Caminando por el predio La Marsella, en las afueras de Pueblo Bello, Cesar, un grupo de mamos -autoridades indígenas de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta- nos muestra un lugar que desde tiempos ancestrales ha sido sagrado para ellos. Un sitio donde los cuatro pueblos de la sierra, arhuacos, wiwas, koguis y kankuamos, vienen a hacer sus pagamentos, ofrendas a la madre tierra por los favores recibidos.Mamos de la Sierra Nevada al Gobierno: “Entre más se le exige parece que más nos quiere lastimar”El problema es que ya no es de ellos porque la Alcaldía de Pueblo Bello adquirió el predio y, según los mamos, piensa parcelar el terreno, desconociendo las peticiones de los indígenas, que alegan el respeto a sus sitios sagrados reconocidos por el Gobierno mediante el decreto 1500 de 2018. Este habla de la línea negra, un límite que traza los territorios que deben ser protegidos de explotaciones mineras y proyectos de infraestructura.El tema minero es uno de los más complejos en el relacionamiento del Estado con los pueblos indígenas, afirma Gelver Zapata, miembro del pueblo arhuaco.“Llevamos cerca de 25 años de diálogo con el Gobierno, 25 años conversando para concertar las formas de intervención en el territorio tradicional de la línea negra, pero ha sido imposible lograr los acuerdos para salvaguardar no los sitios sagrados, que se miran desde afuera, sino la cultura y el desarrollo del pueblo arhuaco”, dice.Al tema de la minería, tanto legal como ilegal, se unen los gigantescos proyectos de infraestructura, vías, represas que el Gobierno ya realiza y en otros casos proyecta. Por ejemplo, la ruta de sol en su paso por Bosconia se llevó por delante varios lugares sagrados que los indígenas intentaron proteger pero al final se perdieron en nombre del progreso.Polémica por resolución de Minambiente que facilitaría exploración minera en reservas forestalesAsí lo cuenta el mamo Rogelio Torres, de la comunidad arhuaca: “El tema minero ha sido difícil; eso no lo entienden y como no son indígenas pues no lo entenderán, pero yo pienso que ya es el momento de que se pueda decir: ¡pues ya no más!".Arhuacos no creen en la consulta previaPara Gelver Zapata, el tema de la consulta previa no ha sido una herramienta eficaz para proteger sus derechos porque las negociaciones, dice, terminan en figuras jurídicas que desconocen las pretensiones de los indígenas y las obras avanzan sin inconvenientes. Por eso no quieren insistir en esta figura.“Nosotros hemos dicho que no queremos ir a las consultas de minería porque no hay forma de proteger los derechos de los pueblos y especialmente ese acervo que son los espacios sagrados que no se ha podido salvaguardar por la presión que han generado las mineras”, explica Zapata.El avance de la minería en la región viene siendo analizado por investigadores del Cinep. Jenny Ortiz lidera un equipo de trabajo que ha levantado una serie de mapas con información oficial de los últimos veinte años, que revelan el aumento de las solicitudes de los títulos mineros en la región.“Lo que está ocurriendo es una estrategia de abarcamientos. Si uno mira los mapas el Cesar y buena parte de La Guajira están o en procesos de solicitudes mineras o de hidrocarburos, proyectos de infraestructura o procesos de titulación", indica la investigadora.Mamos suben al cerro de Monserrate para hacer una petición: “Protejan realmente la sierra”El arhuaco Gelver Zapata denuncia otro problema que, según él, va de la mano con el avance de la minería legal e ilegal: los grupos armados.“Nosotros conocemos las zonas claves de intervención y tenemos claro que cuando llega un grupo armado es porque hay un tipo de intervención. En el caso de la comunidad arhuaca en la zona de Jimaín hay explotación minera y hay grupos armados. Ha habido muertos, personas asesinadas, pero no hay una atención de parte del Estado”, dice el representante de esta comunidad.Respecto al tema, los mapas de Cinep también dejan en evidencia que en las zonas donde florece la minería hay presencia de grupos armados. Así lo cuenta la investigadora Jenny Ortiz: “En el 2002 se encuentra que donde hubo alta presencia de actores armados inmediatamente después esos territorios fueron ofertados para procesos de solicitudes mineras. ¿Qué tenemos hoy?, que buena parte del Cesar y la Guajira es un escenario por disputa de control de grupos armados, paramilitares sobre todo y de nuevo viene a ser un centro de solicitudes mineras".Para el profesor e investigador de la Universidad Nacional Rosembert Ariza hay otros dos problemas que generan fuertes presiones a las comunidades indígenas de la sierra, el narcotráfico y los megaproyectos hoteleros en el departamento del Magdalena. Frente al narcotráfico señala que no es un tema nuevo y que viene desde la década del 70 y 80.Tres pescados para 68 niños: así son las precariedades del PAE en Leticia“Allí empezó la bonanza marimbera y no ha habido una intervención del Estado de manera externa que garantice la protección del territorio; es decir, el Estado no ha cumplido sus responsabilidades y mandatos internacionales en esta materia. El narcotráfico se ha asociado con otros actores para mantener sus rutas”, explica Ariza.El otro problema son los megaproyectos hoteleros y agroindustriales que avanzan por el lado del departamento del Magdalena. Para el investigador de la Universidad Nacional, un claro ejemplo de intereses particulares agenciados por el Gobierno en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas.“Estos proyectos hoteleros son una buena muestra de conflictos políticos que también entran a jugar en el escenario; si uno ve la demanda que hay contra la línea negra que esta presentada en el Consejo de Estado y uno mira quienes son los accionantes de esta demanda y se da cuenta que son los grandes conglomerados económicos de las familias más importantes de la costa Caribe que están protegiendo sus intereses hoteleros y económicos”, agrega el experto.De no creer: por criticar a Francia, periodista deportivo terminó ‘destrozado’ en redesSon muchas las presiones que los cuatro pueblos de la sierra enfrentan en la actualidad, los mamos han dicho que la supervivencia de sus comunidades está comprometida y hablan de cincuenta años para que su cultura se extinga. Los proyectos mineros y agroindustriales afectan el recurso del agua y la biofauna y los investigadores están de acuerdo en que podríamos asistir a un etnocidio de los pueblos indígenas.
Millones de metros cúbicos de agua del río Suratá entran a una de las plantas de potabilización del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. No obstante, este afluente está en la mira de las autoridades, pues ha registrado altos niveles de mercurio no reportados desde hace 20 años.Puede leer: Otra tragedia por cuenta del invierno: niño murió producto de un deslizamiento de tierra“Está por el orden de los 100 µg por litro, esto es muy por encima de cualquier nivel que puedan ingresar al proceso de potabilización. Lo que nosotros hicimos fue cerrar la captación para impedir que esta agua entrara al proceso de potabilización”, declaró Hernán Clavijo, gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.La entidad aclaró que el líquido que llega a los hogares de más de 300.000 usuarios está libre de este metal pesado.“A través de un proceso de floculación. Este proceso básicamente lo que hace es agregar unos químicos al agua y hacer unos coágulos de material particulado de los contaminantes que se van al fondo por su peso y que permiten que el agua limpia pase por encima sin estar contaminada”, explicó Hernán Clavijo.Sin embargo, los agricultores de la zona toman el líquido directamente del río.“Aquí en esa zona se utiliza para las huertas y para los animales... A los que vivimos aquí nos preocupa bastante”, expresó María Villabona, agricultora.Lea, además: Ataque con explosivos que dejó 14 militares heridos en Meta por poco alcanza una ruta escolarLas actividades de minería ilegal en cercanías al páramo de Santurbán estarían contaminando el afluente.“Esa contaminación está siendo generada por la extracción ilegal de oro porque están utilizando cianuro y mercurio, pero los responsables no ejercen ningún control ambiental”, indicó el veedor ciudadano Ramiro Vázquez.La planta Bosconia, que capta el agua del río Suratá, llega a abastecer hasta el 43% de los usuarios del acueducto de Bucaramanga cuando se registran descensos en los caudales de los ríos Frío y Tona.
La minería ilegal es el fenómeno de mayor depredación del medio ambiente en Colombia. Es la pesadilla de nuestros ríos, de nuestros bosques y la gasolina de buena parte de la criminalidad en el país.Crisis en Casanare por verano y sequía: chigüiros, vacas y otros animales están muriendo de sedLo más grave de este fenómeno es que no parece tener ni fondo ni freno. La llamada minería criminal se concentra en:Antioquia y el sur de BolívarChocó y CaldasNariño, Valle y CaucaAmazonas, Putumayo y CaquetáGuainía y VichadaSon en total 174 municipios afectados por la minería ilegal.Minería ilegal de oro, negocio multimillonarioLa Contraloría General de la República advierte que en Colombia solo el 15% de la minería de oro es formal y legal.Del otro 85% se sabe que un 15% es minería criminal y el 70% restante es la denominada minería artesanal y ancestral, que lamentablemente termina permeada por esa minería criminal.El año pasado, la exportación de oro representó para el país ingresos por más de tres mil millones de dólares, según la Dian. Estas ventas son vigiladas de cerca por la Contraloría, pues se teme que buena parte es producto de la salida de oro ilegal.
Una grave emergencia se presentó en Norte de Santander. La explosión en mina de carbón en Bochalema dejó un muerto y una persona gravemente herida.Confirman condena contra exagente del Esmad por muerte de Nicolás Neira en 2005Información preliminar señala que una acumulación de gases provocó la emergencia en la mina La Donjuana, vereda La Selva.La mina de carbón en Bochalema había sido clausurada, por lo que su operación se estaría dando de manera ilegal.Robos a una niña y a un hombre en silla de ruedas: ladrones en Bogotá ya no tienen piedad
Este jueves se registró un ataque contra una patrulla de la Policía en Puerto Libertador, Córdoba. Siete uniformados, que hacen parte de una unidad especial contra la minería ilegal, resultaron heridos en el hecho atribuido al Clan del Golfo.Otras noticias: “Estamos volviendo a épocas de guerra": gobernador del Meta tras bomba en Granada“Esta acción terrorista se presentó cuando los policiales se desplazaban a realizar operaciones en el Bajo Cauca en donde resultaron dos compañeros lesionados. Afortunadamente, el parte médico indica están fuera de peligro. Hubo otros cinco compañeros que resultaron con algunas lesiones por aturdimiento una vez se presenta este ataque”, indicó el general Alejandro Barrera, director de carabineros de la Policía.La fuerza pública intensifica operaciones contra alias ‘Mau’, señalado cabecilla del Clan del Golfo y a quien se le atribuye estar detrás del ataque.Vea, además: Grave accidente en carretera del Cesar dejó un soldado muerto y seis personas heridas“La unidad que hace operaciones contra la minería ilegal fue apoyada por la dirección de antinarcóticos, que también adelanta operaciones contra el narcotráfico en esta zona del país”, agregó Barrera.
Gran controversia y preocupación causa en el país y entre ambientalistas una resolución oficial del Ministerio de Ambiente, que determina la sustracción de las áreas de reserva ambiental.También vea: Humo blanco entre comunidades y Gobierno para permitir minería artesanal en el Páramo de SanturbánLos bosques y pulmones que tiene Colombia, sus árboles y naturaleza son un privilegio y sobre esas zonas, el Gobierno expidió la Resolución 110, de enero 28 de este año:Esas sustracciones de las que habla la decisión del Gobierno es que en áreas de reservas de bosques se puedan realizar obras civiles u otro tipo de intervenciones en algunos puntos.Noticias Caracol indagó a ambientalistas y exministros del área sobre esa decisión. La primera voz fue la del profesor Klaus Schutze.“Preocupa porque realmente la historia del país y las sustracciones han mostrado que todas han sido en detrimento de nuestros bosques y de nuestras reservas forestales y es un llamado a que debemos mirar con atención esta resolución y hacer seguimiento porque preocupa realmente que vayamos a hacer sustracciones en nuestras única reserva forestales”, expresó Schutze.Lea, además: Expedición a la cordillera marina Beata: ¿Por qué es tan importante para Colombia?El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez también se pronunció.“Eventualmente incentiva, entre otras cosas, a personas o empresas a deforestar una zona y, años después o meses después, pedir una declaración de que hay no hay bosque y, por consiguiente, hace la exploración petrolera o minera que me parece muy grave”, declaró el exministro Rodríguez.Según registros oficiales, el país cuenta con más de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas terrestres y marinas.Podría ver: Ecoeficiencia, la propuesta empresarial para responder a la crisis medioambientalEl mensaje de los awá: andar bonito por la vida y cuidar la naturaleza
Un operativo de la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía, permitió asestar un duro golpe a la minería ilegal en Magüí Payán, Nariño. Desafortunadamente, el daño está hecho y el indolente paso de esta práctica deja daños irreparables.Alivio en comunidades mineras de Vetas, Santander, tras acuerdo para poder ejercer su laborExpertos carabineros de la Policía destruyeron cinco máquinas excavadoras que el GAO Oliver Sinisterra usaba para generar cerca de 30 kilos de oro al año.Con este golpe de las autoridades, los delincuentes dejarían de percibir 1,360 millones de pesos.Efectivos sobrevolaron la zona y son 40 hectáreas deforestadas, afectadas inclusive con piscinas enteras contaminadas con mercurio.Las mafias utilizan 12.5 kilogramos de mercurio mensuales que, según las autoridades, es suficiente para contaminar un aproximado de 6.2 millones de metros cúbicos de agua, acabando con peces, reptiles, aves y demás fauna y flora de la región.Critican anuncio de aspersión con glifosato: “¿Qué pasaría si esparcieran veneno sobre su casa?”En lo corrido del año se ha logrado la incautación y recuperación de 3.5 millones de galones de hidrocarburos en el departamento de Nariño. El año pasado se deforestaron en este departamento cerca de 5 mil hectáreas de bosque.El fenómeno de la deforestación causado la por la minería ilegal produce sedimentos que afectan ríos, como en este caso el Magüí y Patía, ese último considerado como el segundo más caudaloso del litoral Pacífico y de gran importancia como medio de transporte y fuente de alimento y trabajo de centenares de familias en la región.
Autoridades dejaron al descubierto la alianza de mafias de brasileños con alias ‘Otoniel’, jefe del Clan del Golfo hoy capturado, para apoderarse definitivamente del negocio clandestino de oro en varias zonas de Colombia. Cayeron 14 presuntos delincuentes, pero les dieron casa por cárcel. Tenían en su poder tres máquinas conocidas como dragonas, que eran usadas para extraer ilegalmente, con ayuda de químicos peligrosos, cerca de seis kilogramos de oro cada mes.Indignante: al menos 80 ríos en Colombia están afectados por la minería ilegal“Cada kilo de oro estaba avaluado entre 180 y 200 millones de pesos. Para la extracción de estos seis kilos de oro utilizaban cantidades importantes de mercurio, se encontraron allí en flagrancia seis kilos de mercurio, tenían la capacidad de contaminar tres mil millones de litros de agua. Si hacemos una comparación, son lo que se necesita para llenar 890 piscinas olímpicas”, explica el general Alejandro Barrera, director de la Policía de Carabineros.Lo hacían con unos recursos económicos de una pareja de brasileños, que, al parecer, hacen parte de una peligrosa banda en su país conocida como la Familia del Norte y habían llegado a la zona hace casi ya un año.“Tienen la tecnología, la ingeniería para hacer ese tipo de dragas y estas personas se han visto atraídas para venir al país”, agrega Barrera.Ya en Colombia, los dos brasileños contactaron a alias ‘Otoniel’ para que no solo les prestara la seguridad, sino también para que sus hombres extrajeran el oro ilegalmente, una actividad que de unos meses para acá realizaban de noche, creyendo que la Policía y la Armada no los detectarían.Sin embargo, agentes de inteligencia de la Policía de Carabineros los estaba siguiendo y con drones grabaron los movimientos de día de estos señalados "asesinos ambientales". Los drones captaron las dragonas quietas y varios de los sindicados traficantes en sus viviendas sobre el río Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño. Y en la noche evidenciaron cómo contaminaban el río para procesar el oro extraído.Capturan en Argentina a ‘Camilo’, mano derecha de alias 'El Paisa'“El río Nechí desafortunadamente es uno de los ríos más contaminados del mundo por mercurio”, subraya el general.Con toda la información, al menos 80 hombres de la Armada y la Policía, junto con la Fiscalía, llegaron de sorpresa y encontraron en plena producción a los 14 señalados delincuentes.“Dos de ellos de nacionalidad brasilera, uno de ellos, a pesar de no hablar bien español, tenía cédula colombiana. Estamos coordinando con las autoridades migratorias”, señala Barrera.Para sorpresa de los uniformados, por el crimen ambiental que ejecutaban los capturados, un juez les dio medida de casa por cárcel, incluidos los dos brasileños que ahora viven en una lujosa casa de Antioquia, dice la Policía.
La autoridad de licencias ambientales, ANLA, luego de una evaluación técnica del estudio de impacto ambiental, ordenó archivar el trámite de licenciamiento ambiental del Proyecto Minera de Cobre Quebradona, en Jericó, Antioquia.Industria minera en Colombia: ¿un negocio solo para los empresarios?Entre las principales consideraciones técnicas para esta decisión de la ANLA están: la definición del área de influencia, la caracterización de los componentes hidrogeológico, hidrológico y de geotecnia y manejo de residuos de la actividad minera.Contra esta decisión procede recurso de reposición.La ANLA realizó mesas de trabajo con delegados de las universidades Nacional, Andes, Javeriana, UPTC, Central y Distrital, así como con entidades del Estado como el Ideam y el DANE y también con autoridades ambientales regionales, como la Sociedad Colombiana de Ingenieros y expertos internacionales de Suecia, Brasil y Chile.
La Corte Suprema de Justicia profirió una ejemplarizante condena contra el exgobernador del Putumayo Jimmy Harold Díaz por contaminación ambiental. Fue sentenciado a prisión por su complicidad en los daños ambientales a los ríos Putumayo y Caquetá y por vínculos con la minería ilegal de oro.El Putumayo, uno de los departamentos más ricos en recursos naturales, pero a la vez de los más golpeados por la minería ilegal y otras prácticas que deterioran el medio ambiente, celebró hoy esta importante decisión de la justicia.La justicia comprobó que el exgobernador del Putumayo y exrepresentante a la Cámara mantuvo una relación comercial y convino con esa organización ilegal dedicada a la explotación de yacimientos de oro en los ríos Caquetá y Putumayo, que afectó el medio ambiente y los recursos naturales.Una Sala Especial de la Corte Suprema, en fallo de primera instancia, califica esa práctica de suma gravedad por sus implicaciones medioambientales, por eso, lo condenó a 9 años y 11 meses de prisión, además, de inhabilitarlo de por vida para ocupar cargos públicos.“Se alió con el jefe de una organización criminal dedicada a la minería ilegal de oro para brindarles protección, patrocinio, asegurar parte de sus réditos financieros, adquirir sus productos y lucrarse de su actividad ilegal”, dice un aparte de la sentencia.Esa práctica, a juicio de los ambientalistas, es bastante lesiva para los afluentes del departamento.El exgobernador del Putumayo fue procesado y condenado por concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y receptación. También como cómplice de contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero.Lea además: Corte Constitucional ratificó actividades agropecuarias de bajo impacto en los páramos de Colombia
Alias ‘5-7’, que en agosto de 2021 logró fugarse de su lugar de reclusión, fue recapturado por comandos de la Dijín de la Policía en el municipio de El Copey, Cesar. Luego fue trasladado a Bogotá.En contexto: Alias ‘5-7’, que protagonizó cinematográfica fuga, sería la cabeza del terror en la Sierra NevadaEn una acción conjunta, la Policía y la Fiscalía recapturaron en las últimas horas a uno de los delincuentes más buscados del país: Édgar Ariel Córdoba Trujillo, alias ‘5-7’, un peligroso paramilitar con una trayectoria criminal de más de 17 años en Córdoba, Magdalena y el Urabá, y por quien las autoridades llegaron a ofrecer trescientos millones de pesos.Entre otros, fue hombre de confianza de jefes del paramilitarismo en Colombia."Lleva más de 17 años delinquiendo. Primero, con las Autodefensas Campesinas del Urabá y donde era hombre de confianza de Salvatore Mancuso, después trabajando en la sierra nevada de Santa Marta con Hernán Giraldo y ‘Rodrigo 40’, es comandante de una estructura”, dice el general Fernando Murillo, director de la Dijín.Mediante información aportada por fuentes humanas, investigadores y comandos de la Dijín llegaron al municipio de El Copey, Cesar, donde se materializó la captura de alias ‘5-7’, junto a dos personas que serían sus escoltas alias ‘el Indio’, alias ‘Maicol’ y alias ‘Caro’.‘Matamba’ se llevó a la tumba los secretos de cómo agentes del Estado lo habrían ayudado‘5-7’, según las autoridades, también fue cercano al máximo jefe del Clan del Golfo, hoy detenido, alias ‘Otoniel’. Es señalado de haber participado en el 2000 en la masacre de El Salado, en Bolívar y ser líder del bloque resistencia Tayrona, que nació de la fusión de los extintos grupos de las Autodefensas de Hernán Giraldo y Jorge 40.En el año 2007 fue capturado y condenado a 40 años de cárcel por desaparición forzada, homicidio agravado y por la responsabilidad en más de 64 crímenes.Pero en agosto del 2021 en uno de los reciente escándalos del Inpec se escapó y como lo pudo confirmar la unidad investigativa de Noticias Caracol empezó a dirigir el plan de expansión con el que el Clan del Golfo pretendía tomarse el Caribe colombiano en un plan delincuencial en el que la sierra nevada fue un factor clave.La confesión de 'Otoniel': con apoyo de altos militares y políticos creció un monstruo"Cinco-siete puede tomarse el Caribe colombiano y de hecho lo está haciendo. La información que tenemos es que está reorganizando por el Cesar, La Guajira y por supuesto esta reorganizando por el Magdalena", dijo Lerber Dimas Vásquez, investigador y profesor de la Universidad del Magdalena.Estos planes fueron frenados por el accionar de las autoridades colombianas que ya presentaron ante un juez de control de garantías a ‘5-7’. La Fiscalía le imputó cargos de fabricación, tráfico y porte de armas que se sumarían a las 17 medidas de aseguramiento que pesan en su contra por desplazamiento, desaparición forzada, homicidio y concierto para delinquir.
Desde hace casi un año una obra sobre la avenida Boyacá, cerca a la calle 80, en Bogotá, le está generando dolores de cabeza a comerciantes, residentes y transeúntes. Lo que más les llama la atención a las personas del sector es que no ven a los trabajadores en la obra.Tres heridos, entre ellos una menor de 16 años, deja explosión en el sur de Bogotá“Esta obra lleva más de un año y obviamente el acceso para el transporte ha sido muy difícil, hay más inseguridad, entonces sí la verdad ha sido un problema grande. Vemos que ya no están trabajando, que no están ahí los trabajadores, pero si sigue toda la situación, congestionando, impidiendo que podamos transitar”, manifestó Diana Gallego, residente del sector.El 75% de los trabajos se concentran de forma subterránea para lograr que pase un tubo que alimentara de agua a más de 3 millones de bogotanos y habitantes de municipios cercanos.“Donde están unas cámaras que es lo que encontramos en varios puntos de la avenida Boyacá, por ahí introduce una máquina, una tuneladora, y esta empieza a entrar por el terreno por debajo por donde nadie la ve”, explicó Natalia Escobar, gerente del sistema maestro del Acueducto de Bogotá.Escobar asegura que el plazo para terminar la obra es en el segundo semestre del 2023 y resalta la implementación de esta nueva tecnología en 8,7 kilómetros del proyecto.“La obra termina hasta el año entrante, es por eso que le pedimos mucha paciencia a todos los ciudadanos y comerciantes de todo el sector de la Boyacá. Hay varios puntos que vienen trabajando con el menor impacto, una obra zanja abierta genera más impacto que se está construyendo con tecnología sin zanja”, señaló.¿Dónde está? Lanzarían circular roja de Interpol para ubicar a profesor del Marymount¿Cuáles son los beneficios que traerá la obra?“Al trasladar la red del centro a esta alternativa, la ciudad podrá definir cuál es el sistema de transporte masivo que debe ir sobre la avenida Boyacá, con esto pueden diseñar o metro, Transmilenio, lo que se defina”, indicó Escobar.La obra va de sur a norte y son varios los puntos que se han abierto para construir un gran túnel para que pase el tubo que surtirá de agua a cerca de tres millones de bogotanos del occidente de la ciudad. A la fecha la obra va en un 25 % del total de su ejecución.
El presidente de Ecuador, el derechista Guillermo Lasso, enfrenta este sábado un debate en el Congreso para votar su destitución por la "conmoción interna" que dejan trece días de sangrientas protestas indígenas contra el elevado costo de vida.Protestas en Ecuador: manifestantes intentaron ingresar a la Asamblea NacionalLa sesión del pleno se reunió a partir de las 18:00 locales (23:00 GMT) ante el llamado de la tercera parte de la Asamblea Nacional que ve en el mandatario la causa de la "grave crisis política y conmoción interna" que vive el país.Mientras tanto las protestas siguen sacudiendo Ecuador, especialmente Quito, donde unos 10.000 indígenas venidos de sus territorios marchan por distintos puntos de la capital al grito de "¡fuera Lasso, fuera!"Los 47 miembros de la bancada de Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), solicitaron el viernes la salida del poder del presidente, un exbanquero de derecha que asumió el cargo en mayo de 2021.Aislado por COVID, Lasso arremetió contra el líder de las manifestaciones, Leonidas Iza, presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie)."La intención real del señor Iza es el derrocamiento del gobierno (...) no tiene control de las manifestaciones ni de la criminalidad que sus acciones irresponsables han generado", declaró Lasso.Ríos de indignados con ponchos rojos, palos y escudos artesanales exigen reducir el precio de los combustibles entre otras medidas para aliviar la pobreza de sus pueblos. Atrás van dejando barricadas con troncos y neumáticos quemados en una ciudad semiparalizada y exhausta.Presidente de Ecuador: "La intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado"En la mañana cientos de mujeres organizaron un ritual en el norte de la capital y luego marcharon contra el gobierno. Algunas indígenas iban con sus ojos pintados con franjas rojas y portaban plantas medicinales."El paro continúa"Tras dos jornadas violentas, las del jueves y el viernes, Quito despertó el sábado tranquila y a la expectativa del debate sobre la destitución de Lasso."Toda la canasta básica está muy cara y nuestros productos del campo (...) no valen nada", dijo a la AFP Miguel Taday (39 años), un agricultor de papa de Chimborazo (sur), a unos 200 kilómetros de Quito.Ecuador se ha ganado la fama de ingobernable tras la salida abrupta de tres mandatarios entre 1997 y 2005 ante la presión social. La destitución requiere 92 de los 137 votos posibles en el Congreso, en el cual la oposición es mayoría, pero está dispersa.Lasso deberá ser convocado a la sesión de la tarde para defenderse y en su presencia se abrirá un debate cuya duración será determinada por el presidente del Legislativo.Una vez concluida la discusión, los diputados tienen un máximo de 72 horas para resolver sobre el pedido de destitución.Leonidas Iza, líder de protestas indígenas en Ecuador, denuncia que le dispararon a su vehículoDe ser aprobado, asume el vicepresidente Alfredo Borrero y se llama a elecciones presidenciales y legislativas para el resto del periodo.Ecuador, cuya dolarizada economía empezaba a recuperarse de los efectos de la pandemia, pierde unos 50 millones de dólares diarios por las crisis.El gobierno asegura que reducir los precios del combustible como claman los indígenas le costaría al Estado más de 1.000 millones de dólares al año en subsidios.Estallido violentoLas últimas dos noches Quito ha sido escenario de cruentos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes con bombas molotov, cohetes pirotécnicos, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.La rebelión indígena deja seis civiles muertos y un centenar de heridos en trece días, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.Indígenas en Ecuador instauran una asamblea popular en el décimo segundo día de protestasLas autoridades registraron más de 180 lesionados entre militares y policías y prometieron reprimir más enérgicamente las manifestaciones.El gobierno asegura que los indígenas están regresando a sus territorios, pero la AFP pudo verificar que miles siguen concentrados en tres puntos de Quito."Aquí seguiremos luchando, hasta las últimas consecuencias. Las bases han dicho que no vamos a regresar sin resultados", dijo Wilmer Umajinga (35), que protesta desde el lunes en la capital.Desgastada por la crisis, con comercios cerrados y desabastecimiento de algunos productos, Quito también es escenario de contra protestas.Cientos de ecuatorianos se movilizan en paralelo con consignas opuestas: "¡Fuera Iza, fuera!". Caravanas de vehículos de alta gama recorren zonas acomodadas retumbando sus bocinas y ondeando banderas blancas.La industria petrolera, el principal rubro de exportación ecuatoriano, está produciendo al 54% de su capacidad, por la toma de pozos (918 cerrados) y los cortes de ruta en medio de las protestas.Sin mayor respaldo político, Guillermo Lasso cuenta por ahora con el apoyo de los militares que cerraron filas en torno a su gobierno.Congreso de EE. UU. aprueba ley que restringe acceso a las armasEl presidente "solo quiere enfrentar con su armamento, solo quiere hacer daño, él no tiene un buen sentido hacia el pueblo indígena", lamenta María Luisa Maldonado (48), venida de la localidad de Cayambe (norte).Además, en medio de la coyuntura, el expresidente socialista Rafael Correa le pidió al mandatario que convoque a elecciones anticipadas. Por medio de su cuenta de Twitter escribió: “¿Cree que podrá gobernar tres años más a sangre y fuego? La salida está en elecciones anticipadas como establece la Constitución”.
Álvaro Leyva Durán será uno de los 19 ministros que acompañarán a Gustavo Petro en la tarea de gobernar. Leyva, junto a Francia Márquez, que ocupará el Ministerio de la Igualdad que pretende crear el gobierno Petro, son hasta ahora los únicos nombres que se conocen del gabinete que tomará posesión el 7 de agosto.Fenalco propone diálogo a Gustavo Petro sobre los días sin IVAEl presidente electo con el anuncio de Leyva en el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde ya, marcó la agenda para esa cartera. Y es que justamente la vida política de Leyva ha estado marcada por su mediación en diálogos con guerrillas como el M-19 y las FARC.“Recordemos que hace más de 40 años Álvaro Leyva estaba reunido, esa foto emblemática, con Marulanda, Alfonso Cano, Raúl Reyes...”, dice la excanciller María Emma Mejía.Ese papel como intermediario entre el Estado y grupo alzados en armas le ha costado críticas de varios sectores, pero, según María Emma Mejía, puede ser un punto a favor en las relaciones con la comunidad internacional.“El consejo de seguridad de Naciones Unidas ha venido cambiando el concepto de paz y seguridad, que son sus dos únicas misiones desde el final de la Guerra Fría”, agrega Mejía.Otros expertos ven en Leyva la misión de lograr apoyo internacional para explorar un acuerdo de paz con el ELN.“Es una persona que ha estado vinculada a la diplomacia paralela por la paz”, indica el analista Jorge Restrepo.Reunión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe podría darse este fin de semanaLa vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez reaccionó al nombramiento, le deseo éxitos a su sucesor y señalo que están preparados para comenzar el empalme e impulsar el direccionamiento de la política exterior del país.Los próximos anuncios serían los nombres para las carteras de Hacienda y Defensa, temas prioritarios para el presidente electo.Mientras tanto, su equipo de empalme se encuentra reunido definiendo quiénes integrarán las mesas para el empalme por ministerios con el gobierno Duque, que inicia el próximo miércoles.
Un día después de conmemorarse los cuatro meses de la invasión Rusia a Ucrania, Severodonetsk, una de las ciudades más disputadas de la región de Lugansk, fue tomada completamente por los ejércitos separatistas y la milicia rusa.Otras noticias: Policía investiga si tiroteo en Oslo, Noruega, se relaciona con posible “terrorismo islamista”“La ciudad ha sido completamente ocupada por la federación rusa. Hasta donde yo sé, están tratando de imponer sus reglas”, señaló Oleksandr Stryuk, alcalde de Severodonetsk.La ciudad vecina de Lysishansk, también asediada por los combates, evacuó a toda su población. Los civiles que quedaban tratan de huir en bus y tren.Este éxodo, que no cesa, inició el pasado 24 de febrero cuando el sonido de las bombas a las afueras de Kiev, la capital, anunciaron el estallido de la guerra. A los días, el presidente ruso, Vladimir, Putin, se pronunció diciendo que estaba llevando a cabo una operación militar especial.Según el último informe de Naciones Unidas, más de 4.000 personas han perdido la vida, incluidos 700 menores de edad que han muerto o han resultado heridos. Miles han migrado a otros países de Europa y otros se mantienen en las ciudades y regiones luchando por su país.La guerra puso en jaque al mundo cuando los principales puertos de ciudades como Odesa y Mikolayiv dejaron de exportar grano, agravando la crisis alimentaria mundial. En respuesta a la guerra, la Unión Europea ha puesto seis paquetes de sanciones y Estados Unidos también ha tomado medidas contra Rusia.“Se salvarán vidas”: Joe Biden firma ley que regula el porte de armas de fuego en Estados UnidosEntre tanto, la ofensiva rusa gana cada vez más terreno. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio un balance del terreno ya perdido.“Todas nuestras ciudades: Severodonetsk, Donetsk, Lugansk, las recuperaremos todas. Cada semana vamos a Kherson. Ni un solo día nos olvidamos de Melitópol sobre Berdyansk, sobre Enerhodar, Mariúpol, todas las demás ciudades de Ucrania, que están temporalmente ocupadas, las recuperaremos todas”, dijo Zelenski.Cerca del 20% del territorio ucraniano se encuentra bajo el dominio ruso, varias poblaciones han resultado destruidas y bajo el control del Kremlin en estos cuatro meses de guerra.
