En el Alto Baudó, Chocó, hay miedo y zozobra por cuenta de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo. Preocupa la situación de varios menores de edad. Intentan linchar a dos policías en Santa Marta en medio de una capturaAriel Salazar, alcalde de Alto Baudó, Chocó, le ha dicho a Noticias Caracol que, a raíz del combate entre el Ejército y las AGC, al menos hay 500 familias desplazadas en cinco comunidades del río Nauca.Asimismo, según el mandatario local, hay 1.200 familias confinadas en las cuencas de los ríos Catrú y Ancoso.Angustioso llamado a Petro por parte de campesino víctima de violencia: “No somos los de la guerra”Sin embargo, lo más preocupante del caso es que hay al menos cinco niños que están abandonados en una de esas comunidades y otra está desaparecida. Aunque los padres de esos menores dicen que quieren retornar a las comunidades para buscarlos, temen que delincuentes hayan sembrado minas antipersona en sus territorios.Por su parte, la fuerza pública señala que hay garantías para el retorno de estas familias a sus comunidades en el Alto Baudó porque hay presencia de uniformados.
El paro armado del ELN en el Alto Baudó, Chocó, por 72 horas, tiene confinadas a más de 14 mil personas. El hecho se da en medio de los combates de esta guerrilla con el Clan del Golfo. En los tableros de la escuela de Mojaudó y afuera de ella quedaron los impactos de las balas de armas largas de uno de los dos enfrentamientos.¿Desconexión ideológica en el ELN? Expertos hablan del papel del Frente de Guerra NorteUlises Palacios, alcalde del Alto Baudó, precisó que en ese corregimiento “están retratadas las balas”, y agregó que, “al parecer, entre los grupos al margen de la ley, sí como que hubo fallecimientos”.El mandatario municipal afirmó que son por lo menos 14 mil los habitantes afectados, “nadie puede navegar por el río, nadie puede salir de sus comunidades”.El defensor de Pueblo, Carlos Camargo, habló además del desplazamiento de 714 núcleos familiares (2.893 personas) en la zona norte rural del municipio del Alto Baudó."No pueden utilizar el río Baudó ni los acostumbrados afluentes para llegar hasta sus cultivos, prácticamente su único medio de sustento, es una situación humanitaria que completa más de 48 horas, lo cual agrava y vulnera sus derechos fundamentales", aseguró.Heriberto Andrade, personero del Alto Baudó, denunció por su parte que la guerrilla “ha decretado un paro armado por 72 horas y en otro comunicado manifiesta que es indefinido. Presentamos desde la Personería un rechazo a esta ola de criminalidad y de accionar de los grupos al margen de la ley”.El defensor Camargo también repudió lo que está pasando “no solo por el paro armado del ELN, sino también por los combates entre ese grupo guerrillero y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -Clan del Golfo-. Es una situación humanitaria que completa más de 48 horas, lo cual agrava y vulnera sus derechos fundamentales”.El nuevo paro armado del ELN, impulsado por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, es el sexto del año en el departamento de Chocó, además de las afectaciones originadas por otros grupos armados ilegales, incluido el Clan del Golfo, ha desencadenado en lo que va de 2023 cuatro eventos de confinamientos masivos, además de algunos desplazamientos, también colectivos, en el Pacífico Sur, una de las cinco subregiones de esa región.Nariño, Chocó y Cauca: los departamentos más afectados por la violencia en Colombia
Una grave situación de orden público se presentó en Chocó: la guardia indígena del resguardo de Jurubirá Chorí, en el Alto Baudó, que se enfrentó con integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia.Tres niños muertos y otros 30 enfermos por presunta contaminación del agua en Bajo Baudó, ChocóLos criminales armados ingresaron a la comunidad para intentar llevarse a uno de los miembros de la etnia con el fin de asesinarlo.Sin embargo, la guardia indígena se enfrentó a las AGC.Al verse rodeados, los delincuentes dispararon sus armas, al parecer como advertencia, pero los aborígenes no se dejaron amedrentar y, con sus palos, encararon a los foráneos e, incluso, forcejearon con algunos de ellos.Nuevamente se escucharon tiros y los gritos de algunas personas que acompañaban a la guardia indígena.Finalmente, los miembros de las AGC tuvieron que desistir de su incursión armada y se fueron del resguardo. No obstante, dos personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.El peligroso ‘Negro Ober’ fue recluido en la cárcel de Doña Juana, en La DoradaEl hecho fue denunciado casi al mismo tiempo que la Iglesia católica revelara que nuevos grupos armados están apareciendo en el departamento del Chocó, echando al traste todos los procesos que se están adelantado con las comunidades.“Realmente es lamentable esta situación porque en nuestra capital, en Quibdó, durante estos días se está recrudeciendo aún más la violencia y nuevos grupos entran en escena para aumentar la confrontación y con aquello de que se va a hacer limpieza no se está provocando sino más y más muerte y desesperación”, afirmó monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de Istmina-Tadó.ELN ejecutó otro ataque contra el oleoducto Caño Limón CoveñasChocó es uno de los departamentos más golpeados por la violencia en Colombia. El 26 de marzo, un soldado murió y otros dos resultaron heridos en un ataque supuestamente perpetrado por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona rural de esa región, fronteriza con Panamá.El Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán informó en un comunicado que el ataque ocurrió en el caserío San José del Palmar, acción que fue atribuida por el Ejército al frente Ernesto Che Guevara del ELN, cuyo cabecilla principal es alias ‘Yerson’.La Defensoría del Pueblo dijo que hubo 32 hechos violentos entre el 18 de febrero y el 17 de marzo que supusieron transgresiones al cese al fuego bilateral que el Gobierno colombiano tiene vigente con varios grupos armados.Ejército desmiente a mujer que humilló a policía diciendo ser esposa de un militar
Hay temor en el Alto Baudó, Chocó, por la reciente incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. Un ataque de este grupo criminal a un resguardo indígena dejó como saldo dos heridos, entre ellos un menor de edad.Así fue la fuga de 'Pájaro', el narcoparamilitar más buscado de ColombiaActualmente, la comunidad siente miedo y zozobra pues las AGC los declaró como objetivo militar luego de que no accedieron a sus intimidaciones.La guardia indígena katio no acudió a las reuniones que exigían hombres armados en la zona. Al ataque anterior se suma que no permiten a la comunidad moverse por el río Cugucho.Entretanto, en Nariño, las disidencias de las FARC han desplazado y confinado a varias comunidades de esa región. Los constantes enfrentamientos en los resguardos indígenas han causado miedo entre los pobladores.Un total de 423 familias indígenas de la zona rural de Tumaco dejaron sus viviendas por los enfrentamientos protagonizados por las disidencias de las FARC. Niños, mujeres embarazadas y adultos mayores buscan refugio.“Se han desplazado cinco comunidades y el resguardo está conformado por siete. Ellos están en el casco urbano en condiciones donde no se presta atención por parte de las instituciones”, indicó William García, coordinador general de la guardia indígena.De guerrilleros a paramilitares: la falsa desmovilización impulsada por altos mandos del EjércitoOtros temasEl fentanilo , la droga zombi que está causando estragos en Estados Unidos y otros países, se abre paso en Colombia con peligrosas bebidas sintéticas que son consumidas por los jóvenes, que arriesgan su vida.Hasta el escondite del fentanilo llegaron las autoridades después de un año de investigaciones. Lo anterior ocurrió luego de conocerse la intoxicación de 6 jóvenes en Cartagena tras consumir un cóctel sintético. La sustancia que bebieron era, hasta ese momento, desconocida.Álvaro Cruz, el doctor que atendió a estos jóvenes, habló de lo que encontró en los pacientes que consumieron fentanilo: “Inicialmente, eran 8 jóvenes que ingresaron a diferentes clínicas con alteraciones del sistema nervioso central. Algunos estaban inconscientes, otros estaban convulsionando y por eso los llevamos a una UCI. Pensábamos que estaban bajo el efecto de algún medicamento”.A uno de los jóvenes en su ropa le encontraron parte de esa sustancia desconocida hasta entonces. Fue así como la llevaron a un laboratorio especializado de la Policía Antinarcóticos en Bogotá.“Pudimos caracterizar rápidamente que se trataba de fentanilo y eso nos permitió salvar la vida de estas personas. Ese análisis lo hicimos en tiempo récord, en cooperación con los laboratorios de la Fiscalía. Encontramos el uso del opioide sintético ketamina y éxtasis”, sostuvo el teniente Mauricio Ocampo, jefe del Laboratorio de Investigación Antidrogas.Combates entre ELN y Autodefensas Gaitanistas en sur de Bolívar dejan tres viviendas incineradas
Una comisión del Gobierno llegó hasta Miacora en el Alto Baudó. En este lugar hay más de cien familias desplazadas y confinadas desde el pasado 19 de febrero.En la reunión hicieron un minuto de silencio en memoria de Luz Aida Conchave Lana, su lideresa que vieron morir en medio de combates entre el ELN y el Clan del Golfo.Miacora chimía es una comunidad de contrastes: cerca de 102 familias viven en medio de la riqueza natural y la pobreza extrema.Dicen que evitan salir de la comunidad por temor a caer en una mina antipersona.“Casi del pueblo no salimos a cortar los plátanos porque no sabemos qué minas hayan enterrado en la trocha”, dice Edilfrido Lana, guardia indígena miacora.Autoridades realizarán una hoja de ruta para el retorno de los desplazados.Temas como seguridad alimentaria, salud y reclutamiento de menores también fueron abordados en la reunión entre los líderes indígenas y el gobierno.
Después adentrarse aguas adentro en río Baudó, llegó la comisión humanitaria en la que participaron las diócesis de Istmina-Tadó, Quibdó y Apartadó, en su misión de corroborar la difícil situación que viven las comunidades por el conflicto armado que está destruyendo la armonía en esta zona del país.Frente a la cámara del reportero Jesús Abad Colorado, los tres obispos de la región del Baudó plantaron su pedido, en la entrada de la iglesia de Pie de Pato, marcada por el olvido y donde se sienten los pasos de la guerra, del desplazamiento“La Iglesia del Chocó, representada en los obispos de Apartadó, Quibdó e Istmina-Tadó, une su voz a la iglesia colombiana para pedirle con claridad contundencia al gobierno nacional, que mire definitivamente a estas tierra del Chocó, específicamente esta subregión del Baudó. No podemos seguir arrastrando una historia de olvido, de desprecio que alimenta la violencia, la muerte”, manifestó el obispo de Istmina-Tadó, Mario de Jesús Álvarez.Fueron días intensos que compartieron con el pueblo Emberá, que a pesar de sufrir el confinamiento y no poder realizar su actividades diarias, acogió a la comisión compartiendo alimentos según dictan su tradiciones.Entretanto, la comunidad embera describió su tragedia a la comisión, fueron crudos relatos de cómo guerrilleros del ELN e integrantes del Clan del Golfo han apuntado sus armas para destruir sus vidas.El obispo Álvarez le hizo también un llamado a los grupos armados para que paren el sufrimiento. Por el momento, los damnificados de esta situación seguirán esperando una respuesta del Gobierno Nacional, mientras enarbolan la imagen de sus muertos.
Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó; monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de Istmina, y monseñor Hugo Alberto Torres, obispo de Apartadó recorrieron los sitios más críticos del Alto Baudó, una región azotada por la violencia y el olvido estatal.El monseñor Barreto reconoce que, si bien el proceso de paz trajo un alivio temporal, este despareció por los problemas en la implementación del acuerdo con las extintas FARC.“Hay desplazamientos, confinamientos, minas antipersonales, reclutamiento de menores, amenazas a líderes y comunidades”, dice.Agrega que no existe un plan de sustitución de cultivos.Algo en lo que coincide monseñor Hugo Alberto Torres, obispo de Apartadó: “Está pasando como la misma situación que se vive en el Alto Baudó, el dominio de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), que están casi que obligando a la gente a que hagan cultivos ilícitos”.Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de Istmina, también dio su balance sobre lo encontrado y señaló que las personas tienen “ojos que son lámpara de tristeza”.Y agregó: “No pueden visitar sus parcelas, no pueden pescar, la educación está en pañales, la salud es precaria en sus comunidades, la situación alimentaria, basta ver los niños o los jóvenes, una mirada de desconsuelo, de angustia, de zozobra”.El problema, dicen, es que en los territorios hacen presencia agentes ilegales de uno u otro lado.Para completar, “la presencia de la fuerza pública incentiva el acoso de los grupos armados y toda la comunidad se convierte casi en objetivo militar”, dice el obispo de Istmina.Piden al Estado ser más efectivo, pues califican su presencia como “precaria”.
Una semana después de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, en el que una joven embera, de 22 años, murió y bastantes familias resultaron desplazadas, varias comunidades indígenas siguen en medio del conflicto.Muchos integrantes de las comunidades de Mohamía, Esenada y Agidó abandonaron su hogares y emprendieron camino hacia el pueblo indígena de Miácora.“Los embera no estamos acostumbrados a escuchar sonido de balas, ni mucho menos bombas”, manifestó el gobernador indígena Miácora, Luis Mona Mecha.En el municipio de Alto Baudó, Chocó, se encuentran 65 familias desplazadas y más de 650 confinadas que necesitan ayuda. Desde hace varios días, una misión humanitaria recorre estas comunidades afectadas.De acuerdo con el personero de Alto Baudó, Heriberto Andrade, una ONG ha venido para apoyarlos, constatando la situación para ayudar a las familias del municipio que estén en crisis.La situación es complicada debido a que solo para llegar de Quibdó hasta Alto Baudó hay que conducir por cuatro otras y después viajar en lancha durante otra cuatro horas.Sin embargo, un equipo de Noticias Caracol acompañó a las autoridades para entregar las ayudas humanitarias.Llegaron a uno de los puntos de encuentro donde la alcaldía del municipio va a entregar las primera ayudas humanitarias para la comunidad afro de Cugucho, en la que hoy sus miembros están confinados y desplazados.“Se están haciendo diagnósticos y básicamente es el punto de partida. Ahora sí vamos a llevar los requerimientos de las comunidades”, declaró Ulises Palacios, alcalde de Alto Baudó.Las ayudas humanitarias consisten en alimentos no perecederos, carne y verduras, aunque se necesita con urgencia colchones, cobijas y elementos de bioseguridad.
La zozobra y el miedo se mantienen entre las comunidades del Alto Baudó, en Chocó. Desde hace cuatro días, 356 personas de la comunidad de Moamía dejaron sus casas buscando refugio en Santa María de Condoto, para huir de los combates entre el ELN y el Clan del Golfo.Los desplazados vieron con horror cómo una joven embera murió en el fuego cruzado.Según Víctor Carpio, líder de la mesa de DD. HH. de pueblos indígenas del Chocó, “hay cinco comunidades que están confinadas, pero la comunidad Moamía está desplazada internamente en la comunidad de Miácora Central”.Agrega que no tienen libertad para buscar sus alimentos y que “los compañeros pueden venir hacia abajo de pronto en busca de comida, pero entonces ya no los dejan subir (…) los actores están controlando la región, la subida y por todos lados, entonces ese es el problema”.Nubia Córdoba Curi, secretaria del Interior del Chocó, afirma que “esta es la segunda vez que las comunidades del norte del municipio han tenido que desplazarse hacia Miácora y Santa María de Condoto por efecto de esas confrontaciones”.Carpio hizo un llamado a autoridades departamentales y nacionales porque “necesitamos medicamentos para los niños, pa’ la diarrea, se enferman con fiebre, dolor de cabeza, y otros para las compañeras, con esta preocupación, son las que más sienten miedo por los hijos”.El registro que tiene al día de hoy la Defensoría del Pueblo da cuenta de que son 51 familias las que han sido desplazadas de la región, lo que equivale a 290 personas, y 936 familias se encuentran confinadas en sus casas, es decir 4.451 personas.Si el conflicto no cesa, los indígenas advierten que en los próximos días empezaría el desplazamiento de 1.500 personas más.Entretanto, en el municipio de Bagadó fue asesinado por el ELN un guardia indígena de la comunidad del Alto Andágueda, al parecer porque escoltaba a otro líder que estaba amenazado en el territorio.Crisis advertidaLa posibilidad de enfrentamientos entre grupos criminales fue alertada por la Defensoría del Pueblo hace dos años, el 29 de septiembre de 2019.En aquel momento, la advertencia fue recibida por la entonces ministra del Interior y hoy consejera presidencial de derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.En ella se alertaban amenazas y afectaciones a la vida, integridad y libertad de los habitantes del Alto Baudó y planteaba la posibilidad de enfrentamientos.Sin embargo, el Gobierno, en voz de Juan Pablo Díaz Granados, viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, aseguró que la alerta de 2019 de la Defensoría fue atendida tal como lo solicitó ese organismo y que lo de ahora “obedece a circunstancias novedosas que por supuesto vamos a atender a la mayor prontitud en aras de garantizar la tranquilidad del territorio como se le hemos hecho saber en la mañana el día de hoy al alcalde del municipio del Auto Baudó”.Sin embargo, en septiembre del año pasado los enfrentamientos entre ELN y Autodefensas Gaitanistas provocaron un desplazamiento masivo en el Alto Baudó, afectando a 450 personas.La Defensoría, por su parte, pide al Ejecutivo hacer presencia en el lugar e iniciar los procesos para proteger a las personas afectadas.“La situación es delicada. La comunidad indígena Moamía está sin alimentación, sin recursos y confinada en el resguardo, y otras familias decidieron movilizarse lejos de las zonas”, precisó el defensor Carlos Camargo.
Los fuertes combates entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas en el Alto Baudó, Chocó, dejan un saldo de una joven emberá asesinada y más de 300 desplazados.Decenas de indígenas y familias marcharon pidiendo paz y libertad a los grupos armados al margen de la ley que se disputan el control de la zona. Además, advirtieron que otras 1.500 personas podrían desplazarse en las últimas horas por el temor de quedar en medio de las balas.Esta solicitud fue hecha en medio de la procesión para despedir a Luz Aida Conchave Lana, la mujer embera dóbida de 22 años, que falleció en medio de los combates entre estos grupos armados."Paz y libertad tanto para niños, niñas, adultos mayores, docentes y otros líderes que estuvieron aquí, para que se respete, dentro de la jurisdicción, los resguardos indígenas”, pidió un líder indígena.Los líderes de la comunidad mohamia advirtieron que son más de 350 familias las que están pidiendo ayuda para salir de esta zona y la única solución que ven para poder salvar sus vidas es desplazarse.De acuerdo con los líderes indígenas, los combates no cesan ni en la noche y la población que vive en el sector necesita realizar sus actividades para poder comer; ya escasean los alimentos. Ante los continuos enfrentamientos, los miembros de estas comunidades piden mayor presencia de la fuerza públicaLa secretaria del Interior del Chocó, Nubia Córdoba Cury, espera la llegada de tropas del batallón de infantería #26 “para aproximarse a la zona de combate”.Esta crisis humanitaria por el aumento de desplazados en la cabecera municipal del Alto Baudó obligó al alcalde, Ulises Palacios, a declarar la calamidad pública para poder ayudar a las familias afectadas.
La primera persona a la que el Estado peruano le aprobó la eutanasia, Ana Estrada (47 años), quien padecía una enfermedad degenerativa progresiva, murió el domingo mediante este procedimiento médico, informó este lunes su abogada en un comunicado.Martha Sepúlveda recibió la eutanasia tras meses de espera"El domingo 21 de abril de 2024, Ana Estrada ejerció su derecho fundamental a una muerte digna y accedió al procedimiento médico de eutanasia. Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final", indicó la abogada Josefina Miró Quesada.El comunicado detalló que el procedimiento médico se realizó conforme al Plan y Protocolo de Muerte Digna aplicable a Estrada, que fue aprobado por el seguro social estatal EsSalud "en el marco de la histórica sentencia a su favor, emitida el 23 de febrero de 2021 y ratificada por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio de 2022".Ana Estrada sufría desde los 12 años polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita los músculos y que la mantuvo conectada a un respirador artificial.En los últimos años, fue el símbolo de la eutanasia en Perú, puesto que fue de las primeras personas en abrir su debate en la sociedad."Ana partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía", compartió la familia en la información al agregar que agradeció a los funcionarios públicos que integraron en su momento la Defensoría del Pueblo y la defendieron.Recordó que su caso permitió que la justicia peruana reconociera por primera vez en su historia "que todos tenemos derecho a morir con dignidad", tras una batalla legal que empezó en 2019."La lucha de Ana por su derecho a una muerte digna ha permitido visibilizar y sensibilizar a miles de peruanos y peruanas sobre la importancia de defender este derechos. Su lucha ha trascendido las fronteras de nuestro país y ha marcado un hito en la región", señaló.Añadió que Ana Estrada, psicóloga de profesión, "se convirtió en el rostro de esta justa causa que se propone defender la dignidad de principio a fin y la libertad de decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos"."El legado de Ana vivirá en la mente y el corazón de muchas personas y en la historia de nuestro país. Sus familiares y seres queridos celebramos su vida, y agradecemos las muestras de solidaridad, apoyo y comprensión hacia la lucha de Ana", concluyó el comunicado.El 22 de enero pasado, Ana Estrada se mostró satisfecha de poder elegir al médico que la asistiera cuando decidiera someterse a la eutanasia, tras la resolución de las observaciones que hizo al protocolo del procedimiento el seguro social."Esto es para mí, exactamente, como me lo propuse desde el primer día… Yo sabía que esto era una garantía para mi vida. Yo necesitaba esta carta verde para que yo pueda vivir con plenitud en esta última etapa, que no sea dolorosa, ni con angustias de qué es lo que va a pasar", dijo entonces la paciente.Joven decide practicarse la eutanasia debido a graves problemas de salud mental
Un juez decidió enviar a la cárcel a un extranjero en Medellín que habría ofrecido dinero a una menor de 17 años para tener relaciones sexuales en un apartamento del barrio El Poblado.La razón por la que dejaron libre a ciudadano chino hallado en Medellín con menor de edad"De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), la noche del pasado 18 de abril, el extranjero habría llevado con engaños, hasta su apartamento del barrio El Poblado de Medellín, a la adolescente", señaló la Fiscalía en un comunicado.La menor se negó a las pretensiones del hombre de 57 años y denunció el hecho ante las autoridades, por lo que posteriormente el sujeto fue capturado."Ante la negativa de la víctima, el hombre, al parecer, la empujó y la saco del inmueble. La menor fue auxiliada por los vigilantes del edificio y, luego de poner el caso en conocimiento de las autoridades, el extranjero fue capturado", anotó el ente investigador.Este extranjero en Medellín fue imputado por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y, según la Fiscalía, el hombre no se allanó a los cargos.Robaron un Rolex en Medellín y pidieron $75 millones para devolvérselo al dueño, pero los atraparon
El Sena lanzó una convocatoria del Fondo Emprender por 45.000 millones de pesos para financiar proyectos campesinos en todo Colombia.Más de 500 mujeres emprendedoras podrán recibir hasta $100 millones: ¿cómo postularse?Jorge Londoño, director del Sena, estuvo en Signo Pasos para explicar detalles de dicha convocatoria y cómo los interesados pueden acceder a estos recursos.Sena le certificará gratis habilidades en construcción, diseño y más: hay 5 mil cupos
El domingo 21 de abril de 2024, en varias ciudades de Colombia se registraron multitudinarias marchas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien, lejos de escuchar el clamor de muchos ciudadanos, se ha dedicado a minimizar las movilizaciones.Iván Name le hizo una petición al presidente Petro tras las movilizaciones: “No invente problemas”Para analizar el impacto de estas marchas, a Juan Esteban Lewin, jefe de redacción del diario español El País en Colombia, y Pedro Medellín, profesor de la Universidad Nacional, estuvieron en Sala de Prensa.Andrés Calle sostuvo que las marchas del domingo “son un acto para reflexionar y llegar a acuerdos”
Después de más de cuatro décadas, aún no se sabe con certeza qué paso con un grupo de estudiantes víctimas de desaparición forzada a finales de los años 70 y principios de los 80.Alejandro Arias, presunto homicida del veedor Jaime Vásquez, fue enviado a la cárcelHoy los que piden justicia son los hijos, los hermanos y los nietos de ocho estudiantes de la Universidad Nacional detenidos, desaparecidos y torturados por lo que en su momento se conoció como una alianza criminal entre el Movimiento Muerte a Secuestradores, en cabeza del narcotráfico, y el F2, la Policía secreta.“Fueron en su mayoría personas jóvenes, estigmatizadas por agentes e instituciones formalmente representantes de un Estado de derecho, pero que jamás se ciñeron al derecho. Si privaron de la libertad, si fingieron que investigaban delitos, si engañaban con falsificadas protecciones de la ley o de las víctimas, ninguna de sus diligencias siguió trámites legales”, expresó en un discurso Javier Giraldo, defensor de derechos humanos.Como un acto de justicia y una medida de un poco de reparación, por primera vez la Universidad Nacional de Colombia otorgó ocho grados honoríficos y simbólicos a estudiantes víctimas de desaparición forzada.Teresa San Juan, hermana de Alfredo y Humberto San Juan, desaparecidos el 8 de marzo de 1982, y algunos de quienes dibujaron la emblemática imagen de Ernesto Che Guevara en el campus universitario, esperó por este tipo de reparación 42 años.“Cuarenta años de lucha, 40 años de búsqueda, 40 años recorriendo los periódicos, 40 años recorriendo las calles con carteles”, recordó Teresa San Juan.Carlos Armando Joya, hermano de Edilbrando, estudiante y cerrajero desaparecido el 13 de siempre de 1982, dice que su hermano tenía que presentar un examen, pero nunca llegó.“Yo vine a preguntar con los compañeros y los profesores qué había sucedido y empecé a enterarme de cosas que no tenía idea. Ya había algunos estudiantes desaparecidos, otros mismos de los que estamos aquí nombrando, el caso Colectivo 82, y Edilbrando fue el último de los estudiantes”, contó Joya.Cuarenta años de una escandalosa impunidad, dicen las familias. Padres que se cansaron de recorrer las calles pidiendo justicia. Sin embardo, hoy ninguno está vivo para recibir este reconocimiento.“Yo aspiro a no morirme sin conocer la verdad, yo quiero la verdad y quiero justicia”, dice Nancy García Villamizar, hermana de estudiante desaparecido.“Llegaron al taller, entraron y se identificaron como miembros del F2 y dijeron que lo iban a llevar para una investigación. Mis primos trabajaban con mi papá e intentaron detenerlo porque lo llevaban hombres fuertemente armados y se lo llevaron, lo subieron a una camioneta panel ese día y de ahí no hemos vuelto a saber nada de él”, recordó Martha Ospina, hija de uno de los estudiantes desaparecidos.Hace 30 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado responsable de estas desapariciones y hace dos años fueron declarados crímenes de lesa humanidad. Todo esto ocurrió en el marco del Estatuto de Seguridad, entre 1978 y 1982.Rafael Barrios, cofundado del Cajar, asegura que “son agentes del Estado los que perpetraron está desaparición forzada”.Estas son algunas de las familias de lo que se conoce como el Colectivo 82, quizás el primer caso de desaparición forzada colectiva de la que se tiene registro en Colombia, los mismos que encabezaron las marchas de los claveles blancos.“La gente salía consternada viéndonos a nosotros haciendo esto porque decían: ‘¿Pero si en Colombia no hay desaparecidos? ¿Cómo así?’. Y nosotros le decíamos: ‘Sí hay desaparecidos. Mírelos, aquí están, son ellos, son mis hermanos, mírelos’”, manifiesta Carlos Armando Joya.Un precedente para la historia, una herida que no se cierra, un grado que solo será póstumo cuando las familias reciban los cuerpos de sus seres queridos.Caen señalados traficantes que estarían enviando armas a disidencias de las FARC