Este puente festivo se conoció una grave denuncia por el homicidio de Edier Adán Lopera, quien se desempeñaba como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Urales en el municipio de Tarazá (Bajo Cauca antioqueño) y era beneficiario del programa de restitución de cultivos ilícitos.En un comunicado, la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Ascorbac) dio a conocer los hechos.Según la asociación, Lopera fue asesinado por un grupo armado sin identificar el pasado 15 de junio en la vereda Caracolí. Lo más grave es que hasta el momento no se ha podido hacer el levantamiento de su cuerpo, el cual cumple 7 días en el lugar de los hechos.La organización campesina aseguró que las estructuras criminales en la zona son las que han impedido las respectivas diligencias por parte de las autoridades competentes.Sin embargo, desde la Séptima División del Ejército, su comandante Juan Carlos Ramírez, aseguró en declaraciones al periódico El Colombiano que el cuerpo de Lopera no se ha podido hallar por la información suministrada sobre el sitio donde se encuentra.“No hay ningún sitio vedado en donde la fuerza pública no pueda entrar”, aseveró.Ante esta situación, este lunes se adelantó un consejo de seguridad con líderes de la región y la familia del campesino asesinado para esclarecer los hechos y adelantar las investigaciones del crimen.Según informó la Gobernación de Antioquia en un comunicado, se activó un protocolo para ingresar a la vereda Caracolí y recuperar el cuerpo. Las autoridades aseguran que fueron informados del caso solo hasta el pasado sábado 20 de junio.“Desde el momento en que conocimos la situación hemos trabajado conjuntamente todas las autoridades. Lo primordial es brindarles seguridad a los habitantes de la zona y por supuesto recuperar el cuerpo de esta persona”, afirmó Jorge Ignacio Castaño, secretario de Gobierno (e) del departamento.Las autoridades también manifestaron que los ciudadanos de la zona han recibido presiones por parte de los grupos armados que se disputan el territorio. En el Bajo Cauca antioqueño hacen presencia Los Caparros, el Clan del Golfo, ELN y disidencias de las Farc.Precisamente, las autoridades mantienen operaciones en la región donde el pasado jueves fue dado de baja alias ‘Romaña’, señalado cabecilla de Los Caparros.En retaliación a este operativo, circularon panfletos intimidantes contra la población civil del Bajo Cauca.Por otro lado, el mismo general Juan Carlos Ramírez informó este fin de semana de otro líder comunal, quien fue herido en la vereda La Blanquita del municipio de Frontino (occidente de Antioquia).Tropas de la Séptima División lo trasladaron a un centro asistencial en Medellín.
El vehículo fue interceptado en un retén de la Policía en el Bajo Cauca antioqueño. Tres personas fueron capturadas. El camión, que salió desde Medellín y tenía como destino el municipio de Tarazá, tenía en su interior un cargamento de armas de fuego, silenciadores y 20 kilos de cocaína. Según las autoridades, antes de salir con rumbo al Bajo Cauca, el vehículo pasó por el barrio Castilla, noroccidente de la capital antioqueña. “Una estructura delincuencial, estamos investigando su asocio con Los Caparros, introducen estos elementos y posteriormente el vehículo es detenido y revisado en un puesto de control de la Policía de Tránsito y Transporte”, señaló el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Jorge Cabra. Dos hombres y una mujer que transportaban el cargamento fueron capturadas y dejadas a disposición de la autoridad competente. “Estas armas y esta sustancia iban a ser dejadas en el municipio de Tarazá y harían parte del componente armado del grupo delincuencial Los Caparros, con injerencia en el Bajo Cauca antioqueño”, puntualizó el coronel Cabra. Por la cuarentena nacional la mayoría de delitos en el departamento han disminuido, sin embargo, las autoridades reportan que han realizado 14 capturas y más de 9 mil comparendos en todo Antioquia. Le puede interesar: “La disposición es abrir 118 municipios”: gobernador de Antioquia sobre reactivación
Su nombre era William Montoya, tenía 56 años y era el presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Antioquia. El cadáver del líder fue encontrado en inmediaciones del río Cauca, en el corregimiento de Piamonte, en el municipio de Cáceres, Antioquia. William Montoya era conocido en el Bajo Cauca por su liderazgo y porque buscaba su sustento en la labor de barequeo, que es la extracción de oro en afluentes de la zona. “No tenemos conocimiento de que tuviera algún tipo de amenaza. Por el estado en que se encontró el cuerpo es difícil determinar, sin peritazgo correspondiente, qué tipo de heridas tenía”, dijo en diálogo con Blu Radio el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía de Antioquia. Sin embargo, el medio NP Noticias dio a conocer que el cuerpo presentaba heridas de arma de fuego, tenía las manos atadas a la espalda y contusiones, todos signos de tortura. Aún se desconoce quién es el responsable del asesinato de William Montoya, quien fue retenido por armados el martes 3 de marzo. Tras su desaparición, su hija Karen publicó en redes sociales un estremecedor mensaje: “Padre, te espero con muchas ansias, no he perdido la fe de encontrarte, sé que te voy a encontrar sano y salvo, quiero escuchar tu voz, tus risas, tus cuentos, todas tus bobadas, te esperaré mi gran amor”. La situación de orden público en el Bajo Cauca es compleja. En las últimas horas se conoció del temor que cobija a 43 docentes, que al ver una ola de asesinatos contra mototaxistas, decidieron suspender las clases, lo que tiene a más de 1.000 niños desescolarizados.
De acuerdo con el Ejército, el joven realizaba labores de erradicación en zona rural del municipio de Tarazá. La víctima fue identificada como Camilo Andrés Martínez Rivas, de 18 años, quien era oriundo del departamento de Córdoba. En la acción terrorista otro soldado, llamado Keider Nisperuza Billar, resultó herido. “De manera inmediata se activan los protocolos de seguridad y los enfermeros de combate les prestan los primeros auxilios, para posteriormente evacuarlos hasta un centro hospitalario en Montería, Córdoba, donde reciben atención médica especializada”, informó la Séptima División del Ejército en un comunicado. Según las autoridades, el ataque fue perpetrado por Los Caparros y disidencias de las FARC.
Al parecer, este hecho sería responsabilidad de Los Caparros, estructura criminal que se disputa el territorio con el Clan del Golfo. De acuerdo con las autoridades, cuatro hombres llegaron hasta un local comercial en el corregimiento de El Doce, en Tarazá, y realizaron varios disparos contra el establecimiento y, posteriormente, lanzaron una granada. Por fortuna, ninguna persona resultó lesionada. Las primeras versiones aluden a que se trataría de una disputa por el control de este territorio del Bajo Cauca antioqueño, entre Los Caparros y el Clan del Golfo. “A partir de esto se comienzan las actividades investigativas por parte de la institución, así como también el ‘Plan Anillo’ en coordinación con las fuerzas militares. Es importante aclarar que esta modalidad viene recrudeciéndose”, indicó el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía de Antioquia. Las autoridades añadieron que estos ataques han sido recurrentes en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba, donde se ha incautado gran cantidad de material de guerra que pretendía ser utilizado en estas zonas.
Otros tres hombres del grupo delincuencial fueron capturados. También, se incautaron tres fusiles, una pistola, una granada, 13 proveedores y 600 cartuchos. El Guáimaro, vereda ubicada a una hora del casco urbano de Tarazá, fue escenario de violencia el pasado 21 de enero con el asesinato de cinco personas. Su gente lo único que espera es que no se repita. “Mi deseo en este momento es que todo cambie, porque la verdad da tristeza en el pueblo la situación en la que estamos en este momento”, comentó José Luis Ayala, habitante de la zona. Hasta alejados lugares del Bajo Cauca antioqueño llegó el nuevo componente militar, que incluye la presencia de Ejército, Policía, Fuerza Aérea y Armada. Luego de sostener combates con Los Caparros, se produjo un primer resultado. “Se logra el sometimiento a la justicia de integrantes de este grupo armado organizado, al igual de la muerte en desarrollo de operaciones especiales de un sujeto, quien por medio de las armas opuso resistencia”, anunció el comandante de la Séptima División del Ejército, el general Juan Carlos Ramírez. La estrategia pretende ocupar 27 zonas pobladas; entre resguardos, corregimientos y veredas del Bajo Cauca. En la vereda Isla Amarga de Cáceres y gracias a información ciudadana, fueron capturados otros tres miembros de Los Caparros. “Serán puestas a disposición de autoridades competentes por los delitos de porte ilegal y concierto para delinquir. También, así como se mencionaba inicialmente, por el lanzamiento de un explosivo que causó heridas a doce personas en Caucasia”, indicó el comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Jorge Cabra. Junto a las capturas, la unidad militar logró la incautación de tres fusiles, una pistola, una granada, 13 proveedores y 600 cartuchos.
El Bajo Cauca antioqueño continúa siendo blanco de la violencia. En las últimas horas hombres armados ultimaron a bala a William Alexander Arrieta, de 43 años. “Un ciudadano que se encontraba transitando por la calle, pero digamos hay unos elementos de información que estamos evaluando en el marco de la investigación”, indicó el coronel Jorge cabra, comandante de la Policía de Antioquia. Según las autoridades, aún se desconoce quiénes serían los autores de este asesinato ocurrido en el casco urbano del municipio de Tarazá. “Estamos determinando si el atentado era dirigido a la persona o se presenta el hecho puntual entre las estructuras que allí delinquen”, manifestó Cabra. Según la Secretaría de Gobierno de Antioquia, en esta zona delinquen grupos criminales como el Clan del Golfo, Los Caparros, el ELN y disidencias de las FARC. “Les vamos a dar la tarea difícil a estos bandidos, vamos a empezar a capturarlos, hay investigaciones que van por muy buen camino y estamos confiados que ese trabajo conjunto y articulado de toda la institución y el rol de las alcaldías vamos a recuperar el Bajo Cauca”, indicó el secretario de Gobierno, Luis Fernando Suárez. Este nuevo caso de homicidio se suma a otro hecho de sangre registrado en Segovia (nordeste) en donde cuatro hombres armados a bordo de dos motocicletas dispararon en contra de tres ciudadanos que se encontraban frente a sus viviendas, dos de ellos murieron. La policía logró la captura de tres de presuntos sicarios. A la fecha se han registrado 122 homicidios en Antioquia, de los cuales 32 han ocurrido en el Bajo Cauca antioqueño.
Durante su visita a Tarazá, el presidente anunció medidas para devolver la tranquilidad a la zona y lograr que los niños regresen a las aulas de clase. Golpeados por el dolor de una masacre ocurrida el pasado viernes, los habitantes del corregimiento El Guáimaro recibieron a Iván Duque. El mandatario llegó a una de las casas donde quedaron las marcas de la incursión armada que alcanzó otras dos viviendas y dejó cinco personas muertas. “El primero que mataron aquí es primo de una muchacha, un campesino trabajador, estaba esperando para ir a trabajar a la mina en su tractor; el segundo que mataron aquí era el muchacho Danilo Montalvo, un joven de 19 años y mi vecino”, recordó con la voz cortada Elizabeth, habitante del sector. Más de 350 familias habitan el corregimiento de El Guáimaro, en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Hoy sus calles permanecen solas por temor de que vuelva un grupo armado a interrumpir la tranquilidad de los ciudadanos, por eso le han pedido al presidente mayor seguridad y mayor inversión social en esa región del país. “Vamos a estar llamando permanentemente y garantizando que la comunidad se sienta segura usted queda al frente esa responsabilidad mi general Juan Carlos Ramírez (comandante de la Séptima División del Ejército), el comando de Policía y el comando el Ejército tiene que estar de la mano”, dijo el presidente Iván Duque. “Se ha hablado del puesto de salud, se ha hablado el tema de la escuela y del centro de acopio y vamos a tomar esas voces de la comunidad y vamos a priorizarlas para empezar a trabajar en ese sentido”, indicó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Actualmente hay más de 5 mil hombres, entre Policía y Ejército, que persiguen al Clan del Golfo, Los Caparros y disidencias de las FARC en la zona. El presidente también se comprometió a trabajar de la mano del gobernador para garantizar la seguridad de los profesores del Bajo Cauca. “Que los profesores puedan venir y seguir atendiendo a los niños y que lo hagan porque aquí está la Fuerza Pública presente”, sustentó el mandatario.
Un adiós colectivo les dieron habitantes de esa zona de Antioquia a víctimas de la masacre. El presidente Duque lidera consejo de seguridad. Con su traslado a Tarazá, el presidente Iván Duque busca transmitirles tranquilidad a los habitantes del municipio en el que el viernes 17 de enero un grupo armado irrumpió, hizo varios disparos y asesinó a sangre fría a tres lugareños. En su huida, los criminales asesinaron a otra persona y una más fue hallada sin vida en otra vereda, lo que puso a la pequeña localidad en la mira de la opinión pública. El domingo, precisamente, decenas de taraceños salieron a las calles para acompañar en su último adiós a Carlos Andrés Chavarría Posada, Danilo Alfonso Montalvo Tuberquia y a Wilmer Alexander Sampedro Posada, baleados en la finca Barcelona, del corregimiento El Guáimaro. También a Luis Alberto Villegas Martínez, cuyo cadáver fue encontrado el mismo día pero en la vereda Popales, en el citado corregimiento. De esos asesinatos y del de Jorge Eliécer Rodríguez Monsalve, cuyo cuerpo fue hallado un día después de la masacre, tratarán de hablar los habitantes de la zona con Duque. El arribo del mandatario al municipio, según Presidencia, se dará a eso de las 3:00 p.m. de este lunes. Allí visitará el corregimiento El Guáimaro, la Casa de la Mujer y posteriormente se trasladará al Batallón Rifles, en Caucasia, para reunirse con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y los alcaldes locales. Se espera que el encuentro determine medidas más fuertes para enfrentar la violencia que el Clan del Golfo y Los Caparros han sembrado en la población, lo que se ha traducido en una cosecha de desplazamiento forzado, asesinatos y tráfico de drogas.
Son 10 los profesores que anunciaron que no asistirán al inicio de la jornada académica de este 2020. A través de un comunicado, la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) informó sobre la situación de orden público en el Bajo Cauca por los recientes homicidios en la región. Los hechos de violencia fueron determinantes para que los docentes de la institución educativa La Caucana, en el sector de El Guaimaro, anunciaran cese de actividades académicas debido a la falta de seguridad en la zona. Desde la Secretaría de Educación de Antioquia se busca brindarles garantías. “Brindamos todas las garantías por parte de las autoridades departamentales, la inseguridad en la zona se debe a la confrontación de los grupos delincuenciales que buscan dominar el territorio”, dijo Luz Aida Rendón, subsecretaria de Educación de Antioquia. El coronel Giovanni Buitrago, comandante de la Policía de Antioquia hablo sobre lo ocurrido. "Se conoce que allí hay injerencia delincuencial tanto del Clan del Golfo como de Los Caparros, es posible que la hipótesis más fuerte sea la confrontación que ellos tienen en el tema del territorio, por el tema de manejo de las rentas ilícitas producto del narcotráfico", indicó el oficial. Agrupaciones defensoras de derechos humanos han denunciado estos casos. "Se siguen presentando desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, se siguen presentado homicidios con descuartizamientos en este territorio, lo que nos da a entender es que esta zona es dominada por todas estas estructuras que deambulan y se movilizan con gran facilidad por el territorio", aseguró Yesid Zapata, defensor del Proceso Social de Garantías en Antioquia. El lunes, el Gobierno Nacional y departamental harán presencia en el Bajo Cauca para revisar la situación de seguridad y tomar medidas de control en la región.
La enfermera Marilyn Pérez falleció el 6 de julio de 2020 debido al coronavirus COVID-19, cuando Barranquilla atravesaba por el pico más alto de la pandemia.“Mi hermana se encontraba trabajando en el hospital 13 de Junio de Soledad, donde decimos que allá le dio el COVID. Se complicó el 5 de julio a las nueve de la noche, la tuvieron que intubar; luego, a las nueve de la mañana, recibimos la llamada de que mi hermana había fallecido”, dijo Eliana Pérez, hermana de la enfermera.Aparte del dolor de perderla, la familia comenzó otro drama cuando llegaron a la clínica del Prado a reclamar el cadáver de Marilyn.“Pasaron casi dos horas y los señores de la funeraria ya estaban impacientes porque no encontraban el cuerpo de mi hermana. Hasta las cinco de la tarde que nos atendieron y nos dijeron que había habido un error al entregarlo”, afirmó la familiar.Desde entonces comenzó una batalla jurídica que terminó en una orden de exhumación de cadáver en un cementerio de Puerto Colombia, donde se suponía que estaba el cuerpo. La diligencia se realizó, pero lo que encontraron revivió el dolor de la familia.“Para encontrarnos con la sorpresa de que mi hermana no está en ese lote donde afirmaba la clínica del Prado que ahí estaba. Ahí estaba un señor rotulado con el nombre de José Muñoz”, sostuvo la hermana de Marilyn.Al parecer, el cadáver encontrado tampoco había sido ubicado por sus familiares en un caso similar al de Marilyn. Ahora, la familia de la enfermera que murió de 50 años tendrá que esperar otros cuatro meses una nueva orden de exhumación en la batalla para poder darle el último adiós.
La Corte Constitucional tumbó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tras estudiar la demanda que pedía derogar la ley con la que se creó dicho gabinete.El fallo, sin embargo, señala que como es un problema de trámite se da el plazo de dos legislaturas a la cartera para corregir esos errores, es decir, hasta el 20 de julio de 2023.Durante ese tiempo, el Ministerio de Ciencia podrá seguir funcionando.++YTCorte Constitucional tumba el Ministerio de Ciencia, Tecnología e InnovaciónDice que la cartera no estructuró debidamente su función y viola la Constitución. Sin embargo, le da un plazo para corregir esos vacíos.La Corte Constitucional tumbó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tras estudiar la demanda que pedía derogar la ley con la que se creó dicho gabinete.El fallo, sin embargo, señala que como es un problema de trámite se da el plazo de dos legislaturas a la cartera para corregir esos errores, es decir, hasta el 20 de julio de 2023.TAGS YT: Ministerio de Cultura, Corte Constitucional
Medellín se despertó este jueves 4 de marzo con una grave emergencia: una estructura de tres pisos se desplomó luego de una fuerte explosión.A las 2:30 de la madrugada, el barrio Robledo - Kennedy, en el occidente de la capital de Antioquia, se estremeció con el fuerte estruendo.La explosión provocó el desplome de tres pisos y nueve personas, todas de origen venezolano, resultaron heridas, una de ellas menor de edad.Además, más de 30 edificaciones vecinas terminaron con daños en sus infraestructuras.Sobre la zona de la vivienda quedó toda una placa pendiendo prácticamente de un hilo y expuestas, las camas, la ropa, las pertenencias de las personas que allí residían.“Hubo un acompañamiento de la comunidad, para levantar ciertos escombros, orientarlos y ayudarlos a salir del lugar”, dijo el coronel Daniel Mazo, comandante operativo de la Policía del Valle de Aburrá.La primera hipótesis de las autoridades sobre lo sucedido es una acumulación de gases; una supuesta pipeta abierta, cuyo combustible habría ocasionado la explosión. Policía y bomberos investigan.La onda expansiva también afectó de manera directa y estructural a tres viviendas contiguas. Todas debieron ser evacuadas.“De manera definitiva porque están en riesgo también de sufrir un colapso colateral junto a las viviendas del colapso que acaba de suceder”, explicó Alethia Arango, directora del Dagrd de la Alcaldía de Medellín.Las familias afectadas permanecerán evacuadas a la espera de las ayudas institucionales. Dos de los nueve lesionados continúan bajo observación médica.
En el barrio Roma, localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, se denunció que un ladrón abordó a un menor de edad, lo intimidó y lo obligó a que extrajera artículos de valor de su propia casa.“Aborda a mi hijo junto con su amigo, cerca de la casa en la localidad de Kennedy, lo amenaza de muerte y obliga a mi hijo a llevarse los objetos de valor”, aseguró la mamá de la víctima.El delincuente, tras varios minutos, esper en la esquina de la cuadra donde vive el menor. Una vez llegó, procedió a secuestrarlo y se lo llevó junto con sus pertenencias.“Se lo lleva en la bicicleta, lo secuestra por tres horas y lo lleva a la localidad de Bosa, dejándolo allí abandonado, aparte de eso, amedrentado”, anotó la angustiada madre.El bandido dejó en libertad al menor en el sector del Apogeo y este, por sus propios medios, pudo volver a su casa. La madre denuncia que no recibió ninguna clase de ayuda por parte de las autoridades mientras su hijo estaba perdido.“Me dirigí al CAI del barrio donde vivimos, la Policía nunca me ayudó. La Policía, al contrario, me cerró la puerta del CAI y me dijo que eso era con el cuadrante”, sostuvo.Este caso se suma otros denunciados recientemente por el Ojo de la noche de Noticias Caracol sobre delincuentes que, bajo amenazas de muerte, obligan a niños a sacar los objetos de valor de sus propias casas.Lo mismo pasa en MedellínEn la capital de Antioquia también se está implementando esta nueva modalidad de robo. Una mujer reveló cómo su sobrino fue amedrentado.“Un tipo se le acerca a hacerle una pregunta, ellos, normal, quisieron contestarles y el tipo sacó su revólver y lo encañonó. Le dijo que caminaran por toda la autopista, vía al norte de Medellín, que fuera a su casa y sacara el computador y el celular”, afirmó.Ya en la esquina de la casa del menor el delincuente utilizó la misma amenaza.“Llegamos a la esquina de tu casa, tu entras, sacas tu portátil y sacas tu celular, mientras tanto yo me quedo con tu compañerito acá, si hacen algún intento de que algún familiar salga o llaman a la Policía, ahí mismo mato a tu compañero”, señaló la familiar de la víctima.Campaña de prevenciónEn Bogotá, la Policía realiza campañas en los colegios de la ciudad y les explica a los alumnos y padres de familia, que instruyan a, los niños para que no se dejen engañar por extraños en la calle. En la capital de la República, esas retenciones no se han hecho con armas, sino con amenazas.“Es el acompañamiento con nuestros niños, el diálogo con ellos es importante para que ellos a nosotros nos quieran decir, como padres de familia, qué les está pasando, qué les pasó, se necesita un diálogo abierto con ellos”, dijo el coronel Yeison López, comandante de Protección de la Policía de Bogotá.Ya hay varias denuncias por esta nueva modalidad de robo. La Fiscalía ya las tiene y empezó las pesquisas para establecer si son delincuentes solos o bandas organizadas las que ejecutan estas acciones delictivas.¿Qué tipo de delito se configura en estos casos?Ante estos hechos, surge un debate sobre el tipo de delito que se establece en los mismos y cómo debe ser abordado por las autoridades.El sometimiento y la retención en contra de la voluntad de una persona son calificados por penalistas, con base en el Código Penal Colombiano, como secuestro.El exfiscal Mario Iguarán considera en este caso, no es un secuestro simple, sino extorsivo, “toda vez que se retuvo a una persona de manera ilegal con el propósito de dejarlo en libertad siempre y cuando se obtuviera de provecho una utilidad".Pero lo más grave es que las víctimas son menores de edad, algo que para los abogados penalistas llevaría a que los implicados en un eventual proceso no tengan beneficios jurídicos.“Esta conducta sí está tipificada en nuestro código penal como secuestro extorsivo y, por tratarse de menores de edad, las penas y los tratamientos de descuentos son muchos son severos y certeros en el sistema penal colombiano", indicó Diego Gutiérrez, abogado penalista.Entretanto, la abogada penalista Laura Kamila Toro anotó que "el delito de secuestro extorsivo parte de una pena de 20 a 28 años de prisión”.“Como esta conducta se comete contra un menor de edad, la pena se agrava y parte de 28 años a 40 años de prisión. Estas penas no tienen beneficios o rebajas por cometerse contra menores de edad", puntualizó.A pesar de que expertos calificaron los hechos como secuestro extorsivo, la Policía aseguró que se abstiene de calificar la conducta de los hombres que estarían sometiendo a los niños a estos delitos.
Una dramática situación están enfrentando las comunidades en Murindó, en el Urabá antioqueño. Decenas de familias indígenas amenazadas por grupos criminales huyen en medio de zonas minadas.El episodio no puede ser más desgarrador. La trocha la marca una fila de niños y mujeres indígenas del resguardo río Murindó, del Atrato medio antioqueño.Ellas en sus hombros llevan a los más pequeños y a la espalda, utensilios y algunas ropas. Pero acuestas también llevan la amenaza de guerrilleros del ELN que en otro acto de cobardía provocaron que estos colombianos tengan que cambiar sus vidas.La Organización Indígena de Antioquia (OIA) aseguró que el temor a caer en campos minados en antiguas zonas de agricultura y cacería generó la salida forzosa.“168 personas se vieron obligadas a desplazarse por amenazas expresas del ELN que, además, desde el mes de enero ha venido sembrando indiscriminadamente minas antipersonal en ambos resguardos confinando las comunidades y sometiéndolas a vivir en medio del hambre, la zozobra y el terror”, dijo Wilfer Sánchez, vocero de la OIA.El obispo de Apartadó afirmó que estos explosivos hoy tienen una víctima: la población indígena.“Los que más están sufriendo con las minas son las comunidades indígenas. Nadie sabe dónde son colocadas. Se ponen como una forma de un grupo para defenderse de otro, pero ponen en riesgo a una población que en su territorio busca sus alimentos”, subrayó monseñor Hugo Alberto Torres, el obispo de Apartadó.Y es que el pasado fin de semana, la víctima fue un niño de apenas 12 años que cayó en una mina y, para salvar su vida, toda la comunidad lo cargó por horas hasta llegar al río Atrato y luego lo llevó hasta Apartadó.