Este lunes se conoció el resultado de la relatoría sobre los hechos ocurridos tras la muerte de Javier Ordóñez. Según el informe apoyado por Naciones Unidas, hubo una "masacre por parte de miembros de la Policía Nacional" y sobre él se pronunció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. “Doloroso hasta el alma, pero necesario para salvaguardar y recomponer nuestra democracia. El dolor que nos causa confirmar lo que denunciamos desde el 10 de septiembre del año pasado es profundo, pero no es ni en un gramo comparable al dolor que sienten y sentirán las víctimas de esta tragedia, sus familiares y amigos a quienes una vez más ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa, por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera”, manifestó Claudia López.Tras escuchar el informe, liderado por Carlos Negret, exdefensor del Pueblo, recalcó que “lo ocurrido entre el 9 y 11 de septiembre en Bogotá en Soacha fue una masacre policial contra jóvenes de nuestra ciudad, en particular contra jóvenes humildes, la inmensa mayoría jóvenes civiles. Otros, jóvenes que portaban uniforme, todos ciudadanos que deben ser protegidos por las armas del Estado”.En medio de lágrimas pidió “perdón a las víctimas y a mi ciudad, asumo enteramente la responsabilidad política e institucional que me corresponde para llevar a cabo y cumplir las recomendaciones de este informe”.Más del tema: Policía asesinó a Javier Ordóñez y desobedeció orden de no disparar a ciudadanos: Claudia LópezY, además, lanzó pullas al presidente Iván Duque: “Vuelvo a pedirle una vez más al comandante en jefe de la Policía Nacional, el señor presidente de la República, que reconozca la gravedad de lo ocurrido entre el 9 y el 11 de septiembre, que reconozca que las vidas de nuestros jóvenes se perdieron en medio de una masacre cometida por miembros de la Policía Nacional en Bogotá, en medio del uso abusivo, ilegítimo, inconstitucional con las armas de dotación portadas por algunos miembros de la Policía Nacional. Que se comprometa a acometer las recomendaciones de este informe empezando por hacer un acto genuino, no protocolario, no formal, no trivial, de reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido”.Según la relatoría, miembros de la fuerza pública habrían participado en 11 de las 14 muertes acontecidas en el contexto de las protestas por la muerte de Javier Ordóñez a manos de patrulleros.
Un trabajo de relatoría apoyado por Naciones Unidas y que se hizo para esclarecer lo ocurrido el 9 de septiembre de 2020, tras la muerte de Javier Ordóñez a manos de uniformados, concluyó que "ocurrió una masacre cuya responsabilidad recae en la Policía Nacional". Patrullero que aceptó cargos por muerte de Javier Ordóñez pagará 20 años de cárcelEn el contexto de estas manifestaciones se reportaron 14 muertes de civiles, de las cuales “11 habrían sido consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de los integrantes de la Policía Nacional”.Sumado a esto, dice que la fuerza pública incurrió en prácticas como Uso ilícito de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género y estigmatización de la protesta social.Esta relatoría, liderada por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret, incluso insiste en el porte y “uso indiscriminado de armas de fuego”.Sobre quienes hicieron parte de las protestas, se reconoce violencia contra bienes públicos y privados y contra la Fuerza Pública.Los ataques a uniformados “fueron serios, contra su integridad personal” y “ocurrieron cuando los policías intervinieron para proteger la infraestructura y bienes de la Policía".Sobre las detenciones arbitrarias se dice que hubo “torturas y tratos crueles, violación a presunción de inocencia, privación de atención médica a detenidos, hurto o pérdida de celulares de detenidos y detenciones masivas”.
En 16 puntos se concentraron las manifestaciones, pero en seis fue necesaria la intervención de la Policía por los disturbios en Bogotá. La situación más crítica se vivió cerca del CAI La Gaitana, en la localidad de Suba, el cual intentaron vandalizar.Piedras, gases y bombas aturdidoras fueron lanzadas durante el enfrentamiento entre ciudadanos y policías.Durante los disturbios en Bogotá fueron detenidas 13 personas, entre ellas 3 menores de edad.En el CAI de Villaluz, donde hace un año fue brutalmente golpeado Javier Ordóñez, también hubo enfrentamientos. Vándalos destruyeron contenedores e intentaron saquear dos cajeros.Tragedia del 9S en Bogotá: ¿qué ha pasado con policías señalados de disparar y cometer abusos?Las autoridades informaron que en medio de los disturbios en Bogotá, que se terminaron en la madrugada del viernes, un bus zonal y una ambulancia fueron atacados.También hubo desmanes en el portal de Las Américas, Molinos y Usme.Los ciudadanos que regresaban a sus casas de nuevo fueron afectados por las protestas, que los obligaron otra vez a caminar varios kilómetros.Claudia López dice que “no ha habido perdón ni justicia” tras un año de tragedia del 9S en Bogotá
El país se estremeció con la muerte de Javier Ordóñez, quien falleció tras una brutal golpiza en un procedimiento policial. Este hecho desató duras protestas en las calles de Bogotá, dejando como resultado una de las jornadas más violenta de la historia reciente de la ciudad.Puede ver: Claudia López dice que “no ha habido perdón ni justicia” tras un año de tragedia del 9S en BogotáMario Ordóñez, tío de Javier, pide justicia para su sobrino. “Lo que ocurrió con mi sobrino fue una venganza”, comentó en Noticias Caracol Ahora. Añadió que no está de acuerdo con la violencia, y le pidió la policía que revise a quién incorpora a la institución.Vea aquí la entrevista completa.
Este jueves, 9 de septiembre del 2021, se cumplió un año de la tragedia del 9S en Bogotá y la Alcaldía le rindió homenaje a las víctimas. En su discurso, la alcaldesa Claudia López aseguró que “todo empezó por un caso de abuso policial”.“El 8 de septiembre en la noche, unos policías detuvieron arbitrariamente, golpearon y terminaron asesinando dentro de un CAI a Javier Ordóñez, un estudiante de Derecho y padre de familia. Inicialmente, la Policía negó los hechos”, sostuvo.Este hecho desencadenó una protesta protagonizadas por “cientos de jóvenes enardecidos” que “rodearon el CAI de Villaluz y muchos otros CAI en varias localidades”.“Más de 50 CAI fueron vandalizados. Múltiples videos publicados por los ciudadanos en redes sociales evidenciaron que la noche del 9 de septiembre (de 2020) decenas de policías usaron sus armas de fuego de dotación y dispararon de manera indiscriminada”, señaló Claudia López.La mandataria recordó que “el saldo fue trágico”, pues el caos que se desató dejó “más de 300 heridos, 75 de ellos por arma de fuego, 10 asesinados en Bogotá y 3 más en Soacha”.“La mayor tragedia de violación de derechos humanos de miembros de la Policía contra ciudadanos en Bogotá, desde la retoma del Palacio de Justicia”, afirmó.Claudia López indicó que, desde el primer momento, reconocieron “sin atenuantes ni excusas la gravedad de lo ocurrido” y ofrecieron “perdón y acompañamiento a las víctimas”.“Desde el PMU donde estuve con el director encargado de la Policía Metropolitana la noche del 9 de septiembre, nadie dio la orden de usar armas de fuego ni de defender a sangre y fuego los CAI, pero la evidencia de que así había ocurrido era contundente”, recordó.Dijo que en 48 horas se les entregaron al presidente de Colombia, Iván Duque, y al director de la Policía Nacional “cientos de imágenes y horas de grabación que demostraban toda suerte de arbitrariedades y el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía”.Vea también: Violentos disturbios en Bogotá: hieren a tres policías, vandalizan un CAI y queman una moto“Le solicitamos al presidente que se hiciera una reforma estructural a la Policía. Pedimos a la Fiscalía y a la Procuraduría que asumieran directamente las investigaciones. Entregamos el mismo informe a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y le pedimos su acompañamiento para elaborar un informe de verdad y memoria sobre lo ocurrido, que publicaremos a finales de octubre”, anotó.Ahora, un año después de la tragedia del 9S, Claudia López aseveró que “el dolor es peor”.“Para las familias no ha habido perdón ni justicia, y para la juventud y la sociedad no ha habido reforma estructural de la Policía Nacional. Ninguno de los casos de los 300 heridos tiene al menos un identificado, menos un imputado”, apuntó.Sostuvo que, “de los diez homicidios, solo en cuatro casos ha habido imputaciones a miembros de la Policía, quienes ni siquiera han sido retirados del servicio”.Aseguró que estos uniformados “gozan de libertad y trabajo, dado que ni la Fiscalía ni los jueces a cargo consideraron la imputación de cargos con agravantes ni a los imputados un peligro para la sociedad”.“Las familias no solo se sienten abandonadas, sino humilladas y varias han denunciado hostigamientos y amenazas. Es justamente la gravedad de los hechos la que nos exige hacer un llamado al perdón, a la verdad y la justicia, a facilitar los cambios, acelerar las investigaciones e implementar las reformas para que esto no vuelva a repetirse jamás”, expresó.Claudia López reconoció que la mayoría de los integrantes de la Policía “son gente trabajadora y entregada al servicio, pero los abusos de algunos y la falta de justicia minan la credibilidad de toda la institución”.“El arma más poderosa es la confianza ciudadana. Si queremos rescatarla debemos reformar nuestra Policía, desmilitarizarla de las viejas formaciones y prácticas heredadas del conflicto armado; que se reclute, forme y vigile a una policía civilista que no dependa del Ministerio de Defensa ni tenga fuero militar”, dijo.En ese sentido, la mandataria de los bogotanos indicó que el Gobierno Nacional todavía está a tiempo para liderar esa reforma, honrar la memoria de las víctimas y garantizar verdad, justicia y reparación a las familias”, así como “garantías de no repetición a la juventud y la sociedad”.“Para esos propósitos cuenta con mi concurso como ciudadana y como alcaldesa. Es nuestro deber responder, enmendar y sanar. Que hoy sea un día de conmemoración en paz, el resultado de la violencia lo conocemos de sobra”, concluyó.En esta fecha, Claudia López también aprovechó para enviar una carta a la Procuraduría y otra a la Fiscalía en las que solicita que se avance en las investigaciones y sanciones por la tragedia del 9S.Le puede interesar: Se enojó Claudia López: escuche el fuerte llamado que hizo a jueces por libertad de delincuentes
Este miércoles 8 de septiembre se conmemora un año de la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, en medio de un procedimiento policial.Por este hecho, fue sentenciado a 20 años de prisión el uniformado Juan Camilo Lloreda, quien se acogió a un acuerdo con la Fiscalía por los cargos de asesinato y tortura.Lea también: Lamentable hallazgo en gallera de San Cristóbal, sur de BogotáEl otro detenido, Arbey Rodríguez, enfrentará un juicio por su responsabilidad en este caso.La muerte de Javier Ordóñez provocó una serie de protestas que dejaron 13 muertos y más de 300 heridos, entre ellos, decenas de policías que enfrentaron ataques en los CAI de Bogotá y otras ciudades de Colombia.Se han denunciado graves abusos de autoridad en medio de dichas manifestaciones.Otras noticias: Cartel de Cali habría financiado no solo campaña de Ernesto Samper, también la de Andrés Pastrana
Un juez emitió hoy la condena contra el patrullero de la Policía Juan Camilo Lloreda por el homicidio de Javier Ordóñez, en un CAI de Bogotá, el pasado 9 de septiembre.Lloreda fue sentenciado a 20 años de prisión luego de lograr un acuerdo con la Fiscalía para dar detalles de lo ocurrido con la muerte de Javier Ordóñez esa noche.El patrullero reconoció que fue quien le puso el taser a Javier Ordóñez, quien además recibió fuertes golpes de otros uniformados.Vea además: Tres policías, a responder por asesinato de 4 personas en protestas tras la muerte de Javier OrdóñezOtro patrullero es llamado a imputación de cargos por muerte de Javier OrdóñezEl otro detenido, Arbey Rodríguez, enfrentará un juicio por su responsabilidad en este caso.El crimen de Javier Ordóñez generó protestas que terminaron con otras 13 muertes en Bogotá y Soacha y la destrucción de varios CAI.
Durante diversos operativos de la Policía, realizados el pasado miércoles 28 de abril, fueron capturados 14 supuestos terroristas que habrían participado en los desmanes de septiembre 9 y 10 de 2020 en Bogotá, ocurridos durante la protesta por el asesinato de Javier Ordóñez.El fiscal general Francisco Barbosa y la Policía revelaron que las capturas se dieron en Cali y Bogotá, con todos los sustentos legales y gracias a una completa investigación.Al ser presentada las 14 personas ante una juez de control de garantías, esta declaró que los derechos de los capturados fueron vulnerados, ya que las órdenes de detención no tenían claros los hechos y los motivos de la detención por concierto para delinquir y terrorismo.La Fiscalía advirtió en un comunicado que es ajena al error."En los documentos que sustentan la orden de captura, el citado juez 61 no consignó toda la información necesaria para soportar los procedimientos. Esta situación es ajena a la Fiscalía General de la Nación", aseguró la entidad en el documento.Para el abogado Ricardo Burgos, el error es del ente acusador.“Lo que quiso decir la señora juez de control de garantías en su decisión es que la Fiscalía fue insuficiente en sus argumentos. Manifestó que en un delito, como el terrorismo, jamás se explicó cuáles fueron los días, los motivos, los hechos”, indicó.Y agregó que, de acuerdo con la juez, tampoco se precisó “en qué momento las personas se encontraron vinculadas en el delito, cómo se desarrollaron los actos de terrorismo y cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que respaldan el delito imputado”.La orden de libertad de los 14 detenidos fue inmediata. La juez también afirmó que su decisión obedece a una revisión formal del caso e incluso considera que es importante compulsar copias para investigar qué pudo haber fallado en este proceso.
Un dramático video les mostró al país parte de lo que ocurrió con Javier Ordoñez en el CAI de Villaluz, de Bogotá, el 7 de septiembre de 2020.El fiscal del caso consignó así ante el juez lo ocurrido.El video fue una de las 13 pruebas de la Fiscalía contra el patrullero Lloreda, quien minutos antes sometió a Ordóñez con un taser como se vio en un video que circuló ampliamente en redes sociales.Lloreda llegó a un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó su responsabilidad en el homicidio como coautor a cambio de que el ente investigador cediera en un punto.“El déficit del quantum punitivo se va a ver superado por la cantidad de verdad que pueda vertir en el proceso o en los diferentes procesos el señor Lloreda, quien ahora es testigo clave no solamente de este proceso sino en otras líneas de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación", expresó Vadith Gómez, abogado dela familia Ordoñez.Al final el preacuerdo avalado por el juez, y aceptado por la familia de Ordóñez, condenó al patrullero a 19 años de cárcel por homicidio simple y un año más por tortura agravada, tal como quedó en el preacuerdo, que obliga al patrullero a colaborar para esclarecer las responsabilidades de varios uniformados en la muerte de Javier Ordóñez.También debe hacer un acto de perdón público con destino a las víctimas y a la sociedad.
El patrullero Juan Camilo Lloreda, quien aceptó cargos por la muerte de Javier Ordóñez en Bogotá, pagará 20 años de cárcel y una multa de 1.500 salarios mínimos mensuales. Lo anterior quedó estipulado luego de que el Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogotá avalara el preacuerdo firmado entre el patrullero Juan Camilo Lloreda y la Fiscalía.Según informó el ente acusador, Lloreda no solo aceptó su culpa, también “colaborará con el pleno esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecerá un acto público de perdón a las víctimas”.La muerte de Ordóñez sucedió la madrugada 9 de septiembre de 2020 en el CAI del barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá.Ese día, el estudiante de Derecho departía con algunas personas en su apartamento, salió a la calle y allí tuvo un encontrón con un grupo de policías.El patrullero Juan Camilo Lloreda, que era uno de los uniformados, le propinó varias descargas eléctricas con una pistola taser a Ordóñez.La brutal agresión fue grabada y divulgada por redes sociales por los acompañantes de la víctima, imágenes que indignaron a Colombia y desataron una ola de protestas.Las pruebas contra el uniformado eran tan contundentes que no tuvo otro camino que buscar un acuerdo con la Fiscalía para aceptar sus cargos, negocio jurídico que acaba de ser avalado: Lloreda pagará 20 años de cárcel, una multa de 1.500 salarios mínimos legales vigentes (1.362’789.000 de pesos) y un acto de desagravio y perdón como culpable de los delitos de homicidio agravado y tortura agravada.“Respecto al otro vinculado, el patrullero Harvy Damián Rodríguez Díaz, la Fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada”, indicó el ente investigador. Noticia en desarrollo...
La Selección Colombia Sub-20 ha tenido unos meses bastante movidos, pues el reto que enfrentará el próximo año amerita una preparación extenuante. Héctor Cárdenas presentó este viernes la lista de los 24 futbolistas convocados a dos duelos de fogueo, pensando en lo que será el Sudamericano 2023, que se llevará a cabo en nuestro país, del 19 de enero al 12 de febrero. La selección juvenil nacional viene de enfrentar a su similar de Ecuador, por duplicado, en el Estadio de Techo de Bogotá. El primer encuentro terminó igualado 2-2; mientras que la 'revancha', que se jugó el pasado 27 de noviembre, finalizó a favor de los nuestros, por 3-2, gracias a los goles de Isaac Zuleta (22′), Daniel Luna (63′) y Tomás Ángel (86).Ahora, la 'tricolor' buscará obtener buenos resultados contra su similar de Perú. Según la información compartida por la Federación Colombiana de Futbol, los dirigidos por Cárdenas llegarán a Cali el próximo 6 de diciembre, para concentrar durante cuatro días. Después tomarán rumbo a Lima, donde jugarán dos amistosos, en las siguientes fechas: 13 y 15 de diciembre.El entrenador caleño, de 43 años, convocó a seis futbolistas que militan en el extranjero y que esperan consolidarse en el esquema: Aleixei Rojas Fedorushchenko (Arsenal, Inglaterra), Fernando Antonio Álvarez (Pachuca, México), Juan Andrés Castilla (Houston Dynamo, Estados Unidos), José Mateo Mejía Piedrahita (Manchester United, Inglaterra) y Jhon Jáder Durán Palacio (Chicago Fire, Estados Unidos).El último en la lista tuvo un nivel tan elevado en la MLS, que Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia de Mayores, lo llamó a unos partidos amistosos. Durán estuvo en los partidos contra Guatemala, México y Paraguay, en los cuales acumuló 72' minutos en cancha. Acá le mostramos la convocatoria de Cárdenas:Arqueros:Aleixei Rojas Fedorushchenko - Arsenal (Inglaterra).Luis Miguel Marquinez - Atlético Nacional.Juan Diego Castillo Reyes - Fortaleza.Defensas: Juan José Mina González - Deportivo Cali.Édier Ocampo Vidal - Atlético Nacional.Fernando Antonio Álvarez - Pachuca (México).Stiven Alexander Valencia Asprilla - Cortuluá.Kevin Andrés Mantilla - Independiente Santa Fe.Daniel Esteban Pedrozo Martínez - Real Cartagena.Mediocampistas:Daniel Andrés Luna - Deportivo Cali. Andrés Salazar Osorio - Atlético Nacional.Óscar Manuel Cortés - Millonarios.Gustavo Adolfo Puerta Molano - Bogotá.Alexis Castillo Manyoma - Cortuluá.Julián Andrés Palacio Isaza - Envigado.Juan Andrés Castilla - Houston Dynamo (Estados Unidos).Johan Camilo Torres Guazá - Independiente Santa Fe.Delanteros: Tomás Ángel Gutiérrez - Atlético Nacional.Ricardo Andrés Caraballo - Barranquilla.Jhon Jaider Vélez - Barranquilla.Jhon Jáder Durán Palacio - Chicago Fire (Estados Unidos).Juan David Fuentes - Barcelona (España).José Mateo Mejía Piedrahita - Manchester United (Inglaterra).Jorge Leguín Cabezas Hurtado - Cartagena.
Este viernes. 2 de diciembre de 2022, fue posesionado por el jefe de Estado, Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.Puede ver: Las molestias en las altas cortes con el presidente Gustavo Petro: ¿qué desató esta nueva tensión?Durante el acto, el presidente Petro hizo una dura crítica a los fondos privados de pensiones, al tiempo que se anunció el apoyo a las personas que quieran trasladarse de ese sistema a Colpensiones.“¿Por qué no sinceramos la cosa en vez de decir mentiras, cierto? No, pues lo que están haciendo, señores y señoras, es un sistema de ahorro forzoso. No le llamen pensional, llámenle sistema de ahorro forzoso, por medio del cual unas instituciones financieras ganan una comisión X por administrar unos recursos que no son de ellos, de gente que trabaja, a los cuales les han sacado una parte de su salario y a los empresarios otra, de manera forzosa a través de una ley. Y han jugado con esa plata, bien o mal, no es el problema, pero eso no se llama un sistema pensional, eso no da pensión”, señaló el jefe de Estado.Además, el mandatario, quien había anunciado que la base para el traslado obligatorio al fondo público sería hasta cuatro salarios mínimos, deja abierta esa discusión.“Qué nivel de piso, qué cantidad de salarios mínimos trae cada piso, cómo los procedimientos, etc., esa es la materia de la discusión. Lo queremos poner como una discusión al conjunto de la sociedad”, agregó Petro.También lea: Decreto que reduce valor del SOAT en un 50% entraría en vigencia el 15 de diciembrePor su parte, Jaime Dussán anunció que buscarán la forma de asesorar a quienes quieran trasladarse al fondo público.“Vamos a darle la oportunidad de que indiscutiblemente toda la gente que quiera venir a Colpensiones lo pueda hacer y si nos faltan recursos jurídicos los vamos a colocar en la ley”, afirmó Dussán.La ley a la que hace referencia es la reforma pensional que será presentada en marzo del próximo año.
Quedó listo el borrador de decreto que establece una reducción en el cubrimiento que tiene el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que pasaría de 800 a 300 salarios mínimos en gastos médicos por siniestros de motos hasta de 200 centímetros cúbicos, taxis, buses de servicio público urbano e intermunicipal y autos de negocios.Puede leer: Primer acuerdo sobre aumento de salario mínimo para 2023: productividad de Colombia fue de 1,24%Además, habla de una reducción del 10% para los vehículos que renueven la póliza, pero que no tengan accidentes en los últimos dos años, descuento que será por una única vez.El Gobierno espera que este decreto sobre el SOAT rija desde el 15 de diciembre.Otras noticias del día: SOS en Saravena, Arauca: cinco menores han sido secuestrados en las últimas dos semanasCasos de intolerancia en Colombia: ¿por qué van en aumento si aparentemente la gente los rechaza?A volqueta se la tragó la tierra en un corregimiento del Valle del Cauca: impactantes imágenes
Daniel Hernández, uno de los fiscales destacados de la administración de Néstor Humberto Martínez y quien tuvo en sus manos una de las líneas de investigación del caso Odebrecht, se sentó este viernes, 2 de diciembre de 2022, en el banquillo de los acusados.“Que nos devuelva a Justin”: familia pide que le regresen a su perro perdido y hallado por una mujer“Honorable magistrado supremamente claros los derechos que usted me acaba de manifestar”, dijo Daniel Hernández en la audiencia.Hernández, esta vez del otro lado, escuchó atentamente los argumentos de la Fiscalía en su contra, que lo señalaban de irregularidades en la expedición de varias órdenes de captura contra algunos de los implicados en el escándalo de Odebrecht.“Las acciones investigativas adelantadas por la Fiscalía sugieren que el fiscal delegado del tribunal de distrito, doctor Daniel Ricardo Hernández Martínez, omitió deliberadamente activar el trámite para el registro en los sistemas de información de las mencionadas órdenes de capturas contra los señores Éder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni Marangoni y Amilton Hideaki Sendai, facilitando que eludieran la acción de la justicia colombiana”, señaló Víctor Salcedo, fiscal del caso.Incluso, la Fiscalía le endilga otro pecado al fiscal Hernández relacionado con supuestas amenazas a uno de los primeros condenados del escándalo de Odebrecht, el excongresista Otto Bula Bula.“El 22 de junio de 2022, en horas de la tarde, en las instalaciones del búnker de la Fiscalía de la ciudad de Bogotá, usted, doctor Hernández, amenazó al ciudadano Otto Nicolás Bula Bula al advertirle que Néstor Humberto Mártinez Neira y Sarmiento Angulo estaban preocupados y molestos por cuanto él, Bernardo Elías y Sebastián Correa estaban teniendo acercamientos con la justicia para hablar de ellos, situación que logró generar en el testigo mucho temor y miedo, según el relato brindado a la Fiscalía”, apuntó el fiscal Salcedo.A volqueta se la tragó la tierra en un corregimiento del Valle del Cauca: impactantes imágenesY es que, según el fiscal Salcedo, Otto Bula hizo acercamientos reservados con altos funcionarios de la Fiscalía y el FBI para aportar más información del caso.La Fiscalía le imputó cargos y pidió casa por cárcel para el fiscal Daniel Hernández, quien se declaró inocente y se defendió al argumentar que sus actuaciones siempre se hicieron bajo total legalidad y al mostrar algunos de los oficios y órdenes que realizó en el marco de la investigación.
Es grave la situación humanitaria y de persecución que viven los niños y jóvenes en Saravena, Arauca. En las últimas dos semanas, cinco menores de edad han sido secuestrados o instrumentalizados por las disidencias de las FARC y el ELN.Puede leer: Así fue el impresionante rescate de bebé secuestrado en Cesar: hay tres capturadosLos cinco menores, entre los 15 y 17 años, estudiantes de colegio de Saravena, habrían sido sacados a la fuerza de sus viviendas, según una denuncia del personero de este municipio, José Luis Lasso.“Han llegado sujetos armados que se los han llevado en vehículos, la mayoría de estos los familiares han denunciado, han manifestado que han sido sujetos armados”, afirmó Lasso.Dos de los jóvenes, de 16 y 17 años, estudiantes de noveno grado, fueron secuestrados por el ELN, acusados de colaborar con las disidencias. A través de una prueba de supervivencia enviada a su familia, uno de los muchachos explicó por qué terminó involucrado en un atentado contra una empresa de transporte en Saravena. Así lo dijo en la prueba de supervivencia:“Antonio Medina se contacta con Haner y Haner se contacta conmigo para que tire una granada. Y me ofrecieron plata, 250.000 pesos, y que fuera y la tirara, que yo era capaz, que tales. Y, bueno, pues que si no lo hacía era objetivo militar, y yo, familia, y yo, con tal que no le pase nada a mi familia, lo hice”, reveló el joven.De los otros tres menores aún no se tiene noticia.“Si el menor dice que no, pues le dicen que van a atentar contra su familia y contra ellos mismos, contra su vida, por el solo hecho de no cumplir con esas órdenes porque ya quedan con la información que se les da, la modalidad es mediante mensajes vía WhatsApp, audios, incluso fuertemente”, indicó el personero de Saravena.La semana pasada, un menor fue aprehendido cuando intentaba lanzar una granada contra la Cámara de Comercio de Saravena.Lea, además: Familiares de diputados del Valle asesinados por FARC criticaron a la JEP y se retiraron de ellaLa pregunta es ¿qué son y cuándo empezarán a operar los llamados alivios humanitarios que anunció desde caracas el ELN y el Gobierno nacional?“Los alivios humanitarios es rebajar la tensión entre las fuerzas que están en el territorio y, sobre todo, no atacar a la población civil como lo están atacando", explicó León Valencia, director de la fundación Pares.Solo este año, 111 personas han sido asesinadas en el municipio, el 34% del total de los homicidios en el departamento de Arauca.
