El estadounidense que en días recientes causó revuelo al arriba al aeropuerto El Dorado con una prueba positiva de COVID-19 resultó negativo en un segundo test.El visitante podrá salir de su aislamiento y retomar las actividades que pretendía hacer en Colombia.Sin embargo, el director de Migración, Juan Francisco Espinosa, explicó que esta persona estaba obligada a cumplir las leyes sanitarias impuestas por Colombia durante la pandemia. Por esta razón se abrirá un proceso administrativo que podría culminar incluso en la expulsión del país y la prohibición de entrar hasta por 10 años. También se hizo una compulsa de copias a la Fiscalía.La autoridad hizo un llamado a la sensatez, a la solidaridad y responsabilidad social.“Puso en riesgo a los demás pasajeros del avión, a la tripulación y a los apoyos en tierra tanto en Estados Unidos como en Colombia”, indicó Espinosa.El funcionario explicó que también se investigará la responsabilidad de la aerolínea que lo transportó.
Uno de los fenómenos que más ha afectado las relaciones entre Colombia y Venezuela es la migración de miles de ciudadanos que huyen del hambre y las difíciles condiciones económicas que han deteriorado su calidad de vida en el vecino país.Patricia Salas, contando con paciencia cada peso ahorrado durante su permanencia en Colombia, comenta que hace poco perdió su trabajo y le tocó echar mano de sus ahorros: “Me tocó romper mi marranito para poderle enviar a mi niña dinero a Venezuela”.En su vivienda la acompaña don Benito, su suegro, un viejo patriarca de la ciudad de Valera, estado de Trujillo, que vio pasar la abundancia en su país y también llegar la revolución que lo llevó a la quiebra.“Venezuela era un país muy bonito, pero desde que llegó la revolución eso se acabó”, afirma don Benito, quien no ahorra palabras para describir el drama de su gente.El pueblo venezolano decidió salir de su país acosado por la pobreza y las necesidades básicas para sobrevivir.De acuerdo con la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 4,7 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país y el 37% ha llegado a Colombia.Muchos de ellos pasan dificultades, como una joven que, con una bandera, les dice a todos los transeúntes que pasa por una difícil situación. “No es fácil estar así, no es fácil. Aquí la gente lo humilla a uno y no falta el que le dice vaya busque trabajo”, cuenta Onesky Fernández, ciudadana venezolana.Otros más afortunados lograron recibir el Año Nuevo cocinando en familia las tradicionales hayacas, un pedacito de patria que los acompaña en el exilio.Sin embargo, ha sido un año difícil para los migrantes, lo dice Jozef Merkx, el representante de ACNUR.“Tuvieron muchos problema de poder pagar su alquiler y su comida diaria y por la desesperación un número importante decidió retornar”, afirma Merkx.Según Migración Colombia, el total de ciudadanos venezolanos en el país - con corte al 30 de noviembre - es de 1.721.195 migrantes, lo que demuestra un incremento del 0.22% respecto a octubre, cuando la cifra era de 1.717.000.“Si miramos de esa cifra cuántos son irregulares y regulares, el dato es el siguiente: regulares 765.708, es decir, 44% del total e irregulares 955.487, lo que equivale 56%”, afirma Juan Francisco Espinoza, director de Migración Colombia.Y esa irregularidad es la que en muchos casos conduce a abusos en la contratación laboral. Empleadores se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de los migrantes.¿Qué viene para el 2021?El representante de ACNUR dice que prevén un mayor flujo migratorio para el primer semestre del año.“Vamos a ver un flujo continuo de más personas que están huyendo de la crisis humanitaria, política y económica de Venezuela”, enfatiza Merkx.Pero al mismo tiempo trabajan de la mano del gobierno para regularizar a los ciudadanos venezolanos.La formalización es un tesoro para los migrantes, por lo que también desde ACNUR se busca generar convenios para que los ciudadanos extranjeros tengan más acceso al trabajo.Para las organizaciones internacionales la población migrante puede significar una oportunidad para incentivar una fuerza laboral importante que aporte a la economía y que no se vea al migrante como un problema, sino como una parte de la solución.
El exparamilitar Hernán Giraldo Serna, exjefe del Bloque Resistencia Tayrona de las autodefensas, será deportado por Estados Unidos tras cumplir su condena de 12 años de cárcel por el delito de narcotráfico.El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, señaló que el Consulado General de Colombia en Houston confirmó la aprobación de la deportación del exjefe de las autodefensas.Giraldo Serna tiene órdenes de captura vigentes por delitos relacionados con masacres, desapariciones forzadas, secuestros, homicidios, desplazamientos, accesos carnales violentos contra menores de edad y personas protegidas, además de otras acciones delictivas.Una vez sea entregado a Migración Colombia el CTI de la Fiscalía hará efectivas estas órdenes.
María Alejandra Osorio denuncia que no ha podido salir del aeropuerto de Los Ángeles porque la app Check-Mig no le ha enviado una certificación que exigen como requisito para ingresar al país suramericano.La aerolínea no le permitió viajar y la joven sostiene que intentó llenar varias veces el formulario de la aplicación de Migración Colombia, pero “no funcionó, me decía ‘usted ya tiene un registro con nosotros, valide su información’, pero el registro nunca me llegó, la confirmación nunca me llegó”.“Cuando intenté contactarme con Migración Colombia me dicen que la aplicación no es gestionada por un ser humano, ‘no tenemos acceso a eso, una vez envía la confirmación no hay forma de recuperarla’”, fue lo que le respondieron.La periodista dijo que perdió el vuelo “y para empeorar las cosas me puse a buscar por internet y me doy cuenta de que no soy la única persona que está viviendo esta situación, que hay otras personas, quizás extranjeros que iban por turismo, y no pudieron viajar, sus vuelos fueron cancelados debido a esto”.Según ella, Migración Colombia le sugirió “que si voy a tomar otro vuelo, entonces me van a enviar confirmación porque voy a hacer una nueva entrada. Compré el otro tiquete y no he recibido mi prerregistro de Check-Mig, ninguna aerolínea me deja viajar sin cumplir ese requisito”.
En Bucaramanga las autoridades le siguen la pista a varias personas extranjeras que emplearían menores de edad para pedir dinero en las calles. La denuncia fue hecha por un concejal de la ciudad.En video quedó registrado el momento en el que la Policía Metropolitana interviene un parque donde varias mujeres con niños en los brazos pedían dinero.Luego de requerir los documentos de identidad, los uniformados confirman que las ciudadanas de origen venezolano no tenían ningún parentesco con una menor de edad encontrada en el lugar.“La empleaban para pedir limosna. Luego de diferentes indagaciones, las capturadas confirmaron que la progenitora la había facilitado para pedir dinero", reveló el general Luis García, comandante de Policía Metropolitana.Las mujeres fueron capturadas y puestas a disposición de Migración Colombia y la Fiscalía. Autoridades investigan otros presuntos casos de uso de menores de edad para pedir limosna en las calles.“Encontramos que se une a los más de 20 casos que hemos trasladado a las Comisarías de Familia durante este mes de octubre y septiembre, donde las personas de nacionalidad venezolana están usando menores de edad para la explotación laboral, para poder hacer mendicidad en nuestra ciudad”, expuso José David Cavanzo, secretario del Interior.Para el concejal Jaime Andrés Beltrán, quien ha documentado varios casos de alquiler y préstamo de menores de edad con fines de mendicidad, esta es una práctica común en Bucaramanga y ha tenido un incremento con la llegada de extranjeros a la ciudad.“Lamentablemente no solamente continúa en Bucaramanga el alquiler de niños, sino que ha crecido en un 25% la llegada de niños migrantes a la ciudad para ser instrumentalizado. Lo preocupante es que la farmacia que se dedicaba a vender medicina psiquiátrica para dopar niños aún no sigue funcionando, pero sin letrero”, dijo el cabildante.En las calles se han incrementado los operativos entre migración Colombia, la Policía y la Personería municipal para combatir este flagelo. La Alcaldía dispuso un hogar de paso para los niños mientras los padres trabajan.Los 21 menores de edad recuperados de las calles se encuentran en proceso de restablecimiento de derechos, mientras los padres resuelven su situación judicial.
Migración Colombia expulsó del país a Jacobo Abdalá Bucaram Ortiz, el hijo del expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram.La expulsión se dio luego de que las autoridades colombinas verificaran que esta persona ingresó al país de manera irregular a mediados de este año.Bucaram Ortiz, que es requerido por autoridades de ecuatorianas, fue detenido en la ciudad de Medellín y puesto a disposición de Migración Colombia en la tarde de este viernes.En los próximos 10 años no podrá ingresar a Colombia."Este ecuatoriano, fue posible determinar, estaba en condición irregular, además de tener requerimientos judiciales en su país. Dada esta situación, fue objeto de expulsión a Ecuador”, dijo sobre el procedimiento Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.Vea más noticias sobre Ecuador.
El Gobierno venezolano negó este viernes haber cerrado la frontera común con Colombia, tal y como afirman las autoridades del país vecino, y aseguró que siguen recibiendo a los migrantes que quieren retornar a su país "con los más rigurosos protocolos de bioseguridad".“¿Qué más puede esperarse del Gobierno de Colombia? Siempre la mentira tendenciosa. Son una fábrica de Fake News. Un Gobierno experto en falsos positivos en todas sus modalidades. En Venezuela recibimos a nuestros compatriotas con los más rigurosos protocolos de bioseguridad", aseguró en Twitter el canciller venezolano, Jorge Arreaza.El Gobierno colombiano, a través de Migración Colombia, aseguró este jueves que las autoridades de Venezuela le notificaron que a partir de este mismo viernes se iba a suspender la entrada de sus ciudadanos por el principal paso fronterizo común, que situado en las afueras de Cúcuta.Tras las declaraciones del canciller de Venezuela, se espera un pronunciamiento de las autoridades en Colombia.
Una investigación de más de cinco meses en la que participaron integrantes de Migración Colombia, Policía Nacional, Ejército y la Fiscalía permitió la captura de 15 personas señaladas de conformar una banda dedicada al tráfico de migrantes por la frontera entre Ecuador y Colombia.Entre los detenidos está el director de gestión del riesgo en Ipiales, Nariño, y el gerente de la Terminal de Transportes de este municipio que justamente limita con Ecuador.“Señores, esta es la trochita que hay que pasar para poder llegar a Colombia desde Rumichaca”, dice un migrante cubano en un video que sirvió de evidencia.La investigación contra la organización criminal dedicada al tráfico de migrantes por la frontera entre Ecuador y Colombia se inició en marzo de 2020, cuando dos venezolanos que intentaban cruzar el río Guáitara cayeron al vacío y murieron.Los migrantes sabían a qué se exponían y, por eso, un cubano quiso dejar el testimonio de lo difícil de la travesía, mientras iba mostrando el terreno."Esto es realmente una verdadera locura, venimos pasando, bajando, atravesando un río y subiendo por todo esto", cuenta el migrante cubano en el video.Los integrantes del Grupo de Investigación Antitrata y Tráfico de Personas de Migración Colombia, una vez fueron notificados de la muerte de los extranjeros, comenzaron a rastrear las pistas que los llevaron hasta las trochas por donde estaban ingresando ilegalmente los foráneos.Las pesquisas incluyeron seguimientos, videos e interceptaciones para saber la forma como operaba la banda criminal dedicada a la trata de personas.Esas labores permitieron establecer que, por el paso, a través de la frontera, de una sola persona, los llamados coyotes podían cobrar entre 100 y 600 dólares, es decir, hasta casi 2.300.000 pesos. Ahora, si la negociación incluía hospedaje, ese valor aumentaba.Incluso, en algunos casos se contrataba todo el tránsito por Colombia hasta la frontera con Venezuela o Panamá y, en ese caso, la travesía de ilegalidad podía costar entre 2.500 y 3.000 dólares, es decir, podía superar los 11 millones de pesos colombianos.“Es el resultado de cinco meses de investigación, que Migración le ha dedicado la guerra frontal al tráfico de migrantes y que no se va permitir que criminales jueguen con la vida y la integridad de las personas", aseguró Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.Los capturados fueron trasladados a la sede de los despachos judiciales en Ipiales y puestos a órdenes de un juez, para la legalización de las capturas realizadas por Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército y los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
Migración Colombia expulsó este lunes al ciudadano venezolano que la semana pasada atacó, con otro hombre de esa nacionalidad, a un grupo de policías en el municipio de Tocancipá en Cundinamarca.Según informaron las autoridades, Javier Antonio Piña no podrá volver a entrar a Colombia en los próximos 10 años.El ciudadano extranjero no acató la sanción impuesta por un grupo de uniformados que le inmovilizó su vehículo por incumplir con las medidas vigentes.Piña procedió a atacar con un palo a los policías, rompiéndole la cabeza a dos de ellos.Uno de los uniformados respondió con un disparo que lo dejó herido.En contexto:
Este hombre de nacionalidad venezolana estuvo en Paraguachón más de 10 horas mientras se definía su situación legal. Sin embargo, terminó siendo expulsado pues el espionaje no está tipificado como un delito en Colombia.El sargento segundo Gerardo Rojas no podrá volver a ingresar al país en 10 años.“Se tomó la decisión por parte de la regional Guajira de expulsar a este ciudadano venezolano por 10 años, tiempo por el cual no podrá reingresar al territorio nacional”, indicó Juan Francisco Espinosa, director Migración Colombia.El hombre, que fue capturado en Valledupar, se había camuflado como vendedor de jugos para espiar unidades militares de Colombia.
Valdívia, volante creativo del Avaí, que disputa la segunda división del fútbol de Brasil, abandonó el partido que su equipo disputó este sábado contra el CSA luego de ser notificado en el entretiempo de que estaba contagiado con COVID-19, informó el club.Valdívia fue sustituido para el inicio del segundo tiempo después de que un delegado de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informara al equipo que el jugador resultó positivo en una prueba realizada antes del cotejo, disputado la noche de este sábado, indicó el Avaí en una nota de prensa."Está asintomático. El representante de la CBF comunicó [la noticia] al Avaí en el estadio (...) Por eso Valdívia fue sustituido. Ahora el club está viendo cómo será su aislamiento y regreso" a la ciudad de Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina (sur), de donde es el equipo, agregó el once.Valdívia, de 26 años, había dado negativo en el examen llevado a cabo 72 horas antes del compromiso contra el CSA, que terminó 1-1 en el estadio Rei Pelé, en la ciudad de Maceió, en el este brasileño.En la mañana de este sábado, se hizo la ronda de pruebas con miras al partido que disputarán el martes contra Juventude en Florianópolis, y allí se detectó el contagio, agregó el Avaí, que a falta de tres fechas para el final de la Serie B tiene pocas chances de ascender.El protocolo sanitario de la CBF establece que las delegaciones tienen que hacerse los tests 72 horas antes de cada partido.El presidente del Avaí, Francisco José Battistotti, aseguró que analiza si reclama la anulación del partido porque considera que hubo una "interferencia externa" con la divulgación de los resultados en plena contienda.Battistotti señaló que un directivo del CSA es dueño del laboratorio que tomó las muestras y que al llevar los resultados en el entretiempo, supuestamente, buscaría una ventaja deportiva para su club."Es muy extraño", dijo en declaraciones recogidas por el portal Globo Esporte.Brasil, el segundo país con más fallecimientos por la pandemia, solo superado por Estados Unidos, vive desde noviembre un repunte de contagios y muertes, agravado por el período de fiestas de fin de año.Más de 209.000 brasileños han muerto desde que se registró, a finales de febrero de 2020, el primer caso del nuevo coronavirus en el gigante latinoamericano.La pandemia tampoco ha dado tregua al fútbol de Brasil, que ha padecido varios brotes en la primera y segunda división.
Richard Gingras, vicepresidente de noticias de Google, dijo que “internet ha cambiado mucho la industria y los modelos de negocios de los periódicos”, por lo que los usuarios en el mundo hoy acuden a diferentes fuentes de información.“La categoría de publicidad, que era la que sostenía a los periódicos, como los clasificados, los anuncios de las tiendas o los supermercados. Toda esa publicidad ya no está ahí en el papel. Y, claro, la pandemia ha exacerbado esa situación porque muchos negocios pequeños, si no están abiertos, pues no pagan publicidad”, afirmó.Asimismo, entendiendo que la supervivencia del periodismo es clave para proteger la democracia, aseguró que “hay que innovar”, algo que no sucede por primera vez y que ha pasado con diferentes industrias, incluso con la de las noticias, dramáticamente impactada en su momento por la llegada de la televisión.“En ese entonces, la prensa tuvo que innovar para seguir teniendo éxito. Ahora, también hay que innovar, desarrollar un nuevo modelo, nuevas relaciones con las comunidades para así poder apoyar la calidad de periodismo que la sociedad merece y necesita”, indicó.Gingras también hizo referencia a la demanda que el gobierno federal de los Estados Unidos presentó en contra de Google, al señalarlo como actor dominante en el mercado de motores de búsqueda en internet.Dijo que la compañía responderá a la demanda y que todo el esfuerzo que hace Google en su motor de búsqueda es cómo se le da a la gente acceso a la información que hay en el mundo.“¿Cómo creamos oportunidades para autores y medios de comunicación de encontrar nuevas audiencias? Lo que hacemos es crear, abrir y diversificar los mercados para las ideas y la información. Es lo que tratamos de lograr”, anotó.Asimismo, indicó que es necesario aprender a manejar la libertad de expresión en internet, donde también abunda información falsa.“No queremos que las empresas privadas sean los árbitros de la verdad, eso no es lo que Google busca ni quiere hacer. Con Google Search hacemos lo mejor para proveer a los usuarios con información autorizada que se encuentra en internet”, señaló.También expresó su preocupación sobre las intenciones de varios gobiernos para controlar la libertad de expresión, por lo que considera que hay profundos retos al respecto y todas las personas deben reconocer que juegan un papel importante en cómo las sociedades enfrentan esta situación.En ese sentido, puntualizó que, como los seres humanos son muy tribales en su pensamiento, tienden a analizar la información a través de una construcción social. Y lo explica de la siguiente manera:“Si el líder de la tribu me dice que la luna es azul, pues yo probablemente estoy más inclinado a decir que sí lo es, porque estaría preocupado por si voy a tener una porción importante de comida ese día en la noche”.Por lo tanto, concluyó que es necesario entender eso y enfrentarlo, pero además cuestionó la posibilidad de que la industria de las noticias pueda salir con ideas más constructivas acerca de cómo se le presenta la información a la gente.
Atlético de Madrid femenino , que tuvo a la colombiana Leicy Santos como titular, se hizo este sábado con su primera Supercopa después de vencer con holgura al Levante (0-3), en una final que desde el principio tuvo color rojiblanco, con las madrileñas mostrándose muy cómodas sobre la hierba del Estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería.
Hay quienes han tildado como un despropósito el hecho de que el gobierno colombiano solicite en extradición a algunos miembros del ELN que permanecen en Cuba. Sin embargo, el presidente Iván Duque hizo una dura advertencia.Aseguró que no dejará de pedir en extradición a aquellos que, según las investigaciones, fueron los autores intelectuales del atentado contra la escuela de cadentes General Santander.“No vamos a retroceder un milímetro en esa aspiración para que se haga justicia, no vamos a dejar de buscar a esos responsables y seguiremos solicitando la extradición de quienes cobardemente conocían de semejante acto criminal y pretendieron después escurrir el bulto”, enfatizó.Y advirtió que “eso se llama terrorismo y quien patrocine, quien auspicie esa actividad, quien la perpetre, merece toda la sanción".Precisamente el Centro Democrático le envió una carta al mandatario luego de que Estados Unidos incluyera a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
El sargento primero Jesús Alfonso Sol, la joven Carol Vanessa Gómez y el investigador del CTI Fabio Luis Coley hacen parte de los 80.631 desaparecidos del conflicto armado registrados en la base de datos del Centro de Memoria Histórica. Un delito convertido en una de las peores armas de guerra.Sus familias comparten el mismo dolor causado, sin embargo, por actores diferentes del conflicto.El esposo de Viviana Garay, el sargento Sol, desapareció a manos de las extintas FARC. En un informe reservado, la Fiscalía consignó que, de los más de 80 mil desaparecidos, 9.257 se le atribuyen a ese grupo.En el caso de la desaparecida guerrilla, el ente investigador encontró que hay 8.284 investigaciones en curso, entre 1962 y 2016, con solo 22 sentencias en firme en justicia ordinaria contra 19 miembros de las antiguas FARC.Pero la desaparición forzada no solo fue usada este grupo, los agentes del Estado también recurrieron a ese método y la hija de Margarita Restrepo aparece como una de sus presuntas víctimas.“Es triste y lamentable una madre tener que decir esto hoy por hoy. Saber que el Estado era el que nos tenía que proteger y era el que estaba con vínculos de la fuerza pública, las cuales son protagonistas de todas las desapariciones que hubo en la Comuna 13”, señala Restrepo.En otro informe, la Fiscalía reunió los casos de 657 presuntas víctimas de desaparición forzada a manos de agentes del Estado. De esos, 294 llegaron a investigación en la justicia ordinaria entre 1977 y 2015.Pero, además de las acciones directas, el ente estableció que muchos de estos agentes trabajaron en asoció con paramilitares y no todos lo hicieron por convicción.“En ocasiones las motivaciones se encuentran más ligadas o permeadas por intereses personales, como el dinero o la participación en los negocios ilegales. De hecho, en algunos procesos se registra el supuesto pago de remesas o salarios a los agentes del Estado por parte de las organizaciones ilegales", señala un documento.El padre de Laura Coley, el investigador del CTI Fabio Luis Coley, es una víctima de esa complicidad entre agentes del Estado y paramilitares.“Vamos a tener 20 años en donde no tenemos conocimiento, no sabemos el paradero de nuestro padre. Lo buscamos aún vivo o sus restos, pero no lo encontramos, está desaparecido”, cuenta Laura.Para las familias de los desaparecidos, el dolor es igual sin importar quien lo causó.La JEP aparece como una esperanza de verdad, pero hasta ahora ese tribunal aún no abre un macrocaso para investigar la desaparición forzada en el conflicto armado.