbenal todavía estremecen a Bogotá. Todo ocurrió el 9 de septiembre de 2020, pasadas las 9:30 p. m., y encarna uno de los capítulos más sangrientos en la historia de la capital tras las protestas ciudadanas por la tortura y muerte de Javier Ordóñez, apenas 24 horas atrás. Esa noche trece civiles fallecieron en distintos lugares de Bogotá y Soacha presuntamente por balas disparadas por la Policía.Después de cuatro meses, este lunes serán imputados por la Fiscalía tres patrulleros por las muertes de Andrés Felipe Rodríguez, Jaider Fonseca Castillo, Angie Paola Baquero y Germán Puentes Valero. Aunque es un primer avance en el expediente, los familiares de las víctimas y sus abogados insisten en que hay una operación de encubrimiento institucional para que la verdad no se conozca.“Una vez escuchadas las comunicaciones por radio que existen entre el comandante de la estación de Usaquén y las personas que estaban en el operativo del Verbenal, pues se les manifiesta que antes de llegar a este se quiten sus chaquetas, cubran sus identificaciones (...) y que no 'se boleteen', expresamente, porque existen muchas personas grabando el operativo”, afirma María Alejandra Garzón, abogada de las víctimas.¿Para qué quitarse las chaquetas oficiales en el momento más álgido de los enfrentamientos? Esa es la gran pregunta. ¿Lo hicieron para evitar agresiones en su contra o, como dicen los abogados de las víctimas, para que no se identificara a quienes les dispararon a los civiles y protagonizaron los abusos?El protocolo del Ministerio del Interior para atender la protesta ciudadana es así de claro: “(…) la actuación de la Policía Nacional deberá ser desarrollada en todo momento mediante personal y equipos identificados de manera clara y visible".Noticias Caracol conoció el testimonio de uno de los policías que estuvo esa noche en el Verbenal y que resultó lesionado en el rostro. Según dijo, llegó al lugar como refuerzo a las 7:30 p. m. mientras los ataques contra el CAI cada vez eran peores. Su versión resulta clave porque admite que recibió la orden de quitarse su chaqueta."Yo tenía la chaqueta reflectiva puesta, pero antes de llegar al apoyo, por radio, manifestaron que nos quitáramos las chaquetas, que llegáramos sin chaquetas puestas. Desconozco quién dio la orden por radio (...) yo dejé la chaqueta en el baúl de la moto".Lo más inverosímil, dicen los abogados de las víctimas, son las justificaciones de algunos policías sobre el episodio de las chaquetas.“Manifiestan, por ejemplo, que les dan dotación cada dos años y que no las querían ensuciar y por eso se la quitaron, o que se había manchado de sangre o que no querían que se manchara de sangre (…) es una burla a todas las víctimas”, dijo el defensor Juan Felipe Sánchez.Pero hay otras particularidades. Por ejemplo, hay múltiples inconsistencias entre la dotación asignada a algunos policías esa noche y los reportes de pérdida de munición.“Digamos que en este caso concreto de Verbenal hubo inconsistencias en la dotación de 9 policías, incluso agentes que manifiestan no haber estado en servicio ese día. Entonces, genera bastante suspicacia el hecho de que el 9 de septiembre agentes que no estaban de servicio hayan perdido munición”, añade Sánchez.Otro de los puntos que se busca aclarar en el expediente es el súbito relevo de mando en la Policía de Bogotá, momentos previos a que miembros de esa institución dispararan sus armas contra los manifestantes. El coronel Luis Alfredo Sarmiento lo explicó así a la Fiscalía: "el 9 de septiembre estaba como comandante encargado de la Policía metropolitana de Bogotá (…) pero sobre las 20:00 horas mi general Rodríguez arribó indicando que fue notificado para asumir la comandancia de la Bogotá en encargo".El coronel Sarmiento se refiere al general Carlos Rodríguez, quien desde las ocho de la noche de ese 9 de septiembre se puso al frente de la seguridad en Bogotá. Pocas horas después, trece civiles murieron.“En el expediente no se pudo documentar mucho respecto del cambio de los mandos de la Policía a esa hora, precisamente porque la Fiscalía tiene su foco de investigación en encontrar en este momento a las personas que accionan las armas de fuego y no a las personas que dieron la orden presuntamente”, dijo Santiago Serrano, otro abogado de víctimas.El reclamo de estos tres abogados es que la Fiscalía envíe este expediente a la unidad de derechos humanos para que se adelante una sola investigación. Hoy, trece fiscales distintos de la unidad de vida indagan lo que ocurrió, es decir, hay 13 pesquisas paralelas y varias más por las decenas de heridos. ¿Puede reconstruirse la verdad así?Mientras la Fiscalía evalúa esta petición y se apresta a imputar a los primeros tres patrulleros por homicidio, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, asegura que la institución ha sido transparente con la justicia para que se conozca la verdad.“Para la noche del 9 de septiembre y el 10 de septiembre de la madrugada, desde el puesto de mando unificado del nivel central, y el de la Bogotá, no se dio ninguna orden para que los policiales se quitaran la chaqueta o algún elemento del servicio. Todo lo contrario, que estuvieran identificados y que cumplieran con todas las normas de protección a las personas y a su integridad”, dijo.Y añadió: “en este sentido y frente a unos videos que han circulado a partir de ese día ya la Procuraduría General de la Nación ha tomado acciones, se han identificado policiales, y están en proceso de investigación y de juicio disciplinario”.Lo ocurrido ese 9 de septiembre urge una investigación en contexto. Fueron 305 civiles heridos, 199 policías lesionados, 197 vehículos de la Policía afectados, 72 CAI vandalizados, 86 buses articulados y del SITP vandalizados y 13 incinerados. Unos 31 radios de la Policía hurtados y 22 dañados, 72 circuitos cerrados de televisión averiados, 5 chalecos antibalas extraviados y una pistola de la Policía robada. Eso, además de la violencia contra entidades bancarias, comercios y supermercados y la muerte de una mujer arrollada por un bus del SITP que vándalos se habían robado.Más allá de estos hechos, todos graves y repudiables, la respuesta de la Policía en medio del caos está hoy en el banquillo. La abogada María Alejandra Garzón lo pone en estos términos: “hay fiscales que tienen la tesis de que estaban protegiendo el CAI. ¿En qué momento unas instalaciones, una pared se vuelven más importantes en términos de derechos que la vida de una persona?”.
La Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos a tres policías presuntamente implicados en la muerte de cuatro personas durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá, que surgieron tras el abuso policial que le costó la vida al estudiante de Derecho Javier Ordóñez.Luisa Fernanda Obando, delegada del ente investigador para la seguridad ciudadana, sostuvo que, “de acuerdo con los elementos materiales probatorios, se logró establecer la presunta responsabilidad de tres miembros de la Policía por el homicidio cometido en contra de cuatro ciudadanos, entre ellos un menor de edad y una mujer”.El adolescente al que hace referencia la funcionaria tenía 17 años y fue baleado cerca del CAI Verbenal, así como otro joven de 23.En cuanto a las otras dos víctimas, corresponden a una mujer de 27 y otro hombre de 29. Estaban en los barrios Aures y Rincón.De acuerdo con una investigación en curso, al menos 53 uniformados dispararon los días de las protestas por la muerte de Javier Ordóñez.El 18 de enero tendrá lugar la audiencia de imputación de cargos contra los policías.
Una nueva decisión tomó la Fiscalía en la investigación por la muerte de Javier Ordóñez en un CAI del barrio Villa Luz, en Bogotá: llamó a imputación de cargos a otro patrullero.La audiencia del uniformado de la Policía se llevará a cabo el 9 de febrero de 2021.(Vea también: Revelan video del interior del CAI Villa Luz: policías llevaron a rastras a Javier Ordóñez)El ente investigador también evalúa la posible participación de otros policías en el violento hecho, que generó protestas e indignación ciudadana.Cabe recordar que los dos primeros implicados detenidos, los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, ya fueron sancionados por la Procuraduría con 20 años de destitución e inhabilidad.De acuerdo con el Ministerio Público, los uniformados actuaron con brutalidad al abusar de su autoridad e incurrir en exceso de fuerza durante el operativo policial que terminó en la muerte del estudiante de Derecho.
Videos grabados el 9 de septiembre en el Park Way, en la localidad de Teusaquillo de Bogotá, muestran cómo un policía golpeó a civiles con un enorme palo. El patrullero se puso la chaqueta al revés y tenía la cara cubierta con un tapabocas para no ser reconocido.Dos meses después fue capturado, pero no por estos hechos.Aunque la alcaldesa de Teusaquillo, Esmeralda Hernández, reveló que había sido detenido por lo sucedido la noche del 9 de septiembre, tras los disturbios que se desataron en Bogotá luego del asesinato de Javier Ordóñez, se conoció que el uniformado está implicado en el abuso sexual de una menor de edad, que se denunció en marzo.La Policía confirmó que el patrullero será apartado de la institución.
Fueron cinco horas de lectura del fallo que los implicados siguieron en silencio. En este, la Procuraduría concluyó que los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda actuaron con brutalidad al abusar de su autoridad e incurrir en exceso de fuerza durante el operativo policial que terminó en la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez.Por esta razón fueron castigados con una de las más altas sanciones que contempla el Código Disciplinario: 20 años de destitución e inhabilidad.“Se puede afirmar que fue víctima de violencia física mientras permaneció en el CAI Villa Luz, entre las 00 horas 11 minutos y 4 segundos y las 00 horas 31 minutos y 12 segundos del día 9 de septiembre de 2020. Sin consideración o razón alguna, y con brutalidad, Javier Humberto Ordóñez recibió golpes contundentes propinados por el uniformado Juan Camilo Lloreda Cubillos mientras que Harby Rodríguez se inclinaba para sujetarlo toda vez que estaba en el piso esposado totalmente reducido y nunca recibió auxilio ni acción a pesar de sus lamentos”, señaló Aura Fajardo, representante de la Procuraduría.El Ministerio Público señala que en este caso se obró con crueldad y con la intención de hacer daño a Javier Ordóñez.“Se infiere de la formación que reciben los policías y su experiencia que se les enseña dónde golpear según el propósito que se busque”, agregó Fajardo.Videos en los que se observa cómo bajan a Ordóñez de la camioneta de la Policía para ingresarlo al CAI arrastrado o imágenes en las que se observa a los dos policías en la golpiza que le estalló uno de los riñones a la víctima hicieron parte de las pruebas que sirvieron para sustentar la decisión de la Procuraduría General.El uso excesivo del taser, una lesión por arma de fuego en una pierna y los golpes propinados llevaron al Ministerio Público a calificar el acto como demencial pues, a pesar de la gravedad, Ordóñez no fue auxiliado.Así mismo se planteó que esta actuación policial derivó en hechos de orden público que comprometieron la vida de otras personas, de miembros de la fuerza pública y de la misma institución policial.
Este jueves se adelantó la última parte del juicio disciplinario contra los patrulleros Harby Damian Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, detenidos por la muerte de Javier Ordóñez. Los expolicías expusieron sus alegatos de conclusión ante el procurador delegado para la Fuerza Pública Herman Rincón.Lloreda pidió su absolución al considerar que las pruebas practicadas en su contra no deben ser tenidas en cuenta porque no tuvo la posibilidad de refutarlas.“Hasta este momento procesal no existe prueba alguna que permita deducir fehacientemente que la causa de la muerte del ciudadano Javier Humberto Ordóñez Bermúdez haya sido producto del procedimiento que se realizó en cumplimiento de mi deber el día de los hechos”, indicó.Sin embargo, el representante de las víctimas pidió la sanción disciplinaria máxima contra los ahora expatrulleros señalando que se evidenció la intención de lesionar al estudiante de Derecho.“El señor Javier Ordóñez fue torturado y asesinado al interior de las instalaciones de la Policía Nacional. Por estas razones, su señoría la representación de víctimas solicita de forma respetuosa que se haga justicia y que se condene a los señores”, señaló Yeison Cárdenas.Para el abogado de Harby Damian Rodríguez, quien también pidió la absolución, los videos que conoció el país no evidencian torturas contra Ordóñez.“Esta defensa considera válidamente que los hechos enrostrados corresponden a acciones adelantadas por el hecho de un tercero o de unos terceros”, indicó el abogado Jorge Páramo.El procurador delegado anunciará su decisión el próximo martes 27 de octubre a las ocho de la mañana.
Gracias a videos, testimonios y confesiones se ha identificado a 53 policías señalados de accionar sus armas de dotación en medio de las manifestaciones por la muerte de Javier Ordóñez, a manos de dos uniformados, el 9 de septiembre.La investigación disciplinaria la asumió la Procuraduría, que trabaja con testimonios para establecer por qué dispararon y si realmente estaban en situación de riesgo, entre otras incógnitas.Para las familias de los diez civiles que murieron, aparentemente por dichos disparos, es realmente inaudito que a esta fecha, cuando los presuntos responsables de la muerte de Javier Ordóñez ya están en la cárcel y los vándalos que atacaron a los policías en esas manifestaciones ya están capturados, no sepan quiénes asesinaros a sus hijos."Realmente en estos momentos estamos sintiendo un dolor muy tremendo. Otra vez estamos noches que no duerme uno por la pensadera, ¿en qué irá a parar esto? Que haya un castigo para los policías que cometieron ese asesinato, porque los cogieron fue de tiro de gracia a los muchachos", dijo José Hernández, padre de Cristian Camilo Hernández, joven fallecido por heridas de bala en Verbenal.Agregó que se siente abandonado por el Estado: “es la hora que nadie se ha reportado con nosotros, no hemos recibido ninguna ayuda de ninguna clase”.Por ahora la Fiscalía también trabaja para establecer si las balas que acabaron con la vida de 10 jóvenes en Bogotá pertenecen a los policías que están siendo investigados.
La Policía reveló las pruebas contra las cinco personas capturadas y acusadas de atacar a civiles, policías y CAI en los disturbios del 9 de septiembre en Bogotá, registrados luego del asesinato de Javier Ordóñez.En uno de los videos se ve a un joven que, según la Policía, era seguido por unas personas que sospechaban que hacía parte de los encapuchados que habían atacado un CAI en Suba, en el noroccidente de Bogotá.Uno de los ciudadanos levantó su bastón y golpeó violentamente al menor de edad, que reaccionó y le lanzó una piedra para tumbarlo.Otro hombre, un adulto mayor que iba junto a quien terminó en el piso, sacó un arma y le disparó al joven de 17 años, que pese a que intentó huir recibió un tiro en una pierna.Otra cámara grabó cuando el menor cayó al suelo y otras personas lo ayudaron a levantar y lo llevaron a un hospital.El hombre señalado de disparar y que luego se marchó tranquilamente fue identificado como Guillermo Alfonso Correal Sierra y capturado en su casa, en presencia de su hijo.Según el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía en Bogotá, el menor de edad “reconoció a su agresor, que fue judicializado y está puesto a disposición de la autoridad judicial. Es una persona adulta, reside en ese sector. En el momento del allanamiento que le realizamos para dar captura a esta persona encontramos un arma de fuego tipo revólver con munición”.La Policía también capturó a un barrista de fútbol, identificado como Nelson David Villamil Tolosa y al que sindican de ser quien apuñaló en la pierna a la patrullera Yesica Patiño, que yacía en el piso tras ser atacada a piedra y patadas en el sector de Venecia, luego de que encapuchados vandalizaran el CAI.El sujeto fue detenido en la localidad de Tunjuelito, mientras trabajaba en una bicicleta vendiendo bebidas calientes.En la localidad de Engativá, ciudadanos grabaron la noche del 9 de septiembre a alias ‘Lina’, que amenazó a algunas personas por intentar defender a un uniformado de los ataques de vándalos.“Usted no sabe quién soy yo”, decía la mujer, que, según los investigadores, es la misma que aparece en otros videos dirigiendo y participando junto con sus cómplices en la quema del CAI La Florida, en el noroccidente de Bogotá.“Hágale que quedó bien grabada, la voy a hacer famosa”, dijo uno de los ciudadanos que grabó a ‘Lina’.Las autoridades llegaron donde se ocultaba y la capturaron a ella y a su pareja.El quinto detenido fue Camilo Andrés Rangel Reyes. Es señalado de integrar la banda de atracadores, que, aprovechando la situación de orden público ocurrida la noche del 9 de septiembre, al día siguiente instaló una especie de retén en los semáforos para atracar a los que por ahí transitaban.“Estas personas van a ser judicializadas por diferentes delitos: por terrorismo, por hurto, por tentativa de homicidio, por ataque a servidor público”, informó el general Heredia.Los disturbios se destararon tras la violenta muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, por la que están capturados los policías Juan Camilo Lloreda y Harby Rodríguez.
Santiago Umba debutó por la puerta grande en el ciclismo internacional, ya que dio la pelea en la Vuelta al Táchira. El escarabajo llegó como gregario del Androni Giocattoli y terminó como el mejor de su equipo.“Finalizamos la Vuelta al Táchira y de verdad que están muy contentos en el equipo con el resultado. Es mi primera carrera profesional y estar al mismo nivel de Oscar Sevilla y Danny Osorio, estar disputando con ellos me llena de mucha motivación y mucha confianza para el resto de la temporada”, dijo Santiago Umba en declaraciones divulgadas por su oficina de prensa.Vea el gol de Yerry Mina en el Everton vs. Sheffield Wednesday de la FA CupEl boyacense, quien finalizó cuarto en la general de la Vuelta al Táchira a 7:35 de Roniel Campos, agradeció a sus compañeros de equipo, quienes “estuvieron muy pendientes de mí durante la carrera”.Santiago Umba, de 18 años, finalizó contando que su siguiente competencia será “el Campeonato Nacional en Pereira (4 al 7 de febrero) y esperemos poder estar ahí en la disputa”.
El juez de silla brasileño Carlos Bernardes sufrió un ataque al corazón mientras guardaba la cuarentena previa al Abierto de Australia.Le puede interesar: James Rodríguez pone el balón donde quiere: dos centros de gol, en el 3-0 de Everton sobre SheffieldCarlos Bernardes, uno de los árbitros más carismáticos del tenis internacional, se sintió mal, sufrió un ataque al corazón y fue llevado al hospital por los servicios sanitarios australianos en una ambulancia.El juez de silla brasileño evoluciona satisfactoriamente, según informa la ATP, y podría recibir el alta en los próximos días.Carlos Bernardes es uno de los jueces más conocidos del circuito ATP, incluidas finales de torneos del Grand Slam, que lleva desde 1990 como árbitro en las competiciones de cada temporada.
El Ministerio de Salud indicó que del total de 2.013.014 infectados con COVID-19 en Colombia, hay 123.817 casos activos.Este domingo 24 de enero se reportaron 12.516 contagios nuevos de coronavirus.Bogotá (4.043), Antioquia (1.659) y Valle del Cauca (1.542) son los lugares con más casos recientes.Según cifras de la Universidad Johns Hopkins, Colombia está en el puesto 11 de países con más casos, por debajo de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, España, Italia, Turquía y Alemania. Ocupa, además, el puesto 12 en el número de muertes en el mundo.El número de muertes por COVID-19 en Colombia subió a 51.374Reporte de fallecidos enero 24 (392)Bogotá (73), Valle del Cauca (55), Antioquia (40) y Cundinamarca (36) encabezaron la lista de decesos.Según el informe del Instituto Nacional de Salud, 42 de los fallecidos corresponden a las últimas horas y los otros 350 a días anteriores. De ellos, 203 no tenían comorbilidades.Hoy se procesaron 51.549 pruebas: 38.926 PCR y 12.623 de antígenos. El número de recuperados es de 1.832.168.Departamentos con coronavirus en Colombia:Desde finales de noviembre, Colombia ha experimentado un aumento preocupante de casos, por lo que mandatarios locales han tenido que volver a medidas como toques de queda o pico y cédula. El aislamiento selectivo se extendió al 28 de febrero.Autoridades insisten en practicar un adecuado lavado de manos, usar tapabocas, mantener distancia social, utilizar geles antibacteriales, cuidar a la población vulnerable y respetar las medidas de aislamiento preventivo de cada ciudad.#EstáEnTusManos
Luego de someterlo a votación entre sus integrantes, el Partido FARC hizo oficial el cambio de su nombre: ahora se llamará Comunes. Con esta decisión, concluye un ciclo para el movimiento que mantuvo tras la firma del acuerdo de paz el nombre FARC en su iniciativa política.Sin embargo, Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, reconoció que es difícil hacer política en el país bajo ese nombre, que los colombianos relacionan más con la guerra y el conflicto armado en el país.“Nuestro nuevo nombre es Comunes. Es una apuesta real y transformadora por la paz de Colombia hecha por la gente del común”, anotó el partido a través de su cuenta en Twitter. Aunque se presentaron tres propuestas, Comunes fue la iniciativa que obtuvo la mayoría de los votos entre los miembros del partido. “Somos Comunes, es nuestra nueva imagen. De hoy en adelante somos el partido Comunes, y el partido de la paz, la reconciliación y el amor para la vida”, expresó Pastor Alape.La decisión se tomó durante la segunda Asamblea Nacional Extraordinaria del partido que tuvo lugar este fin de semana con participación de excombatientes alrededor de todo el país. El cambio ha generado diferentes comentarios en la opinión pública, para algunos llegó tarde, mientras otros consideran que es acertado.
Este domingo, en el estadio Goodinson Park, Everton recibe al Sheffield Wednesday, por la cuarta ronda de la FA Cup. El tercer gol fue conexión colombiana entre James Rodríguez y Yerry Mina .