El presidente Iván Duque sancionó la ley que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia.“Con esta ley lo que buscamos es el amparo integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional”, explicó en Noticias Caracol el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.En contexto: Duque sancionó ley que establece cadena perpetua para violadores y asesinos de niñosRuiz indicó que “esta cadena perpetua se podrá imponer cuando se trate de delitos contra la libertad, contra la integridad y formación sexual de los niños, niñas y adolescentes o cuando hay incesto o en un homicidio agravado cometido contra los menores de edad”.Sin embargo, en el caso del presunto abusador de 21 niños en un jardín infantil en Medellín, según el ministro esta ley no le aplicaría.“El día de ayer el presidente Iván Duque ha sancionado esta ley y pienso yo que entre hoy y mañana estaría ya publicada en la gaceta e inmediatamente le aplicaríamos todos los delitos que se presenten de ahí en adelante. Infortunadamente lo digo, en el caso de los niños y niñas que fueron abusados en Medellín eso no le cobijaría porque la ley no es retroactiva, es solamente hacia futuro que empieza a regir”, aclaró Wilson Ruiz.Vea, además: Aumentan a 21 las denuncias contra 'Manolo', presunto abusador de niños en MedellínLa ley establece que a los 25 años se hará una revisión de la condena para evaluar la resocialización del condenado, pero en ningún caso la pena podrá ser menor de 50 años, anotó el ministro.Entretanto, expertos constitucionalistas explicaron que la norma podría no pasar el examen de la Corte Constitucional debido a problemas en su elaboración.“La reforma constitucional tiene grandes probabilidades de caerse en la Corte y también la ley que reglamenta esa reforma constitucional. No solo porque contraviene la reforma constitucional, no solo porque a través de una ley están pretendiendo corregir los errores de una norma constitucional, sino porque además se lleva de paso principios fundamentales del derecho penal”, dijo Yesid Reyes, profesor de derecho penal de la Universidad de los Andes.Hay otros penalistas que incluso van más allá y consideran que esta ley de cadena perpetua atenta contra los derechos humanos.
La plenaria del Senado de la República aprobó en el último debate el proyecto de la reforma a la justicia que contempla varias novedades, una de ellas es el aumento del presupuesto en dicha rama.Para los trabajadores judiciales, estos cambios son inconstitucionales y no aportan a las soluciones de los usuarios.“La justicia colombiana tendrá una destinación del 3% del presupuesto general de la nación. Un gran logro que permitirá mejorar y modernizar todo el aparato judicial”, expresó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.Asimismo, se aprobó el llamado 'Expediente digital cero papel', entre otros.“Jueces itinerantes, que serán jueces y magistrados con capacidad de atender la demanda de justicia en los municipios con más congestión judicial. Se establece la equidad de género, el 50% de las listas para elegir magistrados de las altas cortes serán conformadas por mujeres, igualmente, ofrecerá garantías para el acceso a los cargos de la rama por méritos”, agregó el Ministro Ruiz.Sin embargo, para los trabajadores de la justicia la reforma solo incrementa la burocracia y no beneficia al ciudadano.Para el presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado, lo único favorable para los sindicatos es el aumento en el presupuesto, en especial, que se fije un porcentaje, pero lo desfavorable es que afecta la autonomía de la Rama Judicial, pues el Gobierno va tener injerencia.“Además, si afectan los derechos de carrera y sé incrementa la burocracia, ¿qué quería el ciudadano? Más juzgados y no se dispuso. La burocracia ha primado en esta reforma”, declaró Fredy Machado.Para los trabajadores de la justicia esta norma tiene varios vicios que la Corte Constitucional tendría que tumbar.
Tras la quema del Palacio de Justicia, las autoridades de Tuluá adelantaron un consejo extraordinario de seguridad. Además, se anunció la recompensa de 200 millones de pesos por quien brinde información para dar con la captura de las personas que ocasionaron los desmanes.Wilson Ruiz, ministro de Justicia, habló sobre las afectaciones a la estructura municipal y anunció la militarización de Tuluá, Buga y Cartago.“Esto es un acto terrorista, no es ni vandalismo, no hace parte de las protestas pacíficas”, aseguró Ruiz.El ministro aseguró que cerca del 90% de los expedientes físicos que corresponden a procesos terminados y en trámite desde el 2015 hasta el 2020, se quemaron.“Eran 2 edificaciones, la primera quedó destruida en un 50%. Había allí 7.482 procesos físicos, existían 24 procesos judiciales y 134 servidores de la justicia”, indicó Ruiz.Miembros del Cuerpo de Bomberos de Tuluá indicaron que unas personas les impidieron atender la emergencia.“Esto es terrorismo, esto es atentar contra la humanidad de un joven que hasta ahora iniciaba sus estudios universitarios y que tenía toda una vida por delante”, dijo Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca refiriéndose sobre la muerte de Camilo Arango, el estudiante que falleció durante los disturbios.
El ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, explicó los alcances del decreto que fija las reglas para reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícito con uso de glifosato, en cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional.“Lo que se ha creado es un marco normativo, es decir, respetando el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente. Mientras no tengamos esos conceptos, tanto del Anla como del INS, no podemos autorizar la aspersión área en Colombia”, dijo.El ministro aseguró que actualmente hay más de 154.000 hectáreas de cultivos ilícitos en el país y, en cuanto a si debe realizar una consulta previa para poder fumigarlos, explicó que sí, “siempre y cuando se vaya a afectar eventualmente territorios indígenas o étnicos, es decir, las minorías” del país.Y agregó que “donde haya manglares, cuerpos de agua, parque nacionales naturales, parques regionales naturales, entre otros, no se puede entrar a asperjar” y tampoco en sitios donde haya una población cerca.“Nosotros lo que seleccionamos son esas zonas donde se puede asperjar con precisión”, anotó.El ministro Ruiz dijo que tampoco se puede fumigar en zonas donde haya otros cultivos distintos a los ilícitos, pero también se refirió al uso del glifosato.“Tenemos que quitarnos esa situación de que el glifosato es perjudicial, no, porque resulta que es la concentración que se utiliza en un momento determinado y aquí lo que hace es que se disminuye, dependiendo del número de litros que se vayan a utilizar para que no vayan precisamente a perjudicar a la población”, sostuvo.En ese sentido, insistió en que no se puede fumigar si no se cuenta con un concepto previo del Instituto Nacional de Salud y el impacto ambiental.“El gran problema de Colombia es que el narcotráfico es el que afecta toda la parte ecológica y de medio ambiente de nuestro país”, dijo el funcionario.Indicó que si se siembra una hectárea de coca se deben “dañar dos hectáreas de tierra”, para que luego se proceda con la reforestación.Vea la explicación completa en el video que encabeza este artículo.
El decreto que modifica el reparto de tutelas generó este miércoles una fuerte polémica. El mayor punto de discordia es el hecho de que el presidente ordene que solo sea el Consejo de Estado el que revise las tutelas en su contra. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, explicó así el cambio más polémico del decreto. “En procura de preservar la seguridad nacional, las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del presidente de la República, así como las políticas, programas o estrategias del Gobierno Nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos serán repartidas para su conocimiento en primera instancia al Consejo de Estado”, indicó Ruiz. Para el ministro, esta reorganización que opera desde este 6 de abril no recorta los derechos de las personas. Sin embargo, expertos constitucionalistas no ven con buenos ojos el cambio. “Es imprudente que el presidente de la República, haciendo uso de sus facultades reglamentarias que le determina el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, entre a hacer reformas que atañen directamente a sus actividades, máxime cuando puede generar las suspicacias de que una vez más quieren salirse del control de algún otro órgano de la rama judicial”, manifestó Nilson Pinilla, exmagistrado de la Corte Constitucional. “Lo preocupante es que el presidente de la República sea él que escoja su propio juez”, expresó Kennett Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre. Pero no todos lo ven así, desde la Corporación Excelencia en la Justicia consideran que el cambio genera una garantía. “Es una alta corporación judicial especializada, que puede generar mayor profundidad en su análisis frente a cualquier tipo de decisión gubernamental”, indicó Hernando Herrera, presidente de la corporación. En caso de una demanda contra el decreto, sería el Consejo de Estado el encargado de conocerla
Uno de los grandes dolores de cabeza de la justicia en Colombia es el hacinamiento de presos en las cárceles. Actualmente se registra más del 20% y a eso se suma que cada interno le cuesta mensualmente al Estado 2.389.136 pesos.Ante esta situación, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, explica lo que está haciendo el Gobierno Nacional para resolver esta situación, pues actualmente hay 97.656 presos en las cárceles del país, cuando la capacidad es hasta de 80.884.“Es muy preocupante que en el país actualmente un interno nos cueste aproximadamente $2.400.000”, dijo el funcionario, al anotar que en el 2020 se tenía más de 54% de hacinamiento y hoy en día esa cifra es del 20.3%.Reconoció que ese dinero podría ahorrarse previniendo el delito y, por eso, anotó que justamente se está trabajando en eso.“Cada ocho días me traslado a todos los territorios de nuestro país precisamente para hablar de la prevención. ¿Cómo lo estamos haciendo?, con la resocialización, es decir, si a una persona le damos la oportunidad, posiblemente no vuelva a reincidir”, afirmó.Destacó, por ejemplo, que el centro de reclusión de Acacías en el Meta “es modelo para Colombia porque allí internos que están a punto de cumplir su pena están trabajando en labores agrícolas de nuestro país”.Pero las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata también están llenas de personas privadas de la libertad. En las URI del país se encuentran 20.566 detenidos, los cuales son custodiados por 2.156 policías.“Con muchas personas de estas bastaba con un solo memorial, una carta dirigida al juez o fiscal, para obtener su libertad. Por eso, en compañía de la Defensoría del Pueblo, hacemos brigadas jurídicas para que la Defensoría presente los memoriales y la persona que está privada de la libertad pueda recuperarla lo más pronto posible”, afirmó Ruiz.Asimismo, dijo que cada ocho días habla con jueces y fiscales sobre “subrogados o beneficios en materia penal para poder que les den la libertad” a quienes puedan acceder a ella. Igualmente, consideró que dentro de poco se verán resultados en el país, gracias a un trabajo también adelantado con alcaldías y gobernaciones.“Cada que hacemos convenios con las entidades territoriales, alcaldes, gobernadores, estamos precisamente adquiriendo lotes, que son más grandes, donde va a quedar el centro de reclusión y también va a tener como adición una parte para que podamos hablar de resocialización”, anotó.También, aseguró que el “Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado 500 millones de dólares para la justicia digital en Colombia”, lo que significa que cualquier persona “con el solo el hecho de meterse al computador va a revisar su proceso en qué estado está” y ayudará a reducir muchos costos.A estas actividades también se suma la reforma a la justicia, radicada en diciembre de 2020 ante el Congreso de la República.
Tras la publicación del borrador de decreto que busca reanudar la erradicación aérea de cultivos ilícitos con glifosato, el gobierno salió en su defensa alegando que cumple con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional.“Cumple con las características de ser una regulación imparcial enfocada en los riesgos contra la salud y el ambiente. Contiene las disposiciones relativas a la evaluación continua del riesgo en un proceso participativo y técnicamente fundado a la revisión automática de las decisiones, la investigación científica con rigor, calidad, imparcialidad y procedimientos de que queja comprensivos”, señaló el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.Sin embargo, para quienes siguen el proceso, no están dadas las condiciones exigidas.“El borrador que conocemos continúa ignorando el proceso de sustitución y el acuerdo de paz. Simplemente citan el decreto ley 896 del 2017, que creó el programa, pero no consideran el auto 387”, refuta Luis Felipe Cruz, investigador Dejusticia.El gobierno considera que el decreto cumple con preceptos como la consulta previa cuando el programa pueda afectar a las comunidades y, además, contempla un sistema de quejas.Desde agosto del año pasado el gobierno tiene listo el plan de aspersión con aeronaves de precisión con el que busca evitar efectos colaterales en el medio ambiente, para ello adquirió un sistema tecnológico de cuarta generación de origen estadounidense.Además, la Policía Antinarcóticos ya tiene listo el mapa de las zonas que serán asperjadas y que tendrá su primera fase en Meta, Guaviare, Vichada y otras seis regiones.Pero la contraparte en el proceso señala que hay omisiones en el decreto y rechaza la valoración de daños que pueda dejar a aspersión.“Ni siquiera se menciona la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. No está claro a la fecha si ante la evidencia de daños que puedan causar las aspersiones las poblaciones afectadas tendrán mecanismos para que el consejo estupefaciente suspenda el uso de glifosato como lo estableció la Corte Constitucional”, comenta Cruz.El gobierno espera las observaciones al borrador del plan, definir el texto final y reanudar la aspersión.
A los 38 años, el viceministro de justicia, Javier Sarmiento, estuvo al borde de la muerte en una unidad de cuidados intensivos por cuenta del COVID-19.“La fuerza de ese virus, digo yo, casi que macabro, me llevó a estar internado en una clínica, en una UCI intubado. Yo no fumo, no tengo comorbilidades, preexistencias de ninguna manera y una vida sana y la verdad me hizo mucho daño, al punto que me llevó a estar, digo yo, del otro lado”, cuenta. El funcionario está convencido de que un milagro le devolvió la vida cuando ya se iba y tiene una admiración renovada por el personal médico de la Fundación Cardio Infantil que lo salvó.“Bueno, yo despierto de estar intubado un poco desorientado porque lógicamente allí uno no sabe si es de noche, si es de día, qué hora es, la primera reacción es buscar llamar a mi familia para avisarles. Yo llamo a mi esposa, rompo en llanto (…) le digo ‘me salvé, me salvé, me salvé’”, recuerda.Se trata del más alto funcionario del gobierno de Iván Duque que ha llegado a un estado tan crítico por cuenta del COVID-19, aunque hay preocupación también por la salud del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Durante cuatro días, Sarmiento permaneció sedado e intubado mientras su familia se deshacía en llanto.“A mí me ardía respirar, me dolía tener consciencia, el hecho de existir, yo decía: ‘Dios, mi esposo en este momento está en cuidados intensivos’ (…) yo sentía la hiel en mi boca, un sabor ácido que nunca se me quitó hasta que mi esposo regresa a casa y empiezo a ver su recuperación”, cuenta Iveth Carmen Aristizábal, esposa del viceministro.Pensó que era “una gripa más”El viacrucis de Sarmiento empezó el pasado 6 de diciembre, cuando sintió una leve indisposición. Una gripa más pensó y recordó que entonces llevaba 17 pruebas PCR pasando invicto.Dos días después perdió el olfato y confirmó que tenía COVID. Se aisló y siguió todos los protocolos en casa hasta que se agravó.Cuando llegó al hospital sus pulmones estaban invadidos.¿Le tocó ver alguien que se complicó en el tiempo que estuvo ahí?“Sí, lamentablemente varias personas que estaban ahí se fueron a descansar, es duro, es duro. Y bueno también cuando uno dormía y se levantaba y veía otra persona ahí, ya habían rotado las camas. Ver personas adultas mayores, la verdad es muy duro”, dice. Hoy el viceministro Sarmiento lo ve todo con un cristal distinto y se sabe afortunado porque logró esquivar la emboscada más feroz del virus.Algo que no pudieron hacer más de 50 mil colombianos que se fueron a destiempo. Por eso, su indignación cuando ve que 300 inconscientes se fueron de parranda a Cartagena a bailar y a beber apeñuscados o que en Bogotá o Cali todavía hay gente que arma rumbas mientras los médicos no dan abasto.“Yo no entiendo qué puede pasar en la mente de una persona de estas que se va de fiesta y, sin tapabocas, a compartir con 20, 30, 50, 100 personas. Es que es ilógico, es inexplicable. Yo, la verdad, cuando veo eso en televisión me genera mucha rabia, me genera estupor”.¿Indisciplinados a prestar servicio social?En ese sentido, dice que, aunque es un asunto de alto gobierno que todavía no se ha discutido, no le disgusta la propuesta de que esos fiesteros sin tregua terminen en hospitales y clínicas prestando un servicio social.“Yo creo que hasta que la gente no vive esto de verdad y no empiezan las muertes en su entorno cercano, pues creo que la gente no comprende, no dimensiona”, expone. Todavía no se ha recuperado del todo, aunque va por buen camino. Sin embargo, en su memoria se instaló para siempre el eco de los sonidos de la UCI, ese lugar donde uno de cada tres pacientes intubados no despierta jamás.“Yo los primeros días cuando llegué a mi casa no dormía bien, yo creo que yo replicaba los ruidos de los aparatos, de toda esta tecnología que hay allí para conectar, bep, bep, las conexiones, yo tengo este brazo morado de tantos procedimientos”, recuerda. “Hubo un día muy duro que mi hijo me pregunta: ‘mami, por qué mi papi no ha regresado’, me lo repitió varias veces, le dije hijo porque lo están cuidando en la clínica, entonces como ya le había respondido varias veces lo mismo un día me dice: ‘mami, ¿es que mi papá no va regresar?’", narra su esposa. Por fortuna regresó y hoy junto a su esposa Iveth y su pequeño hijo Emiliano, de apenas cuatro años, celebra a rabiar que el hilo del cual pendía su vida, finalmente, resistió el tijeretazo de la muerte.
En días recientes los magistrados de la sala de Justicia y Paz de Barranquilla denunciaron que ese tribunal adelanta una audiencia de formulación y aceptación de cargos en contra de Salvatore Mancuso y otros exintegrantes del frente Mártires del Cesar de las AUC.Tras cuestionar a Salvatore Mancuso por hechos que no aceptó ante este tribunal, pero que sí ofreció entregar a la JEP, la magistrada Cecilia Leonor Olivella recibió serias amenazas de muerte.Ante este hecho, el ministro de Justicia explicó que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía General las amenazas y se pidió a la Unidad Nacional de Protección reforzar su esquema de seguridad.“El gobierno nacional condena de forma categórica toda intimidación contra los jueces. Los exintegrantes de los grupos de autodefensa que están cumpliendo penas en el exterior tienen deudas con la justicia colombiana y tendrán que venir a responder por esos delitos”, señaló el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.
Wilson Ruiz lleva apenas diez días al frente del Ministerio de Justicia y ya tuvo que salir a hacer un acto de contrición. El motivo, su presencia en Barranquilla durante el partido de Colombia contra Venezuela en compañía de sus dos hijos.El ministro de Justicia, tras la polémica, manifestó: “quiero ofrecer excusas del país por el episodio ocurrido el pasado viernes cuando fui al estadio Metropolitano de Barranquilla en compañía de mis dos hijos a presenciar el partido de la selección Colombia. Asistí al estadio por invitación de la Federación Colombiana de Fútbol por haber hecho parte de la comisión disciplinaria de la federación”.El asunto de fondo es que, días antes de posesionarse, el ministro Wilson Ruiz aceptó ser miembro de la comisión disciplinaria que se dedica a investigar, entre otros casos, la reventa de boletas por parte de la FCF, la misma que le dio las tres boletas para entrar al estadio junto a sus hijos.En su defensa, Ruiz dijo que “en ningún momento he tenido a mi cargo investigaciones relacionadas con la reventa de boletas ni otro proceso disciplinario a los directivos del fútbol. Anuncio que ya presenté la renuncia a esa comisión, respetando la transparencia y los valores éticos y morales que siempre me han caracterizado”.Su par, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, reveló que días antes habló con el ministro Wilson Ruiz para sugerirle que se declara impedido en esta investigación de la reventa de boletas: “Es un hombre sensato y esta mañana supe que ha renunciado a la comisión tribunal disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol para evitar cualquier tipo de suspicacia. Él es un hombre que conoce muy bien el Derecho y por eso creo que ahora todos estamos tranquilos”.Por otra parte, en una comunicación al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, la Procuraduría pidió cuatro explicaciones frente a la presencia de algunos asistentes al partido: cuántas tribunas se habilitaron para el público y el número de personas que ingresaron a los palcos, si hubo autorización para el ingreso de invitados y en qué calidad se dio la asistencia de cada uno de los espectadores. Además, el número de personas que entraron diferentes a las delegaciones de los equipos.
Miltiadis Tentoglou conquistó el oro en salto largo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con su último intento, llegando a la primera posición con 8,41 metros, en una emocionante final en la que el cubano Juan Miguel Echevarría (8,41 m) ganó la plata y su compatriota Maykel Massó (8,21 m) el bronce.El desarrollo de la final tuvo sabor muy amargo para los cubanos, que antes del último salto del griego eran virtualmente oro y plata, por lo que estaban a un paso del doblete.El vuelo del heleno en su sexto y último salto les relegó al segundo y tercer lugar, dejando además al español Eusebio Cáceres (8,18 m, su mejor marca personal), que era tercero, en la cuarta posición, bajándole del podio en los Juegos Olímpicos en el último instante.Pese a que Miltiadis Tentoglou y Juan Miguel Echevarría tenían la misma distancia, 8,41 metros, la primera posición en la clasificación era para el griego por el desempate entre sus dos segundos mejores saltos (8,15 m contra 8,09 m).Juan Miguel Echevarría pasaba así del oro a la plata pero tenía otro intento para tratar de volver a la primera posición.Sin embargo, durante su carrera camino de la línea de salto se frenó, aparentemente con un problema físico o un dolor muscular. De rodillas, golpeó con el puño el suelo en señal de rabia y se levantó cojeando ligeramente, con la amargura de haber visto esfumarse un título en Juegos Olímpicos que durante gran parte del concurso sintió tener muy cerca.Cuba lleva desde Pekín-2008 sin colgarse un oro olímpico en atletismo. Hace cinco años, en Rio-2016, su balance había sido de apenas un bronce, el logrado por Denia Caballero en el lanzamiento de disco, algo que ya supera nada más con el resultado de esta prueba.En el medallero de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, a la espera de la resolución de los metales que el país tiene ya asegurados en boxeo y lucha, Cuba acumula oficialmente cuatro preseas, dos platas y dos bronces. Las del salto largo se añaden a la plata de la judoca Idalys Ortiz y al bronce del taekwondista Rafael Alba Castillo.
La puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn se proclamó campeona de los 100 metros vallas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y dio a su país el segundo oro olímpico de su historia, después del conseguido por la tenista Mónica Puig en Rio de Janeiro 2016.Jasmine Camacho-Quinn, que había asombrado dominando los cronos de las series y de las semifinales, culminó la sorpresa al ganar la final con un crono de 12 segundos y 36 centésimas, por delante de la plusmarquista mundial estadounidense Kendra Harrison (12.52), plata, y de la jamaicana Megan Tapper (12.55), bronce.Para Puerto Rico es su primera medalla en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y la novena de su historia.Las seis primeras fueron para sus boxeadores, entre las ediciones de 1948 y 1996. En Londres-2012 llegaron los dos primeros metales de Puerto Rico fuera del ring, los bronces del atleta Javier Culson (400 metros vallas) y del luchador Jaime Espinar (84 kg).Jasmine Camacho-Quinn, de 24 años, había presentado su candidatura al título el domingo al asombrar en semifinales con un crono de 12.26, un récord olímpico que le dejó además a apenas seis centésimas del récord mundial de Kendra Harrison (12.20, vigente desde julio de 2016).Para la vallista puertorriqueña, Tokio-2020 ha sido la revancha perfecta del trauma vivido en los Juegos Olímpicos de Rio-2016, cuando quedó eliminada en semifinales al tropezar con una de las vallas del final de su recorrido.
Rigoberto Urán presumió de su verdadero premio tras los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El ciclista antioqueño se mostró feliz por volver a ver a su familia, en especial a su pequeña hija Carlota.“Aquí si no vale ni medalla ni diplomas mijitos. Esta es la bendición más grande”, escribió Rigoberto Urán, en la leyenda que acompañó una foto cargando a Carlota.Rigoberto Urán, de 34 años, brilló en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en las dos pruebas en las que participó, fondo de la ruta y la contrarreloj individual. En ambas fue octavo.El antioqueño disfruta de unos días de descanso en Colombia y luego regresará a Europa para la parte final de la temporada 2021.
Por si no fuera ya peliagudo el reto que Sifan Hassan se ha planteado en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (ganar los títulos olímpicos de 1.500, 5.000 y 10.000 metros), una caída en las series de 1.500 ha venido a complicar todavía más el desafío.Sifan Hassan afronta este lunes una doble tarea. Por la mañana, superar la primera ronda de 1.500. Objetivo conseguido, pese al contratiempo. Doce horas después, la final de 5.000 metros.La neerlandesa corría la segunda serie de 1.500 cuando, en el tumulto que se produjo al toque de campana, con todas las participantes luchando por los seis primeros puestos que daban acceso directo a semifinales, Sifan Hassan rodó por los suelos.La favorita tuvo que esprintar a lo largo de todo el último giro, que recorrió en 61 segundos para alcanzar al grupo. Lo consiguió sin dificultad e incluso ganó la serie con un tiempo de 4:05.17. Esta misma tarde, al final del programa, le espera la final de 5.000.Este domingo, había confirmado que competirá en las tres pruebas en busca de un triplete inédito en los Juegos Olímpicos.Clasificada ya para la final de 5.000, que se disputa este lunes a las 21.40, Sifan Hassan se enfrenta a un auténtico maratón en los Juegos Olímpicos, con seis carreras en nueve días.Debutó el pasado viernes en la primera ronda de 5.000; este lunes corrió en primera ronda de 1.500 y por la tarde lo hará la final de 5.000; el miércoles 4 estará en semifinales de 1.500; el viernes 6 correría la final de 1.500 y el sábado 7 partirá en la final directa de 10.000.La fondista, que llegó a Países Bajos con 15 años en calidad de refugiada procedente de Etiopía, tiene cuatro récords mundiales en distancias comprendidas entre la milla y los 10.000 metros: milla (4:12.33), 5 km en ruta (14:44), 10.000 (29:06.82) y la hora (18.930 metros).También posee los récords de Europa de 1.500 (3:51.95), 3.000 (8:18.49), 5.000 (14:22.12) y medio maratón (1h05:15).
Bernardo Tobar Prado quedó eliminado del tiro deportivo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tras ocupar el puesto 26 en la modalidad de pistola rápida de 25 metros.“Me voy en deuda conmigo, insatisfecho. Quería hacerlo mejor. Pensé que se podía mejorar y ajustar para el segundo día, la cabeza no está en su lugar y tengo que replantear cosas y volver a iniciar”, dijo Bernardo Tobar Prado.En total, el tito deportivo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Bernardo Tobar Prado ocupó el puesto 26 con 546 puntos. Solo los seis primeros clasificaban a la final por el oro.Por otro lado, Bernardo Tobar Prado se quejó por el poco apoyo que recibió de la Federación de Tiro, que no le permitió tener a su entrenadora y le pusieron a “un cubano con el que no me entiendo. Ellos solo vienen a pasear y no piensan en las prioridades del deportista”.Bernardo Tobar Prado finalizó contando que se vio afectado por la muerte de su madre en los días previos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y por eso cree que “la preparación fue nula”.
