Son varios los reparos del Ministerio de las TIC a la propuesta de la unión temporal Centros Poblados de devolver parte del anticipo de los 70.000 millones de pesos con los equipos que ya se habían adquirido para la ejecución del proyecto que consistía en llevar internet a colegios de zonas apartadas.En contexto: Adjudican contrato de internet para escuelas que estaba embolatado por escándalo de Centros PobladosEn primer lugar, la compra de esos insumos se habría hecho meses antes de que el Ministerio de las TIC desembolsara el millonario anticipo con Centros Poblados. Así se demostraría que los equipos no se compraron con ese dinero.En segundo lugar, la defensa del Ministerio de las TIC señala que recibir este tipo de bienes a modo de "devolución" no constituye una reparación efectiva, ya que se generarían varios riesgos."Recibir bienes a título de ‘devolución’ de los recursos de fomento entregados a cualquier título al contratista genera riesgos no gestionables por la entidad, asociados a la preservación, mantenimiento y obsolescencia de los aquellos, por cuanto se trata de equipos tecnológicos con un corto periodo de vida útil", dice un documento.Igualmente, es imposible recibir los bienes porque nunca ingresaron al patrimonio del Ministerio de las TIC, incluso hasta cuando se declaró la caducidad del contrato.Más del tema: ¿Quién está detrás de las garantías falsas de Centros Poblados?También, el Ministerio insiste en que este dinero debe ser entregado en efectivo y no serían 70.000 millones, sino 74.000 millones de pesos.Para la Corporación Excelencia en la Justicia, lograr un preacuerdo con el que es considerado la cabeza del desfalco, Emilio Tapia, podría tener una mala percepción.“Esos preacuerdos deben garantizar, para efectos de no generar impunidad, el debido resarcimiento, reparación y la responsabilidad plena de esas personas a las cuales se les esté atribuyendo ese delito en particular”, indicó Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia.La Fiscalía también suscribió un preacuerdo con Juan José Laverde, que rebaja la pena a 4 años de cárcel a cambio de la aceptación de dos delitos.Otras noticias: Vigilante y perra que ayudaron a frustrar fleteo en Bogotá serán condecorados
Se suspendió la audiencia de llamado a juicio contra los implicados por el desfalco de 70.000 millones al Ministerio de la TIC. Sin embargo, se conoció el primer preacuerdo que adelantó la Fiscalía con uno de los involucrados en el escándalo de la unión temporal Centros Poblados.Emilio Tapia habría ofrecido $4 mil millones para ingresar a la licitación de Centros PobladosLa primera negociación que pactó la Fiscalía fue con Juan José Laverde, exdirectivo de la empresa Rave Seguros, y quien al parecer fue una de las personas que tramitó las garantías bancarias falsas necesarias para que Centros Poblados se adjudicara el millonario contrato con el Ministerio de las TIC.El preacuerdo establece que Laverde acepta los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal y se compromete a pagar una multa de 200 salarios mínimos y, a cambio, se le da una rebaja en su condena, quedando pactada en cuatro años de cárcel.En interrogatorio ante la Fiscalía, el 6 de agosto del año pasado, Laverde contó cómo habría sido el trámite para conseguir las garantías.Laverde: la solicita el señor Alfredo Amín, nos hace una solicitud de la póliza.Investigador: ¿quién es Alfredo Amín?Laverde: Yo conozco Alfredo... él sabe de armar ofertas y es una persona que representa algunas empresas Adjudican contrato de internet para escuelas que estaba embolatado por escándalo de Centros PobladosLa Fiscalía también pidió que Laverde reintegre 186 millones de pesos con los que habría logrado un incremento patrimonial tras el desfalco al MinTIC.La pena tasada por los dos delitos sería de aproximadamente siete años, sin embargo, con este preacuerdo se reduce a cuatro años de cárcel. Tal negociación deberá ser avalada por un juez de conocimiento.
Emilio Tapia deberá responder por un nuevo delito en el proceso que se le lleva por el caso de Centros Poblados. La Fiscalía logró, en un quinto intento, imputarle el de falsedad en documento público, que se suma a los de peculado por apropiación y falsedad en documento público que ya tenía.Adjudican contrato de internet para escuelas que estaba embolatado por escándalo de Centros PobladosDurante la audiencia, la fiscal del caso señaló que Emilio Tapia, también condenado por el caso de corrupción conocido como el carrusel de la contratación, no solo ofreció $4 mil millones para entrar a la licitación de Centros Poblados sino que indujo al error a varios funcionarios."Usted, señor Emilio Tapia Aldana, quien a través de terceros manejaba la empresa ICM Ingenieros, aceptó pagar a Juan José Laverde y Otomar Lazcarro una suma de dinero correspondiente en cuatro mil millones de pesos por la participación de Intec de la Costa y Omega Buildings en la unión temporal para cumplir con los requisitos habilitantes, técnicos, jurídicos y financieros, exigidos en el proceso licitatorio sin que estas empresas tuvieran algún tipo de participación real en el desarrollo y ejecución del contrato".Caminando por Chapinero sorprendieron a Jorge Enrique López, implicado en caso de Centros PobladosEmilio Tapia no aceptó los cargos y continúa privado de la libertad, ya que actualmente paga su condena por el carrusel de la contratación.
Tras el escándalo de Centros Poblados por el desfalco de 70 mil millones de pesos para instalar internet en escuelas de 15 departamentos de Colombia, el Ministerio de las Tecnologías adjudicó este miércoles el contrato a un nuevo oferente.¿Quién está detrás de las garantías falsas de Centros Poblados?La unión temporal ETB-Net Colombia Conecta recibió el contrato para conectar a internet las zonas rurales del país que en un principio fueron adjudicadas a Centros Poblados. El convenio firmado hoy es tan alto como el del escándalo.“Un valor de hasta 1 billón 72.552 millones 301 mil 475 pesos, moneda corriente. El valor del presupuesto oficial para la región b incluye todos los costos directos o indirectos, el IVA y demás impuestos, tasas, tarifas o contribuciones nacionales distritales y locales que se causen por el hecho de la celebración, ejecución y liquidación del contrato”, dijo María Pineda González, secretaria general del Mintic.Con este contrato se busca conectar a escuelas rurales de 15 departamentos del país y de Bogotá:AmazonasAraucaBolívarBoyacáCasanareCaucaChocóCundinamarcaMagdalenaNariñoPutumayoQuindíoRisaraldaValle del CaucaVichadaLa adjudicación, que se dio a quien había quedado en segundo lugar durante el primer proceso, no estuvo exenta de denuncias. El veedor de bien común pidió la revocatoria, argumentando que viola la transparencia, solicitud que fue negada.“La viola porque ETB se ganó dos procesos, la región a y la región B, porque la ETB es socia de Comcel, o sea los colombianos les acabamos de regalar 2 billones a los operadores que tenían que poner plata para irse al sector rural”, expresó Henry Amaya.Pero no fue el único argumento en contra de este proceso. También se dijo que en el consorcio beneficiado había personas involucradas en el escándalo del cartel de la contratación en Bogotá, afirmación frente a la cual el representante de ETB hizo esta precisión.“Frente a lo que dice el señor veedor, sobre que un funcionario de la ETB tuvo algo que ver con el carrusel de la contratación, nada que yo sepa. La persona a la que a él se refiere, el doctor Federico Gaviria, no ha sido jamás dignatario de la ETB ni ha tenido nada que ver con la ETB”, respondió Juan Carlos Esguerra, apoderado de ETB y la unión temporal.Caminando por Chapinero sorprendieron a Jorge Enrique López, implicado en caso de Centros PobladosAl final de la audiencia la ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, se refirió a la recuperación de los 70 mil millones de pesos embolatados cuando se adjudicó el contrato a Centros Poblados: “hemos avanzado en los embargos de inmuebles, vehículos y sumas de dinero de los miembros de la unión temporal Centros Poblados de Colombia 2020, al tiempo que avanzan los procesos constitucional, penal, disciplinario y fiscal”.La primera fase de instalación iniciará el próximo 1 de diciembre.
La Policía capturó a Jorge Enrique López, uno de los implicados en el millonario desfalco que Centros Poblados hizo al MinTIC con un contrato de conectividad en colegios de Colombia. Fue detenido durante una requisa, cuando caminaba por una calle de Chapinero.Fiscalía llamó a juicio a Emilio Tapia y otros dos implicados en escándalo de Centros PobladosSu retención se produjo hacia las diez de la noche del martes 10 de mayo. Tras verificar sus antecedentes en el CAI de Lourdes fue trasladado a la URI de Paloquemao por los delitos en falsedad de documento privado y fraude procesal.Jorge Enrique López es señalado de haber falsificado las certificaciones bancarias de Centros Poblados entregadas al MinTIC.Karen Abudinen en juicio de la Procuraduría por caso de Centros Poblados: “Nos engañaron”
Gustavo Petro cerró su correría por el país en Barranquilla. En esta ciudad, el candidato presidencial aseguró que romperá el acuerdo de políticos tradicionales con la corrupción, algo que denominó “el pacto con Satanás”.Puede leer: Gustavo Petro niega haber ‘chuzado’ campaña de Federico Gutiérrez: “Qué aburrido sería escucharlo”Petro aseguró que hay “una guerra de mentiras”, con la que buscan desvirtuar su plan de gobierno. Además, resaltó que durante este periodo no habrá una expropiación y que es falso que dejará sin pensión a los colombianos.Por último, el candidato del Pacto Histórico insistió en que existe un complot para evitar que los ciudadanos lleguen a las urnas el próximo 29 de mayo.Le puede interesar:Sergio Fajardo cerrará su campaña en Bogotá y CundinamarcaÍngrid Betancourt explica cuál “es el corazón de la unión” con Rodolfo HernándezYT IGUALGustavo Petro, Barranquilla, Elecciones presidenciales.
Este sábado, 21 de mayo, el candidato a la Presidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, no tuvo agenda pública, pero su campaña ajusta los últimos detalles de cara a las elecciones del próximo domingo.Puede leer: Luis Ernesto Gómez, jefe de Gabinete de la Alcaldía de Bogotá, renunció a su cargoSu esposa se reunió con un grupo de 200 mujeres en la sede de campaña en Bucaramanga. El ingeniero retomará su correría este domingo, 22 de mayo, en Piedecuesta, Santander.No obstante, Rodolfo Hernández hizo una advertencia a los testigos electorales: “Son tantos los votos que vamos a poner, que no les va alcanzar tiempo para hacer las trampas para quitarnos el triunfo que vamos a obtener el 29 de mayo. La clave está en la voluntad de la sociedad de cambiar, pero de una vez por todas, sin hígado, sin miedos, eso es lo que yo haría”, expresó el candidato.También lea: La indirecta de Sergio Fajardo: “Personas cercanas se van para tener una mejor posición”Cabe recordar que Íngrid Betancourt decidió declinar a su candidatura para apoyar la campaña del exalcalde de Bucaramanga.En relación: Íngrid Betancourt explica cuál “es el corazón de la unión” con Rodolfo Hernández
Cincuenta días después de la solicitud de una auditoría internacional a los sistemas de la Registraduría por parte del Consejo Nacional Electoral y en medio de cientos de denuncias de fraude, Alexander Vega confirmó la selección de la firma que inspeccionará los procesos adelantados para las elecciones presidenciales.Pastrana pidió a Indra explicar cómo contó “un millón de votos más” tras elecciones legislativasLa encargada será la costarricense Datasys y fue elegida luego de que la empresa alemana Dermalog declinara argumentando el poco tiempo que hay para adelantar el proceso de auditoría, pues para la primera vuelta presidencial falta solo una semana y el objetivo del CNE era lograr una revisión preventiva de cara a esos comicios.Alexander Vega, registrador nacional, dijo que se debía tener “en cuenta que la auditoría que pidieron los partidos y el Consejo Electoral recae para todo el proceso electoral”.Luis Guillermo Pérez, magistrado del CNE, reconoció que “no habrá tiempo de aquí al 29 de mayo de ir a revisar los códigos fuente, no hay tiempo para eso, pero sí hay tiempo para establecer si hay alguna posible manipulación dañina de los softwares que pueda inclinar el resultado a favor de X o Y candidatura”.Por su parte, la Misión de Observación Electoral sigue insistiendo al registrador que se haga una versión pública de una auditoría que ya fue contratada desde el año pasado por 3 mil millones de pesos, pero Alexander Vega respondió que esa información solo será entregada una vez finalicen los comicios.La Procuraduría General cuestionó si el resultado de la auditoría puede ser aplicable para los sistemas de preconteo y escrutinio.En las últimas horas, el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó que es el Ministerio Público el encargado de una eventual suspensión al registrador.“Sería un mensaje terrible”: crece la polémica por petición de suspender al registrador
Un aguacero que cayó sobre Medellín causó varias emergencias. Las autoridades intentan hallar a un padre y a su hija que habrían sido arrastrados por la corriente de una quebrada. Más de 10 familias resultaron afectadas por el temporal.Puede leer: Molestia entre vecinos de exclusiva zona de Medellín por grabación de contenido para adultosCon baldes y escobas los damnificados tuvieron que sacar el agua y lodo que ingresó a las viviendas. Algunos afectados manifestaron que incluso el nivel del agua les llegaba hasta los hombros.“De un momento a otro la cañada se desbordó (…) Todo lo perdimos, perdimos los enseres, la ropa, todo (…) Fue dramático”, comentó Luis Fernando Montoya, uno de los habitantes afectados.Entretanto, el cuerpo oficial de Bomberos busca a una menor de edad y su padre, quienes cayeron en una quebrada y fueron arrastrados hasta el río Medellín.Además: Angustiante video: helicóptero militar casi se accidenta al intentar aterrizar en pista improvisada“Una menor y su padre que cayeron presuntamente a la quebrada La Guayabalía. Tres tripulaciones del cuerpo oficial de Bomberos se encuentran en la búsqueda de dichas personas, pero hasta el momento no se tiene información”, informó Carlos Muñoz, subdirector de manejo de desastres del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres.
