Después de 30 años de portazos e impunidad, la familia del defensor de derechos humanos Gustavo Salgado Ramírez por fin tiene una luz de esperanza para conocer la verdad sobre su desaparición forzada.Reviva otro informe especial: La fiscal de la Justicia Penal Militar que no iba a trabajarUna tragedia que empezó en noviembre de 1992 y en cuyo expediente reposan indicios de una posible participación de agentes de inteligencia del Estado tanto en el crimen como en la desaparición del cuerpo.Hablamos con la esposa de Gustavo Salgado, Patricia Jiménez Domínguez, y sus hijas. Noticias Caracol Investiga.Vea también: Así funciona por dentro el aeropuerto El Dorado, la principal terminal aérea de Colombia
Un total de 14 expedientes que cursaban en la Justicia Penal Militar contra militares y policías por delitos como homicidio, lesiones personales, peculado y concusión quedaron en la impunidad en los últimos años porque la fiscal que los tenía a su cargo, Elsa Saldaña de Mayorga, simplemente no iba a trabajar.“La señora no venía a trabajar. Ahí tenemos registros de que venía en ocasiones máximo 5 o 6 días al mes y de pronto venía unas horas, unas dos o tres horas, y nada más. Según entiendo, las secretarias le proyectaban las decisiones y su rol era revisar si estaban correctamente, firmarlas, y si no decir qué les falta o qué hay que hacer, pero ni así. Ni proyectándole las decisiones avanzaba”, denunció el director de la Justicia Penal Militar, José Reyes Rodríguez Casas, quien la declaró insubsistente el pasado 2 de enero.Justicia Penal Militar declara insubsistente a una de sus juezas por larga lista de irregularidades Informes administrativos, denuncias internas, entrevistas a funcionarios, entre otras pruebas, revelaron un patrón de conducta que Rodriguez Casas calificó como una abierta obstrucción a la justicia.“Lo más grave es que es un hecho patrón de conducta, sistemático. Es que no pasó en una ocasión ni en dos ni en tres, no pasó en un día ni en un mes ni en un año, venía pasando desde hace mucho tiempo y eso es una obstrucción sistemática a la prestación del servicio de justicia. Catorce procesos que han prescrito bajo la administración judicial de la doctora Saldaña de Mayorga adrede”, dijo el director de la Justicia Penal Militar.Según el alto funcionario, su propio equipo de trabajo en múltiples ocasiones le advirtió a la exfiscal Elsa Saldaña de Mayorga que esos procesos iban a prescribir y aun así no hizo nada.“La prescripción de la acción penal es lo más grave que le puede pasar a un caso penal porque significa que el Estado pierde la oportunidad de investigar y juzgar a un presunto delincuente o a una persona que posiblemente ha cometido un delito y entonces eso significa que es inferior a sus responsabilidades, que la administración de justicia en ese contorno, en ese contexto, no funciona, no sirve”, señaló Rodríguez Casas.Dos funcionarias de la Justicia Penal Militar le narraron al director Rodríguez Casas esta cadena de irregularidades en una entrevista. Omitimos sus nombres por la reserva de la investigación.La primera de ellas relató: “El problema es que ella viene cinco días, seis días al mes, o sea, ¿qué se puede avanzar en eso, doctor? Entonces, yo digo: cómo llega uno y encuentra procesos de 2015, 2016, 2017 que hizo el cierre y no se ha calificado. Doctor, no es justo que a una persona le paguen y no trabaje y nada pasa, es que esa señora lleva años haciendo eso y todo el mundo callado”.Otra funcionaria añadió en la entrevista: “Todo el mundo comenta y dice allá entre los mismos funcionarios: la doctora Elsa no viene a trabajar y no pasa nada, se está ganando su sueldo, está defraudando la administración, la administración de justicia, por Dios. Sí, de pronto ella está enferma, y seguramente sí está enferma a su edad, pero por qué la administración de justicia es la que tiene que cargar con eso”.Una de las declarantes, incluso, reveló que fue regañada por la hoy exfiscal porque no prendía la luz de la oficina que mantenía vacía. Ella recordó el episodio así: “‘Usted sabe que tiene que prenderme la luz, porque entonces se dan cuenta que yo no he venido. Y yo le dije: ‘Doctora, pero es que la misma doctora me dijo que por qué no apagaba la luz, que si no había una persona, que eso había una circular y es que eso siempre es así’. ‘Ay, sí, pero usted no se ponga a comer cuento de eso ni nada de eso. Esté o yo no esté, esa luz tiene que estar prendida’”.Según José Reyes Rodríguez, no se encontraron las incapacidades médicas que pudieran justificar las reiteradas ausencias laborales de la exfiscal Elsa Saldaña de Mayorga, quien duró más de 22 años en la entidad. Su sueldo mensual era de $13.420.000 y recibía anualmente por concepto de primas y bonificaciones $50 millones adicionales.Sobre las continuas dolencias de Saldaña, una de sus excolaboradoras agregó: “Ella dice que sufre de fibromialgia, que es una enfermedad que, pues dice ella, le afecta mucho su salud, que inclusive hay días en los que ella no se puede levantar de la cama del dolor que le da en el cuerpo. Desde que yo llegué siempre fue así. No venía, no venía, estoy enferma, esporádicamente enviaba incapacidades”.Noticias Caracol buscó a la fiscal retirada, quien negó que en su despacho se presentaran esas prescripciones. Además, Elsa Saldaña de Mayorga se quejó de que su secretaria jamás le ayudó a sustanciar los procesos, calificó como injusta su insubsistencia a cuatro meses de obtener su pensión y anunció acciones legales.Sobre su condición de salud, Saldaña manifestó a través de un mensaje de WhatsApp: “Es bueno saber que desde hace 10 años presenté un problema oncológico que me afectó a lo largo de todo este tiempo, desarrollando cuadros de ansiedad y depresión que no he podido superar, por el cual estoy medicada y (en) controles periódicos. Además de presentar fibromialgia y otras situaciones de salud que imperativamente disminuyen mi capacidad laboral, pero eso no insta a que trabaje a mi ritmo, pues desde la pandemia estoy pendiente de una cirugía del ojo derecho ya que tengo una catarata dura que me resta total visibilidad”.El director José Reyes Rodríguez, sin embargo, está convencido de que la exfiscal Saldaña de Mayorga defraudó a la justicia y por eso enviará todas las pruebas que recogió a la Fiscalía y a la Procuraduría.
Hace unos días, Noticias Caracol publicó un informe que reveló dudas sobre una empresa de aviación de la que era socio el candidato más opcionado para ocupar la dirección de la Aerocivil: el general retirado Henry Pinto.En ese momento, el general no respondió a este noticiero, pero después del informe, a través de sus abogados, envió algunas explicaciones que abren otros interrogantes. A continuación, esas versiones y nuevos detalles que encontró este noticiero, y que relacionan a varios exsocios del general en casos judiciales. Las sombras de un candidato a la AerocivilLa designación del nuevo director de la Aerocivil sigue en estudio mientras se analiza el nombre del más opcionado: el general en retiro Henry Pinto.“Se está haciendo el estudio de seguridad de que efectivamente las denuncias sean denuncias que estén soportadas y que haya elementos para que no se le designen, pero quien tiene la decisión es el presidente”, aseguró el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.Las turbulencias alrededor del nombre de Pinto las desató un informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que planteó una serie de interrogantes sobre el círculo empresarial que lo rodeó.En 2018, los medios de comunicación de Cartago registraron una rueda de prensa en donde se anunció la apertura de vuelos comerciales de pasajeros desde el aeropuerto Santa Ana de ese municipio hacia el Pacífico. Erróneamente Pinto fue presentado por varios medios de comunicación, entre esos este noticiero, como gerente de la firma AeroColombia.Pinto participó en ese evento en representación de la firma Transpacíficos, de la cual era socio. Allí también estuvo Luis Fernando Heredia, gerente comercial de AeroColombia, hoy capturado por narcotráfico.Aunque Noticias Caracol buscó insistentemente al general retirado para conocer su versión de este y otros episodios, no fue posible contactarlo. Solo posteriormente, y a través de una carta, su abogado negó cualquier relación entre él, AeroColombia y Heredia, este último capturado por la Fiscalía como el jefe de una banda mafiosa que usaba aviones privados para enviar cocaína al exterior."Jamás mi representado ha tenido relación con esa sociedad (AeroColombia) durante el tiempo en que supuestamente se investigó y capturó al ciudadano Luis Fernando Heredia (...)", aseguró el abogado de Pinto.Esta relación comercial también fue negada por la abogada que representa a la firma Transpacíficos, de la cual era socio el general Pinto desde el año 2015, cuando aún estaba en servicio en la Fuerza Aérea Colombiana: "Transpacíficos CIA SAS y AeroColombia no tienen ningún tipo de relación societario, ni de ninguna otra índole".Sin embargo, aunque los abogados niegan cualquier relación con Aerocolombia, documentos en poder de Noticias Caracol demuestran que sí existió un vínculo comercial que hoy desconocen:“La empresa Transpacíficos & CIA mantiene relaciones comerciales con nuestra empresa desde el año 2016 mediante el contrato de fletamento de aeronave. Durante este lapso de tiempo se han tenido transacciones hasta por un monto de 200 millones de pesos, cumpliendo satisfactoriamente con los compromisos adquiridos”, señaló la gerente de AeroColombia, Sandra Heredia, en una carta.AeroColombia, la empresa que tenía vínculos comerciales con Transpacíficos, terminó involucrada en un gran escándalo por narcotráfico. “Dentro de las 8 personas capturas se destaca Luis Fernando Heredia Bermúdez, alias ‘Feria’, gerente de AeroColombia, una empresa de viajes y turismo que utilizaba este individuo su cargo para agendar los planes de vuelo de los aviones que llevaban el estupefaciente”, señaló María Elena Monsalve, directora especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía.Transpacíficos, la firma de la que fue socio el general, atravesó por otra tormenta. Danilo Chávez, el mayor accionista de esa empresa, fue denunciado por la DEA y se declaró culpable en Estados Unidos por operaciones irregulares de transferencias de dineros desde Panamá, Venezuela y Rusia hacia Estados Unidos, sin contar con licencia para ello.Aunque se trataba del socio mayoritario de la empresa, el abogado de Pinto insiste en afirmar que el oficial retirado jamás supo de los graves problemas judiciales en los que estaba involucrado su socio principal en una corte federal."Acerca de las investigaciones administrativas que presuntamente se adelantan en contra del ciudadano Danilo Chávez, mi representado no tiene ninguna relación o injerencia en ellas, así como tampoco en alguna investigación que se estuviere adelantando en contra de ese ciudadano en otro país, de lo cual mi prohijado desconoce su existencia", señaló.Pinto dice desconocer - según afirma su abogado- de la existencia de un proceso contra el accionista mayoritario de esa empresa en Estados Unidos.Según las actas de la empresa Transpacíficos, junto al general Pinto aparecían como socios de esta compañía los hermanos Mateo, Danilo y Juan Sebastián Chávez Lozano. También su madre, María Isabel Lozano González, ha sido presidenta de la compañía.El patriarca de la familia es Danilo Alfonso Chávez Gil, un hombre que fue capturado en el 2000 como integrante de una banda conocida como Los Niches, vinculada, según las autoridades, al capo del norte del Calle Jorge Eliécer Asprilla, quien fue extraditado por el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.El padre de la mayoría de los socios de Transpacíficos fue condenado a 10 años de prisión, según informó el Tribunal Superior de Bogotá.La versión de Pinto solo se conoce por las comunicaciones que fueron enviadas por su abogado a este noticiero. Aunque resulta extraño, según su abogado, el experimentado oficial nunca supo que la empresa de la cual era socio hizo negocios con AeroColombia, compañía investigada por narcotráfico.También dice que desconocía que su compañero de junta en Transpacíficos estaba vinculado a proceso de la DEA en Estados Unidos. El general retirado no quiso contestar si sabía o no que el padre de sus socios era un condenado capo de la mafia.Según el abogado de Pinto, el exoficial desconocía todo el entorno que rodeaba la pequeña junta de socios de la que hizo parte el candidato más opcionado para dirigir a las casi 3.000 personas que hacen parte de la Aeronáutica Civil, una entidad que dentro de sus importantes funciones cumple un papel clave en la lucha contra el narcotráfico.
Elena Stashenko tiene una laureada hoja de vida académica, una extensa producción científica como doctora en química y la convicción de que las bondades naturistas que prometía el Dololed, un producto hecho supuestamente a base de caléndula, no eran reales. Debido a sus hallazgos en la Universidad Industrial de Santander sobre la presencia oculta de diclofenaco en este producto, en enero de 2020 el Invima decretó la alerta sanitaria, se suspendió su producción y se inició un proceso sancionatorio contra el laboratorio que lo produce.En contexto: Invima ordena dejar de producir Dololed por presencia de diclofenaco“Las personas que consumen medicamentos fitoterapéuticos deben saber qué es lo que consumen, debe haber un control de calidad mínimo de lo que consume la población, más aun si es un fitomedicamento, un fitofármaco que ha sido en su momento tan popular, tan usado, tan consumido por la gente”, dice Stashenko.Veinte meses después del revuelo que causó su investigación y que derivó en averiguaciones de la Procuraduría y la Superintendencia de Industria y Comercio, tutelas contra la UIS, señalamientos de abogados, derechos de petición y una denuncia penal en su contra, la científica rusa conversó con Noticias Caracol sobre este caso:La génesis de este caso fue un artículo del diario El Espectador que reseñaba las primeras indagaciones del grupo científico de la profesora Stashenko en 2018. En febrero de ese año un paciente le pidió al Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas de la UIS, que dirige Stashenko, que analizara una tableta del fitofármaco porque, según él, había tenido una reacción adversa. Ahí vino el primer hallazgo de diclofenaco.Para ampliar la muestra, en marzo de 2018 el equipo de investigadores compró en siete farmacias de Bucaramanga ocho cajas del producto. Las muestras fueron rotuladas y embaladas de acuerdo con los protocolos de química forense. Otra vez volvió a confirmarse la presencia de esta sustancia. Casi dos años después, en enero de 2020, se hizo una tercera prueba: el mismo grupo de investigadores adquirió 16 cajas de Dololed en droguerías autorizadas en nueve ciudades de Colombia: Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón en Santander; Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Yopal y Sabaneta, en Antioquia.El resultado fue el mismo, tal como concluye el estudio científico que fue remitido a la Superintendencia de Industria y Comercio: “En todas las tabletas analizadas en este estudio se detectó y se identificó el diclofenaco (…) Los productos comerciales del fitoterapéutico analizados en este estudio pertenecen a los lotes F726, F792, F800, F843 y F851”.Las publicaciones académicas y periodísticas contra Dololed llevaron a que Laboratorios Pronabell, productor del fitoterapéutico, emprendiera acciones legales para defender el buen nombre de la compañía. Además de criticar los hallazgos y poner en duda las muestras examinadas por la UIS, en enero de 2020, por el delito de injuria, fue denunciada penalmente la profesora Stashenko. En octubre de ese mismo año, sin embargo, los abogados de Pronabell desistieron de la querella y el caso fue archivado en favor de la científica.En cambio, el panorama se complicó para el laboratorio. La Superintendencia de Industria y Comercio les formuló pliego de cargos en marzo pasado y señaló: “Este despacho advierte que Laboratorios Pronabell S.A.S. (…) al parecer faltó a su deber de suministrar información clara, completa, veraz, suficiente, oportuna, verificable y precisa respecto de la composición, características, especificaciones y usos del producto Dololed, circunstancia que pudo ocasionar el consumo no informado de un componente de origen de síntesis química que podría desencadenar un evento adverso para la salud de los consumidores”.De allí que la profesora Stashenko añadiera: “Hay un producto, se hizo un análisis, se repitió muchas veces, 2018, 2020; se volvió a repetir, se usaron varios métodos científicos. El criterio de la verdad de la ciencia no es opinión, no es elucubración jurídica, es un resultado. Y esto es la ciencia, la ciencia es reproducible y la ciencia es tozuda. Bueno, tú puedes, digamos (decir) ‘no me gusta este resultado’, pero es tu problema”.La investigación de la científica Stashenko y su grupo de investigación advirtió, además, los peligros del consumo de diclofenaco en un producto supuestamente naturista. La literatura médica señala que el máximo permitido de este antiinflamatorio por día es de 150 miligramos.“El medicamento, este fitoterapéutico, es bastante exitoso. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen dolor y realmente personas con artritis, reumas, o sea, con dolores, toman diclofenaco y el dolor pasa. Y eso es lo que un ser humano vive: evitando el dolor. Entonces cuando se alivia del dolor se pone alegre y toma otra pastilla y tres pastillas al día y sigue repitiendo al día siguiente, sin saber que hay diclofenaco que también tiene su cantidad límite de ser tomado. Nos vendieron la idea que lo natural es inocuo y si es natural lo puedes infinitamente tomar, pero la cicuta también es natural y la cicuta acabó con la vida de Sócrates”, dice Stashenko.Durante dos días el equipo periodístico de Noticias Caracol acompañó a los profesores e investigadores del laboratorio que dirige Stashenko en la Universidad Industrial de Santander. Para efectos periodísticos, accedieron a mostrar en cámara el proceso científico utilizado en el caso Dololed. Así, volvieron a tomar una tableta del producto analizado en 2020, cuyas muestras reposan en una caja fuerte. A un lado estaba la caléndula. De las 30 tabletas que tiene cada caja se tomaron cinco pastas al azar. La factura de la compra del fitofármaco fue puesta sobre la mesa.“Claro que hay muchas personas que pueden dudar de tus resultados, pero tú tienes detrás de un número toda una serie de evidencias que permiten demostrar que se hizo bien”, asegura el investigador químico Andrés Fernando González.Tras el proceso de pulverización de las pastillas, se toma una muestra, se lleva a las balanzas, se determina un peso específico y se hace la extracción para los equipos de cromatografía acoplada y espectrometría de masas. Mientras dura el proceso, se toman los tiempos y se sigue el método aplicado para identificar y descomponer todas las moléculas del producto, le pregunto al investigador Cristian Andrés Oliveros cómo ha sido el último año.“Somos químicos analíticos, nos forman para que los resultados que mostremos sean resultados idóneos, que sean veraces, que sean contundentes, pero nunca en una carrera universitaria nos enseñan o nos forman sobre las consecuencias que puede traer el decir la verdad de un resultado que encontremos. Y allí es donde digo que el impacto es fuerte porque uno no está preparado para todo lo mediático. Para nosotros el resultado es la verdad porque detrás de esto está el método científico”, relata.Muy pronto llegan los resultados. El investigador González señala mostrando los hallazgos en el computador: “Este es el pico cromatográfico de diclofenaco que aparece en el extracto del producto fitoterapeutico Dololed”. A lo que añade la profesora Stashenko: “Entonces es un análisis contundente, es un análisis confirmatorio que permite ver la presencia de diclofenaco en la muestra. No ver la caléndula. Y confirmar la naturaleza química de esta sustancia”.Le puede interesar: Los niños fusilados de la Operación BerlínCamilo Araque Blanco es el promotor de una acción popular contra el Invima y la Superintendencia de Industria y Comercio por la presunta omisión de estos entes en el control y regulación de estos productos que se dicen naturistas.“El caso Dololed es el caso mejor documentado desde la entrada en vigencia del Estatuto del Consumidor. Tenemos la intervención de la Procuraduría General, tenemos una alerta sanitaria, un proceso incurso del Invima sancionatorio, un pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio y dos informes técnicos de la mejor científica de Colombia, la doctora Elena Stashenko, de la UIS de Bucaramanga. Todos estos documentos apuntan a que Dololed dentro de sus ingredientes tenía un químico sintético no declarado como el diclofenaco”, advierte.En los próximos días Araque Blanco radicará otra acción legal que busca que Laboratorios Pronabell les devuelva a los consumidores el dinero que obtuvo por la venta de este fitofármaco cuestionado en los últimos años. “En el caso de la acción de grupo se pretende que Laboratorios Pronabel sea condenada al pago obtenido por las ventas del producto Dololed tanto individuales como globales. Suma que equivale a más de 63 mil millones de pesos, según la certificación expedida por el propio revisor fiscal de esta compañía”.Noticias Caracol consultó a Julio César Aldana, director de Invima, sobre este proceso. Según dijo, la entidad ha tomado acciones contundentes para atender esta controversia. “En este momento, muy seguramente yo le puedo llegar a decir, con la evidencia que hay es posible que exista una sanción pecuniaria sobre el laboratorio”. Y agregó: “Es claro que se encontró producto en el mercado que contenía una sustancia que no estaba autorizada y muy seguramente esto va a llevar y de hecho ya llevó a una sanción. Le repito, ya se suspendieron las actividades de producción del laboratorio temporal y totalmente”.El alto funcionario manifestó que espera fallar de fondo este caso antes de que culmine este 2021.En la otra orilla de este proceso está la defensa de Laboratorios Pronabell. En diálogo con este noticiero el abogado Carlos Sánchez Cortés aseguró que no reconocen los resultados del laboratorio de la UIS y que van a probar al final que Dololed es un producto cien por ciento natural a base de caléndula.“Solamente analizando ese estudio, ese resumen, ese informe ejecutivo, pudimos constatar a través de un perito que ha contratado la compañía que el laboratorio no cuenta con los avales que le permitan practicar pruebas que le permitan concluir que, efectivamente, el producto cuenta con diclofenaco porque no cumplen con un requerimiento normativo y que tampoco las máquinas cumplen con ese requerimiento normativo. Ese es un tema realmente técnico”, sostuvo Sánchez Cortés.El abogado, además, se quejó de la científica Stashenko y su grupo de investigación, pues, según él, no han colaborado como corresponde para adelantar los procesos administrativos o los peritazgos legales y agregó que pruebas de laboratorio contratadas por ellos han determinado que Dololed no ha tenido adulteraciones ni ingredientes ocultos.“En su momento, cuando se presentó la alerta sanitaria, en una declaración pública que hizo la firma como apoderada de Laboratorios Pronabell manifestó que era muy probable que se hubieran presentado suplantaciones, adulteraciones o falsificaciones de ese producto que estaba circulando a través, obviamente, del comercio y que estaba siendo consumido por diferentes personas en territorio colombiano”, indicó.Según Sánchez Cortés, entre agosto de 2020 y agosto de 2021 se documentaron 12 casos de venta ilegal del producto Dololed por compañías no autorizadas, pues el fitofármaco fue suspendido por el Invima. Una prueba más, dice, de la suplantación del producto. Le insisto al abogado sobre los hallazgos de la profesora Stashenko y su grupo de investigación y le recuerdo que analizaron muestras de Dololed en nueve ciudades del país.“¿Puede uno atribuirle a un mercado pirata esa coincidencia máxima?”, le pregunto. “Es probable, es un tema que no me corresponde a mí señalar, es un tema que nos corresponde señalar con pruebas”, contesta.Al margen de la controversia, la última palabra será del Invima, la Superintendencia de Industria y Comercio y los jueces administrativos. Mientras ello ocurre la profesora Stashenko y su equipo continúan escarbando en otros productos que dicen ser naturistas: “Hubo una curiosidad de mirar otros fitomedicamentos o fitoterapétuticos y también hubo hallazgos de otras sustancias, o sea, quizá están avalados por Invima, pero tienen estos componentes que no están descritos en la caja”. “¿O sea, un caso igual al de Dololed?”, le pregunto. “Sí, similar”.Es decir, vienen nuevos hallazgos.
El empresario Fernando Suárez González también figura en el rastreo de otra cadena de irregularidades para asegurar contratos en el sector del transporte en Barranquilla.En varias conversaciones de 2017 con el abogado Leonardo Enrique Jiménez, funcionario de la secretaría de control urbano y espacio público de la alcaldía, se habrían pactado las condiciones para beneficiar a la empresa FSG a cambio de unos pagos. Los chats revelan que el contratista obtuvo la información de sus competidores y la indicación de la propuesta.Leonardo Jiménez (alcaldía de Barranquilla): Estas fueron las empresas que manifestaron interés. Le pregunto: ¿esas empresas son de Bogotá?Fernando Suárez González: Sí, todas de Bogotá.Leonardo Jiménez: En la propuesta trate de bajar lo más posible.Fernando Suárez González: (...) Entonces quedamos así. Revisamos bien lo del tonelaje.Leonardo Jiménez: Ok.En este caso, se encontraron soportes bancarios de que el empresario Suárez le consignó 10 millones de pesos al abogado Jiménez por concepto de “gastos barranquilla”, el 31 de julio de 2017.Los investigadores creen que ese habría sido el pago por ajustar varios negocios y así lo reseñan en la investigación. Jiménez tampoco contestó el mensaje enviado por Noticias Caracol para conocer su versión.Algo parecido ocurrió en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en 2019. FSG quería obtener un contrato por 15.734 millones de pesos para prestar el servicio de transporte de la entidad.Para ello, según la SIC, se contactó con Luz Elena Duque Santana, funcionaria de la dirección financiera de la CAR. Según la SIC, Duque Santana había sido encargada de proyectar el análisis del sector de transportes especiales y los pliegos de condiciones definitivos y de la evaluación técnica de las ofertas de este proceso.En este caso hay dos particularidades: FSG, en efecto, se ganó el contrato, y segundo, Duque Santana recibió de FSG 34 consignaciones por un valor total de 60 millones de pesos entre octubre de 2018 y agosto de 2019. Algunas de ellas fueron marcadas con el concepto de "comisión", según los chats.Noticias Caracol consultó a Luz Elena Duque Santana, quien aseguró que su única relación directa con Suárez fue por la compra que le hizo de un carro minicooper: “Yo recibí ese dinero ya que para nadie es un secreto en la corporación que el señor Fernando se dedica a venta de vehículos (…) Y le compré el carro a él. El tema es que el carro no salió en óptimas condiciones. Yo lo arreglaba y otra vez, lo arreglaba y otra vez. (...) Entonces él me decía arréglalo y yo te devuelvo lo que valga el arreglo”.En relación con la licitación que se ganó la compañía de Fernando Suárez en la CAR, la funcionaria explicó: “Yo proyecto un estudio de mercados como se ha proyectado siempre y en todos los procesos, pero mi parte llega hasta ahí solamente, hasta proyectar. La decisión, quién se lo gana, por qué se lo gana, yo no tengo injerencia en eso”.Además de presuntamente entregar sobornos y cuadrar a funcionarios para obtener contratos, la SIC tiene pruebas de que diez empresas de transporte más se habrían aliado para repartirse las entidades públicas con las que operaban. Por ejemplo, se autosaboteaban a propósito para descalificarse mientras simulaban competir con la empresa que debía quedarse con el negocio.Aunque no siempre la cosa fluyó y de ello da prueba el siguiente chat grupal en donde varios empresarios se agarraron.Jorge Riveros (Empresa Escolytur): Buenas noches, la verdad estoy muy molesto y quiero dejarlo en conocimiento de todos. Como es bien sabido las únicas entidades en las que está Escolytur son la Secretaría de Integración Social y la de Educación y no me parece justo que JR Y TRANSARAMA se presenten al grupo de los micros, ya que ese contrato es mío desde que se creó esta alianza.Jorge Riveros (Empresa Escolytur): El fin de esta alianza fue defender los contratos que tenemos y traer nuevos contratos. No ‘lagartearnos’ los contratos que ya tenemos entre las empresas de la alianza.Fernando Suárez González: Listo, estoy de acuerdoMauricio Betancourt (Empresa JR): No estoy de acuerdo porque no estamos lagarteando nada, estamos participando en una subasta. Y si el que tiene el contrato es Escolytur, pues se le respeta.Lida Chacon (Empresa Lidertur): (...) Este tipo de cosas no se deberían tratar por acá, si bien hay diferencias debería citar a una reunión y hablarlas.Según la SIC, en esa repartija se habrían pagado entre las mismas empresas para permitir que una u otra tomara la delantera en los procesos de contratación. Eso indicaría este chat entre Fernando Suárez y Javier Vargas Prieto, de la compañía Cootaxiexpress, quien estaría negociando a espaldas de sus jefes.Javier Vargas (Cootaxiexpress): Hola Fernando. En la licitación de la alcaldía de Bogota el contrato es por $243 millones. Ya revisé y puedo subsanar (la propuesta). (...) Le propongo (que me entregue) 10 millones y me hago el huevón para dejarlo solo a usted en la subasta. Pero confírmeme porque hasta mañana hay plazo y quiero evitarme la fatiga...Fernando Suarez González: No. 5 millones. Para usted solo.Javier Vargas (Cootaxiexpress): Deme los 10! Se gana el contrato y se ahorra 14 millones. Hágale hombre que yo me he portado bien desde que empezamos a trabajar juntosFernando Suarez González: Y conmigo es ‘chan con chan’.Javier Vargas (Cootaxiexpress): Bueno, 10 millones y me duermo con la Alcaldía de Bogotá.Cootaxi y FSG eran los únicos proponentes para la selección de la Alcaldía de Bogotá. Al final, Cootaxi no enmendó los requisitos que le faltaban, tal como se pactó, y FSG se llevó el contrato por 243 millones.Por ahora, los investigados por la SIC están alistando su defensa. Entre tanto, el organismo de control ya les envió a la Fiscalía y a la Procuraduría copia de su investigación para que también se pronuncien sobre este presunto cartel del transporte especial.
Para la docente Sassen las grandes ciudades están generando más incomodidades que beneficios en la población. “Es difícil vivir bien. Debemos reducir los tamaños de las grandes ciudades para que sean más manejables y agradables y más en juego positivo con la naturaleza”, explica.Y es que para ella no hay ninguna razón para tener estas ciudades de magnitudes como las de Sao Paulo o Nueva York, “que se extienden por un territorio enorme, donde los únicos que tienen ventaja son la gente rica y los negocios, pero también para la gran mayoría de personas modestas y otras no tan modestas. Es negativo”.Según sus cálculos, estas ciudades grandes sirvieron bien hasta un momento, “pero a partir de los 80 se debió entender que concentrar todo en la gran ciudad solo les conviene a ciertos sectores económicos, pero no a la mayoría”.Aconseja, por ejemplo, descentralizar las operaciones económicas y llevarlas a ciudades de medio tamaño.“Tenemos que reconocer que las nuevas generaciones tienen otras preferencias, otras cosas más importantes. Un coche de marca no es tan importante, vale más una buena bicicleta y un espacio para usarla”, es su lectura sobre lo que se vive en la actualidad.La mirada de la socióloga hacia la situación de la pandemia es que “el coronavirus no va a cambiar nuestras vidas para siempre, porque ya hemos tenido situaciones como estas. Cambian un poco, algo. Lo que realmente es la diferencia en este periodo, con este virus, es que nosotros hemos destruido más y más tierras en el mundo, entonces les va quedando menos lugar a los virus, así que nos los encontramos en nuestras casas”.
Las tierras en Chivor, Boyacá, fueron usurpadas por paramilitares a Víctor Quintero en los ochenta. Beneficiados esperan que invasores acepten la decisión.
Indígenas zenúes advierten que mientras Eder Espitia disfruta de lujos a costa de recursos públicos, ellos no pueden acceder a servicios de salud en Córdoba.
En Córdoba vive quien figura como último representante legal de la firma que, con documentos de un grupo musical, ha ganado millonarios contratos de obras.
José Alejandro tiene 15 meses pero la talla y el peso de un bebé de 3 o 4. Pese a las súplicas de la trabajadora social, sus padres creen que no necesita un médico.
En Medellín ya se completó el cerramiento con vallas y un dispositivo de seguridad en la Plaza de Botero. Esta medida ha generado polémica entre comerciantes y líderes culturales quienes mediante una carta la catalogaron como un ataque contra el patrimonio cultural.Esculturas de la Plaza de Botero, el regalo del maestro que son un orgullo para los medellinensesA simple vista desde las calles, ya no se logran percibir las esculturas del maestro Botero. Estas vallas de la Policía Nacional se instalaron ante una orden de la alcaldía como medida para combatir la mendicidad, las basuras y la inseguridad. Los comerciantes aseguran que sus ventas han disminuido.“Sí nos afecta porque el turismo, el mercado, está allá adentro. Nos sacaron a todos, cerraron todo, no estamos vendiendo lo que se vendía adentro. Solamente he vendido $10.000, si estuviera adentro ya hubiese vendido $80.000”, indicó Joel Fermín, comerciante de la Plaza de Botero.La decisión cayó como un baldado de agua fría para sectores culturales. 50 ciudadanos hicieron una carta en la que piden una intervención social urgente ya que la restricción, dicen, no va a acabar con la problemática.Ómar Rodríguez, subsecretario de Seguridad de Medellín, indicó que “las decisiones del señor alcalde están encaminadas con ese objeto del orden y la protección sobre todo de ese patrimonio cultural". Estos cerramientos también se podrían hacer, según las autoridades, en el Parque Lleras y en el Parque Berrio.¿Sabía usted que Fernando Botero hizo dos murales?Del maestro Fernando Botero se conocen esculturas y pinturas, pues las ‘Las Gordas’ se han dado el lujo de estar expuestas en las principales galerías de arte, los Campos Elíseos y, por supuesto, en la Plaza Botero en Medellín.Pero lo que pocos saben es que, en su juventud, Fernando Botero pintaba murales. Pintó solo dos: uno en Pietra Santa y el otro está en Medellín, data del año 1959.“El mural era reconocido por unos pocos, casi que era un tesoro de expertos. Una obra monumental, con toda la fuerza de ese Botero de los años 60 ”, comunicó María del Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia.‘El Jinete’ permaneció casi escondido en el sótano de un banco, que luego fue un parqueadero y ahora el mural que Botero pintó a sus 28 años, fue trasladado al Museo de Antioquia, en medio de una complicada operación en la que será necesario una grúa de construcción.“Hay que sacarlo con sumo cuidado de su lugar natural, traerlo por las calles del centro de Medellín, levantarlo, va a subir unos 24 metros para poder entrar por el único lugar que tiene esa sala del segundo piso”, manifestó la directora del Museo de Antioquia.Otra fábrica consumida por un incendio en Medellín: van tres en el Valle de Aburrá
Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, calificó como una copia de la primera sentencia el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó su condena de 17 años de prisión por el caso de Agro Ingreso Seguro.“Estamos tranquilos. Al fin y al cabo, la injusticia es mejor padecerla que infringirla. Nosotros, por lo menos, podemos dormir tranquilos”, aseguró Andrés Felipe Arias.La ratificación de la condena a Andrés Felipe Arias se realizó en medio de una audiencia pública en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.Andrés Felipe Arias, que estuvo acompañado por su esposa y abogados, dijo que no siente garantías tras la ratificación de su condena: “Fue como un copy – paste de la primera sentencia. Si nos atenemos a ello, con respecto a la celebración de contratos en el incumplimiento de los requisitos, a todos los ministros de Agricultura los van a tener que meter a la cárcel. Esto que iba dirigido contra mí es una revancha ya sabemos contra quién”.La Corte, al hacer una revisión especial de estos casos que eran de única instancia para aforados, determinó que no se presentó ningún error en la decisión inicial.“Deja en firme la sentencia impugnada al encontrar la Sala de Decisión que los reparos probatorios formulados por la defensa tendientes a mostrar que Arias Leyva no es responsable de los hechos por los cuales fue procesado carecen de razón y no afectan la legalidad de la condena”, resaltó Gerson Chaverra, magistrado de la Corte Suprema de Justicia.El exministro Andrés Felipe Arias dijo que acudirá a instancias internacionales para demostrar que es inocente mientras sigue cumpliendo su condena bajo modalidad de detención domiciliaria.Agro Ingreso Seguro y Andrés Felipe AriasEl escándalo de Agro Ingreso Seguro en el que se vio envuelto el exministro está relacionado con unos préstamos a bajo interés que, durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), se entregaron a grandes terratenientes para que compraran sistemas de regadío, pese a que dichos créditos estaban enfocados a beneficiar a pequeños agricultores.El expresidente Uribe ha defendido a Andrés Felipe Arias y ha sostenido que "no se robó un peso”.Durante el gobierno de Álvaro Uribe, Arias asumió primero como viceministro de Agricultura en 2004, y como ministro de esa cartera en 2005. En febrero de 2009 renunció al cargo y se postuló como candidato del Partido Conservador en las elecciones presidenciales de 2010, en las que Juan Manuel Santos ganó.
La tensión entre el presidente Gustavo Petro y Claudia López por el metro de Bogotá creció con anuncios hechos en sus cuentas de Twitter. Un trino de la mandataria de la capital profundizó las diferencias con el jefe de Estado.Claudia López dice que “contrato del metro lo firma la Empresa Metro de Bogotá, no la Presidencia”“El contrato de la Linea 1 del metro lo firma la Empresa Metro de Bogotá no la Presidencia. Saltarse otra vez a la alcaldía no es respetuoso ni viable. La solicitud directa que hizo el presidente al consorcio ML1 fue respondida: no es viable modificar el contrato para subterranizar”, trinó Claudia López.El pronunciamiento de López se dio luego de un trino del jefe de Estado en el cual anunció que adelantará su viaje a China para buscar alternativas con el gobierno de ese país para modificar la primera línea del metro de Bogotá, que el presidente Petro quiere que sea subterránea.La tensión política por el metro de Bogotá tiene en vilo los proyectos de movilidad de la capital, mismos que son cofinanciados por el Gobierno nacional y que requieren 60 billones de pesos para su realización, el 70% de los cuales estarían en entredicho por la advertencia del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien dijo que tendrían que parar si no se modifica la primera línea del metro.“Son fundamentales para la integración regional y para el transporte público de Bogotá: la segunda línea del metro de Bogotá, el Regiotram del norte, la calle 13 y los accesos que tenemos al norte y al sur", explicó el director del IDU, Diego Sánchez.Desde el Concejo de Bogotá, en pleno, enviaron una carta al presidente pidiéndole no obstaculizar los proyectos de infraestructura de la ciudad.“Esto es un chantaje, amenaza y extorsión para los proyectos de infraestructura social de los bogotanos, vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas y constitucionales”, declaró el concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas.Tras aviso a Claudia López, ¿cuáles son las obras cofinanciadas por el Gobierno que están en riesgo?Petición que se dio en medio de tensiones en el cabildo distrital, donde el petrismo ejerció una férrea defensa a las decisiones del jefe de Estado.“Es echar para atrás ese trencito alimentador de los buses que dejó amarrado Enrique Peñalosa y que defiende su pupila Claudia López. Yo celebro la decisión y me alegra mucho que hay una vía legal para lograr esto”, manifestó el concejal del Polo Democrático Carlos Carrillo.Las tensiones por el metro de Bogotá también escalaron al Congreso, donde se prepara un debate de control político en contra del ministro de transporte, Guillermo Reyes, por sus declaraciones sobre el futuro del proyecto.
Carolina Corcho, ministra de Salud, socializó la reforma a la salud con gremios médicos y asociaciones científicas de todo el país.Durante su presentación, aseguró que se implementarán centros de atención primaria, el plan de prevención y el traslado de equipos extramurales, que costaría 24,5 billones de pesos.Aunque los asistentes se mostraron de acuerdo con propuestas como eliminar la intermediación financiera y la atención primaria, expresaron su preocupación por la forma en la que se realizaría la transición.Más sobre la reforma a la saludNoticias Caracol conoció el documento de cuatro páginas que le entregó al gobierno Alejandro Gaviria, exministro de Salud y hoy jefe de la cartera de Educación en el que sustenta sus reparos a la reforma a la salud que promueve su colega Carolina Corcho.En su primera reflexión sobre la reforma a la salud, Alejandro Gaviria dice que no hay un diagnóstico claro del sistema y pide analizar lo que funciona y lo que no, evaluar las capacidades instaladas sin arrancar de ceros y digerir las realidades territoriales.Afirma que la reforma a la salud insinúa que la mayor parte de problemas están en la administración privada del sistema y no en la pública, “como si eliminar las EPS resolviera la insostenibilidad financiera, la corrupción y desigualdad territorial”.Encuesta sobre el sistema de salud: ¿qué quieren los colombianos que mejore?Alejandro Gaviria cita como ejemplo el subsistema de salud del magisterio, que no tiene EPS, y dice está en dificultades financieras y, en comparación con el régimen contributivo, tiene tres veces más quejas por cada mil afiliados."La experiencia con pagadores únicos es desastrosa”, señala el ministro de Educación.
La creadora de contenido Luisa Castro, quien fue pareja del también influenciador La Liendra, compartió en sus redes sociales un video que puso a especular a más de uno sobre la relación amorosa que ahora mantendría con el cantante de música urbana Reykon.Lea, también: Así luce el increíble penthouse que compró Luisa Castro en MedellínA través de la opción de historias en Instagram, la antioqueña subió un metraje en el que se le observa acariciando a su mascota, esto acompañado de la palabra “casa”. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los seguidores de la influenciadora, pues en su mano llevaba un anillo que muchos asumieron era de compromiso.Dicha publicación fue replicada por páginas dedicadas al entretenimiento, en donde los usuarios de la web dejaron comentarios como “Cambió un Twingo por un Ferrari”, “Esa nena es hermosa y los dos son discretos” y “Se merece lo mejor”.Otros por su parte criticaron el significado del accesorio.“Ya no puede tener un anillo porque se va a casar”, “Qué ridiculez”, “No creo que se vayan a casar”, manifestaron.Hasta la fecha, Luisa Castro no se ha pronunciado sobre el video que generó diversas reacciones en las redes sociales. Sin embargo, en Instagram, le preguntaron sobre su pareja, hecho por el cual compartió una fotografía en la que se le ve abrazando a su novio aunque a este no se le veía el rostro. Luisa Castro y ReykonLa creadora de contenido Luisa Castro dio de que hablar en las redes sociales tras compartir en diciembre de 2022 la que sería su primera fotografía con el cantante de reguetón Reykon, por lo que se asegura que tendrían una relación.La antioqueña publicó una serie de videos en los que se observa cómo vivió el día de Navidad junto a su familia.Sin embargo, un aspecto que llamó la atención para los internautas fue que, en una de las imágenes, se apreciaba al intérprete de 'La santa'.Luisa Castro acompañó la publicación con los emojis “😍💘”.Le puede interesar: ¿Yina Calderón no podrá inaugurar su spa de cerveza? Vecinos protestaron frente al lugar
