Cinco caimanes aguja fueron entregados por las autoridades ambientales de Córdoba al parque temático Hacienda Nápoles, donde los reptiles tendrán un hábitat con libertad controlada y harán parte de un programa de reproducción y conservación.Estos reptiles se convirtieron en los nuevos inquilinos de la Hacienda Nápoles, en la que se les brindarán las mejores condiciones para su supervivencia y se les insertarán microchips para monitorear su comportamiento.“Llegaron cinco individuos de cocodrilo provenientes de la Corporación Autónoma del Sinú, estos se reubicaron en un recinto modificado para ellos y de ahí se les insertó un microchip para abrir la ‘hoja de vida’ y hacer un seguimiento (a cada uno de ellos)”, dijo Daniela Flórez Agudelo, coordinadora del Santuario de Fauna del Parque Temático Hacienda Nápoles.“Llegan dos machos y tres hembras, llegan a unirse al plan de conservación, que ha sido muy exitoso. Ejemplos son las cebras, los tigres, la manada de antílopes y los tapires, que han sido manadas que han progresado mucho dentro del plan de conservación del parque”, manifestó Luisa Estrada, practicante de Medicina Veterinaria.Los turistas destacan las condiciones ofrecidas para la conservación de los animales.Con estos cinco caimanes aguja, se completan siete en el parque temático Hacienda Nápoles.
Tuvieron que pasar seis meses para que el Parque Temático Hacienda Nápoles volviera a recibir turistas, al verse obligado a cerrar sus puertas por culpa del COVID-19.Guillermo Enrique Becerra fue uno de los primeros turistas en llegar, lo hizo desde Bogotá, de donde viajó con su familia para visitar todas las atracciones del sitio turístico.“Pues toda la familia está muy emocionada, teníamos muchos deseos de conocer el parque, por la pandemia no habíamos podido asistir porque estaba cerrado, nos enteramos de que ya desde hoy había apertura y organizarnos todo para poder venir a disfrutar este día”, explicó Guillermo.Atracciones como la ‘sabana africana’, cataratas, pangea y octopus, entre otras, vuelven a tener vida.“Yo creo que ya era justo salir, obviamente sin olvidar que hay que seguir muy cuidadosos con todas las recomendaciones, y el parque la verdad se encuentra mi bien tiene todos los protocolos muy bien montados”, opinó el turista Julio César Gómez Zuluaga.Según Oberdan Martínez Orozco, quien es el administrador del parque temático, se siguen con estricto cumplimiento todos los protocolos de bioseguridad.“Somos un parque de entretenimiento al aire libre, hemos tomado todos los protocolos de seguridad, hemos implementado todo los protocolos de bioseguridad requeridos”, dijo.La Policía garantiza la seguridad en la reactivación del turismo en la región del Magdalena Medio, donde está el parque.“Nosotros como Policía de Turismo estamos velando por la seguridad de todos los visitantes que viene a nuestra región, y a visitar este tipo de sitios turísticos, también verificando que los protocolos de bioseguridad se estén cumpliendo”, dijo el patrullero Gustavo Adolfo Fernández Mora, de la Policía de Turismo de Puerto Triunfo.El Parque Temático Hacienda Nápoles tiene una capacidad de más de 6.000 personas por día, pero solo funcionará al 50 por ciento de su capacidad.
En un intento por salvarse de caer a un hueco de la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de Puerto Triunfo, un motociclista perdió la vida.Sí, parece paradójico, pero Guillermo Alejandro Bernal Gutiérrez, de 28 años, fue arrollado cuando intentó salvarse de caer en un profundo bache de esa importante vía porque segundos después fue arrollado por un camión.El daño en la carretera que comunica a las dos ciudades más importantes de Colombia ya había sido denunciado en la sección de El Periodista Soy Yo, de Noticias Caracol, por un concejal de Puerto Triunfo.“Es muy triste decir que por negligencia de las autoridades competentes hoy lamentamos una tragedia en nuestro municipio, ¿hasta cuándo vamos a seguir en estas?”, recriminó el concejal Diomar Isaza.Un usuario de la autopista, identificado como Francisco Antonio Álvarez, dijo: “Esto está llena de huecos, hay que andar despacio, o si no se termina uno matando por hueco, hace más de seis meses que no le hacen nada”.Accidentes por causa de estos huecos se registran en cinco o seis ocasiones al día, dicen en la zona.El director operativo del Invías aseguró que pedirá al contratista el mantenimiento inmediato de la vía.“El Invías ha requerido de manera formal al contratista a cargo de este corredor para que realice de manera inmediata las labores de mantenimiento vial, en especial en este sector entre Río Claro y Caño Alegre, el cual se ha visto deteriorado recientemente con la presencia de unos baches en el pavimento, daño producto de la ola invernal registrada recientemente”, manifestó Juan Esteban Romero, director operativo del Invías.Ese instituto afirmó que en los próximos días reiniciaran los parcheos con mezcla asfáltica en la vía.
Dos de los alcaldes del Magdalena Medio antioqueño, que vieron su salud seriamente afectada luego de haber sido contagiados por COVID-19, narraron cómo pasaron días grises y le lograron ganar la batalla a esta enfermedad.Uno de ellos es Javier Arístides Guerra, el alcalde de Puerto Triunfo, quien aún permanece hospitalizado en la clínica San Juan de Dios, en La Ceja, Antioquia.El mandatario manifestó que ya no tiene la enfermedad, pero rompió en llanto al contar desde una cama de hospital cómo ha pasado los días más duros de su vida en una unidad de cuidados especiales, luchando contra el coronavirus.Su voz deja percibir los daños que el virus provocó en su voz, que se nota disminuida.Javier Arístides, además, dice que contrajo la enfermedad cumpliendo sus labores como alcalde.“El COVID es una realidad, existe, yo lo viví, muy duro, los invito a todos, a los colombianos, a que nos protejamos”, manifestó.“Me contagiaron por mis obligaciones, por tener que estar frentiando y trabajando para mí municipio”, añadió.Otro mandatario del Magdalena Medio se sumó a la lista de contagiados con el virus, se trata de Jamel Mejía, alcalde de Puerto Nare.“Estuve tres días internado en el hospital Pablo Tobón Uribe, no estuve en la UCI, pero sí estuve con síntomas muy duros: dolor de cabeza constante, mareos, fiebre, problemas de respiración, dolor en la garganta; no a todos nos dan los mismos síntomas, pero el COVID es una realidad”, indicó Mejía.Los alcaldes, ya en recuperación, coinciden en que para evitar esta enfermedad hay que tomar todas las medidas de auto cuidado.
Albeiro Villegas, uno de los cientos de comerciante del corregimiento de Doradal afectado por la crisis económica, le tocó reinventarse en su negocio de artesanías que giraba en torno a la historia de la región.“A mí personalmente me ha tocó ponerme a vender revuelto, plátano y yucas estos dos meses, y últimamente he estado vendiendo artículos de segunda, pero ha estado muy duro”, confiesa Villegas.En Puerto Triunfo desapareció la actividad económica en torno a los recorridos en lanchas por el río Magdalena. Las ventas en el malecón y las visitas al faro también quedaron suspendidas.“Toda la actividad turística está paralizada, la gente que vive de las lanchas de pesca, de las lanchas de los paseos, de los tour como tal están suspendidos, los comerciantes que tienen su actividad hotelera y turismo, realmente están en la quiebra como se dice”, explicó Ricardo Alonso López, habitante de Puerto Triunfo.El 85 por ciento de los empleados del parque temático hacienda Nápoles quedaron sin empleo debido a que no volvieron a llegar turistas, por causa de la pandemia.“En el Parque Temático estamos trabajando con un número muy reducidos de empleados, para las excepciones esenciales, cuidado de los animales, sostenimiento de las zonas acuáticas, están trabajando alrededor del 15 por ciento del personal que siempre necesitamos”, indicó Oberdan Martínez, administrador del parque.Ante esta crisis, el gremio del turismo en Puerto Triunfo asegura que ya tienen lista una propuesta de reapertura de sus negocios para el Gobierno Nacional.“Va a haber distanciamiento, se van a trabajar en base a núcleos familiares, así mismo con los servicios de alojamientos y restaurantes, todos bajo la normatividad que los expone la resolución 666”, señaló Mauricio Garcés, representante del gremio.El turismo ecológico y de aventura es otro de los sectores afectados por el COVID-19. Por la reserva del cañón del río ya no ven turistas.Para poder mitigar un poco la crisis económica, el parque temático hacienda Nápoles ha dispuesto de la venta de pasaportes por medios electrónicos con descuentos, los cuales podrán ser utilizados una vez se reactive el turismo en el país.
En el automotor iban 27 personas, según la Policía, sin autorización para movilizarse por el centro del país ni protocolos de bioseguridad. Sucedió en el corregimiento de Doradal, donde la Policía de Antioquia detuvo un bus repleto de pasajeros que, sin ninguna autorización, se dirigía desde Bogotá hacia la costa Atlántica. El servicio fue contratado para llevar a estas personas a San Marcos, Sucre. “Eran 14 hombres, 11 mujeres y dos menores, iban desde Bogotá a San Marcos, no tenían autorización para movilizarse y excedían la capacidad de pasajeros del bus en cuanto a la norma del 35 por ciento de capacidad del transporte”, manifestó Jorge Miguel Cabra, comandante de la Policía del departamento.
Mientras los habitantes de la zona piden que se busquen otras alternativas que no atenten contra la especie, desde Cornare dicen que es la única solución. Luego del ataque de un hipopótamo que dejó en delicado estado de salud a un campesino de Puerto Triunfo, Antioquia, los habitantes del corregimiento de Doradal -donde más se han registrado la aparición de estos paquidermos en las calles- piden que se confinen, pero que no vayan a ser sacrificados. “Esos animales son muy peligrosos, le tiran a cualquier persona, deberían de encerrarlos, porque sacrificarlos yo creo que eso no”, comentó Jairo León Galindo, habitante de la zona. “Bregar uno a no arrimárseles, si uno los logra ver con tiempito, no arrimárseles mucho, porque también he escuchado decir que son muchos animales. ¡Qué pesar agarrar a matarlos o algo así!”, manifestó Luis Delio Isaza. Desde la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) aseguran que luego de 10 años de trabajos de control e investigación, y analizando la ubicación geográfica de donde ocurrió el ataque, es casi imposible realizar un protocolo de captura, por lo que se contempla el sacrificio del animal. “Ante este panorama, y luego de realizar la visita respectiva al sitio, es prácticamente imposible realizar un ejercicio de captura; es imposible, costoso y desgastante”, explicó el biólogo David Echeverry López. “Consideramos que con los elementos que se han venido compilando durante todos estos años es suficientes para considerar una medida como sacrificio sanitario, que en este caso es la única medida posible para atender esta problemática”, añadió el profesional de Cornare. La corporación también informó que estos años se han tomado medidas de control como el confinamiento, esterilización y planificación, sin que hasta el momento se tenga control de la especie. El campesino que fue atacado por el hipopótamo se recupera en un centro hospitalario de Rionegro y está bajo pronóstico reservado. En contexto: Hipopótamo hiere a campesino en zona rural de Puerto Triunfo
Biólogos del Magdalena Medio antioqueño rechazan los hechos y advierten que esta práctica les puede costar la vida. Un peligroso juego se ha vuelto costumbre en Doradal, corregimiento de Puerto Triunfo. Habitantes del sector se retan para acercarse a los hipopótamos mientras están pastando y cuando los animales se siente amenazados y los persiguen las personas emprenden su huida. Pese a las advertencias de las autoridades, de que esta actividad puede resultar mortal, algunos habitantes del Magdalena Medio hacen caso omiso. Los hipopótamos, que no son propios de esta región, llegaron a Puerto Triunfo en la década de los 80, cuando el narcotraficante Pablo Escobar trajo cuatro especímenes de forma ilegal para mantenerlos en su propiedad: la Hacienda Nápoles. Desde entonces, esta especie ha crecido indiscriminadamente, a tal punto que se ha convertido en un problema para el ecosistema. Un estudio estima que, si no se toman medidas, la población podría estar entre 800 y cinco mil para el año 2050. Le puede interesar: Hipopótamos, una plaga tan grave como el coronavirus: Brigitte Baptiste
El vehículo iba hacia Medellín en una supuesta urgencia, pero la Policía descubrió que sus ocupantes no eran pacientes sino presos que salieron de la cárcel. Los tres hombres que habían acabado de cumplir su pena en la prisión de La Picaleña, en Ibagué, fueron sancionados por contratar una ambulancia de forma irregular para movilizarse de un municipio a otro. Al parecer los familiares de estas personas le pagaron al conductor de la ambulancia para que los recogiera en Puerto Boyacá, donde estaban varados, y los llevara a Medellín. “Se logra establecer que no trasladaban ninguna clase de paciente, por el contrario, trasladaban tres personas quienes habían contratado la ambulancia como un vehículo de servicio público”, explicó el general Carlos Ernesto Rodríguez, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. En plena contingencia, la ambulancia que pertenecía a una clínica privada de la capital antioqueña tuvo que ser inmovilizada en Río Claro, Antioquia. Además, se les impuso comparendo a los tres hombres, a una auxiliar de enfermería y al conductor. “A los conductores que trasladan ciudadanos sin el cumplimiento de los requisitos legales inmediatamente se inmoviliza el automotor y la licencia puede ser suspendida entre 6 meses y 25 años, como también sanciones impuestas entre 1 salario mínimo legal vigente hasta 25 salarios”, añadió el oficial. Con más de 30 puestos de control en los seis ejes viales de Antioquia, se han inmovilizado 52 vehículos que han incumplido la cuarentena. Además, de los cerca de 20 mil comparendos instaurados en todo el departamento.
El alcalde del municipio denunció que solo hay 15 policías para realizar control en su territorio, el más visitado del Magdalena Medio antioqueño. Por trochas y en horas de la noche, continúan llegando decenas de turistas que buscan llegar a vacacionar y descansar en fincas y hoteles de este turístico sector. “Algunos están viniendo a vacacionar en estas parcelas, lo cual está prohibido y no lo estamos permitiendo, las comunidades están muy sensibles y muy preocupadas”, señaló el alcalde Javier Arístides Guerra. Ante el aumento de viajeros, algunos habitantes de le región decidieron apoyar a las autoridades en los puestos de control. “Es muy difícil poderlo controlar y no tenemos Policía ni personal suficiente, entonces como comunidad decidimos unirnos a esto para poder protegernos a nosotros, a nuestras familias y a todos los porteños”, dijo Evelyn Isaza. Según el mandatario de Puerto Triunfo, solo cuenta con 15 policías para realizar el control en el municipio más turístico en la región del Magdalena Medio. Quienes tienen autorización para desplazarse por las vías, apoyan esta labor de la comunidad y las autoridades. “Me parece muy bien porque están entrando y saliendo y saliendo como quieren y la idea es que este virus no se propague más y que no entre a la región, porque no ha entrado, entonces la idea es curarnos por todos los lados”, manifestó Jhon Tuberquia, habitante de la zona. En Puerto Triunfo ya han sido impuestos 50 comparendos por incumplir el decreto de cuarentena nacional.
Las autoridades de Salud de Santiago de Cali iniciaron las visitas a los espacios que serán habilitados como nuevos puntos de vacunación contra el coronavirus COVID-19.Los primeros escenarios que se contemplan son los parqueaderos de los centros comerciales. Allí se llevaría a cabo la segunda y tercera etapa de inmunización.“Estamos evaluando la capacidad logística y la disponibilidad, previendo que estos son puestos de vacunación que se tendrían durante todo el 2021”, afirmó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de la capital del Valle del Cauca.Por otro lado, Carlos Betancourt, director ejecutivo de Asociación de Centros Comerciales de Colombia, indicó que esos espacios son “lugares centrales” y que cuentan con rutas para que las personas “puedan llegar fácilmente”.Otros posibles escenarios para la vacunación masiva son los coliseos y zonas deportivas.
Hasta la zona del Catatumbo llegó Diego Molano junto a los comandantes del Ejército y la Policía en Norte de Santander, para liderar un consejo de seguridad luego de la masacre en Ábrego de cinco hombres que se encontraban departiendo en un billar.Según el ministro de Defensa, en el sector hay "unas disputas entre grupos narcocriminales, como son el ELN y Los Pelusos, donde ha habido amenazas entre uno y otro y por supuesto las investigaciones determinarán quiénes son los responsables. Lo que sí ha sido aparentemente mencionado es que existen o existieron personas que aparentemente pertenecían a la organización de Los Pelusos que estaban en este sitio".Molano anunció “una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información que conduzca a la captura de autores materiales de este homicidio que se presenta en la vereda de Oropoma”.Las víctimas mortales fueron identificadas como Robinson Garay Barbosa, Jesús Alberto Vega, Heimer Ortiz Ballesteros, José Luis Vega Plata y Winton Parada Puentes.Eran "personas ahí de la vereda, del sector de Los Llanitos, de Oropoma, por los apellidos son familias de la zona, mi solidaridad, mis más sentidas condolencias para estas familias", manifestó Juan Carlos Jácome, alcalde de Ábrego.Por medio de su cuenta de Twitter, la representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos condenó la masacre e hizo un llamado a las autoridades para que investiguen y sancionen a los responsables.Región convulsaLa Defensoría del Pueblo emitió en junio de 2019 una alerta temprana para el municipio de Ábrego, por la "probabilidad de que se reactiven los enfrentamientos armados entre las guerrillas del ELN y el EPL", por disputas territoriales y el deseo del último grupo de retomar antiguas posiciones que eran "epicentro histórico de su accionar".Por estos hechos, se alertó de la probabilidad de desplazamientos forzados, homicidios selectivos y múltiples, amenazas, desaparición forzosa y reclutamiento de niños y niñas, entre otras.La Oficina del Alto Comisionado de la ONU Derechos Humanos (ACNUDH) documentó, hasta el 22 de febrero, seis masacres en lo que va de año, con 21 víctimas, incluidas dos menores de edad, y está verificando otras cinco más.Por su parte, organizaciones como Indepaz contabilizaron en lo que va de año 16 masacres con un total de 64 víctimas.En 2020 se produjeron 76 masacres en Colombia, en las que fueron asesinadas 292 personas, incluyendo 6 niñas y 18 niños, según las cifras del informe de ACNUDH, lo que supone casi el doble de las cometidas en 2019.Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó a finales de enero de que estábamos ante el comienzo de año más violento desde la firma de paz en 2016, con un crecimiento de los enfrentamientos armados entre organizaciones criminales y el Ejército, y una masacre cada cuatro días.
Desde la ONU se hizo un vehemente llamado al Gobierno nacional para que rechace la fumigación aérea a cultivos ilícitos con glifosato en el país. Según el organismo internacional, no se están cumpliendo las instrucciones de la Corte Constitucional, se podrían violar los mandatos internacionales, además de pasar por encima del acuerdo de paz.En una carta, que fue redactada por 7 relatores de las Naciones Unidas, se expresa a Iván Duque la preocupación por el retorno de la aspersión aérea.“Relativa a la intención del Estado de Colombia de reactivar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea de herbicida glifosato y los riesgos relacionados para los derechos humanos y el medio ambiente", reza un aparte de la misiva.Para Isabel Pereira, coordinadora política de drogas en Dejusticia, las personas que redactaron la carta vieron el riesgo que el herbicida representa para las comunidades.“Los relatores sumaron a otros relatores, al de alimentación, al de derechos humanos, porque la alerta tan grave que hay en términos del riesgo que representa para las comunidades", dijo Pereira.Y es que el documento advierte que no se estarían cumpliendo con los mandatos de la Corte Constitucional, ni con las obligaciones internacionales. Además, sería una violación al acuerdo de paz y a los derechos humanos."La propuesta violaría también el punto cuarto del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en el 2016 entre el gobierno de su excelencia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Dicho acuerdo de paz establece que, en caso de no existir acuerdo con las comunidades o en caso de incumplimiento, se procederá a la erradicación manual", dice otro fragmento de la carta.En la misiva también se hace un contundente llamado al gobierno del presidente Iván Duque."A la luz de las consideraciones expresadas anteriormente, invitamos al gobierno y al Congreso Nacional a rechazar la intención de reactivar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato", expresa el documento.
Franklin Caldera, teniente primero del Ejército venezolano, es uno de los hombres más buscados por el régimen de Nicolás Maduro. También es el protagonista de una historia que podría terminar en un nuevo y grave incidente entre Colombia y Venezuela.A comienzos de febrero de este año, Caldera fue secuestrado en extrañas circunstancias cuando se encontraba en Cúcuta visitando a su hijo menor de edad."Soy el ciudadano Franklin Caldera, padre del primer teniente Franklin Caldera, el cual fue secuestrado en Colombia por un grupo armado y el DGCIM”, denunció el angustiado papá del joven oficial.Según las denuncias de familiares, amigos y antiguos compañeros de armas, Caldera fue secuestrado en la capital de Norte de Santander por integrantes del ELN y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM)."Me comenta que estaba secuestrado, que aquí en el territorio de Colombia, aquí en Cúcuta, lo agarraron la DGCIM y se lo llevaron secuestrado a Venezuela, lo montaron en una avioneta en Táchira hasta Caracas", dijo a Noticias Caracol la compañera sentimental del teniente, quien por razones de seguridad pidió omitir su nombre.Daniela, como la llamaremos, reveló su último dialogo con él por chat, en donde le contaba las condiciones en las que estaba y que logró fugarse.“Me contó que se escapó, que lo tuvieron 11 días secuestrado. Él estaba muy impactado, estaba en shock, porque decía que no podía cree que Brayan lo había entregado. Me pedía ayuda. Ahí empecé a hacer la campaña de que obviamente él estaba secuestrado y hasta el sol de hoy que no han dado noticias de él ni fe de vida”, contó Daniela a Noticias Caracol.La noticia de la fuga de Caldera de la unidad militar donde estaba retenido también quedó documentada en varias fotografías que registraron cómo, en las principales vías de Caracas, integrantes de la DGCIM, vestidos de civil y fuertemente armados desplegaron una operación para recapturarlo.“El 25 él recibe dos disparos. Fue cuando nos enteramos de que lo vuelve a agarrar el DGCIM. Hasta ahí no sabemos más nada. Por otros medios buscamos la manera de ver si estaba con vida, si estaba bien, y sí sabíamos que estaba vivo, pero ni el gobierno ni el DGCIM se han pronunciado, que es nuestra gran preocupación”, sostuvo la mujer.Antiguos compañeros del teniente que están en Venezuela le han confirmado a la familia la versión sobre las heridas que recibió Caldera durante la recaptura. Algunos aseguran que estaría siendo atendido en el hospital militar de la capital venezolana, pero no existen registros oficiales que así lo demuestren.El caso Caldera genera varios interrogantes: ¿agentes de inteligencia venezolanos estuvieron en territorio colombiano violando la soberanía nacional para cometer un secuestro? ¿Integrantes del ELN participaron en esta operación ilegal? ¿El DGCIM y el ELN son aliados?La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló hace dos semanas los correos en donde queda en evidencia la estrecha relación y colaboración entre altos mandos de la DCGIM con guerrilleros del ELN. Los documentos secretos demuestran que participaban en operaciones conjuntas de narcotráfico y adquisición de armamento militar.Desde hace varios meses, un sector de la contrainteligencia colombiana tenía información de que la DGCIM y el Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) enviaron agentes a Colombia con el objetivo de hacer una cacería de desertores de alto perfil.El secuestro de Caldera sería la primera operación conjunta de este tipo en territorio colombiano con colaboración de la guerrilla.Según fuentes militares venezolanas, el encargado de coordinar con el ELN el plagio del oficial fue el teniente coronel Alexander Enrique Granko, quien tiene el cargo de director de asuntos especiales de la DGCIM. Se trata de uno de los hombres más cercanos al general Iván Hernández Dala, mencionado en los correos del grupo guerrillero como su principal colaborador en Venezuela.¿Por qué el teniente Caldera es un objetivo tan importante para Venezuela?“Él salió de Venezuela aproximadamente el 13 de enero del 2019 por estar en desacuerdo con el presidente Nicolás Maduro. El 23 de enero del 2019 se pronuncia desde Colombia por un medio de comunicación, acompañando al general Milano”, contó el padre del militar."Él se va de su país obviamente siendo desertor porque no estaba de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro y él como es un militar opositor, el gobierno venezolano lo tenía en la mira. No podía acercarse allá porque era peligroso para él. Él estuvo implicado en la operación Aurora”, afirmó Daniela al dar detalles de la situación que llevó a su compañero a desertar de las filas del Ejército.Caldera, junto con otros 10 militares venezolanos y con el apoyo de 30 indígenas reservistas de las FF. MM. de ese país, protagonizaron una cinematografía operación militar bautizada con el nombre clave Aurora. Parte del grupo salió de Cali, pasó a Ecuador, Perú, Brasil y finalmente llegó al sur de Venezuela.El 22 de diciembre de 2019, el oficial y sus compañeros asaltaron el batallón 513 Mariano Montilla, ubicado en el municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar, frontera con Brasil. De allí sacaron un arsenal de 112 fusiles y 9 lanzacohetes RPG."Quien les habla es el primer teniente Hidalgo, en compañía del teniente Franklin Caldera y el teniente Ruso Cárdenas. Nosotros, objetivos militares de la Fuerza Armada Nacional, nos dirigimos a la nación luego de haber efectuado la operación Guaipacá o en su defecto operación Aurora, a pesar de superarnos en número y poder en fuego”.Ese es uno de los pronunciamientos que están en un video publicado por tres de los oficiales desertores, entre ellos Caldera, pocos días después del asalto al cuartel militar.La operación, sin embargo, no resultó como la habían planeado y, por el contrario, terminó en un fiasco. En la reacción al asalto, el Ejército de Maduro recuperó el 80% de las armas y capturó a 18 de los golpistas.Lo que hasta ahora se comienza a descubrir a raíz del secuestro del teniente Caldera es que la operación Aurora se gestó en territorio colombiano en forma paralela y con los mismos cerebros que la llamada operación Gedeón. Esta última fue un intento de golpe contra Maduro en el que un grupo de mercenarios, sin armas y desnutridos, pretendían derrocarlo.Una numerosa parte del grupo partió de Maicao hacia Caracas el 3 de mayo del 2020. Pero los resultados fueron nefastos: ocho personas muertas, 17 capturadas por el régimen y una violenta arremetida de Maduro contra Colombia señalando al país de patrocinar y promover una conspiración internacional en su contra.Uno de los militares que participó en la operación Gedeón declaró ante la Fiscalía colombiana que el plan para derrocar a Maduro contemplaba en realidad dos operaciones comandadas por el mayor general Cliver Alcalá. Gedeón, que entraba por el norte del país, y Aurora, que atacaba por el sur de Venezuela.“Según Cliver Alcalá, la operación iba a consistir en entrar por Maicao con 300 hombres y tenía 400 por los lados de ciudad Bolívar, frontera con Brasil. Por Bolívar iban avanzando para entrar con todo a Caracas, esa era la locura que pensaba mi general (...) dijo que por el lado de Brasil contaba con 500 fusiles".Cuando la operación Gedeón fracasó, Maduro enfiló su artillería contra Colombia.“Fue cuando nosotros recibimos la embestida imperial ordenada por Washington, preparada y ejecutada por el gobierno oligarca narcotraficante de Iván Duque en Colombia y ejecutada en la llamada operación Gedeón", dijo el jefe del régimen venezolano en una alocución.Sin embargo, meses antes, el mismo gobierno de Maduro había acusado también a Colombia de promover y respaldar la operación Aurora."Informamos que se desmanteló un plan conocido como Navidad sangrienta. Utilizaba desertores que se encontraban entrenados en campamentos paramilitares en Colombia y ahora hemos descubierto también que parte del entrenamiento y dotación logística no solamente ocurrió en Colombia -que es el centro de operaciones protegidos, amparados y financiados por el gobierno de Iván Duque-, sino que también hemos encontrado factores de participación de los gobiernos de Perú y de Jair Bolsonaro, en Brasil", afirmó en su momento Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones de Venezuela.El asunto no tuvo mayor difusión mediática en Colombia debido a que todo ocurrió entre la semana de Navidad y Año Nuevo de 2019. En ese momento, la Cancillería colombiana negó los señalamientos por medio de un escueto comunicado público.No obstante, informes de inteligencia colombianos, en poder de Noticias Caracol, demuestran que las agencias de inteligencia sí tuvieron información sobre estas dos operaciones a diferencia de lo que ha sostenido el gobierno.Después del fracaso de la operación Aurora, el teniente Caldera logró escapar a Brasil un tiempo y finalmente terminó viviendo en Colombia, en donde estaba trabajando como domiciliario junto a un hombre conocido como Brayan Pérez.Los informes secretos de agencias de inteligencia relacionan a Pérez como uno de los principales protagonistas de las operaciones Gedeón y Aurora. Diversas fuentes coinciden en afirmar que Pérez habría convencido a Caldera de retomar una nueva operación militar contra el régimen de Maduro. Con ese argumento lo habría persuadido de trasladarse hasta Cúcuta con la intención de estudiar la posibilidad de comprar armas. Caldera habría sido víctima de una trampa que terminó con su secuestro en Colombia y su desaparición en Venezuela. Aurora, al igual que Gedeón, fueron operaciones infiltradas por hombres de Maduro, razón por la cual fracasaron."Solamente sabemos por los medios de comunicación lo que los demás saben: que una persona lo entregó, que funcionarios del DGCIM pasaron a territorio colombiano y lo secuestraron en conjunto con un grupo armado", dijo el padre del teniente Caldera.En su momento, la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-, le dijo a Noticias Caracol que nunca tuvo participación en la operación Gedeón y que desconocía que se estaba desarrollando en Colombia.¿También desconocía la existencia de la operación Aurora y que su líder había sido secuestrado, al parecer, por agentes de inteligencia militar venezolana y miembros del ELN?En Venezuela nadie da razón de Caldera y su familia pasa los días más aterradores de su vida. En Colombia, entre tanto, altos funcionarios de la DNI, del comando general de las Fuerzas Militares, Cancillería y Migración Colombia aseguraron que no saben nada de la operación Aurora y del teniente secuestrado.
Los rostros del desplazamiento forzado en Colombia siguen siendo los mismos después de décadas de conflicto armado. Los grupos paramilitares y disidentes de las FARC obligan a las familias campesinas a abandonar sus territorios.Existen territorios en el país en el que los criminales son los que ponen las normas del juego, extorsionan, plantan minas antipersona, matan, hieren y reclutan de manera forzada.En Ituango, Antioquia, cada año cientos de campesinos llegan de manera forzada al casco urbano de ese municipio. Sus hogares, cultivos y animales quedan en un territorio que es disputado a sangre y fuego por los grupos criminales.Los errantes de ItuangoEn las 125 veredas de Ituango están los rostros de los campesinos que llevan la marca del desplazamiento forzado en Colombia. Cientos tienen que dejar todo atrás huyendo de la guerra y la muerte. Ese ciclo se presenta de generación en generación.“Yo soy hijo del desplazamiento ya que mis padres fueron también desplazados en los años cincuenta, cuando se vivía la violencia entre liberales y conservadores. Ellos vivían por los lados del cañón del río San Jorge. Nosotros hasta esta época somos desplazados”, narró un campesino.Por voluntad propia y siendo un adulto, regresó en la década de los noventa a su tierra, quería echar raíces, pero la violencia tenía otros planes.“En Ituango había un enfrentamiento muy duro. Allí mandaba el frente 18 de las FARC. También llegaron los paramilitares a la cabecera municipal y más de 300 personas murieron”, relató.En su memoria quedaron intactas las imágenes de las masacres y las primeras hordas de desplazados que generaron los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros de las FARC."Se hacen la masacre de La Granja y Santa Lucía. Después quemaron el Aro. La guerrilla saca los paramilitares, se queda en el territorio y hacen normas de convivencia", dice uno de ellos.Una paz que nunca llegóCon la firma del acuerdo de paz, los campesinos de Ituango vieron una tabla de salvación para sus tierras.En las parcelas destinadas, los desmovilizados empezaron a crear sus proyectos productivos, los mismos que nunca prosperaron. Llegaron las amenazas y las muertes selectivas de los excombatientes de las FARC y con ellas el desplazamiento.“Vemos que ellos quedan solos allá y la comunidad acá. No hubo una conexión entre ellos y la comunidad", recalcó el campesino.Los pobladores de Ituango aprendieron a oler los vientos de guerra. Vieron cómo los nuevos dueños cambiaban sus nombres, ahora eran llamados disidencias.La orden de desplazamiento la da el grupo criminal que domine en la vereda, a veces lo hacen los paramilitares, en otras ocasiones los disidentes de las FARC. Ellos deciden cuándo la población podrá retornar a sus tierras, incluso señalan a los campesinos que ya no podrán volver."Es duro el desplazamiento, me ha tocado duro. Lo más difícil es la desintegración de la familia, unos cogen para un lado, otros para otro. Es difícil el desarraigo del campesino de su tierra", afirmó.Para Isabel Cristina Zuluaga, lideresa del movimiento Ríos Vivos, los que más sufren en el enfrentamiento entre paramilitares y disidentes son los civiles.“No entendemos cuál es el interés de los grupos paramilitares que están llegando desde el occidente del país hacia Ituango. Ellos entran por ese lado, pero también hay presión desde el bajo Cauca. La población es usada tanto por las disidencias como por los grupos paramilitares como escudo. Usada, acribillada, asesinada y en estos momentos humillada porque el desplazamiento forzoso, el desarraigo, es una humillación para la población", manifestó Zuluaga.Pese a las alertas, las tragedias siguenDesde el 9 de julio de 2018, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo que corría la población de Ituango.Dos años después y estando vigente esa alerta, surgió una segunda, que focalizó el riesgo en 63 veredas de los corregimientos La Granja, Santa Rita y el Aro.Pese a las alertas tempranas, 500 personas fueron desplazadas.Un profesor de la zona rural contó los riesgos a los que están expuestos sus estudiantes al vivir en un sector de constante conflicto. Las balas no son el mayor problema."Se está ofreciendo dinero, citas sexuales con jovencitas, les están brindando mucha plata y les están ofreciendo oportunidades de ascender en la organización. Son el Clan del Golfo, algunos disidentes y bandas criminales”, manifestó el docente.A lo anterior se suma el reclutamiento de menores de edad. Ellos, según Isabel Cristina Zuleta, son instrumentalizados para engrosar las filas de los grupos, a los que se están sumando excombatientes."Los están llamando para que vuelvan a integrar a las filas del paramilitarismo en Colombia y además a ellos les están ofreciendo 15 millones de pesos por esa experiencia que tienen del pasado", dijo la lideresa.Los pobladores de Ituango hablan de un gobierno incapaz de detener el reclutamiento forzado."Uno se va y pregunta a la Fiscalía qué pasó con el desplazamiento del año pasado, dónde está en Colombia la investigación penal en contra de esos actores criminales que desplazan y hacen sufrir a la población. Ya saben quiénes son y no pasa nada”, concluyó Zuluaga.Ituango despierta año tras año con las noticias de familias campesinas que son forzadas a dejar sus tierras. Parece ser que a los gobiernos de turno les es imposible evitar esa situación ¿Los grupos armados obligaron a la población a vivir en un país incapaz de evitar los hechos violentos?