En medio de uno de los paros más grandes y convulsos en la historia reciente, los defensores de Derechos Humanos del país tienen un ojo puesto en las calles y otro en la Corte Constitucional. Este alto tribunal se convirtió en el escenario de un insólito choque que puso en alerta a las organizaciones sociales de Colombia y el mundo.En el centro de la controversia está la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que hace un año fue hallada responsable de vulnerar el derecho al buen nombre de la Brigada XVII del Ejército cuando denunció públicamente la supuesta connivencia de sus miembros con el paramilitarismo en el año 2018.“Como Comunidad de Paz dejábamos no solo denuncias a nivel internacional, porque no se hace a través de la Fiscalía, sino constancia de todo lo que estaba pasando, del exterminio a la comunidad, de cómo estaban intentando infiltrar a la comunidad con grupos paramilitares, reclutamiento de jóvenes en la zona y todo el conocimiento de la Fuerza Pública, de la Policía de Urabá y especialmente de la Brigada XVII, cuando hay una base militar en el casco urbano de San José de Apartadó. Allí se planeaban hechos como el atentado en el 2017 a mi persona y a José Roviro López”, dijo Germán Graciano Rosso, representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.A través de su página web, la comunidad emitió varios comunicados en donde señalaba hechos presuntamente delictivos y pedía que las autoridades los investigaran y sancionaran. “Son claramente protegidos por la Brigada XVII del Ejército y por la Policía de Urabá, instituciones que hoy están conviviendo con los paramilitares en el casco urbano de San José de Apartadó”, señalaba uno de los mensajes.”La Corte lo que le ha dicho a la Comunidad de Paz es que no puede volver a hacer señalamientos contra la Brigada XVII, sobre sus vínculos con el paramilitarismo hasta que no existan sentencias en firme. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que la comunidad ha sido víctima de más de 300 asesinatos en su contra y solamente un caso ha recibido justicia. ¿Qué implica? Que hasta que no existan sentencias en firme, la comunidad de paz no podrá volver a denunciar”, aseguró el abogado defensor de Derechos Humanos Jorge Molano.Críticas al falloUna sala de revisión de la Corte emitió el fallo que fue cuestionado por la Comunidad de Paz, organización campesina respaldada por Naciones Unidas, Amnistía Internacional y más de 40 organizaciones europeas de Derechos Humanos.”Es condenarnos a la muerte porque si no se puede denunciar, si no se tiene el derecho a la libre expresión, para nosotros las víctimas, nuestra protección ha sido la voz, la palabra, no callarnos. Es muy triste para Colombia, especialmente fallos de estos que atentan contra la libre expresión a los derechos humanos”, aseguró Germán Graciano Rosso.Fernanda Doz Costa, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, cuestionó por su parte que si las organizaciones colombianas no pueden denunciar las sospechas a las violaciones de derechos humanos, entonces cómo se van a iniciar estas investigaciones. “En este contexto actual de paro nacional, donde las organizaciones de la sociedad civil están denunciando casi 40 casos de homicidios por parte de la fuerza pública del Estado y un montón de otras violaciones a los derechos humanos, imagínese si podemos estar denunciando”, cuestionó.La Comunidad de Paz se autoproclamó como neutral frente al Ejército, la guerrilla y los paramilitares para evitar que la población civil quedara en medio del fuego. Veinticuatro años después, con la guerra todavía golpeando, lo que consideran una mordaza a la libertad de expresión llegó por cuenta de un fallo judicial que, reclamaron, fuera anulado.“Si las comunidades no pueden denunciar sus sospechas de que hay grupos armados ilegales ingresando a sus territorios y que las ponen en peligro, cómo haría la Defensoría del Pueblo para hacer las alertas tempranas, cómo haría la justicia para investigar las violaciones de Derechos Humanos”, anotó Doz Costa.Este jueves, cinco magistrados tomaron la decisión de derrotar la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que señalaba que "exigir como requisito para denunciar que haya sentencias condenatorias es desproporcionado a la libertad de expresión, excede los estándares jurisprudenciales y es una carga "excesiva e injustificada".El magistrado Ibáñez también cuestionó que se haya omitido decisiones judiciales que en el pasado condenaron la complicidad de militares y grupos paramilitares que actuaron en Urabá para violentar a la Comunidad de Paz. Así mismo, el documento controvierte que se haya atribuido las denuncias publicadas a la desconfianza y el resentimiento de las comunidades. Por el contrario, señala que la comunidad estaba transmitiendo alertas de habitantes de la zona.Mientras en la Corte Constitucional resuelve este asunto de suma importancia para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, allá, en Urabá, sus integrantes siguen resistiendo la arremetida de los violentos.Hay que señalar que esta es una decisión de tutela que involucra solamente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Sin embargo, las organizaciones Derechos Humanos cuestionan cuál será el impacto que tendrá a futuro para el trabajo que realizan a diario con la ciudadanía.
Desde Apartadó, Antioquia, una comunidad narra su drama a El Periodista Soy Yo. Cada que llueve es inundada fija, situación que empeoró por los recientes aguaceros en el departamento.Un vecino del barrio San Fernando grabó la situación para poner en evidencia por qué desde hace tiempo están pidiendo obras que mitiguen las inundaciones.Mientras eso ocurre, con el agua a las rodillas, unos y otros intentan recuperar sus enseres.En El Periodista Soy Yo vea también: habitantes de Madrid, Cundinamarca, piden arreglo de las vías en mal estado y en Fundación, Magdalena, limpieza de un caño que cada vez está más lleno de basura.
Las amenazas de muerte a jóvenes, madres y líderes del Urabá antioqueño, por un grupo de autodefensas, llegaron mediante mensajes de WhatsApp. Defensores de derechos humanos ven con temor la delicada situación en la región.“Este panfleto nos ha generado zozobra, preocupación, porque son jóvenes de nuestro territorio, de la región de Urabá. Son jóvenes conocidos”, denunció Birleyda Ballesteros, representante de la Mesa de Víctimas de Antioquia.“Intentan amenazar, generar miedo y zozobra entre la población. Como defensores de derechos humanos rechazamos este tipo de prácticas, que lamentablemente demuestran el fuerte control que tienen algunas estructuras principalmente en esta zona”, comentó Yesid Zapata, líder defensor de derechos humanos.Las autoridades, que ya tienen conocimiento del panfleto, sostienen que garantizarán la vida de estas personas.“Cualquier insinuación donde la vida de cualquier persona está en riesgo ya para nosotros es una alerta. Disponemos de acciones inmediatas en coordinación con nuestros alcaldes y con las secretarías de gobierno”, manifestó Giovany Puentes, comandante del departamento de Policía de Urabá.Cuatro municipios, tres corregimientos y 12 barrios aparecen en el listado donde amenazan con asesinar a 120 personas el lunes primero de marzo, lo cual tiene a la región de Urabá en una tensa calma.
Dos agentes del grupo especial de la Policía Nacional, que integra la operación Agamenón contra el Clan del Golfo, quedaron heridos tras un atentado en el Urabá antioqueño.Los uniformados se movilizaban en una patrulla, desde Necoclí hacia Apartadó, cuando fueron sorprendidos por un artefacto explosivo.Los policías lesionados son Diego Alejandro Pérez y Manuel Guillermo Armas, quienes fueron trasladados a un centro médico de Apartadó.De acuerdo con las autoridades, este es el segundo ataque contra la fuerza pública, en menos de una semana, como retaliación por la muerte de alias ‘Marihuano’.
El Consejo de Estado condenó a la Nación, a la Fiscalía y a la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de diez personas señaladas de ser responsables de la masacre de La Chinita, ocurrida en enero de 1994, en Apartadó, Antioquia.El barrio La Chinita fue escenario de una de las peores masacres cometidas en el país. El quinto frente de las FARC irrumpió en el pueblo y asesinó a 35 de sus habitantes. Lo que se vino después fue una oleada de capturas por parte de la Fiscalía. Sin embargo, en el caso de diez personas, según el Consejo de Estado, se dio una privación injusta de la libertad. “El trato que dio la Fiscalía a algunos de los procesados, a quienes se les restringió la posibilidad de acceder a los expedientes en un término suficiente para revisarlos con el detenimiento necesario, constituyó un cercenamiento del derecho a la defensa material”, reza el fallo. Por esta razón, el alto tribunal condenó a la Nación, a la Fiscalía y a la Rama Judicial a pagar una millonaria suma de dinero y también a pedir excusas públicas a todos los afectados. Tras 27 años de la masacre, ocurrida el 23 de enero de 1994, el Consejo de Estado determinó que la privación de la libertad de diez personas, que en su mayoría eran líderes de la Unión Patriótica, fue injusta. “Tales irregularidades pasaron inadvertidas por los jueces penales de instancia, tal como lo señaló el fiscal que finalmente precluyó la investigación, al considerar que se trató de un comportamiento censurable que fue avalado por los falladores de primera y segunda instancia que condenaron a más de veinte personas con una prueba que se caía por su propio peso”, señala el fallo. Las víctimas aseguraron que no están del todo conformes con la reparación. Sin embargo, se mostraron de acuerdo con el acto de perdón.
Decenas de jóvenes se enfrentaron en un popular sector de Apartadó, Antioquia, ante la mirada de la comunidad que lo único que pudo hacer fue grabar con sus celulares la impresionante riña. Comerciantes como Jhony Lozano y habitantes del barrio Obrero aseguran que se sienten secuestrados en sus hogares y negocios a causa de las frecuentes riñas entre jóvenes en conflicto, por eso piden a las autoridades que por favor los ayuden.“No hemos podido identificar qué es lo que ellos están peleando, no sabemos cuál es el conflicto. Tipo seis de la tarde ya nadie puede salir, no pueden salir los muchachos, las personas tienen que estar encerradas debido al pandillismo y esos muchachos con machete peleando”, manifestó Lozano.Líderes del sector temen por el alcance de los daños, en medio de estos enfrentamientos.“Las piedras iban y venían, los machetes, uno veía a adolescentes con dos machetes en la mano y realmente eso es preocupante”, señaló Albeiro Asprilla, concejal de Apartadó.Autoridades manifiestan que ya se están tomando acciones para judicializar a los responsables.“Se tienen identificadas ya a algunas personas, a las cuales se les iniciará el proceso de investigación para la posible judicialización”, indicó Gloria Restrepo, secretaria de Gobierno de Apartadó.De acuerdo con la comunidad del barrio Obrero, este tipo de enfrentamientos se presenta al menos tres veces por semana.
En Apartadó, 98 familias victimas de desplazamiento forzado recibieron artículos por el valor de 700 millones de pesos, para impulsar sus emprendimientos.Cada núcleo familiar recibió de parte de la Unidad para las Víctimas elementos para equipar sus panaderías, salones de belleza, misceláneas y restaurantes. Entre los artículos que ayudarán en el fortalecimiento de sus pequeñas empresas están electrodomésticos, vitrinas, estantes para venta, básculas y estufas industriales, entre otros.“Con ello buscamos apoyarlos para que salgan adelante y puedan mejorar su calidad de vida, que con esos negocios que ellos van a montar, consistentes en misceláneas, peluquerías, tiendas y otra clases de esquemas, puedan ellos mejorar su calidad de vida”, dijo Elizabeth Granados Ríos, la directora regional de la Unidad para las Víctimas.
Este jueves, la Corte Constitucional dio a conocer por medio de un comunicado que falló una tutela a favor del buen nombre de la Décima Séptima Brigada del Ejército y de sus integrantes, recurso interpuesto contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.La demanda por la presunta violación de los derechos de esa institución fue presentada por el comandante de la Brigada, quien consideró que fueron afectados “el buen nombre y honra de la unidad militar con la publicación de ocho comunicados” en la página web de Comunidad de Paz entre el 28 de febrero y el 29 de agosto de 2018.Los escritos denunciaban que “los uniformados desarrollaban sus labores en complicidad con organizaciones paramilitares y les prestaban su apoyo para la ejecución de actividades ilícitas en la zona de Urabá”.Ante la Corte, la Comunidad de Paz se defendió y aseguró que ejerció “su derecho a la libertad de expresión al denunciar hechos delictivos que afectan a la población civil y que demuestran el incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de protección a las comunidades”.Pero luego de estudiar el caso, la Corte “encontró que efectivamente existió una vulneración de los derechos al buen nombre y la honra de los integrantes de la Décima Séptima Brigada del Ejército, puesto que no existen decisiones judiciales condenatorias en firme que involucren a uniformados de esa unidad militar con los hechos denunciados”.“Los comunicados que divulgó la Comunidad de Paz de San José del municipio de Apartadó contienen información que incide negativamente en la reputación y en el concepto público que sobre dicha unidad militar tiene el entorno social en el que desarrolla sus actividades”, indicó la Corte.Sin embargo, el alto tribunal no accedió a la petición de la Brigada de que la Comunidad debía rectificar la información, “al considerar que una orden en ese sentido ignoraría que es entendible la sospecha que guarda la Comunidad, puesto que en el pasado existieron vínculos de la Fuerza Pública con grupos al margen de la ley que han sido reconocidos en sentencias judiciales”, explicó.La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ubicada en el Urabá antioqueño, reclama la no presencia de actores armados en su territorio.
Pese a que el coronavirus sigue cobrando vidas, las aglomeraciones, la falta de distanciamiento social y el no uso del tapabocas se han vuelto recurrentes en municipios como Bello y Envigado, en el Valle de Aburrá, y en Apartadó, en el Urabá antioqueño.Las cámaras de Noticias Caracol evidenciaron la desobediencia social: comerciantes atienden a sus clientes sin tapabocas, adultos mayores que le dan un mal uso a la mascarilla, personal de la salud con el tapabocas en el mentón y bebés sin ninguna protección.Acciones como estas tienen en alerta a las autoridades de salud, que prevén un posible nuevo brote de COVID-19.Para la epidemióloga Yessica Giraldo hay diferentes factores que han influido en el aumento de contagios.“La manera en la que se ha hecho la reapertura de los diferentes sectores productivos, qué tan gradual ha sido o en su lugar qué tan rápido ha sido, la efectividad de los protocolos y definitivamente tiene que ver con el comportamiento de las personas, hay sitios donde se hacen mayor número de celebraciones”, explicó.Para el secretario de Salud de Bello la reapertura económica es uno de los factores.“Consideramos que todas las medidas que se han tomado desde todos los sectores nos han permitido controlar esta pandemia. Sin embargo, la reapertura económica hace que los casos sigan aumentando día a día. Actualmente estamos en 166 casos activos en el municipio”, indicó René Jiménez Arango.Por su parte, el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, aseguró en su cuenta de Twitter que la reactivación económica es un acto de supervivencia.“La reactivación económica no es una decisión irresponsable, es un acto de supervivencia. EPM sigue cortando servicios públicos y los paquetes alimentarios de la nación dejaron de llegar hace meses. Ministerio de Salud, el país y nuestra comunidad no aguantan otro cierre”, sostuvo el mandatario.
Una grave denuncia reveló el monseñor Hugo Alberto Torres, monseñor de la Diócesis de Apartadó, luego de que dos equipos de pastoral de esa entidad eclesiástica fueran interceptados en las cuencas del río Atrato por delincuentes que les impidieron su ingreso a la zona.“La semana del 6 al 12 de septiembre, estuvimos dos equipos de pastoral en las cuencas del río Atrato, uno de los equipos cuando quiso entrar fue devuelto por la supuesta organización de la zona”, dijo el líder religioso.La situación se ha hecho repetitiva en otros lugares del Urabá, donde la labor pastoral de la iglesia se realiza desde hace años.“Encontramos que para ingresar a otros sectores hay que pedir permiso, casi que hablar con la ‘oficialidad’, por eso me parece que no es oportuno que la iglesia, pastoral social u otras organizaciones de la parroquia tengan que pedir permiso para hacer el trabajo que siempre hemos hecho, desde hace muchos años, en este sector”, manifestó monseñor.“¡Que nos quiten el acompañamiento que hacemos a las comunidades! No estamos de acuerdo”, exclamó.Además, dijo que los lugares a los que se les impidió el ingreso son “un territorio rural, la ruralidad no tiene presencia ni de Ejército ni de Policía, por eso la gente toma las decisiones y quita la movilidad a la comunidad porque se siente dueña de territorio”.
Hay diversidad de moteles en Bogotá que van más allá de ser simples lugares de alojamiento. Estos establecimientos, conocidos por su discreción y servicios de calidad, han ganado renombre por ofrecer experiencias íntimas y cómodas.>>> ¿Cuántas parejas íntimas debería tener antes del matrimonio? Esto dice un estudio¿Cuáles son los mejores moteles en Bogotá?Para realizar este ranking se tuvo en cuenta la temática de estos moteles en Bogotá, sus precios y los servicios que ofrecen.1. MarylandEste motel está ubicado en la localidad de Engativá y los precios de sus habitaciones oscilan entre $130.000 y $230.000. Además, cuenta con jacuzzis, habitaciones temáticas, sala de televisión con canales para adultos, sauna y otros beneficios.2. Secret motelEstá ubicado en Chapinero. La habitación más económica está en $70.000 y la más costosa en $550.000. Hay sillas eróticas, sala vibradora, sala de cuero y jacuzzi.3. Chocolate SweetEste motel está ubicado en el barrio Restrepo; los precios de sus cuartos oscilan entre $60.000 y $90.000. Habitaciones como la sweet mediterránea, deco y tropical son preferidas por sus usuarios.4. Las PalmasLos precios de las habitaciones de Las Palmas, otro de los moteles en Bogotá ubicado en Chapinero, oscilan entre los $85.000 y $150.000. Sus cuartos cuentan con columpios, jacuzzi, sillas eróticas y ambientes relacionados con Japón, África, Islas Griegas, entre otras.5. AmarteUbicado en la avenida Caracas con calle 63, el motel Amarte tiene servicio de decoración, restaurante, bar, tubo de pole dance, entre otros beneficios. Algunas habitaciones cuentan con temática 'Ciudad Gótica' y 'Harley Quinn', entre otras.Los precios de las recámaras oscilan entre los $90.000 y los $200.000.>>> ¿Cuántas veces a la semana se debe tener relaciones, según la edad?
La empresa de envíos Servicios Postales Nacionales, mejor conocida como 4-72, anunció una subasta con precios iniciales desde $788.000. Será una buena oportunidad para quienes buscan adquirir dispositivos electrónicos a un menor precio.La subasta incluye una variedad de aparatos tecnológicos, desde celulares y computadores hasta consolas Xbox y otros equipos. Estos dispositivos, que han sufrido daños menores durante el proceso de entrega, se ofrecen en lotes diferentes, con precios base que varían según el número de artículos y sus características específicas.>>> ¿Qué pasa si aprieto el botón de apagar el celular 5 veces?Algunos equipos que subasta Servicios Postales NacionalesLote de 43 celulares: incluye marcas como Samsung A22 y A32; Alcatel 1B; Vivo V25, Y21S, V25 Pro, entre otros. Precio base: $11.247.000.Lote de 81 celulares: contiene marcas como Realme C21Y; Samsung A33, A22, A53 y A03; Honor X7, Xiaomi Note 11 Pro 5G, y más. Precio base: $18.224.000.Lote de 20 celulares: marcas como Moto G20, Nokia C01 Plus, Realme C21Y, Xiaomi Redmi 9A, Huawei Nova Y90, Moto E40, entre otros. Precio base: $3.339.000.Lote de equipos Huawei:Un monitor, tres routers, una aspiradora robot, una air fryer, y un computador Manifestation AMD R5. Precio base: $788.000.Lote de diversos equipos: un televisor Xiaomi de 55 pulgadas, un portátil Matebook D14, una aspiradora Xiaomi, una air fryer Xiaomi, tres routers Huawei y un monitor Huawei de 23 pulgadas. Precio base: $1.979.000.Lote de equipos variados: un monitor Huawei, un router Huawei, dos Xbox serie S, una air fryer Xiaomi y un computador Huawei Manifestation AMD R5. Precio base: $1.585.000.¿Cómo participar en la subasta de 4-72?Debe registrarse en la plataforma de subastas 'El Martillo' del Banco Popular.Realice un depósito virtual previo para poder ofertar en los lotes de su interés.Una vez registrado y con el depósito realizado, podrá participar en la subasta en línea, ofertando por los lotes disponibles.Si resulta ganador en alguno de los lotes, será notificado por correo electrónico y deberá depositar el saldo restante dentro del plazo establecido.Las ofertas comenzarán el miércoles 8 de mayo a las 12 p.m. y la subasta concluirá el jueves 9 de mayo a las 10:30 a.m. >>> Vuelos desde $59.300 por el Día de la Madre: Avianca anuncia nuevas ofertasTenga en cuenta que los dispositivos se venden con el objetivo de ser usados, reparados o reacondicionados. 4-72 no ofrece garantía alguna sobre la calidad o el funcionamiento de los bienes subastados.¿Qué es una subasta?Es un proceso de venta en el que los artículos se ofrecen al público y los compradores interesados presentan ofertas competitivas. El artículo se vende al postor que ofrece el precio más alto.
Los organismos de socorro rescataron a un pequeño gato, llamado Michi, que se encontraba atrapado en el río Bogotá.>>> Vea más: Campesino en Caquetá encuentra pez en peligro de extinción y lo devuelve a su hábitatEstas aguas abren unas compuertas, por donde baja el caudal, y el animal quedó en un punto donde hay una enorme roca.El Cuerpo de Bomberos de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, arriesgaron sus vidas y durante una hora estuvieron metidos en las aguas residuales para rescatar al gato.Las autoridades informaron que, luego del operativo para ayudar a la mascota, esta ya se encuentra en su hogar sana y salva.>>> Le puede interesar: Valiente perro que frustró robo en Bogotá sorprendió a su dueño: "Siempre ha sido tranquilo"
Hay consternación en el municipio de Fundación, departamento del Magdalena, por cuenta del macabro hallazgo de un cuerpo desmembrado en una nevera de icopor.>>> Hallan muerta en Santander a niña de 8 años que había sido raptada por un hombreDe acuerdo a lo informado por Blu Radio, el frigorífico venía acompañado de un aterrador mensaje que hacía alusión al microtráfico. "Esto les va a pasar a todos aquellos que vendan drogas y cobren extorsión", se leía en una cartulina.La Policía del municipio informó que la identidad de la víctima aún es desconocida. Además, se especula que las otras partes del cuerpo desmembrado hallado en la nevera, habrían sido abandonadas en bolsas negras del barrio Vera Judith.Por cuenta de este macabro hallazgo, fue convocado un consejo de seguridad en el municipio.“Se llevará a cabo con la alcaldía municipal un consejo extraordinario de seguridad con el fin de definir estrategias que permitan fortalecer la seguridad y convivencia en este municipio”, indicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía de Magdalena.El uniformado anunció además que las investigaciones correspondientes están a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía. Asimismo, la Policía desplegó un componente institucional para dar con el paradero de los responsables del crimen.>>> Doloroso crimen en Pasto: hombre les quitó la vida a su expareja y a su hija de 8 años
Un sujeto, identificado como Santiago Flórez Flórez, es señalado de maltrato animal por matar y desmembrar a un perro al interior de su casa, ubicada en el municipio de Urrao, departamento de Antioquia.>>> Más noticias: Perrita golpeada en Jamundí fue devuelta a su presunta maltratadora: hay indignaciónDe acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, este hombre habría atacado con arma cortopunzante y posteriormente desmembrado al animal el 7 de abril de 2023.Las autoridades indicaron que, cuando llegaron al inmueble, se encontraron con que Flórez tenía en su poder a dos perros más encerrados en un baño.Ambos animales presentaban un alto grado de desnutrición, cortaduras en los cuerpos y uno de ellos tenía signos de una posible agresión sexual.Tras más de un año del hecho, la Fiscalía confirmó la judicialización del presunto agresor. En su momento, el mayor Jorge Iván Rublo Romero, jefe de la seccional de Protección y Servicios de Antioquia, informó cómo habría ocurrido el terrible hecho: “Le ocasiona la muerte a un canino, al parecer de la calle, en el momento en el que intentaba ingresar a su vivienda a buscar comida. Posteriormente es desmembrado por esa persona con un arma cortopunzante, tipo machete, causándole la muerte”.Ante la contundencia de las pruebas, la Fiscalía le imputó cargos por maltrato animal agravado, pero Santiago Flórez no los aceptó.>>> Le puede interesar: Sujeto se hizo pasar por veterinario y habría enterrado a un perrito con vida en Tolima¿Dónde denunciar maltrato animal?Teléfono conmutador: +57(601) 647 71 17Línea gratuita contra el maltrato: 018000115161Línea anticorrupción: línea 195Correo anticorrupción: disciplinarios@animalesbog.gov.coCorreo institucional: proteccionanimal@animalesbog.gov.coCorreo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@animalesbog.gov.co