Un juez emitió hoy la condena contra el patrullero de la Policía Juan Camilo Lloreda por el homicidio de Javier Ordóñez, en un CAI de Bogotá, el pasado 9 de septiembre.Lloreda fue sentenciado a 20 años de prisión luego de lograr un acuerdo con la Fiscalía para dar detalles de lo ocurrido con la muerte de Javier Ordóñez esa noche.El patrullero reconoció que fue quien le puso el taser a Javier Ordóñez, quien además recibió fuertes golpes de otros uniformados.Vea además: Tres policías, a responder por asesinato de 4 personas en protestas tras la muerte de Javier OrdóñezOtro patrullero es llamado a imputación de cargos por muerte de Javier OrdóñezEl otro detenido, Arbey Rodríguez, enfrentará un juicio por su responsabilidad en este caso.El crimen de Javier Ordóñez generó protestas que terminaron con otras 13 muertes en Bogotá y Soacha y la destrucción de varios CAI.
Durante diversos operativos de la Policía, realizados el pasado miércoles 28 de abril, fueron capturados 14 supuestos terroristas que habrían participado en los desmanes de septiembre 9 y 10 de 2020 en Bogotá, ocurridos durante la protesta por el asesinato de Javier Ordóñez.El fiscal general Francisco Barbosa y la Policía revelaron que las capturas se dieron en Cali y Bogotá, con todos los sustentos legales y gracias a una completa investigación.Al ser presentada las 14 personas ante una juez de control de garantías, esta declaró que los derechos de los capturados fueron vulnerados, ya que las órdenes de detención no tenían claros los hechos y los motivos de la detención por concierto para delinquir y terrorismo.La Fiscalía advirtió en un comunicado que es ajena al error."En los documentos que sustentan la orden de captura, el citado juez 61 no consignó toda la información necesaria para soportar los procedimientos. Esta situación es ajena a la Fiscalía General de la Nación", aseguró la entidad en el documento.Para el abogado Ricardo Burgos, el error es del ente acusador.“Lo que quiso decir la señora juez de control de garantías en su decisión es que la Fiscalía fue insuficiente en sus argumentos. Manifestó que en un delito, como el terrorismo, jamás se explicó cuáles fueron los días, los motivos, los hechos”, indicó.Y agregó que, de acuerdo con la juez, tampoco se precisó “en qué momento las personas se encontraron vinculadas en el delito, cómo se desarrollaron los actos de terrorismo y cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que respaldan el delito imputado”.La orden de libertad de los 14 detenidos fue inmediata. La juez también afirmó que su decisión obedece a una revisión formal del caso e incluso considera que es importante compulsar copias para investigar qué pudo haber fallado en este proceso.
Un dramático video les mostró al país parte de lo que ocurrió con Javier Ordoñez en el CAI de Villaluz, de Bogotá, el 7 de septiembre de 2020.El fiscal del caso consignó así ante el juez lo ocurrido.El video fue una de las 13 pruebas de la Fiscalía contra el patrullero Lloreda, quien minutos antes sometió a Ordóñez con un taser como se vio en un video que circuló ampliamente en redes sociales.Lloreda llegó a un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó su responsabilidad en el homicidio como coautor a cambio de que el ente investigador cediera en un punto.“El déficit del quantum punitivo se va a ver superado por la cantidad de verdad que pueda vertir en el proceso o en los diferentes procesos el señor Lloreda, quien ahora es testigo clave no solamente de este proceso sino en otras líneas de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación", expresó Vadith Gómez, abogado dela familia Ordoñez.Al final el preacuerdo avalado por el juez, y aceptado por la familia de Ordóñez, condenó al patrullero a 19 años de cárcel por homicidio simple y un año más por tortura agravada, tal como quedó en el preacuerdo, que obliga al patrullero a colaborar para esclarecer las responsabilidades de varios uniformados en la muerte de Javier Ordóñez.También debe hacer un acto de perdón público con destino a las víctimas y a la sociedad.
El patrullero Juan Camilo Lloreda, quien aceptó cargos por la muerte de Javier Ordóñez en Bogotá, pagará 20 años de cárcel y una multa de 1.500 salarios mínimos mensuales. Lo anterior quedó estipulado luego de que el Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogotá avalara el preacuerdo firmado entre el patrullero Juan Camilo Lloreda y la Fiscalía.Según informó el ente acusador, Lloreda no solo aceptó su culpa, también “colaborará con el pleno esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecerá un acto público de perdón a las víctimas”.La muerte de Ordóñez sucedió la madrugada 9 de septiembre de 2020 en el CAI del barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá.Ese día, el estudiante de Derecho departía con algunas personas en su apartamento, salió a la calle y allí tuvo un encontrón con un grupo de policías.El patrullero Juan Camilo Lloreda, que era uno de los uniformados, le propinó varias descargas eléctricas con una pistola taser a Ordóñez.La brutal agresión fue grabada y divulgada por redes sociales por los acompañantes de la víctima, imágenes que indignaron a Colombia y desataron una ola de protestas.Las pruebas contra el uniformado eran tan contundentes que no tuvo otro camino que buscar un acuerdo con la Fiscalía para aceptar sus cargos, negocio jurídico que acaba de ser avalado: Lloreda pagará 20 años de cárcel, una multa de 1.500 salarios mínimos legales vigentes (1.362’789.000 de pesos) y un acto de desagravio y perdón como culpable de los delitos de homicidio agravado y tortura agravada.“Respecto al otro vinculado, el patrullero Harvy Damián Rodríguez Díaz, la Fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada”, indicó el ente investigador. Noticia en desarrollo...
Uno de los patrulleros de la Policía implicado en la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez aceptó cargos, buscando una negociación con la Fiscalía.Se trata del uniformado Juan Camilo Lloreda, quien firmó el preacuerdo que deberá ser revisado para ser avalado por un juez.Aunque los problemas de conectividad impidieron la realización de la audiencia contra los policías implicados en la muerte de Javier Ordóñez en el CAI de Villa Luz, en Bogotá, el fiscal del caso alcanzó a exponer la decisión que ha tomado uno de los uniformados de aceptar cargos a cambio de una rebaja en la pena.“Permita a la Fiscalía presentar y socializar para su verificación el preacuerdo”, dijo en la audiencia el fiscal del caso, Juan Carlos Oliveros.El preacuerdo que firmó el patrullero Juan Camilo Lloreda ya lo había dejado en claro su abogado ante el despacho judicial.“Juan Camilo Lloreda acepta cargos y de una vez le solicito su señoría que en esta audiencia se haga el preacuerdo que está previsto”, indicó su abogado, Jesús Herrera.El patrullero Lloreda fue quien accionó la pistola taser contra Javier Ordóñez, la noche del 8 de septiembre del 2020, en el barrio Villa Luz.La golpiza, y luego la muerte del padre de familia en el interior del CAI, generaron graves disturbios en Bogotá y algunas otras ciudades.En cuanto a la situación jurídica del patrullero Harby Damián Rodríguez, la Fiscalía aseguró que seguirá adelante con la acusación por esos hechos.El juez decidirá si acepta o no el preacuerdo que firmo Lloreda con la Fiscalía.
El patrullero de la Policía Andrés Eduardo Díaz Mercado fue vinculado a la investigación por las muertes que se presentaron durante las protestas del pasado 9 de septiembre en Bogotá. Al uniformado lo señalan como responsable de la muerte de Germán Smith Valero, en inmediaciones del CAI de Suba.“Se cuenta con el protocolo de necropsia al cuerpo de la víctima, protocolo que establece que la persona sufre un impacto por herida de proyectil de arma de fuego”, confirmó la fiscal del caso.Para la representante de las víctimas habría una intención por parte del policía para lastimar a los manifestantes.“En un escenario de protesta social con la intención clara y evidente de causar la muerte, en este caso únicamente concreto respecto del ciudadano Germán Puentes Valero. Es decir, no se trató de un resultado eventual, aleatorio o liberado al azar”, dijo Nadia Triviño, representante de las víctimas.Según la Fiscalía, el patrullero Díaz disparó su arma al tratar de defenderse de los manifestantes.“Desenfunda su arma con el fin de salvaguardar su integridad, momento en el cual estaba siendo agredido por una turba, por un grupo de manifestantes”, sostuvo el fiscal del caso.El uniformado no aceptó los cargos y se declaró inocente.
Este martes, la Fiscalía General vinculó formalmente al patrullero de la Policía Jorge Andrés Lasso por su presunta participación en la muerte de la joven Angie Paola Baquero -de 29 años- en las protestas del pasado 9 de septiembre en Bogotá.Con videos de cámaras de seguridad y otras pruebas, el ente investigador le imputó el delito de homicidio al uniformado.La fiscal del caso repasó lo sucedido el 9 de septiembre en manifestaciones que tuvieron lugar tras la muerte de Javier Ordóñez.“Cuando (Angie) se encontraba participando, cantando las arengas que los manifestantes también cantaban, observa que la gente comienza a dispersarse pues, al parecer, desde los árboles, policías estaban disparando a los manifestantes. En ese momento -aproximadamente sobre las 9:17 p.m.- es que la ahora occisa recibe un impacto del proyectil de arma de fuego a la altura del abdomen”, señaló.Tras varios análisis de balística, la Fiscalía determinó que la bala provenía del arma del patrullero Lasso.“Realizando correlación con la información plasmada en el informe investigador de campo del día 17 de septiembre de 2020 se determina que está asignada al funcionario Lasso Valencia Jorge”, explicó.Para el ente investigador, el patrullero usó su arma de forma descuidada, a pesar de estar capacitado.“Ese comportamiento le es atribuible a título de entender y saber que un arma de fuego debe ser utilizada con todo el cuidado y su obligación”, agregó la fiscal.El patrullero Lasso no aceptó el delito imputado y se declaró inocente.
Los patrulleros de la Policía Andrés Eduardo Díaz Mercado y Jhon Antonio Gutiérrez están en la mira de la Fiscalía por su presunta participación en los hechos que causaron terror el pasado 9 de septiembre en la capital del país.Esa noche todo se salió de control tras conocerse la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, en un procedimiento policial en el CAI Villaluz. Trece civiles fallecieron en distintos lugares de Bogotá y Soacha, presuntamente, por balas disparadas por la Policía en medio de los disturbios.Fiscalía, Policía y Procuraduría iniciaron las investigaciones que hoy dan los primeros indicios de lo que ocurrió esa noche de horror en Bogotá. Por esa razón, la Fiscalía llamó a imputación de cargos a los patrulleros Díaz y Gutiérrez por la muerte de Andrés Felipe Rodríguez, Jaider Fonseca Castillo, Angie Paola Baquero y Germán Puentes Valero. En diálogo con Noticias Caracol, sus abogados aseguran que lo que ocurrió esa noche se ha querido ocultar a nivel institucional.“Pues se les manifiesta que antes de llegar a este se quiten sus chaquetas, cubran sus identificaciones y que 'no se boleteen' expresamente porque existen muchas personas grabando el operativo”, señaló María Alejandra Garzón Mora, abogada de las víctimas.Una de las partes más relevantes de este expediente, que hasta ahora inicia, es el testimonio de uno de los policías que estuvo esa noche en el Verbenal y que admitió que recibió la orden de quitarse su chaqueta por parte de sus superiores.Durante las audiencias de este lunes, en donde se les imputaría el delito de homicidio, los abogados de los uniformados aseguraron que la Fiscalía no tenía competencia en el caso y que, por el contrario, debe ser Justicia Penal Militar la que asuma la investigación. Fiscalía, Procuraduría y los representantes de víctimas se opusieron a esta petición.“Para este delegado del ministerio público aquí se desbordó la función policial, pues esa función policial tiene unos límites respecto a la aplicación del uso de la fuerza y en especial respecto al uso de armas”, manifestó Juan López, representante de la Procuraduría.Las audiencias continuarán el próximo 21 de enero, para el caso del patrullero Gutiérrez, y el 28 de enero la del patrullero Díaz Mercado.
Las imágenes de una noche de caos y terror en el barrio Verbenal todavía estremecen a Bogotá. Todo ocurrió el 9 de septiembre de 2020, pasadas las 9:30 p. m., y encarna uno de los capítulos más sangrientos en la historia de la capital tras las protestas ciudadanas por la tortura y muerte de Javier Ordóñez, apenas 24 horas atrás. Esa noche trece civiles fallecieron en distintos lugares de Bogotá y Soacha presuntamente por balas disparadas por la Policía.Después de cuatro meses, este lunes serán imputados por la Fiscalía tres patrulleros por las muertes de Andrés Felipe Rodríguez, Jaider Fonseca Castillo, Angie Paola Baquero y Germán Puentes Valero. Aunque es un primer avance en el expediente, los familiares de las víctimas y sus abogados insisten en que hay una operación de encubrimiento institucional para que la verdad no se conozca.“Una vez escuchadas las comunicaciones por radio que existen entre el comandante de la estación de Usaquén y las personas que estaban en el operativo del Verbenal, pues se les manifiesta que antes de llegar a este se quiten sus chaquetas, cubran sus identificaciones (...) y que no 'se boleteen', expresamente, porque existen muchas personas grabando el operativo”, afirma María Alejandra Garzón, abogada de las víctimas.¿Para qué quitarse las chaquetas oficiales en el momento más álgido de los enfrentamientos? Esa es la gran pregunta. ¿Lo hicieron para evitar agresiones en su contra o, como dicen los abogados de las víctimas, para que no se identificara a quienes les dispararon a los civiles y protagonizaron los abusos?El protocolo del Ministerio del Interior para atender la protesta ciudadana es así de claro: “(…) la actuación de la Policía Nacional deberá ser desarrollada en todo momento mediante personal y equipos identificados de manera clara y visible".Noticias Caracol conoció el testimonio de uno de los policías que estuvo esa noche en el Verbenal y que resultó lesionado en el rostro. Según dijo, llegó al lugar como refuerzo a las 7:30 p. m. mientras los ataques contra el CAI cada vez eran peores. Su versión resulta clave porque admite que recibió la orden de quitarse su chaqueta."Yo tenía la chaqueta reflectiva puesta, pero antes de llegar al apoyo, por radio, manifestaron que nos quitáramos las chaquetas, que llegáramos sin chaquetas puestas. Desconozco quién dio la orden por radio (...) yo dejé la chaqueta en el baúl de la moto".Lo más inverosímil, dicen los abogados de las víctimas, son las justificaciones de algunos policías sobre el episodio de las chaquetas.“Manifiestan, por ejemplo, que les dan dotación cada dos años y que no las querían ensuciar y por eso se la quitaron, o que se había manchado de sangre o que no querían que se manchara de sangre (…) es una burla a todas las víctimas”, dijo el defensor Juan Felipe Sánchez.Pero hay otras particularidades. Por ejemplo, hay múltiples inconsistencias entre la dotación asignada a algunos policías esa noche y los reportes de pérdida de munición.“Digamos que en este caso concreto de Verbenal hubo inconsistencias en la dotación de 9 policías, incluso agentes que manifiestan no haber estado en servicio ese día. Entonces, genera bastante suspicacia el hecho de que el 9 de septiembre agentes que no estaban de servicio hayan perdido munición”, añade Sánchez.Otro de los puntos que se busca aclarar en el expediente es el súbito relevo de mando en la Policía de Bogotá, momentos previos a que miembros de esa institución dispararan sus armas contra los manifestantes. El coronel Luis Alfredo Sarmiento lo explicó así a la Fiscalía: "el 9 de septiembre estaba como comandante encargado de la Policía metropolitana de Bogotá (…) pero sobre las 20:00 horas mi general Rodríguez arribó indicando que fue notificado para asumir la comandancia de la Bogotá en encargo".El coronel Sarmiento se refiere al general Carlos Rodríguez, quien desde las ocho de la noche de ese 9 de septiembre se puso al frente de la seguridad en Bogotá. Pocas horas después, trece civiles murieron.“En el expediente no se pudo documentar mucho respecto del cambio de los mandos de la Policía a esa hora, precisamente porque la Fiscalía tiene su foco de investigación en encontrar en este momento a las personas que accionan las armas de fuego y no a las personas que dieron la orden presuntamente”, dijo Santiago Serrano, otro abogado de víctimas.El reclamo de estos tres abogados es que la Fiscalía envíe este expediente a la unidad de derechos humanos para que se adelante una sola investigación. Hoy, trece fiscales distintos de la unidad de vida indagan lo que ocurrió, es decir, hay 13 pesquisas paralelas y varias más por las decenas de heridos. ¿Puede reconstruirse la verdad así?Mientras la Fiscalía evalúa esta petición y se apresta a imputar a los primeros tres patrulleros por homicidio, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, asegura que la institución ha sido transparente con la justicia para que se conozca la verdad.“Para la noche del 9 de septiembre y el 10 de septiembre de la madrugada, desde el puesto de mando unificado del nivel central, y el de la Bogotá, no se dio ninguna orden para que los policiales se quitaran la chaqueta o algún elemento del servicio. Todo lo contrario, que estuvieran identificados y que cumplieran con todas las normas de protección a las personas y a su integridad”, dijo.Y añadió: “en este sentido y frente a unos videos que han circulado a partir de ese día ya la Procuraduría General de la Nación ha tomado acciones, se han identificado policiales, y están en proceso de investigación y de juicio disciplinario”.Lo ocurrido ese 9 de septiembre urge una investigación en contexto. Fueron 305 civiles heridos, 199 policías lesionados, 197 vehículos de la Policía afectados, 72 CAI vandalizados, 86 buses articulados y del SITP vandalizados y 13 incinerados. Unos 31 radios de la Policía hurtados y 22 dañados, 72 circuitos cerrados de televisión averiados, 5 chalecos antibalas extraviados y una pistola de la Policía robada. Eso, además de la violencia contra entidades bancarias, comercios y supermercados y la muerte de una mujer arrollada por un bus del SITP que vándalos se habían robado.Más allá de estos hechos, todos graves y repudiables, la respuesta de la Policía en medio del caos está hoy en el banquillo. La abogada María Alejandra Garzón lo pone en estos términos: “hay fiscales que tienen la tesis de que estaban protegiendo el CAI. ¿En qué momento unas instalaciones, una pared se vuelven más importantes en términos de derechos que la vida de una persona?”.
La Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos a tres policías presuntamente implicados en la muerte de cuatro personas durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá, que surgieron tras el abuso policial que le costó la vida al estudiante de Derecho Javier Ordóñez.Luisa Fernanda Obando, delegada del ente investigador para la seguridad ciudadana, sostuvo que, “de acuerdo con los elementos materiales probatorios, se logró establecer la presunta responsabilidad de tres miembros de la Policía por el homicidio cometido en contra de cuatro ciudadanos, entre ellos un menor de edad y una mujer”.El adolescente al que hace referencia la funcionaria tenía 17 años y fue baleado cerca del CAI Verbenal, así como otro joven de 23.En cuanto a las otras dos víctimas, corresponden a una mujer de 27 y otro hombre de 29. Estaban en los barrios Aures y Rincón.De acuerdo con una investigación en curso, al menos 53 uniformados dispararon los días de las protestas por la muerte de Javier Ordóñez.El 18 de enero tendrá lugar la audiencia de imputación de cargos contra los policías.
Los viajeros procedentes de Argentina, Bolivia, Colombia y Namibia deberán guardar cuarentena a su llegada a España durante diez días, al haber sido incluidos por el Gobierno español como países de alto riesgo por el COVID-19.Le puede interesar: Variante delta de coronavirus ya está en Colombia: confirman caso de un paciente en CaliEstos países se incorporan así a la lista de más de 25 de fuera de la Unión Europa que tienen que hacer cuarentena si viajan a España, según una orden publicada este sábado por el Ministerio de Sanidad español, con vigencia a partir del próximo martes 27 de julio y durante catorce días prorrogables.La cuarentena podrá finalizar con anterioridad si al séptimo día a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección activa con resultado negativo según unos test específicos admitidos por España.Durante la cuarentena se debe permanecer en un domicilio o alojamiento limitando los desplazamientos y los accesos de terceras personas a los imprescindibles para adquirir alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad, desplazarse a centros sanitarios o por causas de fuerza mayor.Las fuerzas de seguridad podrán realizar en cualquier momento las comprobaciones oportunas sobre el cumplimiento de las condiciones de cuarentena, según esta orden.
Desde temprano en la mañana, los capitalinos acudieron a Corferias para recibir la segunda dosis de Pfizer en una jornada maratónica de inmunización, anunciada por la Secretaría de Salud de Bogotá.Se asignaron en total 35 mil dosis de Pfizer únicamente para completar los esquemas de vacunación y otras 50 mil para la inmunización de mujeres en etapa de gestación.Otro fue el panorama que se vivió en los puntos en donde se vacunarían a las personas entre 30 a 34 años de edad. La afluencia de los más jóvenes habilitados fue baja en las primeras horas del día.Le puede interesar: Ministerio de Salud anunció el inicio de la vacunación para la población entre los 30 a 34 añosA la fecha han sido vacunados 11.042.971 de colombianos. Se espera que en las próximas horas el país llegue a la meta de haber aplicado 25 millones de dosis.
Este sábado seguirán las competencias y los retos para los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Uno de los que saltará a la cancha es el tenista Daniel Galán, quien tendrá que enfrentarse con el egipcio Mohamed Safwat.Y en horas previas a su actuación, el santandereano mostró sus sensaciones luego de llegar a territorio japonés y ultimar su puesta a punto. "Contento por estar disfrutando al máximo de estos Juegos, ajustarnos a las condiciones que hemos encontrado y con los deseos de darle muchas alegría a Colombia".Galán agregó también que "es un orgullo representar a Colombia y a mi familia. Estar acá es importante, hay que buscar mejores cosas y espero darlo todo".El deportista de 25 años analizó a su rival. "Con Safwat no he jugado aún, lo he visto en el circuito, es sólido. Pero hay que hacer nuestro juego y hacer las cosas bien".El mundo quiere ver a Colombia brillar! Siga la transmisión exclusiva para Colombia por la pantalla principal de Caracol Televisión, la señal HD2 y a través de www.noticiascaracol.com/juegos-olímpicos .
Una mujer agredida por seis perros falleció luego del ataque que sufrió en zona rural de Birigui, en Sao Paulo, Brasil.Según los reportes, Marli Donegá regresaba de una pizzería con su novio el pasado 21 de julio. Lo acompañó hasta una finca en la que trabajaba el hombre como cuidador y en ese momento se le abalanzaron los animales de raza pitbull.Vea aquí: Mujer buscaba adoptar una mascota en un refugio y encontró a su perro que se perdió hace dos añosNada pudo hacer el novio para salvar a la mujer de 53 años y también empezó a ser mordido.Cuando se liberó del ataque, decidió que lo mejor era salir a buscar ayuda antes de caer inconsciente, también por las agresiones.Finalmente, la peor parte la llevó la mujer, quien fue declarada muerta por el equipo de bomberos municipales que llegó al sitio.Los animales fueron contenidos por los demás empleados y el novio se recupera en urgencias.
Pablo, un joven de 13 años, llevó su violonchelo hasta una UCI y le dio un emotivo concierto a su papá, que se encontraba hospitalizado y conectado a un respirador artificial tras contraer coronavirus COVID-19.En un video, publicado por el Hospital Vall d'Hebron, situado en Barcelona, España, se puede ver al joven con su violonchelo al frente de la cama de cuidados intensivos en la que su padre luchaba por vencer al virus.Se logra escuchar que Pablo, estudiante de primer año del Conservatorio de Barcelona, interpretó piezas clásicas de Bach y canciones de reconocidas bandas sonoras del séptimo arte.Se conoció que una semana después del concierto, el hombre de 59 años fue desconectado del respirador artificial.Algunos atribuyen esa mejoría al concierto de violonchelo que su hijo le brindó en plena UCI."No tengo palabras para explicar el momento del reencuentro. Fue muy emotivo. Terminamos todos llorando”, aseguró a Betevé la médica Carolina Maldonado.Pese a ser desconectado, el hombre continúa su recuperación en un hospital de Cataluña.
