Esta semana sorprendió la declaración del presidente Iván Duque, quien dijo que si la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez renuncia, designaría como su reemplazo a una mujer.Expertos constitucionalistas y congresistas le recordaron que esa elección la hace el Congreso en forma libre y que el presidente no puede formalmente postular candidatos.El senador Roy Barreras fue más allá e incluso propuso a los Partidos Liberal y Cambio Radical que se unieran con la oposición y eligieran un vicepresidente independiente.Aunque la propuesta de Barreras es teóricamente posible, seguramente no tiene ninguna viabilidad política.Solo una vez en la historia no se ha respetado el guiño presidencial para designar su potencial reemplazo: fue en 1993, cuando Juan Manuel Santos se hizo elegir designado sin contar con el beneplácito de César Gaviria, entonces presidente.De cualquier manera, esta vez el presidente Iván Duque tendrá que hacer más trabajo político porque el Partido Conservador, con el apoyo del expresidente Uribe, ya se metió y dijo que debería ser una conservadora.Lo dicho por Uribe se entendió como una desautorización al nombre de María Paula Correa, que es la candidata que el presidente Duque quisiera.Si finalmente el pulso lo ganan los conservadores, todos los caminos conducen a Ángela Ospina de Nicholls, quien no es muy conocida pero tiene relaciones familiares que a veces en la política colombiana pesan mucho: es consuegra de Andrés Pastrana y nieta del expresidente Mariano Ospina Pérez.
Arturo Char, presidente del Congreso de la República, firmó la resolución retirando del Congreso a la senadora Soledad Tamayo, quien venía ocupado la curul de Aída Merlano por el Partido Conservador.Justamente, la Corte Suprema había pedido a Arturo Char que declarara la silla vacía porque esta curul no podía ser ocupada, dado que su titular había sido condenada por delitos electorales.Así las cosas, la mesa directiva del Senado firmó y Soledad Tamayo no será más congresista por el Partido Conservador, al menos durante este periodo.Aída Merlano fue condenada por compra de votos y pagaba su pena en una prisión en Bogotá. Sin embargo, se fugó en octubre de 2019. Ahora está en Venezuela, donde fue capturada en enero pasado.
La Universidad Sergio Arboleda, que ha sido de inclinación conservadora desde sus inicios, está dando un 20% de descuento a quienes acrediten ser miembros del Partido Conservador desde hace dos años.Serían las nuevas generaciones del partido quienes estén buscando este tipo de acuerdos, no solo con esa universidad, sino con otras en el país.Por su parte, el centro de educación señaló en su cuenta de Twitter que tienen convenios también con cajas de compensación y demás.La pregunta que queda es ¿qué dice el Ministerio de Educación sobre este tipo de convenios e iniciativas?
El presidente ya se reunió con el líder del partido de La U y lo mismo hará con representantes de Cambio Radical. Sobre la mesa están cambios en el gabinete ministerial al que podrían llegar representantes de estos partidos. Por el partido de La U estaría la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, que podría llegar al Ministerio del Interior en reemplazo de Nancy Patricia Gutiérrez, aunque no se descarta que sea designada en la cartera de Salud. El partido Conservador, afín al gobierno, estaría detrás del Ministerio de Agricultura, al que también aspira Cambio Radical, lo que implicaría la salida del actual ministro Andrés Valencia. “Hemos sido claros y específicos con el presidente, que queremos que las personas cercanas a nuestra bancada, que conocen nuestros ideales y que conocen nuestros proyectos y nuestras políticas públicas, entren a ser parte de ese gobierno y que acompañen la toma de decisiones del presidente”, recalcó Wadith Manzur, representante conservador. La bancada de Cambio Radical espera definir si se mantiene como independiente o si entra a formar parte de la coalición de los partidos de gobierno. Este partido, que acompañó la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo y otras iniciativas en el pasado período legislativo, buscaría estar representado con el exalcalde de Barranquilla Alex Char, que podría llegar al Ministerio de Salud, al que renunció Juan Pablo Uribe, o al Ministerio de Vivienda, del que saldría Jonathan Malagón.
Fernando Carrillo afirma que se debe aplicar la silla vacía. Sin embargo, la colectividad está dispuesta a defender ese escaño a capa y espada. Actualmente, la curul que dejó Aída Merlano, condenada por compra de votos y quien recientemente se fugó, la ocupa Soledad Tamayo. El procurador Fernando Carrillo ha sido claro al pedir sanciones, más tras la fuga de la excongresista del Partido Conservador. "Aquí hay que sancionar al partido y la filosofía de la silla vacía aquí opera completamente”, expresó. El conservatismo aseguró que, si es necesario, defenderá ante los estrados judiciales su representación en el Senado. Le puede interesar:¿Qué rol habría jugado la hija de Aída Merlano en su fuga?
La vicepresidenta manifestó este jueves que no deben presentarse desmanes como los de la semana pasada durante las protestas estudiantiles en Bogotá. “Una cosa es la protesta y otra cosa son las vías de hecho, es urgente reglamentar la protesta social porque la anarquía que vimos la semana pasada nos está notificando que esto va a seguir”, expresó la funcionaria ante el Partido Conservador en la celebración de los 170 años de esa colectividad. Por su parte, el senador del mismo partido Juan Diego Gómez manifestó que está trabajando en una ley estatutaria que permita que la protesta social tenga reglas claras. Lo hizo en referencia a las manifestaciones que se presentaron en la capital del país por parte de estudiantes y que fueron empañadas por los actos vandálicos de unos pocos y con denuncias sobre posibles excesos del Esmad.
Hijo del expresidente Laureano Gómez y hermano de Álvaro Gómez Hurtado, fue líder del Partido Conservador y ocupó varios cargos en el Gobierno. El exsenador colombiano Enrique Gómez Hurtado falleció este sábado en Bogotá a los 92 años, informó su colectividad. El dirigente, miembro de una de las familias políticas más importantes del país, era abogado de la Universidad Javeriana, con posgrado en Economía de la London School of Economics, y hermano del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en un atentado en Bogotá en 1995. Enrique Gómez fue "un destacado líder de la colectividad, senador de la República por varios periodos y expresidente del Directorio Nacional Conservador", indicó en un comunicado el presidente de la colectividad, Omar Yepes. A lo largo de su carrera Gómez fue además embajador de Colombia en Francia, concejal de Bogotá, catedrático de varias universidades, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC) y director del diario conservador El Nuevo Siglo. "Lamentamos el fallecimiento del exsenador y exembajador Enrique Gómez Hurtado, distinguido dirigente conservador, quien a lo largo de su extensa carrera como servidor público le hizo grandes aportes al país. Nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares", manifestó en Twitter el presidente colombiano, Iván Duque. Gómez Hurtado nació el 10 de abril de 1927 en Bogotá y estaba casado con María Ángela Martínez, con quien tuvo cuatro hijos. Varios partidos políticos y personalidades públicas colombianas también lamentaron el fallecimiento del político. "El Partido Liberal lamenta el fallecimiento del exsenador Enrique Gómez Hurtado. Acompañamos en su dolor a sus familiares y saludamos a nuestros amigos del Partido Conservador Colombiano", indicó el movimiento político. El ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, destacó que Enrique Gómez Hurtado fue "un hombre que aportó a la construcción de país". A su vez, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) sostuvo que siempre guardará "gratitud y admiración a la memoria de Enrique Gómez Hurtado, ejemplo de carácter y franqueza".
Liberales y La U no apoyan cambios a la justicia especial. Centro Democrático y conservadores piden fortalecer la extradición. La crisis derivada por el caso Santrich, lo difícil de tramitar las objeciones a la JEP y la falta de mayorías en el Congreso llevaron al presidente Iván Duque a reunirse en privado y por separado con los partidos políticos aliados del gobierno e independientes, para buscar un gran acuerdo político para fortalecer la extradición y, según el ejecutivo, proteger la institucionalidad. “Lo que ocurrió con el caso Santrich no puede volver a pasar. No puede ocurrir un enfrentamiento entre la jurisdicción ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz (…) debe haber claridad y que no se dé la sensación de impunidad”, señaló la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al finalizar el encuentro. En esa búsqueda, el gobierno encontró el respaldo del Centro Democrático, los movimientos cristianos y los conservadores. “Nos parece necesario para el país el acuerdo que el señor presidente está promoviendo para introducir unas reformas a estos textos de La Habana”, indicó el senador Álvaro Uribe. “Lo que tenemos es que fortalecer la extradición, el combate del narcotráfico, la erradicación de cultivos y, sobretodo, evitar la impunidad de los narcotraficantes”, expresó Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. El Partido Liberal y La U marcaron líneas rojas frente a ese consenso. “Le dejé claro al señor presidente que nuestro compromiso con el acuerdo de paz es indeclinable y que no haríamos nada que pueda afectar su integridad”, aseguró César Gaviria, director del Partido Liberal. “Un acuerdo coordinado por el señor presidente sí, un acuerdo coordinado directamente por el Centro Democrático no”, dijo Aurelio Iragorri, director del partido de La U. El gobierno aseguró que primero busca un acuerdo con los partidos de gobierno e independientes, si lo logra, escuchará a la oposición. “Un acuerdo nacional que no tenga en cuenta a la oposición y a las fuerzas alternativas sentadas en una mesa de diálogo, no puede ser un acuerdo nacional”, indicó el senador del Polo Democrático Iván Cepeda. Cambio Radical también asistió a la cita con el presidente Iván Duque dejando claro que es necesario incluir a todos los sectores, así como a la justicia.
La captura del fiscal, señalado de recibir dinero para interferir en el caso Santrich, complica la situación. Uribistas y otros sectores se pronuncian. Una foto resume el debate que vive el país por cuenta de la ley que reglamenta el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. La publicó el expresidente Álvaro Uribe para llamar la atención sobre lo que considera como adoctrinamiento y abuso por parte de algunos profesores con sus alumnos respecto a la JEP. Precisamente, académicos y congresistas cercanos al uribismo le enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que piden objetar por inconveniencia la ley estatutaria. Les preocupa la falta de claridad en temas como amnistías e indultos, conexidad del delito político, abuso sexual a menores de edad e incumplimiento de quienes comparecen ante la JEP. “Todo eso lo hemos dicho desde el principio, ahora hay una oportunidad para que el presidente de la República, que se hizo elegir bajo estas banderas, que lo reiteró desde que era senador, pueda hacer una objeción parcial de estos casos en la ley estatutaria”, señala Santiago Valencia, senador del Centro Democrático. El otro partido afín al gobierno, el Conservador, prepara una carta pidiendo una objeción parcial de la ley. “Por supuesto que es muy importante tenerla, pero hay preocupaciones. Personalmente me preocupa que no haya claridad sobre los delitos cometidos luego de la firma del proceso de paz”, indica Efraín Cepeda, senador de la colectividad. Para quienes defienden la ley, no hay duda de que estas presiones y los recientes hechos como la captura del fiscal Carlos Bermeo llevarán a que el presidente objete la norma. “Contraviene las múltiples voces de la comunidad internacional, comenzando por la Corte Penal Internacional, que le han dicho que no vaya por el camino de entorpecer u obstruir las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz, como también lo ha hecho el consejo de seguridad de Naciones Unidas”, dice Iván Cepeda, senador del Polo Democrático. El presidente Iván Duque se alista para tomar la decisión, pues tiene plazo hasta el próximo lunes 11 de marzo. Ya se han dado varias reuniones en la Casa de Nariño para analizar el tema y todo indica que los abusos a menores de edad, el delito continuado, la reincidencia y extradición, serán las razones para objetar por inconveniencia la ley y que sea el Congreso el que tome la decisión. Le puede interesar: Fiscal no ha ahorrado esfuerzos por hacerle daño al proceso de paz: Iván Cepeda sobre caso de la JEP
Una eventual intervención militar en el país vecino divide opiniones entre los partidos políticos colombianos. Estas son algunas de las opiniones: “Si Venezuela se incendia en una guerra, puede incendiar a Colombia. Y los colombianos siempre que pensemos en Venezuela, primero pensemos cómo le va a Colombia”: Jorge Robledo, senador del Polo Democrático. “El presidente Duque tiene que decir claramente ante el Grupo de Lima que Colombia no se prestará para una agresión militar contra Venezuela”: Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal. “A Maduro hay que llevarlo ante la Corte Penal Internacional por atentar contra su propio pueblo y cometer crímenes de lesa humanidad”: Edward Rodríguez, representante a la Cámara del Centro Democrático. “Creo que el Partido Conservador debe respaldar al presidente Iván Duque en las decisiones que se tomen por vía diplomática o por otras vías”: Juan Diego Gómez, senador del Partido Conservador. “Que la ayuda humanitaria se les entregue a organismos internacionales humanitarios para que la hagan llegar a quienes deben recibirla”: Antonio Sanguino, senador del Partido Verde. En contexto: ¿Qué le espera a Venezuela y al régimen Maduro tras fallido intento del paso de ayuda humanitaria?
Las autoridades de Salud de Santiago de Cali iniciaron las visitas a los espacios que serán habilitados como nuevos puntos de vacunación contra el coronavirus COVID-19.Los primeros escenarios que se contemplan son los parqueaderos de los centros comerciales. Allí se llevaría a cabo la segunda y tercera etapa de inmunización.“Estamos evaluando la capacidad logística y la disponibilidad, previendo que estos son puestos de vacunación que se tendrían durante todo el 2021”, afirmó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de la capital del Valle del Cauca.Por otro lado, Carlos Betancourt, director ejecutivo de Asociación de Centros Comerciales de Colombia, indicó que esos espacios son “lugares centrales” y que cuentan con rutas para que las personas “puedan llegar fácilmente”.Otros posibles escenarios para la vacunación masiva son los coliseos y zonas deportivas.
Hasta la zona del Catatumbo llegó Diego Molano junto a los comandantes del Ejército y la Policía en Norte de Santander, para liderar un consejo de seguridad luego de la masacre en Ábrego de cinco hombres que se encontraban departiendo en un billar.Según el ministro de Defensa, en el sector hay "unas disputas entre grupos narcocriminales, como son el ELN y Los Pelusos, donde ha habido amenazas entre uno y otro y por supuesto las investigaciones determinarán quiénes son los responsables. Lo que sí ha sido aparentemente mencionado es que existen o existieron personas que aparentemente pertenecían a la organización de Los Pelusos que estaban en este sitio".Molano anunció “una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información que conduzca a la captura de autores materiales de este homicidio que se presenta en la vereda de Oropoma”.Las víctimas mortales fueron identificadas como Robinson Garay Barbosa, Jesús Alberto Vega, Heimer Ortiz Ballesteros, José Luis Vega Plata y Winton Parada Puentes.Eran "personas ahí de la vereda, del sector de Los Llanitos, de Oropoma, por los apellidos son familias de la zona, mi solidaridad, mis más sentidas condolencias para estas familias", manifestó Juan Carlos Jácome, alcalde de Ábrego.Por medio de su cuenta de Twitter, la representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos condenó la masacre e hizo un llamado a las autoridades para que investiguen y sancionen a los responsables.Región convulsaLa Defensoría del Pueblo emitió en junio de 2019 una alerta temprana para el municipio de Ábrego, por la "probabilidad de que se reactiven los enfrentamientos armados entre las guerrillas del ELN y el EPL", por disputas territoriales y el deseo del último grupo de retomar antiguas posiciones que eran "epicentro histórico de su accionar".Por estos hechos, se alertó de la probabilidad de desplazamientos forzados, homicidios selectivos y múltiples, amenazas, desaparición forzosa y reclutamiento de niños y niñas, entre otras.La Oficina del Alto Comisionado de la ONU Derechos Humanos (ACNUDH) documentó, hasta el 22 de febrero, seis masacres en lo que va de año, con 21 víctimas, incluidas dos menores de edad, y está verificando otras cinco más.Por su parte, organizaciones como Indepaz contabilizaron en lo que va de año 16 masacres con un total de 64 víctimas.En 2020 se produjeron 76 masacres en Colombia, en las que fueron asesinadas 292 personas, incluyendo 6 niñas y 18 niños, según las cifras del informe de ACNUDH, lo que supone casi el doble de las cometidas en 2019.Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó a finales de enero de que estábamos ante el comienzo de año más violento desde la firma de paz en 2016, con un crecimiento de los enfrentamientos armados entre organizaciones criminales y el Ejército, y una masacre cada cuatro días.
Desde la ONU se hizo un vehemente llamado al Gobierno nacional para que rechace la fumigación aérea a cultivos ilícitos con glifosato en el país. Según el organismo internacional, no se están cumpliendo las instrucciones de la Corte Constitucional, se podrían violar los mandatos internacionales, además de pasar por encima del acuerdo de paz.En una carta, que fue redactada por 7 relatores de las Naciones Unidas, se expresa a Iván Duque la preocupación por el retorno de la aspersión aérea.“Relativa a la intención del Estado de Colombia de reactivar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea de herbicida glifosato y los riesgos relacionados para los derechos humanos y el medio ambiente", reza un aparte de la misiva.Para Isabel Pereira, coordinadora política de drogas en Dejusticia, las personas que redactaron la carta vieron el riesgo que el herbicida representa para las comunidades.“Los relatores sumaron a otros relatores, al de alimentación, al de derechos humanos, porque la alerta tan grave que hay en términos del riesgo que representa para las comunidades", dijo Pereira.Y es que el documento advierte que no se estarían cumpliendo con los mandatos de la Corte Constitucional, ni con las obligaciones internacionales. Además, sería una violación al acuerdo de paz y a los derechos humanos."La propuesta violaría también el punto cuarto del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en el 2016 entre el gobierno de su excelencia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Dicho acuerdo de paz establece que, en caso de no existir acuerdo con las comunidades o en caso de incumplimiento, se procederá a la erradicación manual", dice otro fragmento de la carta.En la misiva también se hace un contundente llamado al gobierno del presidente Iván Duque."A la luz de las consideraciones expresadas anteriormente, invitamos al gobierno y al Congreso Nacional a rechazar la intención de reactivar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato", expresa el documento.
Franklin Caldera, teniente primero del Ejército venezolano, es uno de los hombres más buscados por el régimen de Nicolás Maduro. También es el protagonista de una historia que podría terminar en un nuevo y grave incidente entre Colombia y Venezuela.A comienzos de febrero de este año, Caldera fue secuestrado en extrañas circunstancias cuando se encontraba en Cúcuta visitando a su hijo menor de edad."Soy el ciudadano Franklin Caldera, padre del primer teniente Franklin Caldera, el cual fue secuestrado en Colombia por un grupo armado y el DGCIM”, denunció el angustiado papá del joven oficial.Según las denuncias de familiares, amigos y antiguos compañeros de armas, Caldera fue secuestrado en la capital de Norte de Santander por integrantes del ELN y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM)."Me comenta que estaba secuestrado, que aquí en el territorio de Colombia, aquí en Cúcuta, lo agarraron la DGCIM y se lo llevaron secuestrado a Venezuela, lo montaron en una avioneta en Táchira hasta Caracas", dijo a Noticias Caracol la compañera sentimental del teniente, quien por razones de seguridad pidió omitir su nombre.Daniela, como la llamaremos, reveló su último dialogo con él por chat, en donde le contaba las condiciones en las que estaba y que logró fugarse.“Me contó que se escapó, que lo tuvieron 11 días secuestrado. Él estaba muy impactado, estaba en shock, porque decía que no podía cree que Brayan lo había entregado. Me pedía ayuda. Ahí empecé a hacer la campaña de que obviamente él estaba secuestrado y hasta el sol de hoy que no han dado noticias de él ni fe de vida”, contó Daniela a Noticias Caracol.La noticia de la fuga de Caldera de la unidad militar donde estaba retenido también quedó documentada en varias fotografías que registraron cómo, en las principales vías de Caracas, integrantes de la DGCIM, vestidos de civil y fuertemente armados desplegaron una operación para recapturarlo.“El 25 él recibe dos disparos. Fue cuando nos enteramos de que lo vuelve a agarrar el DGCIM. Hasta ahí no sabemos más nada. Por otros medios buscamos la manera de ver si estaba con vida, si estaba bien, y sí sabíamos que estaba vivo, pero ni el gobierno ni el DGCIM se han pronunciado, que es nuestra gran preocupación”, sostuvo la mujer.Antiguos compañeros del teniente que están en Venezuela le han confirmado a la familia la versión sobre las heridas que recibió Caldera durante la recaptura. Algunos aseguran que estaría siendo atendido en el hospital militar de la capital venezolana, pero no existen registros oficiales que así lo demuestren.El caso Caldera genera varios interrogantes: ¿agentes de inteligencia venezolanos estuvieron en territorio colombiano violando la soberanía nacional para cometer un secuestro? ¿Integrantes del ELN participaron en esta operación ilegal? ¿El DGCIM y el ELN son aliados?La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló hace dos semanas los correos en donde queda en evidencia la estrecha relación y colaboración entre altos mandos de la DCGIM con guerrilleros del ELN. Los documentos secretos demuestran que participaban en operaciones conjuntas de narcotráfico y adquisición de armamento militar.Desde hace varios meses, un sector de la contrainteligencia colombiana tenía información de que la DGCIM y el Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) enviaron agentes a Colombia con el objetivo de hacer una cacería de desertores de alto perfil.El secuestro de Caldera sería la primera operación conjunta de este tipo en territorio colombiano con colaboración de la guerrilla.Según fuentes militares venezolanas, el encargado de coordinar con el ELN el plagio del oficial fue el teniente coronel Alexander Enrique Granko, quien tiene el cargo de director de asuntos especiales de la DGCIM. Se trata de uno de los hombres más cercanos al general Iván Hernández Dala, mencionado en los correos del grupo guerrillero como su principal colaborador en Venezuela.¿Por qué el teniente Caldera es un objetivo tan importante para Venezuela?“Él salió de Venezuela aproximadamente el 13 de enero del 2019 por estar en desacuerdo con el presidente Nicolás Maduro. El 23 de enero del 2019 se pronuncia desde Colombia por un medio de comunicación, acompañando al general Milano”, contó el padre del militar."Él se va de su país obviamente siendo desertor porque no estaba de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro y él como es un militar opositor, el gobierno venezolano lo tenía en la mira. No podía acercarse allá porque era peligroso para él. Él estuvo implicado en la operación Aurora”, afirmó Daniela al dar detalles de la situación que llevó a su compañero a desertar de las filas del Ejército.Caldera, junto con otros 10 militares venezolanos y con el apoyo de 30 indígenas reservistas de las FF. MM. de ese país, protagonizaron una cinematografía operación militar bautizada con el nombre clave Aurora. Parte del grupo salió de Cali, pasó a Ecuador, Perú, Brasil y finalmente llegó al sur de Venezuela.El 22 de diciembre de 2019, el oficial y sus compañeros asaltaron el batallón 513 Mariano Montilla, ubicado en el municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar, frontera con Brasil. De allí sacaron un arsenal de 112 fusiles y 9 lanzacohetes RPG."Quien les habla es el primer teniente Hidalgo, en compañía del teniente Franklin Caldera y el teniente Ruso Cárdenas. Nosotros, objetivos militares de la Fuerza Armada Nacional, nos dirigimos a la nación luego de haber efectuado la operación Guaipacá o en su defecto operación Aurora, a pesar de superarnos en número y poder en fuego”.Ese es uno de los pronunciamientos que están en un video publicado por tres de los oficiales desertores, entre ellos Caldera, pocos días después del asalto al cuartel militar.La operación, sin embargo, no resultó como la habían planeado y, por el contrario, terminó en un fiasco. En la reacción al asalto, el Ejército de Maduro recuperó el 80% de las armas y capturó a 18 de los golpistas.Lo que hasta ahora se comienza a descubrir a raíz del secuestro del teniente Caldera es que la operación Aurora se gestó en territorio colombiano en forma paralela y con los mismos cerebros que la llamada operación Gedeón. Esta última fue un intento de golpe contra Maduro en el que un grupo de mercenarios, sin armas y desnutridos, pretendían derrocarlo.Una numerosa parte del grupo partió de Maicao hacia Caracas el 3 de mayo del 2020. Pero los resultados fueron nefastos: ocho personas muertas, 17 capturadas por el régimen y una violenta arremetida de Maduro contra Colombia señalando al país de patrocinar y promover una conspiración internacional en su contra.Uno de los militares que participó en la operación Gedeón declaró ante la Fiscalía colombiana que el plan para derrocar a Maduro contemplaba en realidad dos operaciones comandadas por el mayor general Cliver Alcalá. Gedeón, que entraba por el norte del país, y Aurora, que atacaba por el sur de Venezuela.“Según Cliver Alcalá, la operación iba a consistir en entrar por Maicao con 300 hombres y tenía 400 por los lados de ciudad Bolívar, frontera con Brasil. Por Bolívar iban avanzando para entrar con todo a Caracas, esa era la locura que pensaba mi general (...) dijo que por el lado de Brasil contaba con 500 fusiles".Cuando la operación Gedeón fracasó, Maduro enfiló su artillería contra Colombia.“Fue cuando nosotros recibimos la embestida imperial ordenada por Washington, preparada y ejecutada por el gobierno oligarca narcotraficante de Iván Duque en Colombia y ejecutada en la llamada operación Gedeón", dijo el jefe del régimen venezolano en una alocución.Sin embargo, meses antes, el mismo gobierno de Maduro había acusado también a Colombia de promover y respaldar la operación Aurora."Informamos que se desmanteló un plan conocido como Navidad sangrienta. Utilizaba desertores que se encontraban entrenados en campamentos paramilitares en Colombia y ahora hemos descubierto también que parte del entrenamiento y dotación logística no solamente ocurrió en Colombia -que es el centro de operaciones protegidos, amparados y financiados por el gobierno de Iván Duque-, sino que también hemos encontrado factores de participación de los gobiernos de Perú y de Jair Bolsonaro, en Brasil", afirmó en su momento Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones de Venezuela.El asunto no tuvo mayor difusión mediática en Colombia debido a que todo ocurrió entre la semana de Navidad y Año Nuevo de 2019. En ese momento, la Cancillería colombiana negó los señalamientos por medio de un escueto comunicado público.No obstante, informes de inteligencia colombianos, en poder de Noticias Caracol, demuestran que las agencias de inteligencia sí tuvieron información sobre estas dos operaciones a diferencia de lo que ha sostenido el gobierno.Después del fracaso de la operación Aurora, el teniente Caldera logró escapar a Brasil un tiempo y finalmente terminó viviendo en Colombia, en donde estaba trabajando como domiciliario junto a un hombre conocido como Brayan Pérez.Los informes secretos de agencias de inteligencia relacionan a Pérez como uno de los principales protagonistas de las operaciones Gedeón y Aurora. Diversas fuentes coinciden en afirmar que Pérez habría convencido a Caldera de retomar una nueva operación militar contra el régimen de Maduro. Con ese argumento lo habría persuadido de trasladarse hasta Cúcuta con la intención de estudiar la posibilidad de comprar armas. Caldera habría sido víctima de una trampa que terminó con su secuestro en Colombia y su desaparición en Venezuela. Aurora, al igual que Gedeón, fueron operaciones infiltradas por hombres de Maduro, razón por la cual fracasaron."Solamente sabemos por los medios de comunicación lo que los demás saben: que una persona lo entregó, que funcionarios del DGCIM pasaron a territorio colombiano y lo secuestraron en conjunto con un grupo armado", dijo el padre del teniente Caldera.En su momento, la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-, le dijo a Noticias Caracol que nunca tuvo participación en la operación Gedeón y que desconocía que se estaba desarrollando en Colombia.¿También desconocía la existencia de la operación Aurora y que su líder había sido secuestrado, al parecer, por agentes de inteligencia militar venezolana y miembros del ELN?En Venezuela nadie da razón de Caldera y su familia pasa los días más aterradores de su vida. En Colombia, entre tanto, altos funcionarios de la DNI, del comando general de las Fuerzas Militares, Cancillería y Migración Colombia aseguraron que no saben nada de la operación Aurora y del teniente secuestrado.
Los rostros del desplazamiento forzado en Colombia siguen siendo los mismos después de décadas de conflicto armado. Los grupos paramilitares y disidentes de las FARC obligan a las familias campesinas a abandonar sus territorios.Existen territorios en el país en el que los criminales son los que ponen las normas del juego, extorsionan, plantan minas antipersona, matan, hieren y reclutan de manera forzada.En Ituango, Antioquia, cada año cientos de campesinos llegan de manera forzada al casco urbano de ese municipio. Sus hogares, cultivos y animales quedan en un territorio que es disputado a sangre y fuego por los grupos criminales.Los errantes de ItuangoEn las 125 veredas de Ituango están los rostros de los campesinos que llevan la marca del desplazamiento forzado en Colombia. Cientos tienen que dejar todo atrás huyendo de la guerra y la muerte. Ese ciclo se presenta de generación en generación.“Yo soy hijo del desplazamiento ya que mis padres fueron también desplazados en los años cincuenta, cuando se vivía la violencia entre liberales y conservadores. Ellos vivían por los lados del cañón del río San Jorge. Nosotros hasta esta época somos desplazados”, narró un campesino.Por voluntad propia y siendo un adulto, regresó en la década de los noventa a su tierra, quería echar raíces, pero la violencia tenía otros planes.“En Ituango había un enfrentamiento muy duro. Allí mandaba el frente 18 de las FARC. También llegaron los paramilitares a la cabecera municipal y más de 300 personas murieron”, relató.En su memoria quedaron intactas las imágenes de las masacres y las primeras hordas de desplazados que generaron los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros de las FARC."Se hacen la masacre de La Granja y Santa Lucía. Después quemaron el Aro. La guerrilla saca los paramilitares, se queda en el territorio y hacen normas de convivencia", dice uno de ellos.Una paz que nunca llegóCon la firma del acuerdo de paz, los campesinos de Ituango vieron una tabla de salvación para sus tierras.En las parcelas destinadas, los desmovilizados empezaron a crear sus proyectos productivos, los mismos que nunca prosperaron. Llegaron las amenazas y las muertes selectivas de los excombatientes de las FARC y con ellas el desplazamiento.“Vemos que ellos quedan solos allá y la comunidad acá. No hubo una conexión entre ellos y la comunidad", recalcó el campesino.Los pobladores de Ituango aprendieron a oler los vientos de guerra. Vieron cómo los nuevos dueños cambiaban sus nombres, ahora eran llamados disidencias.La orden de desplazamiento la da el grupo criminal que domine en la vereda, a veces lo hacen los paramilitares, en otras ocasiones los disidentes de las FARC. Ellos deciden cuándo la población podrá retornar a sus tierras, incluso señalan a los campesinos que ya no podrán volver."Es duro el desplazamiento, me ha tocado duro. Lo más difícil es la desintegración de la familia, unos cogen para un lado, otros para otro. Es difícil el desarraigo del campesino de su tierra", afirmó.Para Isabel Cristina Zuluaga, lideresa del movimiento Ríos Vivos, los que más sufren en el enfrentamiento entre paramilitares y disidentes son los civiles.“No entendemos cuál es el interés de los grupos paramilitares que están llegando desde el occidente del país hacia Ituango. Ellos entran por ese lado, pero también hay presión desde el bajo Cauca. La población es usada tanto por las disidencias como por los grupos paramilitares como escudo. Usada, acribillada, asesinada y en estos momentos humillada porque el desplazamiento forzoso, el desarraigo, es una humillación para la población", manifestó Zuluaga.Pese a las alertas, las tragedias siguenDesde el 9 de julio de 2018, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo que corría la población de Ituango.Dos años después y estando vigente esa alerta, surgió una segunda, que focalizó el riesgo en 63 veredas de los corregimientos La Granja, Santa Rita y el Aro.Pese a las alertas tempranas, 500 personas fueron desplazadas.Un profesor de la zona rural contó los riesgos a los que están expuestos sus estudiantes al vivir en un sector de constante conflicto. Las balas no son el mayor problema."Se está ofreciendo dinero, citas sexuales con jovencitas, les están brindando mucha plata y les están ofreciendo oportunidades de ascender en la organización. Son el Clan del Golfo, algunos disidentes y bandas criminales”, manifestó el docente.A lo anterior se suma el reclutamiento de menores de edad. Ellos, según Isabel Cristina Zuleta, son instrumentalizados para engrosar las filas de los grupos, a los que se están sumando excombatientes."Los están llamando para que vuelvan a integrar a las filas del paramilitarismo en Colombia y además a ellos les están ofreciendo 15 millones de pesos por esa experiencia que tienen del pasado", dijo la lideresa.Los pobladores de Ituango hablan de un gobierno incapaz de detener el reclutamiento forzado."Uno se va y pregunta a la Fiscalía qué pasó con el desplazamiento del año pasado, dónde está en Colombia la investigación penal en contra de esos actores criminales que desplazan y hacen sufrir a la población. Ya saben quiénes son y no pasa nada”, concluyó Zuluaga.Ituango despierta año tras año con las noticias de familias campesinas que son forzadas a dejar sus tierras. Parece ser que a los gobiernos de turno les es imposible evitar esa situación ¿Los grupos armados obligaron a la población a vivir en un país incapaz de evitar los hechos violentos?