La Policía de Soacha, Cundinamarca, logró la recuperación de dos camiones y una carga de 20 toneladas de cemento que habían sido blanco de los criminales.Los uniformados llegaron hasta un parqueadero en el que encontraron el vehículo con el material de construcción y al lado estaba otro camión que fue robado en Bogotá.“Nuestro personal llega al lugar, ubica al tractocamión, recupera el vehículo, la mercancía que transportaba. Asimismo, se logra la recuperación de un vehículo tipo camión que había sido halado en Bogotá”, indicó el coronel Cesar Castro, comandante de la Policía de Cundinamarca.El conductor del vehículo fue detenido y dejado a “buen recaudo de la Fiscalía”, recalcó Castro.
Una gigantesca roca cayó sobre un vehículo en la vía Bogotá- Mesitas del Colegio, a la altura del sector conocido como La Cadena, en Cundinamarca.El conductor quedó atrapado entre las latas del automotor y -tras ser restacado- fue enviado a un centro asistencial en Soacha. El otro ocupante también resultó herido.Al lugar llegaron los Bomberos de San Antonio de Tequendama y Mesitas del Colegio para atender la emergencia.Además, una vivienda ubicada en la parte alta de la montaña resultó afectada. Sus habitantes fueron evacuados.La vía permanece cerrada para verificar su estado y descartar otros posibles deslizamientos.
Por las calles de Ciudadela Sucre y otros barrios del municipio cundinamarqués se pasearon los reclutadores que engañaron a decenas de jóvenes, los sacaron de sus casas y los presentaron luego como falsos positivos.Las más recientes actuaciones de la JEP con respecto a estos homicidios les dieron esperanza a las familias de las víctimas, que desde hace años vienen pidiendo justicia en los tribunales por los crímenes cometidos por exmilitares.La madre de uno de esos jóvenes asesinados afirma que los uniformados “lo hicieron pasar por guerrillero, supuestamente ellos hubo combate, donde ni siquiera hubo un solo tiro”.Por eso ahora, tras las cifras reveladas por la JEP, que habla de 6.402 casos de falsos positivos, les dice a los que le arrebataron la felicidad “que si son tan hombres y tan correctos como dicen ser, que nos den la cara y nos digan por qué nos mataron nuestros hijos, por qué los mataron, mi hijo qué les hizo a ellos o yo qué les he hecho a ellos para que cobardemente le quitaran la vida”.Y en las calles de Soacha muchos aún sienten temor porque dicen que los reclutadores andan al acecho, por eso bajo el anonimato comentan: “imagínese uno bien llevado como para ponerse a ganar problemas con una persona de esas, uno no se pone a indagar mucho tampoco. Eso es mejor hacer como que uno no ve, ni oye, ni escucha”.Pero pese al miedo, las madres de las víctimas siguen buscando la verdad.Delmira Gómez es madre de Luis Enrique Devia Gómez, un joven que desapareció en Aguachica, Cesar, el 14 de junio de 2008 y que 24 horas más tarde fue reportado como muerto en combate con el Ejército en el municipio de Abrego, Norte de Santander.Ella afirma que no ha dejado de luchar por saber qué pasó, "el caso está en los juzgados, pero no nos dan respuesta ninguna y ahora con lo de la JEP pues tenemos la esperanza de que ellos se van a acoger a la JEP y van a hablar, pero hasta ahora no hemos sabido nada".Para Delmira lo más doloroso es que su hijo “desde los 10 meses sufría ataques de epilepsia y él tenía la mentalidad como de un niño”, por eso no logra comprender que en las noticias dijeran “que habían dado de baja un presunto guerrillero en combate, cuando dan el nombre era el nombre de mi hijo. ¿A qué horas él iba a combatir, si se lo llevan a las 4:30 de la tarde y a las 8:30 ya había muerto en combate? (…) Y en el pantalón, él era gordito, le metieron una granada”.Otras familias viven la angustia de ni siquiera haber recuperado el cuerpo de sus seres queridos.María Serna le ruega al alcalde de El Copey, Cesar, que no destruya el campo donde probablemente está su hijo, al que busca hace 13 años.“Primero saquemos los cuerpos que están allí en ese sitio”, le suplica.Cielo Patricia Sánchez es otra madre que quiere saber la verdad y recorre desconsolada un parque de Bucaramanga donde vieron por última vez a su hijo Rafael, de 18 años.Ella sostiene que al joven “lo asesinó el Ejército de Colombia y lo asesinaron junto con dos muchachos más en Hacarí y lo hicieron pasar de guerrillero muerto en combate. Mi hijo no era ningún guerrillero”.Agrega que el trino del comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, en el que decía: “no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos”, iba dirigido “para nosotras las víctimas”.“Ellos no nos quieren y lo único que nosotras estamos haciendo es clamando justicia y ayudando a limpiar el Ejército de Colombia”, subrayó.
En estado crítico permanecen María Mercedes Rodríguez, de 58 años, y su esposo Francisco José Cabrera, 59. Según sus familiares, una vecina les propinó un ataque con arma blanca durante hechos registrados en el municipio de Soacha, Cundinamarca.“La vecina del lado volvió a intentar asesinar a mi papá, porque el año pasado ya lo había hecho, y también intentó asesinar a mi mamá. A mi mamita la cogió en la puerta de la casa y le pegó una puñalada en el tórax y a mi papi, cuando se agachó a recogerla, le pegó tres puñaladas en la cabeza y una en el oído”, aseguró Mónica Jimena Cabrera, hija de las víctimas.De acuerdo con la denuncia, la mujer, en medio del consumo de drogas, cometió la brutal agresión en contra de la pareja cuando esta se encontraba dentro de su casa, ubicada en el barrio Corinto 3.“Ella es drogadicta, se la pasa con cuchillo de arriba para abajo, agrediendo a todos los vecinos, amenazando. No es con el único vecino que ha tenido conflicto”, sostuvo Mónica.La familia de la pareja agredida señaló que la mujer señalada de cometer el ataque fue capturada, pero que un día después recobró la libertad.“La judicializaron, la capturaron por flagrancia, cosa que no hicieron el año pasado, y el día de ayer la fiscal le dio libertad”, indicó la hija de María Mercedes y Francisco José.Piden que se haga justicia porque es el segundo ataque a la familia, que con esfuerzo adquirió un lote, lo construyó y no quiere dejar abandonado su patrimonio.
Carolina Ordóñez perdió a su hijo de 25 años en el incendio del CAI San Mateo, el 4 de septiembre de 2020. Aseguró que se siente indignada con la decisión del juez de garantías de dar casa por cárcel a los tres uniformados señalados de la muerte, por omisión, de su hijo y siete detenidos más en la conflagración que también dejó tres heridos.“Estos tres chicos vivos son los que están hoy en día en unas UPJ, en unos centros de medida transitoria, con altas heridas que quedaron a raíz de este incendio, y ellos sí están detenidos. No les han otorgado un beneficio de casa por cárcel y a los tres que no atendieron la medida de una llama, que era controlable y que después se desprendió para llegar a la magnitud de que los muchachos se nos quemaran, tienen el beneficio de una domiciliaria”, dijo.También afirmó que, en casi seis meses, no han escuchado una voz solidaria por parte de la Policía del municipio de Soacha.“La Policía actuó por omisión y acción, no prestó una ayuda necesaria. Quieren tergiversar las cosas a manera de que la Policía quede invicta, pero aquí nos reflejamos y damos todo lo que está en nuestras manos para que esto salga a flote y se haga la justicia necesaria”, anotó.Durante la audiencia, el juez de control de garantías aseguró que se tomó esta decisión porque ninguno de los policías tiene llamados de atención.”No hay un llamado de atención, no hay ninguna sanción disciplinaria y menos se han aportado elementos de juicio que indiquen que tienen registros, anotaciones o antecedentes penales”, sostuvo.La Fiscalía apeló la decisión de la casa por cárcel y otro juez determinará si se mantiene o los envía tras las rejas.
Los videos presentados por la Fiscalía de los momentos del incendio en la estación de Policía de San Mateo, en Soacha, el 4 de septiembre del año pasado, le sirvieron al juez de garantías como prueba para dictar medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los tres uniformados como presuntos responsables de la muerte, por omisión, de ocho de los detenidos.El juez también tuvo en cuenta los testimonios de algunos testigos, entre ellos varios sobrevivientes, y la gravedad de la conducta de los uniformados Aleida del Pilar González, Gabriel Ruiz y Jorge Suárez, quienes -determinó- pudieron evitar la tragedia.En los hechos, ocho detenidos murieron mientras que otros tres más presentaron graves lesiones provocadas por las llamas.“Desde ese momento de advertencia se había podido advertir que algo podía suceder y así evitar que esa conflagración hubiera tenido tal dimensión”, señaló el juez.El funcionario consideró que los imputados pueden cumplir su detención en su lugar de domicilio, que estará bajo control y monitoreo del Inpec. Según el juez, no son un peligro para la sociedad.“No hay elementos razonables para interferir que al menos alguno tiene llamado de atención para interferir que esta persona puede ser peligrosa. No hay llamados de atención, no hay sanción disciplinaria y menos registros o antecedente alguno ninguno”, concluyó.La Fiscalía apeló la decisión de la casa por cárcel y esta tendrá que ser resuelta por un juez de segunda instancia.
“Pese a que esa llama se eleva y que están grabando, ninguno de ustedes corre a salvaguardar la vida y proteger la vida de esas personas. Señor Orduz, dentro de esas imágenes lo ubico yo buscando una manguera y usted tenía el elemento idóneo en el bolsillo, usted tenía las llaves de los candados”, esta es la descripción que hace la fiscal del caso sobre lo ocurrido el 4 de septiembre de 2020 en el CAI San Mateo, en Soacha. A las dos de la tarde, once personas detenidas vieron cómo empezó un incendio que terminó en un infierno.Para la Fiscalía, los uniformados Jorge Suárez, Gabriel Ruiz y Aleida del Pilar González no iniciaron el fuego, pero tampoco ayudaron a frenarlo.“Cuando ustedes deciden reaccionar y deciden acercarse a la celda, pues ya está fuera de control. Pero, a pesar de eso, reitero, tiene que ser una persona que está fuera de la estación que regresa y le exige a usted, señor Jorge Suárez, que entregue las llaves para abrir esa celda”, anotó la fiscal.Fueron minutos determinantes que hubieran salvado la vida de ocho personas que murieron por omisión de estos uniformados, dijo el ente investigador. También se cuestionó el trato a los internos cuando los sacaron de la celda.“Empieza el señor Harold a sacar a esas personas en pésimas condiciones, los sacan caminando, cuando están sin piel, cuando están totalmente calcinados, los hacen sentar, los regañan. Los extintores que lleva la comunidad los utilizan ustedes para rociarlos sobre los cuerpos de estas personas, que están quemadas. Son imágenes crudas”, agregó la fiscal.Por esto, la investigadora aseguró que en el momento del incendio los detenidos recibieron tratos inhumanos de los uniformados.A los policías se les imputó homicidio doloso agravado y se pedirá medida de aseguramiento en su contra.
La Fiscalía imputó por homicidio doloso agravado a César Augusto Martínez Fernández, la subteniente Aleida del Pilar González Quiroz y el patrullero Jorge Eliécer Suárez Orduz, los tres policías implicados en el incendio en el CAI de San Mateo en Soacha que causó ocho muertes. Sin embargo, no ha podido argumentar el caso porque los abogados de los agentes pidieron que el proceso pase a la justicia penal militar.La conflagración, donde también resultaron heridos tres reclusos, se registró el 4 de septiembre del año pasado, después de las dos de la tarde.Al comienzo muchas cosas eran confusas, pero las investigaciones y las pruebas terminaron llevando a la Fiscalía a imputar cargos contra los tres uniformados que tenían la custodia de quienes estaban en el CAI de Soacha.El ente investigador se apoyó en una información que dieron vecinos del lugar y familiares de los jóvenes fallecidos.La Procuraduría General también reveló algunos detalles de lo que habría ocurrido ese día y una de las pruebas tiene que ver con los testimonios de los sobrevivientes, quienes narraron cómo fue el actuar de los patrulleros.“Los policías dijeron ‘pues, quémense’, y con unas llaves empezaron a moverlas en frente y dijeron ‘quémense’”, reveló en su momento Narda González, asistente Procuraduría delegada para la fuerza pública.Otra de las irregularidades que compromete a los uniformados tiene que ver con un video captado por un vecino del sector en el que se ve cómo, en pleno incendio, agentes evacúan a un joven en una patrulla.Los primeros indicios del caso señalan que los uniformados habrían tenido que ver en la conflagración.El concejal de Bogotá Diego Cancino, uno de los primeros en denunciar el hecho, lamentó “que se haya tenido que posponer una semana este proceso y que estemos hasta ahora empezando el proceso de judicialización y de investigación a estos policías. Rechazamos tajantemente la petición que están haciendo los abogados al pedir que se pase la investigación de la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción penal militar. Están pidiendo que el caso quede en la impunidad”.La Fiscalía pedirá al juez de garantías imponer medida de aseguramiento contra los tres uniformados.
En Cundinamarca ya tienen todo listo para comenzar la jornada de vacunación con 1.770 vacunas contra el COVID-19 que serán aplicadas al personal médico.Una noticia positiva para aquellos que anhelan seguir salvando vidas y donde en ocasiones las fuerzas caen al ver cómo el virus les va ganando la batalla.“Es impotente muchas veces, teniendo toda la tecnología, todos los elementos necesarios para atender pacientes complejos llega al punto que la enfermedad gana”, expresó Wilson Arévalo Guzmán, coordinador médico de la UCI COVID en la Clínica San Luis de Soacha.Soacha recibirá 390 dosis y tendrá cuatro puntos de vacunación.“Tenemos la capacidad de almacenar 2.222 frascos, si lo llevo a dosis son 13.300 biológicos que podríamos estar almacenando en nuestra Secretaría de Salud”, indicó John González, secretario de salud de Soacha.La logística también contempla el proceso que tomará inocular a cada persona. “Estamos proyectados aproximadamente entre 40, 45 minutos desde el registro hasta los 30 minutos posteriores a la aplicación de la vacuna”, señaló Alexandra González, gerente del Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.Cundinamarca tendrá 1.770 vacunas en esta primera jornada que comenzará el día jueves.“A las nueve de la mañana el día jueves aplicaremos la primera vacuna en el Hospital Regional de Zipaquirá y a partir de las 10 de la mañana en los hospitales restantes”, manifestó Nicolás García, gobernador de Cundinamarca.En 22 unidades de cuidados intensivos de los municipios de Cáqueza, Pacho, Tocancipá, Sopó, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Funza, Mosquera, Facatativa, Soacha, Fusagasugá y Girardot se cumplirá la primera jornada de vacunación al personal médico.
Todo empezó cuando una persona que iba como parrillero de una moto, por la vía que conduce de Soacha a Sibaté, sufrió una convulsión. El hecho hizo que el conductor perdiera el control y dos ciclistas fueron arrollados, sin mayores complicaciones.Otra motociclista que manifestó ser enfermero se detuvo para brindar auxilio a quien había sufrido el problema médico y fue en ese momento cuando apareció un vehículo particular, el cual embistió a quienes estaban ayudando a la víctima.Cinco personas resultaron arrolladas por el carro de placas DVT 520. El hombre al volante fue interceptado por las autoridades y cuando le hicieron la prueba de alcoholemia esta arrojó grado uno de alcohol.El Ojo de la Noche logró establecer que los dos fallecidos fueron el parrillero que sufrió la convulsión, un hombre de 36 años llamado Edwin Alberto Jiménez y el auxiliar de enfermería que se detuvo para auxiliarlo, una persona de 32 años identificada como Jesús David Hernández.El hombre que iba borracho tendrá que responder por el delito de homicidio en accidente de tránsito.Todo ocurrió frente a la escuela de suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada, en Sibaté.
La tarifa de Transmilenio no subirá este año, es decir que los pasajes seguirán en 2.500 pesos para los articulados y 2.300 pesos para los buses del SITP.“Este año todavía no nos hemos recuperado lo suficiente, todavía estamos sufriendo los estragos de la pandemia”, dijo la alcaldesa Claudia López al explicar el porqué de la decisión.“Vamos a congelar la tarifa de Transmilenio, no va a subir, pero tenemos que encontrar los recursos para subsidiar esa tarifa. Eso nos cuesta entre 80 y 100 mil millones de pesos”, recalcó.Una forma cubrir ese faltante sería si el Gobierno nacional le diera al Distrito el 70% del déficit del sistema de transporte, solicitud que la administración ya hizo y de la que tendría respuesta en los próximos días.Asimismo, la alcaldesa de Bogotá anunció que el descuento del 10% aplicado hasta el mes de abril para el pago del impuesto predial se extendió hasta junio, y el gravamen vehicular hasta julio.Quienes no pueden pagar en su totalidad podrán hacerlo en cuatro cuotas.Además, establecimientos como hoteles, bares o restaurantes que no tienen cómo cancelar dicho impuesto, podrán hacerlo a partir del próximo año inscribiéndose previamente.
La escudería estadounidense Haas de Fórmula 1, en la que correrá Mick Schumacher, presentó un monoplaza con los colores de la bandera de Rusia, blanco-azul-rojo, el país de su nuevo patrocinador principal que llega de la mano de su otro piloto, el también debutante Nikita Mazepin.Acorralado financieramente luego del fin de su asociación con Rich Energy en septiembre de 2019, y deportivamente al terminar noveno (penúltimo) en la clasificación por equipos, Haas necesitaba capital. La escudería basada en Kannapolis, Carolina del Norte, sustituyó a sus pilotos Romain Grosjean y Kevin Magnussen por dos jóvenes debutantes en Fórmula 1.Piloto 'pagador', Nikita Mazepin, de 22 años, es el hijo del empresario Dimitri Mazepin, propietario del fabricante de fertilizantes minerales Uralchem. Está patrocinado por la empresa rusa Uralkali, especializada en la producción y venta de potasa, de la que su padre es director no ejecutivo.Uralkali, cuyo nombre aparece repetidamente en el monoplaza, bautizado VF-21, se convierte en el patrocinador principal de Haas, junto con la marca de telecomunicaciones alemana 1&1.La firma germana acompaña la llegada de Mick Schumacher. A los 21 años, el hijo de Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo, participará por primera vez en F1. Recientemente se proclamó campeón de la F2, la antesala de la élite en la que Mazepin terminó quinto.El año pasado, Haas solo pudo superar a Williams en la clasificación de constructores. Fue a bordo de un monoplaza Haas, en ese momento blanco-rojo-negro, donde el francés Grosjean sobrevivió a un espectacular accidente en noviembre.La temporada 2021, que comienza el 28 de marzo en Bahréin, se anuncia difícil, puesto que las evoluciones están en su mayoría congeladas por las medidas económicas tomadas para enfrentar la crisis del coronavirus."Concentramos nuestras energías en el monoplaza de 2022 cuando, esperamos, habrá más igualdad en la parrilla", explicó el 'team principal' Guenther Steiner, en referencia al nuevo reglamento que entrará en vigor el próximo año.⚽ Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.
Un barco se accidentó en Tailandia y rápidamente los organismos tailandeses acudieron para salvar a los miembros de la tripulación. Ocho personas fueron rescatadas antes de que se hundieran los vestigios de la embarcación.La Marina de ese país fue enviada para verificar si había algún derrame de petróleo y en ese momento el suboficial Wichit Pukdeelon notó con su cámara que en una estructura había “uno o dos gatos asomando la cabeza”, contó a Reuters.(Puede ver: Avión tuvo que aterrizar de emergencia por la presencia de un agresivo personaje en la cabina)Un valiente marinero tomó la decisión de lanzarse con chaleco salvavidas para poner a salvo a los gatos, antes de que se terminara de hundir la embarcación o las llamas, aún activas, los alcanzara.En las imágenes compartidas por la Marina se ve al hombre desafiando el agua salada haciendo los viajes correspondientes para salvar a los felinos, los cuales puso sobre sus hombros. Compañeros lo ayudaron halándolo con una cuerda.Al final, ni humanos ni gatos perdieron la vida y los animales recibieron las atenciones básicas.
Un hombre decapitó a su hija de 18 años y caminó hasta una comisaría de Policía, en el norte de India, llevando la cabeza en la mano.Un video del criminal, de unos 40 años, marchando para entregarse a las autoridades fue mostrado en las televisiones indias, en un nuevo caso de violencia contra las mujeres en el estado de Uttar Pradesh."El acusado vio a su hija en una posición comprometedora con un hombre joven y, al verlo, perdió la calma y decapitó a su propia hija", dijo Anurag Vats, el superintendente de Policía del distrito de Hardoi donde tuvo lugar ayer el suceso.Según la fuente, el residente de la localidad de Pandeytara "fue detenido mientras iba de camino a entregarse".El estado de Uttar Pradesh ha sido escenario frecuente de casos de violencia contra las mujeres, sucesos que han generado una gran indignación en todo el país.Frecuentes ataques contra mujeresA finales de febrero, tres jóvenes "intocables" o dalits, del escalafón más bajo del sistema de castas hindú, fueron envenenadas por un joven despechado, causando la muerte de dos de ellas, después de que la mayor lo rechazara el día de San Valentín.Un tribunal condenó en diciembre de 2019 a cadena perpetua a un parlamentario regional del BJP por la violación en Unnao dos años antes de una adolescente, en un caso en el que también murió el padre de la joven por la supuesta paliza de seguidores del político.Ese mismo año, también en Unnao, otra mujer murió carbonizada cuando se dirigía a testificar contra sus presuntos violadores.Y el pasado septiembre, en el último caso en Uttar Pradesh que alcanzó una gran repercusión mediática en todo el país, una joven dalit fue presuntamente violada en grupo y herida gravemente en una aldea por hombres de castas superiores.La joven moriría semanas después por las heridas en un hospital en Nueva Delhi y en plena noche fue trasladada a su pueblo, donde la incineró la Policía sin el consentimiento familiar ni la posibilidad de oficiar un velatorio, según denunciaron.Estos casos subrayan un problema endémico. Según los últimos datos de la Agencia Nacional de Registro de Delitos de la India (NCRB), en 2018 se denunciaron 33.977 violaciones en el país, de las cuales 2.957 fueron a mujeres de casta baja, más de 8 al día.
Camino a salvar sus vidas, 168 miembros de 48 familias indígenas atraviesan la selva del Urabá para ponerse a salvo de la confrontación entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo. Ellas llevan en sus hombros a los más pequeños y en la espalda, utensilios y alguna ropa.Además, cargan con las amenazas del ELN que en medio de sus enfrentamientos con el Clan del Golfo los obligó a huir de sus resguardos, los cuales también fueron sembrados con minas antipersonal.Salieron caminando desde el Alto Baudó, en Chocó, donde se vive una compleja situación humanitaria, y se dirigen a Murindó, Antioquia, donde hay un panorama similar. “Son amenazas expresas del ELN que desde el mes de enero han venido sembrado indiscriminadamente minas antipersonal en los resguardos, confinando a las comunidades, obligándolas a vivir en medio del hambre, la zozobra y el terror”, declaró Wilfer Sánchez, vocero de la Organización Indígena de Antioquia (OIA).El fin de semana, un menor de edad se salvó de morir al caer en un campo sembrado con minas antipersonal. Toda una tragedia humanitaria.