Con mensaje de urgencia fue radicado en el Congreso el proyecto de humanización de penas que contiene cambios sustanciales, como no eliminar delitos como el incesto, la inasistencia alimentaria, la injuria y la calumnia.“Realmente constatamos que no había ambiente mayoritario en el Congreso para aprobarlos, escuchamos muchas voces, y para darle viabilidad al proyecto en aquello que es esencial, que es la resocialización de los presos, pues consentimos en que en la ponencia se suprimieran y no vamos a insistir en el debate parlamentario en que se vuelvan a incluir”, recalcó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.Pedro José Vacca, coordinador ponente del proyecto de ley de humanización carcelaria, agregó que "la exclusión del código penal de estos delitos no permitía la desprisionalización de un número importante de personas".Otros delitos que no se van a derogar son los de terrorismo y concierto para delinquir, si estos se cometen en el marco de protestas sociales."Consideramos finalmente y coincidimos con las otras bancadas que esto debe ser analizado caso por caso por los jueces de la República", anotó Vacca.Ley de sometimiento empieza su trámite: ¿cuántos años pagarán quienes cometieron delitos graves?¿Qué se mantiene en proyecto de humanización de penas?No se eliminó el artículo que busca detener la persecución penal contra los pequeños cultivadores de coca, eliminar los procesos en curso y absolver las penas de quienes se inscriban y cumplan los programas de sustitución."Puede ser incluso con exenciones punitivas a través del principio de oportunidad, teniendo en cuenta que demuestren que efectivamente son pequeños campesinos", explicó el ponente del proyecto de humanización de penas.Sin embargo, para el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, "este artículo lo que genera es impunidad en materia de narcotráfico y ese no es un mensaje de humanización".Cámara de Representantes aprobó proyecto que permite consumo de cannabis recreativo en adultosOtro punto que no ha gustado es el artículo 87, que brinda facultades extraordinarias al presidente respecto a “fusionar o modificar las entidades que tienen que ver con el sistema carcelario”, explica Hernán Cadavid, representante a la Cámara de Cambio Radical.El congresista señaló que, "si bien eso tiene que hacerse, tiene que pasar por el Congreso y no quedar meramente en manos del escritorio del presidente".La ponencia del proyecto de humanización de penas también modificó los permisos de salidas por 72 horas y fines de semana, que en el nuevo texto excluye del beneficio a las personas condenadas por crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario.
Las altas cortes se pronunciaron tras la reunión que sostuvieron con el presidente Gustavo Petro en el Palacio de Justicia. El jefe de Estado había convocado el encuentro para hablar de la independencia de la rama judicial tras el choque con el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa."Al presidente Petro y al fiscal Barbosa les faltó prudencia": Rodrigo UprimnyAntes de hablar de lo que dialogaron con el mandatario, las altas cortes pidieron respeto a la separación de poderes y dijeron que las diferencias se deben resolver por los canales institucionales, dentro del respeto estricto.Asimismo, destacaron el encuentro con el presidente Petro “en el que se reafirmó la adhesión al principio de separación de poderes como presupuesto esencial del Estado de Derecho”.La cita se dio con los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena; Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Navas; Corte Constitucional, Diana Fajardo Rivera, y Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán.Durante la reunión, a la que el jefe de Estado llegó muy puntual, “coincidimos con el señor presidente de la República en la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales, dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial”, indicaron las altas cortes.Las corporaciones también invitaron “a todos los actores institucionales, políticos y sociales, a acompañar el propósito común de avanzar dentro del estricto marco de sus competencias, en la colaboración armónica entre las distintas ramas del poder público para el cumplimiento efectivo de los fines esenciales del Estado, así como a preservar un diálogo franco, directo y constructivo”.El encuentro entre los presidentes de las altas cortes y Gustavo Petro se dio luego de que este último manifestara que “él era el jefe” del fiscal general, Francisco Barbosa, lo que generó una polémica por la independencia de poderes en Colombia.No solo Barbosa reaccionó a las palabras del mandatario, al que calificó de “dictador”. También la Corte Suprema se pronunció, diciendo que Petro había malinterpretado la Constitución “porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho”.Veinticuatro expresidentes aplaudieron respaldo que Corte Suprema dio a independencia de la FiscalíaEl presidente aceptó el llamado que le hizo el alto tribunal y reconoció la independencia de la Fiscalía General de la Nación, pero precisó que, como jefe de Estado, "no guardaré silencio" antes hechos que considere graves.Ministro de Interior llama a la calma: “Enemigos de la Fiscalía y del Gobierno son los delincuentes”
Otro proyecto de ley del Gobierno se encamina a su discusión en el Congreso. Se trata de la ley de sometimiento, cuya ponencia se espera sea radicada entre el martes y miércoles de esta semana, con algunas modificaciones que van en sintonía a peticiones del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.Gustavo Petro lanza advertencia al Clan del Golfo: "No perdamos tiempo"Tal vez el punto más crítico tenía que ver con la excarcelación, es decir, cuál va a ser la pena para aquellas personas que están privadas de la libertad, pertenecen a una estructura y quieren someterse a la justicia.En ese caso se estableció que para aquellos que cometan delitos graves va a existir una pena de 10 años, mientras que para quienes cometieron delitos menores la pena va a oscilar entre 12 meses y 18 meses.En cuanto a cómo será la etapa de sometimiento con las estructuras criminales, el acercamiento y conversaciones estarán a cargo del comisionado de paz, el proceso lo llevará la Fiscalía y las penas se van a determinar entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.“Para los que ya están en cárcel se mantienen los cuatro años de pena supervisada, pero ya no ocho, sino tendrán que haber pasado 10 años en cárcel y su excarcelación, si contribuyen en todo, en el mejor de los casos será en dos años, un año o año y medio a que se firme el acta de sujeción colectiva y un año más donde la Fiscalía va a supervisar que cumple y ahí se dará la excarcelación”, dijo el senador Ariel Ávila, coordinador ponente de la ley de sometimiento.Gobierno retomará proceso de justicia y paz con desmovilizados de las AUC: ¿quiénes participarán?El texto también señala que no se van a crear nuevos jueces, no se van a establecer nuevos tribunales ni tampoco otro mecanismo de justicia. Los procesos van a ser a través del Código Penal.De acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, “este proyecto de ley contiene una oferta generosa por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto. Si se entregan y confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información de sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado les otorga un tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con el fin de vivir en una paz completa; esta iniciativa está pensada para estructuras criminales que no tiene vocación política”.
Este jueves, 4 de mayo de 2023, se presentó un nuevo roce entre el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y el Gobierno nacional. Lo primero que aseveró el jefe del ente investigador es que el Ministerio de Justicia se convirtió en un obstáculo para la puesta en marcha de la justicia restaurativa.Fiscal Barbosa dice que "Ministerio de Justicia se convirtió en un obstáculo del presidente Petro"El fiscal Francisco Barbosa también fue tajante en afirmar que la Fiscalía no pretende frenar investigaciones contra narcotraficantes.“Curioso que el presidente de la República se ponga a fijar trinos y a hacer trinos acusando a la Fiscalía de favorecer a los paramilitares, cuando él, a través de una firma, le solicitó al fiscal general de la Nación hace cuatro meses soltar narcotraficantes y soltar herederos de paramilitares del Clan del Golfo”, aseguró el fiscal.Y agregó: “Entonces, ahora los pájaros tirándole a las escopetas. Ahora la Fiscalía, que es la entidad que está empujando las investigaciones, que está sacando investigaciones, que está enfrentando estas investigaciones, se va a convertir en la defensora de los paramilitares y ¿qué están haciendo en Colombia?”.El ministro de Justicia, Néstor Osuna, le salió al paso al fiscal general de la Nación y le respondió luego de un foro sobre este tema en la Universidad Javeriana. Aseguró que están comprometidos con los proyectos de la paz total.“El Ministerio de Justicia, el Gobierno nacional, está absolutamente comprometido con una reforma del sistema penal que lleve dignidad humana a todos los que están involucrados en el sistema penal, comenzando por las víctimas, también los que están presos, los funcionarios judiciales, los funcionarios del Inpec, y en ese empeño no vamos a detenernos porque haya críticas, porque haya comentarios. Eso es lo importante, lo otro es accesorio”, sostuvo el funcionario.El fiscal general también hizo un duro reclamo al presidente Gustavo Petro. Aseguró que el jefe de Estado replicó un trino en el que aparecía el fiscal Daniel Hernández con su hijo menor de edad.En ese tuit aseguraban que el fiscal Daniel Hernández era un defensor de los paramilitares y de los miembros del Clan del Golfo.Consejo de Estado anula elección del senador Roy Barreras por doble militanciaBarbosa le dijo a Gustavo Petro que Hernández es una víctima del conflicto armado, más específicamente de la masacre de La Rochela en 1989, donde falleció su padre.El funcionario, además, aseguró que el jefe de Estado puso en riesgo la vida de Hernández y su familia.Decir “que es un defensor de los paramilitares es una acusación gravísima. Si le llega a pasar algo a la familia de Daniel Hernández, o a Daniel Hernández, independientemente de las investigaciones que adelante la Fiscalía contra ese fiscal o contra cualquier hecho, o su familia, o ese menor de edad que es sujeto de especial protección y fue fijado en ese trino, Gustavo Petro es responsable por la muerte de esas personas”, aseveró Barbosa.Ante estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro respondió y sostuvo que el fiscal Daniel Hernández debe ser protegido.
Este jueves, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, aseguró que el "Ministerio de Justicia se convirtió en un obstáculo del presidente Gustavo Petro". Sus declaraciones surgieron en el marco del foro sobre justicia restaurativa, organizado por la Defensoría del Pueblo y la Universidad Javeriana.Otras noticias: Guillermo Reyes, exministro de Transporte, será el embajador de Colombia en Suecia“Hoy tenemos grandes dificultades con el Ministerio de Justicia, el ministerio se convirtió en un obstáculo del presidente Gustavo Petro porque el presidente quiere que se resuelvan las cosas rápido en el marco de la justicia restaurativa y hoy tenemos un bloqueo del Ministerio de Justicia frente a este manual”, aseguró el fiscal Barbosa.De acuerdo con el funcionario, “el Ministerio de Justicia, en ejercicio de sus funciones de inspección, control y vigilancia de los centros de conciliación, considera que las instalaciones de los centros de conciliación de los consultorios jurídicos deben destinarse exclusivamente a los servicios de conciliación”. Lo que quiere decir que, “si hoy tenemos un servicio de conciliación en la Universidad Javeriana, en el consultorio jurídico, entonces no es posible que se pueda prestar también ese servicio ahí porque debe haber otras instalaciones para poder hacer ese trabajo de mediación”.Concepto que para el fiscal general de la nación está causando un bloqueo.“¿Y entonces? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Ahí estamos, o sea, bloqueo. También se dice que los centros de conciliación no pueden brindar servicios de mediación penal a menos que modifiquen sus reglamentos. Listo, se modifican, adelante, no hay ningún problema, pero se requiere que haya autorización de la Dirección de Métodos Alternativos de la Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y eso me generó también otro bloqueo en el Ministerio de Justicia porque a alguien no le gusta la mediación penal”.Gobierno español aportará un millón de euros para proceso de paz con el ELNHasta el momento el ministro de Justicia, Néstor Osuna, no se ha pronunciado frente a lo dicho por el fiscal Francisco Barbosa.El ministro Osuna participó este miércoles en la instalación del ‘Encuentro por el reconocimiento de los derechos de las víctimas’, organizado por la Procuraduría General de la Nación. Allí se refirió sobre el déficit presupuestal para reparar integral y efectivamente a las víctimas en Colombia.“Desde este ministerio hemos intentado garantizar con recursos económicos la participación de las víctimas en los incidentes de reparación de Justicia y Paz, hemos hecho presencia en las audiencias para orientar a las víctimas en sus derechos, pero también sabemos que eso no es suficiente. Si seguimos al ritmo que hemos ido en los últimos años, nos tomará décadas poder terminar esos procesos de Justicia y Paz”, señaló.
El senador Iván Cepeda, ponente del proyecto de la ley de sometimiento, habló en Noticias Caracol sobre los beneficios que se darían a los narcotraficantes que se acojan a esta norma si llega a ser aprobada en el Congreso de la República. Para él, estos no son sinónimo de impunidad y, en cambio, resultan necesarios.Ley de sometimiento: esto dicen críticos sobre beneficios a narcotraficantes, como penas de 8 añosEste proyecto habla de someter a estructuras criminales de alto impacto, ¿cuáles son esos grupos?Tenemos un ejército prácticamente que hace presencia en 14 departamentos y que cuenta con miles de personas armadas, se trata del llamado Clan del Golfo, pero hay muchas otras. Durante el gobierno anterior lastimosamente proliferaron esa clase de estructuras y a ellas es que está dirigida precisamente esta ley que vamos a tramitar en el Congreso. Se trata de buscar su sometimiento por la vía colectiva ofreciendo un tratamiento penal que efectivamente tiene unos beneficios, pero también unas exigencias. Es un equilibrio entre no impunidad y también buscar la posibilidad de sometimiento a la justicia.Los críticos aseguran que este proyecto introduce una buena cantidad de beneficios para narcotraficantes, entre ellos penas de 6 a 8 años. ¿Por qué tantos beneficios? ¿No es esto parecido al proceso de justicia y paz?Casi todos los gobiernos han tenido esta clase de ofrecimientos, creo que es necesario hacerlos; ahora, no son suficientes. Si no hay un enfoque distinto del tema del narcotráfico no vamos a poder terminar con este problema, y eso pasa -como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro- por un enfoque radicalmente distinto, que precisamente en estos días se está tratando en Washington, entre otras cosas, con el presiente Joe Biden.Esta ley tiene efectivamente unos ofrecimientos, pero no es de impunidad, tiene claramente estipulado que habrá cárcel, privación de la libertad para los responsables de conductas graves y en ese sentido hay penas que van de 6 a 8 años de privación de la libertad y un componente restaurativo que implica cuatro años de supervisión que tendrá que cumplir adicionalmente la persona que pertenezca a estas estructuras, reparando y diciendo la verdad a las víctimas y sus derechos.En este proyecto de ley, al parecer, si estos narcotraficantes hacen una entrega anticipada de estos bienes se les va a hacer acreedores del 6% de sus bienes. ¿Por qué se hace esta proyección? ¿No sería premiarlos?Eso existe ya en la ley penal en Colombia, esto es simplemente una adición a esta ley que ya está incorporada en nuestra legislación; ahora bien, si se obtiene el 94% de los bienes de estas personas y se destina como dice el proyecto de ley a un fondo para las víctimas, el país estará ganando sin lugar a dudas valiosos recursos para hacer algo que es fundamental, y eso está muy claramente dicho en este proyecto de ley, que es reparar a las víctimas. Ese es uno de los objetivos centrales de esta norma.El senador Iván Cepeda también habló de otros temas coyunturales en la política nacional.El exfiscal Néstor Humberto Martínez publicó una columna en El Tiempo, donde reveló la existencia de una carta de Manuel Marulanda, jefe de las extintas FARC, donde designa como vocero al hoy canciller Álvaro Leyva. ¿Cree que esta supuesta cercanía podría influir de algún modo en la labor del hoy canciller?Para nada. No es un secreto que el canciller Álvaro Leyva ha estado involucrado en facilitación y mediación de casi todos los procesos de paz que se han dado en Colombia, así que sorprende que el exfiscal Martínez intente hacer de esto un hecho novedoso o revelador de un comportamiento irregular. Más bien, lo que muestra, me parece, es la intención del exfiscal por desviar la atención con relación al hecho de que en los entrampamientos que se cometieron en su época como fiscal comienzan a tener repercusiones en el plano judicial.¿Usted está inconforme con la labor del alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, o por qué lo citó a un debate de control político?No, lo que pasa es que yo soy parte de la coalición de gobierno en el Congreso, pero también soy congresista y tengo un deber que es el del control político, y ese control lo ejerzo independientemente de que el gobierno que esté hoy en turno sea un gobierno afín. Es nuestro deber hacer balances críticos de la gestión del gobierno y precisamente por eso he citado al alto comisionado, a quien respeto, admiro, pero independientemente de eso haremos un debate imparcial.También se dijo que se deberían dividir las funciones del alto comisionado, ¿estaría de acuerdo con que hubiese dos comisionados de Paz?No, creo que de lo que se trata, como lo ha dicho el señor presidente de la República, es de distribuir un poco las funciones, que son ya muy complejas dentro de la política de paz total. Quien dirige esta política después del presidente es el alto comisionado, eso esté claro, pero tendrá a su lado una persona que va a ocupar una alta consejería que había sido eliminada y creo que es afortunada la decisión de restablecerla, y se trata de la consejería que estará exclusivamente encargada de la implementación del acuerdo de paz de 2016.La aparición de alias ‘Iván Mordisco’ caminando fuertemente armado y en medio de camionetas lujosas y un fuerte dispositivo de seguridad, para algunos, recuerda las épocas del Caguán, el mismo show mediático. ¿Se necesitan estas concesiones para llegar a la paz total?No creo que haya lugar a esa comparación. Un profesor mío decía que se compara lo que es comparable y en este caso no procede. En el año 98 hubo una zona de despeje que abarcó 42.000 kilómetros, que duró más de tres años. Aquí lo que ha habido es puntualmente un acto en el cual han participado campesinos, un acto público que tiene como duración unas horas. Las Fuerzas Militares no han dejado en ningún momento sus obligaciones de presencia territorial, así que no hay punto de comparación, hay un proceso de diálogos que se inicia en el cual hay este tipo de actos. Yo creo, es mi opinión, hay que ser en esto muy rigurosos, hay que tener discreción, la opinión pública ha visto con mucha tristeza las acciones de este grupo y han causado mucho dolor, así que me parece correcto el llamado a que no haya ninguna clase de espectáculos, si no que nos apliquemos rápidamente a los diálogos para resolver por la vía precisamente de la conversación el conflicto armado.Critican reaparición de 'Iván Mordisco', armado y escoltado: "¿Cuántas veces van a perdonar a FARC?”El fiscal Francisco Barbosa asegura que hay más de 400 órdenes de captura que no se han podido ejecutar porque la fuerza pública no ha podido operar en estos territorios, ¿qué piensa al respecto?No estoy de acuerdo con eso. Primero, es un deber del fiscal. Si él dice que hay órdenes de captura represadas, hay que preguntarse por qué no las está ejecutando la propia Fiscalía. Pero, en segundo lugar, yo recibo información periódica de las Fuerzas Militares y en estos ocho meses se han producido más de 1.200 capturas por parte de la fuerza pública, así que no entiendo qué estadísticas está recibiendo el fiscal. Creo que debería informarse bien antes de emitir esta clase de apreciaciones que no contribuyen a que la opinión se informe adecuadamente.Iván Cepeda: fiscal Barbosa “perdió el camino de ser funcionario y tiene una agenda política”
La comisión primera del Senado ya tiene en su agenda la discusión de la ley de sometimiento con la que se pretende que organizaciones criminales de gran impacto se sometan a la justicia y de esta manera avanzar en el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro.Ministro de Justicia sostiene que ley de sometimiento “no tiene micos ni nada por el estilo”Desde que se dio a conocer este proyecto de 54 artículos han surgido múltiples interrogantes. Uno de ellos son los beneficios que se darían a los narcotraficantes.Francisco José Sintura, ex vicefiscal general de la Nación y experto en temas jurídicos, cuestiona que la ley de sometimiento introduzca “una buena cantidad de beneficios judiciales y se obliga al juez a otorgarlos, que son absolutamente desproporcionados y que riñen con la gravedad de los delitos que cometen esas estructuras criminales de alto impacto”.“Incluso, permite la renuncia del Estado a la persecución penal como el beneficio mayor e introduce unas penas sustitutivas que pueden ir en un mínimo de 6 años y un máximo de 8 años para delitos graves como los homicidios cometidos fuera del combate, o el lavado de activos, o actividades terroristas”, recalca.¿Qué dice el gobierno al respecto? Que no se ofrece inmunidad, que habría un enjuiciamiento con penas de 6 a 8 años de cárcel, que efectivamente habría un sometimiento colectivo para garantizar la no repetición o el no rearme y que no se trata de una justicia transicional para los narcotraficantes.El ministro de Justicia, Néstor Osuna, afirmó el pasado 12 de abril en un foro sobre la ley de sometimiento -adelantado por el periódico El Tiempo- que “si esa ley, y creo que va en ese camino, nos conduce a esos beneficios, el gran beneficiado es la sociedad. Les estamos ofreciendo a estos criminales una última oportunidad. Yo realmente he recibido con sorpresa esa noticia de prensa, no tengo contacto directo con ellos, de que les parezca poco. ¿Les parece poco? A mí me parece demasiado. Yo creo que hace un gran esfuerzo el Estado, el Congreso, la sociedad colombiana para dar esos beneficios”.Y sobre esas penas, Angélica Martínez Cujar, abogada de privados de la libertad, manifestó que “si bien el quantum punitivo habla que las condenas pueden partir de seis a ocho años, con cuatro años de vigilancia, la realidad es que existe una pena principal teniendo en cuenta el delito que cometa el que se someta o se acoja. Aquí hago un llamado al Senado para que se estudie minuciosamente esta parte y se pueda realizar una ley con punto final”.No obstante, críticos a la ley de sometimiento como la Fiscalía, la Procuraduría y algunos sectores políticos sostienen que este proyecto se trata de una excarcelación masiva de narcotraficantes y delincuentes, que no hay sanciones severas en casos de incumplimientos, que tampoco hay garantías de no repetición y que al parecer se trataría de términos improvisados.Fiscal Francisco Barbosa: “El presidente me dijo que estaba calumniando, espero la denuncia”Fortuna de los narcotraficantesEl artículo 42 de este proyecto señala que habrá un beneficio por la entrega anticipada de bienes que estén relacionados con actividades ilícitas; es decir, que el procesado se puede hacer acreedor de hasta el 6% de estos bienes entregados.Para Sintura, esto “permite la legitimación de la propiedad ilícitamente adquirida por esas estructuras criminales de alto impacto, por lo menos en un 6% del producido; es decir, que todos los bienes que son producto de actividades delictiva de esa ganancia ilícita el 6% se puede legitimar, y nuestra Constitución no permite, nuestra Constitución no promueve la propiedad que ha sido adquirida de manera deshonesta”.El gobierno dice que aun así queda un 94% restante que iría a parar a las arcas del Estado y serviría para la reparación directa de las víctimas; sin embargo, los opositores aseguran que nuevamente se garantizan los derechos de los delincuentes y no habría una reparación efectiva de las víctimas.Sobre este aspecto, la abogada Martínez señala que, “si bien la ley de acogimiento habla que se respetará el 6% para el victimario, el 94 es para las víctimas, hago un llamado al Senado que se estudie también esta parte, porque, por ejemplo, en la ley 975/2005 las autodefensas repararon simbólicamente, materialmente, ¿y qué pasó con esa reparación material? En ese entonces iba a un fondo de acción social de la Presidencia, era un fondo común. El llamado que hago a esta ley de acogimiento es que la reparación que haga el que se acoge sea directamente para su víctima”.Lo que propone el proyecto de la ley de sometimiento es que habrá una participación efectiva de las mismas y habla de una reparación colectiva en donde las víctimas estén representadas por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, los opositores consideran que este capítulo debería ser el más importante y que aún no está muy claro, dejando una puerta abierta para la impunidad.Los alcances de este proyecto de ley serán analizados el martes en la primera emisión de Noticias Caracol con el senador Iván Cepeda, ponente de la iniciativa, y el miércoles con la procuradora general de la nación, Margarita Cabello.Fiscal general lanzó dardos contra la ley de sometimiento y el Plan Nacional de Desarrollo
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó que recibió a Stivenson López Barrios, dragoneante del Inpec adscrito a la cárcel de Jamundí en Valle del Cauca, que había sido secuestrado por la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.Abogado habla sobre la captura de futbolistas de Once Caldas: “Fue un poco exagerada”El dragoneante del Inpec fue liberado este martes, 11 de abril de 2023. "Nos alegra que esta persona recobre su libertad y pueda reencontrarse con sus seres queridos. Agradecemos a las partes involucradas por confiar en nuestro trabajo neutral para facilitar esta actividad humanitaria", señaló Kian Abbassian, jefe de la subdelegación del CICR en Cali.La CICR señaló que el uniformado se encuentra en "óptimas condiciones". Dicha columna móvil de las disidencias de las FARC confirmó el secuestro de López mientras se encontraba de paseo por el municipio de Jamundí junto con su novia, la también dragoneante Gyna Pantoja Erazo."Celebro la liberación del guardia penitenciario Stivenson López Barrios y rechazo el secuestro del que fue víctima desde el fin de semana pasado. Mi mensaje solidaridad para él, su familia y para todos sus compañeros del Inpec", trinó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.El dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) había sido secuestrado el pasado sábado.Murió uno de los militares heridos tras ataque de ELN en CatatumboEn otras noticias, el soldado Brayan Andrés Guerrero, uno de los nueve militares que resultaron heridos tras el atentado que el ELN perpetró durante la madrugada el miércoles 29 de marzo de 2023 en Norte de Santander, murió luego de permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos.Denuncian que civiles destruyeron base militar transitoria en Norte de SantanderDe esta manera, asciende a diez el número de víctimas fatales como consecuencia del ataque que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cometió en el corregimiento Guamalito, perteneciente al municipio de El Carmen, situado a 130 kilómetros de Cúcuta, capital de Norte de Santander.Los guerrilleros primero atacaron con tatucos y después dispararon con fusil al pelotón de 33 hombres que en ese momento tenía a la mitad de los soldados descansando y a la otra mitad prestando seguridad.El soldado Brayan Andrés Guerrero tenía tan solo 19 años de edad y era atendido en el Hospital Militar de Bogotá.Le puede interesar:Por salvar a sus hijos, papá murió ahogado en el río Sogamoso, en SantanderAccidente en Bituima: denuncian que bus había sufrido otro percance antes de mortal choque‘La Mona’, peligrosa delincuente señalada de torturar a joven con cucharas calientes y cigarrillos
El sometimiento a la justicia de bandas criminales parece ser otro talón de Aquiles para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ante las críticas y cuestionamientos que ha hecho el fiscal general Francisco Barbosa al proyecto de ley de sometimiento, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, salió en defensa del articulado.Duros cuestionamientos por micos en la reforma política: “Desvergonzada y calculada”“La ley es completamente clara, no tiene micos ni nada por el estilo. El texto original se le presentó a la opinión pública y al consejo de política criminal en donde está la Fiscalía General de la Nación”, indicó.Sobre la función de notario de la que habló el fiscal Barbosa, el ministro fue claro en decir que no se pretende cambiar las atribuciones de la Fiscalía: “No veo en qué sentido el fiscal puede decir que se considera que la Fiscalía General simplemente va a firmar o a verificar la autenticidad de un documento, eso no es así”.El proyecto sobre la ley de sometimiento, a juicio de expertos, no respeta la autonomía que tiene el órgano investigador.El exvicefiscal Francisco José Sintura señaló: “Hay una permisiva intervención del Ejecutivo en las competencias autónomas de la Fiscalía General de la Nación, de los jueces y de los tribunales, no solo al obligar a entregar información sobre investigaciones y procesos activos al gobierno, sino porque le permite al gobierno caracterizar, calificar e incluso definir quiénes son o a quiénes pertenecen esas estructuras”.Finalmente, el ministro Osuna enfatizó que si se negoció con las antiguas FARC y se está haciendo lo mismo con el ELN, no puede dejar por fuera a las bandas criminales, pues esto sería dejar el combustible para que la guerra continúe en el país.Y es que tras los reparos del fiscal Barbosa, partidos de la coalición de gobierno se comprometieron a revisar con rigurosidad el texto para sacar lo que incluso se ha denominado como ‘narcomicos’."Nuestro deber es respetar el estado social de derecho y no permitir que 'narcomicos' se cuelen dentro de este proyecto de ley", manifestó Marcos Daniel Pineda, senador del partido Conservador.El senador del Partido de la U Alfredo Deluque coincidió con esta afirmación y señaló que las organizaciones criminales no pueden salir premiadas bajo el argumento de alcanzar una paz total."Cualquier cosa que busque precisamente premiar a las organizaciones delincuenciales hay que sacarlo del proyecto, tajantemente, porque no podemos dar la imagen de que las personas de bien de este país se vean amenazadas por estructuras criminales que vienen a limpiar sus negocios a través de leyes”, dijo Deluque.Por reforma laboral, temen sobrecostos para empresas y pérdida de empleos: "Restará oportunidades"
Crece la preocupación en el Congreso por las advertencias que hizo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a los lineamientos del proyecto de ley de sometimiento. Los partidos de la coalición de Gobierno sostienen que revisarán con rigurosidad el texto para sacar lo que incluso han denominado como: los ‘narcomicos’.Reforma laboral: este es el texto presentado ante el Congreso"Nuestro deber es respetar el estado social de derecho y no permitir que 'narcomicos' se cuelen dentro de este proyecto de ley", manifestó Marcos Daniel Pineda, senador del partido Conservador.El senador del Partido de la U Alfredo Deluque coincidió con esta afirmación y señaló que las organizaciones criminales no pueden salir premiadas bajo el argumento de alcanzar una paz total."Cualquier cosa que busque precisamente premiar a las organizaciones delincuenciales, hay que sacarlo del proyecto, tajantemente, porque no podemos dar la imagen de que las personas de bien de este país se vean amenazadas por estructuras criminales que vienen a limpiar sus negocios a través de leyes”, dijo Deluque.Además, señalan que no solo se deben tener en cuenta las advertencias del fiscal. También las que han hecho recientemente entidades como la Procuraduría, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Política Criminal."Necesariamente, tiene que ser materia de estudio del Congreso de la República, ya llegará el concepto oficial de política criminal y debe tener específicamente las sugerencias respetuosas que han hecho especialmente las entidades que tiene incidencia penal: la Fiscalía, la Corte Suprema, Procuraduría y Defensoría del Pueblo", señaló Alejandro Chacón, senador del Partido Liberal.En los próximos días la ley de sometimiento comenzará su discusión en las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes.Los cuestionamientos del fiscal a la ley de sometimientoEl fiscal general, Francisco Barbosa, hizo serios cuestionamientos al proyecto de ley de sometimiento a la justicia que el gobierno radicó ante el Congreso de la República. “Yo quiero decirlo con mucha claridad, yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma”, subrayó.“No voy a dejar que pase esa norma”, dice Francisco Barbosa al criticar la ley de sometimientoPara el funcionario, la ley de sometimiento maquilla la intención de otorgar un indulto a quienes no tienen estatus político. Por ello, reiteró su postura: no se pueden dar beneficios excesivos a quienes se someten a la justicia ni medirlos con el mismo racero aplicado en un proceso de paz.
A través de redes sociales se conoció el caso de una mujer que protagonizó un escándalo en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos. Al parecer por un inconveniente con su vuelo, insultó a unos empleados que supuestamente eran la aerolínea con la que iba a viajar, pero estos resultaron ser de otra. Es decir, ella se equivocó.Fanática vivió concierto de Karol G desde su casa y recibió mensaje de la colombianaLa mujer era pasajera de un vuelo de la aerolínea Delta. Según el medio TMZ, todo habría comenzado porque ella estaba reclamándole a la aerolínea supuestamente por reservar su vuelo para un día después de haber perdido el que estaba inicialmente programado.En medio del reclamo, la mujer solicitó que fuese comunicada con Pete Buttigieg, secretario de Transporte de Estados Unidos. Al tener una respuesta negativa a su petición, su descontento aumentó."¡Súbeme al próximo maldito vuelo, en serio!", se escucha a la mujer gritando en el video difundido en redes sociales.También le gritaba a las personas que estaban en el aeropuerto y les indicaba que debían pagar por su otro vuelo, mientras golpeaba con fuerza la mesa cercana.En medio del escándalo, la mujer no se dio cuenta de que sus insultos y reclamos se estaban haciendo a empleados de una aerolínea diferente, pues en las imágenes se ve el logo de la aerolínea canadiense WestJe.Finalmente, el momento resultó ser jocoso para las personas que estaban en el aeropuerto de Los Ángeles. Cuando la mujer notó que estaba en el lugar incorrecto, decidió irse y también tomó la situación con humor, mientras los demás se reían de la bochornosa situación.Conductor fue captado transportando un cerdo gigante en la parte trasera de su vehículo
A pesar del incremento del nivel en los embalses que abastecen a las hidroeléctricas, la generación en las termoeléctricas podría provocar un aumento en el costo del servicio de energía en Colombia.Así aumentará su recibo de luz si excede el límite de kilovatios: ¡Pilas!Para Asoenergía, hay alerta por un posible aumento en la tarifa del servicio en todo el país, debido a la cantidad de energía térmica que se está utilizando.Al respecto, Sandra Fonseca, directora ejecutiva del gremio, señaló que esto podría darse porque “el costo de los usuarios de energía eléctrica se está viendo incrementado porque las restricciones han aumentado en más de 150 pesos por kilovatio hora en los últimos 3 días. Esto, porque las ofertas de generación hidráulica en la bolsa han estado inexplicablemente bajas”.Es decir, actualmente las energías fósiles, carbón, gas y petróleo, están generando más de un 50% de todo el sistema energético en Colombia, lo que en términos generales significa que encender una térmica puede ser más costoso que impulsar el agua para generación de energía.La resolución 401116 del Ministerio de Minas y Energía le da la potestad al Gobierno de definir la cantidad de energía que deben generar las térmicas ante la imposibilidad suficiente por parte de las hidroeléctricas.Consumo de agua subió en Bogotá y alcalde Galán hizo fuerte llamado: “No nos podemos relajar”Esta resolución tiene una caducidad hasta el 30 de abril de 2024.Lluvias insuficientesPara el Ministerio de Ambiente, las lluvias de estas semanas dan un parte de tranquilidad en la generación de energía, pero no lo suficiente para depender de las hidroeléctricas en la oferta.“Los embalses están por encima del 30%, aunque eso todavía sigue siendo una situación de alerta permanente, se pronostica que entraremos en la temporada normal de lluvias. Esto debe implicar, a menos que pase algo inesperado, que sigan subiendo los embalses y podamos ir estabilizando la situación”, señaló la ministra Susana Muhamad.De acuerdo a XM, el nivel de los embalses en Colombia se encuentra en un 31,97% en total, pero, si se revisa por regiones, el panorama es poco alentador.Nivel de los embalses por regiones en ColombiaOriente con 11,87%.Antioquia con 28,93%.Valle con 37,31%.Caldas con 37,70%.Caribe con 42,28%.Región centro con 42,59%.
Un juez de control de garantías envió a prisión al ciudadano estadounidense Brandon Seth Wood, tras haber sido encontrado con una adolescente en el barrio Aranjuez de la ciudad de Medellín y ser señalado por demanda de explotación sexual con persona menor de edad. El material probatorio presentado por la Fiscalía fue contundente, por lo que el togado tomó esta decisión.Las madam de los gringos: peligrosas explotadoras de menores que están bajo la mira de la PolicíaEl hombre de 51 años fue capturado gracias a la llamada de un vecino del barrio Aranjuez, nororiente de la capital de Antioquia, quien denunció ante las autoridades el ingreso a un hostal del ciudadano norteamericano con una menor de 15 años.La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá evidenció que dentro de una habitación estaba el hombre con la joven.“Se comprueba y acepta que había un ofrecimiento, en términos económicos, para tener relaciones sexuales. Eso se llama explotación sexual de menores de niños, niñas y adolescentes y es un delito que se paga en Colombia hasta con 25 años de cárcel”, manifestó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.La menor fue dejada a disposición de una comisaría de familia para el restablecimiento de sus derechos.Wood sería el presunto responsable de los delitos de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de edad y suministro de drogas a menor de 18 años.Por ahora, el extranjero fue enviado a la cárcel mientras se continua con su proceso. Sin embargo, Wood no aceptó los delitos imputados.Indigna actitud de Stefan Andrés Correa en audiencia de EE. UU. por abusar niñas en Medellín
El pasado jueves 25 de abril de 2024, un hincha de Millonarios fue asesinado a puñaladas. Los hechos ocurrieron en la terminal de buses de La Serena, capital de Coquimbo, Chile, de acuerdo con medios del país austral.Peatón murió tras ser atacado con arma cortopunzante, al parecer, por bicitaxista en BogotáMedios de comunicación de Chile indicaron que, al finalizar el encuentro deportivo que el equipo de Alberto Gamero perdió ante el Club Deportivo Palestino, seis personas se vieron involucradas en un altercado.Fue entonces que la víctima colombiana, de 23 años, recibió varias puñaladas. Esta persona resultó herida y tuvo que ser trasladada a un hospital, donde, pese al esfuerzo del personal médico, terminó perdiendo la vida.El fiscal del caso señaló que el hincha de Millonarios recibió una herida mortal a la altura del esternón.Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.El crimen ocurrió tras la derrota 3-1 de Millonarios ante Palestino por la fecha 3 del Grupo E de la Copa Libertadores.En otras noticias que puede leer:Extraña muerte en Bogotá: lo reportaron como desaparecido y estaba asfixiado en su casaMilitar fue asesinado en medio de robo en Medellín: criminales lo atacaron fuera de cajeroMató a su compañero y casi acaba con la vida de su novia para no ser delatado por otro crimen
En las últimas horas fue secuestrado el soldado Kevim Guiner Noscue Largo, perteneciente al Batallón de Artillería de Campaña Nº 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez.FF. MM. advierten presunto plan para secuestrar a diputados del Valle del CaucaSegún reportó el Ejército Nacional a través de un comunicado, una familiar del uniformado denunció que este recibió una llamada de una persona que se identificó como miembro del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.El individuo le dijo a Kevim Guiner Noscue Largo que uno de sus hermanos estaba secuestrado y lo citó en el sector de Tacueyó, Cauca, donde el soldado fue interceptado por quienes serán integrantes del grupo armado ilegal.El militar, de acuerdo con el Ejército, fue secuestrado "mientras disfrutaba de su ciclo de descanso operacional en el municipio de Toribío".A través de su comunicado de prensa, el Ejército Nacional rechazó el hecho y aseguró que “esta acción es una flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario”, por lo que se instaurarán denuncias ante las autoridades judiciales competentes.Asimismo, la institución señaló que se solidariza con la familia del uniformado, a quienes brindarán atención psicosocial permanente.En otras noticias que puede leer:La crudeza de la guerra en el Cauca tiene a más de 1.400 estudiantes sin claseLiberan a los 34 militares que estaban secuestrados en Vista Hermosa, MetaDisidencias se atribuyen secuestro de dos funcionarios del CTI y otra persona más