El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos en relación con presuntas irregularidades con Hidroituango.Aún buscan a 15 de los fugados de estación de Santa Fe, algunos condenados por homicidioLa fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia señaló que el exmandatario actuó en contra de los intereses del departamento y cambio su posición respecto al proceso de adjudicación de este megaproyecto.Según la Fiscalía, en este caso se desconocieron los principios de buena fe contractual, planeación, transparencia, economía y selección objetiva.Ramos, quien atendió la audiencia desde su casa, no aceptó cargos.Piedad Córdoba fue internada de nuevo en una clínica: ¿qué le pasó y cuál es su estado?
En horas de la tarde del pasado martes, 5 de julio de 2022, el excongresista Luis Alfredo Ramos, condenado por parapolítica, se entregó a las autoridades en la estación de Policía del municipio de El Retiro, en el oriente de Antioquia.Luis Alfredo Ramos pasó la noche en la estación y, este miércoles, quedó a disposición del Inpec, que lo trasladó hasta un punto que aún no ha sido revelado. Un juez ya legalizó la captura.El pasado 20 de abril de este año, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por el delito de concierto para delinquir, debido a sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Así las cosas, quedó en firme la condena de 7 años y 9 meses de prisión, pues el tribunal consideró que la sanción fue proferida “más allá de toda duda”.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por el delito de concierto para delinquir por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Así las cosas, queda en firme la condena de 7 años y 9 meses de prisión, pues el tribunal consideró que la sanción fue proferida “más allá de toda duda”.Luis Alfredo Ramos tras condena por nexos con paramilitares: “Seguiré batalla contra esta infamia”“Así las cosas, encuentra la Corte que en este proceso se ha logrado un grado de conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito de concierto para delinquir agravado imputado al doctor Luis Alfredo Ramos Botero y de la responsabilidad penal que le asiste, razón suficiente para confirmar la decisión de primera instancia”, señaló la Corte Suprema de Justicia en su fallo.¿Cuáles fueron las alianzas de Luis Alfredo Ramos con las AUC?La condena en primera instancia contra Luis Alfredo Ramos se produjo al comprobarse las alianzas que hizo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 2001 y 2007. Se estableció que el exgobernador de Antioquia tuvo vínculos con los bloques Metro y Centauros, además de los hermanos Carlos y Vicente Castaño.La Corte Suprema de Justicia lo condenó en 2021, tras un proceso que tardó diez años.El alto tribunal le dio credibilidad al testimonio del exparamilitar José Raúl Mira, quien dijo que, entre el 2000 y el 2003, Luis Alfredo Ramos tuvo vínculos con el Bloque Metro de las Autodefensas y con el ‘cartel de la gasolina’ y se comprometió a permitir que esos grupos delinquieran de manera organizada en Medellín y Bello, sin oposición de la fuerza pública, a cambio de que le consiguieran votos y financiaran sus campañas.En la sentencia, la Corte cita otros testimonios que demostrarían que las autodefensas consideraban al exgobernador de Antioquia como uno de sus aliados en el Congreso, incluso para favorecerlos en el trámite de la ley de Justicia y Paz, que fue el marco jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares.Luis Alfredo Ramos ha sostenido que es inocente.Consulte aquí el fallo contra Luis Alfredo Ramos:
Con los testimonios de seis exparamilitares, la Corte Suprema de Justicia logró demostrar que Luis Alfredo Ramos se reunió en varias oportunidades con miembros de las autodefensas, sin autorización del Gobierno nacional, con el fin de lograr acuerdos ilegales para beneficiar su carrera política.El alto tribunal le dio credibilidad al testimonio del exparamilitar José Raúl Mira, quien dijo que, entre el 2000 y el 2003, Luis Alfredo Ramos tuvo vínculos con el Bloque Metro de las autodefensas y con el ‘cartel de la gasolina’ y se comprometió a permitir que esos grupos delinquieran de manera organizada en Medellín y Bello, sin oposición de la fuerza pública, a cambio de que le consiguieran votos y financiaran sus campañas.Otro testigo clave de la Corte fue Carlos Enrique Areiza, asesinado en 2018, quien aseguró que presenció una reunión en el 2005 en la finca Bellanita, donde el sanguinario exjefe paramilitar Vicente Castaño le entregó 800 millones de pesos a Luis Alfredo Ramos para que financiara su campaña a la Gobernación de Antioquia.Areiza también relató ante la Corte Suprema de Justicia otros encuentros de Ramos con los exjefes paramilitares Ernesto Báez y Julián Bolívar y con políticos como Óscar Suárez Mira y Mauricio Parodi, a comienzos de 2006.El exjefe paramilitar Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra también declaró ante la justicia que entre 1999 y 2000 hizo un aporte a Luis Alfredo Ramos de 10 millones de pesos, por medio de un amigo suyo que tenía una oficina en el centro comercial Oviedo.Vea también: ¿Qué piensan precandidatos de la propuesta de Fenalco sobre contratación por horas?En la sentencia, la Corte cita otros testimonios que demostrarían que las autodefensas consideraban al exgobernador de Antioquia como uno de sus aliados en el Congreso, incluso para favorecerlos en el trámite de la ley de justicia y paz, que fue el marco jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares.La Corte concluyó la sentencia contra Ramos señalando que “como senador tenía el deber legal de proteger a los habitantes de los grupos armados ilegales y no terminar consintiendo reglas de los violentos”.Esta decisión de primera instancia fue respaldada por los magistrados Ariel Torres y Blanca Nélida Barreto y tuvo el voto en contra del magistrado Jorge Emilio Caldas, quien explicó que, en su opinión, Ramos debió ser absuelto porque los testimonios en su contra son de oídas y no se ordenaron pruebas para confirmar o desvirtuar las acusaciones en su contra.En la tarde de este viernes, 1 de octubre de 2021, el exgobernador Luis Alfredo Ramos se pronunció a través de sus redes sociales.“Continuaré dando la cara a la justicia, confiando en que se reconozca mi inocencia en la segunda instancia. Estuve injustamente privado de mi libertad por 3 años y 3 meses. Por mi esposa, María Eugenia, por mis 2 hijos, mis 5 nietos, seguiré dando esta batalla contra esta infamia hasta el último día de mi vida”, aseguró el también exsenador.Luis Alfredo Ramos anunció que apelará la condena proferida en su contra.Le puede interesar: Corte Constitucional alargó, por siete meses, el periodo de Comisión de la Verdad
El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos fue condenado a 7 años y 11 meses de cárcel por nexos con grupos paramilitares.La sentencia contra Luis Alfredo Ramos fue emitida por la Corte Suprema de Justicia, después de un proceso que tardó diez años.La condena contra Luis Alfredo Ramos se produjo por alianzas que hizo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 2001 y 2007.Se estableció que Luis Alfredo Ramos tuvo vínculos con los bloques Metro y Centauros, además de los hermanos Carlos y Vicente Castaño.De acuerdo con la sentencia, el también excongresista recibió dinero y apoyo político por parte de dichos grupos.Luis Alfredo Ramos fue precandidato presidencial del Centro Democrático en 2018 y también pasó por partidos como el Conservador y Alas Equipo Colombia.Vea también:Cambios en el SOAT: aquí todo lo que debe saberCaracol Televisión firmó pacto por la equidad de género, de cara a elecciones presidenciales
La Fiscalía imputó cargos a Esteban Ramos Maya, hijo del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, por el presunto delito de cohecho por dar u ofrecer.Según el ente acusador, Esteban le compró un tiquete de 134.000 pesos al fiscal José Ignacio Umbarila, quien tenía a su cargo una investigación por falso testimonio contra el exmandatario, quien fue declarado como víctima.“Voluntariamente y con conocimiento de causa, usted Esteban Ramos Maya, con el propósito de evitar la frustración de esa diligencia judicial que podría culminar con la declaratoria de responsabilidad por falso testimonio de un testigo de cargo en contra de su padre, por cuenta de la eventual inasistencia del delegado fiscal que se hallaba varado en la ciudad de Pereira, decidió patrocinar privadamente el desplazamiento de José Ignacio Umbarila Rodríguez y adquirir en nombre de aquel un tiquete aéreo en el trayecto Pereira-Medellín para la mañana del 3 de noviembre”, indicó el fiscal del caso.Durante la audiencia, Esteban no aceptó cargos y a través de un comunicado informó que demostrará su inocencia en los estrados judiciales.
Solo a través de comunicados o en redes sociales reaccionaron la mayoría de los imputados en el proceso fiscal que adelanta la Contraloría por Hidroituango.El exgobernador Luis Alfredo Ramos, por ejemplo, dijo: “Siempre he estado listo a responder, con total claridad y transparencia, los requerimientos de la Contraloría General de la Nación sobre Hidroituango (...) precisando que nunca fui miembro de la junta directiva de esa sociedad, ni participé en las decisiones de planeación y ejecución de la obra”.Por su parte, la Asamblea Departamental, entidad que vigila los comportamientos de la Sociedad como accionista mayoritario del proyecto, también se refirió al respecto.“Las investigaciones fiscales que adelanta la Contraloría afectan a nuestro departamento y no solamente a nuestro gobernador Aníbal Gaviria, quien seguramente responderá antes las autoridades, sino también a otros actores políticos del departamento de Antioquia”, manifestó Rubén Callejas, presidente de esta corporación.Ríos Vivos, veeduría ciudadana que hizo seguimiento a las actuaciones en Hidroituango, fue más allá e hizo fuertes señalamientos.“Se quedaron por fuera Federico Gutiérrez, él es uno de los responsables de cómo se atendió de manera desastrosa la emergencia, en contra de las comunidades. También se quedó por fuera el exgobernador que estuvo a cargo de la emergencia”, lamentó Isabel Zuleta, vocera del movimiento.Este viernes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y la junta directiva de EPM realizarán una reunión extraordinaria para analizar los pasos a seguir con el proyecto.A la investigación fueron vinculadas 19 personas naturales y nueve jurídicas. La Contraloría deberá determinar el grado de responsabilidad teniendo en cuenta los 4,1 billones que suman el descalabro y que están en el limbo.
Dos años después de la emergencia en el proyecto Hidroituango, se conoció que la Contraloría General imputará cargos por presunto detrimento patrimonial a Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Aníbal Gaviria.A los nombres de los tres exgobernadores de Antioquia se suman otros 25, que fueron dados a conocer por Blu Radio.Ese mismo medio indicó que la Contraloría archivó las investigaciones al exgerente de EPM Jorge Londoño, a Jesús Alfonso Jaramillo, Sebastián Álvarez Díaz, Wilson Chinchilla, Hugo Mora Tamayo y a la firma Gestión y Auditoría Especializada.El informe, según Blu, acusó la falta de resultados esperados sin justificación en situaciones externas, lo que se evidencia en el retraso de las obras civiles y vías de acceso a Hidroituango, entre otras fallas."A pesar de las estrategias implementadas por EPM, como el plan de aceleración, no se llegó a desviar el Río Cauca o poner en marcha el proyecto hidroeléctrico, dentro de los cronogramas originales", indicó el informe de la Contraloría.La decisión ha desatado reacciones en el mundo político. Uno de los que se pronunció fue el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, crítico de Sergio Fajardo.En su defensa salió Juanita Goebertus, con quien comparte toldas en el partido Alianza Verde.“Gobierno y partidos tradicionales montaron a un contralor que quiere sacar del camino a Fajardo. Petro se los celebra. Aquí no hay condena de responsabilidad fiscal. Es la imputación de cargos por decisión administrativa. Defenderemos debido proceso. Al centro no lo acaban así”, escribió en Twitter.Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Aníbal Gaviria no se han pronunciado sobre esta decisión en el caso de Hidroituango.Luis Alfredo Ramos ya estuvo preso y espera una decisión de la Corte Suprema de Justicia por una investigación en su contra por presunta colaboración con el paramilitarismo, señalamientos que rechaza, pues asegura ser inocente.Aníbal Gaviria estuvo detenido este año, en su domicilio, por un caso de corrupción en la construcción de una vía, pero recuperó la libertad y ha declarado en repetidas ocasiones que es inocente y que ni siquiera firmó los documentos de la obra Troncal de la Paz.
Una investigación del diario El Espectador devela el freno que la Fiscalía le habría puesto a la investigación en contra de Esteban Ramos Maya, hijo del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.El pasado 18 de agosto fue citada una audiencia virtual para imputarle el delito de cohecho a Ramos Maya, hijo menor del exmandatario. En la misma diligencia fueron citados a imputación de cargos la esposa de Ramos hijo y el fiscal José Umbarila.Para la Fiscalía, Ramos hijo y su esposa habrían comprado, al parecer, irregularmente un tiquete para que el fiscal Umbarila en 2018 viajara a firmar un preacuerdo con el exparamilitar Carlos Areiza, quien era un testigo clave en la investigación por parapolítica en contra del exsenador Luis Alfredo Ramos.Aunque ese preacuerdo deslegitimaba uno de los testigos en contra del exgobernador de Antioquia, el mismo Areiza luego le dijo a la Corte Suprema de Justicia que había aceptado ese acuerdo porque fue presionado. Tiempo después, Areiza salió de prisión y dos meses más tarde fue asesinado en Bello, Antioquia.La investigación revelada por el diario El Espectador señala que el 18 de agosto de 2020, día de la audiencia, la defensa de Ramos Maya presentó una excusa por lo que no fue imputado por cohecho a diferencia de su esposa y el fiscal Umbarila, quienes formalmente quedaron vinculados a la investigación. El diario también señala que hubo presiones de un alto funcionario de la Fiscalía para que la audiencia no se realizara, pero fue imposible frenarla porque ya estaba en curso.Luego, seis días después, es decir el 24 de agosto de 2020, Ramos Maya y su esposa solicitaron una revisión, como quedó explicado en las consideraciones de esta resolución.“Que mediante escrito allegado a este despacho el 24 de agosto de 2020, por los señores Esteban Ramos Maya y Alejandra González Chavarriaga, en condición de esposos e indiciados, solicitaron que se realice comité técnico jurídico de revisión de las situaciones y casos a la investigación”.En tiempo récord, es decir ese mismo 24 de agosto, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a través de la resolución 00978, designó al jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, para que convocara el comité solicitado por los procesados.“Designar al fiscal coordinador de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que dentro de los lineamientos de la resolución 0.1053 del 21 de marzo de 2017, convoque a la realización de un comité técnico jurídico. Contra esta decisión no procede recurso alguno”.Es decir, el mismo día que recibió la solicitud de revisión, el fiscal Barbosa la aceptó y la resolvió, pero cuatro días después, es decir el 28 de agosto, el fiscal Gabriel Jaimes, quien asumió la coordinación del comité de revisión, en esta carta le indicó al fiscal Daniel Cardona, el cual lideraba la investigación contra Esteban Ramos, ponerle el freno.Jaimes es el mismo fiscal asignado al caso del expresidente Álvaro Uribe y quien fue regañado por la juez de garantías del caso porque cuestionó a la Corte por la indagatoria al exmandatario.A esta suma de veloces actuaciones se sumó el sorpresivo traslado del fiscal Daniel Cardona al departamento de Nariño, traslado que el fiscal no aceptó, y días después presentó la renuncia a su cargo.El fiscal Cardona había liderado investigaciones contra el cartel de la toga y contra la red de corrupción en el humedal Jaboque, entre otros.Por su parte, la vicefiscal general de la nación, Martha Mancera, respondió frente a estas revelaciones y dijo que la Fiscalía no está retrasando el proceso y que el traslado del fiscal que lideraba la investigación obedece a necesidades del servicio.“Tenemos evidencia y la trazabilidad de que se recibió el 14 de agosto, luego hace su trámite y llega el 24 donde hacen la resolución. Probablemente haya quedado el 24 como si hubiera ingresado ese día, pero esa petición ingresó el día 13, y aunque hubiera sido el 24 ya había pasado la formulación de imputación”, indicó la vicefiscal.Mancera también descartó que la Fiscalía haya intentado frenar la audiencia del 18 de agosto en contra de Esteban Ramos.“El 18 de agosto el fiscal formuló imputación a Umbarila y Alejandra González, no se formuló imputación a Esteban Ramos porque él no se presentó, pero no hubo interferencia porque no se canceló la audiencia, y de haberse cancelado la audiencia seguramente estaríamos diciendo que si hubo una interferencia”, anotó.Además, explicó por qué no ha avanzado el proceso.“Cuando se va a convocar a un comité ético jurídico, tenemos nosotros que pedir primero los informes y dos, debemos revisar cuál es la suficiencia probatoria y cuál es el problema jurídico central sobre el que va a versar ese comité”, manifestó.Finalmente, reiteró que el traslado del fiscal Cardona obedece a necesidades del servicio.“No quiere decir que se esté degradando el que uno preste sus servicios a un departamento como Nariño, muchos de nosotros lo hemos tenido que prestar en sitios donde es muy difícil”, subrayó.La vicefiscal confirmó que la fiscal Cardona se encuentra de vacaciones y presentó su renuncia, e insistió que el servicio público se debe prestar en cualquier parte del país.
La investigación contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos cambió de magistrado ponente. Ahora su suerte la decidirá el magistrado Jorge Emilio Caldas, de la Sala Especial de Juzgamiento, por cuenta de una decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que pidió separar del caso al magistrado Ariel Torres tras la filtración del borrador de su sentencia contra Ramos.La decisión fue de la magistrada Julia Emma Garzón, quién ya superó su periodo constitucional de ocho años en el cargo.“Claramente se filtró la información y la ponencia por él presentada frente al caso del actor, siendo éste el guardián del expediente, el cual al ser el de una persona con cierto reconocimiento público debió ser custodiado por el funcionario público con suma diligencia (sic)”, dice el fallo.Una situación similar se presentó en enero de 2018, cuando también se filtró el proyecto de fallo del magistrado Eyder Patiño de la Sala Penal de la Corte Suprema, quien entonces llevaba el caso.Ramos presentó una acción de tutela que fue negada por la Corte Constitucional, aunque esta reconoció la vulneración del expediente.Sin embargo, esta vez la magistrada Garzón decidió amparar el derecho al debido proceso de Ramos, lo que significará una demora en el caso, pues el nuevo designado deberá estudiar todo el expediente para hacer otro borrador del sentido del fallo.En este caso, llama la atención que la tutela la estudió una magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura que la Corte Constitucional ordenó acabar el pasado 27 de agosto, en un fallo donde también señaló que los magistrados que llevarán más de ocho años en su cargo, como es el caso de Julia Emma Garzón, debían retirarse.Precisamente, hace poco se conoció que esta magistrada puso a disposición su cargo ante el Congreso, al igual que el magistrado Pedro Sanabria, quien también había cumplido el período constitucional en la Judicatura.El proceso contra Luis Alfredo Ramos es por presuntos nexos con paramilitares.
En un video quedó registrado cómo un estudiante de 17 años del colegio San Carlos es brutalmente atacado por más de diez alumnos de los colegios Italiano Leonardo Da Vinci y Liceo Francés, durante una fiesta privada en Chapinero, norte de Bogotá.Otras noticias: Ladrones casi son linchados por compañeros de conductor al que secuestraron, en BogotáComo se evidencia en las imágenes, grabadas por los jóvenes presentes, al muchacho le propinan patadas y puños.El colegio Italiano, en un comunicado, afirmó que los hechos sucedieron fuera de la institución educativa, pero nada justifica el comportamiento de sus alumnos que empañan el buen nombre del plantel.“Queremos expresar nuestra total condena a cualquier forma de violencia y nuestro compromiso con la reparación y prevención de actos similares”, agregó el colegio.Por su parte, el Liceo Francés, en otro comunicado a los padres de familia, rechazó estos hechos.“El Liceo Francés en cabeza de su rector, Maxime Prieto, rechaza todo acto de violencia y comportamiento que atente contra la integridad de otro ser humano... Deseamos una pronta recuperación al joven afectado y seguiremos trabajando en educar a nuestra juventud en un ambiente sano que promueva el respeto y el equilibrio”, expresó el colegio.Pero ¿por qué ocurren estos actos?, ¿qué lleva a un joven a comportarse así?“Él que está agrediendo es un adolescente que a través del enojo, a través de esa expresión de ese enojo, pues está pidiendo que se le reconozca, que se le preste atención, son conductas que nos están mostrando lo que está pasando por debajo de ese adolescente y es que puede haber dificultades en su familia, dificultades en el seguimiento de educación”, indicó Diana Aguirre, psicóloga clínica, especializada en psicología para niños y adolescentes.Puente del terror de Fontibón: caen ladrones que les quitaban hasta la ropa a sus víctimasSegún la ONG Buylling Sin Fronteras, Colombia ocupa el puesto 10 del top 30 de países con mayor número de casos de acoso escolar.“Si empezamos nosotros como educadores, como papás, a identificar lo siguiente, si yo noto, por ejemplo, conductas de mi hijo que son violentas en la manera de hablar, de relacionarse con los otros, allí yo tengo que prestar mi atención, corregir, estar atentos y hacer un seguimiento”, señaló Aguirre.Por el momento, el caso ya se encuentra en investigación por parte de las autoridades.
En la tarde de este jueves, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, entregó detalles sobre la investigación iniciada tras las denuncias de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, y dijo que “volvieron las chuzadas”. Y es que al escándalo inicial por la prueba del polígrafo al que habría sido sometida la señora -señalada de robo- en la Casa de Nariño, se suma el hecho de que al parecer le hicieron interceptaciones ilegales por medio de la Dijín de la Policía, según reveló la revista Cambio. Crisis por Laura Sarabia y Benedetti: "No le sirve a Petro tener un escándalo de estas proporciones""Es un día lamentable para el Estado de derecho, las chuzadas ilegales han retornado a Colombia", afirmó Francisco Barbosa.El fiscal agregó que convirtieron a "una simple señora que hacía aseo" por días en la casa de Laura Sarabia en una supuesta colaboradora del Clan del Golfo, bajo el alias de ‘la Cocinera’, para interceptarla de manera ilícita. Según Barbosa, la única interceptada no fue la exniñera de Laura Sarabia, sino también otra empleada que trabajaba para la jefe del gabinete de Petro."Se inventan un informe de policía judicial con la Dijín, las convierten en miembros del Clan del Golfo y las escuchan y posteriormente en la tarde, como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen un polígrafo que no tiene nada que ver con seguridad nacional", aseguró.El fiscal Francisco Barbosa denunció que Marelbys Meza fue llamada con el alias de ‘la Cocinera’ y dijeron, para justificar las chuzadas a su teléfono, que supuestamente hacía parte de un anillo de seguridad de alias ‘Siopas’, miembro del Clan del Golfo, de acuerdo con un reporte que le fabricaron. “Se activó un mecanismo por hurto, de falsificación de un informe de policía judicial, de violación y vulneración de derechos fundamentales de dos personas en el territorio nacional”, sostuvo.El fiscal anotó que no van a permitir que surjan narrativas ni especulaciones. “Estas es la realidad del asunto, en los próximos días se informará punto a punto, investigación por investigación, quiénes son las personas que van a ser llamadas a la Fiscalía General de la Nación, tanto de la Policía Nacional y servidores públicos que estuvieron detrás de estas conductas criminales”, concluyó.Que Laura Sarabia se retire del cargo, lo que congresistas del Pacto Histórico sugieren a Petro
Autoridades en Nariño investigan la responsabilidad de grupos ilegales por las heridas que recibió una mujer de 61 años al caer en una mina antipersonal. Los hechos ocurrieron en la vereda Cualalá, zona rural del municipio de Magüí Payán.Otras noticias: ELN liberó a los cinco pescadores que había secuestrado en el Magdalena MedioMiembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules trasladaron por vía aérea a la víctima al hospital San Andrés de Tumaco, donde los médicos luchan por salvarle la vida.Según las autoridades, la mina al parecer contendría un componente adicional: veneno, lo que dificulta aún más la situación de salud de la paciente.Entretanto, el Ejército denunció que el frente Darío Gutiérrez, una disidencia de las extintas FARC, quemó un vehículo en el que se transportaban 18 militares de desminado humanitario a los que les robaron detectores de minas y prendas de protección en el departamento del Huila. El ataque contra los 16 soldados y dos suboficiales ocurrió cuando el grupo se dirigía al caserío Río Blanco y hombres armados, "bajo amenazas y de forma violenta, detuvieron el vehículo e hicieron descender al personal militar". El comunicado del comando de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario del Ejército añadió que, por su labor, la tropa "no portaba armamento", pero que, sin embargo, los atacantes robaron equipos de comunicaciones y de protección, detectores e "incineraron el vehículo en el que se movilizaban". Para el Ejército, este tipo de hechos terroristas "violan los derechos humanos y las disposiciones del derecho internacional humanitario”. Igualmente, culpan del ataque al frente Darío Gutiérrez, que "delinque en esta región del país y sus acciones criminales no solo ponen en peligro la vida e integridad de la población y los desminadores, sino que podría interrumpir la continuidad de las operaciones de desminado humanitario". Menor de 16 años señalado de herir a sobrina de Francia Márquez fue aprehendido en CaliLas unidades militares que tienen jurisdicción en este departamento desplegaron operaciones con el propósito de garantizar la seguridad de los pobladores. El frente Darío Gutiérrez forma parte presuntamente del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, que el pasado fin de semana amenazó a candidatos a las elecciones locales de octubre y a políticos, tras la ruptura del cese al fuego con el Gobierno colombiano. Las disidencias, comandadas por alias 'Iván Mordisco', consideran que la ruptura parcial del cese al fuego bilateral, que estaba vigente desde el primero de enero cuando lo anunció el presidente Gustavo Petro, en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo "deja inválido el protocolo de cese al fuego y los compromisos asumidos por las partes". En mayo pasado, el Gobierno nacional suspendió de forma parcial el cese al fuego bilateral con el EMC, luego del asesinato de cuatro indígenas menores de edad que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza por el frente Carolina Ramírez. A pesar de este rompimiento, el Gobierno sigue dispuesto a instalar la mesa de diálogo con este grupo armado ilegal, liderado por personas que no firmaron el acuerdo con las FARC en 2016, aunque aún no hay fecha prevista de inicio ni interlocutores.
La Policía trata de establecer las identidades de las personas que hurtaron y golpearon a Yeison Carabalí y Leandro Angulo, dos de los jugadores del Deportes Quindío, tras el encuentro del equipo frente a Fortaleza en el Torneo BetPlay Dimayor que se jugó el pasado martes, 30 de mayo de 2023.Sorprenden a más de 100 menores en chiquiteca de Soacha: algunos estaban armadosDespués del juego en el que Deportes Quindío cayó 2-0, los futbolistas denunciaron que al bajarse del bus que los transportaba a sus casas fueron abordados por individuos que se movilizaban en motocicletas y vestían prendas alusivas al club.Los supuestos hinchas “agredieron físicamente y hurtaron las pertenencias de nuestros jugadores”, señalaron directivas del equipo a través de un comunicado.Cuando Yeison Carabalí intentó huir de sus agresores, fue embestido por uno de los motociclistas y sufrió una herida en la rodilla, la cual tuvo que ser suturada con diez puntos. Entretanto, “Leandro Angulo fue golpeado en el suelo entre varios individuos y despojado de todas sus pertenencias”, agregó el Deportes Quindío.El club dijo ser consciente de “que los resultados futbolísticos no son los esperados ni los exigidos" al plantel, "pero nada puede estar por encima de la vida y la integridad física de cualquier ser humano". "Seguiremos trabajando con el propósito de salir de este difícil momento y poder alcanzar el objetivo trazado”, apuntó el equipo.Aunque los futbolistas del Deportes Quindío interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el ataque y robo, el plantel informó que no asistirá “al entrenamiento debido a que no cuentan con garantías para proteger su integridad”.Por primera vez, Colombia ocupa tercer puesto en crisis humanitaria más desatendida del mundoPartido organizado por La Liendra terminó en disturbiosOtro hecho bochornoso relacionado con el fútbol tuvo lugar el pasado miércoles, 31 de mayo, en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, Santander.El partido Futbolstars, evento organizado por el creador de contenido Mauricio Gómez, La Liendra, y en el que participaron varias personalidades como la presentadora Sara Gómez y Mateo Carvajal, terminó en disturbios.Al final del encuentro, decenas de personas invadieron la cancha con el propósito de saludar a los creadores de contenido. Sin embargo, videos que circulan en redes sociales evidenciaron que hubo caos total, desmanes e incluso agresiones contra el personal de logística, mientras que los influenciadores tuvieron que ser llevados rápidamente a los camerinos.“El departamento y Bucaramanga no pueden seguir desperdiciando a sus unidades policiales cuidando eventos privados. Lo de la Liendra venía mal desde el desorden de hace unas semanas. Que los eventos privados paguen su propia seguridad, la Policía no está para eso”, señaló Jaime Andrés Beltrán, concejal de la ciudad.Colapsó puente de Timaná que estaba en obras de recuperación: hay un herido
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, concedió una entrevista a un grupo de periodistas latinoamericanos, entre ellos, la colombiana Juanita León, directora de la Silla Vacía, y el portal argentino Infobae. En ella hablaron de la postura de Latinoamérica y el mandatario calificó como "muy mala" la propuesta del presidente de México de cinco años de tregua para negociar un acuerdo.Corea del Norte: niño de 2 años fue condenado a cadena perpetua porque sus padres tenían una BibliaLa iniciativa fue coordinada y liderada por la organización ucraniana de periodismo Public Interest Journalism Lab y el objetivo era charlar con reporteros de la región y conocer las actuales posiciones y medidas que han tomado los jefes de Estado suramericanos frente a la guerra en Ucrania.“Para mí es necesario conseguir el mayor número posible de países que apoyen a Ucrania o que no apoyen a Rusia, al menos, si por desgracia no están dispuestos a apoyar a Ucrania, para mí es muy importante que la gente entienda todos los detalles de lo que está ocurriendo”, señaló Volodimir Zelenski.Durante hora y media, los reporteros no solo conocieron de primera mano los intereses de Ucrania y opiniones variadas de la intención de reunirse con líderes de la región, sino que incluso cuestionaron temas sensibles, como los ataques a territorio ruso, temas que han sido una condición tajante de los países occidentales que dicen que el apoyo militar es para defender su soberanía y no para atacar a Rusia.“Miren, la guerra no está ocurriendo en Rusia. La guerra ocurre puramente en el campo de batalla, puramente en la línea de contacto en Ucrania. Esta es la guerra terrestre más larga y compleja de los últimos 100 años en el continente europeo. Nada, nada está pasando en el territorio de Rusia”, dijo Zelenski, que agregó estar "interesado en reunirse con el presidente Lula", de Brasil.Rusia acusa a Ucrania de "ataque terrorista" contra MoscúOtros de los temas que abordaron fue la propuesta del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de una tregua de cinco años con Rusia, iniciativa que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no descartó.“Una tregua con Rusia no es una tregua. Cuando llegué a la Presidencia, ya teníamos los acuerdos de Minsk. Durante varios años tuvimos reuniones semanales o mensuales entre las partes rusa y ucraniana, con mediadores, y todos esos años hubo disparos todos los días, heridos y muertos todos estos años y era una tregua”, enfatizó el mandatario de Ucrania.Volodimir Zelenski reiteró que la propuesta es mala. Con 45 años de edad, el mandatario ucraniano entiende su responsabilidad y dice que no desfallecerá hasta ver victorioso a su país.
