El patrullero Juan Camilo Lloreda, quien aceptó cargos por la muerte de Javier Ordóñez en Bogotá, pagará 20 años de cárcel y una multa de 1.500 salarios mínimos mensuales. Lo anterior quedó estipulado luego de que el Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogotá avalara el preacuerdo firmado entre el patrullero Juan Camilo Lloreda y la Fiscalía.Según informó el ente acusador, Lloreda no solo aceptó su culpa, también “colaborará con el pleno esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecerá un acto público de perdón a las víctimas”.La muerte de Ordóñez sucedió la madrugada 9 de septiembre de 2020 en el CAI del barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá.Ese día, el estudiante de Derecho departía con algunas personas en su apartamento, salió a la calle y allí tuvo un encontrón con un grupo de policías.El patrullero Juan Camilo Lloreda, que era uno de los uniformados, le propinó varias descargas eléctricas con una pistola taser a Ordóñez.La brutal agresión fue grabada y divulgada por redes sociales por los acompañantes de la víctima, imágenes que indignaron a Colombia y desataron una ola de protestas.Las pruebas contra el uniformado eran tan contundentes que no tuvo otro camino que buscar un acuerdo con la Fiscalía para aceptar sus cargos, negocio jurídico que acaba de ser avalado: Lloreda pagará 20 años de cárcel, una multa de 1.500 salarios mínimos legales vigentes (1.362’789.000 de pesos) y un acto de desagravio y perdón como culpable de los delitos de homicidio agravado y tortura agravada.“Respecto al otro vinculado, el patrullero Harvy Damián Rodríguez Díaz, la Fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada”, indicó el ente investigador. Noticia en desarrollo...
Uno de los patrulleros de la Policía implicado en la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez aceptó cargos, buscando una negociación con la Fiscalía.Se trata del uniformado Juan Camilo Lloreda, quien firmó el preacuerdo que deberá ser revisado para ser avalado por un juez.Aunque los problemas de conectividad impidieron la realización de la audiencia contra los policías implicados en la muerte de Javier Ordóñez en el CAI de Villa Luz, en Bogotá, el fiscal del caso alcanzó a exponer la decisión que ha tomado uno de los uniformados de aceptar cargos a cambio de una rebaja en la pena.“Permita a la Fiscalía presentar y socializar para su verificación el preacuerdo”, dijo en la audiencia el fiscal del caso, Juan Carlos Oliveros.El preacuerdo que firmó el patrullero Juan Camilo Lloreda ya lo había dejado en claro su abogado ante el despacho judicial.“Juan Camilo Lloreda acepta cargos y de una vez le solicito su señoría que en esta audiencia se haga el preacuerdo que está previsto”, indicó su abogado, Jesús Herrera.El patrullero Lloreda fue quien accionó la pistola taser contra Javier Ordóñez, la noche del 8 de septiembre del 2020, en el barrio Villa Luz.La golpiza, y luego la muerte del padre de familia en el interior del CAI, generaron graves disturbios en Bogotá y algunas otras ciudades.En cuanto a la situación jurídica del patrullero Harby Damián Rodríguez, la Fiscalía aseguró que seguirá adelante con la acusación por esos hechos.El juez decidirá si acepta o no el preacuerdo que firmo Lloreda con la Fiscalía.
El patrullero de la Policía Andrés Eduardo Díaz Mercado fue vinculado a la investigación por las muertes que se presentaron durante las protestas del pasado 9 de septiembre en Bogotá. Al uniformado lo señalan como responsable de la muerte de Germán Smith Valero, en inmediaciones del CAI de Suba.“Se cuenta con el protocolo de necropsia al cuerpo de la víctima, protocolo que establece que la persona sufre un impacto por herida de proyectil de arma de fuego”, confirmó la fiscal del caso.Para la representante de las víctimas habría una intención por parte del policía para lastimar a los manifestantes.“En un escenario de protesta social con la intención clara y evidente de causar la muerte, en este caso únicamente concreto respecto del ciudadano Germán Puentes Valero. Es decir, no se trató de un resultado eventual, aleatorio o liberado al azar”, dijo Nadia Triviño, representante de las víctimas.Según la Fiscalía, el patrullero Díaz disparó su arma al tratar de defenderse de los manifestantes.“Desenfunda su arma con el fin de salvaguardar su integridad, momento en el cual estaba siendo agredido por una turba, por un grupo de manifestantes”, sostuvo el fiscal del caso.El uniformado no aceptó los cargos y se declaró inocente.
Este martes, la Fiscalía General vinculó formalmente al patrullero de la Policía Jorge Andrés Lasso por su presunta participación en la muerte de la joven Angie Paola Baquero -de 29 años- en las protestas del pasado 9 de septiembre en Bogotá.Con videos de cámaras de seguridad y otras pruebas, el ente investigador le imputó el delito de homicidio al uniformado.La fiscal del caso repasó lo sucedido el 9 de septiembre en manifestaciones que tuvieron lugar tras la muerte de Javier Ordóñez.“Cuando (Angie) se encontraba participando, cantando las arengas que los manifestantes también cantaban, observa que la gente comienza a dispersarse pues, al parecer, desde los árboles, policías estaban disparando a los manifestantes. En ese momento -aproximadamente sobre las 9:17 p.m.- es que la ahora occisa recibe un impacto del proyectil de arma de fuego a la altura del abdomen”, señaló.Tras varios análisis de balística, la Fiscalía determinó que la bala provenía del arma del patrullero Lasso.“Realizando correlación con la información plasmada en el informe investigador de campo del día 17 de septiembre de 2020 se determina que está asignada al funcionario Lasso Valencia Jorge”, explicó.Para el ente investigador, el patrullero usó su arma de forma descuidada, a pesar de estar capacitado.“Ese comportamiento le es atribuible a título de entender y saber que un arma de fuego debe ser utilizada con todo el cuidado y su obligación”, agregó la fiscal.El patrullero Lasso no aceptó el delito imputado y se declaró inocente.
Los patrulleros de la Policía Andrés Eduardo Díaz Mercado y Jhon Antonio Gutiérrez están en la mira de la Fiscalía por su presunta participación en los hechos que causaron terror el pasado 9 de septiembre en la capital del país.Esa noche todo se salió de control tras conocerse la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, en un procedimiento policial en el CAI Villaluz. Trece civiles fallecieron en distintos lugares de Bogotá y Soacha, presuntamente, por balas disparadas por la Policía en medio de los disturbios.Fiscalía, Policía y Procuraduría iniciaron las investigaciones que hoy dan los primeros indicios de lo que ocurrió esa noche de horror en Bogotá. Por esa razón, la Fiscalía llamó a imputación de cargos a los patrulleros Díaz y Gutiérrez por la muerte de Andrés Felipe Rodríguez, Jaider Fonseca Castillo, Angie Paola Baquero y Germán Puentes Valero. En diálogo con Noticias Caracol, sus abogados aseguran que lo que ocurrió esa noche se ha querido ocultar a nivel institucional.“Pues se les manifiesta que antes de llegar a este se quiten sus chaquetas, cubran sus identificaciones y que 'no se boleteen' expresamente porque existen muchas personas grabando el operativo”, señaló María Alejandra Garzón Mora, abogada de las víctimas.Una de las partes más relevantes de este expediente, que hasta ahora inicia, es el testimonio de uno de los policías que estuvo esa noche en el Verbenal y que admitió que recibió la orden de quitarse su chaqueta por parte de sus superiores.Durante las audiencias de este lunes, en donde se les imputaría el delito de homicidio, los abogados de los uniformados aseguraron que la Fiscalía no tenía competencia en el caso y que, por el contrario, debe ser Justicia Penal Militar la que asuma la investigación. Fiscalía, Procuraduría y los representantes de víctimas se opusieron a esta petición.“Para este delegado del ministerio público aquí se desbordó la función policial, pues esa función policial tiene unos límites respecto a la aplicación del uso de la fuerza y en especial respecto al uso de armas”, manifestó Juan López, representante de la Procuraduría.Las audiencias continuarán el próximo 21 de enero, para el caso del patrullero Gutiérrez, y el 28 de enero la del patrullero Díaz Mercado.
Las imágenes de una noche de caos y terror en el barrio Verbenal todavía estremecen a Bogotá. Todo ocurrió el 9 de septiembre de 2020, pasadas las 9:30 p. m., y encarna uno de los capítulos más sangrientos en la historia de la capital tras las protestas ciudadanas por la tortura y muerte de Javier Ordóñez, apenas 24 horas atrás. Esa noche trece civiles fallecieron en distintos lugares de Bogotá y Soacha presuntamente por balas disparadas por la Policía.Después de cuatro meses, este lunes serán imputados por la Fiscalía tres patrulleros por las muertes de Andrés Felipe Rodríguez, Jaider Fonseca Castillo, Angie Paola Baquero y Germán Puentes Valero. Aunque es un primer avance en el expediente, los familiares de las víctimas y sus abogados insisten en que hay una operación de encubrimiento institucional para que la verdad no se conozca.“Una vez escuchadas las comunicaciones por radio que existen entre el comandante de la estación de Usaquén y las personas que estaban en el operativo del Verbenal, pues se les manifiesta que antes de llegar a este se quiten sus chaquetas, cubran sus identificaciones (...) y que no 'se boleteen', expresamente, porque existen muchas personas grabando el operativo”, afirma María Alejandra Garzón, abogada de las víctimas.¿Para qué quitarse las chaquetas oficiales en el momento más álgido de los enfrentamientos? Esa es la gran pregunta. ¿Lo hicieron para evitar agresiones en su contra o, como dicen los abogados de las víctimas, para que no se identificara a quienes les dispararon a los civiles y protagonizaron los abusos?El protocolo del Ministerio del Interior para atender la protesta ciudadana es así de claro: “(…) la actuación de la Policía Nacional deberá ser desarrollada en todo momento mediante personal y equipos identificados de manera clara y visible".Noticias Caracol conoció el testimonio de uno de los policías que estuvo esa noche en el Verbenal y que resultó lesionado en el rostro. Según dijo, llegó al lugar como refuerzo a las 7:30 p. m. mientras los ataques contra el CAI cada vez eran peores. Su versión resulta clave porque admite que recibió la orden de quitarse su chaqueta."Yo tenía la chaqueta reflectiva puesta, pero antes de llegar al apoyo, por radio, manifestaron que nos quitáramos las chaquetas, que llegáramos sin chaquetas puestas. Desconozco quién dio la orden por radio (...) yo dejé la chaqueta en el baúl de la moto".Lo más inverosímil, dicen los abogados de las víctimas, son las justificaciones de algunos policías sobre el episodio de las chaquetas.“Manifiestan, por ejemplo, que les dan dotación cada dos años y que no las querían ensuciar y por eso se la quitaron, o que se había manchado de sangre o que no querían que se manchara de sangre (…) es una burla a todas las víctimas”, dijo el defensor Juan Felipe Sánchez.Pero hay otras particularidades. Por ejemplo, hay múltiples inconsistencias entre la dotación asignada a algunos policías esa noche y los reportes de pérdida de munición.“Digamos que en este caso concreto de Verbenal hubo inconsistencias en la dotación de 9 policías, incluso agentes que manifiestan no haber estado en servicio ese día. Entonces, genera bastante suspicacia el hecho de que el 9 de septiembre agentes que no estaban de servicio hayan perdido munición”, añade Sánchez.Otro de los puntos que se busca aclarar en el expediente es el súbito relevo de mando en la Policía de Bogotá, momentos previos a que miembros de esa institución dispararan sus armas contra los manifestantes. El coronel Luis Alfredo Sarmiento lo explicó así a la Fiscalía: "el 9 de septiembre estaba como comandante encargado de la Policía metropolitana de Bogotá (…) pero sobre las 20:00 horas mi general Rodríguez arribó indicando que fue notificado para asumir la comandancia de la Bogotá en encargo".El coronel Sarmiento se refiere al general Carlos Rodríguez, quien desde las ocho de la noche de ese 9 de septiembre se puso al frente de la seguridad en Bogotá. Pocas horas después, trece civiles murieron.“En el expediente no se pudo documentar mucho respecto del cambio de los mandos de la Policía a esa hora, precisamente porque la Fiscalía tiene su foco de investigación en encontrar en este momento a las personas que accionan las armas de fuego y no a las personas que dieron la orden presuntamente”, dijo Santiago Serrano, otro abogado de víctimas.El reclamo de estos tres abogados es que la Fiscalía envíe este expediente a la unidad de derechos humanos para que se adelante una sola investigación. Hoy, trece fiscales distintos de la unidad de vida indagan lo que ocurrió, es decir, hay 13 pesquisas paralelas y varias más por las decenas de heridos. ¿Puede reconstruirse la verdad así?Mientras la Fiscalía evalúa esta petición y se apresta a imputar a los primeros tres patrulleros por homicidio, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, asegura que la institución ha sido transparente con la justicia para que se conozca la verdad.“Para la noche del 9 de septiembre y el 10 de septiembre de la madrugada, desde el puesto de mando unificado del nivel central, y el de la Bogotá, no se dio ninguna orden para que los policiales se quitaran la chaqueta o algún elemento del servicio. Todo lo contrario, que estuvieran identificados y que cumplieran con todas las normas de protección a las personas y a su integridad”, dijo.Y añadió: “en este sentido y frente a unos videos que han circulado a partir de ese día ya la Procuraduría General de la Nación ha tomado acciones, se han identificado policiales, y están en proceso de investigación y de juicio disciplinario”.Lo ocurrido ese 9 de septiembre urge una investigación en contexto. Fueron 305 civiles heridos, 199 policías lesionados, 197 vehículos de la Policía afectados, 72 CAI vandalizados, 86 buses articulados y del SITP vandalizados y 13 incinerados. Unos 31 radios de la Policía hurtados y 22 dañados, 72 circuitos cerrados de televisión averiados, 5 chalecos antibalas extraviados y una pistola de la Policía robada. Eso, además de la violencia contra entidades bancarias, comercios y supermercados y la muerte de una mujer arrollada por un bus del SITP que vándalos se habían robado.Más allá de estos hechos, todos graves y repudiables, la respuesta de la Policía en medio del caos está hoy en el banquillo. La abogada María Alejandra Garzón lo pone en estos términos: “hay fiscales que tienen la tesis de que estaban protegiendo el CAI. ¿En qué momento unas instalaciones, una pared se vuelven más importantes en términos de derechos que la vida de una persona?”.
La Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos a tres policías presuntamente implicados en la muerte de cuatro personas durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá, que surgieron tras el abuso policial que le costó la vida al estudiante de Derecho Javier Ordóñez.Luisa Fernanda Obando, delegada del ente investigador para la seguridad ciudadana, sostuvo que, “de acuerdo con los elementos materiales probatorios, se logró establecer la presunta responsabilidad de tres miembros de la Policía por el homicidio cometido en contra de cuatro ciudadanos, entre ellos un menor de edad y una mujer”.El adolescente al que hace referencia la funcionaria tenía 17 años y fue baleado cerca del CAI Verbenal, así como otro joven de 23.En cuanto a las otras dos víctimas, corresponden a una mujer de 27 y otro hombre de 29. Estaban en los barrios Aures y Rincón.De acuerdo con una investigación en curso, al menos 53 uniformados dispararon los días de las protestas por la muerte de Javier Ordóñez.El 18 de enero tendrá lugar la audiencia de imputación de cargos contra los policías.
Una nueva decisión tomó la Fiscalía en la investigación por la muerte de Javier Ordóñez en un CAI del barrio Villa Luz, en Bogotá: llamó a imputación de cargos a otro patrullero.La audiencia del uniformado de la Policía se llevará a cabo el 9 de febrero de 2021.(Vea también: Revelan video del interior del CAI Villa Luz: policías llevaron a rastras a Javier Ordóñez)El ente investigador también evalúa la posible participación de otros policías en el violento hecho, que generó protestas e indignación ciudadana.Cabe recordar que los dos primeros implicados detenidos, los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, ya fueron sancionados por la Procuraduría con 20 años de destitución e inhabilidad.De acuerdo con el Ministerio Público, los uniformados actuaron con brutalidad al abusar de su autoridad e incurrir en exceso de fuerza durante el operativo policial que terminó en la muerte del estudiante de Derecho.
Videos grabados el 9 de septiembre en el Park Way, en la localidad de Teusaquillo de Bogotá, muestran cómo un policía golpeó a civiles con un enorme palo. El patrullero se puso la chaqueta al revés y tenía la cara cubierta con un tapabocas para no ser reconocido.Dos meses después fue capturado, pero no por estos hechos.Aunque la alcaldesa de Teusaquillo, Esmeralda Hernández, reveló que había sido detenido por lo sucedido la noche del 9 de septiembre, tras los disturbios que se desataron en Bogotá luego del asesinato de Javier Ordóñez, se conoció que el uniformado está implicado en el abuso sexual de una menor de edad, que se denunció en marzo.La Policía confirmó que el patrullero será apartado de la institución.
Fueron cinco horas de lectura del fallo que los implicados siguieron en silencio. En este, la Procuraduría concluyó que los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda actuaron con brutalidad al abusar de su autoridad e incurrir en exceso de fuerza durante el operativo policial que terminó en la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez.Por esta razón fueron castigados con una de las más altas sanciones que contempla el Código Disciplinario: 20 años de destitución e inhabilidad.“Se puede afirmar que fue víctima de violencia física mientras permaneció en el CAI Villa Luz, entre las 00 horas 11 minutos y 4 segundos y las 00 horas 31 minutos y 12 segundos del día 9 de septiembre de 2020. Sin consideración o razón alguna, y con brutalidad, Javier Humberto Ordóñez recibió golpes contundentes propinados por el uniformado Juan Camilo Lloreda Cubillos mientras que Harby Rodríguez se inclinaba para sujetarlo toda vez que estaba en el piso esposado totalmente reducido y nunca recibió auxilio ni acción a pesar de sus lamentos”, señaló Aura Fajardo, representante de la Procuraduría.El Ministerio Público señala que en este caso se obró con crueldad y con la intención de hacer daño a Javier Ordóñez.“Se infiere de la formación que reciben los policías y su experiencia que se les enseña dónde golpear según el propósito que se busque”, agregó Fajardo.Videos en los que se observa cómo bajan a Ordóñez de la camioneta de la Policía para ingresarlo al CAI arrastrado o imágenes en las que se observa a los dos policías en la golpiza que le estalló uno de los riñones a la víctima hicieron parte de las pruebas que sirvieron para sustentar la decisión de la Procuraduría General.El uso excesivo del taser, una lesión por arma de fuego en una pierna y los golpes propinados llevaron al Ministerio Público a calificar el acto como demencial pues, a pesar de la gravedad, Ordóñez no fue auxiliado.Así mismo se planteó que esta actuación policial derivó en hechos de orden público que comprometieron la vida de otras personas, de miembros de la fuerza pública y de la misma institución policial.
Neftalí Martín estaba preparado para despedirse de todo su cabello, que ya venía perdiendo producto de las quimioterapias.Con la cámara de su celular, quiso grabar y guardar este momento como uno más de su lucha contra el cáncer. Con lo que no contaba es que su estilista y amigo, Joel Ortega, le tenía preparada una sorpresa.Joel también se rapó la cabeza y, junto con otros compañeros de trabajo, le enviaron el siguiente mensaje a Neftalí: “Queremos recorrer este camino contigo, juntos, como siempre lo hemos hecho. Queremos mostrarte lo que es la verdadera amistad, porque todos somos uno”.El video, compartido en TikTok, ha sido visto casi 10 millones de veces. Amigos en las buenas y en las malas, pero en estas últimas, doblemente amigos.
La exjugadora de baloncesto Ruth de Souza, integrante de la selección brasileña que conquistó el Mundial de 1994 en Australia, murió a los 52 años víctima del COVID-19, informaron fuentes de la federación de ese deporte.Ruth de Souza estaba ingresada desde finales del mes pasado en un hospital de Tres Lagoas, ciudad del interior del estado de Mato Grosso do Sul en la que nació en 1968.La brasileña, que jugó toda su carrera como alera, fue en los últimos tiempos entrenadora del deporte al que dedicó su vida y en el que puso fin a su carrera como jugadora en 1994, cuando militaba en el Universitario de Ferrol español.Ese mismo año, en Australia, Ruth de Souza formó parte de la selección de Brasil que ganó el Mundial de baloncesto femenino y con la que ya había participado en los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992) y en los Juegos Panamericanos de La Habana (1991), entre otros torneos.⚽ Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.
Carlos Vives y Ricky Martin están de plácemes: su más reciente sencillo es todo un éxito ya en plataformas digitales. Se trata de ‘Canción Bonita’, dedicada a la ‘isla del encanto’, Puerto Rico.“La magia de Puerto Rico yo siempre pienso que está en la fusión. Hemos pasado por tanto en estos últimos años, que esta canción te da un poquito de esperanza, te eleva el espíritu”, dijo Ricky Martin.La isla fue el punto de encuentro, el lugar donde se conocieron y cultivaron una gran amistad.“Éramos muy jóvenes, no sabíamos lo que hacíamos (risas)”, contó entre risas Carlos Vives.“No había celulares en esa época, no había nada, yo creo que desde que nos conocimos en Puerto Rico, y te hablo de muchos años atrás, teníamos amigos en común. La fiesta en Puerto Rico y Colombia se junta”, contó el puertorriqueño.“Este tipo tenía a todo el mundo loco en esta tierra, todavía lo tiene a todo el mundo loco; pero vaya, galán de los galanes, no había nadie que le llegara a los tobillos y mi mamá decía: 'ay, eres amigo de Carlos, qué bonito Carlos'”, recordó.“Yo llegué a trabajar como actor, entonces había mucho trabajo como actor; la comedia, el teatro, fue increíble, a mí San Juan me cambió la vida”, manifestó el colombiano.Acerca de ‘Canción Bonita’, Vives dijo: “Es una felicidad y dedicársela a esta ciudad donde estamos grabando este video, yo ya me puedo morir tranquilo”.
El bitcoin, la popular moneda virtual que crece y se valoriza aceleradamente, marcó un nuevo récord en su cotización, impulsada ahora por la llegada al Nasdaq de Coinbase, la plataforma más grande de negociación de esta criptomoneda, y sobre la que ahora pueden comprarse y venderse acciones de manera directa.“Hoy el principal chain a nivel mundial, Coinbase, que es el que más transacciones tiene a nivel del mundo en cuanto a lo que tiene que ver con criptomonedas, comenzó su salida de bolsa en el Nasdaq de referencia y superó expectativas de subasta previo al lanzamiento de bolsa”, explicó José Pedro Giraz, director de América Latina en Skilling.El bitcoin es una moneda virtual independiente, diseñada para las personas que quieran hacer negocios, enviar o recibir dinero desde el exterior y hacer transacciones de manera digital.Su acelerada evolución ha permitido que bancos y empresas de medios de pago empiecen a incorporar tecnología para utilizarla. “Actualmente con bitcoin ya se pueden pagar hoteles, pagar tiquetes aéreos, sacar dinero en efectivo de los cajeros electrónicos, pagar tarjetas de crédito que es justamente lo que ha hecho que en estos días se vaya valorizando”, señaló Gabriel Contreras, CEO de Sinnetic.El costo de un bitcoin puede estar variando, actualmente se mueve entre los 63 y 68 mil dólares.“Al no obedecer los movimientos del bitcoin a un patrón de conducta específico y no haber estadísticas que nos permitan anticiparnos al alza o a la baja de su valor, se convierte en un riesgo importante de inversión en él”, indicó James Hernández, presidente y cofundador de Trust Corporate.Ojo porque el mercado de las criptomonedas no está regulado en el país, pero por su crecimiento acelerado está llamando la atención de las autoridades y entidades financieras.La Superintendencia Financiera adelanta un plan piloto para explorar, medir y analizar el comportamiento y los riesgos de su uso.
El presidente Joe Biden anunció el miércoles que es momento de "terminar la guerra más larga de Estados Unidos" y proceder a la retirada incondicional de tropas de Afganistán, donde pasaron dos décadas en una sangrienta, y en muchos aspectos infructuosa, batalla contra los talibanes.Apodada como la "guerra eterna", la ofensiva del ejército estadounidense en el país comenzó como respuesta a los atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001.Ahora, 20 años después -y con casi 2.400 soldados estadounidenses fallecidos y decenas de miles de muertes afganas-, Biden designó el 11 de septiembre de 2021 como plazo para que los últimos militares estadounidenses dejen el país.La guerra, como poco, se encuentra estancada.El gobierno de Kabul, con apoyo internacional, controla débilmente solo algunas partes del país, mientras los talibanes se fortalecen. Cada vez más voces predicen que los insurgentes tratarán de hacerse con todo el poder en cuanto desaparezca la cobertura militar de Washington."No podemos seguir el ciclo de extender o de expandir nuestra presencia militar en Afganistán esperando crear las condiciones ideales para una retirada, esperando un resultado diferente", afirmó."Soy el cuarto presidente estadounidense que preside con la presencia de tropas de Estados Unidos en Afganistán. Dos republicanos. Dos demócratas (…) No le pasaré esta responsabilidad a un quinto".La decisión de Biden no es ninguna sorpresa. La guerra es muy impopular entre los votantes y su predecesor en la Casa Blanca, Donald Trump, ya se había comprometido a una salida incluso anterior: el 1 de mayo.El senador Bernie Sanders, aliado de Biden, consideró "valiente" la decisión del demócrata.También llegaron, sin embargo, críticas inmediatas de algunos sectores que consideran que Washington está abandonando al gobierno afgano y fortaleciendo a los yihadistas."Vamos a ayudar a nuestros adversarios a que celebren el aniversario de los atentados del 11 de septiembre, envolviendo el país para regalo y devolviéndoselo", lamentó el senador republicano Mitch McConnell.Conferencia en TurquíaLa decisión de Biden coincide con el anuncio de Turquía de acoger del 24 de abril al 4 de mayo una conferencia de paz respaldada por Estados Unidos que reunirá al gobierno afgano, a los talibanes y a socios internacionales.Pero Mohammad Naeem, portavoz de la oficina de los talibanes en Catar, dijo que los insurgentes no participarán en ninguna conferencia "antes de que todas las fuerzas extranjeras se hayan completamente retirado".Hace una década, Estados Unidos tenía unos 100.000 soldados en Afganistán. Al final de la presidencia de Trump, la cifra se había reducido a 2.500. En febrero de este año, la OTAN tenía unos 10.000 efectivos en el país.