El proyecto de seguridad ciudadana que el Ministerio de Justicia radicó en el Congreso de la República busca endurecer algunas penas y mecanismos para delincuentes que reincidan en ciertos delitos, en Colombia.Quienes incurran en robos pagarían hasta 9 años de cárcel, este es uno de los puntos clave del proyecto de seguridad ciudadana. También incluye un punto polémico sobre la legítima defensa que podrían ejercer las víctimas de la delincuencia.Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia para la Justicia, hizo un análisis en Noticias Caracol Ahora sobre este tema."El simple incremento de penas no disuade al delincuente", comentó el jurista.Vea acá la entrevista completa.Otros temas de su interés:Buscan erradicar el cáncer de cuello uterino para 2030: ¿cuáles son sus síntomas?Ley de desconexión laboral: ¿cuáles son las excepciones?
Un proyecto de ley que busca endurecer las penas contra los ladrones en Colombia y evitar que queden en libertad fue radicado por el Gobierno ante el Congreso con mensaje de urgencia. Se espera que sea aprobado el 16 de diciembre.¿Y la justicia? En 81 días cayeron más de 6 mil delincuentes en Bogotá, pero 4.865 ya están libresLa iniciativa establece hasta 9 años de cárcel para los delincuentes y también penas para quienes porten armas blancas en transporte público, se cubran el rostro durante las manifestaciones, ataquen a servidores públicos o dañen la infraestructura pública, entre otros puntos.Daniel Palacios, ministro del Interior, explicó ante el Congreso que el proyecto para castigar a los ladrones en Colombia establece que cuando el hurto esté “debajo de 10 millones pero arriba de 4 millones tendrá pena privativa en centro carcelario que podría dar entre 4 y 9 años de cárcel (…) La condena no podrá ser excarcelable”.Asimismo, la norma daría vía libre a “la legítima defensa cuando hay violación de un domicilio, cuando es violación de un establecimiento comercial que no está abierto al público o cuando sea, inclusive, un vehículo”, agregó, diciendo que la víctima puede estar cubierto por una legítima defensa “inclusive cuando se haga uso de fuerza letal”.El proyecto contra los ladrones en Colombia y otro tipo de delincuencia sugiere que se restrinja el “porte de arma blanca en un sistema de transporte público o en lugares abiertos”, señaló el ministro del Interior.La ley busca hasta 50 años de cárcel cuando los delitos sean contra funcionarios públicos, periodistas o defensores de DD. HH.Por su parte, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que con el proyecto de ley contra los ladrones en Colombia se busca “darles mayores herramientas a los jueces de la República para que puedan entrar a juzgar a estos delincuentes y no haya más libertad provisional. Por eso las cuantías, hasta 4 salarios mínimos, las penas van a ser de 18 a 24 meses, si pasa de 4 salarios mínimos desde luego la pena va a ser de 24 meses a 36 meses”.“Los jueces de la República ya no van a tener excusas”, sostuvo.Luis Soler, actor colombiano, podría perder la visión tras ser atacado con ácido para robarloSobre el porte o uso de “armas blancas y de fuego, las vamos a penalizar”, dijo.“Que estas penas, en su momento debido, entren a aplicar toda la rigurosidad de la ley, porque ahí se introduce el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego (…), o dispositivos que son menos letales pero que los alteran para aumentar su letalidad”, precisó.Expiden decreto que regula porte de armas traumáticas: ciudadanos tienen 8 meses para registrarlasOtro agravante para que el criminal no salga de la cárcel es que “el sentenciado haya sido condenado previamente por delito doloso en los cinco años anteriores. Igualmente, como circunstancia de agravación en el homicidio, lesiones personales y violencia contra servidor público en el que la víctima sea miembro de la fuerza pública o que porten una máscara”, explicó.“Es un agravante que porte una máscara y entre a ocultar su rostro para perpetrar un presunto delito en nuestro país”, recalcó.Tampoco se permitiría que los ladrones en Colombia y otros delincuentes queden libres si ponen “resistencia al procedimiento de captura mediante actos violentos contra el funcionario que la realice, así como el intento de emprender en un momento determinado la huida o dificultar la individualización”, explicó el ministro de Justicia.Agregó que “se agrava la pena cuando se afecta la infraestructura pública, como la destinada a la seguridad ciudadana, el sistema de transporte masivo y las instalaciones militares y de Policía”.“Yo creo que es una normatividad para la que nos hemos preparado”, añadió.
Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, será extraditado a Estados Unidos, así lo ha dejó en claro el Gobierno, pese a que en Colombia este hombre tiene mas de 130 procesos por paramilitarismo, tráfico de precursores químicos, incitación a paros armados, extorsión, homicidio selectivo, desaparición forzada, reclutamiento de niños y niñas y violencia sexual, entre otros.Además, tiene 6 condenas con penas entre 40 y 50 años de prisión.El prontuario de alias Otoniel en Colombia: tiene un récord de proceso judicialesEl ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que a este trámite se le imprimirá el acelerador, aunque el Gobierno debe esperar el concepto de la Corte Suprema de Justicia.“Esperamos que este proceso de extradición se pueda surtir de manera expedita para poner en manos de la justicia estadounidense a esta persona que, durante cerca de tres décadas, ha hecho mucho daño incurriendo en delitos de narcotráfico, homicidios, extorsiones y otros ilícitos que son individualizados por la administración de justicia”, manifestó el ministro Ruiz.La decisión de extraditar a ‘Otoniel’ ha ocasionado cuestionamientos porque hay quienes consideran que se le vulnera el derecho de verdad a las víctimas.“Los delitos cometidos en Colombia, claramente, atentan contra no solamente la salud pública como en el caso del narcotráfico, sino otros bienes jurídicos tutelados como aquellos que tienen que ver con las graves violaciones a los derechos humanos, razón por la cual, considero que debería llevarse a cabo primero esa investigación y el cumplimiento de las penas en Colombia”, afirmó el exfiscal anticorrupción Vicente Valbuena.De acuerdo con el abogado de las víctimas, Alirio Uribe, la extradición del excapo del Clan del Golfo hacia los Estados Unidos podría ser un mecanismo de impunidad, ya que solo será juzgado por narcotráfico y aquí en Colombia ha cometido delitos más graves.Para otros juristas, la extradición se prioriza porque implica compromisos con varios países. En Estados Unidos, ‘Otoniel’ tiene cargos por narcotráfico y apoyo a organizaciones terroristas.En contexto: Alias ‘Otoniel’: estos son los procesos que enfrenta en EE. UU. y la pena que recibiría
El poder judicial, ejecutivo y demás actores de la justicia se reunieron en Bogotá para buscar soluciones estructurales a la inseguridad que afecta no solo a la capital de la república, sino al resto del país.Es así como a través del proyecto de ley de seguridad ciudadana, que llevará mensaje de urgencia, se contempla una reforma para enfrentar duramente a la delincuencia.“Se van a grabar las conductas o los delitos para poder que no exista la famosa libertad condicional o casa por cárcel o la extramural”, dijo Wilson Ruiz, ministro de Justicia de Colombia.En el caso de la reincidencia se propondrá que un delincuente capturado varias veces sea considerado un peligro para la sociedad.Vea también: Claudia Bahamón fue víctima de ladrones en moto en el norte de Bogotá“La reincidencia está asociada a que haya una condena y, en estos casos, no tienen condena, no hay reincidencia”, dijo Gloria López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.También, para combatir la inseguridad, se propone elevar la pena de los delitos de menor cuantía, tipificar como agravante el uso de armas de fuego, traumáticas o arma blanca, elevar a delito autónomo el robo de bicicletas y hasta agilizar los mecanismos que otorgan beneficios.“El principio de oportunidad, y son los preacuerdos, hay que mejorarlos, hay que agilizarlos. El sistema acusatorio está hecho para que los casos no vayan a juicio”, afirmó Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación.Trabajar de la mano con la Policía para mejorar los procedimientos, contextualización y justificación de los procesos para que no se caigan en los estrados judiciales es otro de los compromisos de las autoridades en la lucha contra la inseguridad.Le puede interesar: Laura, menor a la que le dispararon durante robo en Bosa, se levanta de su silla y da primer paso
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, hizo un llamado a los jueces de la República ante los múltiples cuestionamientos por la libertad de personas capturadas por cuenta de la ola de inseguridad que vive el país.Otras noticias: Laura, menor a la que le dispararon durante robo en Bosa, se levanta de su silla y da primer paso“El llamado a los jueces de la República es que en el marco de sus competencias y respetando como siempre lo he dicho su autonomía, contribuyan con la debida y oportuna judicialización de los capturados, no podemos permitir que los delincuentes se sigan burlando de la justicia valiéndose de argucias para recuperar la libertad y salir a hacer daño. Los derechos de los victimarios no pueden estar por encima de las víctimas”, dijo el ministro.Ruiz también manifestó que no se debe dejar solo a los jueces ni a la Policía, señalando el compromiso de la ciudadanía a la hora de denunciar.Vea también: Impresionante ataque con explosivo de las disidencias de las FARC contra estación de Policía
El presidente Iván Duque sancionó la ley que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia.“Con esta ley lo que buscamos es el amparo integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional”, explicó en Noticias Caracol el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.En contexto: Duque sancionó ley que establece cadena perpetua para violadores y asesinos de niñosRuiz indicó que “esta cadena perpetua se podrá imponer cuando se trate de delitos contra la libertad, contra la integridad y formación sexual de los niños, niñas y adolescentes o cuando hay incesto o en un homicidio agravado cometido contra los menores de edad”.Sin embargo, en el caso del presunto abusador de 21 niños en un jardín infantil en Medellín, según el ministro esta ley no le aplicaría.“El día de ayer el presidente Iván Duque ha sancionado esta ley y pienso yo que entre hoy y mañana estaría ya publicada en la gaceta e inmediatamente le aplicaríamos todos los delitos que se presenten de ahí en adelante. Infortunadamente lo digo, en el caso de los niños y niñas que fueron abusados en Medellín eso no le cobijaría porque la ley no es retroactiva, es solamente hacia futuro que empieza a regir”, aclaró Wilson Ruiz.Vea, además: Aumentan a 21 las denuncias contra 'Manolo', presunto abusador de niños en MedellínLa ley establece que a los 25 años se hará una revisión de la condena para evaluar la resocialización del condenado, pero en ningún caso la pena podrá ser menor de 50 años, anotó el ministro.Entretanto, expertos constitucionalistas explicaron que la norma podría no pasar el examen de la Corte Constitucional debido a problemas en su elaboración.“La reforma constitucional tiene grandes probabilidades de caerse en la Corte y también la ley que reglamenta esa reforma constitucional. No solo porque contraviene la reforma constitucional, no solo porque a través de una ley están pretendiendo corregir los errores de una norma constitucional, sino porque además se lleva de paso principios fundamentales del derecho penal”, dijo Yesid Reyes, profesor de derecho penal de la Universidad de los Andes.Hay otros penalistas que incluso van más allá y consideran que esta ley de cadena perpetua atenta contra los derechos humanos.
La plenaria del Senado de la República aprobó en el último debate el proyecto de la reforma a la justicia que contempla varias novedades, una de ellas es el aumento del presupuesto en dicha rama.Para los trabajadores judiciales, estos cambios son inconstitucionales y no aportan a las soluciones de los usuarios.“La justicia colombiana tendrá una destinación del 3% del presupuesto general de la nación. Un gran logro que permitirá mejorar y modernizar todo el aparato judicial”, expresó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.Asimismo, se aprobó el llamado 'Expediente digital cero papel', entre otros.“Jueces itinerantes, que serán jueces y magistrados con capacidad de atender la demanda de justicia en los municipios con más congestión judicial. Se establece la equidad de género, el 50% de las listas para elegir magistrados de las altas cortes serán conformadas por mujeres, igualmente, ofrecerá garantías para el acceso a los cargos de la rama por méritos”, agregó el Ministro Ruiz.Sin embargo, para los trabajadores de la justicia la reforma solo incrementa la burocracia y no beneficia al ciudadano.Para el presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado, lo único favorable para los sindicatos es el aumento en el presupuesto, en especial, que se fije un porcentaje, pero lo desfavorable es que afecta la autonomía de la Rama Judicial, pues el Gobierno va tener injerencia.“Además, si afectan los derechos de carrera y sé incrementa la burocracia, ¿qué quería el ciudadano? Más juzgados y no se dispuso. La burocracia ha primado en esta reforma”, declaró Fredy Machado.Para los trabajadores de la justicia esta norma tiene varios vicios que la Corte Constitucional tendría que tumbar.
Tras la quema del Palacio de Justicia, las autoridades de Tuluá adelantaron un consejo extraordinario de seguridad. Además, se anunció la recompensa de 200 millones de pesos por quien brinde información para dar con la captura de las personas que ocasionaron los desmanes.Wilson Ruiz, ministro de Justicia, habló sobre las afectaciones a la estructura municipal y anunció la militarización de Tuluá, Buga y Cartago.“Esto es un acto terrorista, no es ni vandalismo, no hace parte de las protestas pacíficas”, aseguró Ruiz.El ministro aseguró que cerca del 90% de los expedientes físicos que corresponden a procesos terminados y en trámite desde el 2015 hasta el 2020, se quemaron.“Eran 2 edificaciones, la primera quedó destruida en un 50%. Había allí 7.482 procesos físicos, existían 24 procesos judiciales y 134 servidores de la justicia”, indicó Ruiz.Miembros del Cuerpo de Bomberos de Tuluá indicaron que unas personas les impidieron atender la emergencia.“Esto es terrorismo, esto es atentar contra la humanidad de un joven que hasta ahora iniciaba sus estudios universitarios y que tenía toda una vida por delante”, dijo Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca refiriéndose sobre la muerte de Camilo Arango, el estudiante que falleció durante los disturbios.
El ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, explicó los alcances del decreto que fija las reglas para reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícito con uso de glifosato, en cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional.“Lo que se ha creado es un marco normativo, es decir, respetando el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente. Mientras no tengamos esos conceptos, tanto del Anla como del INS, no podemos autorizar la aspersión área en Colombia”, dijo.El ministro aseguró que actualmente hay más de 154.000 hectáreas de cultivos ilícitos en el país y, en cuanto a si debe realizar una consulta previa para poder fumigarlos, explicó que sí, “siempre y cuando se vaya a afectar eventualmente territorios indígenas o étnicos, es decir, las minorías” del país.Y agregó que “donde haya manglares, cuerpos de agua, parque nacionales naturales, parques regionales naturales, entre otros, no se puede entrar a asperjar” y tampoco en sitios donde haya una población cerca.“Nosotros lo que seleccionamos son esas zonas donde se puede asperjar con precisión”, anotó.El ministro Ruiz dijo que tampoco se puede fumigar en zonas donde haya otros cultivos distintos a los ilícitos, pero también se refirió al uso del glifosato.“Tenemos que quitarnos esa situación de que el glifosato es perjudicial, no, porque resulta que es la concentración que se utiliza en un momento determinado y aquí lo que hace es que se disminuye, dependiendo del número de litros que se vayan a utilizar para que no vayan precisamente a perjudicar a la población”, sostuvo.En ese sentido, insistió en que no se puede fumigar si no se cuenta con un concepto previo del Instituto Nacional de Salud y el impacto ambiental.“El gran problema de Colombia es que el narcotráfico es el que afecta toda la parte ecológica y de medio ambiente de nuestro país”, dijo el funcionario.Indicó que si se siembra una hectárea de coca se deben “dañar dos hectáreas de tierra”, para que luego se proceda con la reforestación.Vea la explicación completa en el video que encabeza este artículo.
El decreto que modifica el reparto de tutelas generó este miércoles una fuerte polémica. El mayor punto de discordia es el hecho de que el presidente ordene que solo sea el Consejo de Estado el que revise las tutelas en su contra. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, explicó así el cambio más polémico del decreto. “En procura de preservar la seguridad nacional, las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del presidente de la República, así como las políticas, programas o estrategias del Gobierno Nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos serán repartidas para su conocimiento en primera instancia al Consejo de Estado”, indicó Ruiz. Para el ministro, esta reorganización que opera desde este 6 de abril no recorta los derechos de las personas. Sin embargo, expertos constitucionalistas no ven con buenos ojos el cambio. “Es imprudente que el presidente de la República, haciendo uso de sus facultades reglamentarias que le determina el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, entre a hacer reformas que atañen directamente a sus actividades, máxime cuando puede generar las suspicacias de que una vez más quieren salirse del control de algún otro órgano de la rama judicial”, manifestó Nilson Pinilla, exmagistrado de la Corte Constitucional. “Lo preocupante es que el presidente de la República sea él que escoja su propio juez”, expresó Kennett Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre. Pero no todos lo ven así, desde la Corporación Excelencia en la Justicia consideran que el cambio genera una garantía. “Es una alta corporación judicial especializada, que puede generar mayor profundidad en su análisis frente a cualquier tipo de decisión gubernamental”, indicó Hernando Herrera, presidente de la corporación. En caso de una demanda contra el decreto, sería el Consejo de Estado el encargado de conocerla
Armados de palos, bates y machetes los residentes del barrio La Salle, en Bucaramanga, vigilan las calles del sector durante las noches. Dicen que quieren espantar a los ladrones y no permitir su ingreso al sector.Puede leer: Expolicía confesó haber asesinado y metido a una mujer en una maleta, en Bucaramanga“Empezamos a salir ya con lo que tengamos en la casa, con palos, con escobas, machetes, pues a defender nuestro barrio, a hacer guardias de seguridad, prácticamente, hasta las nueve 10, 11 de la noche”, declaró Oscar Herreño, habitante del barrio La Salle.Calculan que, en el último mes, 20 personas han sido víctimas de los delincuentes que se movilizan en motocicleta, por lo que se unieron y crearon un frente de vigilancia.“Vivimos con zozobra a toda hora. A mí me daba miedo salir, llevar a la niña al colegio, me daba miedo salir a coger el bus”, expresó Nohemí Luque, habitante del sector.Podría ver: Crecen denuncias por acoso sexual de entrenadores deportivos en Santander: ahora es la Liga de BoxeoLa Policía dice que sí hace presencia en la zona y que atenderá los reclamos de la comunidad, al tiempo, invitó a los vecinos a no hacer justicia por mano propia, ya que pueden enfrentarse a varios delitos.“Vamos a atender las sugerencias de las personas para nosotros colocar unos diferentes operativos policiales y en diferentes horas para seguir trabajando y asegurando la seguridad”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el coronel José Jaramillo.Las autoridades también se comprometieron a instalar un CAI móvil para cumplir con las demandas de la comunidad.Otras noticias del día: Insultó, golpeó y abusó sexualmente de su pareja, pero un juez le dio casa por cárcelLa sismicidad es otro riesgo en Hidroituango, según informe: "Podría terminar en rotura de la presa"Conductor arrolló a una agente de tránsito que lo requirió por infringir pico y placa en Cali+++++Comunidad en Bucaramanga se armó y creó un frente de vigilancia para defenderse de los ladronesArmados de palos, bates y machetes los residentes del barrio La Salle, en Bucaramanga, vigilan las calles del sector durante las noches. Dicen que quieren espantar a los ladrones y no permitir su ingreso al sector.Calculan que en el último mes, 20 personas han sido víctimas de los delincuentes que se movilizan en motocicleta, por lo que se unieron y crearon un frente de vigilancia.TAGS Bucaramanga RobosDelincuencia en BucaramangaPolicía Nacional
A los homicidios, atentados terroristas y secuestros de las últimas horas en Saravena, que muestra la crisis que se vive en esta zona de Arauca, se suman las nuevas amenazas contra líderes de la región. Uno de ellos es Emiro Goyeneche, director de la emisora comunitaria Sarare Estéreo, a quien las disidencias de las FARC lo sindican de pertenecer al ELN.Lea, además: Barbarie en Arauca: 7 personas fueron asesinadas y atentaron contra empresa de oxígeno“Un panfleto del frente 28 de la FARC donde me amenazaban como periodista, como director de un medio de comunicación comunitario de la región. Nosotros, desde que inició el conflicto entre las dos insurgencias entre las disidencias de la FARC y del ELN, la verdad que no hemos emitido ningún comunicado de las dos guerrillas”, declaró Emiro Goyeneche.Estas intimidaciones se conocieron después de que se emitiera el informe de Noticias Caracol: ‘Arauca, la zozobra y la impotencia’. Gremios de periodistas hicieron un llamado a los grupos al margen de la ley.“No es justo que un colega que viene trabajando en el municipio de Saravena, Emiro Goyeneche, hoy nuevamente aparezca tildado de hacer parte de un grupo subversivo”, expresó Narda Guerrero, vocera de la Corporación de Periodistas de Arauca.“Le pedimos al Gobierno nacional, con todos los organismos del Estado, las garantías y las condiciones para ejercer un periodismo libre”, manifestó el vicepresidente de la Federación Colombiana de Periodistas, Jorge Velásquez.Puede leer: En camiones blindados, uniformados del Ejército patrullan zonas rojas de AraucaA Emiro, se suma Bernardo Arguello, presidente de la Empresa Comunitaria De Acueducto Alcantarillado y Aseo de Saravena, quien, en entrevista para Noticias Caracol, afirmó que son falsas las acusaciones tanto de las disidencias de las FARC, como del Gobierno, de que él tiene nexos con el ELN.“Eso nos ha costado muerte de compañeros y cárcel a algunos, En mi caso, he estado preso en dos oportunidades, pero hemos logrado demostrar nuestra inocencia, aunque el estigma ya está”, dijo Bernardo Arguello.Por seguridad, Emiro Goyeneche abandonó la región.También lea: ¿Quién es ‘Antonio Medina’, el criminal causante de la guerra que vive hoy Arauca?
Luego de intimidar a la comunidad indígena que se encontraba junto a Albeiro Camayo en el territorio ancestral de Las Delicias, ubicado en Buenos Aires, norte del Cauca, presuntos miembros de disidencias de las FARC sacaron al líder para asesinarlo.“Las disidencias Jaime Martínez cumplieron con su objetivo, a sangre y fuego entraron tres comandos a Las Delicias, hostigaron a la comunidad, sacaron a Albeiro y lo mataron. Muy lamentable”, dijo Feliciano Valencia, senador indígena.Desde el 2019, cuando era coordinador regional de la guardia indígena, Camayo le venía haciendo frente a la presencia de grupos armados ilegales en su territorio.El 25 de julio de ese año, una comisión fue atacada con explosivos cuando se movilizaba en una chiva y un vehículo particular. Cuatro comuneros resultaron heridos y Albeiro Camayo salió ileso.“Nos tiran explosivos y nos hacen disparos, los compañeros que venían al lado mío sufrieron heridas, desafortunadamente o afortunadamente, salí ileso en esa situación, pero la reacción de la guardia y la comunidad fue muy rápida, por lo que los agresores huyeron”, dijo Camayo, en ese entonces.Vea también: Fue abatido alias ‘Jhonnier’, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC en el suroccidenteEl 3 de octubre de ese mismo año, la guardia indígena encontró al Albeiro Camayo amarrado del cuello y las manos con alambre de púas, luego de ser retenido por hombres armados que le dieron, en ese entonces, 48 horas de plazo para entregar a un supuesto secuestrado.“Hemos venido denunciando permanentemente a nivel nacional y a nivel internacional, pero no ha parado esta violencia. Hoy tenemos la desafortunada noticia de nuestro excoordinador de guardia, una persona que fue entregada a esta organización en la prestación del servicio comunitario de la guardia”, dijo Ancízar Majín, consejero mayor del CRIC.Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), las disidencias de las FARC, luego de asesinar a Albeiro Camayo, se llevaron a su hijo Arlin, de 13 años y cuyo paradero se desconoce.Le puede interesar: Sujetos armados incineran tractomula en Tuluá y dejan una granada
Egan Bernal y Daniel Martínez han construido una amistad que va más allá del hecho de correr para el mismo equipo y de ser colegas.Ahora, tras el accidente que sufrió Bernal mientras entrenaban con algunos de sus compañeros en el sector de Gachancipá, en cercanías a Bogotá, y que le produjo varias fracturas; Martínez publicó un emotivo mensaje en medio de la compleja situación de salud que atraviesa el pedalista cundinamarqués.“Hoy más que nunca deseándole lo mejor, que se recupere pronto y que vuelva a dar espectáculo como lo sabe hacer”, fue el mensaje que acompañó la publicación en las redes sociales.Y la imagen del ‘post’ no podía ser otra que la del Giro de Italia 2021, cuando Martínez le dio motivación a Bernal durante la etapa 17 de dicha competencia.El segundo parte médico de Egan BernalPor el momento, la Clínica de la Universidad de la Sabana compartió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Bernal, luego de que fuera sometido a varias intervenciones quirúrgicas para tratar las múltiples fracturas que le causó un choque contra un bus en la vía “Bogotá - Tunja km 33+800 sector Gachancipá”.
Sonrisas y mucha alegría fue lo que se reflejó en los colegios públicos de Bogotá con el regreso a clases presenciales de alumnos, quienes estaban recibiendo su educación a través de la virtualidad desde mediados de marzo del 2020 por cuenta del COVID-19.Podría ver también:¿En qué casos los niños deben guardar cuarentena y por cuánto tiempo deben dejar de ir al colegio?En Noticias Caracol Ahora, el rector del colegio Ema Villegas, Jorge Rojas, habló del panorama en el caso de su institución educativa. Comentó que los estudiantes y docentes estaban contentos por ese retorno y que desde antes del ingreso, se comenzó la pedagogía en torno a los temas de bioseguridad.Al mismo tiempo, el rector explicó que en varios colegios se instalaron puntos de vacunación COVID para aquellos niños que no han recibido el biológico se puedan inmunizar bajo autorización y acompañamiento de sus papás.Más detalles en esta entrevista de Noticias Caracol Ahora.Es de su interés:Crudo relato de víctima de violento robo en estación de Transmilenio: "Decían que nos matarían""Otra persona pudo haber participado en el crimen": abogado de las víctimas de Yhonier Leal
