Un juez de Funza determinó que la investigación por la muerte de Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol y testigo clave del caso Odebrecht, y su hijo Alejandro, no puede precluir.Caso Jorge Enrique Pizano: las pruebas de la defensa para argumentar que se trató de un asesinatoEl togado le ordenó a la Fiscalía General de la Nación que continúe con la investigación para establecer si la muerte de Jorge Enrique Pizano se trató de un asesinato.Ha dicho este juez que la conclusión de que Jorge Enrique Pizano falleció por causas naturales fue "apresurada", que los galenos que tuvieron a cargo la necropsia del testigo no abordaron otras tesis de muerte diferentes a esta razón.Además, el juez fue tajante en señalar que la necropsia no despejó las sospechas que se presentaron en el caso, el análisis toxicológico se hizo con muestras no adecuadas, el informe médico-legal no tuvo en cuenta todas las evidencias, que la botella incautada con el cianuro tenía muestras de ADN y existe posibilidad de que este frasco haya sido dejado por otra persona diferente a Jorge Enrique Pizano en la finca en donde fallecieron padre e hijo.Dineros de Odebrecht entraron a las campañas de Santos y Zuluaga: Fiscalía General de la Nación
La defensa de la familia de Jorge Enrique Pizano, quien fuera testigo clave en el escándalo de Odebrecht, asegura que Pizano fue envenenado con cianuro y no murió por un infarto. Sus representantes presentaron las pruebas ante un juez.Jorge Enrique Pizano: Fiscalía insiste en que muerte de testigo clave del caso Odebrecht fue natural“Este viernes, 24 de noviembre de 2023, no se puede descartar que la causa o lo que generó el infarto del miocardio como elemento objetivo fue la ingesta de cianuro”, expresó Miguel Ángel del Río, abogado de la familia Pizano.Para la familia Pizano, el cianuro fue la causa de la muerte de Jorge Enrique, el excontroller de la Ruta del Sol y quien descubrió irregularidades en contratos relacionados con la multinacional Odebrecht. Para tratar de sustentar su teoría, el abogado de la familia habló de errores en la necropsia que habrían impedido identificar el veneno.“El formol elimina el rastro de toxinas, por ejemplo, las de cianuro, e impide que cuando se hace un análisis del tejido se puedan identificar rastros de cianuro, pero eso no significa que en el cuerpo de Jorge Enrique Pizano no hubiese cianuro”, acotó la defensa.También presentó como prueba el pedido de seguridad que hizo Jorge Enrique Pizano, como una demostración de las amenazas contra él y argumentó que no todo el círculo de trabajadores de la víctima era de confianza como lo aseguró la Fiscalía.A juicio, Cecilia Elvira Álvarez por presuntas irregularidades en contrato de Ruta del Sol II“Tres personas medianamente desconocidas estaban trabajando desde solo cuatro meses antes. Jorge Enrique solo se pasa presencialmente a la finca en la primera semana de octubre, es decir, Jorge Enrique no tenía mucha comunión con el señor Juan Acosta, con la señora Dignora y con la señora Leidy Viviana”, acotó Miguel Ángel del Río. Entre los testimonios presentados estuvo el de Juanita Pizano, hija del excontroller, quien contó presuntas irregularidades en la toma de las muestras de ADN, el hallazgo del cianuro en el baño de la casa y la facilidad que se tenía para ingresar al predio.Será el 8 de marzo del 2024 cuando se defina si el caso se cierra o si continúa la investigación.
Eduardo Zambrano, quien le ayudó a Odebrecht a entrar a Colombia una enorme cantidad de fondos ilegales, había sido condenado en Brasil por contribuir sus oficios a los carteles colombianos en los ochentas.Un narcotraficante condenado dijo que Profesionales de Bolsa, la sociedad que había canalizado coimas a través de contratos falsos, le había ayudado a lavar dinero.El capítulo colombiano del escándalo internacional de Odebrecht parece no tener fin. Desde 2008 hasta 2015, la multinacional brasileña de ingeniería pagó alrededor de US$56 millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios públicos sólo en este país sudamericano para quedarse con varios contratos de obra y conseguir ventaja en negocios futuros.En el último año, la Fiscalía ha imputado a un centenar de personas. El pasado agosto, el Grupo Aval y su fiduciaria Corporación Financiera Colombiana SA llegaron a un acuerdo prejudicial con el Departamento de Justicia estadounidense por cuenta del amplio material probatorio que los involucra en un “importante ardid de sobornos” en el caso de la Ruta del Sol II. El acuerdo impone amplias obligaciones a cargo de las entidades financieras, incluyendo la entrega de información sobre los ilícitos posiblemente cometidos así como el pago de US$ 80 millones.A pesar de estos avances, en Colombia la justicia aún no termina de identificar a todos los receptores de los multimillonarios sobornos, ni de esclarecer íntegramente las rutas sinuosas de estos dineros ilegales. Esta investigación transfronteriza entre Noticias Caracol, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y OCCRP encontró un actor hasta ahora no identificado en la trama judicial de Odebrecht en Colombia: el narcotráfico. Son conocidos los prontuarios criminales de algunos intermediarios que contrató la multinacional para repartir sobornos o hacer lobby ante las autoridades y favorecer sus intereses, como Otto Bula, condenado por estos hechos. No obstante, al seguir el camino del dinero, este trabajo periodístico revela vínculos de lobistas con la mafia que hasta ahora han sido omitidos por la justicia. Desnuda además operaciones vinculadas a tres fincas que revolvieron coimas y narcodineros en la misma máquina lavadora.De los centenares de fallos judiciales en Colombia y en el exterior sobre el sonado escándalo Lava Jato, del que Odebrecht fue protagonista, esta historia permite entrever que al menos en este país, algunas venas por donde corrieron dineros sucios de la compañía brasileña pasaron por el corazón del crimen organizado.El trabajo colaborativo hace parte del proyecto #Narco Files: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quiénes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con más de 40 medios de comunicación del mundo, quienes examinaron durante meses el material junto a cientos de otros documentos judiciales, estatales y privados; numerosas bases de datos privadas y públicas; y realizaron entrevistas múltiples con protagonistas, fuentes confidenciales, expertos e investigadores, entre otros.Un sobornador que cuidaba su reputaciónEl sofisticado sistema de fondos ilegales del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht movió el dinero desde sus cuentas bancarias en Antigua, Andorra, Portugal, entre otros países, hacia empresas offshore de intermediarios. Luego, éstos le ayudaban a “bajarlo” a los países y repartirlo a sus sobornados. Semejante esquema demuestra hasta dónde llegó la multinacional para esconder sus operaciones clandestinas. Quería ganar contratos rápidamente, pero a la vez mantener su reputación de ser una eficaz firma internacional de ingeniería sin tacha.Los ejecutivos de Odebrecht encargados de coordinar los pagos ilegales solían elegir intermediarios de bajo perfil, según relató a este equipo periodístico una autoridad brasileña que estuvo muy cerca de la investigación.En Colombia, según dijeron ante las autoridades los confesos lobistas, los ejecutivos de Odebrecht solían imponer condiciones para tramitar los pagos. Uno de los lobistas contratado por la constructora para impulsar estas operaciones ilegales, Federico Gaviria, le dijo a la Fiscalía que, con la entrada en 2013 del nuevo director superintendente, Eleuberto Martorelli, la multinacional les pedía proponer “empresas serias, o empresas con trayectoria” porque iban a ser aprobadas en Brasil para poder hacer los giros a través de ellas. [Declaración jurada de Federico Gaviria Velásquez ante la Fiscalía General, el 27 de octubre de 2017]Dibujo Federico GaviriaIlustración: Miguel MéndezMientras esto exigían, los directores de la empresa constructora no vieron problema en pagar millones por el trabajo de intermediación y cabildeo a lobistas, como el mencionado Gaviria y al exsenador Otto Bula, a pesar de sus nexos oscuros. José Byron Piedrahita, un gran narcotraficante que había conseguido pasar por ganadero legítimo por dos décadas, llegó a un acuerdo con la Fiscalía General y confesó que había mantenido relaciones comerciales con ambos. [Preacuerdo de José Byron Piedrahita Ceballos con la Fiscalía General el 5 de agosto de 2019]Dibujo Otto BulaIlustración: Miguel MéndezEn 2011, Bula tuvo su primer contacto con Luiz Bueno, director de Odebrecht para Colombia, a través de Federico Gaviria, un ingeniero civil que venía trabajando con la multinacional desde años atrás y hasta 2017, cuando la justicia colombiana empezó la investigación de los sobornos que la multinacional había pagado en el país. Gaviria probó ser un asesor y lobista efectivo por sus contactos empresariales y políticos de tres directores de Odebrecht para Colombia: Marcelo Jardim, Luiz Bueno y Eleuberto Martorelli. Mientras ejercía esa labor, Gaviria también pagó sobornos para quedarse con un contrato por 67.000 millones de pesos con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, según él mismo admitió ante la justicia.Clic a PDF de conexiones¿Por qué la multinacional, que quería preservar su imagen, eligió trabajar con estos personajes?Este equipo periodístico envió preguntas a Novonor (el nuevo nombre que adoptó Odebrecht) con estas y otras sobre las operaciones de las fincas y la empresa respondió que “no comenta sobre el contenido de la información proporcionada de forma confidencial en el ámbito de los procedimientos realizados por las autoridades públicas en Colombia”. Reiteró, además “que ha venido colaborando desde 2016 con autoridades de diversas jurisdicciones y, amparados por los protocolos del mecanismo de cooperación judicial, la compañía y personas naturales colaboradoras han aportado y pueden seguir aportando elementos materiales probatorios en la jurisdicción colombiana, como se ha hecho en otros países, coadyuvando a hacer claridad sobre materias de interés investigativo”.En los últimos años, la compañía ha llevado a cabo una profunda reestructuración de su gobierno corporativo y programa de integridad, aplicando reconocidos y eficaces estándares de cumplimiento en sus procesos internos y externos. Monitores independientes aprobados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Ministerio Público Federal de Brasil certificaron que el Programa de Integridad de Odebrecht y en octubre de 2022, en su Informe Anual sobre el Sistema de Sanciones, el Banco Mundial, señaló a la empresa “como líder entre las organizaciones enfocadas en el cumplimiento (compliance)”.Puede ser revelador el hecho de que algunos de estos intermediarios tenían acceso a políticos de peso nacional. Bula, por ejemplo, había salido elegido al Senado en fórmula con su socio Mario Uribe, ex presidente del Congreso. Éste había sido gran aliado político de su primo Álvaro Uribe Vélez en su primer período en la Presidencia de Colombia, precisamente cuando Odebrecht regresó al país a buscar contratos, después de una larga ausencia. Mario Uribe fue condenado como cómplice del paramilitarismo que asoló el país entre fines de los noventa y comienzos del nuevo siglo dejando millones de víctimas de masacres, despojo y otros crímenes.Una fuente vinculada a la empresa y que acompaña el caso en Colombia, y quien pidió no ser identificada, indicó que nunca hubo ninguna intención de aproximación a personas u organizaciones para vincular a la empresa más allá del alcance de los proyectos de infraestructura que realizaba en el país. Aseguró que su foco siempre fue la infraestructura y que si hubo personas que trabajaban externamente para la empresa y también en otras actividades, con otros grupos y fines, no fue deliberado ni intencional y, probablemente, no era conocido por los integrantes de la empresa.La falsa compra de Villa EstherA comienzos de 2013, Odebrecht necesitaba mover fondos ilegales para pagar sobornos a congresistas y funcionarios por haber conseguido que el gobierno firmara con la multinacional, un contrato de “estabilidad jurídica”, que les congeló las condiciones fiscales durante la construcción de la Ruta del Sol II, haciéndola más rentable.Según dijo Bula a la Fiscalía, Odebrecht le pidió una cuenta en el exterior para poder efectuar el pago por la "eficiente gestión". Por esa razón acudió al empresario Hernando Mario Restrepo Osorio, un ganadero amigo de Mario Uribe, que tenía una empresa offshore en Panamá llamada New Com Int.A esa empresa entraron en febrero de 2013, US$2,5 millones (equivalentes a 4.000 millones de pesos de la época). Según la contabilidad secreta de Odebrecht, quien transfirió ese dinero fue Klienfeld Services, una sociedad offshore en Antigua y Barbuda que la multinacional usó como pantalla para repartir sobornos en varios países. Y desde New Com Int, se giraron los dineros a Colombia mediante consignaciones a la empresa Comunicar y Transmitir, de la que Restrepo fue fundador, como quedó documentado en sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Una vez los fondos estuvieron en Colombia, fueron entregados en varios cheques a Otto Bula, quien los hizo llegar hasta los bolsillos de los lobistas que habían hecho posible el contrato de “estabilidad jurídica” tan requerida por Odebrecht. [Declaración jurada de Otto Nicolás Bula Bula, en la Sentencia contra Bernardo Miguel Elías Vidal, el 29 de julio de 2021]El día 14 de ese mismo mes se firmó una promesa de compraventa en Colombia [Expediente senador Bernardo Elías Vidal, Corte Suprema de Justicia, 8 de noviembre de 2017] por la cual el mismo Restrepo Osorio se comprometía a vender su finca en el municipio antioqueño de La Estrella, llamada Villa Esther, por 12 mil millones de pesos. Según el documento, la finca tenía 20 hectáreas, pero sólo seis hectáreas se estaban comprometiendo en la venta, que incluían una casona, una piscina, un establo y un kiosko. Como comprador aparecía Klienfeld Services Ltd, y José Antonio Bonnet Llinás, ex compañero de trabajo y conocido de muchos años de Federico Gaviria, según éste dijo a los fiscales, se presentó como su apoderado. Esta alianza envió preguntas a Bonnet Llinás para saber desde cuándo había sido nombrado apoderado de la empresa extranjera y bajo qué circunstancias a dos empresas en las que aparece como gerente, pero hasta el cierre de esta historia no había respondido.Clic a PDF contrato promesa de compraventa Villa EstherSin embargo, conforme al certificado de tradición y libertad, el traspaso real del inmueble que estaba previsto para diez días después de firmar la promesa de compraventa, nunca sucedió. Para lo que parece haber servido esta falsa operación inmobiliaria fue para camuflar la traída al país de al menos 2,5 millones de dólares y legitimarla ante los bancos.Restrepo aseguró que prestó sus cuentas para traer el dinero a Colombia porque le habían dicho que se trataba de una transacción legal. Incluso, dijo que Bula lo llevó a dos reuniones con Yesid Arocha, director jurídico de Odebrecht. Pero que, a último momento, la negociación cambió de rumbo y no incluyó el intercambio de la finca. “Lo único que hice fue dar mis coordenadas de la cuenta y ellos transfirieron en dos partes”, detalló.Después de haber recibido el dinero en sus cuentas bancarias, relata Restrepo, recibió un reclamo de Bula por los fondos que le habían girado. “Necesito que me pague”, le pedía el exsenador. Aunque Restrepo asegura que no era lo que habían convenido, finalmente aceptó entregarle los fondos al lobista.Al final, los dos ganaron: Bula movió el dinero hacia Colombia y, a cambio, Restrepo le retuvo el monto correspondiente a una vieja deuda de Bula, según declararon ambos a la Fiscalía.Los sobornos pagados a parlamentarios por lograr la aprobación de la “estabilidad jurídica” en el Congreso ha sido el capítulo central de varias sentencias judiciales: la del lobista Otto Bula, la del exsenador Bernardo Miguel Elías y la del exsenador Antonio Guerra de la Espriella, por mencionar algunas. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el ingreso de los 2,5 millones de dólares a Colombia aún no han sido esclarecidas del todo, ni tampoco la responsabilidad de quienes participaron en la transacción.Restrepo aseguró que se había reunido con el director jurídico de la multinacional Yesid Arocha, y que en esas reuniones habían acordado la transacción en dólares y el negocio de la finca. No obstante, nadie de Odebrecht ha reconocido hasta el momento la existencia de este contrato simulado de promesa de compraventa. En las declaraciones de Otto Bula tampoco aparece mención alguna a esta compraventa y su firma no aparece en el documento, a pesar de ser la persona que supuestamente iba a comprar la finca. Y esta alianza periodística no encontró requerimiento judicial alguno para que Bonnet Llinás explique cómo llegó a firmar la falsa compraventa y confirme su calidad de representante legal en Colombia de una empresa que era usada por Odebrecht para mover la plata ilegal de las coimas.Pero la historia de Hernando Mario Restrepo con la justicia es mucho más amplia. Es amo y señor de su Caramanta natal (fue presidente del concejo municipal), un pueblo de 5000 habitantes donde es gran propietario. La Tesalia SA, su compañía familiar, compró 75 inmuebles en ese municipio desde 1995 hasta la actualidad. Su influencia creció hasta codearse con la clase dirigente de la región, como cuando se fotografió en una boda junto con Mario Uribe y su mujer.La riqueza repentina de Restrepo cernió una sombra sobre su origen, como explicó a la Fiscalía un testigo de la municipalidad de Caramanta, que dijo que en el pueblo se relacionaba su fortuna con presuntos vínculos con Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, el poderoso narcotraficante líder del Cartel del Norte del Valle y preso en Estados Unidos desde 2007.Cuando Restrepo dijo que se reunió, en 2013, con el ejecutivo de Odebrecht, su apellido ya había sido vinculado públicamente con la mafia colombiana. El periodista Daniel Coronell había publicado en 2005 en Semana una columna que lo señalaba como integrante del cartel liderado por “Chupeta”. La acusación fue ratificada por el jefe paramilitar Juan Carlos Ramírez Sierra, alias “El Tuso”, que volvió a vincularlo con este narcotraficante en 2010. “Restrepo fue el contador, el que le manejaba las finanzas toda la santa vida a Chupeta”, aseguró ante la Corte Suprema de Justicia. Según su testimonio, el empresario es propietario de “numerosas propiedades” a nivel departamental, nacional e internacional. [Declaración de Juan Carlos Sierra Ramírez ante la Corte Suprema de Justicia, el 7 de junio de 2010]Los archivos secretos de un computador de Chupeta, a los que tuvo acceso esta alianza periodística, que permitieron a las autoridades reconstruir su economía ilegal y esclarecer decenas de asesinatos, muestran anotaciones que podrían interpretarse como una referencia a Restrepo. Entre los documentos revisados aparece un alias “006” de nombre “Hernán Mario Restrepo” y otras menciones a “Mario” o “Hernando”.Años más tarde, las acusaciones contra Restrepo se concretaron en expedientes. Documentos judiciales prueban que desde diciembre de 2021 pesa contra el empresario una acusación de la Fiscalía por financiar y abastecer, junto con su hermano Fabián Oswaldo, al bloque suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que operó en la zona de Antioquia. La misma estructura ilegal que, según la Fiscalía y una sentencia de Justicia y Paz, se asentaba en fincas del exsenador Mario Uribe. Consultada por esta alianza, la Fiscalía respondió que el proceso contra Restrepo por presuntos vínculos con paramilitares está en etapa de juicio y que otra rama especializada adelanta una investigación para esclarecer el origen de la riqueza de Restrepo.Esta alianza periodística envió un cuestionario a Restrepo para preguntarle tanto por su participación en la falsa operación inmobiliaria por la finca Villa Esther como por sus vínculos con el paramilitarismo, pero el empresario no respondió las consultas.Si Odebrecht miró para otro lado con Restrepo, la elección de Bula como lobista es más difícil de explicar para la compañía, porque este exsenador mantuvo constante relación con los directores brasileños a cargo de las operaciones en Colombia. Bula llegó a la alta política mientras se relacionaba con el crimen organizado. El narcotraficante Piedrahita dijo a la Fiscalía que, como parte de su esquema de lavado, realizó intercambios comerciales con Bula desde 2004, que incluyeron entregas mutuas de dinero en efectivo, dos fincas y negocios con ganado por 5000 millones de pesos colombianos, equivalentes a US$ 1,8 millones de la época. Odebrecht debía conocer su prontuario, pero igual usó sus servicios para aceitar el mecanismo de pagos ilegales.Bula también quedó bajo la lupa de la justicia por una supuesta relación con la Oficina de Envigado, una estructura de cobro de deudas creada por Pablo Escobar Gaviria, que luego pasó a dirigir actividades criminales en Medellín. En junio de 2014, según documentos que forman parte de la filtración #NarcoFiles, mientras Bula movía las maquinarias en el Congreso en favor de Odebrecht, las autoridades colombianas encontraron en la escena del crimen de Wilmer Alexis Metaute, uno de los jefes la Oficina, una carta en que decía que Macario Guillermo Arango de León le debía a Bula 5.540 millones de pesos -equivalentes a unos US$3 millones de la época. [Sentencia en el proceso de extinción de dominio contra Otto Nicolás Bula Bula, Carmen Luz Hoyo Abad, Agropecuaria El Central SA y Porto Lagonteries Ltda., el 4 de agosto de 2020]. Esta prueba motivó una investigación judicial para determinar si el exsenador tendría relación con estos dos individuos vinculados a la Oficina de Envigado. Esta alianza consultó a la Fiscalía por este expediente judicial y otros que involucran a los lobistas de Odebrecht. En una detallada respuesta de siete páginas, la entidad aseguró que la información requerida “no es susceptible de suministrar a los periodistas” pues existen restricciones legales que no le permiten hacerlo.Bula también fue contactado por esta alianza periodística, pero el exsenador no respondió las preguntas.La finca Paraná de PiedrahitaVilla Esther no fue la única finca que enredó a Odebrecht con un personaje bajo la sombra mafiosa. El confeso narcotraficante Piedrahita declaró ante la justicia una historia que lo conecta con la escandalosa saga de sobornos que la constructora brasileña repartió en Colombia. Dijo que Federico Gaviria, otro lobista clave de la compañía, junto a otros dos socios le compraron su hacienda Paraná en 2014 en Planeta Rica, un municipio del Caribe colombiano. La finca para ceba de ganado la había recibido el mismo Piedrahita en 2012, como pago por el millón de dólares que le había prestado a un narcotraficante, para pagar su defensa en Estados Unidos.En los papeles de la hacienda, el nombre de Gaviria no figura. Sin embargo, Piedrahíta ratificó ante los fiscales que él sí fue clave en el negocio. “Se vendió el 10 de septiembre de 2014 a Gustavo Torres, Teresita Arango y Federico Gaviria una finca llamada Paraná, que se encuentra ubicada en Planeta Rica (…) figurando como comprador Gestoría Profesional Agroindustrial SAS, empresa de propiedad de Profesionales de Bolsa, que fue creada solamente para celebrar este negocio”, dijo Piedrahita.El registro oficial ratifica esa versión: la finca pasó de manos de Comercializadora Troppo S.A., una sociedad de Piedrahita, a la empresa Gestoría Profesional Agroindustrial SAS, una compañía que había sido creada recientemente por Rodrigo Alfredo Mayorga Pachón, Gustavo Adolfo Torres Forero y Teresita Arango Arango. [Acta de constitución de la sociedad Gestoría Profesional Agroindustrial, 14 febrero de 2014] Ellos eran además accionistas de una firma de corredores de la Bolsa de Bogotá, Profesionales de Bolsa S.A. Ésta sociedad también fue intermediaria de pagos ilegales en la compleja trama que aún hoy, casi una década después de que estallara, no termina de esclarecerse.Piedrahita dijo que, en total, la operación pactada fue por 6153 millones de pesos colombianos –equivalentes a unos US$2,6 millones de la época– y que se firmó oficialmente por 4000 millones de pesos colombianos -U$1,6 millones-; es decir, por casi un millón de dólares menos. Consultado por esta alianza periodística, el abogado tributarista, Federico Lewin, explicó que “no es inusual en Colombia que las compras de tierras se registren por menor valor para evadir impuestos, una práctica que puede acarrear sanciones tributarias o incluso penales”.Sin embargo, en este caso particular, hay una coincidencia notable: la adquisición de la finca, según el certificado oficial, se concretó el 26 de enero de 2015. Es decir, diez días después de que Profesionales de Bolsa recibiera el pago de una factura por 2.695 millones de pesos -equivalentes a US$ 1 millón de la época- de parte de la Concesionaria Ruta del Sol II, de la que Odebrecht era socio principal. [Sentencia contra Federico Gaviria Velásquez, Gabriel Alejandro Dumar Lora y Gustavo Adolfo Torres Forero, el l 10 de junio de 2022]La justicia determinó que este desembolso junto a otros tres giros que recibió Profesionales de Bolsa por parte de la Concesionaria –y que sumaron 8.376 millones de pesos– fueron pagos ilegales que se ocultaron bajo la fachada de un contrato ficticio. De esta plata, según las sentencias judiciales, Gaviria se quedó con 4.379 millones de pesos como pago por sus gestiones ilegales y 1.962 millones de pesos fueron a Profesionales de Bolsa, razón por la cual su representante Gustavo Adolfo Torres fue procesado y condenado por enriquecimiento ilícito.No se puede afirmar que la finca Paraná fue comprada precisamente con esos dineros girados por la Concesionaria. Sin embargo, la coincidencia de tiempos, montos y la confesión de Piedrahita levantan una sospecha de que la comisión ilegal, al comprarle un bien a un narcotraficante, pudo haber servido para lavar dinero. Asimismo, en 2017 Otto Bula aseguró que alertó a los investigadores de la Fiscalía sobre las irregularidades que pudieron haber rodeado la finca Paraná: “Me entero (del negocio) por el señor Gustavo Torres o por el señor Federico Gaviria. Se la compraron al señor José Piedrahita, pero no sé ni cuánto costó ni cómo lo pagaron”.Esta alianza periodística intentó comunicarse con Gaviria para preguntarle por distintos hechos mencionados en esta investigación, pero el ingeniero no respondió las consultas.Piedrahita fue condenado por este y otros casos de lavado de dinero. La Fiscalía aseguró a esta alianza que actualmente ni la Dirección Especializada de Extinción de Dominio ni el Grupo de Persecución de Bienes adelantan investigaciones sobre la finca Paraná. Esto a pesar de que en la apertura de una investigación preliminar de el 31 de enero de 2019 la misma Fiscalía planteaba "si Gustavo Torres, Teresita Arango y Federico Gaviria, Profesionales de Bolsa, al registrar la compra de la finca Paraná por un valor inferior al pagado en efectivo a través de una empresa constituida solo para ese efecto, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero, incurrieron al parecer en el delito de lavado de activos".De la confesión Piedrahita se pudo reconstruir no sólo el origen ilícito de su fortuna, sino también su red de relaciones, entre ellas con Profesionales de Bolsa, una sociedad que fue clave tanto para la adquisición de la finca Paraná como para toda la trama de pagos ilegales de Odebrecht en Colombia.Nacida a finales de los años ochenta en Bogotá, esta firma se especializaba en ofrecer oportunidades de inversión en mercados de capitales, así como en el negocio ganadero. [Documento “Kardex - Matrícula 00310791 - LB 09 - Registro 00300696 - Caja 4744 - Año 1998 - Tramite.tif”, del expediente de la sociedad Profesionales de Bolsa, en la Cámara de Comercio de Bogotá] Tras el escándalo, Profesionales de Bolsa entró en liquidación voluntaria y la Superintendencia Financiera ordenó la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores en diciembre de 2018. [Resolución 1769 del 13 de diciembre de 2018 de la Superintendencia Financiera]Piedrahita hizo énfasis en su relación con este agente de bolsa al recordar que, cuando estalló el escándalo que lo complicó judicialmente desde 2008, a raíz de una publicación periodística, se le cerraron muchas puertas de entidades financieras como el BBVA y el Banco de Bogotá, “pero eso no ocurrió con Profesionales de Bolsa, que siguieron respaldándome comercial y financieramente”, señalan los documentos. Este equipo periodístico envió consultas al abogado de Mayorga Pachón, Torres y Arango, que fueron accionistas de Profesionales de Bolsa, pero hasta el momento de la publicación no fueron respondidas.La Cubana de los herederos de Cifuentes VillaTras lograr la aprobación de la leyes que le aseguraron a Odebrecht la “estabilidad jurídica” en febrero de 2013, Bula y Gaviria ya sabían que sus honorarios estaban próximos a llegar, según relató el propio Gaviria a la Fiscalía. Aseguró que Bula le propuso entonces a su compañero hacer un negocio ganadero juntos: comprar La Cubana, una antigua finca en Cáceres (Antioquia) de 1200 hectáreas.Tres fuentes independientes consultadas por esta alianza periodística, aseguran que la hacienda había pertenecido al narcotraficante Francisco Cifuentes Villa, más conocido como Pacho Cifuentes, asesinado en 2007, quien fue la mano derecha de Pablo Escobar. Según las fuentes consultadas, Cifuentes consideraba a la hacienda como uno de sus tesoros y dijeron que, tras su muerte, había quedado en cabeza de sus herederos.La Cubana volvió a quedar bajo la lupa cuando, ya después de haber sido condenado por el caso Odebrecht, Gaviria entregó a la justicia un lote de esta finca como parte de la compensación económica exigida en los tribunales. Predios sobre los que el Grupo de Persecución de Bienes no tiene ninguna investigación en curso para esclarecer si tienen vínculos con grupos organizados al margen de la ley, según informó la Fiscalía como respuesta a un cuestionario de esta alianza.El trato que hicieron Gaviria y Bula –según la versión del primero- fue que el exsenador aportaría la finca y el ingeniero, junto a su socio y cuñado Mauricio Londoño, se encargarían de acondicionar el predio para su uso ganadero y también administraría el negocio. Para este fin, crearon la sociedad El Dorado Cáceres SAS, que concretó la compra en junio de 2014 a Agropecuaria LSA SAS.Bula finalmente decidió no participar: "Al principio pensé hacer un negocio con esa finca pero la iba a cambiar por propiedades. En esa finca estaban unos herederos, después hubo una diferencia y una cosa ahí entonces yo dije: ‘yo no hago ese negocio’", explicó Bula a la Fiscalía.Hubo dos intermediarios -según Gaviria- para formalizar la adquisición de la hacienda: un hombre llamado Felipe Gómez y Juan Fernando Ramón Zapata, hermano del extraditado narcotraficante Carlos Ramón Zapata, alias “El Médico”. Juan Fernando estuvo casado por varios años con Sara Carolina Cifuentes Gómez, una de las hijas del capo Pacho Cifuentes. Las fuentes consultadas coincidieron en que este hermano de ‘El Médico’ participó en esa operación inmobiliaria en representación de los herederos del capo Cifuentes. Según los registros de la Rama Judicial, Juan Fernando radicó la demanda de divorcio de Sara Carolina en 2022.“Se acordó como pago de los ‘intermediarios inmobiliarios’ la suma de 5000 millones de pesos”, indicó Gaviria, y luego explicó que los desembolsos por el valor de la hacienda se hicieron entre 2014 y 2016. El lobista aceptó que el dinero de la finca, procedente de sus honorarios de Odebrecht, había sido pagado a través de varias sociedades, entre ellas, Profesionales de Bolsa, Coast Helicopter, Helicontinente, Grupo Mundial de Ingenieros y Consultores Unidos.En la sentencia judicial contra Gaviria, la mayoría de los destinatarios de este dinero no aparecen plenamente identificados, sin embargo, esta alianza pudo corroborar que al menos dos pagos que suman 216 millones de pesos fueron girados directamente a nombre de Ángela María Gómez de Cifuentes, ex esposa del capo asesinado. Estos pagos fueron hechos a través de Grupo Mundial de Ingenieros y de la empresa Aldepósitos. [Sentencia contra Eduardo Zambrano Caicedo y Federico Gaviria Velásquez, emitida por el Juzgado Séptimo Penal Circuito Especializado de Bogotá, D.C. el 7 de abril de 2021]La operación de la que hizo parte Aldepósitos para mover los fondos de Odebrecht fue orquestada por otro lobista de renombre en esta trama: Eduardo Zambrano Caicedo. Este ingeniero, asesor de la constructora brasileña, suscribió un contrato ficticio con Aldepósitos para hacer llegar el dinero opaco a Colombia. No fue la única operación que ordenó. Zambrano confesó haber movido 12,509 millones de pesos (equivalente a unos US$5,1 millones al cambio de la época) a través de la empresa Consultores Unidos. Zambrano jugó un papel decisivo como intermediario para canalizar el pago de 650 millones de pesos a Roberto Prieto, el gerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en el 2010 y 2014. Según la sentencia judicial de Prieto, así se le recompensó al gerente de esa campaña por haber gestionado un contrato para Zambrano, representante de Consultores Unidos, dentro de las obras de la Ruta del Sol 3, a cargo de otra concesionaria llamada Yuma, cuyo socio principal era la empresa italiana Impregilo. [Sentencia en contra de José Roberto Prieto Uribe, emitida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá, el 30 de mayo de 2019] El dinero, dice el fallo del juez, se tramitó con el pretexto de "tapar los huecos financieros" de la campaña de reelección presidencial. Eduardo Zambrano también fue pieza clave en el caso contra el exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta, a quien señaló de recibir pagos de la multinacional Odebrecht disfrazados como contratos. “Lo que a mí me consta es que Odebrecht, a través de Consultores Unidos, mi empresa, le pagó unos dineros durante el año 2012 y 2013 (...) a Daniel García Arizabaleta”, explicó Zambrano a la Fiscalía. Como soporte de su versión, entregó 13 cheques cobrados por García Arizabaleta y que suman alrededor de 280 millones de pesos.García Arizabaleta hoy está negociando con la justicia para recibir inmunidad penal a cambio de su delación en contra del candidato presidencial que enfrentó a Santos en la segunda vuelta en 2014. García dijo que Odebrecht le había pagado al publicista Duda Mendonça (ya fallecido) para que asesorara la campaña de Oscar Iván Zuluaga.Por el caso Odebrecht, Zambrano fue condenado a seis años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en abril de 2021. Producto de sus confesiones, el ingeniero recibió inmunidad penal por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Quedó en libertad a finales del año pasado.No parece haber tenido injerencia alguna en la decisión de otorgarle inmunidad, el hecho de que Zambrano hubiera estado prófugo de la justicia en dos ocasiones anteriores. Y no por delitos menores. En 1982, las autoridades bancarias comprobaron una estafa a los ahorristas del Banco del Estado en la cual Zambrano, entonces vicepresidente de la entidad, fue protagonista. Luego huyó del país.En Brasil intentó infructuosamente conseguir trabajo, e hizo contacto con unos empresarios de Medellín a quienes les comenzó a manejar sus inversiones, según su propio relato. En febrero de 1983 compró un apartamento en Río de Janeiro que pagaba cuentas de teléfono millonarias. Pronto consiguió la residencia en ese país.En 1984, las autoridades de Panamá, presionadas por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, luego del asesinato a manos de la mafia del ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, desmontaron la construcción incipiente de un laboratorio para producir cocaína en el Darién e incautaron decenas de tanques de éter. La pesquisa los llevó a Zambrano, quien declaró ante la policía panameña como informante bajo el nombre de José Caicedo (su segundo nombre y su segundo apellido).Allí contó que él había hecho un pago de 200 mil dólares a la campaña presidencial del panameño Nicolas Ardito Barletta a nombre de los carteles de la mafia colombiana. El aporte buscaba granjearse el visto bueno –o la vista gorda – del gobierno de ese país para montar un laboratorio de producción de cocaína en las selvas del Darién. El ingeniero colombiano contó que él mismo había estado en varias reuniones, a nombre de los narcos colombianos, con coroneles del jefe de la fuerzas de defensa panameñas, el general Manuel Antonio Noriega, para acordar finalmente que el soborno a esas fuerzas sería de 4 millones de dólares más otros 200 dólares por kilo de cocaína producido. Esperaban producir 5 mil kilos mensuales. Así podrían montar su laboratorio e importar sin problemas acetona y éter (precursores químicos para procesar la coca). No obstante, por la presión estadounidense, no les cumplieron el trato.La policía panameña encontró documentos en poder de Zambrano que reflejan el movimiento financiero del grupo internacional de traficantes de droga por casi 11 millones de dólares de esa época (unos 32 millones de dólares de hoy). Varias facturas tenían como beneficiario a Vicente Wilson Rivera González, quién luego fue identificado como jefe de un cartel en la Amazonía entre Colombia y Brasil.Zambrano fue expulsado de Panamá, pero la policía brasileña, que también había desatado una ofensiva contra las organizaciones de narcotraficantes que pretendían montar sus laboratorios en la Amazonía de Brasil, siguiendo la pista de Vicente Rivera, descubrió que éste usaba el departamento de Río que figuraba a nombre de Zambrano.En abril de 1987, el Ministerio Público Federal de Brasil acusó a Rivera, Zambrano y a otros por haberse asociado entre 1984 y 1985 para haber “implantado y comandado una empresa criminal relacionada con el tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, a través de la adquisición de sustancias químicas éter y acetona, con vistas a la producción, refinamiento y distribución, a gran escala, del enervante para diversos países”. También le quitaron el apartamento por considerarlo fruto de dinero ilícito. El juez federal Helio de Matos los condenó diez años después, en 1997. A Zambrano le impuso cuatro años de prisión, pero como tampoco se había presentado ante la justicia, y pasó tanto tiempo entre la acusación y la condena, el juez declaró la “punibilidad extinta” de su caso.Un voluminoso expediente de la justicia brasileña, de más de 800 páginas, consultado por esta alianza periodística, revela esos capítulos desconocidos de Panamá y de Brasil, en la larga historia delictiva de Zambrano. Este equipo envió preguntas a Zambrano a través de uno de sus hijos y de su abogado para tener su versión tanto su participación en el caso Odebrecht como la relación que tuvo con el narcotráfico, pero no hubo respuesta.Zambrano regresó a Colombia y se reinventó como socio de Consultores Unidos, la empresa que luego involucró en pagos ilegales para Odebrecht. Sus vínculos con el narcotráfico pasaron al olvido, salvo por el periodista Alberto Donadío que citó en su libro Nobelbrecht y en una columna de opinión, que el nombre de Zambrano había salido en la prensa en los ochentas asociado al Cartel de Medellín. Esta investigación corrobora esa versión con el expediente original del caso en Brasil.Aún así, la Fiscalía no parece haber atado ningún cabo.A partir de distintas confesiones, como la de Piedrahita, pero también de las otras investigaciones aquí mencionadas, la Fiscalía ha acumulado en sus escritorios pruebas que apuntan a la complicidad de intermediarios en el caso Odebrecht con narcotraficantes y paramilitares. Aún así, la entidad ha ofrecido rebajas de penas por colaboración a varios de ellos, aunque no parecen haber confesado la parte más oscura de sus operaciones ilegales. En menos de siete años, casi todos ellos lograron recuperar su libertad y otros ni siquiera han sido procesados.Las sentencias de los jueces en el caso Odebrecht tampoco ahondan en estas conexiones de lobistas e intermediarios con el crimen organizado.*Esta investigación tuvo el apoyo de OCCRP, IDL-Reporteros (Perú) y La Prensa (Panamá)
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga, quien fuera su gerente en 2014, por hechos relacionados con la financiación de su campaña con dineros de la constructora brasileña Odebrecht.En contexto: Óscar Iván Zuluaga, en medio de escándalo por dinero de Odebrecht, renuncia al Centro DemocráticoSegún el ente acusador, el exministro Zuluaga “sabía que recibir financiación de fuentes internacionales era ilícito, y presentó ante la autoridad electoral los informes de ingresos y gastos de primera y segunda vuelta sin reportar la contribución económica de Odebrecht. Así obtuvo por concepto de reposición de votos más de 25.291 millones de pesos”.Así mismo, indicó que Óscar Iván Zuluaga y su hijo “indujeron en error al CNE (Consejo Nacional Electoral)”, tras rendir declaraciones “en las que omitieron información sobre los aportes de la multinacional”, razón por la que el organismo de control “cerró una investigación administrativa que realizaba por financiación extranjera”.Caso Óscar Iván Zuluaga: los magistrados que votaron por cierre de la investigación del CNE en 2017“Para la Fiscalía, se vulneró el artículo 109 de la Constitución Política, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir recursos de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales. Adicionalmente, se generó un incremento patrimonial injustificado a favor de ‘Zuluaga Presidente 2014 – 2018’”, precisó el ente acusador en un comunicado.Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusa a Óscar Iván Zuluaga “por dos hechos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y uno de enriquecimiento ilícito de particulares. A Zuluaga Martínez (su hijo) le atribuye un evento de fraude procesal”.En julio pasado, ni el excandidato presidencial ni su hijo aceptaron los cargos imputados.En esa audiencia, el fiscal Andrés Palencia señaló que Óscar Iván Zuluaga engañó a su hijo: “Usted sabía que al no incluir los aportes recibidos de Odebrecht y los informes de ingreso y egreso de la campaña presentados por el gerente a la organización electoral necesariamente se tornaban espurios (falsos), pero aun así permitió que su hijo, el gerente de campaña, los presentara, no solo con el propósito de cumplir con el requisito de informar públicamente los ingresos y egresos de la campaña, sino también de reclamar la reposición de votos”.“Usted, señor Óscar Iván Zuluaga, al momento de engañar a su hijo David Zuluaga y a Víctor Manuel Poveda, como auditor interno, los instrumentalizó para que ellos, traicionados por el propio candidato, presentaran informes de contenido espurio ante el Consejo Nacional Electoral para la primera y segunda vuelta presidencial”, agregó.Puede ver: ¿Óscar Iván Zuluaga sabía de entrada de dineros de Odebrecht a su campaña? Estos audios lo enredan
Este jueves 26 de octubre, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga, gerente de su campaña en 2014, serán llamados a juicio por la supuesta financiación ilegal por parte de Odebrecht, la multinacional brasileña inmersa en escándalos.Dineros de Odebrecht entraron a las campañas de Santos y Zuluaga: Fiscalía General de la NaciónÓscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga deberán responder por los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Se prevé que la próxima semana quede radicado el escrito de acusación.En la audiencia de imputación de cargos llevada a cabo el 10 de julio de 2023, la Fiscalía señaló que Zuluaga había engañado a su hijo. “Usted sabía que, al no incluir los aportes recibidos de Odebrecht y los informes de ingreso y egreso de la campaña presentados por el gerente a la organización electoral, necesariamente se tornaban espurios (falsos), pero aun así permitió que su hijo, el gerente de campaña, los presentara no solo con el propósito de cumplir con el requisito de informar públicamente los ingresos y egresos de la campaña, sino también de reclamar la reposición de votos”, expresó el fiscal Andrés Palencia.En medio de dicha diligencia, los Zuluaga no aceptaron cargos.Los audios sobre Odebrecht que salpicaron a Óscar Iván ZuluagaEl excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga quedó en el ojo del huracán luego que, a través de unos audios, presuntamente aceptara la financiación de dinero ilícito proveniente del caso Odebrecht para su campaña. El material fue aportado por el exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta.En los audios, revelados por revista Semana, Zuluaga habla de destrucción de evidencia y otras maniobras para ocultar presuntamente el ingreso de dineros provenientes de Odebrecht a su campaña presidencial en el 2014.En las conversaciones, que llegaron a manos de la Fiscalía, Óscar Iván Zuluaga le dice a Daniel García Arizabaleta, quien fuera directivo de su campaña, que confesó lo sucedido con el caso Odebrecht ante un sacerdote, a quien le habría contado toda la verdad.Óscar Iván Zuluaga: “Yo fui y le dije: 'Padre, dígame una cosa, ¿yo qué debo hacer?'”.Daniel García Arizabaleta: ¿Le contó toda la historia?Óscar Iván Zuluaga: Sí, le dije: 'padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre católico'. Y me dijo algo sabio, por eso quería que usted hablara con él, me dijo: ‘Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás’”.En medio de la conversación, Zuluaga le asegura a Arizabaleta que, si todo se descubre, él está dispuesto a responder ante la justicia, esto con el fin de proteger principalmente a su hijo David Zuluaga, quien fue su representante legal en la campaña presidencial y hoy es también investigado por fraude procesal.Óscar Iván Zuluaga: “Y yo tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en un momento por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para proteger a todos. Si yo tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, yo lo asumo porque mi espíritu es ese. Mi sentido de la amistad, de la lealtad es ese y pienso también es que, si el día de mañana tengo que asumir una responsabilidad, con eso estoy protegiendo a David, también lo estoy protegiendo a usted y a todos”.¿Óscar Iván Zuluaga sabía de entrada de dineros de Odebrecht a su campaña? Estos audios lo enredan
La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a la exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez-Correa Glen, “como presunta responsable de viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato Ruta del Sol II, los cuales adicionaron el tramo Ocaña–Gamarra al proyecto vial”, señaló el ente acusador en un comunicado.Jorge Enrique Pizano: Fiscalía insiste en que muerte de testigo clave del caso Odebrecht fue naturalDe acuerdo con la información revelada por el ente investigador, “un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación en contra de la exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez-Correa Glen, como presunta responsable de viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato Ruta del Sol II, los cuales adicionaron el tramo Ocaña–Gamarra al proyecto vial”.Caso Odebrecht: Germán Vargas Lleras dice que no estaba en el gobierno cuando se firmó el otrosíA consideración de la Fiscalía General de la Nación, “la exfuncionaria habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado”.Asimismo, señala que Cecilia Elvira Álvarez “no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes”.La Fiscalía General de la Nación imputará a la exministra de Transporte por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.“La audiencia de acusación será programada en la fecha que fije la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia”, agrega.En agosto pasado, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló cómo Odebrecht financió las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga y anunció 55 nuevas imputaciones, después de 6 años de iniciado el escándalo.Detrás de este entramado está la cúpula de la multinacional, citada ahora a imputación de cargos por parte de la Fiscalía. Algunos de ellos son:Marcelo Odebrecht, heredero y expresidente de la multinacional entre 2008 y 2015.Eder Paolo Ferracuti, presidente de la concesión Ruta del Sol 2.Eleuberto Martorelli, jefe de Odebrecht en Colombia, quien intentó un principio de oportunidad con la Fiscalía, pero nunca se avaló por un juez.Luiz Antonio Mameri.Estas personas confesaron los pagos en diciembre de 2016 ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. A pesar de eso, solo hasta ahora en Colombia son llamados a imputación.Caso Odebrecht: ¿por qué pasaron seis años para realizar nuevas imputaciones?
Avanza la audiencia donde se definiría si se precluye o no el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de Odebrecht. La Fiscalía insiste en que el ingeniero falleció por causas naturales.En otras noticias: Ya hay fecha para que la Corte Suprema de Justicia resuelva la situación de las ternas para fiscalLa Fiscalía argumentó que la muerte de Jorge Enrique Pizano, dada el 9 de noviembre de 2018, se dio por causas naturales y no por un suicidio con cianuro."Esas causas quedaron debidamente consignados en un protocolo de necropsia del patólogo Pedro Emilio Morales, el cual reza que el deceso del señor Jorge Enrique Pizano se debió a una arritmia cardiaca secundaria a hipertrofia concéntrica", comentó Carlos Mauricio Escobar, fiscal del caso.El ente investigador también señaló que la necropsia de Jorge Enrique Pizano mostró que el exauditor de la Ruta del Sol II tenía un cáncer linfático y antecedentes de enfermedades cardiacas, pero no se encontraron rastros de cianuro.Sin embargo, en la audiencia también se planteó una contradicción, pues el fiscal Escobar dijo que en la boca de la botella que contenía el cianuro se encontraba el ADN de Jorge Enrique Pizano.Durante la audiencia, el fiscal expresó: "En la boca de la botella marca Omi saborizada que se encontraba en la habitación principal del ático, se detectó ADN del señor Jorge Enrique Pizano".Para la defensa, las pruebas habrían sido alteradas, por lo cual presentaron evidencias y testimonios que darían cuenta de estas presuntas manipulaciones.En temas relacionados: Caso Odebrecht: Germán Vargas Lleras dice que no estaba en el gobierno cuando se firmó el otrosí
Las recientes declaraciones del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, sobre el escándalo Odebrecht, generaron reacciones. También hubo cuestionamientos y dudas sobre la imputación a 55 personas por parte de la Fiscalía.Caso Odebrecht: ¿por qué pasaron seis años para realizar nuevas imputaciones?José Elías Melo, quien fuera presidente de Corficolombiana, empresa del Grupo Aval, y quien hoy paga una pena de 11 años y 9 meses de prisión por el escándalo Odebrecht, decidió romper su silencio. Lo hizo desde su celda en la cárcel La Picota.Habló con la Revista Cambio de sus antiguos jefes, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, a quienes señaló de haber ordenado buscar un socio para poder participar en la licitación del proyecto Ruta del Sol II. Una búsqueda que terminó con la brasilera Odebrecht.De hecho, señaló a las directivas del Grupo Aval de haber participado del acuerdo que concretaba la sociedad con Odebrecht.En la misma entrevista habló sobre el acuerdo al que ese conglomerado económico llegó con la justicia de Estados Unidos para cesar las acciones en su contra por el escándalo de los sobornos pagados por la multinacional Odebrecht a cambio de contratos.Dineros de Odebrecht entraron a las campañas de Santos y Zuluaga: Fiscalía General de la NaciónSobre ese aspecto, José Elías Melo dijo no saber quién es el funcionario que en el año 2014 habría sido clave para lograr que Odebrecht supuestamente diera aportes a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos a cambio de lograr la adición al contrato de la Ruta del Sol en el tramo Ocaña- Gamarra.Mencionó al mismo expresidente Santos, a su exvicepresidente y a quien fuera secretaria general de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, hoy presidenta de Corficolombiana.La respuesta de Germán VargasAnte estos señalamientos, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que en lo que a él respecta, no hay, ni ha habido, elemento alguno que lo vincule con la polémica adición de ese contrato por una sencilla razón: para la época en que se firmó el otrosí con la multinacional brasileña, él estaba fuera del gobierno.Según Vargas Lleras, el contrato original era del año 2010. El otrosí del contrato del tramo Ocaña - Gamarra se firmó en marzo del 2014.Caso Odebrecht: Petro dice que Fiscalía "les permitió irse" a responsables de sobornosVargas Lleras había renunciado y estaba fuera del gobierno en ese momento y solo regresó en agosto del 2014, seis meses después de esa firma, cuando fue elegido como vicepresidente para el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Asegura que no tuvo en ese momento nada que ver con el tema de la infraestructura en Colombia.Voceros del gobierno de Juan Manuel SantosSobre la mención de un supuesto aporte a la campaña de Juan Manuel Santos, fuentes cercanas al exmandatario le aseguraron a Noticias Caracol que ese señalamiento se basa en testimonios de personas que han mentido y se han contradicho sobre el tema y que tienen certeza de que no hay una sola prueba que demuestre que hubo tal aporte de Odebrecht.De hecho, esas mismas fuentes le dijeron a Noticias Caracol que el asunto ya ha sido investigado, como el de la entrada de un aporte en camisetas y afiches por parte de Odebrecht a la campaña del 2010 y que por ese caso ya hubo condena y se establecieron las responsabilidades.Sobre si hubo aportes en la segunda campaña advierten que, además de no existir prueba alguna, a la multinacional brasileña no se le dio contrato alguno, ni la favorecieron en ninguna de sus reclamaciones al Estado en esa época.Sobre el otrosí al contrato de la Ruta del Sol en el tramo Ocaña - Gamarra, esas mismas fuentes del gobierno Santos aseguraron que las razones para otorgarlo tuvieron que ver con la necesidad de restablecer la comunicación en esa zona del país. María Lorena Gutiérrez, hoy presidenta de Corficolombiana también se pronunciará en las próximas horas sobre afirmaciones de José Elías Melo. Según conoció Noticias Caracol, su posición se centrará en demostrar que no tuvo que ver en este entramado de corrupción.A estas respuestas sobre las revelaciones e imputaciones que hizo la Fiscalía se suma un artículo del diario El Espectador del sábado en el que se hace un análisis de esas decisiones y se advierte que se trata de medidas basadas en declaraciones de testigos que habían sido cuestionados y en lo que denominan viejas líneas de investigación que ya habían sido exploradas en el pasado.
El pasado jueves, jueves 17 de agosto de 2023, desde Cartagena, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló cómo Odebrecht financió las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga y anunció 55 nuevas imputaciones, después de 6 años de iniciado el escándalo. La pregunta es ¿por qué demoró tanto este paso?José Elías Melo, condenado por sobornos de Odebrecht, habló del caso: “Soy el gancho ciego”El escándalo de la multinacional brasileña empezó en la sede matriz, donde se creó el departamento de operaciones estructuradas, dedicado solo a los sobornos en todo el mundo.Según la Fiscalía, sobornaron congresistas, funcionarios, lobistas, contratistas y particulares. Los sobornos buscaban conseguir mega contratos y modificar el objeto de los mismos. Las coimas superaron los 80.000 millones de pesos. Detrás de este entramado está la cúpula de la multinacional, citada ahora a imputación de cargos por parte de la Fiscalía.Algunos de ellos son: - Marcelo Odebrecht, heredero y expresidente de la multinacional entre 2008 y 2015. - Eder Paolo Ferracuti, presidente de la concesión Ruta del Sol 2.- Eleuberto Martorelli, jefe de Odebrecht en Colombia, quien intentó un principio de oportunidad con la Fiscalía, pero nunca se avaló por un juez. - Luiz Antonio MameriEstas personas confesaron los pagos en diciembre de 2016 ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. A pesar de eso, solo ahora en Colombia son llamados a imputación. Algo que para expertos es incomprensible. “Es incomprensible porque, si existían ya evidencias, por lo menos se debieron haber imputado cargos. Aquí hay muchas cosas que se deben investigar fuera de lo de Odebrecht. Hay quejas de que se engavetaron los expedientes, había mucho interés político en el tema”, indicó Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.En Colombia, el caso Odebrecht tiene varias líneas de investigación. Una de ellas, las campañas presidenciales.Según la Fiscalía, a las campañas de Juan Manuel Santos de 2010 y 2014 ingresaron 3.540 millones de pesos. Roberto Prieto, gerente de la campaña, fue condenado a 5 años, pero no por el ingreso de los 3.500 millones, sino por beneficiarse de un contrato de la Ruta del Sol 3. El Consejo Nacional Electoral también investigó ingresos de Odebrecht a la campaña Santos presidente, pero archivó el proceso. También está involucrada la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Según el ente investigador, esa campaña recibió 3.045 millones de pesos. Por este caso, el excandidato presidencial y el gerente de la campaña, David Zuluaga, fueron imputados por la Fiscalía.‘Negro Ober’, que en la cárcel amenazó a funcionarios y comerciantes, destruyó cámaras de la prisiónEl efecto corruptor de Odebrecht en América LatinaEsta compañía ha admitido haber pagado desde 2001 cerca de 790 millones de dólares en sobornos a unos 154 políticos y funcionarios de América Latina para obtener contratos públicos.En al menos 11 países ha salido a la luz la trama de corrupción. Todo empezó en Brasil, país de origen del gigante de la ingeniería y la construcción. La llamada operación Lava Jato dejó al descubierto estas prácticas, que involucraban especialmente a la estatal Petrobras. La justicia brasileña ya condenó al expresidente de la constructora, Marcelo Odebrecht a 19 años y 4 meses prisión. Sus declaraciones salpicaron a tres presidentes: Michel Temer, Dilma Rousseff y al propio Luiz Inácio Lula da Silva, a quien le revocaron una condena por este hecho. Por otro lado, Perú es el país tal vez con más avance en las investigaciones que alcanzaron a cuatro expresidentes.Alejandro Toledo, extraditado de los Estados Unidos, cumple 18 meses en prisión preventiva mientras inicia el juicio. La Fiscalía solicitó 35 años de cárcel. En abril del 2019, se ordenó la detención preliminar de Alan García. Cuando los agentes llegaron a su residencia, este se quitó la vida. Ollanta Humala cumplió nueve meses de prisión preventiva en el 2017. Después se le concedió comparecencia restringida a su esposa, Nadine Heredia, quien está bajo arresto domiciliario desde el 2020. Finalmente, en el 2019 se ordenó el arresto domiciliario de Pedro Pablo Kuczynski. Desde el año pasado, el expresidente mantiene comparecencia restringida mientras es investigado por lavado de activos y organización criminal. Otros exmandatarios latinoamericanos también se vieron salpicados por el escándalo Odebrecht en el continente. Tal fue el caso de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela en Panamá. Asimismo, en El Salvador se vio involucrado el expresidente Mauricio Funes y, por último, en México, Enrique Peña Nieto.
El expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, condenado a 11 años de prisión por los sobornos de Odebrecht, habló con la revista Cambio y entregó detalles de los vínculos del Grupo Aval con la firma brasilera. También, se refirió al expresidente Juan Manuel Santos, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el exfiscal Néstor Humberto Martínez.Dineros de Odebrecht entraron a las campañas de Santos y Zuluaga: Fiscalía General de la NaciónJosé Elías Melo aseguró que el banquero, empresario y constructor Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, participaron en el acuerdo con la firma Odebrecht para la licitación relacionada con la Ruta del Sol.“Sí. Ellos querían participar. Corficolombiana no tenía los requisitos que la licitación exigía porque su experiencia anterior en infraestructura era muy pequeña. Si el Grupo Aval hubiera podido presentarse solo, lo hubiera hecho. Pero había que buscar un socio y nos pidieron que lo buscáramos. Ese proceso fue estudiado directamente con la junta directiva del Grupo Aval. No fue una iniciativa de José Elías Melo. Eso se aprobó directamente por los doctores Luis Carlos Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y la junta directiva del Grupo Aval”, dijo.José Elías Melo, actualmente preso en la cárcel La Picota, afirmó que, si él supiera todo lo que pasó con Odebrecht, tendría de rodillas al expresidente Juan Manuel Santos, al exvicepresidente Germán Vargas Lleras y al exfiscal Néstor Humberto Martínez.“Si yo tuviera el poder que se deriva de esa conclusión del Grupo Aval, los tendría de rodillas a ellos. La razón por la cual yo soy el gancho ciego es porque no sé. Eso es lo que les da tranquilidad a Néstor Humberto, a Luis Carlos Sarmiento, a Juan Manuel Santos y a Germán Vargas. Si yo supiera, hace rato estaría en mi casa, quizás no habría recibido ni una multa. Aquí el poder del Estado se ha ejercido de una manera impresionante”, relató.Y añadió: “En 2017, cuando este tema arrancó, acababa de pasar la firma del acuerdo de paz, el doctor Santos estaba terminando su gobierno, había pasado por encima del plebiscito y era una situación política difícil. Néstor Humberto estaba disparando desde la Fiscalía al acuerdo de paz y yo siento que muchos periodistas se alinearon con el Gobierno, teniendo ese gobierno, el de Juan Manuel Santos, un rabo de paja gigantesco. ¿Quién era el culpable más fácil? José Elías Melo. Yo estaba condenado desde el primer día. Yo era la parte más delgada de la cuerda. Para ello, basta con oír los audios de Roberto Prieto donde menciona la plata que recibió de Odebrecht para cubrir gastos de campaña y que el que van a ‘joder’ es a Melo”.José Elías Melo, quien insiste en su inocencia, aseguró que el exfiscal Martínez es muy hábil para manejar sus intereses.“La vida pública de Néstor Humberto está marcada por unos brincos políticos supremamente notables. Él tiene una habilidad pasmosa de cambiar de lugar, de lados, de intereses, para su mejor conveniencia. Yo, al contrario, soy extremadamente metódico, tranquilo y guardado en mis asuntos profesionales sin ninguna injerencia política de absolutamente nada”, apuntó.José Elías Melo también fue consultado por la revista Cambio sobre la identidad del Colombian Official 3, que fue el contacto que habría acordado las coimas con Euberto Martorelli, cabeza de Odebrecht en Colombia, a cambio de garantizar el contrato.Caso Odebrecht: Petro dice que Fiscalía "les permitió irse" a responsables de sobornos“Me imagino yo que fue un personaje de altísimo nivel porque, de acuerdo con lo que dice el texto de la SEC, el apoyo a la campaña política fue una contrapartida de soborno por la concesión de la adición del contrato Ocaña-Gamarra. Para que eso fuera lógico, la persona que recibió esa plata convenida con el señor Martorelli tenía que tener incidencia sobre la decisión del contrato y, por supuesto, sobre la campaña política. ¿Quiénes estaban en el equipo del doctor Juan Manuel Santos en esas dos condiciones? Ustedes conocen mejor que yo ese tema. Probablemente, la doctora María Lorena Gutiérrez sí está mucho más familiarizada con esa capacidad de injerencia que pudiera tener esa persona. Yo no hacía parte del Gobierno ni de la campaña política y no tenía injerencia alguna. Por lo tanto, no puedo saber quién es. Puede ser Juan Manuel Santos, puede ser Germán Vargas o María Lorena Gutiérrez”, afirmó.Al hacer un análisis de su situación personal, José Elías Melo aseguró que fue utilizado.“El chivo expiatorio es una expresión muy espiritual. La expresión apropiada del mundo criminal es el gancho ciego. Yo fui el gancho ciego de esta cosa, al que utilizan para hacer culpable de las cosas”, manifestó.José Elías Melo, quien fue superintendente bancario, ministro de Trabajo, presidente de bancos y de la principal corporación financiera de Colombia, dijo que ahora le ha tocado vender activos pese a que su defensa la asumió un viejo amigo de manera gratuita.“Mis hijos ya están grandes y cada uno se sostiene. En mi casa hay austeridad absoluta. Los pagos que hemos hecho de abogados han sido vendiendo activos, lo poco que tengo y las dos o tres cosas que me quedan. Yo mantengo toda mi información financiera absolutamente a la vista de quien quiera. Cualquier cosa que yo haya hecho en el pasado está a la vista. Vivimos de un par de arriendos que nos sostienen. Yo no tengo plata para hacer aventuras jurídicas. Juan Carlos Prías Bernal, que es mi abogado en la casación, lo hace de manera gratuita. De todo corazón le doy gracias a él, lo hace gratis porque fue compañero mío toda la universidad”, sostuvo.José Elías Melo es señalado por el Grupo Aval de ser la única persona de esa organización responsable por los sobornos de Odebrecht.Caso Odebrecht: ¿por qué pasaron seis años para realizar nuevas imputaciones?
El INPEC explicó los motivos por los que no hay cámaras de vigilancia en la cárcel donde se encuentra recluido Emilio Tapia, señalado de ser el zar de la contratación. La Procuraduría hizo la denuncia sobre quejas de supuestas salidas ilegales del detenido de ese centro penitenciario.“La ministra le mintió al país”: el rompecabezas del escandaloso contrato del MinTicEl INPEC reconoció que son 16 las cámaras que no funcionan en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, lugar de detención de Emilio Tapia. Según esa entidad, la situación ha sido recurrente no solo en esa cárcel, también en otros penales.Según el INPEC, esta situación ya se ha puesto en conocimiento de la Uspec, pero todavía no se ha determinado el arreglo de estas cámaras, una situación que impide la labor investigativa de la Procuraduría para determinar si Emilio Tapia está saliendo de manera irregular del penal."Hay 16 cámaras instaladas, pero, por fallas en el panel del control, esas 16 no están funcionando. Es un tema gravísimo que no solamente se presenta ahí, sino en varios establecimientos del país. Es lo que estamos articulando con la Uspec. Como no se puede trasladar, tenemos unidades de tratamiento especial, son celdas con más condiciones de seguridad, parecidas a las de dominó con un aislamiento importante y también hay sanciones que impactan la redención de la pena de la persona privada de la libertad. Lo que hace es que aumenta el tiempo que va a estar en la cárcel”, manifestó el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC.Karen Abudinen lanza libro sobre los $70 mil millones de Centros Poblados y la llaman "descarada"
Al Desafío XX llegaron nuevos televidentes como desafiantes de la semana. Ellos vistieron las camisetas de los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega para representarlos en el box blanco, el de las pruebas de aire. Al final del día, una escuadra sumó un premio económico y las demás terminaron castigadas.A Gamboa, del Desafío XX, la echaron de su casa a los 13 añosLos desafiólogos que llegaron a la ciudad de las cajas en el más reciente capítulo fueron Maderita, el carpintero de Omega; Jesús, el pescador de Gamma; Bambam, un administrador de Beta y Ramiro, el panadero de Alpha.Los cuatro hombres se enfrentaron en un desafío de sentencia, premio y castigo en el que se puso a prueba su equilibrio, resistencia y puntería. Todos soñaban con vivir la experiencia de estar en el programa.En este caso, la competencia estuvo bastante reñida entre los participantes, llenando de emoción a los integrantes de los diferentes equipos. Sin embargo, quien no logró dar lo suficiente fue Bambam, de Beta, quien se quedó en el primer obstáculo y se cayó varias veces al intentarlo nuevamente.Al final fue Maderita quien le otorgó el título de ganador a Omega con su participación, uno que luchó por segundos con el participante invitado de Alpha. El hombre, que viajó desde Cali, cumplió su objetivo de hacer parte del reality a los 55 años.Gracias al triunfo de Maderita, el equipo rosado sumó un millón de pesos en premios, dinero que también se llevó el invitado. Por otro lado, Omega le envió el castigo a Beta, quienes deberán pasar 24 horas esposados.La semana termina con un nuevo desafío a muerte para el que Omega definió a los últimos dos sentenciados. Esos fueron Danilo de Alpha y Luisa de Beta, quienes deberán enfrentarse a otros seis compañeros. Los demás sentenciados por el lado de los hombres son: Campanita de Omega, Marlon de Beta y Hércules de Gamma. Mientras que por el lado de las mujeres están: Acero de Beta, Karoline de Gamma y Dickson de Alpha.Vittorio, eliminado del Desafío XX, habla del momento en que tocó "fondo" con las drogas
Al cumplirse los 100 días de la gestión del alcalde Alejandro Eder en Cali, los ciudadanos, gremios y empresarios opinaron sobre la labor del mandatario.Alcalde de Armenia responde a la ciudadanía por inseguridad: “No existe presencia de grupos armados”Las cifras señalan que se ha presentado una reducción en los delitos de impacto en el primer trimestre del 2024. Cali registra una disminución del 21% en homicidios, pasando de 252 casos entre enero y marzo del 2023 a 199 casos en el mismo período de 2024.Los caleños le tienen fe al alcalde Alejandro Eder, confían en que sus políticas de gobierno ayuden a transformar a Cali, pero le piden mejorar la seguridad, la movilidad, la infraestructura y, por supuesto, muchas oportunidades laborales.En medio de la gestión del mandatario de la capital del Valle del Cauca, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, realizó un recorrido con Alejandro Eder para conocer cómo está la ciudad en su administración.El alcalde ha asumido como un tema clave de su gobierno la seguridad de los caleños, asunto que para él pasa por tener presencia de la fuerza pública, pero también de la justicia y, en general, de un Estado que ha sido esquivo e indiferente con su ciudad. Y eso se refleja en la cifra de robos de homicidios, cuya tasa en Cali fue la más alta de Colombia en los primeros meses de este año.“Desde el primer día tenemos puestos de control por toda la ciudad, lo que uno encuentra es que la ciudad está contenta”, aseguró Eder.Lo grave para el mandatario en materia de seguridad es que se ha deteriorado tanto que no es solo el raponazo o el atraco callejero lo que agobia a los caleños. Ahora, sobre esta ciudad de Colombia, se posó la nube negra del terrorismo.“En las montañas de Cali, en los farallones, hay minería ilegal, donde estos grupos no están todavía armados, pero ellos sí sacan recursos de ahí. Estamos entrando con el Ejército y con carabineros y vamos a cerrar las minas que están en farallones. Va a ser la mina ilegal más grande que se haya cerrado en Colombia”, contó Alejandro Eder.El gobernante agregó que, “justo al sur, también en el Parque de los Farallones queda Jamundí. Ahí hay un problema, porque ahí sí está (la estructura) Jaime Martínez (de las disidencias de las FARC) y otros grupos ilegales donde han sembrado alrededor de 3.400 hectáreas de coca”.Sobre los actos de terrorismo, Eder puntualizó que su gobierno no va a tolerar estos hechos. “Nosotros no vamos a permitir eso, porque lo que nosotros queremos en Cali es vivir en paz”.En cuanto a la fuerza pública que acompaña las tareas de intervención y vigilancia, el alcalde de los caleños aseveró que sí son necesarios más uniformados para su ciudad.“Como alcalde electo, mi primera visita fue al general Salamanca para comunicarle qué estábamos pensando en cuanto a estrategias de seguridad y pedirle un pie de fuerza adicional. En enero nos llegaron 300 policías adicionales. ¿Que si nos sirven más policías? Evidente, nos sirven más”, aclaró el mandatario caleño.Eder advirtió que el reloj corre, que sus conciudadanos tienen afán de soluciones y que Cali debe estar más que lista para la Cumbre Mundial del Medio Ambiente -COP16- en octubre próximo.Con ‘vaca’ para vías 4G se han recolectado $5 mil millones: gobernador de Antioquia
El 21 de abril de 2024, Colombia se prepara para una jornada de manifestaciones en todo el país, bajo el nombre de ‘Marcha de las mayorías’.> > > Vea sobre: ¿Por qué se llevarán a cabo las marchas de este domingo 21 de abril en Colombia?La oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro se movilizará para expresar su descontento con las políticas y acciones implementadas por la administración actual.Puntos de concentración oficialesLas marchas están programadas para iniciar a las 10:00 a.m. en la mayoría de las ciudades. Los líderes de las marchas han hecho un llamado a los participantes para que se congreguen una hora antes, permitiendo así una organización adecuada y un comienzo puntual de las movilizaciones.Las ciudades donde se espera una mayor movilización son: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla. Estos son los puntos de concentración compartidos por los organizadores de las marchas:BogotáHora de salida: 10:00 a.m.Punto de salida: Parque NacionalDestino: Plaza de BolívarMedellínHora de salida: 10:00 a.m.Punto de salida: Ave. Oriental con la Playa, Parque El Poblado, Estación Estadio del MetroDestino: Parque de las LucesCaliHora de salida: 10:00 a.m.Punto de salida: Parque de las BanderasBarranquillaHora de salida: 8:00 a.m.Punto de Salida: Estatua Joe ArroyoDestino: Parque SantanderCartagenaHora de salida: 10:00 a.m.Punto de salida: Monumento India CatalinaDestino: Camellón de los MártiresBucaramangaHora de salida: 10:00 a.m.Punto de salida: Puerta del SolDestino: Plazoleta Luis Carlos GalánEstas manifestaciones no solo contarán con la participación de la ciudadanía en general, sino también con sectores específicos como el de la salud, representado por médicos, enfermeras y demás personal médico.Este sector expresará su inconformidad ante la crisis en el sistema de salud, especialmente en medio de las intervenciones de las EPS que se están ejecutando por parte de la Superintendencia de Salud.Seguridad y logísticaLas autoridades han estado trabajando en estrecha colaboración con los organizadores para garantizar que las marchas se desarrollen de manera pacífica y ordenada.Se han establecido protocolos de seguridad para proteger a los manifestantes y asegurar el respeto por los derechos de todos los ciudadanos.Es importante que tenga en cuenta que la planificación y ruta de las marchas en cada ciudad se difundirá mediante las redes sociales de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), así como de sus asociaciones afiliadas.> > > Le puede interesar: ¿Habrá ciclovía este domingo 21 de abril ante las marchas programadas?
Todavía faltan 36 artículos por aprobar de la reforma pensional que se esperan evacuar el próximo lunes, 21 de abril de 2024, en una nueva sesión plenaria del Senado de la República. ¿Cuáles son y en qué consisten los puntos que faltan por discutir?Reforma pensional: ¿qué impacto tendría el umbral de 2,3 salarios en los cotizantes y las entidades?Entre los artículos que faltan por discutir está el régimen de transición, es decir, las personas a las que no aplicará lo aprobado en la reforma, sino que seguirán cotizando de acuerdo a las normas vigentes de la ley 100.Para el caso de los hombres no se verían afectados los que tengan más de 900 semanas cotizadas. Tampoco las mujeres que cuenten con más de 750 semanas cotizadas."Como ya lo expresó el senador Chacón en la sesión plenaria pasada, según eso y si yo tengo la información correcta, estaríamos en 750 semanas para mujeres y mil para los hombres, así estaría el régimen de transición”, manifestó María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico.Otro punto que divide opiniones es cuándo debe entrar a regir la reforma: el Gobierno nacional propone que sea a partir del primero de enero de 2025. Un sector del Partido Liberal dice que lo oportuno sería después del primero de julio de ese año."Es evidente que nosotros insistimos en que la reforma pensional de Gustavo Petro es una gran estafa, le va a hacer daño a los colombianos y a la economía. En ese orden de ideas, entre más tarde entre, mucho mejor", agregó Miguel Uribe, senador del Centro Democrático.No obstante, desde el Pacto Histórico sostienen que la idea hoy es que se mantenga la vigencia tal y como está planteada desde el inicio. No obstante, en medio de la discusión se puede lograr otro acuerdo.También se calienta el debate que definirá el pilar solidario, que incluye el monto del subsidio para los adultos mayores sin pensión. La propuesta es de 230.000 pesos mensuales. Sin embargo, la duda está en el costo y la financiación.El Gobierno nacional aclaró que la reforma pensional no revivirá la denominada mesada 14. Hasta ahora se ha aprobado el 60% del proyecto en el Senado, que tendrá dos debates más en la Cámara de Representantes que se tienen que dar antes del 20 de junio para que se convierta en ley de la República.Reforma pensional: ¿cuántas semanas necesitará una mujer para pensionarse?