En medio del dolor, en Condoto, Chocó, familiares le dieron el último adiós a 20 de las 34 víctimas mortales del alud de tierra que sepultó un bus en Risaralda. Lea, también: Tres muertos deja grave accidente de bus que iba de Bogotá a YopalCon calle de honor al paso del cortejo fúnebre, los condoteños recibieron a cinco de sus hijos, todos de una misma familia, víctimas del fatal accidente de hace 4 días en la vía que comunica a los dos departamentos.Cientos de personas en motos, carros y hasta a pie se volcaron a sus frías y entristecidas calles para darles el último adiós.“Primera vez que nosotros tenemos una muerte colectiva y entonces embargan a todo el pueblo condoteño, muchas personas han venido a acompañarnos”, manifestó Benicio Murillo González, habitante del municipio.Don Eleazar Rivas viajó desde Nóvita para despedir a su hija, yerno y nieta. “Nosotros recibimos la noticia y vea, estamos aquí esperando desde el domingo”, dijo.En Istmina, en las casas de las familias de las víctimas, realizaron los velorios y este jueves tendrá lugar un sepelio colectivo.“Ha sido un golpe muy duro, muy duro para nosotros los istmineños, solo le pedimos a Dios que cada día nos ayude, porque ha sido una pérdida muy lamentable”, resaltó Karen Mosquera, amiga de una de las víctimas.En Condoto, Nóvita, Río Iró, Medio San Juan e Istmina se declararon tres días de duelo en solidaridad con las víctimas de este trágico accidente.
En Istmina y Condoto las familias que perdieron a sus seres queridos en un trágico alud en Risaralda, esperan la llegada de sus cuerpos. En estos municipios hay silencio, luto y solidaridad con estas personas que lloran a sus muertos.Lea, también: Niña hallada junto al cadáver de su mamá tras alud en Risaralda también perdió a su hermanitoEn un corto pero afectuoso mensaje, Rossicella Murillo, a las 12:58 de la madrugada del pasado 4 de diciembre, le informó a su mamá que iba de viaje, salió de Cali con rumbo a Istmina, la última vez que aparece en conexión fue a las 5:35 a. m., diez minutos antes de la tragedia.“Ella sí venía en ese bus porque ahí la cogieron y la encontraron, hallaron sus pertenencias, estamos en este momento esperando nos entreguen el cuerpo de mi hermana”, manifestó Karen Urrutia Valderrama, hermana de Rossicella.El drama de esta familia es doble porque ella no aparece en la lista de víctimas que emitió la empresa Arauca el día del accidente y ahora, según su denuncia, la empresa no quiere responderles.“Mi hermana no aparece en esa taquilla porque el tiquete lo compramos y valió 100.000 pesos”, dijo.La empresa Arauca respondió que está cotejando la información junto con las autoridades. En Istmina y Condoto buses de servicio público recorrieron sus calles al sonar de sus bocinas en un acto de solidaridad con las familias de las 34 víctimas mortales que dejó el derrumbe en la vía Pereira- Chocó.
El comercio en Istmina, Condoto y Tadó, departamento del Chocó. paralizó sus actividades para respaldar el paro minero.“Respaldo total a nuestros barequeros, ya que ellos, día a día, hacen parte de nuestra economía, al minero que llamamos informal también nuestro apoyo”, manifestó el representante de los comerciantes de Istmina, Edison Navarro.Lea, además: Discoteca de noche y escuela de día: así estudian niños de un corregimiento en ChocóEn cuatro días de paro minero, los efectos ya se sienten en las familias chocoanas.“Si, que estén bloqueadas las vías porque de todos modos siempre escasean los alimentos, se ponen más caros también, lo de la gasolina”, expresó Darlin Asprilla, habitante de Quibdó.Hasta que el Gobierno no de respuesta a las exigencias de los pequeños y medianos mineros con relación a la formalización, titulación y capacitación de su trabajo, aseguran que se mantendrán en las calles de manera indefinida.“Porque es la única manera que en el Chocó escuchan al pueblo: en las calles”, declaró la lideresa social y profesora Ana Juliana Hidalgo.“No nos dejan trabajar, nos andan quemando las bombas, los retros y las balsas”, afirmó Yuly Quejada Mena, pequeña minera.Para este sábado, se espera que el comercio en Quibdó también se solidarice con el paro minero.
La primera persona a la que el Estado peruano le aprobó la eutanasia, Ana Estrada (47 años), quien padecía una enfermedad degenerativa progresiva, murió el domingo mediante este procedimiento médico, informó este lunes su abogada en un comunicado.Martha Sepúlveda recibió la eutanasia tras meses de espera"El domingo 21 de abril de 2024, Ana Estrada ejerció su derecho fundamental a una muerte digna y accedió al procedimiento médico de eutanasia. Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final", indicó la abogada Josefina Miró Quesada.El comunicado detalló que el procedimiento médico se realizó conforme al Plan y Protocolo de Muerte Digna aplicable a Estrada, que fue aprobado por el seguro social estatal EsSalud "en el marco de la histórica sentencia a su favor, emitida el 23 de febrero de 2021 y ratificada por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio de 2022".Ana Estrada sufría desde los 12 años polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita los músculos y que la mantuvo conectada a un respirador artificial.En los últimos años, fue el símbolo de la eutanasia en Perú, puesto que fue de las primeras personas en abrir su debate en la sociedad."Ana partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía", compartió la familia en la información al agregar que agradeció a los funcionarios públicos que integraron en su momento la Defensoría del Pueblo y la defendieron.Recordó que su caso permitió que la justicia peruana reconociera por primera vez en su historia "que todos tenemos derecho a morir con dignidad", tras una batalla legal que empezó en 2019."La lucha de Ana por su derecho a una muerte digna ha permitido visibilizar y sensibilizar a miles de peruanos y peruanas sobre la importancia de defender este derechos. Su lucha ha trascendido las fronteras de nuestro país y ha marcado un hito en la región", señaló.Añadió que Ana Estrada, psicóloga de profesión, "se convirtió en el rostro de esta justa causa que se propone defender la dignidad de principio a fin y la libertad de decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos"."El legado de Ana vivirá en la mente y el corazón de muchas personas y en la historia de nuestro país. Sus familiares y seres queridos celebramos su vida, y agradecemos las muestras de solidaridad, apoyo y comprensión hacia la lucha de Ana", concluyó el comunicado.El 22 de enero pasado, Ana Estrada se mostró satisfecha de poder elegir al médico que la asistiera cuando decidiera someterse a la eutanasia, tras la resolución de las observaciones que hizo al protocolo del procedimiento el seguro social."Esto es para mí, exactamente, como me lo propuse desde el primer día… Yo sabía que esto era una garantía para mi vida. Yo necesitaba esta carta verde para que yo pueda vivir con plenitud en esta última etapa, que no sea dolorosa, ni con angustias de qué es lo que va a pasar", dijo entonces la paciente.Joven decide practicarse la eutanasia debido a graves problemas de salud mental
Un juez decidió enviar a la cárcel a un extranjero en Medellín que habría ofrecido dinero a una menor de 17 años para tener relaciones sexuales en un apartamento del barrio El Poblado.La razón por la que dejaron libre a ciudadano chino hallado en Medellín con menor de edad"De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), la noche del pasado 18 de abril, el extranjero habría llevado con engaños, hasta su apartamento del barrio El Poblado de Medellín, a la adolescente", señaló la Fiscalía en un comunicado.La menor se negó a las pretensiones del hombre de 57 años y denunció el hecho ante las autoridades, por lo que posteriormente el sujeto fue capturado."Ante la negativa de la víctima, el hombre, al parecer, la empujó y la saco del inmueble. La menor fue auxiliada por los vigilantes del edificio y, luego de poner el caso en conocimiento de las autoridades, el extranjero fue capturado", anotó el ente investigador.Este extranjero en Medellín fue imputado por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y, según la Fiscalía, el hombre no se allanó a los cargos.Robaron un Rolex en Medellín y pidieron $75 millones para devolvérselo al dueño, pero los atraparon
El Sena lanzó una convocatoria del Fondo Emprender por 45.000 millones de pesos para financiar proyectos campesinos en todo Colombia.Más de 500 mujeres emprendedoras podrán recibir hasta $100 millones: ¿cómo postularse?Jorge Londoño, director del Sena, estuvo en Signo Pasos para explicar detalles de dicha convocatoria y cómo los interesados pueden acceder a estos recursos.Sena le certificará gratis habilidades en construcción, diseño y más: hay 5 mil cupos
El domingo 21 de abril de 2024, en varias ciudades de Colombia se registraron multitudinarias marchas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien, lejos de escuchar el clamor de muchos ciudadanos, se ha dedicado a minimizar las movilizaciones.Iván Name le hizo una petición al presidente Petro tras las movilizaciones: “No invente problemas”Para analizar el impacto de estas marchas, a Juan Esteban Lewin, jefe de redacción del diario español El País en Colombia, y Pedro Medellín, profesor de la Universidad Nacional, estuvieron en Sala de Prensa.Andrés Calle sostuvo que las marchas del domingo “son un acto para reflexionar y llegar a acuerdos”
Después de más de cuatro décadas, aún no se sabe con certeza qué paso con un grupo de estudiantes víctimas de desaparición forzada a finales de los años 70 y principios de los 80.Alejandro Arias, presunto homicida del veedor Jaime Vásquez, fue enviado a la cárcelHoy los que piden justicia son los hijos, los hermanos y los nietos de ocho estudiantes de la Universidad Nacional detenidos, desaparecidos y torturados por lo que en su momento se conoció como una alianza criminal entre el Movimiento Muerte a Secuestradores, en cabeza del narcotráfico, y el F2, la Policía secreta.“Fueron en su mayoría personas jóvenes, estigmatizadas por agentes e instituciones formalmente representantes de un Estado de derecho, pero que jamás se ciñeron al derecho. Si privaron de la libertad, si fingieron que investigaban delitos, si engañaban con falsificadas protecciones de la ley o de las víctimas, ninguna de sus diligencias siguió trámites legales”, expresó en un discurso Javier Giraldo, defensor de derechos humanos.Como un acto de justicia y una medida de un poco de reparación, por primera vez la Universidad Nacional de Colombia otorgó ocho grados honoríficos y simbólicos a estudiantes víctimas de desaparición forzada.Teresa San Juan, hermana de Alfredo y Humberto San Juan, desaparecidos el 8 de marzo de 1982, y algunos de quienes dibujaron la emblemática imagen de Ernesto Che Guevara en el campus universitario, esperó por este tipo de reparación 42 años.“Cuarenta años de lucha, 40 años de búsqueda, 40 años recorriendo los periódicos, 40 años recorriendo las calles con carteles”, recordó Teresa San Juan.Carlos Armando Joya, hermano de Edilbrando, estudiante y cerrajero desaparecido el 13 de siempre de 1982, dice que su hermano tenía que presentar un examen, pero nunca llegó.“Yo vine a preguntar con los compañeros y los profesores qué había sucedido y empecé a enterarme de cosas que no tenía idea. Ya había algunos estudiantes desaparecidos, otros mismos de los que estamos aquí nombrando, el caso Colectivo 82, y Edilbrando fue el último de los estudiantes”, contó Joya.Cuarenta años de una escandalosa impunidad, dicen las familias. Padres que se cansaron de recorrer las calles pidiendo justicia. Sin embardo, hoy ninguno está vivo para recibir este reconocimiento.“Yo aspiro a no morirme sin conocer la verdad, yo quiero la verdad y quiero justicia”, dice Nancy García Villamizar, hermana de estudiante desaparecido.“Llegaron al taller, entraron y se identificaron como miembros del F2 y dijeron que lo iban a llevar para una investigación. Mis primos trabajaban con mi papá e intentaron detenerlo porque lo llevaban hombres fuertemente armados y se lo llevaron, lo subieron a una camioneta panel ese día y de ahí no hemos vuelto a saber nada de él”, recordó Martha Ospina, hija de uno de los estudiantes desaparecidos.Hace 30 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado responsable de estas desapariciones y hace dos años fueron declarados crímenes de lesa humanidad. Todo esto ocurrió en el marco del Estatuto de Seguridad, entre 1978 y 1982.Rafael Barrios, cofundado del Cajar, asegura que “son agentes del Estado los que perpetraron está desaparición forzada”.Estas son algunas de las familias de lo que se conoce como el Colectivo 82, quizás el primer caso de desaparición forzada colectiva de la que se tiene registro en Colombia, los mismos que encabezaron las marchas de los claveles blancos.“La gente salía consternada viéndonos a nosotros haciendo esto porque decían: ‘¿Pero si en Colombia no hay desaparecidos? ¿Cómo así?’. Y nosotros le decíamos: ‘Sí hay desaparecidos. Mírelos, aquí están, son ellos, son mis hermanos, mírelos’”, manifiesta Carlos Armando Joya.Un precedente para la historia, una herida que no se cierra, un grado que solo será póstumo cuando las familias reciban los cuerpos de sus seres queridos.Caen señalados traficantes que estarían enviando armas a disidencias de las FARC