Por 33 años, la familia del magistrado Julio Andrade visitó una tumba equivocada. Lo mismo le ocurrió a la familia Urán.El drama de los desaparecidos por este hecho lo vive una familia que durante 33 años creyó haber sepultado el cuerpo de su padre fallecido en la toma del Palacio de Justicia. Hace dos años se enteraron de que no era él.Para ellos empezó un largo tiempo de incertidumbre.En el año 2018, Gabriel Andrade, ante las cámaras de Noticias Caracol y entre lágrimas, identificó en un video cómo su padre, el magistrado Julio Andrade, salió vivo del Palacio de Justicia en 1985, en medio de la toma perpetrada por la entonces guerrilla del M-19.Por 30 años, él y su familia lo visitaron en el cementerio. Luego de ese tiempo decidieron exhumar el cadáver y con sorpresa se dieron cuenta de que pertenecía a otro de los desaparecidos del Palacio de Justicia.Hoy viven un verdadero drama pues después de estos dos años la búsqueda ha sido infructuosa.Pero esta tragedia no ha sido la única. La historia se repitió con el magistrado Carlos Horacio Urán. Durante 22 años, su familia creyó que había fallecido en la toma del palacio, pero en 2007 un video mostró que había salido con vida.Su hija Helena Urán escribió un libro que evidencia el drama vivido y hoy, ante los magistrados de la Corte Suprema, les hizo un fuerte llamado."Si mi padre estuviera aquí preguntaría por qué el Consejo de Estado y la Corte Suprema no han presionado e insistido a la Fiscalía para que averigüe qué pasó con sus colegas, por qué no insisten en que se cuente la verdad y pueda actuar la administración de justicia", señaló Helena.Hoy, familiares de las víctimas del Palacio de Justicia denunciaron que 35 años después de ese hecho no se sabe el paradero de cinco de sus parientes.
Este 6 de noviembre se recuerdan los 35 años de la toma al Palacio de Justicia, perpetrada por guerrilleros del M-19 que se tomaron la sede a sangre y fuego.Magistrados y familiares señalan que, tras décadas de uno de los episodios más tristes de la historia de Colombia, aún no está claro lo que ocurrió mientras el Palacio ardió en llamas.Auxiliares, abogados, empleados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y un sinnúmero de visitantes vivieron el horror y la zozobra de la toma guerrillera y la retoma del Ejército.Nadie podía imaginar que este episodio de 28 horas, en el que el edificio fue completamente arrasado, murieran 95 personas.Los presidentes de las cortes conmemoraron estos 35 años denunciando que las víctimas no han sido honradas, pues aún no se sabe lo que sucedió.“La deuda moral que tiene el Estado con las víctimas y los sobrevivientes no está saldada, se saldará el día que sepamos lo qué pasó en esos dos días”, dijo Álvaro Námen, presidente del Consejo de Estado.“Nos corresponde hacer memoria”, pidió por su parte el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quiroz.Los familiares de los muertos en el holocausto del Palacio pidieron a los magistrados solicitarle a la Fiscalía que avance en la investigación, al tiempo que denunciaron la demora para esclarecer los hechos.
Uno de los que hizo esa afirmación fue José Otty Patiño al decirle a la comisión que no cree que, moralmente, Álvaro Fayad -entonces comandante del M-19- hubiera transado algún tipo de relación con el narcotráfico o con Pablo Escobar.Esta versión de Patiño fue respaldada por Vera Grabe, exmilitante de la guerrilla que afirmó que “Le hace mucho daño a la verdad querer vincular al M-19 con el narcotráfico, eso es quitarle el sentido político a esa toma, que sabemos que fue un error, pero fue un acto político”.
Según las autoridades, el hecho tuvo lugar en uno de los ascensores del Palacio de Justicia. Un hombre fue privado de su libertad tras, según la Fiscalía, amenazar de muerte a un juez en pleno Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano, en Cali. Según un comunicado emitido por el ente investigador, el hecho tuvo lugar en uno de los ascensores del edificio, justo cuando el togado salió de una audiencia que estaba presidiendo. “Papi, ¿querés que te maté?, vos salís de aquí, por ahora estás en tu casa, pero de aquí salís. No sabés lo que le pasó al último”, fueron, según el testimonio del juez, las palabras que este sujeto le dijo al interior del elevador. De igual manera, el togado puntualizó a la Fiscalía que el sujeto fue detenido cuando él “pidió la protección de los custodios”. El Juez 21 Penal dictó medida de aseguramiento y envió a cárcel al detenido por el delito de violencia contra servidor público. El hombre no se allanó a los cargos. Vea También: Horrible amenaza que, “por dañina”, recibió una fiscal que ha golpeado a bandas criminales y narcos
Uriel Amaya también ordenó investigar militares por la recuperación del edificio. Habla de las irregularidades que las fuerzas armadas cometieron. El paso de los años no es un impedimento para recodar detalle a detalle los motivos que lo llevaron a enfrentarse judicialmente a quienes provocaron uno de los hechos luctuosos que marcaron la historia del país. "Entre quienes se encontraban, entre otros, que eran más de 40, Navarro Wolff, Vera Grabe, Ever Bustamante, entre otras personas que hacían parte de esa cúpula militar. Gustavo Petro, que también era miembro de la cúpula militar a nivel directivo, fueron llamados a juicio todos ellos, por efectos de delitos políticos conexos con delitos comunes, pero también bajo la circunstancia que habían producido delitos atroces que no podían caber en el contexto del delito político por parte de ellos", recuerda el exfuncionario. En esa época, Uriel Amaya era el juez 30 de instrucción criminal, y no le tembló la mano para anunciarle al país que los militares también tenían responsabilidad en estos hechos: "tanto la institucionalidad del Estado como el grupo irregular en modo alguno en una situación de conflicto armado buscaron proteger, excluir del conflicto a los civiles indefensos. El proceso de toma militar, tanto por parte de la guerrilla como la retoma por parte del Ejército, tuvieron exclusivos propósitos de recuperación y de sometimiento militar del enemigo, sin contar, sin preservar, sin interesarse por la vida de los rehenes indefensos, incluyendo los miembros de las altas cortes, los señores magistrados". Su histórico fallo lo profirió el 31 de enero de 1989, y parte de sus líneas se fundaron en las actas del consejo de ministros que revelaban los excesos de la fuerza pública de los que se dejaron constancia. Esos documentos, ya revelados por noticias caracol, dice dan cuenta de instrucciones que no fueron acatadas. Documentos inéditos revelan los secretos para recuperar el Palacio de Justicia tras la toma del M-19 "La investigación detectó que en las actas del consejo de ministros se dieron instrucciones que no fueron acatadas por la Policía Nacional y que la propia Policía Nacional suministró información que no correspondía. Se asumieron decisiones que eran más propias, del Ejército y la Policía, que no contaron con la aprobación del gobierno; en algunos casos, el gobierno simplemente accedió a avalar esas decisiones militares que fueron las que pusieron en riesgo, en el caso del cuarto piso, con el operativo militar de la Policía, pusieron en riesgo y posiblemente generaron la muerte de los magistrados que se encontraban allí, entre otros Alfonso Reyes, a pesar de que hubo, entre otras, advertencias y constancias valerosas, entre otras del exministro Enrique Parejo, que se opuso al operativo militar del cuarto piso, y que dejó constancia de que el Ejército no había acatado las órdenes del gobierno y que el gobierno estaba actuando más por el interés militar, que por la protección de los rehenes que allí se encontraban", revela Amaya. Esa constancia que dejó el entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo, dice el exjuez, la describieron dos abogados que sobrevivieron al horror de la toma que duró dos días: “Cuando fueron liberados, le narraron en el testimonio al juzgado que salieron con el convencimiento de que en Colombia ya no había un gobierno civil, que los militares habían derrocado al Gobierno Nacional porque no de otra manera ellos podían entender lo que había ocurrido. Un ataque militar que, por encima de las instituciones, que por encima de la Rama Judicial, que por encima de los funcionarios que representaban la justicia en Colombia, que por encima de los civiles, personas indefensas que se encontraban allí, lo más importante era arrasar militarmente y destruir al enemigo a cualquier precio, como efectivamente ocurrió". "El derecho fue sometido, el Estado de Derecho fue sometido. El operativo militar estuvo por encima del Derecho, por encima de las personas y el gobierno actuó en esa línea", agrega el exfuncionario. Al presidente Betancur también le reprochó la orden de limpiar el palacio, y que surge de las propias actas del cónclave ministerial: “Se limpió por completo el Palacio de Justicia, se lavó literalmente con agua, con jabón, se recogieron todos los restos, se mezclaron, se llevaron a la basura, todos los restos que se generaron por el propio incendio, al punto que cuando se entró el escenario al cual se enfrentó, era un Palacio, un edificio vacío, pero que no tenía muestras distintas de las manchas en las paredes del incendio que había ocurrido; no tenía señas de destrucción alguna precisamente por esa operación limpieza que se llevó, claramente con un propósito de evitar que se diera una reconstrucción probatoria para determinar cuáles fueron las causas de los crímenes que se cometieron y de los hechos irregulares que allí se cometieron, precisamente por la ausencia pruebas que fueron borradas por el estamento militar y claramente con un avalamiento por parte del gobierno". Del rosario de irregularidades que rodearon la operación de recuperación, revela, hizo parte un civil a quien dice se le dieron armas y autoridad para entrar al edificio: “un señor Sarria, que participó activamente siendo un civil en el operativo y que después huyó del país por efecto de amenazas que se dieron en contra de su vida, que fue un testigo excepcional de los hechos, que incluso liberó rehenes y que obtuvo reconocimientos escritos por esos actos que se dieron en relación con ciertas personas". Uriel Alberto Amaya habla de deudas históricas que el país se rehúsa a saldar: "Históricamente esos hechos, por los propios actores, que aún están vivos, no han asumido ninguna responsabilidad histórica, y la memoria del país nos lo recuerda. Hay una especie de alzhéimer histórico que nos impide ver ese pasado con ningún propósito distinto de reclamar responsabilidades y que esos hechos luctuosos del Palacio de Justicia y todos los hechos que han marcado la simbología de la violencia contemporánea de nuestro país no se repitan, y que el país asuma causes distintos desde el punto de vista de la institucionalidad, desde el punto de vista político y, por supuesto, desde el punto de vista del tejido social". Las actas del consejo de ministro, asegura, lo llevaron a la convicción de que era necesario compulsar copias para determinar responsabilidades políticas al presidente Betancur, pero el Congreso no le dio luz verde al proceso y su intención se frustró.
De qué se habló en el consejo de ministros, la posición del presidente Belisario Betancur y otros detalles del sangriento episodio para el país. Exclusivo. Hace 34 años, cuando el M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, un consejo de ministros se adelantó por orden del entonces mandatario Belisario Betancur para definir las acciones que se debían tomar para atender esa tensa situación. Uno de los apartes de las actas, hasta hoy reservadas, evidencian que la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, fue partidaria de emprender un diálogo con los comandantes guerrilleros al mismo tiempo que se planeaba un ataque de las fuerzas armadas. Partidario de la recuperación del palacio, también se pronunció Iván Duque Escobar, entonces jefe de la cartera de Minas y Energía. "Expresa que es inútil el diálogo, pero que se debe establecer un plazo para la toma definitiva del palacio", señala una de las actas. En este punto, los documentos dejan ver que los ministros del presidente Betancur escuchaban la narración radial del desenlace de la toma del Palacio de Justicia: ya habían sido asesinados por lo menos ocho magistrados de la Corte Suprema De Justicia. El relato oficial de la Casa de Nariño evidencia el argumento de Noemí Sanin para censurar a los medios de comunicación que le contaban al mundo la tragedia del Palacio de Justicia. "(...) solicita abstenerse de transmitir por radio o televisión informaciones sobre los operativos militares en directo o a través de entrevistas o comunicados, puesto que ello dificulta cualquier operación tendiente a salvaguardar la vida de las personas que ocupan el palacio de justicia y las zonas aledañas", quedó consignado. También, que el ministro de Justicia, Enrique Parejo, que pidió investigar lo ocurrido dentro del palacio, dejó una constancia hasta hoy desconocida y que compromete al ejército: "tengo la sensación de que el consejo de ministros no fue suficientemente informado sobre los desarrollos del operativo militar. La propuesta del ministro de Justicia en el sentido de conversar con el señor Andrés Almarés, uno de los cabecillas de la toma del Palacio, y que el consejo de ministros acogió, muy probablemente se vio frustrada por la precipitada toma del cuarto piso, que era el lugar donde se hallaban el doctor Reyes Echandía y otros magistrados" Los documentos inéditos revelan, además, que quienes en esos días rodearon al presidente Betancur hablaban de unión, de orgullo y de no hacer juicios precipitados en contra de quienes planearon y ejecutaron el operativo de recuperación del palacio. En el consejo ministerial de noviembre de 1985, también en cabeza del ministro de Hacienda, se planteó cuál debía ser la posición del estado frente a las víctimas del holocausto: "se hizo todo lo que se debía hacer, por lo tanto, pese al dolor que nos embarga, no debemos pedir perdón". El presidente hablaba de estudiar el futuro y del proyecto de alocución que pensaba leerle al país, asumiendo su responsabilidad: "digo que yo asumo la responsabilidad. El único responsable es el presidente de la República. Por supuesto que también digo que consulté." Los documentos, que hacen parte del expediente del palacio de justicia, dejan claro que el presidente Betancur fue quien dio la orden de limpiar el desastre del asalto terrorista del M-19, cuando había terminado la recuperación del edificio. Las actas revelan que esa orden presidencial fue complementada por el ministro de Gobierno, Jaime Castro, un día después. "Se deben evitar los entierros con manifestaciones, que lo ideal sería inhumarlos en la fosa común, previo el cumplimiento de todos los requisitos que ordena la ley". Estos documentos dejan ver que el 10 de noviembre, cuando el país se preparaba para despedir a las víctimas del terrorismo, el presidente Betancur anunciaba a sus ministros que tenía la conciencia tranquila. Las conclusiones del cónclave ministerial revelan escabrosas verdades de esos días de horror: "los asaltantes anunciaron su intención de volar el palacio, de asesinar uno por uno los magistrados rehenes, y de lanzar sus cadáveres cada cuarto de hora a la Plaza de Bolívar". Así como el juicio final del presidente Belisario Betancur frente a estos hechos, él aseguraba que aunque su gobierno saliera debilitado, las instituciones se fortalecerían por su eficacia cualesquiera fueran los resultados.
Cuando Gloria María Anzola falleció Juan Francisco era solo un bebé. Fueron muchos años preguntándose dónde estaban sus restos pero ahora la inquietud es otra. “Me toca recibir la noticia solo, como ya lo mencionaba, algo difícil de digerir. Yo también lo quise como ir asimilando con elementos primero de la familia; fue difícil compartirlo en un comienzo porque son muchas sensaciones encontradas”. Así describe Juan Francisco Lanao el día en que recibió la noticia de que este jueves le entregarían los restos de su madre, la abogada Gloria María Anzola, quien falleció hace 34 años en la toma del Palacio de Justicia y a quien no conoció porque él tenía 19 meses en ese momento. “Queda en el parqueadero el carro pero ni un impacto de bala…lleno de ceniza con mi silla y comienza la búsqueda de mis familiares porque no había ninguna razón. No había ninguna razón de ella”, relata Juan Francisco. Los restos de su mamá fueron entregados erróneamente a la familia de la magistrada María Janeth Rozo y solo hasta hace pocos días se confirmó que en realidad eran de su mamá. Vea más: Como Gloria María Anzola fue identificada una de las víctimas del Palacio de Justicia “Yo como hijo, y hablándolo con mi papá y el resto de la familia, uno espera que haya sido la muerte menos trágica. A raíz de esto, la pregunta ya cambia del dónde está a cómo murió y qué tanto voy a poder yo responder esa pregunta”, dice el joven. Para él, la negligencia en este caso ha sido evidente, incluyendo la de la justicia que su mamá defendía. “Curioso pensar que ella fue abogada. Entiendo que los abogados litigan por una sociedad más justa y es la misma justicia la que se la negó”. Sobre el caso de la magistrada Rozo, Medicina Legal confirmó que continúan con las labores de búsqueda e identificación de sus restos.
La familia de la abogada bogotana solo tuvo noticias de ella por llamadas en las que se les informó que estuvo en el Cantón Norte y había sido torturada. Medicina Legal logró encontrarla e identificarla. La jurista, que tenía 33 años al momento de la toma, era una visitante asidua del Palacio de Justicia. Los familiares de la abogada y docente solo tenían información de su paradero gracias a unas llamadas que recibieron informando que ella se encontraba en el Cantón Norte y que la estaban torturando allí. Sin embargo, no apareció.
Empezaron a dar su versión sobre el cumplimiento o no de las sentencias emitidas contra el Estado. Sus representantes aseguran que en este caso no se les ha cumplido lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "En la misma Fiscalía, la misma Defensoría del Pueblo, la unidad de búsqueda los familiares y en las organizaciones evidenciamos que falta una estrategia para buscar a las personas desaparecidas”, dijo Viviana Krsticevic. Otro de los casos que asumió la corte fue el de las órdenes para proporcionar salud física y psicológica a las víctimas de desapariciones como la de 19 comerciantes del Magdalena Medio. que ocurrió en 1987. Este viernes la CIDH estudiará el caso del Palacio de Justicia.
Con ese argumento el ente investigador le responderá a la CIDH, que está en Colombia para hacer seguimiento a una sentencia contra el Estado. Cinco años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por la recuperación del Palacio de Justicia, asaltado en 1985 por guerrilleros del M-19 y le ordenara buscar a 11 personas que eran consideradas desaparecidos forzosamente tras haber salido con vida, la Fiscalía General de la Nación controvierte la sentencia internacional contra la Nación. Respecto al tema, el fiscal investigador designado a este sangriento capítulo de Colombia, Jorge Ricardo Sarmiento, aseveró que “los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía ha alcanzado en los últimos cinco años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas, fueron casos de malas identificaciones o de cuerpos mezcladas. Es decir, estas 11 personas que supuestamente habían sido desaparecidas realmente habían sido mal entregadas o mal identificadas en el año 1985". La respuesta oficial de Colombia, hallada responsable no solo de la supuesta desaparición, sino de tortura, se centra en las fallas al identificar y entregar los restos a los familiares de las víctimas entre las que hay magistrados y empleados de la cafetería. "Cuando ocurren los hechos del Palacio de Justicia, 56 cuerpos fueron a parar a cementerios de diferentes partes del país y 38 fueron a parar a la fosa común del Cementerio del Sur. En la mayoría de los casos hemos encontrado que los cuerpos precisamente que fueron entregados en cementerios de diferentes partes del país, hemos encontrado muchos de los desaparecidos de Palacio de Justicia. De esos desaparecidos alguno que se entregó como ´Pepito Pérez’ pues terminó siendo Manuel Gómez", detalló el fiscal Jairo Humberto Oróstegui. Las fallas científicas y de investigación, que 34 años después de que el M-19 se tomara a sangre y fuego el Palacio de Justicia, es reconocida por Medicina Legal. En esa época “hacíamos identificaciones con huellas dactilares, pero estos cuerpos no todos tenían huellas”, dice la directora Claudia Adriana García. Por los hechos luctuosos del Palacio de Justicia hay nueve líneas de investigación activas en contra de 14 militares de la época que fueron llamados a indagatoria por la Fiscalía, que revela que perdió la competencia para tomar decisiones judiciales con la entrada en vigencia de la JEP. De la sentencia de la CIDH aún quedan por identificar seis víctimas, cuyos restos pueden, según las pesquisas de la Fiscalía, estar en manos de la familia equivocada. La última esperanza para encontrar la verdad está en manos de Medicina Legal. A través de un sofisticado aparato que promete científicamente, a través de una técnica llamada secuenciación de última generación de material genético, identificar los restos que por el paso del tiempo y las altas temperaturas no han sido posible identificar. Le puede interesar: A 33 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia aún faltan muchas verdades
En el corregimiento Córdoba en Inzá, Cauca, las fuertes lluvias generaron un deslizamiento sobre la vía que comunica a Popayán con el departamento del Huila y el resto de Colombia.“Se encuentra tapada. Nos encontramos varias personas, buses, camiones en el municipio de Inzá a la espera de que habiliten este paso”, dijo Yuliana Pechené, damnificada.Geidy Ortega Trujillo, alcaldesa de Inzá, indicó que esta emergencia se presentó específicamente en el kilómetro 63, sobre la transversal del Libertador.“Se dio traslado a Invías, la entidad competente para que disponga maquinaria en el punto crítico y se habilite próximamente es importante vía”, anotó.En zona rural de El Patía, sur del cauca, el aumento del nivel de algunas quebradas causó derrumbes sobre las vías. Las viviendas y cultivos de más de ocho mil campesinos también resultaron afectadas, mientras algunas zonas quedaron incomunicadas.“Se afecta la piscicultura en la zona de Las Tallas, derrumbamientos y deslizamientos que afectan directamente el caserío de Zarzal, en el corregimiento Santa Cruz, que está quedando incomunicado, más de 2.000 campesinos por diferentes derrumbes”, sostuvo Jhon Jairo Fuentes, líder de El Patía.Desde la Oficina de Gestión del Riesgo del Cauca se coordinan acciones para atender a las familias afectadas por el invierno.“Fueron afectadas varias viviendas y cultivos en varios municipios, ocho municipios reportados a través de los consejos municipales de Gestión del Riesgo. Tenemos, como oficina asesora del departamento, activado el plan de contingencia”, afirmó William Muñoz, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cauca.Las lluvias también causaron emergencias en los municipios de Padilla, Suárez, Corinto, Miranda, López de Micay, La Vega y Popayán.
"Falcao es una persona respetuosa, hoy tiene contrato en Galatasaray, quiere hacer las cosas bien con Galatasaray. Ya el futuro estará en las manos de Dios, lo que diga él será. Que viene a Millonarios , que va para River Plate, que va al fútbol estadounidense...no se sabe nada. La verdad es que Radamel Falcao se debe a Galatasaray ciento por ciento. El resto es especulación", dijo este martes Carmenza Zárate, mamá del goleador colombiano, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.
El director del FBI, Christopher Wray, defendió el martes el trabajo que hizo la agencia antes del ataque de enero al Capitolio durante un interrogatorio en el Congreso sobre si su organismo subestimó el peligro.Wray, en su primer testimonio desde el asalto del 6 de enero al Capitolio por seguidores del entonces presidente Donald Trump, también dijo que el FBI duplicó a 2.000 las investigaciones sobre grupos extremistas domésticos, incluidos los supremacistas.También dijo que no tiene pruebas de que miembros del movimiento izquierdista Antifa incurrieran en actos violentos que el FBI catalogue de terrorismo doméstico.Wray se mantuvo firme en cuanto al manejo de la información disponible antes del ataque al Capitolio, luego de que otros agentes de las fuerzas de seguridad declararan ante el Congreso el mes pasado que los servicios de inteligencia no los habían informado lo suficiente sobre la amenaza."La forma en que se manejó (la amenaza), hasta donde yo sé, parece consistente con nuestros procedimientos normales", dijo Wray ante el comité de asuntos judiciales del Senado.Wray se refería a información en bruto, no verificada, obtenida el 5 de enero por el FBI en Norfolk, Virginia, y comunicada por correo electrónico a la Policía del Capitolio y otros servicios de seguridad.Ese reporte de inteligencia citaba comentarios en redes sociales que indicaban que simpatizantes de Trump planeaban irrumpir en el Congreso junto con extremistas "listos para la guerra".Wray también dijo que la policía fue informada verbalmente sobre la amenaza y que estos datos fueron publicados en un portal destinado a los agentes de seguridad en la región de la capital nacional y en todo el país."No tengo una buena respuesta para eso", dijo cuando le preguntaron si ese informe llegó a las más altas autoridades policiales. Admitió que él mismo no lo vio hasta días después del ataque.Wray asumió la dirección del FBI en agosto de 2017. Tuvo una relación complicada con Donald Trump, quien cuestionó su enfoque sobre la seguridad electoral así como la investigación del FBI sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.Varios legisladores republicanos insinuaron que no fueron simpatizantes de Trump los que invadieron el Capitolio, sino grupos de izquierda, incluyendo Antifa.Wray desdeñó esa teoría. "Hasta ahora no hemos visto ninguna evidencia de anarquistas extremistas o de miembros de Antifa en conexión con lo del 6 de enero", dijo.
El 2021 no será el último año para el coronavirus COVID-19. Así lo advirtió claramente la Organización Mundial de la Salud en rueda de prensa.“Yo creo que sería muy prematuro y diría que carente de realismo pensar que vamos a terminar con el virus para finales de este año", dijo Michael Ryan, director de Emergencias de la OMS.Incluso, recientemente en un artículo de la revista Nature, varios expertos se atrevieron a asegurar que es muy probable que el COVID se quede entre los seres humanos, al igual que otros virus como el de la influenza.“Al igual que otros virus respiratorios a lo largo de la historia, como pasó con el H1N1 en 2009, la mayoría, una vez llegan, están para quedarse y, desafortunadamente, no podemos esperar que la vacunación influya de manera directa en estos virus como para considerar que se van a erradicar”, dijo Juan Carlos Cataño, infectólogo de la Universidad de Antioquia.Y aunque no se acabe con el coronavirus COVID-19, ya existen algunas estrategias, como las vacunas, para enfrentar las consecuencias más duras que ha traído.“Pienso que con lo que sí podemos terminar, si somos inteligentes, es con las hospitalizaciones, las muertes y la tragedia que trae esta pandemia", anotó Ryan.Ese será el mayor impacto y el más esperado de la vacunación.“Estamos viendo cómo hay un impacto positivo en términos de mortalidad y morbilidad en estas personas, es decir, ya no se están hospitalizando y no se están muriendo de coronavirus. Y al menos esas son las cifras que nos mandan de otros país, como Israel y Estados Unidos”, afirmó Cataño.Agregó que en estos dos países “el impacto de la vacuna ha sido significativo”.“Esto es lo que esperamos en próximos meses a medida que más personas se vayan vacunando contra este nuevo coronavirus”, puntualizó el especialista.Un resultado en el que aún queda camino por recorrer, razón por la cual aún no se puede cantar victoria.“Colombia lleva muy poco de cobertura de vacunación, muy a cuenta gotas. Se han aplicado unas 150.000 dosis, en este momento deberíamos tener más de un millón de dosis aplicadas, tener una vacunación masiva. Se considera masiva más de 3 millones de dosis. No vamos a lograr así inmunidad de rebaño”, sostuvo Luis Jorge Hernández, médico salubrista de la Universidad de Los Andes.Mientras eso se logra, es necesario disminuir los contagios, así también se evita que el virus mute.
Una nueva modalidad de robo de bicicletas se está registrando en Bogotá: los delincuentes llevan en un morral una cizalla, o tijeras grandes, para romper la guaya o el candado con el que están amarradas. Otro cómplice es el que se la lleva.En solo cinco minutos pueden cometer el hurto. Y así como el tiempo del robo es rápido, igual es la venta en redes sociales.De hecho, una joven encontró su cicla en una página de internet.“La estaban vendiendo del mismo color, lo único que le cambiaron fueron las calcomanías”, dice Natalia Morales, la víctima.Los delincuentes contactan al posible comprador por chat para la negociación.“Y comienzo una conversación con el sujeto que me la estaba vendiendo. Yo le digo que en dónde nos podemos ver y él me dice que por la 68”, agrega Natalia.La Policía ha descubierto que roban dos o tres ciclas en un mismo sitio. En el caso de la joven, los delincuentes quedaron grabados cuando huían en las ciclas. El negocio en las redes sociales es vender la bicicleta a precios muy bajos para que la negociación sea rápida.“La bicicleta está en promedio de 1.300.000 y el sujeto me la estaba vendiendo en 380 mil y que lo mínimo era 350”, agrega la víctima.Al hombre la Policía lo capturó en flagrancia. Descubrieron que tenía en su casa cinco bicicletas robadas, y que las ofrecía en internet.A pesar de la judicialización, el delincuente quedó libre y sin medida de aseguramiento.En toda la ciudad han sido capturados más de 100 ladrones, algunos reincidentes por hurto de bicicletas. La mayoría ha quedado libre.Dos recomendaciones hizo la Policía: asesorarse bien a la hora de comprar una bicicleta por internet y no dejar su cicla en la calle porque no hay cadena que valga.