Cinco policías fueron suspendidos en India por la manera en que investigaron la violación en grupo y el asesinato de una mujer de 19 años, que conmocionó al país y provocó varios días de protestas.La joven fue encontrada gravemente herida a mediados de septiembre a las afueras de su aldea, en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de India, y murió esta semana en un hospital de Nueva Delhi.La policía, que arrestó a cuatro hombres de una casta superior por violación en grupo y asesinato, fue muy criticada por su decisión de incinerar el cuerpo de la mujer en plena noche, al parecer usando gasolina, en contra de los deseos de su familia y de la costumbre religiosa.Un policía de alto rango provocó aún más indignación el jueves al afirmar que un informe forense y una autopsia habrían demostrado que la mujer no había sido violada.Esto contradice las declaraciones de la víctima y de su madre y los hechos constatados en el hospital, según la prensa. Según los expertos, la prueba forense de la policía se llevó además a cabo demasiado tiempo después del ataque.(Otras noticias: Recordado actor fue víctima de violento ataque mientras caminaba por Nueva York)El primer ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, anunció el viernes por la noche la suspensión del jefe de policía del distrito de Hathras y de otras cuatro personas.Este monje hindú y aliado cercano del primer ministro Narendra Modi también anunció que la familia de la víctima y los policías acusados y suspendidos se someterían a pruebas de detección de mentiras y test de drogas.El viernes alrededor de 500 personas, incluido el ministro principal de la capital y un destacado político dalit, se manifestaron de nuevo en el centro de Nueva Delhi para exigir justicia.
El bloqueo de las vías de Gurugram, cerca de Nueva Delhi, para frenar la propagación del coronavirus, no fue impedimento para Jyoti Kumari.Ella necesitaba llevar a su papá hasta el estado de Bihar, a más de mil kilómetros de distancia, para buscar atención médica.Tomó su bicicleta y con él, que iba sentado en la parte de atrás sosteniendo sus pertenencias, recorrió 1.200 kilómetros en siete días."Venimos de Gurgaon (como también se conoce la región). Mi padre tuvo un accidente, así que no lo pensé dos veces y lo traje con mi bicicleta", dijo la menor de 15 años.El arduo viaje con su padre en bicicleta fue noticia. Su resistencia llamó la atención de la Federación de Ciclismo de India, que le ofreció a Jyoti la oportunidad de una prueba para integrar el equipo del país.Incluso la hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, elogió los esfuerzos de la menor.“¡Esta hermosa hazaña de resistencia y amor ha capturado la imaginación de los indios y la federación ciclistica!”, trinó Ivanka.Jyoti dijo que quería continuar con sus estudios y la federación le ofreció ocuparse de su formación.Ahora se espera que viaje a Nueva Delhi después de que se levanten las restricciones en el país.
Las autoridades de ese país demuestran toda su creatividad a la hora de evitar los contagios. La Policía de Nueva Delhi, capital de la Inda, se ingenió una particular manera para concientizar a las personas obre los riesgos del nuevo coronavirus COVID-19. Con trajes blancos protectores y cascos en forma del virus, recorrieron varias calles de la ciudad anteriormente mencionada. Esta campaña es un intento de ese gobierno para convencer a esas personas de poner en práctica los protocolos sanitarios y así evitar los contagios del virus. Se une a la que se realizó en la ciudad de Tamil Nadu, en la que las autoridades sanitarias metían en una ambulancia con un supuesto contagiado con coronavirus a las personas que violaban las medidas de bioseguridad. Hasta la mañana del 28 de abril de 2020 en la Inda se habían presentado 29.974 contagios de COVID-19 y 937 muertes a causa del virus.
Se presentó durante la madrugada de este domingo en un barrio antiguo y sobrepoblado de la capital de India. Fueron rescatadas 58 personas. Dentro de la edificación dormían algunos empleados. Las familias devastadas contaron que hacia las cinco de la mañana recibieron llamadas de los obreros que suplicaban que les liberaran de las llamas en el barrio comercial de Sadar Bazar, un gran mercado de venta al por mayor poco iluminado. Las víctimas son "obreros que dormían en el interior del edificio de cuatro o cinco pisos", dijo a la AFP Sunil Choudhary, jefe adjunto de los bomberos de Nueva Delhi. El edificio albergaba varias unidades de producción en las que se fabricaban mochilas escolares y material de embalaje, lo que agravó el incendio, afirmaron responsables indios. Las autoridades locales anunciaron un balance de 43 muertos. La Policía y los Bomberos afirmaron que al menos 58 personas habían sido rescatadas. Asfixiadas "Durante el incendio, las personas no sabían cómo salir", contó Mohammed Khalil, un testigo. "La mayoría de las personas que murieron estaban durmiendo cuando comenzó el incendio y fallecieron asfixiadas", explicó Monika Bhardwaj, comisaria adjunta a cargo de esta zona del norte de Nueva Delhi. En numerosas ciudades indias, las fábricas y talleres se sitúan en barrios antiguos y modestos, donde los alquileres tienen precios asequibles. Por la noche, los trabajadores más pobres duermen en sus lugares de trabajo. Muchos de estos empleados son migrantes y esto les permite ahorrar dinero. Los vecinos de la zona llamaron a los servicios de emergencia al ver el fuego. Los bomberos tuvieron dificultades para acceder hasta las personas atrapadas por las llamas, debido a la estrechez de las callejuelas que rodean el mercado. Cerca del lugar del drama, en el exterior de una morgue, familiares de las víctimas acudieron para identificar los cadáveres. "Esta tragedia era inevitable", afirmó Naushad Ahmad, que buscaba a un amigo desaparecido. "Solo había una entrada y salida en el edificio, y todos los contadores de electricidad estaban instalados cerca de la puerta principal. La gente no tenía ninguna oportunidad de salir", añadió. Migrantes Otras personas presentes seguían sin tener noticias de sus familiares. "No sé si están vivos o muertos", explicó Noorjehan Bano, que esperaba cerca de un hospital. Su padre y su cuñado trabajaban y vivían en la fábrica. Varios allegados de las víctimas afirmaron a la AFP que la mayoría de los obreros eran migrantes provenientes del estado indio de Bihar, una de las regiones más pobres del país. Algunos cobraban solo 1.000 rupias al mes (14 dólares), añadió. Todavía se desconocen las causas de este incendio mortal, el peor ocurrido en Nueva Delhi desde la muerte de 59 espectadores en un cine en 1997, afirmaron las autoridades indias. Pero el director de los servicios de incendios de la ciudad afirmó a la agencia Press Trust of India (PTI) que el lugar no respetaba las normas antincendios. La desorganización y la ausencia de medidas de seguridad a la hora de construir y de trabajar provocan a menudo estos accidentes. Este incendio es "particularmente atroz. Tengo en el pensamiento a aquellos que han perdido a sus seres queridos", declaró el primer ministro Narendra Modi en Twitter. "Las autoridades están brindando toda la ayuda posible en el lugar de la tragedia", agregó.
Al menos 17 personas fallecieron debido a la conflagración en un hotel del centro de Nueva Delhi. El fuego se declaró en el Hotel Arpit Palace, situado en un barrio denso y céntrico de la ciudad, y arrasó el último piso. "Confirmamos con las autoridades del hospital que el balance es ahora de 17 [muertos], incluido un niño", declaró Sunil Shudhary, un responsable de los Bomberos. El incendio fue controlado al cabo de varias horas y 35 personas fueron rescatadas por los bomberos. Según la prensa local, una mujer y un niño murieron al intentar salvarse saltando por la ventana. "Había paneles de madera en los pasillos, por lo que la gente no pudo utilizar los pasillos para salir", indicó otro responsable de los bomberos a la prensa. Los incendios accidentales son muy corrientes en India, a causa de una deficiente normativa de seguridad y la ausencia de controles. En diciembre, ocho personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en un incendio declarado en un hospital público de Bombay (oeste).
Raphael Samuel dice que no les debe nada porque “nací del fruto de su alegría y placer”. Aunque el hombre, de 24 años, señala que la relación con sus padres es “buena y con mucho diálogo”, los demandó porque “yo no pedí venir al mundo”. “Amo a mis padres y tenemos una gran relación, pero ellos me tuvieron por su alegría y su placer. Mi vida ha sido asombrosa, pero no veo por qué debería haber pasado una vida en la que tuve que ir al colegio, conseguir una carrera, cuando no lo pedí”, dijo Samuel en entrevista con The Print. El joven asegura que el objetivo de la demanda es “hacer conciencia de que los niños se convierten en juguete de entretenimiento de los progenitores”. El sujeto, quien también es youtuber, vive en Nueva Delhi, India, y hace parte de un movimiento antinatalista, el cual busca que los residentes de ese país frenen el “aumento excesivo de población”. “La procreación es el acto supremo del mal”, dice Samuel a través de su perfil en Facebook, donde usa una barba falsa y gafas para sus videos. En este video explica por qué demandó a sus padres:
Una mujer también murió debido al colapso, mientras otras 12 personas resultaron heridas. Ocurrió en Nueva Delhi. El accidente se produjo hacia las 9:25 a.m., hora local, en el área de Sawan Park, en el noroeste de la capital, indicó el jefe de zona de los servicios de Bomberos capitalinos, Atul Garg. Según la fuente, varios equipos médicos y de bomberos se desplazaron de inmediato al lugar, donde en las primeras horas localizaron con vida a doce personas, que fueron trasladadas al hospital más cercano. Sin embargo, durante el transcurso de las labores de rescate, en las que colaboraron decenas de vecinos que ayudaron con troncos de madera a evitar que muros aún en pie se derrumbaran, se confirmó la muerte de cuatro niños y una mujer, explicó Garg. Derrumbes son frecuentes en la India, a menudo debido al precario estado de las infraestructuras y la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción y prácticas ilegales que dominan el sector de la construcción. En uno de los accidentes más recientes, ocurrido el pasado julio, cinco personas murieron al derrumbarse un edificio sobre otro de menor tamaño en la ciudad de Noida, limítrofe con Nueva Delhi.
La tragedia se registró en las afueras de Nueva Delhi. Autoridades creen que en el lugar también se almacenaban fuegos artificiales. El incendio se extendió rápidamente hacia arriba desde el sótano, atrapando a cerca de dos docenas de trabajadores en las plantas superiores, dijo un responsable de los servicios de emergencia de la capital. Los servicios de emergencia tardaron cerca de dos horas en apagar el fuego, mientras las operaciones de búsqueda y rescate continuaron hasta altas horas de la noche. "Diecisiete cuerpos fueron recuperados del edificio", contó Praveen Kumar, un responsable de la sede central del servicio de emergencia de Nueva Delhi. Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, añadió. Los servicios de rescate no sabían con exactitud la suerte de los otros trabajadores. La mayoría de las víctimas murieron por asfixia, dijeron los responsables. El gobierno abrió una investigación para determinar las causas del incendio. El primer ministro, Nerendra Modi, dijo sentirse "profundamente apenado" por el accidente. "Mis pensamientos están con las familias de quienes perdieron la vida. Que los heridos se recuperen rápidamente", tuiteó. Los accidentes mortales en el lugar de trabajo son comunes en India, donde existentes unas deficientes normas de seguridad y una aplicación poco estricta de los reglamentos.
Lanzan el líquido al aire y al descender limpia hasta en un 95% las partículas de contaminación, que causa más de un millón de muertes al año. Esta megápolis de 20 millones de habitantes es una de las más contaminadas del mundo, con concentraciones de partículas en suspensión a menudo superiores a las de Pekín. Y sus autoridades son criticadas por su dejadez ante esta lacra que amenaza la salud pública. El gobierno local, que en el pasado ya tomó iniciativas desconcertantes contra la polución, desplegó el miércoles un ‘cañón antismog’ en la periférica Anand Vihar para hacer una prueba. El artefacto, especie de enorme pulverizador en forma de secador de cabello cargado sobre un remolque, proyecta 100 litros de agua por minuto en un radio de 150 metros. Se utiliza habitualmente en las obras y las minas y su principio es sencillo: el agua, al caer, arrastra hacia el suelo los contaminantes limpiando el aire. "Si se demuestra que funciona, lo desplegaremos en las calles de Delhi en cuanto sea posible", declaró Imran Husain, ministro de Medio Ambiente de la ciudad. La iniciativa provocó sorpresa y disgusto entre los especialistas. En opinión de Sunil Dahiya de Greenpeace, el gobierno local busca desviar la atención de su incapacidad para combatir las fuentes de polución, principalmente la producción industrial, las emisiones de los vehículos y el polvo de las obras de construcción. "Claramente no es una solución", afirma. Los constructores del artefacto, cada uno de los cuales cuesta unos 2 millones de rupias (26.400 euros, 31.300 dólares), consideran que harán falta "30-40 cañones" para reducir sensiblemente los niveles de polución en la ciudad. Reconocen, sin embargo, que esto no resolverá el problema a largo plazo. "Es una solución para cuando se está completamente desesperado", afirmó Vimal Saini de la empresa CloudTech. Respirar en Nueva Delhi equivale a fumarse 44 cigarrillos diarios |...
El pequeño había nacido prematuro, junto a una hermana melliza que sí murió. Los doctores están siendo investigados por negligencia. El suceso ocurrió en una de las más prestigiosas instituciones hospitalarias de Nueva Delhi, India, en el hospital privado MAX. La pareja de mellizos nació con apenas 23 semanas de gestación. La bebé estaba muerta, mientras que su hermanito, supuestamente, sobrevivió pocas horas, según lo certificó el doctor Shalimah Bagh. Los dos cuerpos fueron entregados a la familia para que los enterraran. Ashish Kumar, padre de los bebés, estaba llevando a los mellizos a cremar cuando vio que algo se movía en la bolsa de plástico en la que estaban los cadáveres. Al abrirla, vio que el bebé estaba retorciéndose. Inmediatamente, los padres lo llevaron a un centro de salud cerca de su vivienda. Allí se encuentra internado en estado crítico. Aún no se sabe las razones por las que los doctores que atendieron el parto erraron en el diagnóstico. Aunque la familia dice que los recién nacidos fueron declarados muertos después de que ellos dijeran que no podían pagar el costoso tratamiento por su prematurez. La Policía india se ha apropiado del caso para determinar qué pasó realmente e incluso ha contemplado la tesis de un posible homicidio por parte de los doctores. Satyendar Jain, responsable de Sanidad de Nueva Delhi, dijo que si se encuentra alguna responsabilidad del hospital, se le retirará la licencia de funcionamiento. La institución despidió a los médicos implicados en el caso y ha iniciado sus propias investigaciones. “Impactado y preocupado por este desafortunado incidente, se ha abierto una investigación con un grupo de expertos que incluyen miembros de la asociación médica de la India”, afirmó el portavoz del hospital. Es el segundo caso de negligencia médica en un hospital privado de la India que se denuncia en el último mes. Hace unas semanas murió una niña con dengue en otro hospital y los padres de la menor afirmaron que el cobro por parte de institución fue excesivo.
Las autoridades de Salud de Santiago de Cali iniciaron las visitas a los espacios que serán habilitados como nuevos puntos de vacunación contra el coronavirus COVID-19.Los primeros escenarios que se contemplan son los parqueaderos de los centros comerciales. Allí se llevaría a cabo la segunda y tercera etapa de inmunización.“Estamos evaluando la capacidad logística y la disponibilidad, previendo que estos son puestos de vacunación que se tendrían durante todo el 2021”, afirmó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de la capital del Valle del Cauca.Por otro lado, Carlos Betancourt, director ejecutivo de Asociación de Centros Comerciales de Colombia, indicó que esos espacios son “lugares centrales” y que cuentan con rutas para que las personas “puedan llegar fácilmente”.Otros posibles escenarios para la vacunación masiva son los coliseos y zonas deportivas.
Hasta la zona del Catatumbo llegó Diego Molano junto a los comandantes del Ejército y la Policía en Norte de Santander, para liderar un consejo de seguridad luego de la masacre en Ábrego de cinco hombres que se encontraban departiendo en un billar.Según el ministro de Defensa, en el sector hay "unas disputas entre grupos narcocriminales, como son el ELN y Los Pelusos, donde ha habido amenazas entre uno y otro y por supuesto las investigaciones determinarán quiénes son los responsables. Lo que sí ha sido aparentemente mencionado es que existen o existieron personas que aparentemente pertenecían a la organización de Los Pelusos que estaban en este sitio".Molano anunció “una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información que conduzca a la captura de autores materiales de este homicidio que se presenta en la vereda de Oropoma”.Las víctimas mortales fueron identificadas como Robinson Garay Barbosa, Jesús Alberto Vega, Heimer Ortiz Ballesteros, José Luis Vega Plata y Winton Parada Puentes.Eran "personas ahí de la vereda, del sector de Los Llanitos, de Oropoma, por los apellidos son familias de la zona, mi solidaridad, mis más sentidas condolencias para estas familias", manifestó Juan Carlos Jácome, alcalde de Ábrego.Por medio de su cuenta de Twitter, la representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos condenó la masacre e hizo un llamado a las autoridades para que investiguen y sancionen a los responsables.Región convulsaLa Defensoría del Pueblo emitió en junio de 2019 una alerta temprana para el municipio de Ábrego, por la "probabilidad de que se reactiven los enfrentamientos armados entre las guerrillas del ELN y el EPL", por disputas territoriales y el deseo del último grupo de retomar antiguas posiciones que eran "epicentro histórico de su accionar".Por estos hechos, se alertó de la probabilidad de desplazamientos forzados, homicidios selectivos y múltiples, amenazas, desaparición forzosa y reclutamiento de niños y niñas, entre otras.La Oficina del Alto Comisionado de la ONU Derechos Humanos (ACNUDH) documentó, hasta el 22 de febrero, seis masacres en lo que va de año, con 21 víctimas, incluidas dos menores de edad, y está verificando otras cinco más.Por su parte, organizaciones como Indepaz contabilizaron en lo que va de año 16 masacres con un total de 64 víctimas.En 2020 se produjeron 76 masacres en Colombia, en las que fueron asesinadas 292 personas, incluyendo 6 niñas y 18 niños, según las cifras del informe de ACNUDH, lo que supone casi el doble de las cometidas en 2019.Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó a finales de enero de que estábamos ante el comienzo de año más violento desde la firma de paz en 2016, con un crecimiento de los enfrentamientos armados entre organizaciones criminales y el Ejército, y una masacre cada cuatro días.
Desde la ONU se hizo un vehemente llamado al Gobierno nacional para que rechace la fumigación aérea a cultivos ilícitos con glifosato en el país. Según el organismo internacional, no se están cumpliendo las instrucciones de la Corte Constitucional, se podrían violar los mandatos internacionales, además de pasar por encima del acuerdo de paz.En una carta, que fue redactada por 7 relatores de las Naciones Unidas, se expresa a Iván Duque la preocupación por el retorno de la aspersión aérea.“Relativa a la intención del Estado de Colombia de reactivar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea de herbicida glifosato y los riesgos relacionados para los derechos humanos y el medio ambiente", reza un aparte de la misiva.Para Isabel Pereira, coordinadora política de drogas en Dejusticia, las personas que redactaron la carta vieron el riesgo que el herbicida representa para las comunidades.“Los relatores sumaron a otros relatores, al de alimentación, al de derechos humanos, porque la alerta tan grave que hay en términos del riesgo que representa para las comunidades", dijo Pereira.Y es que el documento advierte que no se estarían cumpliendo con los mandatos de la Corte Constitucional, ni con las obligaciones internacionales. Además, sería una violación al acuerdo de paz y a los derechos humanos."La propuesta violaría también el punto cuarto del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en el 2016 entre el gobierno de su excelencia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Dicho acuerdo de paz establece que, en caso de no existir acuerdo con las comunidades o en caso de incumplimiento, se procederá a la erradicación manual", dice otro fragmento de la carta.En la misiva también se hace un contundente llamado al gobierno del presidente Iván Duque."A la luz de las consideraciones expresadas anteriormente, invitamos al gobierno y al Congreso Nacional a rechazar la intención de reactivar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato", expresa el documento.
Franklin Caldera, teniente primero del Ejército venezolano, es uno de los hombres más buscados por el régimen de Nicolás Maduro. También es el protagonista de una historia que podría terminar en un nuevo y grave incidente entre Colombia y Venezuela.A comienzos de febrero de este año, Caldera fue secuestrado en extrañas circunstancias cuando se encontraba en Cúcuta visitando a su hijo menor de edad."Soy el ciudadano Franklin Caldera, padre del primer teniente Franklin Caldera, el cual fue secuestrado en Colombia por un grupo armado y el DGCIM”, denunció el angustiado papá del joven oficial.Según las denuncias de familiares, amigos y antiguos compañeros de armas, Caldera fue secuestrado en la capital de Norte de Santander por integrantes del ELN y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM)."Me comenta que estaba secuestrado, que aquí en el territorio de Colombia, aquí en Cúcuta, lo agarraron la DGCIM y se lo llevaron secuestrado a Venezuela, lo montaron en una avioneta en Táchira hasta Caracas", dijo a Noticias Caracol la compañera sentimental del teniente, quien por razones de seguridad pidió omitir su nombre.Daniela, como la llamaremos, reveló su último dialogo con él por chat, en donde le contaba las condiciones en las que estaba y que logró fugarse.“Me contó que se escapó, que lo tuvieron 11 días secuestrado. Él estaba muy impactado, estaba en shock, porque decía que no podía cree que Brayan lo había entregado. Me pedía ayuda. Ahí empecé a hacer la campaña de que obviamente él estaba secuestrado y hasta el sol de hoy que no han dado noticias de él ni fe de vida”, contó Daniela a Noticias Caracol.La noticia de la fuga de Caldera de la unidad militar donde estaba retenido también quedó documentada en varias fotografías que registraron cómo, en las principales vías de Caracas, integrantes de la DGCIM, vestidos de civil y fuertemente armados desplegaron una operación para recapturarlo.“El 25 él recibe dos disparos. Fue cuando nos enteramos de que lo vuelve a agarrar el DGCIM. Hasta ahí no sabemos más nada. Por otros medios buscamos la manera de ver si estaba con vida, si estaba bien, y sí sabíamos que estaba vivo, pero ni el gobierno ni el DGCIM se han pronunciado, que es nuestra gran preocupación”, sostuvo la mujer.Antiguos compañeros del teniente que están en Venezuela le han confirmado a la familia la versión sobre las heridas que recibió Caldera durante la recaptura. Algunos aseguran que estaría siendo atendido en el hospital militar de la capital venezolana, pero no existen registros oficiales que así lo demuestren.El caso Caldera genera varios interrogantes: ¿agentes de inteligencia venezolanos estuvieron en territorio colombiano violando la soberanía nacional para cometer un secuestro? ¿Integrantes del ELN participaron en esta operación ilegal? ¿El DGCIM y el ELN son aliados?La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló hace dos semanas los correos en donde queda en evidencia la estrecha relación y colaboración entre altos mandos de la DCGIM con guerrilleros del ELN. Los documentos secretos demuestran que participaban en operaciones conjuntas de narcotráfico y adquisición de armamento militar.Desde hace varios meses, un sector de la contrainteligencia colombiana tenía información de que la DGCIM y el Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) enviaron agentes a Colombia con el objetivo de hacer una cacería de desertores de alto perfil.El secuestro de Caldera sería la primera operación conjunta de este tipo en territorio colombiano con colaboración de la guerrilla.Según fuentes militares venezolanas, el encargado de coordinar con el ELN el plagio del oficial fue el teniente coronel Alexander Enrique Granko, quien tiene el cargo de director de asuntos especiales de la DGCIM. Se trata de uno de los hombres más cercanos al general Iván Hernández Dala, mencionado en los correos del grupo guerrillero como su principal colaborador en Venezuela.¿Por qué el teniente Caldera es un objetivo tan importante para Venezuela?“Él salió de Venezuela aproximadamente el 13 de enero del 2019 por estar en desacuerdo con el presidente Nicolás Maduro. El 23 de enero del 2019 se pronuncia desde Colombia por un medio de comunicación, acompañando al general Milano”, contó el padre del militar."Él se va de su país obviamente siendo desertor porque no estaba de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro y él como es un militar opositor, el gobierno venezolano lo tenía en la mira. No podía acercarse allá porque era peligroso para él. Él estuvo implicado en la operación Aurora”, afirmó Daniela al dar detalles de la situación que llevó a su compañero a desertar de las filas del Ejército.Caldera, junto con otros 10 militares venezolanos y con el apoyo de 30 indígenas reservistas de las FF. MM. de ese país, protagonizaron una cinematografía operación militar bautizada con el nombre clave Aurora. Parte del grupo salió de Cali, pasó a Ecuador, Perú, Brasil y finalmente llegó al sur de Venezuela.El 22 de diciembre de 2019, el oficial y sus compañeros asaltaron el batallón 513 Mariano Montilla, ubicado en el municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar, frontera con Brasil. De allí sacaron un arsenal de 112 fusiles y 9 lanzacohetes RPG."Quien les habla es el primer teniente Hidalgo, en compañía del teniente Franklin Caldera y el teniente Ruso Cárdenas. Nosotros, objetivos militares de la Fuerza Armada Nacional, nos dirigimos a la nación luego de haber efectuado la operación Guaipacá o en su defecto operación Aurora, a pesar de superarnos en número y poder en fuego”.Ese es uno de los pronunciamientos que están en un video publicado por tres de los oficiales desertores, entre ellos Caldera, pocos días después del asalto al cuartel militar.La operación, sin embargo, no resultó como la habían planeado y, por el contrario, terminó en un fiasco. En la reacción al asalto, el Ejército de Maduro recuperó el 80% de las armas y capturó a 18 de los golpistas.Lo que hasta ahora se comienza a descubrir a raíz del secuestro del teniente Caldera es que la operación Aurora se gestó en territorio colombiano en forma paralela y con los mismos cerebros que la llamada operación Gedeón. Esta última fue un intento de golpe contra Maduro en el que un grupo de mercenarios, sin armas y desnutridos, pretendían derrocarlo.Una numerosa parte del grupo partió de Maicao hacia Caracas el 3 de mayo del 2020. Pero los resultados fueron nefastos: ocho personas muertas, 17 capturadas por el régimen y una violenta arremetida de Maduro contra Colombia señalando al país de patrocinar y promover una conspiración internacional en su contra.Uno de los militares que participó en la operación Gedeón declaró ante la Fiscalía colombiana que el plan para derrocar a Maduro contemplaba en realidad dos operaciones comandadas por el mayor general Cliver Alcalá. Gedeón, que entraba por el norte del país, y Aurora, que atacaba por el sur de Venezuela.“Según Cliver Alcalá, la operación iba a consistir en entrar por Maicao con 300 hombres y tenía 400 por los lados de ciudad Bolívar, frontera con Brasil. Por Bolívar iban avanzando para entrar con todo a Caracas, esa era la locura que pensaba mi general (...) dijo que por el lado de Brasil contaba con 500 fusiles".Cuando la operación Gedeón fracasó, Maduro enfiló su artillería contra Colombia.“Fue cuando nosotros recibimos la embestida imperial ordenada por Washington, preparada y ejecutada por el gobierno oligarca narcotraficante de Iván Duque en Colombia y ejecutada en la llamada operación Gedeón", dijo el jefe del régimen venezolano en una alocución.Sin embargo, meses antes, el mismo gobierno de Maduro había acusado también a Colombia de promover y respaldar la operación Aurora."Informamos que se desmanteló un plan conocido como Navidad sangrienta. Utilizaba desertores que se encontraban entrenados en campamentos paramilitares en Colombia y ahora hemos descubierto también que parte del entrenamiento y dotación logística no solamente ocurrió en Colombia -que es el centro de operaciones protegidos, amparados y financiados por el gobierno de Iván Duque-, sino que también hemos encontrado factores de participación de los gobiernos de Perú y de Jair Bolsonaro, en Brasil", afirmó en su momento Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones de Venezuela.El asunto no tuvo mayor difusión mediática en Colombia debido a que todo ocurrió entre la semana de Navidad y Año Nuevo de 2019. En ese momento, la Cancillería colombiana negó los señalamientos por medio de un escueto comunicado público.No obstante, informes de inteligencia colombianos, en poder de Noticias Caracol, demuestran que las agencias de inteligencia sí tuvieron información sobre estas dos operaciones a diferencia de lo que ha sostenido el gobierno.Después del fracaso de la operación Aurora, el teniente Caldera logró escapar a Brasil un tiempo y finalmente terminó viviendo en Colombia, en donde estaba trabajando como domiciliario junto a un hombre conocido como Brayan Pérez.Los informes secretos de agencias de inteligencia relacionan a Pérez como uno de los principales protagonistas de las operaciones Gedeón y Aurora. Diversas fuentes coinciden en afirmar que Pérez habría convencido a Caldera de retomar una nueva operación militar contra el régimen de Maduro. Con ese argumento lo habría persuadido de trasladarse hasta Cúcuta con la intención de estudiar la posibilidad de comprar armas. Caldera habría sido víctima de una trampa que terminó con su secuestro en Colombia y su desaparición en Venezuela. Aurora, al igual que Gedeón, fueron operaciones infiltradas por hombres de Maduro, razón por la cual fracasaron."Solamente sabemos por los medios de comunicación lo que los demás saben: que una persona lo entregó, que funcionarios del DGCIM pasaron a territorio colombiano y lo secuestraron en conjunto con un grupo armado", dijo el padre del teniente Caldera.En su momento, la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-, le dijo a Noticias Caracol que nunca tuvo participación en la operación Gedeón y que desconocía que se estaba desarrollando en Colombia.¿También desconocía la existencia de la operación Aurora y que su líder había sido secuestrado, al parecer, por agentes de inteligencia militar venezolana y miembros del ELN?En Venezuela nadie da razón de Caldera y su familia pasa los días más aterradores de su vida. En Colombia, entre tanto, altos funcionarios de la DNI, del comando general de las Fuerzas Militares, Cancillería y Migración Colombia aseguraron que no saben nada de la operación Aurora y del teniente secuestrado.
Los rostros del desplazamiento forzado en Colombia siguen siendo los mismos después de décadas de conflicto armado. Los grupos paramilitares y disidentes de las FARC obligan a las familias campesinas a abandonar sus territorios.Existen territorios en el país en el que los criminales son los que ponen las normas del juego, extorsionan, plantan minas antipersona, matan, hieren y reclutan de manera forzada.En Ituango, Antioquia, cada año cientos de campesinos llegan de manera forzada al casco urbano de ese municipio. Sus hogares, cultivos y animales quedan en un territorio que es disputado a sangre y fuego por los grupos criminales.Los errantes de ItuangoEn las 125 veredas de Ituango están los rostros de los campesinos que llevan la marca del desplazamiento forzado en Colombia. Cientos tienen que dejar todo atrás huyendo de la guerra y la muerte. Ese ciclo se presenta de generación en generación.“Yo soy hijo del desplazamiento ya que mis padres fueron también desplazados en los años cincuenta, cuando se vivía la violencia entre liberales y conservadores. Ellos vivían por los lados del cañón del río San Jorge. Nosotros hasta esta época somos desplazados”, narró un campesino.Por voluntad propia y siendo un adulto, regresó en la década de los noventa a su tierra, quería echar raíces, pero la violencia tenía otros planes.“En Ituango había un enfrentamiento muy duro. Allí mandaba el frente 18 de las FARC. También llegaron los paramilitares a la cabecera municipal y más de 300 personas murieron”, relató.En su memoria quedaron intactas las imágenes de las masacres y las primeras hordas de desplazados que generaron los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros de las FARC."Se hacen la masacre de La Granja y Santa Lucía. Después quemaron el Aro. La guerrilla saca los paramilitares, se queda en el territorio y hacen normas de convivencia", dice uno de ellos.Una paz que nunca llegóCon la firma del acuerdo de paz, los campesinos de Ituango vieron una tabla de salvación para sus tierras.En las parcelas destinadas, los desmovilizados empezaron a crear sus proyectos productivos, los mismos que nunca prosperaron. Llegaron las amenazas y las muertes selectivas de los excombatientes de las FARC y con ellas el desplazamiento.“Vemos que ellos quedan solos allá y la comunidad acá. No hubo una conexión entre ellos y la comunidad", recalcó el campesino.Los pobladores de Ituango aprendieron a oler los vientos de guerra. Vieron cómo los nuevos dueños cambiaban sus nombres, ahora eran llamados disidencias.La orden de desplazamiento la da el grupo criminal que domine en la vereda, a veces lo hacen los paramilitares, en otras ocasiones los disidentes de las FARC. Ellos deciden cuándo la población podrá retornar a sus tierras, incluso señalan a los campesinos que ya no podrán volver."Es duro el desplazamiento, me ha tocado duro. Lo más difícil es la desintegración de la familia, unos cogen para un lado, otros para otro. Es difícil el desarraigo del campesino de su tierra", afirmó.Para Isabel Cristina Zuluaga, lideresa del movimiento Ríos Vivos, los que más sufren en el enfrentamiento entre paramilitares y disidentes son los civiles.“No entendemos cuál es el interés de los grupos paramilitares que están llegando desde el occidente del país hacia Ituango. Ellos entran por ese lado, pero también hay presión desde el bajo Cauca. La población es usada tanto por las disidencias como por los grupos paramilitares como escudo. Usada, acribillada, asesinada y en estos momentos humillada porque el desplazamiento forzoso, el desarraigo, es una humillación para la población", manifestó Zuluaga.Pese a las alertas, las tragedias siguenDesde el 9 de julio de 2018, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo que corría la población de Ituango.Dos años después y estando vigente esa alerta, surgió una segunda, que focalizó el riesgo en 63 veredas de los corregimientos La Granja, Santa Rita y el Aro.Pese a las alertas tempranas, 500 personas fueron desplazadas.Un profesor de la zona rural contó los riesgos a los que están expuestos sus estudiantes al vivir en un sector de constante conflicto. Las balas no son el mayor problema."Se está ofreciendo dinero, citas sexuales con jovencitas, les están brindando mucha plata y les están ofreciendo oportunidades de ascender en la organización. Son el Clan del Golfo, algunos disidentes y bandas criminales”, manifestó el docente.A lo anterior se suma el reclutamiento de menores de edad. Ellos, según Isabel Cristina Zuleta, son instrumentalizados para engrosar las filas de los grupos, a los que se están sumando excombatientes."Los están llamando para que vuelvan a integrar a las filas del paramilitarismo en Colombia y además a ellos les están ofreciendo 15 millones de pesos por esa experiencia que tienen del pasado", dijo la lideresa.Los pobladores de Ituango hablan de un gobierno incapaz de detener el reclutamiento forzado."Uno se va y pregunta a la Fiscalía qué pasó con el desplazamiento del año pasado, dónde está en Colombia la investigación penal en contra de esos actores criminales que desplazan y hacen sufrir a la población. Ya saben quiénes son y no pasa nada”, concluyó Zuluaga.Ituango despierta año tras año con las noticias de familias campesinas que son forzadas a dejar sus tierras. Parece ser que a los gobiernos de turno les es imposible evitar esa situación ¿Los grupos armados obligaron a la población a vivir en un país incapaz de evitar los hechos violentos?