La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, rechazó este jueves, 8 de febrero de 2024, lo sucedido en las manifestaciones convocadas por Fecode y las centrales obreras en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro, que terminaron en bloqueos en el Palacio de Justicia. Protestas frente a Corte Suprema porque no eligió fiscal hoy: ¿intentaron meterse al tribunal?La alta funcionaria aseguró que siente “una preocupación muy grande” y agregó que “en estos momentos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos funcionarios se encuentran dentro del Palacio, podríamos decir entre comillas secuestrados por un grupo de manifestantes”.Margarita Cabello enfatizó que es necesario un llamado a la solidaridad a ese orden autónomo del Gobierno, como lo es la rama judicial.Hizo también una petición a la fuerza pública para proteger el bienestar de los funcionarios. “Hoy más que nadie exigimos a la fuerza pública y al general Salamanca que actúen con contundencia para garantizar la vida de los magistrados y los funcionarios y la institucionalidad en el país”.Corte Suprema y Constitucional rechazan la protestaTras conocerse que decenas de manifestantes bloqueaban entradas y salidas del Palacio de Justicia, en donde permanecían los magistrados luego de la fallida votación para la elección del nuevo fiscal, la Corte Suprema emitió un comunicado. "La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República, situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país", indicó el alto tribunal.Corte Suprema no eligió fiscal: Martha Mancera quedaría encargada al salir Francisco BarbosaAsimismo, la Corte Suprema de Justicia señaló que “la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia” y exigió al Gobierno Nacional "brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas”.La Corte Constitucional también hizo lo propio realizando un llamado "a la sensatez y a la calma", y enfatizando "en la necesidad de que no se bloquee, presione o amedrente a las instituciones de justicia".
El bloqueo al Palacio de Justicia ocasionado por manifestantes que participaban en las marchas convocadas por Fecode y las centrales obreras en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro, y para pedir la pronta elección de la nueva fiscal general, ha sido rechazado contundentemente por la Corte Suprema y la Corte Constitucional.Petro ordena a la Policía "actuar" sobre quienes bloquean el Palacio de JusticiaTras conocerse que decenas de manifestantes bloqueaban entradas y salidas del Palacio de Justicia, en donde permanecían los magistrados luego de la fallida votación para la elección del nuevo fiscal, la Corte Suprema emitió un comunicado."La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República, situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país", indicó el alto tribunal.Asimismo, la Corte Suprema de Justicia señaló que “la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia” y exigió al Gobierno Nacional "brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas”.En medio de marchas, periodista de Blu Radio tuvo que salir de Plaza de Bolívar por insultosLa Corte Constitucional también hizo lo propio realizando un llamado "a la sensatez y a la calma", y enfatizando "en la necesidad de que no se bloquee, presione o amedrente a las instituciones de justicia".“Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios. La Corte Constitucional reclama con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros, y deplora los ataques, la violencia y los insultos, lo que solo sirve para retardar las decisiones que los ciudadanos, todos, estamos esperando”, subrayó.Minutos antes, el presidente de la República, Gustavo Petro, había ordenado a la Policía Nacional "actuar" sobre quienes estaban realizando los bloqueos, un hecho rechazado desde diferentes y numerosos sectores del país, quienes exigen respeto a la justicia y a la separación de poderes en Colombia.
El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía "actuar sobre las personas que impiden la libre movilidad de magistrados (de la Corte Suprema en el Palacio de Justicia) y presentar un informe público de quiénes se trata". Protestas frente a Corte Suprema porque no eligió fiscal hoy: ¿intentaron meterse al tribunal?El mandatario tomó la decisión horas después de que decenas de manifestantes, en medio de las marchas convocadas por Fecode y las centrales obreras, cercaran las entradas y salidas del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. Los protestantes se congregaron frente al Palacio de Justicia luego de confirmarse que la Corte Suprema no eligió este jueves el reemplazo del fiscal Francisco Barbosa y que, en consecuencia, la vicefiscal Martha Mancera quedaría encargada de la Fiscalía General de la Nación.Corte Suprema no eligió fiscal: Martha Mancera quedaría encargada al salir Francisco Barbosa¿Qué decisión tomó la Corte Suprema sobre el nuevo fiscal?Tras dos rondas de votación, ninguna de las ternadas obtuvo los votos necesarios por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal.Así las cosas, la próxima sesión de la sala plena será el 22 de febrero y habrá nueva votación.¿Quién queda a cargo de la Fiscalía?El fiscal Francisco Barbosa deja el cargo el próximo 12 febrero, por lo quien quedaría al frente de la entidad mientras eligen su reemplazo en propiedad sería la vicefiscal Martha Mancera. Sin embargo, esta mujer es altamente cuestionada por el gobierno de Gustavo Petro y sus seguidores. El petrismo considera que la funcionaria ha sido blanda a la hora de investigar delitos relacionados con el narcotráfico y posibles hechos de corrupción en el Valle del Cauca, pero sí ha sido muy diligente en el proceso por el posible ingreso irregular de dineros a la campaña del hoy jefe de Estado.Así mismo, han expresado que Martha Mancera no ha sido imparcial y objetiva, y han llegado a señalarla de querer enlodar la campaña del presidente Petro para afectar su gobernabilidad.¿Vicefiscal Martha Mancera encubre a jefe de CTI vinculado con narcos? Habla editor de revista RayaRecientemente, Martha Mancera también se ha visto envuelta en varios escándalos destapados por la prensa. Uno de ellos, divulgado por la revista Raya, tiene que ver con el supuesto encubrimiento al director del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez, vinculado con una organización de tráfico de armas y narcotráfico.
Toda una polémica se ha generado luego de que el Gobierno le retirara las condecoraciones al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de prisión por el delito de desaparición forzada en relación con los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia. Mientras que las victimas lo aprueban, los oficiales en retiro dicen que hay una violación de derechos.¿Por qué la JEP expulsó al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales?El Gobierno justificó el retiro de las condecoraciones al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales en un decreto del 2015, que habla sobre los eventos en los que esos reconocimientos prácticamente se pierden. En este caso, quien hizo la solicitud de retirar las condecoraciones fue Helena Urán, familiar de uno de los magistrados inmolados.“Esta persona ya fue condenada por la Corte Suprema, como ustedes bien lo saben. También saben que la Corte Interamericana condenó a Colombia por estos hechos y en la audiencia que tuvimos en la Jurisdicción Especial para la Paz él no reconoció absolutamente nada y, más aún se ufanó de sus medallas, y ahí fue que a mí me resultó un poco contradictoria la situación. ¿Cómo es que una persona que fue condenada por crímenes de lesa humidad y de guerra al mismo tiempo tiene sus condecoraciones?”, indicó Helena Urán, hija del magistrado Carlos Horacio Urán.Laura Sarabia rinde interrogatorio en Fiscalía por caso de su exniñera: “No ordené ningún polígrafo”Sin embargo, los generales en retiro señalan que esta es una violación de derechos. Según ellos, la Constitución legaliza estas distinciones.“En el artículo 220 de la Constitución Nacional, se garantiza a los miembros de la fuerza pública su derecho a no ser privados de sus grados, honores y pensiones sino en los casos y del modo que determine la ley, y en la actualidad no se dispone de una norma que de manera expresa autorice al Ejecutivo o a cualquier otra autoridad judicial o administrativa a despojar de sus medallas y reconocimientos a los miembros de la fuerza pública en actividad o en la reserva”, señaló el general (r) Guillermo León, presidente de Acore.El representante de las víctimas del Palacio de Justicia también se refirió al caso. “Creemos nosotros (que) hoy en día se debe hacer extensivo a otros miembros de la fuerza pública”, enfatizó el abogado Eduardo Carreño.El Gobierno respalda esta determinación en que el general (r) Arias Cabrales fue condenado en última instancia en la Corte Suprema y fue rechazado en la JEP por incumplir sus compromisos de verdad y reparación a las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tomó la decisión de rechazar el sometimiento de tres militares implicados en la retoma y retoma del Palacio de Justicia.Hijo de exalcalde de El Roble asesinado pidió a Salvatore Mancuso esclarecer el homicidioLos sargentos retirados Bernardo Garzón y Gustavo Arévalo, así como el mayor en retiro Óscar Vázquez, quienes tenían que entregar información relacionada con la toma y la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, no aportaron nada extraordinario ni novedoso en relación con estos hechos ocurridos, según el alto tribunal.“Por su reticencia a esclarecer la verdad sobre la retoma del Palacio de Justicia, en audiencia de aporte de verdad del 24 y 25 de mayo, la JEP rechazó el sometimiento del mayor (r) Óscar William Vásquez y los sargentos (r) Bernardo Alfonso Garzón y Gustavo Arévalo. La decisión de primera instancia, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, corresponde solo a los hechos relacionados con el Palacio de Justicia. Los 3 miembros de la fuerza pública pueden ser llamados por la JEP en otros procesos que llegaran a ser de su conocimiento”, enfatizó la jurisdicción.Confirman que Gafas, propuesto como negociador de las disidencias de las FARC, está detenidoEn la misma línea, la JEP señaló que actualmente el mayor (r) William Vásquez tiene una condena en su contra por el delito de desaparición forzada y es investigado por el delito de tortura agravada. Además, los sargentos (r) Garzón y Arévalo Moreno tienen procesos abiertos en su contra por el delito de tortura agravada.¿Qué pasará con sus procesos? Se espera que el Tribunal Superior de Bogotá retome las investigaciones en contra de los tres militares retirados, las cuales ya se encontraban en segunda instancia.
Un juez ordenó la captura del coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano. El oficial está condenado a 40 años de prisión por el delito de desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia.Ratifican condena contra el coronel (r) Edilberto Sánchez por la retoma del Palacio de JusticiaEl coronel Edilberto Sánchez Rubiano había pedido ser aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Junto al coronel en retiro, el togado expidió órdenes de captura contra otros cuatro militares retirados.¿Qué fue la retoma del Palacio de Justicia?La toma y retoma del Palacio de Justicia fueron dos trágicos eventos que tuvieron lugar en Bogotá, Colombia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.El M-19 llevó a cabo la toma del Palacio de Justicia con la intención de llamar la atención sobre sus demandas políticas y sociales. Durante la toma, tomaron como rehenes a más de 300 personas, incluidos magistrados, empleados y visitantes.El Gobierno nacional respondió a la situación y se desató un enfrentamiento armado que duró aproximadamente dos días. La retoma del Palacio de Justicia fue llevada a cabo por el Ejército y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.Sin embargo, el operativo fue caótico y violento, resultando en la muerte de numerosos rehenes, guerrilleros del M-19 y miembros de las fuerzas de seguridad.El saldo final de la retoma fue devastador: murieron al menos 98 personas, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 33 guerrilleros del M-19. Además, se perdieron documentos judiciales y se produjeron daños materiales considerables en el Palacio de Justicia.Dolorosos testimoniosLos relatos de los familiares de los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia se escucharon durante la audiencia que se adelanta contra el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Esa diligencia se llevó a cabo a inicios de 2023.“Lo quiero invitar a que hoy sumercé nos ayude a contarnos esa verdad. Usted ya está llegando a una etapa de su vida en la que ya pronto partirá de esta tierra en algún momento y es momento de que nos diga a nosotros como familiares qué fue lo que pasó con ellos, por cadena de mando usted lo sabe, señor Jesús, que su jerarquía lo hace responsable”, dijo Débora Anaya, hija de Norma Constanza Esguerra, desaparecida tras la toma del Palacio de Justicia.Rosa Milena Cárdenas, otra familiar de una de las personas desaparecidas en la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, también hizo un clamor para conocer la verdad.“Tengo la oportunidad de pedirle que por favor, desde el corazón, me diga qué pasó con mi mamá, porque ella sale viva del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero, donde usted tenía todo el mando. Para mí sería justo y tendría paz en mi corazón al saberlo”, afirmó.JEP dice que fuerza pública cometió delitos de lesa humanidad en retoma del Palacio de Justicia
Este jueves, 16 de marzo de 2023, la Corte Suprema ratificó la condena de 40 años de cárcel contra el coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano por la retoma del Palacio de Justicia.Puede leer: Justicia Penal Militar declara insubsistente a una de sus juezas por larga lista de irregularidadesLa sentencia inicial contra el oficial Edilberto Sánchez Rubiano era del Tribunal Superior de Bogotá por la desaparición de Carlos Rodríguez, Bernardo Beltrán e Irma Franco durante los hechos registrados en noviembre de 1985.Dolorosos testimonios de familiares de desaparecidosEn enero de este año se conocieron dolorosos testimonios de familiares de desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia. Se escucharon durante la audiencia contra el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.“Lo quiero invitar a que hoy sumercé nos ayude a contarnos esa verdad. Usted ya está llegando a una etapa de su vida en la que ya pronto partirá de esta tierra en algún momento y es momento de que nos diga a nosotros como familiares qué fue lo que pasó con ellos, por cadena de mando usted lo sabe, señor Jesús, que su jerarquía lo hace responsable”, dijo Débora Anaya, hija de Norma Constanza Esguerra, desaparecida tras la toma del Palacio de Justicia.Rosa Milena Cárdenas, otra familiar de una de las personas desaparecidas, también hizo un clamor para conocer la verdad.“Tengo la oportunidad de pedirle que por favor, desde el corazón, me diga qué pasó con mi mamá, porque ella sale viva del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero, donde usted tenía todo el mando. Para mí sería justo y tendría paz en mi corazón al saberlo”, afirmó.Las víctimas le pidieron al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales que acabara con esos pactos de silencio sobre lo ocurrido en la retoma del Palacio de Justicia y le pidieron que contaran la verdad plena.También lea: La asombrosa historia del Cristo que sobrevivió al holocausto en el Palacio de JusticiaExpulsaron al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales de la JEPPese a dichos testimonios, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, expulsó esta semana al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, luego de determinar que el oficial retirado no aportó información relevante sobre lo sucedido en 1985.La sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP resaltó que el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales no tuvo propósito alguno de entregar una verdad plena y exhaustiva de la retoma del Palacio de Justicia.La JEP indicó que el oficial retirado no entregó información de lo que fue el Plan Tricolor y tampoco colaboró para dar con la ubicación de las personas que desaparecieron en ese hecho.Por tales razones, la JEP lo expulsó y ahora su caso quedó en manos de la justicia ordinaria, específicamente en el Juzgado 15 de Ejecución de Penas para que continúe pagando su condena de 35 años de cárcel por el delito de desaparición forzada.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, expulsó al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, luego de determinar que el oficial retirado no aportó información relevante sobre la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.Fiscalía de Néstor Humberto Martínez ocultó información en caso Santrich: presidente de la JEPLa sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP resaltó que el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales no tuvo propósito alguno de entregar una verdad plena y exhaustiva de la retoma del Palacio de Justicia.La JEP indicó que el oficial retirado no entregó información de lo que fue el Plan Tricolor y tampoco colaboró para dar con la ubicación de las personas que desaparecieron en ese hecho.Por tales razones, la JEP lo expulsó y ahora su caso quedó en manos de la justicia ordinaria, específicamente, en el Juzgado 15 de Ejecución de Penas para que continúe pagando su condena de 35 años de cárcel por el delito de desaparición forzada.JEP imputó a 10 exintegrantes de las FARC por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidadExpulsión de 20 firmantes del acuerdo de pazHace unos días, la JEP también expulsó del sistema integral para la paz a 20 firmantes del acuerdo entre el Gobierno y las extintas FARC por incumplir con lo pactado.La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, determinó que estas personas habrían ingresado a grupos armados ilegales luego del primero de diciembre de 2016.Entre los expulsados está Víctor Hugo Rojas Silva, quien habría participado en el atentado contra Rodrigo Londoño, exjefe de las FARC y presidente del partido Comunes, en enero de 2020.También está Edwin Valencia Michileno, señalado de ejecutar a tres investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Nariño durante enero de 2018.El acuerdo de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se firmó el 24 de noviembre de 2016.JEP expulsó a 20 firmantes del acuerdo de paz por incumplir lo pactadoConceden libertad condicional al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso
Dolorosos testimonios de los familiares de los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia se escucharon durante la audiencia que se adelanta contra el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.Lea, también: JEP dice que fuerza pública cometió delitos de lesa humanidad en retoma del Palacio de Justicia“Lo quiero invitar a que hoy sumercé nos ayude a contarnos esa verdad. Usted ya está llegando a una etapa de su vida en la que ya pronto partirá de esta tierra en algún momento y es momento de que nos diga a nosotros como familiares qué fue lo que pasó con ellos, por cadena de mando usted lo sabe, señor Jesús, que su jerarquía lo hace responsable”, dijo Débora Anaya, hija de Norma Constanza Esguerra, desaparecida tras la toma del Palacio de Justicia.Rosa Milena Cárdenas, otra familiar de una de las personas desaparecidas en la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, también hizo un clamor para conocer la verdad.“Tengo la oportunidad de pedirle que por favor, desde el corazón, me diga qué pasó con mi mamá, porque ella sale viva del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero, donde usted tenía todo el mando. Para mí sería justo y tendría paz en mi corazón al saberlo”, afirmó.Las víctimas le pidieron al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales que acabara con esos pactos de silencio sobre lo ocurrido en la retoma del Palacio de Justicia y le pidieron que contaran la verdad plena.
La Justicia Penal Militar acaba de revivir una sanción que no aplicaba desde hacía 17 años contra uno de sus jueces. Francy Castaño fue declarada insubsistente por una larga lista de irregularidades, las más graves están relacionadas a una posible manipulación del reparto de investigaciones claves de corrupción contra altos oficiales o sonados golpes de la inteligencia colombiana. Lea, también: Abogada Kelly Eslava revela secretos de la red de corrupción que, según ella, lideró exmagistradoDesde el 2019, todos los despachos de la Justicia Penal Militar de Bogotá operan en un edificio específico como una medida para guardar distancia de sus investigados: policías y militares.Pero, aunque suene increíble, en esta regla había una excepción. El Juzgado 186 de Instrucción tenía una sede alterna, ubicada entre la estación de Policía de Teusaquillo y la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol). Aquí trabajaba la jueza Francy Castaño.La funcionaria llevaba meses esquivando los insistentes requerimientos que le hacían desde la unidad administrativa de la Justicia Penal Militar para que trasladara su oficina a la sede oficial.El recién llegado director de la Justicia Penal Militar, José Reyes Rodríguez, al advertir esta y otras irregularidades, la declaró insubsistente y clausuró el despacho paralelo.“Esa decisión estuvo basada en un patrón de conducta que, inicialmente, parecía como una desobediencia sistemática a trasladarse de su oficina tradicional, de años, a la dispuesta para ella en el Palacio de Justicia. Pero en el curso de ese trasladarse, no trasladarse, excusas de unas y otras, se empezó a evidenciar algunas otras irregularidades que estaban ahí tras esa circunstancia”, puntualizó.Entre las irregularidades evidenciadas se encuentran dificultades en cuanto al reparto, falsedades de información en el reparto y otra seguidilla de acciones que ya completaban una gran carpeta que llenaba un dossier de más o menos 16 noticias entre disciplinarias y delictivas.Según la jueza Francy Castaño, su interés por mantener su despacho alterno se debió a motivos de salud.“Tengo un problema de salud muy delicado. Soy diabética, soy insulinodependiente, tengo hipertensión arterial, hipertensión pulmonar y fuera de eso, fui trasplantada hace un año de riñón”, manifestó Francy Castaño.Sin embargo, a pesar de sus deseos por trasladarse al Palacio de Justicia, el lugar, según las palabras de la togada, no cuenta con la estructura necesaria que contribuya a su bienestar.“El ascensor no sirve, no hay rampa para subir a los discapacitados. No hay quien me ayude, yo fui a salir del edificio y tuve que caminar bastante para coger transporte”, precisó.Pero una auditoría interna puso al descubierto una larga lista de irregularidades que se escondían detrás del funcionamiento de la oficina alterna.“Los problemas de salud y esas dificultades tan humanas siempre están en el orden del día de las organizaciones y la judicatura, todas las judicaturas, no son la excepción, pero el sistema en sí tiene los remedios. Una persona por más dificultades de salud que tenga no puede arrodillar a la organización a la que pertenece. Y frente a eso estábamos”, enfatizó José Reyes Rodríguez.Según la auditoría, en el despacho alterno trabajaban, como personal de apoyo, policías que ni estaban adscritos a la Justicia Penal Militar ni contaban con autorización. Eran uniformados, algunos de inteligencia, a los que la jueza les daba funciones de asistencia y hasta de secretarios ad hoc."Tenía un staff de personas, entiendo que de la Policía, que le ayudaban", anotó Rodríguez.Corresponde a la Fiscalía verificar si estas participaciones tienen trascendencia penal.Este personal de apoyo practicaba diligencias, notificaba y tenía acceso a expedientes reservados, lo cual es considerado un riesgo para las investigaciones, según la auditoría.A ello se le suma el hecho de que el juzgado hacía uso de manera irregular de correos para tramitar asuntos de los procesos, lo cual “de ninguna manera es admisible”, rechaza tajantemente el reporte.Para ella, sin embargo, eso era una situación normal, pero, para los abogados y las víctimas, todo esto parecía una burla a la justicia.El mayor retirado William Lancheros fue uno de los afectados. Él acudió a la justicia denunciando un presunto abuso de confianza en la Policía que lo sacó de su carrera a coronel, pero lo que encontró en el despacho de Castaño no fue precisamente independencia.“Me recepcionaban (recibir) documentos algunas personas que estaban no directamente en la sede de la Justicia Penal Militar, sino en una estación de policía en Teusaquillo (sic) ”, puntualizó Lancheros.Las quejas de Lancheros por las prácticas violatorias del debido proceso en el despacho de Castaño fueron revisadas por el Tribunal Superior de Pereira, en donde no solo le dieron la razón, sino que terminaron sancionando a la jueza con tres días de arresto por desacato.
Una tragedia se suscitó en la vía que conduce de Bogotá a Girardot. En las últimas horas, una mujer fue hallada sin signos vitales. Información preliminar señala que la víctima fue bajada a la fuerza de un carro y luego le dispararon en múltiples oportunidades.>>> Asesinato del director de La Modelo: ¿hay fallas en la seguridad a funcionarios del Inpec?
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa Ulloa, "por la presunta extralimitación de funciones al convocar de manera irregular al consejo superior de la Universidad Nacional para nombrar rector de manera provisional".>>> Docente de Universidad Nacional pide a Procuraduría investigar a ministra de EducaciónLa indagación contra el funcionario se abrió luego de que el rector nombrado de la institución, Ismael Peña Reyes, presentó la queja ante el ente de control."La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se investigará en virtud de la queja interpuesta por el rector nombrado, Ismael Peña Reyes, y las denuncias hechas por medios de comunicación que refirieron que, al parecer, el funcionario profirió una resolución en la que dio un plazo de 24 horas para que se adelantara la reunión mientras se adopta una decisión sobre la legitimidad de su posesión", informó la Procuraduría.Agregó: "En el mismo sentido, la Entidad evaluará las instrucciones sobre adoptar medidas que permitieran superar la vacancia de la representación estudiantil en el Consejo, con lo que pudo vulnerar la autonomía universitaria".La Procuraduría, como parte de la investigación, ordenó la práctica de pruebas "y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad".>>> Procuraduría abrió nueva investigación contra Olmedo López, exdirector de la UNGRD
El precio del dólar hoy, viernes 17 de mayo, la TRM se sitúa en $3,828.98. Esta cifra representa un incremento de $3.56 pesos con respecto a la TRM anterior, lo que equivale a 0.09%.>>> ¿Qué implicaciones podría tener el bajo crecimiento de la economía en Colombia?Con respecto a la TRM en lo que va del año, el dólar ha registrado una reducción del 15.50%, lo que representaría una pérdida de $702.60.Así mismo, en lo corrido de mayo, la tasa ha tenido una pérdida de $70.09 pesos, es decir, una caída del 1.80%.PerspectivasComportamiento reciente: el peso colombiano ha sorprendido al mercado al fortalecerse frente al dólar y al euro en los días de abril. Esto podría estar relacionado con factores económicos y políticos.Impacto económico: un dólar más bajo puede beneficiar a las exportaciones colombianas y reducir la deuda externa. Sin embargo, también puede afectar la competitividad de ciertos sectores.Vigilancia constante: los inversionistas deben seguir de cerca las fluctuaciones del dólar y considerar estrategias para proteger sus activos.>>> DANE reveló que en marzo de 2024 la industria manufacturera cayó 11,1% en ColombiaEl precio del dólar hoy en las casas de cambioPara conocer el precio del dólar hoy, 16 de mayo, en tiempo real y en las casas de cambio, estará manejado de la siguiente manera.Bogotá | Compra 3.750 - Venta $ 3.810Medellín | Compra $3.580 - Venta $3.750Cali | Compra $3.730 - Venta $3.850Cartagena | Compra $3.600 - Venta $3.810
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ofreció una rueda de prensa tras el asesinato del director de la cárcel La Modelo, Elmer Fernández, quien había recibido amenazas contra él y su familia el pasado jueves 9 de mayo, según confirmó el mismo jefe de esa cartera. >>> Amenazas contra Elmer Fernández, director de cárcel La Modelo, habrían sido de Pedro Pluma.Osuna explicó por qué el coronel retirado de la Policía no contaba con carro blindado ni esquema de seguridad, pese a los panfletos que había recibido, además del puesto que ostentaba.“No está previsto en las normas vigentes hasta hoy que los directores de cárceles tengan carro blindado por el hecho del cargo”, precisó el ministro de Justicia.Noticia en desarrollo.
“Meras risas, meros recuerdos, qué lástima que te hayas desviado de los principios y objetivos originales. Ahora sí, Independientes, sin jefes, ni partidos políticos, como siempre debió ser”, se lee en el mensaje publicado en la cuenta de X del Partido Independientes, acompañado de un video que donde se ven algunos comportamientos curiosos que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero solía tener en comparecencias públicas.>>> Director de la UNGRD arremete contra Daniel Quintero: “Se arrima al sol que más alumbre”La publicación del Partido Independientes fue una respuesta a otra de Quintero, que se pronunció luego de que el Consejo de Estado declaró la nulidad de la resolución expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se reconoció la personería jurídica a esa bancada.“Contra viento y marea, pero con Dios por delante. Aquí no nos rendimos. Saldremos a las calles a buscar las firmas que sean necesarias para participar y ganar las próximas elecciones presidenciales”, escribió Daniel Quintero.¿Por qué el Consejo de Estado tomó esta decisión contra el Partido Independientes?Las pretensiones del demandante Luis Humberto Guidales García, en su condición de veedor de la Veeduría Transparencia Electoral, buscaban que se declarara la nulidad de la Resolución No. 1545 de 2023 emitida por el Consejo Nacional Electoral, y como consecuencia, se ordenara la cancelación de la personería jurídica del partido político Independientes.El Consejo de Estado analizó los hechos y peticiones presentadas por las partes involucradas para definir una sentencia de única instancia que señala que "la Resolución 1545 del 1 de marzo de 2023 del CNE, incurrió en falsa motivación e infracción de las normas en que debía fundarse en cuanto reconoció personería jurídica a la agrupación política Independientes", se lee en la sentencia del alto tribunal.Se indicó que el acto demandado es falso en su motivación, en tanto que "desconoció las circunstancias que rodearon la formalización de las aspiraciones electorales de los señores Alex Xavier Flórez Hernández y David Alejandro Toro Ramírez, esto es, su militancia al Movimiento Político Colombia Humana, las colectividades que hicieron parte de los acuerdos de coalición del Pacto Histórico para las elecciones al Senado de la República y la Cámara de Representantes por Antioquia y los actos de inscripción de esas candidaturas", dice la sentencia.La Sala resolvió, además, que no se iba a aceptar "la renuncia al poder conferido por el Partido Independientes a través de su representante legal, al abogado Walther Mayger Duarte Gómez".Finalmente, se dispuso que, en atención a las situaciones consolidadas en vigencia de personería jurídica otorgada al Partido Independientes, los efectos del fallo serán a futuro y desde la ejecutoria de este.>>> La sombra que persigue a un exfuncionario de Daniel Quintero