Bogotá vivirá este 21 de noviembre uno de sus días más movidos por la jornada de marchas y el día sin IVA.Al cumplirse un año del paro nacional y la muerte de Dilan Cruz a manos de un policía, este sábado las calles serán nuevamente epicentro de protestas.La mayoría de las marchas terminarán en la sede de la carrera 30 de la Universidad Nacional.Una de las movilizaciones, que agrupa a estudiantes del Externado, Los Andes, Libre, El Rosario y Javeriana, irá por la carrera Séptima, la calle 45 y la avenida Ciudad de Quito.La Central, Sergio Arboleda, La Salle, San Buenaventura y Pedagógica también se unirán a la marcha.Los estudiantes de la Distrital, sede calle 40, recorrerán la carrera Séptima, calle 45 y carrera 30.Los alumnos de la Universidad Pedagógica sede Bosa se concentrarán en el parque Fundacional Bosa Centro.Pese a los recorridos anunciados, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, dijo que “más que una marcha muy numerosa lo que vamos a vivir son distintos plantones, plantones en plazas, plantones en universidades, que con seguridad van a transcurrir de manera pacífica”.Paralelamente, Bogotá, al igual que el resto del país, vivirá la tercera jornada del año de día sin IVA, razón por la cual el comercio de la capital funcionará hasta la medianoche.“Muchos establecimientos van a hacer un esfuerzo y tener su madrugón de tal forma que las personas que vayan a hacer compras físicamente no encuentren aglomeraciones”, dijo Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá.Y aunque en la ciudad se levantaron las restricciones al comercio, el Distrito emprenderá operativos en las grandes superficies para que no se supere el aforo del 35% permitido y se evite así un brote de coronavirus.Quienes incumplan lo establecido se exponen a sanciones como “cierres desde uno a catorce días de la actividad comercial y las sanciones van desde un salario mínimo hasta mil salarios mínimos”, explicó Gómez.La Secretaría de Movilidad tiene previstos varios cierres y desvíos viales por las movilizaciones, por lo que se recomienda no salir en el vehículo particular y trasladarse en transporte público.
Tras la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de enviar la investigación que lleva a cabo la Fiscalía sobre la muerte del estudiante Dilan Cruz a la justicia penal militar, la hermana del joven se pronunció en redes sociales."Que tristeza, sinceramente ya no saben de qué manera disfrazar y acomodar todo cuándo fue evidente, qué indignación”, escribió su hermana.Entre tanto, la sala disciplinaria definió el conflicto de competencias entre la Fiscalía y justicia penal militar. Los hechos que rodearon la muerte del joven sucedieron durante un acto del servicio y el encargado del proceso será el juzgado 189 de instrucción penal militar de Bogotá.Procuraduría llama a versión libre al capitán del Esmad que le disparó a Dilan Cruz“Se dispara directamente al cuerpo de manifestantes”: policía que causó la muerte de Dilan Cruz
El Consejo Superior de la Judicatura informó este viernes que el proceso de investigación por la muerte de Dilan Cruz queda en manos de la Justicia Penal Militar al considerar que “la actuación del capitán (implicado) se dio en el marco del servicio”.Por lo tanto, será esta jurisdicción la que debe “determinar o establecer si incurrió en algún delito”, dice la alta corte.Para la familia del joven bogotano, el caso debía llevarlo la justicia ordinaria.Dilan Cruz fue gravemente herido por un agente del Esmad el 23 de noviembre cuando protestaba sobre la calle 19 con carrera 4, en el centro de Bogotá, durante las manifestaciones del paro nacional.El joven fue remitido a la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Ignacio, donde informaron su deceso tres días después.
Profesores, taxistas y miembros del comité del paro nacional buscan acatar la prohibición de concentraciones de más de 500 personas. Con la declaratoria de la emergencia sanitaria en el país por el COVID-19, varios sectores -que habían anunciado marchas en las próximas semanas- tuvieron que modificar sus cronogramas; ya se trabaja en otras alternativas. Varias son las propuestas de los sectores que componen el comité del paro nacional. “En el caso de Bogotá vamos a hacer diferentes concentraciones de menos de 500 personas, alrededor de 50 concentraciones. También vamos a hacer actividades: que la gente no vaya al trabajo, que se paralice la ciudad y que se hagan actividades de cacerolazos tanto al mediodía como en la tarde en todo el país”, afirmó William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Maestros. Y también plantean: “Hemos llamado a diferentes sectores a izar la bandera y a defender la vida de los dirigentes y que se pongan franjas negras en los brazos para denunciar el asesinato de líderes. Van 70 este año”. Por su parte, el gremio de los taxistas, que iba a entrar en paro desde el próximo lunes 16 de marzo, aplazó la manifestación “por todo el tema de lo que está pasando en Colombia y en el mundo (…) el paro se aplaza hasta nueva orden”, señaló Hugo Ospina. Entre las centrales obreras se barajan varias posibilidades, en las que resaltan las siguientes propuestas: Acoger la orden presidencial Seguir la protesta mediante cacerolazos nacionales. Proponer que ninguna persona salga de su casa y así hacer efectivo el paro. Vea también: Coronavirus: ¿qué pasará con las marchas del 25 de marzo y las ceremonias de Semana Santa?
Aunque varias manifestaciones estaban previstas para este 25 de marzo no se pueden realizar debido a las medidas para evitar el brote del COVID-19. Una movilización en contra de la explotación minera en el páramo de Santurbán, prevista para el 16 de marzo, fue la primera marcha aplazada. “El comité convoca a las 7:00 p.m. a un cacerolazo nacional para hacerle saber al gobierno nacional que en Bucaramanga y en el país no estamos de acuerdo con que se le entregue la licencia ambiental a Minesa”, explica Carlos Parra, concejal de Bucaramanga y líder de la marcha. Entretanto, representantes del comité del paro nacional señalaron que estudian maneras de protestar ante la pandemia del coronavirus COVID-19. “El paro del 25 de marzo va, pero no vamos a hacer nada que vaya en contravía de los protocolos que el mundo ha definido y el país ha definido en términos preventivos de lo que es una pandemia”, afirmó Diógenes Orjuela, presidente de la CUT. Por eso estudian hacer un cacerolazo desde las casas, así como usar símbolos para rechazar los asesinatos de líderes sociales y realizar pequeños plantones en los sitios de trabajo. En contexto: Esta será la multa si no acata medidas para prevenir COVID-19 en Bogotá.
La Cámara Colombiana de Confección anticipa un posible riesgo de aumentarse el desempleo en el sector textil. Sandra Arango es confeccionista, desde sus 17 años trabaja en el sector textil y es cabeza de hogar. Con lo que recibe en su empleo sostiene a su hijo de 6 años. Además, todos los integrantes de su familia también dependen de este oficio. Su preocupación ahora es que el proyecto arancelario que propone el presidente Iván Duque la deje desempleada. “Mi temor en este momento es que la mayoría de mujeres que trabajamos en el sector textil, somos madres cabeza de familia y viendo las importaciones que están viniendo de China, vemos decaer mucho el trabajo para nosotras, incluso nos hemos dado cuenta que muchas empresas han cerrado y han sacado personal”, comenta Sandra. El borrador del decreto propuesto por el Gobierno Nacional contempla la reducción de aranceles a importaciones de textiles. Esa disminución de los aranceles para las empresas que importan textiles, dicen los textileros nacionales, implica una baja en los precios de los productos importados que venden en el país, lo que obligará a las empresas locales a igualarse en precios para poder competir. Bajar sus precios, aseguran, los llevará a la quiebra. “Aquí se estaría privilegiando la mano de obra en otros países y no la mano de obra en Colombia. Este sector textil en Colombia genera cientos de miles de empleos, con la propuesta del Gobierno no se estaría dejando una puerta abierta más que una masiva importación de prendas de vestir de países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales”, señala Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de Confección. Hoy, cuando están a las puertas de recibir el golpe de este decreto, los textileros nacionales recuerdan que el presidente les prometió en campaña que iba a privilegiar el empleo y el impulso a la industria nacional. “El Gobierno ha engañado al sector textil, el gobierno de Duque estafó al sector textil al pedirle sus votos, pero no darle el apoyo necesario y yo creo que aquí lo importante es que el Gobierno entienda la necesidad de generar empleo en Colombia”, manifiesta Jorge Duque, empresario sector textil. Ante este panorama, los textileros ya anuncian que se unirán al paro nacional del próximo 25 de marzo.
Más de 330.000 profesores detuvieron sus actividades en varias regiones del país. 2:41 p.m.: Se termina la movilización de los maestros. Claudia López agradeció que marcharan pacíficamente y en la ruta acordada. 12:25 p.m.: Se presenta manifestación en la autopista Norte con calle 207. 12:00 p.m.: Alcaldía de Bogotá reporta que transportadores de carga, que se unieron a la protesta con sus propias razones, se encuentran ubicados en estas zonas de la ciudad. Carrera Séptima con calle 171 B Avenida Boyacá con Calle 71 sur Calle 13 con carrera 138 Calle 63 sur con carrera 103 Avenida Caracas con calle 63 sur Carrera 17C con calle 80 sur Vía La Calera, kilómetro 4,5 Vía Bogotá - Siberia, kilómetro 1,5 11:50 a.m.: Manifestantes en la calle 80, sentido oriente-occidente, generan algunas afectaciones en la movilidad debido a bloqueos. 11:30 a.m.: De acuerdo con el recorrido programado, unas cuatro mil personas se movilizan por la calle 72 para tomar la carrera 15 al norte. 11:10 a.m.: Se presentan algunos bloqueos en la autopista Sur, sector San Mateo. 10:40 a.m.: Profesores se concentran cerca del centro comercial Avenida Chile, antes de iniciar la movilización. 7:10 a.m.: Desde el Portal Suba, Guillermo Rivera, veedor distrital, invita a protestar sin violencia. 6:15 a.m.: Nelson Alarcón, presidente de Fecode, habla sobre las razones del paro que iniciaron este jueves. “Tenemos dificultades frente al tema de seguridad. Nos siguen amenazando, desplazando, asesinando a los maestros. Es crítica la situación y el gobierno es indolente”, advirtió. Se estiman que al menos ocho millones de estudiantes no tendrán clases. Entre los principales motivos de la protesta están los asesinatos y las amenazas a docentes. En la capital del país, las movilizaciones comenzarán a las 8:00 a.m. Estos son los recorridos. Puntos de concentración Jueves 20 de febrero. Desde la Fiduprevisora, ubicada en la calle 72 con Décima, y por la carrera 15 hacia el Ministerio de Trabajo. La calle 72 estará cerrada en ambos sentidos, entre la Avenida Caracas y la carrera Séptima desde las 8:00 am hasta la 1:00 pm. Este cierre también afecta el cruce de las carreras 9 y 11 por la calle 72. Desvíos Calle 72 • Calle 72 al oriente: la Policía de Tránsito habilitará temporalmente el giro izquierdo occidente norte a la altura de la carrera 15. También se puede tomar la carrera 14A hacia el sur para posteriormente tomar la calle 69 al oriente. • Calle 72 al occidente: buscar las calles 67 y 76 al occidente para retomar la calle 72 abajo de la avenida Caracas. • Carrera 11 al sur: tomar la calle 77 al oriente para usar la carrera Séptima al sur. • Carrera 9 al norte: tomar la calle 70 al oriente para girar al norte en la carrera Séptima. Desvíos Carrera 15 • Transitar por avenida Caracas y carrera 9 al norte. • Para los cruces de la carrera 15 en las calles 76, 82 y 85, se cerrarán estas calles desde la carrera 11 y avenida Caracas, a medida que avance la marcha. • Para los cruces de la carrera 15 en las calles 92 y 94, se cerrarán estas calles desde la carrera 11 y carrera 9, a medida que avance la marcha. Desvíos glorieta Carrera 15 con Calle 100 • Los accesos a la glorieta serán cerrados desde las 12:00 hasta las 3:00 pm. Continuará habilitado el puente vehicular de la calle 100. • Para quienes se desplazan por la carrera 15 de norte a sur, serán desviados a la carrera 9 en la calle 104. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, aseguró que se ajustaron los protocolos de acción durante las protestas y, en caso de detectarse acciones violentas, intervendrá el Esmad. 17.000 uniformados velarán por la seguridad en la ciudad.
El representante José Jaime Uscategui explicó que lo integran sectores que no están de acuerdo con los motivos del cese de las centrarles obreras. Además, buscan llevar nuevas propuestas al llamado diálogo nacional. "Tenemos varias organizaciones que no han sido escuchadas en el marco de la conversación nacional, que no han salido a marchar, no han hecho vandalismo, que no han hecho bloqueos porque ese no es su estilo y que quieren ser escuchadas por el alto gobierno, y por todas las ramas del poder público”, aseguró Uscategui. Entre los miembros que firmaron las peticiones están la Corporación Rosa Blanca, la Fundación Dignidad por los Héroes de Colombia y la Comisión de Atención a Migrantes, entre otras. “Somos un grupo que no está en contra del gobierno, que no está en contra del paro, que lo único que pide es que sea escuchado en el marco de la conversación nacional y que tiene una agenda muy clara", añadió el representante del Centro Democrático. Cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, una solución a la deuda del sistema de salud de la fuerza pública, más seguridad en ciudades y campos, y regulación en el tema del aborto son algunas de sus peticiones. El 19 de febrero se espera que en la Casa de Nariño se realice el primer encuentro entre el gobierno y estas organizaciones sociales.
Organizaciones de diversa índole debaten 13 ejes temáticos y 104 puntos. Aseguran que continúan en paro y llamarán a nuevas manifestaciones. Organizaciones sociales, cívicas, gremiales, sindicales y populares debaten los 104 puntos, con 13 ejes temáticos dirigidos al gobierno nacional, entre los que están el asesinato sistemático de más de 200 excombatientes de las FARC. Aseguran que continuarán en paro. “Estamos en paro desde el 21 de noviembre. Esta es una expresión del paro y seguiremos convocando, cacerolazos, marchas, tomas pacíficas; que la gente se levante, se manifieste porque son sus derechos y los que nos están gobernando no piensan en sus derechos”, dice Norman David Bañol, gobernador indígena del Consejo Regional Indígena de Caldas. Están discriminados en varios temas, entre ellos el asesinato sistemático de los líderes indígenas, sociales y populares, el incumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno; a menos de dos años, destacan, van más de 200 excombatientes asesinados, algunos de ellos presuntamente a manos de Fuerzas Militares. Así mismo anunciaron una gran manifestación en el mes de marzo. Los temas ambientales también están incluidos en sus peticiones. “El próximo 16 de marzo, desde Santander, partirá la caravana denominada Un grito por el agua, en la que 5 mil santandereanos podamos decirle al gobierno de Duque que niegue la licencia ambiental a la multinacional árabe que está ahí”, dice Jenny Mariño, defensora del agua y páramo de San Turbán. El movimiento indígena también pide la derogatoria inmediata del decreto 2353 que crea la autoridad nacional de consulta previa.
Investigadores ubicaron interceptaciones en las que hablan de un gran partido de fútbol en lenguaje cifrado haciendo referencia a las manifestaciones. Autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de infiltrar las marchas del paro nacional con el objetivo de atacar a la fuerza pública. Seis hombres fueron capturados como consecuencia de la indagación. Para la Fiscalía, estos hombres harían parte de grupos armados organizados de las disidencias de las FARC y cuya misión sería principalmente infiltrar las marchas estudiantiles. En las interceptaciones previas a las protestas del 21 de noviembre se habla de un gran partido de fútbol que, según el delegado fiscal, es su forma de referirse a las marchas. “Que van a reunirse para un partido de fútbol y que van a reunir la mata con toda violencia. Dice que le hace falta plata para hacer un partido de fútbol su señoría, pues hasta ahora para los partidos de fútbol no se necesita reunir esa cantidad de plata, lo que se necesita acá es para la elaboración y compra de insumos químicos”, afirmó el fiscal del caso. También explicó que, en los audios, se menciona a alias ‘el Químico’. “Samuel, que es la encargada de la elaboración de los artefactos explosivos pues su experiencia lo destaca”, señaló. Por su parte, los capturados deben responder por concierto para delinquir, tráfico de armas y de estupefacientes, pero la defensa rechazó los cargos ya que el abogado Eduardo Matías argumentó que “esa imputación no tiene ningún sentido”. Y Añadió que “lo que se ha puesto en evidencia es que es un proceso contra la protesta social”. El secretario de seguridad de Bogotá, Hugo Acero, había exigido conocer quiénes y por qué estarían infiltrando las manifestaciones estudiantiles. La juez decidirá la próxima semana si los capturados deberán ir a un centro penitenciario.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exsenador colombiano Álvaro Alfonso García Romero, condenado por la justicia ordinaria a una pena de 40 años de prisión por su participación en la masacre paramilitar de MacayepoGarcía Romero, quien cumple su sentencia en la cárcel La Picota de Bogotá, recibió una de las sanciones más altas contra los congresistas que tuvieron nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y participaron de sus crímenes.El exsenador fue aceptado en la Jurisdicción como "Agente de Estado no integrante de la Fuerza Pública" y se ofreció a aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria sobre crímenes perpetrados por los paramilitares principalmente en el norte del país."La JEP busca esclarecer y conocer a fondo en qué consistió la promoción, auspicio y colaboración de dirigentes políticos con grupos paramilitares", consideró la jurisdicción al estimar que los aportes del exsenador permitirán "desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo".El exsenador, oriundo del departamento de Sucre, fue condenado en 2010 por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple en calidad de determinador y desplazamiento forzado entre 1997 a 2000.La JEP tuvo en cuenta que, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, García Romero se valió de su condición de senador para consolidar el proyecto de las AUC en el ámbito nacional y aunque como paramilitar no participó en las hostilidades de ese grupo, "desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal".Específicamente, García se comprometió a aportar en la JEP verdad sobre las "reuniones en donde se creó el bloque Montes de María de las AUC y de las reuniones de Ralito y Chibolo", un pacto secreto entre grupos paramilitares y políticos colombianos, así como "sobre su participación en la masacre de Macayepo", perpetrada en el 2000 en el departamento caribeño de Bolívar.El exsenador, que permanecerá en prisión, además entregará su versión sobre el contrato de la Guaripa que sirvió como financiación de la creación del nuevo grupo de las AUC; la muerte de Georgina Narváez, una testigo electoral asesinada en 1997, y su vínculo con el paramilitar Salvador Arana, quien como gobernador de Sucre entre 2001 y 2003 impulsó a las Autodefensas."García Romero está en condición de entregar verdad sobre los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular, el nombramiento de miembros de las AUC en la administración pública, la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos", detalló la JEP.
El gobierno de Iván Duque prolongó hasta el 31 de mayo la emergencia sanitaria y el aislamiento selectivo para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Entre las medidas destaca que se autoriza la venta y consumo de licor en restaurantes a partir del primero de marzo.“Se hace una excepción, los restaurantes no requieren ningún tipo de piloto. Quedan autorizados para expedir licor y consumir en los restaurantes”, explicó Daniel Palacios, ministro del Interior.Además, la administración de Iván Duque determinó que se podrán adelantar pilotos para eventos masivos, pero cumpliendo ciertos requisitos que estarán dispuestos en el decreto.Por último, se prohíbe que mandatarios locales modifiquen el plan nacional de vacunación.
La laguna de Suesca es la historia de un muelle que se quedó esperando el agua y los veleros, es también la de una laguna que empezó a morir cuando el hombre y la naturaleza unieron fuerzas para acabarla.Uno de los sectores más críticos hace parte de la cuenca alta del río Bogotá… irremediablemente se seca con el paso de los días.“Ese es un proceso natural que no se puede detener. Pero en el caso de la laguna de Suesca es un proceso que se ha venido observando desde hace más de 30 años. Yo lo he venido observando con las visitas que hago desde los años 90”, explica Alfonso Pérez, ingeniero geógrafo y exdirector de la CAR.Sin embargo, los expertos van más allá: desde 1940 se insinuaba el trabajo de los humanos y los impactos que tendría en un futuro la agricultura.En los años 60, una aerofotografía muestra que la laguna mantuvo su forma, pero en el 2003 el agua en el costado sur comenzó a desaparecer. En 2016, la parte central cambió radicalmente.Recientemente, los satélites de Google Earth registraron que todavía había agua, pero se sigue secando irremediablemente, convirtiéndose en un desierto que solo produce tristeza.“Eso que queda, a la velocidad en que vamos, en dos meses ya no habrá nada, absolutamente nada de agua en la laguna”, dice Hernán Sandino, ingeniero civil propietario de uno de los predios más afectados por la sequía.Él habla con la nostalgia de la época en que el muelle era un bello lugar rodeado de agua y donde cientos de aves migratorias llegaban a descansar.Además, es consciente de que el cambio climático y las escasas lluvias de los últimos años han contribuido al frenético cambio en el paisaje. También habla de la negligencia de las autoridades ambientales.“Ha habido negligencia en ayudarle a la laguna a que se llene, tenemos una carretera que la circunda y esa carretera en muchos puntos hace que el agua llegue hasta ella, anegue los potreros vecinos y no pase a la laguna”, dice.Según Sandino, actúa como un cinturón que no permite que fluya el agua que baja por la pequeña cuenca hacia la laguna para contribuir a las lluvias. Según la CAR, la única fuente con que cuenta el cuerpo de agua.Alfonso Pérez, exdirector de la CAR, no descarta que el uso del agua, escasa en la zona, sea otra de las causas del desecamiento de la laguna.“Hay gente que tiene su cabañita, necesita agua para sus necesidades. Hay otra gente que riega sus pastos o sus cultivos con agua que sacan de la laguna o de los arroyos que la alimentan”, afirma Pérez, quien también es ingeniero geógrafo.En medio del crítico panorama, campesinos, expertos y autoridades ambientales tienen puestas sus esperanzas en que venga un periodo de lluvias que permita a laguna recuperarse y ser lo que era antes.Asimismo, la CAR sostiene que trabaja en un plan de reforestación en la parte alta de la cuenca del río Bogotá.Si la naturaleza y los humanos se lo proponen, tal vez algún día se vuelva a ver a la laguna de Suesca… ya no sólo en fotografías.
Claudia López se retractó sobre unas declaraciones en las que mencionaba a Enrique Peñalosa y decía que “a él le importaba el negocio de sus buses, sus troncales de diésel”, durante un debate acerca de Transmilenio por la Séptima. Un juez le diera 48 horas para rectificar.“A los jueces hay que hacerles caso y lo vamos a hacer”, comentó la alcaldesa de Bogotá quien, antes de la rectificación, sostuvo que su comentario no pretendía señalar a Enrique Peñalosa de tener un negocio con los buses de TM.“Quiero decirle, y Enrique lo sabe, que no estoy sugiriendo que sea corrupto ni sea bandido o que se embolsille una plata de unos buses que él vende”, afirmó.No obstante, agregó que “la discusión es otra, es si ese modelo de Transmilenio, de troncales como la Caracas, es el modelo que tiene que seguir teniendo Bogotá o si lo que tenemos es que seguir expandiendo la red de metro”.
Una semana después de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, en el que una joven embera, de 22 años, murió y bastantes familias resultaron desplazadas, varias comunidades indígenas siguen en medio del conflicto.Muchos integrantes de las comunidades de Mohamía, Esenada y Agidó abandonaron su hogares y emprendieron camino hacia el pueblo indígena de Miácora.“Los embera no estamos acostumbrados a escuchar sonido de balas, ni mucho menos bombas”, manifestó el gobernador indígena Miácora, Luis Mona Mecha.En el municipio de Alto Baudó, Chocó, se encuentran 65 familias desplazadas y más de 650 confinadas que necesitan ayuda. Desde hace varios días, una misión humanitaria recorre estas comunidades afectadas.De acuerdo con el personero de Alto Baudó, Heriberto Andrade, una ONG ha venido para apoyarlos, constatando la situación para ayudar a las familias del municipio que estén en crisis.La situación es complicada debido a que solo para llegar de Quibdó hasta Alto Baudó hay que conducir por cuatro otras y después viajar en lancha durante otra cuatro horas.Sin embargo, un equipo de Noticias Caracol acompañó a las autoridades para entregar las ayudas humanitarias.Llegaron a uno de los puntos de encuentro donde la alcaldía del municipio va a entregar las primera ayudas humanitarias para la comunidad afro de Cugucho, en la que hoy sus miembros están confinados y desplazados.“Se están haciendo diagnósticos y básicamente es el punto de partida. Ahora sí vamos a llevar los requerimientos de las comunidades”, declaró Ulises Palacios, alcalde de Alto Baudó.Las ayudas humanitarias consisten en alimentos no perecederos, carne y verduras, aunque se necesita con urgencia colchones, cobijas y elementos de bioseguridad.